Desde el 16 de abril se desató el viento de la justicia en Guatemala con la captura de funcionarias y funcionarios implicados en defraudación aduanera y contrabando (caso la Línea). Esto fue gracias a la labor de la Cicig y el Ministerio Público, que han dedicado sus limitados recursos humanos, financieros e investigativos a la lucha contra la corrupción e impunidad, cánceres que tanta mella han hecho en Guatemala por la vía del robo de los impuestos y la defensa del statu quo a través de la represión policial y militar.

Pero como he dicho, estas proezas requieren de recursos, en otras palabras de un presupuesto suficiente. Es en ese sentido que es momento de prestar atención a las recomendaciones y propuestas del comisionado Iván Velásquez, de la Cicig, quien ha planteado la necesidad de establecer un impuesto temporal a los grandes patrimonios que sirva para financiar la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Algunos señalan que los recursos debieran salir de la misma lucha contra la corrupción e impunidad; por ejemplo, lo recaudado con la Ley de Extinción de Dominio y el combate de la defraudación aduanera y el contrabando. Otra vía es hacer un uso adecuado y eficiente de los recursos provenientes de nuestros impuestos. Si bien esto debiera ser así, de todas formas no alcanzaría el presupuesto, toda vez el aparato gubernamental de Guatemala es uno de los más pequeños del mundo en relación a su riqueza nacional y en consecuencia es de los que menos inversión social realiza de acuerdo a un estudio del Banco Mundial. Por eso, el Estado es incapaz de garantizar los derechos individuales y colectivos.

Asimismo, apostar por la erradicación de la corrupción y la impunidad demanda la formación cuadros técnicos e investigativos que ahora no tenemos en este país, así como protocolos y mecanismos que respondan a la realidad multicultural y multilingüe de Guatemala. Entre los aportes de la Cicig al país, está garantizar el traslado de capacidades y experiencia al MP, OJ, PDH, PGN, Inacif, Mingob, entre otros. Pero sin suficiente recurso, difícilmente estas capacidades se podrán institucionalizar, de modo que se va la Cicig y el esfuerzo habrá sido en vano.

Por otra parte, Iván Velásquez ha señalado que es fundamental la ampliación de la cobertura del MP, pues solo tiene capacidad para cubrir el 10% del territorio nacional. Lo mismo ocurre con el Organismo Judicial, que tiene asignado 5.7 juezas y jueces por mil habitantes cuando el promedio latinoamericano es de 11 por cada mil habitantes.

Respondiendo a estas urgentes necesidades es que el Comisionado planteó la necesidad de implementar un impuesto patrimonial temporal. Pero el Cacif se pronunciaron en contra, aduciendo que apoya la lucha contra la corrupción y la impunidad; no obstante, no quiere poner ni un solo centavo para avanzar en las acciones contra esos flagelos estructurales. Es decir que otros financien la lucha contra la corrupción, de la cual ellos son los principales beneficiarios. Este nulo compromiso de los grupos criollo-oligárquicos muestra la prevalencia de su ideología racista y conservadora, a la cual no le importa para nada el bienestar de las mayorías.

frangomezgrijalva@gmail.com

El 15 de este mes concluyó la VII muestra de cine documental internacional memoria, verdad y justicia en la ciudad de Guatemala. Este esfuerzo coordinado por el cineasta alemán, Uli Stelzner, ha contribuido a desterrar la desmemoria, desenmascarar la historia oficial, a repensar la búsqueda de respuestas y estrategias políticas multiculturales, pluralistas, creativas, innovadoras y pacíficas para luchar contra el statu quo.

Desde sus inicios, en el 2010, el equipo organizador se esforzó por la proyección de un amplio abanico de filmes que aportaran a la construcción de pensamiento crítico, conciencia social y política. La incorporación del foro como herramienta pedagógica para debatir y dialogar con activistas sociales, defensoras, defensores de derechos humanos o con las y los realizadores de los documentales fue sumamente útil.

A mi manera de ver, provocó el interés de profundizar en nuestros análisis y reflexiones sobre cómo las distintas problemáticas y violencias estructurales a nivel nacional e internacional han tenido y tienen su origen en una misma matriz opresora, represora, negadora y violadora de derechos individuales y colectivos: el depredador sistema capitalista neoliberal eurocéntrico.

En esta muestra se presentaron 28 películas de 25 países del mundo y algunas muestran la estrecha relación entre política, religión, economía y militarismo; sistemas de dominación utilizados por las élites blancas conservadoras para cercenar capacidades políticas, arremeter contra las reivindicaciones democráticas, coartar libertades y la dignidad individual y colectiva en países expoliados, marginalizados, explotados y empobrecidos en África, Latinoamérica y Oriente Medio. Otras películas abordaron cómo la irracionalidad del eurocentrismo blanco en nombre del “progreso”, “la civilización” y “el nacionalismo” ha sido cómplice de genocidios y crímenes de lesa humanidad cometidos en varios países, muchos de los cuales siguen impunes como el genocidio guatemalteco e indonesio.

Merece la pena destacar que este espacio nos brindó a la sociedad guatemalteca capitalina, la oportunidad de acceder a las pantallas del cine para conocer las acciones contra-hegemónicas protagonizadas por movimientos sociales de mujeres, juventudes, pueblos subalternizados, que resisten, cuestionan y desafían al sistema mundial hegemónico racista, sexista, clasista y excluyente, responsable de las innumerables injusticias e impunidad en el pasado y en la actualidad.

En el cierre, Uli expresó que hay pocas probabilidades de que la muestra siga promoviéndose, porque para hacerlo realidad, ha requerido lidiar con las limitaciones económicas, la represión a través del miedo, la autocensura y el exilio temporal.

Parafraseando a Uli, es lamentable que en Guatemala se privilegie el cine alienante, antes que el cine social y crítico que aporta nuevos conceptos para construcciones culturales de resistencias ante la cultura dominante. Personalmente agradezco al equipo organizador que defendió el espacio y apostó por la continuidad del proyecto hasta su VII edición.

Entonces ¿Cómo defenderemos el cine documental comprometido en Guatemala?, ¿Qué compromisos asumiremos?

El 5 de noviembre de los corrientes el Congreso de la República, a través del decreto 8-2015, modificó el Código Civil, que eleva a 18 años la edad mínima del matrimonio para mujeres y hombres. Esta decisión fue gracias a que desde muchos años atrás, organizaciones de mujeres feministas y no feministas, mujeres en lo individual, organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en favor de los derechos de la niñez, la adolescencia y las juventudes en Guatemala, a partir de acciones estratégicas presionaron a las y los congresistas para que reformen la referida ley.

Desde 1963, la ley permitía que las niñas se casaran a los 14 años y los niños a los 16; esto, debido a que el Estado de Guatemala se rehusó a modificar esa arcaica herencia colonial que ha cercenado la vida, violentado los derechos y coartado la libertad de miles de niñas, niños y adolescentes tutelando matrimonios arreglados y forzados.

En los últimos cinco años se registraron más de 80,151 matrimonios de niñas y adolescentes, entre las edades de 12 y 18 años. En el 2014, el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) documentó 5,100 niñas embarazadas, con edades entre 10 y 14 años. Lo más alarmante de este drama humano es que muchos de los embarazos son resultado de violaciones sexuales. Al respecto, hasta el 2012, el Ministerio Público (MP) comenzó a brindar atención a las niñas sobrevivientes de violación sexual. En el 2014 se presentaron 680 denuncias, pero solo 40 han sido solventadas; a la fecha se ha emitido apenas una condena. Es evidente que se requieren mayores compromisos legales y creación de políticas públicas para erradicar ese mal patriarcal estructural.

Por lo que es necesario entender que la aprobación del decreto solo supone una medida supérflua, debido a que se limitaron a realizar cambios cosméticos al Código Civil, puesto que la iniciativa 4746 planteó subir a 18 años la edad para contraer matrimonio, sin excepciones; pero el Congreso modificó la propuesta. El artículo 84 establece que de manera excepcional y por razones fundadas, un juez competente podrá autorizar el matrimonio de menores que hayan cumplido 16 años. Con ello se evidencia que el Estado guatemalteco no privilegia el interés superior de velar por la seguridad y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

También se estableció que no se podrán aceptar las uniones; de hecho, cabe preguntarse ¿qué garantías existen o implementarán las autoridades para tal efecto?

Pero eso no es todo, la propuesta de ley también buscaba subir a los 16 años la prohibición de sostener relaciones sexuales y tipificarlas como violación y agresión sexual con sanciones desde 8 hasta 12 años de prisión; sin embargo, los legisladores la eliminaron. Por tanto, en un contexto patriarcal racista, sexista, misógino y clasista como el nuestro, no sorprende que el Congreso haya realizado modificaciones de maquillaje al Código Civil.

En este contexto de impunidad machista, es necesario que apoyemos a quienes están exigiendo al Estado de Guatemala a que cumpla con su obligación de erradicar paulatinamente las violaciones sexuales, los embarazos de niñas y adolescentes, la trata y explotación sexual.

Saúl y Rogelio integran la lista de los más de cien privados de libertad capturados por defender los bienes naturales a lo largo y ancho del país. Desde que empezaron a operar las empresas mineras, hidroeléctricas y de agrocombustibles en Guatemala, se encarcela, intimida y censura a quienes por conciencia social y ecológica denuncian los graves daños socioambientales y las graves violaciones a los derechos humanos que tales empresas han causado y causan con total impunidad a diestra y siniestra.

El 28 de octubre del presente año, después de dos años encarcelados injustamente, el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango, por consenso, resolvió dictar sentencia absolutoria a favor de Saúl y Rogelio. En su dictamen estableció que el MP no logró aportar pruebas fehacientes sobre la supuesta participación y responsabilidad de los acusados en un crimen de femicidio y asesinato, a raíz de un linchamiento cometido en Barillas, Huehuetenango, en agosto de 2010.

La estrategia de mentir e inventar delitos contra quienes defienden los bienes naturales en Guatemala es una práctica maliciosa recurrente por parte de jueces, juezas y fiscales del Ministerio Público; con ello fomentan la impunidad y la corrupción. Así las cosas, se requiere que la ciudadanía actúe de manera organizada y solidaria para derribar los obstáculos que impiden el objetivo de lograr la independencia judicial en este país, marcado por las injusticias estructurales.

A pesar de que Saúl y Rogelio fueron absueltos, no les concedieron libertad inmediata porque dos de los jueces que integran el Tribunal enfrentan un antejuicio por haber dictaminado la medida de libertad provisional en otro caso que no está relacionado con los acusados. Con esta resolución, los dos líderes comunitarios permanecerán en prisión preventiva hasta que el dictamen quede en firme. A la luz de los hechos, tal como hemos visto el actuar del sistema de (in)justicia en Guatemala, es más probable que permanecerán encarcelados por varias semanas e incluso meses.

En este país de las injusticias y los absurdos se persigue a quienes luchan por la democracia y se premia y privilegia a quienes atentan contra ella. El ejemplo reciente es el caso de la jueza Marta Sierra de Stalling; el juez José Eduardo Cojulum la dejó en libertad y encima le exigió la risible fianza de Q200 mil. Pese a que el Ministerio Público y la Cicig la señalan de haber beneficiado a las personas implicadas en la red criminal y robadora de oportunidades la Línea.

En este contexto de impunidad judicial es urgente la depuración del MP y del sistema de justicia, así como la reforma de sus leyes orgánicas.

Con esto no digo que Sandra Torres esté exenta de responsabilidades, ella también representa al sistema corrupto, clientelar y excluyente. Sin embargo, la diferencia la aporta la rosca contrainsurgente que rodea a Morales, donde varios de sus miembros militares son señalados de formar parte de comandos que perpetraron masacres y desapariciones forzadas contra comunidades mayas en la década de 1980. Destaca el caso de Edgar Justino Ovalle, primera casilla de diputados por lista nacional, integrante de la Asociación de Veteranos Militares (Avemilgua) y fundador de FCN, quien en esos años estaba asignado en el territorio Maya Ixil.

Asimismo. el teniente coronel Alsider Antonio Arias Rodríguez, electo diputado por Chimaltenango, quien en diciembre de 2005 fue acusado por casos especiales de defraudación aduanera cuando era representante de la almacenadora aduanera Alsersa, que en sus inicios tuvo como principal socio al Instituto de Previsión Militar (IPM).

Por tanto, quienes ven que el ejercicio del sufragio es sinónimo de democracia están engañados, pues nuestras posibilidades de elegir se reducían a opciones pro statu quo; es decir, negadoras de derechos, represoras y pro mafias.

Por si eso fuera poco, el FCN-Nación para asegurarse votos utilizó la estrategia clientelar de recurrir a las exPAC y comisionados militares, estructuras paramilitares implantadas por el Ejército para garantizar el control social y psicológico de la ciudadanía campesina maya, ladina y xinca.

No puede haber democracia si las personas se dejan llevar por la emocionalidad, los discursos populistas y religiosos de presidenciables conservadores y moralistas. Lo que ahí hay es la perpetuación de prejuicios y dogmas que son propios de regímenes dictatoriales como el franquismo en España, o el ubiquismo en Guatemala.

En tales condiciones, no extraña que el poder ciudadano otra vez fuera vencido en las urnas electorales por los poderes antidemocráticos. El fenómeno Jimmy Morales y el FCN-Nación no es nuevo; en 1991, miles de guatemaltecas y guatemaltecos le apostaron a una supuesta cara nueva en el terreno de la política partidista cuando votaron por Jorge Serrano Elías y su partido Movimiento de Acción Solidaria (MAS).

No era verdad que Serrano Elías fuera una cara nueva, porque formó parte del gabinete de gobierno del general golpista Efraín Ríos Montt, quien lo nombró presidente del Consejo de Estado en 1982. Lo mismo con Jimmy Morales, no es cierto que fuera un desconocido en el campo de la política electoral, dado que en el año 2011 compitió por la alcaldía del municipio de Mixco, por el Partido de Acción de Desarrollo Nacional (ADN).

La democracia es mucho más que el simple hecho de votar, implica —entre otras cuestiones— informarnos y no dejarnos llevar por discursos engañosos.

En ese día celebramos la existencia del universo, porque sin la tierra, el agua, el viento, el fuego, los bosques, los animales, los minerales y los astros, la humanidad no existiría; en ese sentido son como la madre que nos alimenta, nos abriga y hace posible la existencia. Esta ética de vida que nos legaron las ancestras y ancestros mayas nos lleva a conmemorar la existencia de la humanidad, su diversidad, su capacidad creadora y transformadora. En suma es un día de dignificación de la vida personal, familiar y comunitaria.

Es el día en el cual se realizan, bajo la dirección de las y los Ajq’ijab’, K’otz’i’j (meditaciones y diálogos en flor con el fuego) en los T’ab’al Tzij, comúnmente traducidos al español como Altares Sagrados. Esos grandes y pequeños cerros, cuevas y valles son lugares energéticos donde se medita y reflexiona para buscar la paz interior y fortalecer la conciencia individual y colectiva. Con ello se reafirma nuestro compromiso social y político para tejer caminos conducentes a la construcción de la justicia y la paz social.

Resulta una positiva casualidad que el Wajxaqib’ B’atz’ y el día 20 de octubre (Día de la Revolución de 1944) estén cercanos, porque este último representa la concreción de un proyecto político emancipador, nacido de un movimiento social plural, comprometido con la superación de las injusticias sociales y la construcción de una nueva sociedad. Proyecto que floreció hasta que las fuerzas de Xib’alb’a lo cortaron con la contrarrevolución de 1954, que luego fue la base del sanguinario y represivo genocidio.

Ese proyecto político emancipador fue la certeza de una generación que tuvo la fuerza, la convicción y la visión de empezar a transformar de fondo la historia de opresión, represión, miseria y expolio que pesaba y aún pesa sobre Guatemala.

Con el espíritu del Wajxaqib’ B’atz’ y los logros de la primavera democrática debemos encarar este 25 de octubre, día de elecciones presidenciales, donde no nos han dejado opción para elegir democráticamente. La esperanza está entonces en el resurgimiento de la conciencia colectiva de la ciudadanía plural y multicultural, observada en las sucesivas y masivas manifestaciones que se realizaron del 25 de abril al 27 de agosto. Digo esto porque el fantasma de la contrarrevolución, de Xib’alb’a, amenaza con volver y en tales condiciones la debilitada institucionalidad democrática corre el riesgo de desmoronarse.

Las manifestaciones deberán continuar, formando un frente común y plural que articule lo urbano y lo rural, los pueblos maya, ladino, xinka y garífuna, así como a los sectores depauperados con las capas medias en una lucha contra la ignominia, la corrupción y la impunidad, a favor de la transformación para la vida digna.

El 5 de octubre del año en curso, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el general retirado José Efraín Ríos Montt, con el que pretendía poner fin a la persecución penal y acogerse a la Ley de Amnistía, decreto 8-86. La Sala resolvió que a Ríos Montt no se le puede otorgar el beneficio de la amnistía porque el genocidio y los delitos contra los deberes de humanidad que se le atribuyen, no pueden considerarse delitos políticos y comunes conexos.

También dictaminó que el decreto ley No. 8-86 del Jefe de Estado, que otorgaba amnistía a las personas que cometieron delitos políticos y conexos del 23 de marzo de 1982 al 14 de enero de 1986, quedó derogado tras la promulgación de la Ley de Reconciliación Nacional. Así, en el artículo 11 de esta ley se establece la imprescriptibilidad del genocidio y los delitos contra los deberes de la humanidad.

En el artículo 8 de esta Ley se establece que la extinción de la responsabilidad penal no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala. Al respecto, el artículo 46 constitucional establece que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno.

Guatemala, al ser signataria de la Convención para la Prevención del delito del Genocidio, se comprometió a adoptar medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de dicha Convención. Por tanto, no puede ignorar e incumplir su obligación constitucional e internacional de sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo Maya Ixil y otros pueblos Mayas durante el conflicto armado interno.

Por otra parte, Ríos Montt no puede alegar violación a supuestos derechos adquiridos en el Decreto Ley 8-86, porque como acertadamente dictaminaron las magistradas y magistrados de la Sala, cuando esta ley entró en vigor, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio ya había entrado en vigencia el 30 de noviembre de 1949; asimismo, en los artículos 376 y 378 del Código Penal ya se habían regulado el genocidio y los delitos contra los deberes de la humanidad, respectivamente.

El veredicto de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones es un nuevo precedente que rompe las oxidadas cadenas de la impunidad en Guatemala, es un paso significativo que fortalece el avance de la justicia transicional que busca sentar bases firmes que garanticen el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición de crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, el hecho de que las y los sobrevivientes, testigos y familiares de las víctimas Maya Ixil tuvieron que esperar más de dos años y un ciento de excusas para por fin lograr esta justa resolución, muestra nuevamente que todavía queda un largo trecho para lograr la independencia judicial en Guatemala.

Lo ocurrido en el Cambray II es una alerta para el Estado guatemalteco, pues aproximadamente 500 mil personas viven en 490 asentamientos humanos situados en áreas de alto riesgo, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Imaginemos lo que puede pasar en caso de una catástrofe de otras dimensiones como un terremoto.

Es de reconocer la solidaridad humanitaria de guatemaltecas, guatemaltecos y de la comunidad internacional. Sin embargo, cómo ayudar a las y los sobrevivientes que en un abrir y cerrar de ojos perdieron a sus seres queridos, su vivienda y su entorno social-comunitario. ¿Brindarán las autoridades, acompañamiento psicológico y psicosocial? ¿Qué soluciones viables plantea el Estado guatemalteco para que accedan a viviendas dignas? No basta con emitir un acuerdo gubernativo y declarar duelo nacional durante tres días.

Por su parte, si desde el 2008 la Conred ya había hecho estudios y advertido sobre los riesgos que corrían las personas que habitaban El Cambray II, ¿por qué las autoridades no plantearon soluciones oportunas para evitar esta tragedia?

En algunas catástrofes anteriores se han hecho propuestas de reubicación, que lejos de solucionar los problemas los complican porque son lugares distantes, sin servicios básicos y en un contexto que rompe la dinámica de vida cotidiana (es decir, empezar de cero). Propuestas de este tipo, en vez de ser soluciones, sirven de tapadera para dejar a la gente a su suerte.

Peor aún cuando funcionarios, como el vocero edil de Santa Catarina Pinula, Manuel Pocasangre, aseveran que lo que ocurrió es un desastre natural, no se puede prever porque es como un terremoto o como un volcán haciendo erupción. El deslave tiene que ver con saturación de suelos (sic).

Cuando nada de esto es verdad, países como Chile, Argentina, Cuba y Japón han tenido respuestas eficaces ante este tipo de emergencias, porque estos desastres también tienen una parte social y por eso pueden ser prevenidos con políticas de ordenamiento territorial.

En consecuencia, el Estado guatemalteco es responsable del crecimiento desbocado de la población en el área metropolitana, a causa de la migración del campo a la ciudad, entre otras razones, por el conflicto armado interno, la falta de oportunidades educativas y laborales en los departamentos, y el histórico problema de la distribución desigual de las riquezas del país.

Si el Estado guatemalteco continúa desentendiéndose de la necesidad de diseñar e implementar políticas sociales y económicas para la prevención y la reducción de desastres naturales, difícilmente se podrá prevenir con eficacia la pérdida de vidas humanas, financieras y económicas causadas por deslaves, inundaciones, terremotos, entre otros.

En Guatemala hay organizaciones de mujeres que han contribuido y contribuyen en la construcción de un mundo justo, digno y sin violencia racista, sexista y clasista. Pero las fuerzas oscurantistas pretenden intimidarlas a través de perpetuar el terror, el miedo y la represión. El ejemplo reciente es el allanamiento y saqueo de las oficinas de la Organización de Mujeres Guatemaltecas Mamá Maquín ubicadas en la comunidad Nueva Libertad, municipio Fray Bartolomé, Alta Verapaz.

El 15 de septiembre del presente año, a eso de las 21 horas, tres hombres armados con gorros pasamontañas irrumpieron en sus oficinas, encañonaron a cuatro coordinadoras y a una niña de 5 años. Se robaron toda la información de la organización. Este ataque intimidatorio se produjo a pocas semanas de haber conmemorado sus 25 años de lucha por sus derechos individuales y colectivos.

En 1998 y en 2014, también fueron allanadas y saqueadas las oficinas de Mamá Maquín. Por tanto, estos hechos criminales no pueden considerarse simples asaltos o robos; hay detrás de esos actos la intención de aterrorizar y silenciar a la organización integrada mayoritariamente por mujeres mayas, algunas mestizas y ladinas.

En la década de 1980, en el marco del terrorismo de Estado y la implantación de las políticas genocidas que afectaron directamente a las comunidades mayas; para salvar sus vidas, miles de familias se refugiaron en México y allí se organizaron las mujeres en mayo de 1990. Dieron a su organización el nombre de Mamá Maquín para dignificar la memoria de la lideresa maya q´eqchi´ Adelina Caal Maquín, una de las víctimas mortales de la masacre cometida por el Ejército guatemalteco el 29 de mayo de 1978, en el municipio de Panzós, Alta Verapaz.

Durante los años del retorno a Guatemala, de 1994 a 1998, las mujeres y sus familias se encontraron con un contexto lleno de hostilidades y donde la represión estatal continuaba. El compromiso del Estado guatemalteco, de garantizar retornos dignos y seguros, quedó en el aire.

Volver a Guatemala implicó para las mujeres empezar de cero, tuvieron que buscar soluciones para su propia sobrevivencia y muchas retornaron a comunidades distantes. Su consigna de continuar con el trabajo organizativo para fortalecer la agencia social y política de las mujeres mayas, mestizas y ladinas, se vio amenazada.

Por si fuera poco, las fuerzas paramilitares y militares empezaron a acusarlas de guerrilleras; fue tal el control y la violencia psicológica que ejercieron contra sus familias y comunidades que en muchos casos, sus esposos, hermanos, padres, hijos y cuñados empezaron a oponerse a que continuaran organizadas y que participaran en las decisiones comunitarias.

A pesar de los obstáculos estructurales, Mamá Maquín no desapareció, ha sido pionera en la lucha por el derecho de las mujeres a la propiedad y copropiedad de la tierra; asimismo, reivindica el derecho de las niñas y mujeres a la educación, salud, vivienda digna y trabajo digno. También es una actora clave en las acciones de resistencia que rechazan el extractivismo neoliberal que destruye la vida y los tejidos familiares y social-comunitarios.

La hidra capitalista arrolla a Guatemala a diestra y siniestra. En todo el territorio nacional hay proyectos extractivos. En el caso de la palma africana, este cultivo empezó a expandirse en el país de manera acelerada desde inicios del siglo XXI. En varias regiones del país se pueden observar cómo las grandes extensiones de este monocultivo rodean a las comunidades por entero, amenazándolas con desaparecerlas.

El mejor ejemplo es el ecocidio en el río La Pasión, Sayaxché, Petén. Toneladas de peces y cientos de animales acuáticos murieron por asfixia y contaminación. En junio de este año, líderes comunitarios denunciaron a la empresa Reforestadora de Palmas de Petén, S.A. (Repsa) de ser la supuesta responsable de este desastre ecológico.

Se estima que 116 mil personas resultaron perjudicadas directamente y 12 mil de forma indirecta. Para estas familias y comunidades mayas y ladino/mestizas, los ríos son vitales para sus estrategias de vida; de ahí extraen el agua que necesitan para preparar los alimentos, lavar la ropa, bañarse, regar sus cultivos, alimentar a los animales de patio y ganado. Asimismo, las familias que viven en las riberas del río La Pasión y se dedican a la pesca artesanal, su economía ha sido seriamente afectada.

El líder comunitario maya q´eqchi´ y profesor Rigoberto Lima Choc, fue uno de los primeros que denunció públicamente el desastre ecológico, social y económico en el río La Pasión. Lamentablemente el 18 de septiembre de 2015, fue asesinado con arma de fuego frente al juzgado de Sayaxché, Petén.

Llama la atención que este cobarde crimen se cometió un día después que la jueza Karla Hernández, del Juzgado Penal de Sayaxché, Petén, a solicitud del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), ordenara el cierre temporal —seis meses— de la empresa Repsa por su presunta responsabilidad en la contaminación del río La Pasión. Esto con el fin de que el MP recabe evidencias y determine si efectivamente es la responsable del ecocidio.

También el 18 de septiembre, tres dirigentes del Consejo de Desplazados de Guatemala (Condeg) fueron retenidos por aproximadamente seis mil trabajadores de Repsa, a manera de presionar a las autoridades para que dejen sin efecto la suspensión temporal de las actividades de dicha empresa.

Las grandes empresas nacionales y transnacionales no pueden hablar de “progreso” y “desarrollo” si lo que está en riesgo es la vida humana, animal y vegetal y no pueden hablar de desarrollo cuando por codicia desmedida recurren a estrategias de confrontación comunitaria e intercomunitaria a cambio de salarios de hambre y a costa de la destrucción del ecosistema.

El ecocidio y las graves violaciones a los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por la contaminación en el río La Pasión, es responsabilidad del Estado guatemalteco por no exigir a las empresas el estricto cumplimiento de la normativa ambiental.

El asesinato del profesor Rigoberto Lima Choc no puede quedar en la impunidad, el Estado de Guatemala debe dignificar su memoria; tiene la obligación de investigar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de ese repudiable crimen.

Cobardes criminales segaron de forma violenta la vida de Sebastián Sajic Córdova, hecho ocurrido el 11 de septiembre en una comunidad Maya Ixil. Él era originario de la aldea San Antonio Tisach, San Juan Cotzal, tenía 70 años de edad, era Ajq´ij (analista del tiempo y del espacio), B´alvatz Tixh (Autoridad Maya Ixil) de su municipio y formaba parte de un comité de víctimas del conflicto armado interno que azotó fuertemente a Guatemala de 1960 a 1996.

El señor Sebastián fue uno de los sobrevivientes del sanguinario Terrorismo de Estado. Su compromiso con la vida digna le llevó a dedicarse con perseverancia a la búsqueda de la justicia, la verdad, el fortalecimiento de la memoria histórica y el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos en el pasado y en el presente.

También fue uno los testigos en la denuncia penal que se presentó contra el general y exdictador Fernando Romeo Lucas García y su Alto Mando Militar, por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra los Pueblos Mayas entre octubre de 1981 a marzo de 1982.

Era reconocido a nivel local y nacional por su trayectoria en la defensa de los derechos fundamentales individuales y colectivos del Pueblo Maya Ixil; tuvo un enorme compromiso por el resarcimiento integral de las y los sobrevivientes y la dignificación de la memoria de las víctimas del conflicto armado interno.

En esta etapa de voraz extractivismo capitalista, en el territorio Ixil —al igual que en otros territorios mayas—, se cierne una serie de proyectos hidroeléctricos que amenazan la vida. De ello tuvo plena conciencia el señor Sebastián Sajic, quien alzó su voz junto al resto de Autoridades Maya Ixil, para denunciar los atropellos de estos proyectos contra los derechos territoriales, ambientales, económicos y sociales del Pueblo Ixil. Derechos garantizados en la Constitución Política y en las normativas internacionales en materia de derechos humanos.

Su trágica muerte conmociona, por ello, cabe preguntarse, ¿por qué tanta saña y crueldad contra quienes dedican su vida a las causas justas y humanitarias en Guatemala?, su asesinato no puede quedar en la impunidad.

El sistema de justicia, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público tienen la obligación de realizar exhaustivas investigaciones para dar con los autores intelectuales y materiales de este deleznable crimen que ha enlutado nuevamente al Pueblo Maya Ixil.

Por otra parte, en casos emblemáticos como la búsqueda de justicia por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno, el Estado de Guatemala tiene la obligación de garantizar la seguridad e integridad física de las y los testigos y sobrevivientes. Esta misma responsabilidad debe asumirlo con las Autoridades Mayas que defienden los derechos políticos, culturales y ecológicos de los pueblos que coexistimos en Guatemala.

Ante la persistencia de la impunidad en nuestro país, las ciudadanas y ciudadanos necesitamos construir lazos de solidaridad para exigirle al Estado guatemalteco a que cumpla con su obligación de garantizarnos la vida, la justicia y la libertad.

La democracia no se reduce al simple ejercicio del sufragio en las urnas ni el voto garantiza la democracia. La democracia electoral implica la existencia de instituciones con capacidad ética, profesional y política que garanticen procesos electorales transparentes, legítimos, participativos, incluyentes, equitativos y justos. Pero ni los partidos políticos ni el Tribunal Supremo Electoral fueron capaces de garantizar que las recientes elecciones las fueran.

En medios de comunicación se denunció la movilización de personas a los centros de votación a cambio de un plato de comida, el traslado de personas ajenas a los lugares de votación, enfrentamientos entre simpatizantes de diferentes partidos políticos, compra o intento de compra de votos, quema de urnas electorales, la posible alteración del registro electoral, violación del secreto del voto, entre otros. Por eso, afirmar que el proceso electoral en Guatemala es uno de los más seguros en el mundo, es una tremenda mentira.

La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público debe tomar cartas en el asunto e investigar las denuncias que recibió; esos delitos electorales no pueden quedar en la impunidad.

También es totalmente falso afirmar que la manera de ejercer ciudadanía es emitir el sufragio. El ejercicio de la ciudadanía va más allá del voto. En materia electoral, el ejercicio de la ciudadanía implica la posibilidad de postularse a puestos de elección popular en condiciones de equidad. Pero en estas elecciones nuevamente quedó patente la exclusión de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y las juventudes.

Para el ejercicio de la ciudadanía también es importante el diálogo, el respeto hacia la pluralidad de ideas y la capacidad de disentir. Pero durante las campañas electorales y en plena realización de comicios se denunciaron enfrentamientos entre simpatizantes de partidos políticos, eso muestra la incapacidad de las organizaciones político-partidistas de fomentar actitudes y prácticas democráticas.

Si hubo una afluencia masiva de votantes en los centros de votación, no deja de ser cierto que a la ciudadanía no le quedó otro camino que votar por Jimmy Morales, un comediante sin experiencia política, pero también se hizo presente la inconformidad manifiesta en votos nulos y en blanco. Esto probablemente como respuesta al descontento social y el fuerte rechazo hacia partidos políticos que participaron en la ilegítima contienda electoral salpicados por la corrupción e impunidad que azota a Guatemala.

Llama la atención que un gran porcentaje de la ciudadanía apostó por Morales, postulado por el Frente de Convergencia Nacional (FCN), creado por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua). Por ello, ¿qué garantiza que Jimmy Morales y el FCN son la alternativa para erradicar la corrupción, la impunidad y los problemas estructurales que aquejan a Guatemala?

Los resultados de las elecciones del 6 de septiembre nos plantean el desafío de tejer una cultura política que apueste por la paulatina erradicación de los problemas estructurales que venimos arrastrando desde las dictaduras militares.

Las elecciones fraudulentas, excluyentes, hegemónicas e ilegítimas están a la vuelta de la esquina. Para los poderosos “la suerte está echada”. Su objetivo es claro, quieren que nosotras y nosotros vayamos a las urnas a validar y legitimar este sistema clientelar, corrupto y opaco. Para empezar, los partidos políticos no son más que meros cascarones, sin ninguna propuesta ni contenido ideológico. Además, varios de ellos competirán a pesar de haber cometido y seguir cometiendo delitos electorales.

Se sabe que en las elecciones del 2011, a cambio de cierta cantidad de dinero, las personas que votaron por partidos embaucadores debieron hacerle una foto a las papeletas antes de depositarlas en las urnas para comprobar su voto, cuando este es secreto según la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Entonces, ¿cómo el TSE garantizará que este delito no vuelta a cometerse? ¿Requisará los celulares?

En ese contexto, la abstención o el voto nulo surge como una manera de demostrarles a los delincuentes de cuello blanco que el poder ciudadano lo ejercemos las mujeres y los hombres de esta Guatemala multicultural y multilingüe. Hoy más que nunca rechazamos que nos quieran imponer gente que solo busca su beneficio particular. Por eso yo no votaré, porque me niego a legitimar esta farsa electoral.

En este sentido, concuerdo con el periódico feminista La Cuerda cuando plantea en uno de sus comunicados que: “Las elecciones, viciadas por una ley anacrónica que excluye a las mayorías y permite la participación a personas implicadas en ilícitos, no constituyen ningún proceso genuino de democracia, sino son un dispendio, una farsa que pretende engañar a la población con poner su voto en un cartón de lotería”.

Por ejemplo, votar por partidos como FCN, Viva y PRI es como votar por el Líder y el PP, pues solo reciclan personajes que ya gobernaron, con antepasados nefastos. Hay quienes abiertamente han dicho que votarán por la UNE porque es la mejor opción; sin embargo, cuando este partido gobernó del 2008 al 2012, empezó a remilitarizar al país y a reprimir a las comunidades que se oponían a los proyectos extractivistas. En el 2008, el gobierno de Álvaro Colom y la UNE implantaron un Estado de Excepción que afectó directamente a las 12 comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez. Con esa medida contrariaron sus promesas de campaña electoral de hacer un gobierno con “rostro maya”.

Quienes voten deben tomar en cuenta las lecciones recientes del actuar inconstitucional de los partidos (anti)Patriota y (no)Líder. Al ser partidos mayoritarios en el Congreso han pactado impunemente a la hora de aprobar leyes que violan los derechos fundamentales y la dignidad del pueblo guatemalteco. Ese mismo pacto de impunidad les llevó a elegir magistradas y magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones para garantizarse impunidad. Por eso, han transado para proteger a Otto Pérez Molina al no retirarle la inmunidad.

Para evitar las aplanadoras en el Congreso, la alternativa puede ser el voto cruzado, el cual consiste en votar por partidos diferentes para las diputaciones y presidencia.

En el mensaje pregrabado del domingo 23 de agosto, Otto Pérez muestra una vez más, aunque en esta ocasión de manera tajante, que no le importan los pueblos de Guatemala. Si tuviera un mínimo de dignidad y respeto hacia la ciudadanía, hubiera renunciado de inmediato. En vez de ello, se aferra al puesto de Presidente para dizque no romper “el orden y la tradición democrática de nuestro pueblo (sic)”. Cuando es todo lo contrario, su aferramiento en contubernio con su Partido (anti)Patriota, el Partido (no)Líder y Manuel Baldizón, están conduciendo a este país por los caminos del caos y el autoritarismo, atentando contra el Estado de Derecho y fragmentando la poca institucionalidad del país con su irresponsabilidad y prepotencia.

Pretende darnos lecciones de democracia, al decir que: “la ciudadanía debe entender que la única manera legal de elegir a sus autoridades es por la vía del voto consciente y responsable de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas (sic).” Así nos han tenido desde 1985 y ahí están los resultados: partidos clientelares, antiéticos, antidemocráticos que han llegado al poder a través de instrumentalizar y mercantilizar el voto de la ciudadanía. Luego han pactado con poderes paralelos para recurrir a la corrupción y enriquecerse ilícitamente a manos llenas. Esas no son condiciones para el ejercicio responsable y consciente del voto, más bien son circunstancias propias de una dictadura. Así pues su discurso además de mentiroso es tiránico.

Lo peor es el llamado que hizo según él a “esa Guatemala profunda, las organizaciones sociales, esa Guatemala rural que ha estado en el centro de mi atención, esa Guatemala plural y diversa, los insto hoy como nunca a defender nuestra incipiente democracia (sic)”.

Pérez Molina no puede darnos lecciones de nada porque su gobierno ha sido incapaz de garantizar la vida, la salud, la libertad y la seguridad a la ciudadanía. Es imposible hablar de democracia cuando vemos la continuidad de los altos niveles de desnutrición crónica en la niñez, hospitales colapsados, la continuidad de políticas educativas colonialistas, racistas y sexistas que sistemáticamente niegan a un gran porcentaje de la niñez maya, garífuna y xinka el derecho a la educación. Todo ello mientras él y su séquito se enriquecían abruptamente.

El señor Pérez Molina no puede decir que la Guatemala rural ha sido el centro de su atención, porque la ha reprimido, criminalizado y judicializado por defender sus derechos territoriales, ecológicos, económicos y sociales contra el extractivismo nacional y transnacional voraz que su gobierno ha impuesto a sangre y fuego.

Al analizar en retrospectiva, la racista estrategia kaibilesca del militar retirado Otto Pérez, es similar a la de los genocidas Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, retar a los poderes oligárquicos y para ello se escudan en la población rural. Pero la cuestión de fondo es el anhelo de materializar el proyecto político de la cúpula militar: arrebatar el poder que históricamente han detentado los criollos en Guatemala. En otras palabras es la disputa por el poder y eso explica su egoísta e inacabable necedad.

La Cicig y el MP han estado presentando pruebas fehacientes de cómo los poderes ocultos medran en las estructuras estatales y se sirven de la corrupción y la impunidad para cometer abusos de poder, lavado de dinero, tráfico de influencias y nepotismo. También nos evidencian cómo el dinero del crimen permea la política y la convierte en un negocio que lucra a costa de la ciudadanía; para ello se valen de los partidos-empresa, los cuales se fraguaron como espacios antiéticos, antidemocráticos y vehículos que desde 1985 secuestraron la democracia que anhelaba este país.

Sin embargo, sería ingenuo pensar que solo los partidos politiqueros son los únicos responsables de la crisis política que vivimos en Guatemala. El TSE, creado para velar por el cumplimiento de las normativas legales de los procesos electorales y responsable de dictar las disposiciones necesarias para dar cumplimiento efectivo a tales normativas, también es cómplice de la debacle política que corroe al país.

Si bien el actual TSE dio visos de esperanza, conforme han transcurrido los meses, su actuar nos está dejando un mal sabor de boca. La injerencia de la CSJ y de la CC en sus decisiones deja el claro mensaje que ni es un ente autónomo ni la máxima autoridad en materia electoral. De nada sirvieron las sanciones que emitió contra los partidos que realizaron campañas electorales anticipadas, esos delitos electorales los continuaron cometiendo.

Debido a la soberbia de los partidos, el 14 de julio de 2015, el TSE emitió el acuerdo 262-2015 y en el artículo 2 establece que podrá cancelar a aquel partido político que exceda el techo presupuestario. El Líder ha excedido el techo presupuestario fijado en Q52,406,662.73, pues se le redujo Q5.8 millones por haber incurrido en campaña electoral anticipada. Sin embargo, Manuel Baldizón y el Líder han ignorado tal prohibición y continúan realizando campaña electoral.

Si el TSE se ciñera a lo establecido en la Constitución Política y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ¿por qué no cancela al partido Líder?, puede hacerlo porque ha cometido varios delitos electorales. Encima, el vicepresidenciable Édgar Barquín, la diputada Mirza Arreaga, y diputados Luis Chávez, Mario Yanes y Mario Rivera, son acusados por la Cicig y el MP de varios delitos y las pruebas que presentaron son irrefutables.

Las decisiones últimas han mostrado la decidida alianza entre el Partido Patriota y el Líder, simplemente no le dieron trámite al antejuicio contra Otto Pérez Molina. Después de sus maniobras asquerosas y perversas de dejar pasar el tiempo para reformar la LEPP y que entrara en vigencia este año, ahora la quieren aprobar pero toda deformada. Esas reformas ya no las queremos y seguimos insistiendo que en estas condiciones no queremos elecciones.

Así las cosas, el TSE no puede garantizar elecciones democráticas, legítimas y transparentes, que rompan con la cultura politiquera corrupta e impune. Nos está dando más de lo mismo.

El voto no es la única forma para ejercer ciudadanía, el abstencionismo electoral es una herramienta política para derribar a los partidos politiqueros corruptos y a sus corruptores.

Transitamos por uno de los años electorales más desastrosos de la historia guatemalteca. Un gran porcentaje de ciudadanas y ciudadanos no queremos elecciones porque nos negamos a respaldar a que lleguen a la presidencia, vicepresidencia, al Congreso y a las municipalidades personas sin ética e incapaces de dirigir los destinos de este país necesitado de justicia democrática.

En el informe: El financiamiento de la política en Guatemala, la Cicig expone claramente que la posibilidad de ser electas o electos no depende exclusivamente de las preferencias de la población, sino de la cantidad de recursos que las candidatas o los candidatos y los partidos puedan disponer en una elección. Tan solo el informe que presentó la Cicig pone de manifiesto que no hay condiciones para que se realicen elecciones transparentes y democráticas, porque el sistema de partidos políticos en Guatemala está corrompido.

Si los partidos políticos y sus financistas han convertido los procesos electorales en herramientas espurias para llegar al poder y utilizar las instituciones del Estado para enriquecerse ilícitamente, ¿qué sentido tiene votar en estas elecciones?, la mayoría de partidos políticos han vulnerado la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Constitución.

A cuatro meses de haber tomado las calles para expresar nuestro descontento ante la ola de corrupción y latrocinio en las entrañas del Estado, ninguna de nuestras demandas ha sido atendida, el Congreso se niega a aprobar la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos; Otto Pérez Molina sigue atrincherado en el poder con semejante descaro a pesar de que no hemos dejado de exigir su renuncia y que sea investigado; La Línea y demás mafias desarticuladas han quedado estancadas judicialmente. Lo mismo pasa con las leyes de contrataciones del Estado, de servicio civil y de carrera judicial.

Volviendo al tema electoral, se percibe en el ambiente frustración, porque el Tribunal Supremo Electoral no ha hecho nada para aplazar las elecciones tal como hemos demandado. Ante tal situación cabe reflexionar si por cumplir con formalismos legales, el TSE es un ente más que legitima y avala el sistema político nefasto, conduciendo a la ciudadanía a asistir a las urnas para condenar a una mayor tragedia el futuro de nuestro país.

Recientemente el TSE sancionó al partido Líder porque ha sobrepasado el techo de campaña electoral, se le prohibió realizar cualquier actividad proselitista, pero este partido ha hecho caso omiso a tal prohibición. Por ejemplo, el lunes 10 de agosto, ese partido realizaba proselitismo electoral en comunidades ubicadas a la orilla de la carretera que conduce de Chichicastenango a Santa Cruz del Quiché.

Insistir en que el 6 de septiembre se realicen las elecciones es un gran desacierto. También muestra que en Guatemala hace falta un Tribunal Supremo Electoral con autonomía, que tenga el coraje y la fuerza para atender las demandas ciudadanas; que cumpla sin titubeos la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como la Constitución.

En esta incertidumbre, ¿ir a las urnas aportamos al cambio ansiado o seguiremos legitimando este sistema putrefacto?

Como expuse en la columna anterior, en Guatemala el sistema de (in)justicia hace pocos esfuerzos por investigar, procesar, juzgar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población, mayoritariamente maya, durante el conflicto armado interno. La denegación de la justicia a las y los sobrevivientes Maya Ixil, es un ejemplo emblemático. A través del litigio malicioso y retrasos injustificados se ha entrampado el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos y la búsqueda de justicia.

Los abogados de Ríos Montt y su hija Zury Ríos Sosa han pretendido y pretenden detener el reinicio del juicio contra el general retirado, porque han contado con la complicidad de jueces o juezas cómplices de la impunidad.

Sin embargo, cuando las y los sobrevivientes y familiares de las víctimas reclaman justicia por las graves violaciones a sus derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, la respuesta de los abogados defensores de Ríos Montt y los sectores conservadores ha sido la justificación de tales atrocidades con el argumento de que las víctimas se lo merecían por subversivas y comunistas. Sea cierto o no, bajo este supuesto se violaron los derechos humanos.

Por ello resulta contradictorio que ahora los abogados del victimario José Efraín Ríos Montt hayan invocado los derechos humanos para evitar que vaya a juicio y rinda cuentas ante los tribunales de justicia por los innumerables y espantosos crímenes cometidos durante su gobierno. Es absurdo que el dictador golpista y sus defensores se amparen en los derechos humanos para evadir la justicia. A eso se le llama doble moral.

Con la sangrienta Política de Tierra Arrasada que implantó, condenó a una muerte violenta a mujeres y hombres de avanzada edad, a los bebés que estaban en gestación, mujeres embarazadas, niñas y niños, porque fueron considerados “enemigos internos”. En la ciudad capital, estableció los Tribunales de Fuero Especial, en donde negó el derecho de contar con abogados defensores, por tanto nada de juicios justos. Lo mismo pasó con las comunidades masacradas.

En el caso del holocausto judío, el Estado israelí investiga a los criminales nazis sin importar edad. En este sentido, Efraim Zuroff señala que: la edad no debería de proteger a los asesinos. Llegar a 85 o 90 años no convierte a un genocida en una persona justa y gentil (sic).

En Guatemala, quienes se oponen al juzgamiento de los altos responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno, interpretan la búsqueda de justicia como un acto de venganza que “divide a Guatemala”.

Nada que ver, cuando uno lee y escucha los testimonios de las y los sobrevivientes Maya Ixil. Al respecto una de las sobrevivientes dice: “Yo no quiero vivir nuevamente la guerra. Ya no quiero ver más la guerra con mis hijos. (…) y lo que digo es que se detenga, que ya no haya más guerra y muertos…”.

Este testimonio expresa claramente que la lucha es por la justicia y la verdad. Por una Guatemala con justicia y paz social, donde nunca más se vuelva a repetir la barbarie.

El 10 de mayo de 2013, el general golpista y ex jefe de facto José Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad; crímenes cometidos contra 1,771 personas civiles y desarmadas del Pueblo Maya Ixil desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983, período en que se intensificó la Política de Tierra Arrasada. Las violaciones a los derechos humanos alcanzaron niveles deshumanizantes.

Diez días después de la condena, el 20 de mayo, la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia. Vale aclarar que el dictamen de la CC no fue unánime, tres magistrados serviles votaron a favor de la anulación de la condena, a excepción de la magistrada Gloria Porras y el magistrado Mauro Chacón, quienes apoyaron la sentencia ya emitida.

Desde entonces una serie de tácticas dilatorias empezaron a utilizar sus abogados defensores y su hija Zury Ríos Sosa, porque de pronto el general retirado empezó a padecer problemas cardiovasculares y hernias en la columna. Por aparte, juezas y jueces se excusaban de conocer el caso, hasta que se fijó que el juicio se reiniciaría el 5 de enero de 2015 a cargo del Tribunal B de Mayor Riesgo.

El 5 de enero del presente año, Ríos Montt no se presentó a la audiencia, sus abogados presentaron una certificación médica, justificando que ir a los tribunales podría perjudicar su “delicada salud”. Por orden de la jueza presidenta se vio obligado a acudir a los tribunales de justicia, lo hizo en camilla y con lentes oscuros, así permaneció y no dijo ni una palabra.

Por aparte, los abogados recusaron a la jueza, Jeaneth Valdez, argumentaron que ella había emitido opinión sobre el genocidio en su tesis de maestría en 2004, y entonces, las juezas Sara Yoc Yoc y María Eugenia Castellanos validaron criterios inconsistentes de la defensa de Ríos Montt. Así el juicio no se reanudó.

Entre los escándalos de corrupción desatados desde el 25 de abril, se anunció por enésima vez la reapertura del juicio, calendarizada para el 23 de julio.

Pero evidentemente las instituciones del Estado están corrompidas por poderes fácticos que desangran a Guatemala; esta vez, intervino el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien supuestamente evaluó el estado de salud física y mental del general retirado José Efraín Ríos Montt y dictaminó que aparentemente padece demencia senil, exponen que “no está en capacidad mental para afrontar un proceso legal en su contra y tampoco se le considera competente para asistir a audiencias judiciales”.

En Latinoamérica esta práctica maliciosa no es nueva, se usó en el caso del dictador chileno Augusto Pinochet, el sistema de in(justicia) chileno suspendió el proceso en su contra, supuestamente por demencia senil.

En Guatemala, el sistema de justicia se sigue negando a investigar, procesar, juzgar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.

A pesar de estos obstáculos, la esperanza de las y los sobrevivientes Maya Ixil está en la justicia y el resarcimiento integral.

Las violaciones a los derechos de la libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de información no cesan en Guatemala. Son flagelos sociales que forman parte de la crisis política, social y económica atravesada por nuestro país. Es imposible dejar de lado las agresiones cometidas contra las personas dedicadas al periodismo y a la comunicación social responsable, que da cuenta de este sistema corrupto, injusto e impune.

De acuerdo al Centro Civitas, en lo que va del año se han presentado 74 denuncias en la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP) y en las redes sociales. Sin olvidar que en marzo fueron asesinados de forma violenta tres periodistas en el departamento de Mazatenango, los crímenes continúan impunes.

Hay periodistas que han sido víctimas de secuestro y tortura por ejercer su derecho a investigar e informar. Es el caso del periodista comunitario Maya Poqomchi, Oswaldo Ical Jóm, trabajaba como corresponsal del Radio Periódico El Vocero de Utatlán y de la Corporación Radial del Norte. El 29 de agosto de 2014 fue secuestrado y torturado durante varias horas (10:30 a.m.- 16:00 p.m.) por integrantes del comité de seguridad local de la comunidad Santa María Cotoxac, Uspantán, Quiché.

A pesar del daño físico, emocional y psicológico que Ical Jóm vivió a manos de sus secuestradores y torturadores, se armó de valor y presentó la denuncia ante el Ministerio Público (Expediente 001-2014 82469). Por estos crímenes fueron capturados dos de los secuestradores, los hermanos Diego y Antonio Itzep López. El Ministerio Público los acusó de plagio o secuestro, tortura, amenazas e instigación a delinquir.

Para Oswaldo, buscar justicia y luchar contra la impunidad no ha sido fácil. En dos ocasiones se suspendieron las audiencias. Cuando por fin se realizó la audiencia, el juez Amarildo Morales, del Juzgado de Instancia Penal de Nebaj, Quiché, ligó a proceso a los acusados, pero cambió los delitos planteados por el MP por los ilícitos de detención ilegal y amenazas. Con este fallo, otorgó medida sustitutiva a los victimarios. Mientras que dejó expuesto al periodista comunitario agraviado al no garantizarle medidas de protección.

También rechazó las pruebas periciales presentadas, al argumentar que son impertinentes y no aceptó a los tres testigos aduciendo que la fiscalía del MP no proporcionó sus nombres y sus respectivos DPI. Esta argumentación es absurda porque el Código Procesal Penal otorga la facultad de proteger la identidad de los testigos.

Preocupa la parcialidad del juez Amarildo Morales porque pone en riesgo el esclarecimiento del crimen y niega a Oswaldo el derecho a la búsqueda de justicia y a una reparación digna.

El MP y el abogado Héctor Reyes de CALDH, quien se desempeña como querellante adhesivo impugnaron el dictamen del juez; solicitan que el caso sea debatido como plagio o secuestro y tortura, y que se acepten los medios de prueba que en su oportunidad fueron rechazados por el juez Morales. De momento, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Quiché ha otorgado amparo provisional a Ical Jóm. Ojalá esta decisión acertada se convierta en un fallo definitivo.

La corrupción y la impunidad en Guatemala no son flagelos nuevos, los primeros casos datan de la invasión y colonización española, donde encomenderos, autoridades coloniales y el clero se valieron de subterfugios legales para explotar y despojar legal e ilegalmente, pero siempre ilegítimamente, a los pueblos maya y xinca de sus territorios y fuerza de trabajo; la Corona española fungía como cómplice de estas fechorías, pues recibía los respectivos tributos y se desentendía de las vejaciones y abusos de autoridad de este régimen de dominación.

Después de la independencia de España, la oligarquía criolla se hizo con el poder político y económico, y continuó con las políticas coloniales de expropio y expolio, que son, por así decirle, la expresión de la corrupción originaria. Es el robo que da lugar a la formación de un Estado hegemónico, racista y excluyente, que sistemáticamente niega los derechos sociales, políticos y económicos porque esa es la manera de conservar el statu quo —o sea lo robado y lo que se sigue robando— en manos de un pequeño grupo.

Para evitar cualquier acto de transgresión al sistema impuesto, se institucionalizaron las dictaduras militares caracterizadas por ser conservadoras, corruptas y contrainsurgentes. Por eso, cuando en la década de 1960, las comunidades campesinas mayas organizadas o no, sindicalistas, estudiantes, profesionales universitarios, empezaron a cuestionar, denunciar y oponerse a las políticas de expolio, al régimen de trabajo extenuante con salarios miserables, la respuesta estatal fue la brutal represión que duró más de 36 años.

El terrorismo de Estado se agudizó cuando en marzo de 1982 se produjo el golpe de Estado contra el gobierno del dictador y genocida Fernando Romeo Lucas García. Entre los militares golpistas se encontraba el militar José Efraín Ríos Montt. A los pocos meses, Ríos Montt se autoproclamó presidente de la república y aseguró que su gobierno lucharía contra la corrupción y que democratizaría el país. Nada de eso sucedió, entre 1982 y 1983, él puso en marcha las políticas genocidas más cruentas en la historia de Guatemala, especialmente contra el Pueblo Maya.

El genocidio y los delitos contra los deberes de la humanidad que el gobierno de Ríos Montt cometió contra el pueblo maya ixil y el resto de pueblos mayas continúan impunes. La sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por las juezas Yassmín Barrios Aguilar, Patricia Bustamante García y el juez Pablo Xitumul de Paz, fue anulada pocos días después por la Corte de Constitucionalidad. Este es un ejemplo reciente de cómo los poderes fácticos pululan en las instituciones privadas y han secuestrado a las instancias del Estado. El hecho de que haya jueces o juezas serviles muestra que hay una estrecha relación entre corrupción, impunidad, represión y violaciones a los derechos humanos en Guatemala.

Por eso las organizaciones del crimen organizado desarticuladas —y las que desarticularán la Cicig y el Ministerio Público— datan de mucho tiempo atrás y han sido y son las causantes de las injusticias sociales, políticas y económicas en Guatemala.

La iniciativa para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), presentada el 26 de junio de los corrientes, por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), es un avance positivo. En cierto modo recoge nuestras demandas que desde el 25 de abril no hemos dejado de expresar en las calles, en foros-debates, en las redes sociales, entre otros. Seguiremos rechazando los altos niveles de corrupción e impunidad que anidan en las instituciones estatales. Nuestra consigna es clara, “ya no queremos más de lo mismo”.

Es cierto que demandamos reformas estructurales de fondo, pero priorizamos la reforma a las leyes ordinarias, entre ellas la LEPP, porque la crisis política reventó en pleno año electoral. En tal sentido, vale decir que el TSE tomó en cuenta parte de nuestras exigencias canalizadas a través de organizaciones de mujeres, feministas, académicas, pueblo maya, organizaciones estudiantiles y juveniles, así como la diversidad de expresiones organizativas aglutinadas en la Convergencia Nacional para la Reforma Política (Conarep) y la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado (PNRE).

Aplaudo este esfuerzo porque busca erradicar de raíz la corrupción, el abuso de poder, la hegemonía y las prácticas clientelares, principales males endémicos que se enraizaron fuertemente en los partidos políticos. Por razones de espacio me referiré a algunas propuestas de reformas que me parecen medulares. Para romper con la hegemonía esta iniciativa apuesta por la democratización de los partidos políticos a través de la paridad y alternancia de la participación de mujeres y hombres mayas, garífunas, xinkas y ladino/mestizas/os en la nominación de candidaturas para todos los cargos de elección popular.

Sancionar el transfuguismo y limitar la reelección a un período son medidas atinadas, de esa forma los partidos políticos tendrán que cumplir con su obligación de fomentar el cambio periódico, el surgimiento de nuevos liderazgos y el relevo generacional.

Otro aspecto fundamental de la iniciativa es la validez jurídica del voto nulo. Si los votos nulos aventajan a todos los votos emitidos a favor de determinados candidatos, se anulan las elecciones y se repetirán, para ello los partidos políticos nominarán nuevas candidaturas.

Sin embargo, aunque el Congreso apruebe la iniciativa sin mayores dilaciones, si la nueva ley entra en vigencia hasta el 2019, el camino para las transformaciones sociales y políticas que tanto anhelamos está lleno de obstáculos. Esperar cuatro años es prolongar los vicios de un sistema electoral antidemocrático, caduco y secuestrado por poderes fácticos: narcotráfico y crimen organizado…

En esas condiciones difícilmente se podrá empezar a desmantelar el tráfico de influencias, el nepotismo, las prácticas clientelares, la corrupción y la hegemonía enquistadas en las instituciones del Estado. Eso significa darle tiempo a los poderes oscurantistas para que afinen sus estrategias de cómo reacomodarse en el poder.

Por estas razones, hoy más que nunca necesitamos unir fuerzas y hacer presión para que se apruebe esta iniciativa de ley sin ninguna modificación y que tenga validez para las elecciones que se avecinan.

Es evidente que el Estado de Guatemala no garantiza los derechos sociales básicos (educación, salud, agua, saneamiento ambiental y social, energía eléctrica). Lo que no ha resultado tan evidente es la responsabilidad de primer orden del sistema político-partidista en la construcción de un Estado que solo sirve para enriquecer a un puñado de politiqueros y garantizar el expolio del patrimonio natural y humano del país.

Como resultado tenemos un país donde las leyes, mecanismos e instituciones estatales son inoperantes, porque lejos de promover el desarrollo social y económico de las comunidades, son trampas estructurales que garantizan la perpetuidad de la pobreza, desigualdad y marginación, así como del statu quo extractivista, expoliador y concentrador de la riqueza nacional.

Ante tal situación las comunidades campesinas mayas, ladinas/mestizas y xincas se han organizado y han preferido buscar otros caminos que los conduzcan a la vida digna. Por ello tocan las puertas de Organizaciones No Gubernamentales y de la Cooperación Internacional para gestionar proyectos de formación, así como de desarrollo social y económico.

Un buen ejemplo de la inoperancia estatal es el caso del sistema de Consejos de Desarrollo, impulsado en tiempos del gobierno de Alfonso Portillo, supuestamente para democratizar las políticas públicas y garantizar el acceso a la inversión pública de parte de las comunidades. Sin embargo, lejos de ello, son candados que obstaculizan el desarrollo social y económico.

Si vemos a los Cocode muy pocas veces logran cumplir con sus funciones, no porque sean incapaces, sino porque deben someterse al engorroso y traqueteado camino de la burocracia estatal que parece hecho para obstaculizar sus gestiones, en vez de facilitarlas. Por ello, a pesar del esfuerzo y dedicación de lideresas y líderes —que trabajan ad honórem por sus comunidades—, hay muchos Cocode que llevan años gestionando proyectos para sus comunidades sin ningún resultado positivo.

Por otro lado, los Cocode son instrumentalizados por el gobierno municipal y nacional de turno para su campaña política permanente. Los que se oponen a esa política clientelar son señalados por el partido en el poder de incumplir con sus funciones y ser parte de un partido político contrincante —aun y cuando no sea así—. Entonces estas estructuras sirven para desgastar y estancar la agencia social y política comunitaria, contribuyendo al rezago social, por lo que no es casualidad que Guatemala figure como uno de los países más pobres y desiguales de Latinoamérica —la región más desigual del mundo, incluso más que África y el subcontinente indio—.

Por lo tanto, ahora que atravesamos la peor crisis política de la transición democrática, es vital que renuncie Otto Pérez Molina y se realicen las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que permitan iniciar con la erradicación de la corrupción e impunidad. Los principales cánceres que evitan que el gasto estatal vaya a donde tiene que ir: a los pueblos que conforman Guatemala. Del mismo modo que no haya políticas públicas que vayan en contra de las mayorías, sino a favor de las mismas.

Quienes manifestamos en las calles de la ciudad capital, en la Plaza de la Constitución, en los departamentos, en el extranjero, en las redes sociales, así como quienes participan en los plantones, foros-debates o en la iniciativa de ayer #HagamonosElParo —AntesDeQueNosSalgaMásCaro—, lo hacemos para exigir un nuevo sistema político y social, que no tolere más corrupción e impunidad que anidan en las instituciones del Estado.

Sabemos que esto requiere la renuncia de Otto Pérez Molina y la urgente reforma de una serie de leyes ordinarias que garantizarán el inicio del saneamiento de las instituciones del Estado. En el corto plazo, urge la depuración del Congreso y la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Por eso, demandamos el aplazamiento de las elecciones porque ya no queremos partidos políticos corruptos y clientelares. Ya no queremos mercaderes electorales que se valen del voto ciudadano para llegar al poder y de la mano de las redes criminales continuarán con el latrocinio a costa de violar los derechos sociales de la niñez, las mujeres, las juventudes y los hombres. Por eso, insistimos en que sin nuevas reglas del juego no queremos elecciones.

Esta exigencia en ningún momento busca romper con el orden democrático institucional, lo único que demandamos es ir a las urnas en noviembre —y no septiembre— del presente año. Si en la primera vuelta no saliera ningún binomio presidencial ganador, es factible realizar la segunda vuelta electoral en diciembre de 2015. Por tanto, la toma de posesión se realizará el 14 de enero a las 14:00 horas del 2016, tal como se establece en la Constitución Política de la República de Guatemala.

Si atendiendo a formalismos, se privilegia ir a las elecciones el 6 de septiembre, sin reformar la LEPP, se legitimará la corrupción, el nepotismo, el transfuguismo, la impunidad y las prácticas clientelares causantes de la crisis política por la que atraviesa Guatemala. Esta crisis podría agudizarse si llegara al poder Manuel Baldizón del partido Líder, quien descaradamente ha transado con el Partido Patriota, en otras palabras, el PP y las mafias continuarán en el poder estatal.

El riesgo es que se reelijan diputadas, diputados y alcaldes que se han valido de las instituciones del Estado para enriquecerse ilícitamente y continuarán con el nepotismo y al tráfico de influencias, flagelos sociales que corroen la democracia, el Estado de Derecho y ponen en peligro la estabilidad política de esta Guatemala secularmente agredida por quienes la han gobernado y gobiernan. Sirva de ejemplo Baudilio Hichos, diputado de Líder, quien lleva más de 21 años en el Congreso, para ello ha recurrido al transfuguismo y ha construido una red de nepotismo que le ha dado poder y control en el departamento de Chiquimula (PL, 1/6/2015).

Por ello, solicitar el aplazamiento de las elecciones no atenta contra la Constitución, por el contrario, reformar la LEPP y depurar el Congreso garantizará la asistencia a las urnas con nuevas reglas. De esa manera es posible trazar sendas honestas y transparentes para fortalecer la democracia electoral y la institucionalidad estatal.

Para erradicar los altos niveles de corrupción, represión, impunidad e incumplimiento a los derechos sociales de la población guatemalteca, es de urgencia nacional la depuración y reforma de los organismos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En tal sentido, es vital que renuncie Otto Pérez Molina, porque representa a esos poderes fácticos que viven del Estado y por ello, son los principales interesados en garantizar la impunidad.

Entre las reformas de fondo urgentes que refuerzan la institucionalidad pública, están las normativas del servicio civil, la Ley de contrataciones del Estado y del Organismo judicial y la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), estas acciones son necesarias para salir paulatinamente de este tsunami político e institucional que sacude fuertemente a Guatemala.

En las sucesivas manifestaciones, las guatemaltecas y los guatemaltecos hemos expresado con claridad que ya no queremos criminales en el Congreso, Ejecutivo y Judicial; rechazamos que hayan convertido al Estado en un botín, del cual se han servido a manos llenas a costa del empobrecimiento y agudización de las injusticias sociales que aquejan a Guatemala.

Supuestamente, el Congreso está anuente a escuchar las propuestas de las mujeres y feministas, jóvenes, pueblos Maya, Garífuna y Xinka y otros sectores de la sociedad civil, pero está empecinado en obligarnos a acudir a las urnas electorales con las mismas reglas rancias de la politiquería. Pretende hacernos creer que tiene la disposición de reformar la LEPP, eso sí, para que entre en vigencia en las siguientes elecciones. Lo peor es que las diputadas y diputados pretendan vernos la cara de bobas y bobos, y ellos ganar tiempo para ocultar sus hediondeces.

Como el Congreso se niega a reformar la LEPP para estas elecciones y ante sus prácticas dilatorias, la sociedad civil organizada entre la que figuran: Asociación de Mujeres Mayas (Moloj), Atrahdom, Sitradomsa, Alas de Mariposa, Convergencia Cívico Política de Mujeres, Naleb´, Aesmak, Proyecto Miriam, Abogadas y Notarias Asociadas, Ashigda, Voces de Mujeres y Mujeres en lo individual respaldan la propuesta de reformas que a más tardar presentará el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 17 de junio del presente año.

El TSE debe tomar en cuenta las propuestas que las expresiones multisectoriales están dando a conocer, a fin de presentar una iniciativa de ley unificada, integral e incluyente con perspectiva de género y étnico/racial ante el Congreso, las cuales deberá aprobar. Si se incumplen estas demandas, las elecciones podrían ser “muy legales” pero no legítimas.

Por otro lado, el Organismo Ejecutivo y la Corte de Constitucionalidad deben dar luz verde para que las reformas a la LEPP tengan vigencia y aplicación inmediata en esta contienda electoral.

Hacer de oídos sordos a las demandas plurales de quienes continuamos manifestándonos en las calles y en la Plaza de la Constitución, es no entender que Guatemala ha tocado fondo. Si Otto Pérez Molina no renuncia y el Congreso se niega a reformar la LEPP, el paro nacional es inminente y consecuentemente, lo mejor será que no vayamos a las urnas a votar el 6 de septiembre.

Desde el #25A, mujeres y hombres de todas las edades y estratos sociales no hemos dejado de salir a las calles a exigir justicia. No nos conformamos con la renuncia de Baldetti, Otto Pérez y su rosca de funcionarias y funcionarios señalados de corrupción. Exigimos la depuración de los organismos legislativo y judicial.

Insistimos en reformar de fondo el sistema político, económico, jurídico y social del país. Una reforma radical (o sea directa a las raíces de Xib´alb´a) para erradicar la impunidad y la corrupción. Poderosos flagelos en los cuales los poderes político-militaristas y económicos se han amparado para arrebatarnos los derechos a la educación, recreación, salud, alimentación y vivienda digna.

Ha quedado claro para la ciudadanía que los partidos, sin excepción, son lo mismo: vehículos para ganar las elecciones, llegar al poder y lucrar a costa del erario nacional. Casi imposible que un partido pueda hacer otra cosa, pues deben pagar las facturas que le deben a sus financistas. En ese contexto, ya no queremos elecciones.

Ya no queremos seguir legitimando este sistema político-partidista con elecciones que se convierten en la puerta de entrada y reacomodamiento de los poderes paralelos —crimen organizado, narcotráfico, defraudadores fiscales— que medran en las instituciones estatales desde la década de 1970.

En ese sentido, el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de atender las demandas de las mujeres y otros sectores de la sociedad civil. Estas consisten en el aplazamiento de las elecciones y una serie de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para una participación plural, es decir que incluya las voces y expresiones de los pueblos maya, xinka, garífuna y ladino/mestizo.

El Congreso carece de legitimidad, por tal razón rechazamos las negociaciones que Legislativo y Ejecutivo están realizando para modificar a la ligera y de acuerdo a sus intereses oportunistas la LEPP. Comparto la propuesta de las mujeres organizadas, feministas y académicas de que es fundamental una genuina reforma que incluya el criterio de paridad y alternancia de mujeres y hombres en la definición de candidaturas y en las estructuras de dirección de los partidos políticos.

Para la Convergencia Cívico Política de Mujeres, la paridad también debe ser extensiva a los pueblos maya, garífuna y xinka, de esta forma se fortalecerá la democracia electoral en Guatemala.

Comparto también con otros sectores (organizaciones de mujeres, estudiantes, organizaciones mayas, entre otros) las siguientes exigencias: reducción del número de diputadas y diputados al congreso, la no reelección de congresistas, alcaldes y alcaldesas, así como la elección por voto nominal (no por planilla como se hace actualmente).

En materia de campañas electorales estas deben ser financiadas con fondos públicos —no privados—, con una cobertura en los medios de comunicación equitativa y con una publicidad que evite contaminar el ambiente y permita la libre locomoción.

Asimismo debe suprimirse el Parlacen, por ser un un espacio de refugio de los delincuentes de cuello blanco. Continuaré detallando las demandas la próxima semana…

En un mes, la Cicig y el MP desmantelaron tres estructuras del crimen organizado infiltradas en las instituciones estatales. La Línea, el Bufete de la Impunidad y el fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Sin olvidar el golpe propinado en septiembre del año pasado a la banda de extorsión en el sistema penitenciario liderada por Byron Lima Oliva.

Lo que tienen en común estas redes es que entre sus cabecillas se encuentran militares retirados con antecedentes criminales que datan de décadas atrás como lo muestran las investigaciones del diario elPeriódico. Según este diario, el Centro de Medios Independientes y otros; estas redes se gestaron como parte de la política contrainsurgente que tenía como objetivo el control de las aduanas, migración y sistema de justicia. Posteriormente, fueron ampliando su ámbito de operación al resto de instituciones del Estado, convirtiéndose en un cáncer social que a través de la corrupción y la impunidad consumen al pueblo de Guatemala.

Vemos entonces a un Juan Carlos Monzón Rojas, militar dado de baja por el Ejército e implicado en la red Moreno —la antecesora de La Línea—, con historial de robar vehículos. A Juan de Dios Rodríguez, exoficial de inteligencia militar, señalado de ejecutar a personas por pensar diferente al orden establecido en tiempos del conflicto armado interno. No se diga de Byron Lima Oliva, capitán del Ejército, condenado por el asesinato del Obispo Juan Gerardi.

Hay, al menos, tres aspectos a señalar de la forma en cómo operan estas redes criminales: El primero, son personas allegadas al presidente Otto Pérez Molina y a Francisco Ortega Menaldo, exjefe del Estado Mayor de la Presidencia —actualmente SAAS— acusado de pertenecer a la criminal red Moreno. El segundo, Byron Lima y Juan de Dios, egresaron de la misma promoción en la Escuela Politécnica.

El tercero, las redes a las que pertenecían mantenían un actuar entretejido. Por eso es que contaban con los servicios del Bufete de la Impunidad que les servía de enlace con el Organismo Judicial. Así, Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la presidenta de la Cámara Penal, Blanca Stalling Dávila, y sobrino de la jueza Marta Sierra de Stalling, era el mandadero de los sobornadores en La Línea y en el IGGS.

El fraude y la ineficiencia de la droguería Pisa se cobró la vida de 15 pacientes renales y cien resultaron con serias complicaciones de salud. Ante esas graves violaciones al derecho a la salud y a la falta de una atención médica digna, Juan de Dios Rodríguez respondió que “Es normal que las personas mueran por insuficiencia renal” y “Con los enfermos renales no se puede hacer más que alargarles la vida”.

Esas injusticias del presente son la continuidad de políticas genocidas del pasado. El drama humano en el IGSS conmueve e indigna. El poder ciudadano puede sentar precedentes para que nunca más lleguen a las instituciones del Estado funcionarios repudiables que, en el pasado, segaron con balas la vida de miles de inocentes y en el presente con corrupción paulatinamente acaban con la vida de las personas.

¡El 30 de mayo vayamos a manifestar!

“El pueblo el gigante dormido ha despertado”, decía en una de las numerosas pancartas en la multitudinaria manifestación pacífica del 16 de mayo. Más de 60 mil personas llegaron a la Plaza de la Constitución, con pancartas, música, gritos, silbatos y tambores, exigían la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, la extinción de dominio para sus bienes, para los de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti Elías y a los integrantes de la red criminal La Línea. Y demandaban justicia y la devolución de todo lo que se han robado.

Si el presidente, sus asesores y quienes se consideran dueños de este país, piensan que la ciudadanía se va a conformar con la dimisión de Baldetti Elías, la manifestación del 16 de mayo mostró todo lo contrario, aumentó el número de manifestantes. En una pancarta escrita en idioma maya kaqchikel decía: “¡Xb´e äl jun, rajawaxik yeb´e konojel, ti q´at tzij chikij, tikitojo´ ti kimak!”, traducido al español sería: ¡Ya se fue una, es necesario que se vayan todos, que sean juzgados, que sean condenados!

Con consignas similares a la anterior, la ciudadanía exige que se investigue, juzgue y condene a las funcionarias y funcionarios corruptos: congresistas, alcaldes, ministras, ministros, gobernadores departamentales; así como al sector empresarial.

El pueblo exige la depuración radical del Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el gigante dormido que ya despertó, demanda que lleguen a las instituciones del Estado funcionarias y funcionarios responsables, con ética, que no se vendan al mejor postor, que cumplan con el principio democrático de servir al pueblo, no que se sirvan de nosotros robando impuestos.

La ciudadanía rechaza a los partidos políticos corruptos, oportunistas, racistas, sexistas y clasistas que no han democratizado su estructura interna, por eso, demanda una reforma de fondo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos; asimismo rechaza la reelección de alcaldes, diputadas y diputados.

Si el presidente renunciara, la ciudadanía debe estar vigilante para que las y los congresistas que venden dignidades, y exigirles que no vuelvan a nombrar a otra persona que no representa ni el sentir ni el pensar de las mayorías siempre excluidas en Guatemala, tal como lo hicieron con Alejandro Maldonado Aguirre.

En el pasado, este vicepresidente estuvo vinculado con el ultraconservador Movimiento de Liberación Nacional, que se autodenominó: partido de la violencia organizada; fue uno de los que anuló la sentencia dictada el 10 de mayo de 2013 contra el general retirado, José Efraín Ríos Montt, por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, perpetrados entre marzo de 1982 a agosto de 1983 contra el pueblo Maya Ixil.

Es necesario que cuidemos las jornadas ciudadanas de abril y mayo, leamos entre líneas los mensajes que han empezado a aparecer en algunos medios de comunicación que pretenden decirnos lo que debemos hacer e instrumentalizarnos; estar alertas y no dejarnos llevar por sectores que pretenden aprovecharse de este movimiento social para sus intereses particulares y dejando a un lado los cambios estructurales que exige esta Guatemala multicultural y multilingüe.

El pueblo multilingüe y multicultural guatemalteco ha despertado de ese profundo letargo en que estaba sumido, ha dado muestras contundentes de un despertar ciudadano enérgico. Por eso, cuando se hizo pública la desarticulación de la red criminal La Línea, no se conformó con expresar a través de las redes sociales su hartazgo e indignación ante la desmedida corrupción e impunidad y las políticas de expolio y explotación de la fuerza laboral que desangran a las mayorías excluidas en Guatemala. La ciudadanía se armó de valor y salió a las calles a exigir la renuncia del binomio presidencial.

Sin duda, el movimiento #RenunciaYa es una fuerza contagiosa que no solo se ha extendido hacia varios departamentos del país, se ha convertido en una fuerza social transfronteriza que ha tenido eco a nivel internacional; guatemaltecas y guatemaltecos que viven en Inglaterra, México, Argentina, Austria, Tanzania, Estados Unidos, entre otros, también se han sumado a la exigencia de la renuncia de Baldetti y Pérez Molina por los altos niveles de corrupción, represión e impunidad que ha caracterizado a su gobierno.

Tras la renuncia de la ex vicepresidenta Baldetti Elías, la ciudadanía guatemalteca ha logrado dar un primer paso decisivo; con ello ha mostrado su fuerza poderosa, creativa, aglutinante, perseverante y pluralista, que se vio reflejada en las manifestaciones pacíficas del 25 de abril, 2, 8 y 9 de mayo, así como la inmensa y plural marcha del 1 de mayo y la acción de protesta que realizaron los 48 cantones maya k´iche´ de Totonicapán el 4 de mayo.

Con esas acciones político-reivindicativas la ciudadanía está demostrando que no se conformará con la renuncia de Baldetti; eso fue evidente el vienes 8 de mayo por la tarde-noche y el sábado 9 por la tarde. Para la ciudadanía ha quedado claro que ella no es la única presunta implicada en la estructura criminal de defraudación fiscal y contrabando, tampoco es la única que se ha enriquecido ilícitamente. El presidente Otto Pérez también puede estar implicado y ser tan responsable del monstruoso descalabro de las arcas del Estado.

Las manifestaciones continuarán, que no le quede la menor duda al señor presidente. La convocatoria para la manifestación pacífica programada para el 16 de mayo se mantiene y se espera que la ciudadanía otra vez salga a las calles a demandar la renuncia de Pérez Molina y a expresar su rechazo a la represión, las injusticias sociales, la impunidad y los deleznables actos de corrupción.

Con ese enérgico y pluralista despertar, miles de ciudadanas y ciudadanos han expresado que no descansarán en sus demandas hasta que no se realicen reformas de fondo en las estructuras del Estado guatemalteco: sistema de partidos políticos, sistema económico, Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Ejército y organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde las redes criminales se enquistaron desde hace décadas.

Ahora bien, esta efervescencia social y pluralista puede converger en una plataforma que aglutine las voces críticas y convertirse en un actor social capaz de articular la indignación en propuestas que conduzcan a acciones concretas.

En la ciudad capital y en varias cabeceras departamentales continúan las manifestaciones pacíficas, plantones y un grupo de personas está en huelga de hambre para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. Pero el binomio tal si no escuchara el claro mensaje de la ciudadanía, sigue haciendo de las suyas en la Casa Presidencial. Le siguen dando rienda suelta a su política militarista y racista de reprimir y criminalizar a la ciudadanía que reclama sus derechos y toma acciones ante el engaño de empresas extractivas violadoras de derechos fundamentales.

En febrero de este año, la empresa Hidro Xacbal Delta suscribió un convenio con la aldea Sotzil, del municipio de Chajul, Quiché. En aquel momento, la empresa asumió el compromiso de resarcir con Q10 mil a cada una de las 253 familias maya ixil si permitían el paso por terrenos comunitarios de maquinaria que se utilizaría para la construcción de la hidroeléctrica. La comunidad cumplió con lo acordado. Pero la empresa que debía realizar el pago el 26 de abril, impunemente incumplió.

Ante semejante incumplimiento, la aldea organizada de Sotzil se indignó y el 28 de abril nuevamente bloqueó el camino en señal de protesta. El gobierno de Otto Pérez no exigió a la empresa Hidro Xacbal Delta que resarza a las 253 familias maya ixil afectadas por la construcción de la hidroeléctrica. Por el contrario, respondió con violencia, aproximadamente 200 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y 34 radiopatrullas desalojaron violentamente a las personas. En ese violento desalojo fueron capturados Pedro Pacheco Solano, Bonifacio Itzep Mateo y Baltazar Zúñiga.

Al reprimir a la aldea Sotzil, el gobierno ha preferido proteger los intereses de esa empresa extranjera como lo ha hecho con otras empresas extractivas a lo largo y ancho del país.

Por otro lado, si la PNC solo tenía que desalojar a quienes manifestaban en el camino, ¿cómo se explica que prepotente y abusivamente avanzó para invadir la comunidad de Sotzil? Ante tal abuso de poder, la población de la cabecera municipal de Chajul se indignó y salió a la carretera para protestar.

Las fuerzas policiales en vez de retirarse del municipio de Chajul, otra vez arremetieron contra las y los manifestantes, con golpes y el uso excesivo de bombas lacrimógenas disolvieron la protesta y, con el apoyo del Ejército, persiguieron a la población en protesta. Se reportaron niñas, niños y mujeres con señales de intoxicación a consecuencia de bombas lacrimógenas que cayeron en las casas.

Durante los años más sangrientos y oscuros de la política genocida de la década de 1980, en la aldea Sotzil y comunidades aledañas, el Ejército cometió atroces masacres. En tal sentido, difícilmente se puede negar que ese violento operativo policial nuevamente ha removido las heridas emocionales, psicológicas y los traumas del terrorismo de Estado que golpeó fuertemente al pueblo maya ixil.

Por ello, el uso desmedido y abusivo de las fuerzas policiales y antimotines contra la comunidad Sotzil debe ser analizado más allá del contexto de la construcción de la Hidroeléctrica Xacbal Delta.

Miles de mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes, ancianas y ancianos acudieron el sábado 25 de abril a la Plaza de la Constitución. Fueron a manifestar porque se cansaron de la sistemática corrupción, represión e impunidad del gobierno presidido por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. No solo manifestaron su indignación, exigieron la renuncia del binomio y rendición de cuentas ante la justicia. También demandaron justicia para esta Guatemala lacerada por esa clase política corrupta y sus oscuros financistas que apestan a podredumbre.

La ciudadanía dejó claro que está harta y no tolerará más mentiras, abuso de poder, injusticias, robos descarados, burlas y traiciones.

Tras el tremendo escándalo en la SAT, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) tiene ante sí el desafío de profundizar y ampliar sus investigaciones para continuar con el desmantelamiento de esas estructuras ilícitas infiltradas en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y llevan décadas vegetando en las instituciones gubernamentales a costa de los impuestos de las guatemaltecas y guatemaltecos.

Es indignante ver que en las distintas instancias del Organismo Judicial (OJ) hay juezas y jueces sin ética que hacen apología del delito. Por ejemplo, la jueza Marta Sierra de Stalling, titular del Juzgado Octavo de Instancia Penal, otorgó arresto domiciliario y fianzas de entre 200 y 250 mil quetzales a los principales supuestos cabecillas de la peligrosa red criminal La Línea. Con esa absurda decisión la jueza no solo privilegió sino elogió a los principales dirigentes de esa mafiosa red criminal que nos robó millones de quetzales.

Por otro lado, la Cicig en coordinación con el Ministerio Público tendrá que orientar líneas de investigación para dar con los empresarios corruptos que fueron cómplices del millonario saqueo al erario nacional, porque no pueden quedar en la impunidad. Hay corruptos porque hay corruptores. Esos deleznables flagelos sociales hay que arrancarlos de raíz, solo de esa manera se podrá erradicar la corruptela y la impunidad en Guatemala.

Ante el caos social, político y económico que impera en el país, la ciudadanía multicultural guatemalteca tiene el desafío de continuar con el camino que inició el pasado 25 de abril. La manifestación solo fue el inicio de enormes retos, pero también de grandes oportunidades para cambiar el rumbo de nuestro presente y futuro.

Es la oportunidad para que la ciudadanía plantee propuestas inteligentes y creativas para la construcción de espacios pluralistas que permitan tejer un sistema político digno e íntegro, sin la injerencia de los actuales partidos políticos cínicos y oportunistas.

Salir de la apatía e indiferencia fue un paso decisivo, fue la expresión del deseo y las ganas de cambiar la historia de este país. Con esa indignación que busca nuevos horizontes para un genuino florecimiento de la justicia y la paz social, se necesitan acciones y compromisos a partir de una ética política plural e incluyente que entienda la política como el arte de gobernar y no la politiquería como las mañas para robar, mentir y enriquecerse ilícitamente.

Después de una exhaustiva investigación, la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y el Ministerio Público (MP) desarticularon la red criminal La Línea, dirigida presuntamente por el militar dado de baja por el Ejército Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías; Salvador Estuardo González, presidente del diario Siglo 21, y Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias Teniente Jerez desde su participación en la mafiosa red Moreno, dedicada al contrabando en la década de 1990.

La Línea se dedicaba a la defraudación fiscal y al contrabando en las principales aduanas de nuestra Guatemala. Ahora Monzón Rojas es prófugo de la justicia guatemalteca y buscado por la Interpol.

También fueron capturados y ligados a proceso el superintendente y el exsuperintendente de la SAT —elegidos por el presidente—, y son señalados por su supuesta participación en esa banda criminal que defraudó millones de quetzales al Estado de Guatemala.

Ante semejante desfalco cabe preguntarse, ¿cómo esa organización criminal pudo dedicarse a la defraudación aduanera y al contrabando en las narices de la vicemandataria?, ¿cómo el mandatario declaró desconocer lo que hacían sus funcionarios de confianza en “sus tiempos libres”?

La Línea no es la primera estructura criminal desarticulada en la actual administración gubernamental. En septiembre del 2014, la Cicig y el MP lograron desmantelar en el Sistema Penitenciario (SP) una red criminal que se dedicaba a la extorsión, corrupción y lavado de dinero a costa de los reos. El militar Byron Lima es acusado de dirigir esa estructura criminal, y está en prisión porque fue hallado culpable por el asesinato de monseñor Juan Gerardi Conedera.

El gobierno de Pérez Molina arrogantemente se ha opuesto a la prolongación del mandato de la Cicig en Guatemala. Pero si no fuera por la estrecha coordinación de este ente internacional con el MP en la realización de rigurosas investigaciones, jamás se habría descubierto a esas espeluznantes redes de mafias incrustadas en las estructuras del Estado.

Es evidente que Baldetti Elías y Pérez Molina no tienen vergüenza, de lo contrario ya hubieran renunciado a sus cargos por respeto a la ciudadanía que les dio su voto de confianza en las elecciones realizadas el 16 de noviembre del 2011.

Es comprensible ver en las redes sociales la indignación de la ciudadanía y varias convocatorias para participar en manifestaciones pacíficas para exigir la renuncia de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Para el 25 de abril a las 15:00 horas se ha convocado a una manifestación pacífica para exigir que renuncien y que sean investigados. Se recomienda que se evite quemar llantas y menos realizar actividades que pongan en riesgo el carácter pacífico de la manifestación.

Es obligación y derecho de las guatemaltecas y guatemaltecos salir a las calles a manifestar su descontento y repudio por tanto abuso de poder, mentiras e impunidad. Pero es importante que la ciudadanía no pierda de vista que exigir la renuncia de Baldetti y Pérez Molina no significa que se tenga que convocar a una nueva asamblea nacional constituyente.

El Tribunal Supremo Electoral fue creado en 1983, es la máxima autoridad en materia electoral, tiene la facultad de realizar la convocatoria a elecciones generales. También, tiene la responsabilidad de garantizar que el proceso electoral se realice de manera transparente y democrática, tal como se establece en la Constitución Política y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Sin embargo, a menos de un mes para la convocatoria a elecciones generales, el TSE está siendo fuertemente atacado por partidos politiqueros que pretenden socavar la debilitada institucionalidad democrática en Guatemala.

El TSE ha tomado decisiones contundentes y oportunas para evitar que los partidos politiqueros continúen y le den rienda suelta a sus acciones mañosas que ponen en riesgo la democracia electoral. Así, emitió el Acuerdo 1-2015 para impedir el cambio de residencia a otros municipios. Esto con el fin de evitar el traslado de votantes para las elecciones generales y del Parlamento Centroamericano que se realizarán el próximo 6 de septiembre. En reacción a esta medida, la asociación Ayuda al Ciudadano, presentó un antejuicio contra la magistrada María Eugenia Mijangos y contra los magistrados Julio Solórzano y Mario Ismael Aguilar Elizardi, porque supuestamente esa decisión atenta contra el derecho a la libre locomoción.

El 10 de marzo del presente año, el TSE emitió el Acuerdo 67-2015, para amonestar públicamente a los partidos y advirtieron a organizaciones y fundaciones que respaldan a las agrupaciones políticas que cesaran las prácticas de campaña anticipada. Asimismo en dicho Acuerdo hace un llamado a cesar la actitud de algunos funcionarios que, amparados en la promoción de obras públicas, promocionan también su imagen personal.

Por realizar campaña anticipada fueron amonestadas varias agrupaciones político-partidistas y el artículo 1 del Acuerdo 67-2015 permite mencionarlas, estas son: Patriota (PP), Libertad Democrática Renovada (Líder), la coalición Compromiso, Renovación y Orden (Creo)/Partido Unionista (Pu), Todos, UNE, FCN, Encuentro por Guatemala (EG), Partido Republicano Institucional (PRI), UCN, PAN, ANN.

Como la magistrada María Eugenia Mijangos y los magistrados Julio Solórzano y Mario Ismael Aguilar Elizardi votaron a favor de la aprobación del Acuerdo 67-2015, la Fundación Identidad Nacional (Fidenti) con claros vínculos con el partido (Líder), promovió otro antejuicio contra estas autoridades.

Pero lo que más indigna es la actitud servil de la Corte Suprema de (in)Justicia al darle trámite a esos antejuicios a todas luces ilegales y abusivos. De esta manera, nuevamente es posible ver que el sistema de justicia está cooptado por poderes fácticos que pretenden ampararse en la impunidad para retorcer las leyes a su sabor y antojo.

Ya es tiempo de que la ciudadanía salga de la indiferencia y manifieste públicamente su rechazo a esas formas antidemocráticas que ponen en riesgo la democracia electoral y con ello el estado de Derecho en Guatemala.

Ahora que el TSE está trabajando por el fortalecimiento de la institucionalidad electoral, lo están amedrentando. Pronunciémonos contra esos actos espurios.

La injerencia de los poderes fácticos en el Organismo Judicial (OJ) está a la orden del día. Desde las entrañas mismas del sistema judicial se está acosando a jueces y jueces íntegros y comprometidos. Los más recientes casos son los de Patricia Gámez y Jenny Molina, a quienes el presidente del OJ, Josué Baquiax, ha decidido trasladar de locación sin causa justificada. En el caso de la primera, jueza de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez, tras renovar su mandado se ha querido trasladarla a Huehuetenango. La segunda, jueza de Primera Instancia de Familia de Santa Rosa, ha sido asignada a un juzgado civil en Petén. Preocupa que Baquiax las mueva a lugares distantes de sus domicilios.

Llama la atención que la orden de traslados injustificados sea dirigida a juezas y jueces que apoyaron y acompañaron a la exmagistrada Claudia Escobar, quien se atrevió a denunciar públicamente el tráfico de influencias y la corrupción del proceso de elección de magistradas y magistrados a las Cortes y Salas de Apelaciones realizado en el 2014.

Asimismo, se están tomando medidas para vedar el desarrollo y desempeño profesional de estas juezas y jueces, como el caso de Marco Antonio Villeda, impulsor del primer juzgado de Extinción de Dominio en Guatemala, a quien la Cámara Penal del OJ no le autorizó viajar a Panamá para participar como docente en una conferencia regional de extinción de dominio organizada por el Sistema de Integración Centroamericana (Sica).

Del lado de la ciudadanía sigue la judicialización de líderes y lideresas opuestos a los proyectos extractivos. El 24 de marzo Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, líderes maya q´anjob´al, fueron detenidos en la ciudad capital por los supuestos delitos de coacción, amenaza, incendio y detenciones ilegales en la Finca San Luis, ubicada en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango. Hechos ocurridos el 2 de diciembre del 2013.

Lo contradictorio es que el juez de Instancia Penal de Santa Eulalia, Otto Felipe Velásquez, viajó desde ese lejano municipio para escuchar la primera declaración de los detenidos realizada el 27 de marzo en la Torre de Tribunales. Él justificó su venida al expresar: “Vine para asegurar el debido proceso de los sindicados y para que se respeten sus derechos”. Al no encontrar suficientes elementos de prueba por los delitos que les imputaba el MP, el juez les dictó arresto domiciliario, ello implicaba que Juárez y Baltazar deberían firmar cada quince días en el juzgado de Santa Eulalia.

Sin embargo, cuando ambos líderes se preparaban para salir de la Torre de Tribunales, agentes del DEINC los capturaron nuevamente. La orden de detención la emitió el mismo juez Velásquez el 25 de marzo del 2015. Ahora los acusan de los delitos de plagio, secuestro e instigación para delinquir. Supuestamente estos delitos fueron cometidos por Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar el 23 de enero del 2014.

Contra Rigoberto Juárez Mateo hay otras once acciones legales. Lo más indignante es que el MP pida que el caso lo conozca un juzgado de Mayor Riesgo de la capital.

Entonces, cabe preguntarse ¿cuándo la justicia se independizará de los poderes oscurantistas?

En estos tres años de gobierno, el general retirado Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti Elías y el Partido Patriota se han dedicado a profundizar la faceta represiva de la supuesta etapa democrática que vivimos desde 1985. El autoritarismo que ejerce el oficialismo, ahora en alianza descarada con el Partido Líder, está atizando el fuego del descontento social. Con ello estamos retrocediendo vertiginosamente a las décadas de 1970-1980, cuando el despotismo de Estado alcanzó su máxima expresión en el país.

Ya no es ningún secreto que funcionarias y funcionarios han tomado y toman decisiones inconstitucionales y amañadas en el Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En suma son decisiones arbitrarias que lejos de tender al bien común, han remilitarizado el país, criminalizado y judicializado la lucha social, así como puesto a Guatemala en las fauces de las grandes empresas expoliadoras y violadoras de derechos humanos.

Un ejemplo son las hidroeléctricas que se están construyendo en distintos puntos del territorio nacional, las cuales responden casi exclusivamente al objetivo de abaratar los costos de producción de los proyectos mineros, así como vender energía eléctrica a México y el resto de países centroamericanos. Contrariamente, en pleno siglo XXI, un gran porcentaje de población rural del país no tiene acceso a la energía eléctrica que es un derecho social básico.

Del lado de la criminalización y judicialización los ejemplos más recientes son los de la lideresa maya kaqchikel Bárbara Díaz Surín y las autoridades comunitarias Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar. La primera, lleva más de cinco meses en prisión por defender a San Juan Sacatepéquez de la imposición de la minería de cemento.

Los segundos son líderes de los pueblos q’anjob´al, chuj, akateko, popti’ y mestizo de 16 municipios de Huehuetenango. El 24 de marzo la PNC los capturó sin mostrarles ninguna orden de juez competente —lo mismo le pasó a Bárbara Díaz—. Todo por oponerse a la hidroeléctrica San Luis y otros proyectos extractivos en ciernes. Además, son fundadores de la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob, cerrada despóticamente hace tres meses por el alcalde de Santa Eulalia, Diego Marcos Pedro, su corporación municipal y gente allegada a él.

Agrava la vulneración de sus derechos, que la captura fuese realizada en la ciudad capital, mientras estos líderes buscaban denunciar ante el sistema legal los continuos atropellos sufridos por las autoridades comunitarias y personal de la radio cerrada a manos del alcalde de Santa Eulalia y su rosca de poder. El más reciente hecho fue el 19 de marzo, cuando periodistas independientes y autoridades fueron amenazados y sufrieron agresiones verbales y físicas durante una ceremonia pública para la reapertura de la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob.

El presidente Otto Pérez Molina supuestamente ha hecho un llamado para que se respete la libre emisión del pensamiento, pero su ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, arbitrariamente dio vida a la “Fundación contra el terrorismo mediático”. El mandatario debe derogar inmediatamente ese engendro que pretende arremeter contra el derecho a la libertad de expresión.

El periodista Danilo López y el reportero Federico Salazar, corresponsales de Prensa Libre y Radio Nuevo Mundo, respectivamente, fueron asesinados el 10 de marzo frente a las narices de la PNC, en la Gobernación Departamental de Suchitepéquez, en Mazatenango. En ese crimen también resultó herido de gravedad el reportero Marvin Túnchez, de un medio local.

Desde el 2008 Danilo López había denunciado fuertes amenazas de parte de las autoridades locales y departamentales, debido a sus publicaciones sobre actos de corrupción, malversación de fondos y abuso de poder en varios municipios de dicho departamento. Sin embargo, en vez de que el Gobierno protegiera su integridad física, lo dejó abandonado.

La violencia que azota al gremio periodístico en ese departamento va en aumento, pues cuatro días después, el 13 de marzo, el comunicador social Guido Armando Giovanni Villatoro fue asesinado cuando salía del canal local Servicable, donde laboraba, en el municipio de Chicacao.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, se limitó a expresar que el Ministerio Público avanza en las investigaciones por el asesinato de los tres periodistas. Sin embargo, en el 2013, cuando fueron asesinados cuatro periodistas en Jutiapa, Mazatenango y Zacapa, espeluznantemente afirmó que esos ataques “obedecieron a motivos de tipo personal”. Con esas declaraciones López Bonilla justificó los homicidios y los feminicidios que se han cometido y cometen en Guatemala. Ningún asesinato ni feminicidio puede ser justificado por el ministro de Gobernación, quien tiene la obligación de velar por la seguridad y la libertad de la ciudadanía.

El Gobierno se ha mostrado insensible ante el daño emocional y físico que han sufrido periodistas y reporteros que han sobrevivido a ataques armados, serán huellas que marcarán el resto de sus vidas; lo mismo ocurre con las familias de ciudadanas y ciudadanos que perdieron la vida en forma violenta en Guatemala.

Es innegable que los asesinatos, atentados y amenazas que se cometen contra profesionales de la comunicación buscan restringir y censurar el derecho a la libre emisión del pensamiento y acallar a las voces críticas. Pero más preocupa que esas agresiones de censura y amenazas provengan de autoridades locales y departamentales impunes, corruptas y deleznables.

El abuso de poder, por parte de autoridades municipales y departamentales, es un flagelo que se ha extendido en distintos puntos de Guatemala. En enero del año en curso, el alcalde Diego Marcos, su corporación municipal y gente allegada a él, cerraron arbitrariamente la radio comunitaria Snuq Jolom Konob’, en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango. Las agresiones y amenazas no han cesado, el 19 de marzo impidieron la reapertura de esa importante emisora local y agredieron físicamente a Jeff Abbott, de Prensa Opal Chile, y a Lucía Ixchíu, de Prensa Comunitaria.

Si los sectores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y toda la ciudadanía no tomamos las calles para exigir el respeto a la libre emisión del pensamiento y el fin de la impunidad, la democracia que pende de un hilo, corre el riesgo de desplomarse.

Antes de la proclamación del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres, muchos pueblos a nivel mundial ya conmemoraban el Día de las Mujeres. El pueblo maya al elaborar su calendario basado en una epistemología que contempló conocimientos matemáticos, astronómicos, ecológicos, políticos y filosóficos, también instituyó el día B’elejeb’ B’atz’ que significa 9 hilos. Este día está dedicado para el reconocimiento del aporte de las mujeres al desarrollo social, político, económico, astronómico, educativo y agroecológico de los pueblos.

B’atz’ es un concepto polifacético: simboliza el desarrollo cíclico de la historia de la humanidad y su intrínseca relación con el tiempo y el espacio. Representa el cordón umbilical y simbólicamente es uno de los principios de la conciencia de ser y estar en un lugar y tiempo determinados. B’atz’ también significa el tiempo infinito de la inteligencia, la conciencia, la sabiduría y la capacidad humana para crear y armonizar ideas, pensamientos, emociones a través del dibujo, la pintura, la música, el tejido, las danzas, la escritura, la literatura, entre otros.

En el marco del B’elejeb’ B’atz’, saludo a las mujeres mayas, ladinas/mestizas, xinkas y garífunas que de manera individual y colectiva han sembrado y siembran semillas de rebeldía, alegría, esperanza y perseverancia para cuestionar y transgredir la religión, el militarismo, la política, la economía, el sistema educativo, las políticas de salud y el sistema de justicia. Estos dispositivos de poder, opresión y violencias responden a los intereses de los grupos oligárquicos, las grandes empresas transnacionales y la cúpula militar que pretenden arraigar el silencio e invisibilizarnos como sujetos de derechos e impulsoras de cambios sociales y políticos.

Las sobrevivientes maya ixil y las maya q’eqchi’ de Sepur Zarco son ejemplo de valentía, perseverancia, de valor y esperanza. A pesar de esperar más de 30 años lograron que los tribunales de justicia guatemaltecos escucharan sus desgarradores testimonios, a través de los cuales evidenciaron cómo el Ejército de Guatemala recurrió a formas de violencia extrema para mancillar sus cuerpos, sus vidas y su dignidad.

A la fecha siguen a la espera de que el Estado guatemalteco cumpla con su responsabilidad de castigar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad entre los que resaltan el genocidio, la violencia y esclavitud sexual, la violencia sexual, la detención y desaparición forzada, tortura y asesinato de sus esposos.

Es de reconocer que en estos caminos difíciles recorridos por las mujeres y hombres mayas en su perseverante búsqueda de la verdad y la justicia han contado con el valioso trabajo de acompañamiento que han realizado y realizan el Bufete Jurídico de Derechos Humanos, la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (Fafg).

Estos esfuerzos nos enseñan que en la sociedad guatemalteca hay interés en que los crímenes de lesa humanidad nunca se vuelvan a repetir en Guatemala.

Conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, nos invita a dignificar la memoria de las mujeres que muchos siglos atrás se atrevieron a romper barreras y abrieron caminos para defender los derechos sexuales, la maternidad libre, la libertad sexual, la reducción de las extenuantes jornadas laborales, el derecho al trabajo digno, el derecho al voto y ocupar cargos públicos, el derecho a la formación profesional y la no discriminación laboral por maternidad o por prejuicios de género y étnico-raciales.

Es fundamental que nunca olvidemos los trágicos orígenes de esta conmemoración. El 25 de marzo de 1911, durante una huelga en la fábrica de confección de camisas Triangle Waist Co en Nueva York, murieron 123 trabajadoras jóvenes, la mayoría migrantes de Europa del Este e Italia. El incendio se le atribuyó al dueño de la fábrica como represalia a la huelga. Es considerado el desastre industrial más mortífero en la historia de la ciudad de Nueva York y el cuarto en el número de muertes de un siniestro industrial en la historia de Estados Unidos.

Si bien el desastre en la fábrica confeccionista Triangle Shirtwaist obligó a realizar importantes cambios legislativos en las normas de seguridad y salud en materia laboral e industrial, esos cambios aún no llegan a Guatemala, mujeres y jóvenes son el rostro del desempleo y la explotación laboral.

Aunque en la Constitución Política de Guatemala se establece que los hombres y las mujeres son libres e iguales en dignidad y derechos, y que ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad (Art. 4). En este país injusto y desigual las mujeres y las niñas no gozan de sus derechos sociales básicos. Y si hablamos de seguridad ciudadana para las mujeres, basta con ver los altos índices de femicidio.

Como si nada pasara, el gobierno de Otto Pérez y el Partido Patriota repiten como loros su trillado discurso que atraer la inversión extranjera genera fuentes de empleo. Y los grupos oligárquicos aglutinados en el Cacif insisten en afirmar que son los principales motores del “desarrollo y progreso” de Guatemala. Pero la realidad revela un panorama tétrico: el desempleo va en aumento, los finqueros y la industria maquiladora pagan salarios miserables, especialmente a las mujeres y a la población joven.

Como no hay salidas ante el hambre y la pobreza, cientos de mujeres mayas y ladino/mestizas se han visto en la necesidad de migrar hacia Estados Unidos, en búsqueda de mejores condiciones de vida. Lamentablemente el sueño estadounidense se ha truncado para muchas mujeres, en su intento de cruzar la frontera mexicana han desaparecido y sus familiares nunca más volvieron a saber de ellas.

Investigaciones que se han realizado dan cuenta que muchas mujeres han caído en manos del crimen organizado. Sin embargo, en los medios de comunicación masivos no se traslada información sobre este doloroso drama humano.

A pesar de las políticas de discriminación estructural, es importante reconocer que en Guatemala y en la mayoría de países a nivel mundial las mujeres continúan reivindicando sus derechos ciudadanos.

Desde el 2 de marzo del 2012, los pueblos ladino/mestizo y maya kaqchikel de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, a través de su incalculable e incansable esfuerzo y trabajo comunitario-familiar, han mostrado que jamás claudicarán en su acción reivindicativa de vivir en un ambiente sano libre de contaminación. Su consigna es clara: se oponen a las operaciones de la mina El Tambor o Progreso Derivada VII en sus territorios, porque avizoran que las pocas fuentes acuíferas con las que cuentan serán contaminadas por el arsénico y otros químicos utilizados para la extracción de oro y plata.

Como varios pueblos perjudicados por el extractivismo, las hidroeléctricas o la palma africana, estos pueblos son agrícolas, por tanto, defienden su derecho a la soberanía alimentaria que implica no sólo la cantidad, suficiencia y disponibilidad de los alimentos, sino la garantía de la salubridad de los mismos que no es más ni menos que la calidad e higiene del maíz, el frijol, las hortalizas, las frutas, por poner algunos ejemplos.

Sin embargo, por defender sus derechos fundamentales, el 7 de diciembre del 2012, esta resistencia social sufrió un intento de desalojo violento por parte de las fuerzas antidisturbios de la PNC. En ese mismo año, Yolanda Oquelí, una de la lideresas de este movimiento fue víctima de un atentado, pero el sistema de justicia no ha esclarecido el crimen. Luego, el 27 de mayo del 2014, agentes policiales desalojaron violentamente a integrantes de esta resistencia.

Esta resistencia social antiminera ha tenido que luchar contra arbitrarias judicializaciones en contra de sus liderazgos. El 27 de febrero de este año, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal presidido por el juez Elvis Hernández absolvió a Francisco Carrillo, Eusebio Muralles, Fernando Castro Carrillo y Gregorio Catalán. Los criminalizaban por oponerse a las operaciones de la mina El Tambor. La fiscalía del MP no logró probar los delitos que les imputaba.

A pesar de la criminalización, las órdenes de captura, los procesos de judicialización, las difamaciones y los atentados que ha sufrido, con su lema: “No a la minería, sí a la vida”, La Puya ha fortalecido su espíritu de lucha, ahí continúa con su resistencia organizada, pacífica e informada en las arterias que conducen al lugar donde la empresa estadounidense Kappes Cassiday & Associates (KCA) y –Exmingua– S.A., pretenden construir la planta para la extracción de oro y plata.

En ese sentido, conmemorar los tres años de la “Resistencia Pacífica La Puya”, es reconocer la perseverancia de las mujeres, los hombres, las ancianas, los ancianos, las y los jóvenes, porque no se han doblegado ni ante la sistemática represión policial y militar ni ante los procesos de judicialización impuestas por el gobierno de Otto Pérez Molina contra las lideresas y líderes que dirigen el movimiento.

Ojalá, la valiente Resistencia La Puya sirva de ejemplo para el resto de pueblos maya, xinka y ladino/mestizo donde se han orquestado y empiezan a orquestarse desde los medios de comunicación oligárquicos, una perversa campaña de criminalización, persecución y judicialización.

Hace un siglo, el Gobierno dictatorial y entreguista de Manuel Estrada Cabrera, con su lema “orden para el progreso”, entregó grandes extensiones de nuestro territorio a compañías extranjeras. A la United Fruit Company (Ufco) le cedió mil 500 caballerías de tierra cultivable para la producción de banano en Guatemala y su posterior exportación. En 1904 entregó a esta compañía estadounidense el muelle de Puerto Barrios, las líneas telegráficas y el Ferrocarril del Norte que se construyeron con recursos económicos y la fuerza de trabajo guatemalteco. Luego la empresa estadounidense International Railways of Central América (IRCA) tomó el control del ferrocarril. La Ufco era la accionista mayoritaria de esta compañía.

La Ufco se convirtió en una fuerza económica y política dominante en Guatemala, en otros países latinoamericanos y en El Caribe. En Centroamérica llegó a controlar más del 40% de tierras cultivables. El robustecimiento del poder económico y político de la Ufco fue posible por la continuidad de la política del trabajo forzado en las plantaciones bananeras.

Así las cosas, el gobierno entreguista del general retirado Otto Pérez Molina; la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías y el Partido Patriota pretenden imponer el salario mínimo diferenciado consistente en Q1 mil 250 mensuales para el trabajo de industria de manufactura ligera. Si el salario mínimo nacional que oscila entre Q2 mil 083 y Q2 mil 650 ya es insuficiente ¿cómo se puede justificar semejante salario de hambre?

Hoy, esta política de esclavitud solapada está afectando a los municipios de Acasaguastlán y Guastatoya, El Progreso, así como en Estanzuela, Zacapa, y Masagua, Escuintla. Si no se deroga el salario mínimo diferenciado, mañana se reinstauraría y legitimaría el trabajo forzado al que pusieron fin los gobiernos de la primavera democrática (1944-1954), Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Árbenz Guzmán.

Desde hace siglos las élites políticas y las grandes empresas transnacionales se han jactado de ser los promotores del desarrollo. Pero lo que no dicen es que promueven su propio desarrollo económico, social y político a costa de violar los derechos laborales de las mayorías excluidas en Guatemala.

Es absurdo que para atraer la inversión extranjera, el gobierno de Otto Pérez imponga salarios de hambre y la gente históricamente excluida en este país, por necesidad, tenga que realizar trabajos catalogados de “industria ligera” cuando en realidad se trata de trabajos monótonos y estresantes.

Hace un siglo, el Gobierno dictatorial y entreguista de Manuel Estrada Cabrera, con su lema “orden para el progreso”, entregó grandes extensiones de nuestro territorio a compañías extranjeras. A la United Fruit Company (Ufco) le cedió mil 500 caballerías de tierra cultivable para la producción de banano en Guatemala y su posterior exportación. En 1904 entregó a esta compañía estadounidense el muelle de Puerto Barrios, las líneas telegráficas y el Ferrocarril del Norte que se construyeron con recursos económicos y la fuerza de trabajo guatemalteco. Luego la empresa estadounidense International Railways of Central América (IRCA)  tomó el control del ferrocarril. La Ufco era la accionista mayoritaria de esta compañía.  

La Ufco se convirtió en una fuerza económica y política dominante en Guatemala, en otros países latinoamericanos y en El Caribe. En Centroamérica llegó a controlar más del 40% de tierras cultivables. El robustecimiento del poder económico y político de la Ufco fue posible por la continuidad de la política del trabajo forzado en las plantaciones bananeras.

Así las cosas, el gobierno entreguista del general retirado Otto Pérez Molina; la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías y el Partido Patriota  pretenden imponer el salario mínimo diferenciado consistente en Q1 mil 250  mensuales para el trabajo de industria de manufactura ligera. Si el salario mínimo nacional que oscila entre Q2 mil 083  y Q2 mil 650  ya es insuficiente ¿cómo se puede justificar semejante salario de hambre?

Hoy, esta política de esclavitud solapada está afectando a los municipios de Acasaguastlán y Guastatoya, El Progreso, así como en Estanzuela, Zacapa, y Masagua, Escuintla. Si no se deroga el salario mínimo diferenciado, mañana se  reinstauraría y legitimaría el trabajo forzado al que pusieron fin los gobiernos de la primavera democrática (1944-1954), Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Árbenz Guzmán.

Desde hace siglos las élites políticas y las grandes empresas  transnacionales se han jactado de ser los promotores del desarrollo. Pero lo que no dicen es que promueven su propio desarrollo económico, social y político a costa de violar los derechos laborales de las mayorías excluidas en Guatemala.

Es absurdo que para atraer la inversión extranjera, el gobierno de Otto Pérez imponga salarios de hambre y la gente históricamente excluida en este país, por necesidad,  tenga que realizar trabajos catalogados de “industria ligera” cuando en realidad se trata de trabajos monótonos y estresantes.

El reporte médico indica que se intoxicaron y quedaron inconscientes por ingerir alcohol mezclado con benzodiacepina, un químico sedante.

Una trabajadora de la  Usac, quien pidió omitir su nombre, denunció vía telefónica a Radio Emisoras Unidas que observó cómo los encapuchados obligaron a las y los estudiantes a ingerir un brebaje, cuando las víctimas yacían en el suelo por los efectos de la sustancia que bebieron les propinaron golpes, entre ellas había mujeres.

A tal extremo han llegado las violaciones a los derechos fundamentales en esa casa de estudios que, en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH),  se ha presentado una denuncia por violación sexual.

A raíz de semejantes atropellos, el rector Carlos Alvarado Cerezo  advirtió de   que sancionará a quienes participen en los “bautizos”. Pero, los malhechores que dirigen esos humillantes actos hicieron oídos sordos a la disposición de la autoridad universitaria. En algunas facultades expulsaron y amenazaron a periodistas y reporteros gráficos que cubrían esos actos de barbarie. Sin duda, para que sus actos queden impunes.

Si las autoridades universitarias prohibieron estas prácticas denigrantes en el 2011, ¿cómo se explica su continuidad?  ¿Por qué se justifica que estudiantes de primer ingreso sufran maltrato físico y psicológico?,  si las facultades y escuelas de la Usac tienen el interés de realizar actividades genuinas de bienvenida que motive el espíritu inquieto del estudiantado que le ayude a confirmar su interés, su vocación por la carrera elegida y su compromiso por cooperar en la construcción de una sociedad justa y humana. ¿Por qué no organizan conferencias, charlas inaugurales o actividades artísticas?

Leer noticias y ver esas imágenes grotescas en los medios de comunicación y en las redes sociales que muestran actitudes insensibles, prepotentes y abusivas de los encapuchados y los mal llamados “padrinos”, causan indignación. Por ello, es  necesario denunciar y rechazar la continuidad de este flagelo social que carcome, silencia y enajena las conciencias individuales y colectivas en la única universidad estatal en Guatemala.

La Usac tiene la responsabilidad de impulsar una educación liberadora y comprometida que fomente el respeto a la dignidad humana. Necesitamos una educación que en las aulas universitarias promueva la justicia social y contribuya a desterrar la violencia estructural en nuestro país.

En el instituto Belén, el 17 de septiembre, las estudiantes del ciclo básico tuvieron que escuchar la charla que impartía un oficial sobre “liderazgo femenino”, mientras tanto cuatro soldados armados caminaban por el auditórium.

Sobre el abuso del poder militar, desde el 2012 en varias comunidades rurales del municipio de Ixcán, Quiché,  y en las 12 comunidades maya kaqchikel de San Juan Sacatepéquez, autoridades comunitarias, lideresas, líderes, madres y padres de familia denunciaron que a las escuelas han llegado militares con el pretexto de  realizar “actividades lúdicas” con las niñas y niños.

Los soldados en varios momentos han llegado a las escuelas de estas comunidades y han llevado piñatas. Refieren las autoridades comunitarias que el objetivo de la supuesta “actividad lúdica” es ganarse la confianza de la niñez; luego muestran a las niñas y niños unas listas que manejan preguntándoles por el nombre de las personas que ahí aparecen y el lugar de su residencia.

Llama la atención que el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Defensa hayan elegido a los institutos donde las y los estudiantes rechazaron de manera enérgica la supresión de la carrera magisterial. Mientras que las comunidades del municipio de Ixcán se oponen al cultivo de la palma africana y a la construcción de la represa Xalalá. Y en el caso de las 12 comunidades maya kaqchikel han rechazado y rechazan de manera contundente la minería de cemento en su territorio.

En esta misma línea de reflexión, el colmo es la descabellada iniciativa de ley presentada recientemente por el diputado Marvin Osorio, del partido Libertad Democrática Renovada (Líder)  que pretende imponer la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas públicas y privadas.

La intromisión militar y religiosa en asuntos educativos, vulnera los derechos de la comunidad educativa en Guatemala, especialmente porque atenta contra la libertad de enseñanza y criterio docente (Art. 71), restringe el fin primordial de la educación que consiste en garantizar el desarrollo integral de la persona, el conocimiento de la realidad y la cultura nacional y universal (Art. 72) y vulnera la libertad de religión (Art. 36).

Un sistema educativo bajo la bota militar y basada en el fundamentalismo religioso  pone en riesgo la democracia, la Constitución Política y el estado de Derecho en Guatemala.

Aunque el mandatario Pérez Molina y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, sostienen que hay avances en materia de seguridad ciudadana —supuestamente han disminuido los homicidios, las desapariciones y muertes violentas de mujeres, las violaciones sexuales, las extorsiones, la prostitución infantil, la explotación del trabajo infantil, la trata de personas, entre otros—, la realidad va por otro lado, a diario se cometen cada uno de estos deleznables crímenes. De acuerdo con  las estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y los registros de la Policía Nacional Civil (PNC), al finalizar   enero 488 personas murieron de forma violenta, cuatro víctimas más que en enero del  2014.

El caso más reciente de violencia feminicida es la desaparición y asesinato de la niña Luisa Fernanda Ramos Gudiel, quien tenía 14  años. A las 14  horas,  del día 26 de enero, salió de su casa ubicada en la colonia Carolingia, zona 6 de Mixco,  y ya no volvió. Los cobardes asesinos le segaron la vida con total saña, la descuartizaron y luego abandonaron partes de su cuerpo en distintos puntos de la ciudad capital.

La poca cobertura que le dieron los medios de comunicación masiva  es claro ejemplo de cómo se invisibiliza la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, quienes quedan en condiciones de total indefensión y vulneración.

Pero más preocupa ver cómo las estructuras criminales cometen estas deleznables arbitrariedades con total impunidad. Es imposible garantizar  seguridad ciudadana si no hay aplicación efectiva de la justicia, pero es a lo que no quieren apostarle las autoridades y las élites económicas y políticas de Guatemala, porque implica impulsar y fortalecer políticas de desarrollo y protección integral dirigidas a la niñez, las juventudes y las mujeres.

El 14 de enero, el gobernante Otto Pérez presentó su tercer informe de gobierno y en su discurso expresó que el 2015 sería el “Año de la no violencia”; sin embargo,  ese día fueron asesinadas 17 personas. Discursos como este insultan la dignidad de las víctimas y sus familias porque la mayoría de crímenes quedan impunes. Por eso, difícilmente se puede negar que Guatemala llora sangre, somos un país que tenemos hambre y sed de justicia, libertad y protección.  ¿Será mucho demandar que respeten nuestras vidas y nuestra dignidad?

Contrario al discurso gubernamental que insiste en afirmar que transitamos hacia la Guatemala que queremos, este es el país que NO queremos.

El caso emblemático reciente es la sentencia de 90 años dictada contra Pedro García Arredondo, exjefe del Comando Seis de la desaparecida Policía Nacional (PN). El Tribunal B de Mayor Riesgo integrado por las juezas Irma Jeannette Valdés, Sara Yoc Yoc y Eugenia Castellanos, determinó que García Arredondo ejecutó órdenes superiores para la ocupación y quema de la Embajada de España el 31 de enero de 1980. En ese trágico día 37 personas murieron calcinadas. Asimismo, fue hallado culpable del asesinato de dos estudiantes que participaban en el velatorio de las víctimas.

Aunque después de 35 años fue posible dignificar la memoria de las víctimas, esta sentencia histórica devuelve a la ciudadanía guatemalteca la esperanza de dar continuidad a los caminos recorridos e iniciar otros que conduzcan a Guatemala a una verdadera construcción de la justicia y la paz social.

También en el 2012, el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, por unanimidad condenó a García Arredondo a 70 años de prisión por la desaparición, en 1981, de Edgar Enrique Sáenz Calito, estudiante de la Universidad de San Carlos. Fue sentenciado por los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad.

Es importante celebrar que ya existen otros antecedentes en materia de justicia transicional, hablo aquí de la sentencia dictada el 2 de agosto del 2011 por el Tribunal Primero de Alto Riesgo contra los exkaibiles Reyes Collin, Daniel Martínez, Manuel Pop Sun y Antonio Carías, encontrados culpables de la masacre de 201 personas en el parcelamiento Dos Erres, La Libertad, Petén, el 7 de diciembre de 1982.

También está Sepur Zarco, donde las valientes sobrevivientes maya q’eqchi’ rompieron el silencio y venciendo al terror declararon ante la justicia guatemalteca los vejámenes que sufrieron a manos de dos militares durante el conflicto armado. El 14 de octubre del 2014, el juez Miguel Ángel Gálvez, quien preside el Tribunal de Mayor Riesgo B, después de encontrar suficientes pruebas, testimonios y argumentos, tomó la decisión de enviar a juicio oral y público al coronel retirado Esteelmer Reyes Girón y al excomisionado militar Heriberto Valdez Asij.

A Reyes Girón lo acusan de los delitos de esclavitud sexual, violencia sexual, esclavitud doméstica, asesinato y deberes contra la humanidad por tratos humillantes. Al excomisionado Valdez Asij los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad en sus formas de violencia sexual.

El exterminio de comunidades enteras y la pobreza generalizada en la que han vivido y viven las comunidades que fueron desalojadas forzosamente para la construcción de esta represa es un claro ejemplo de cómo en nombre del “desarrollo” el Estado de Guatemala ha cometido graves violaciones a los derechos humanos.

Fueron el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo los principales inversionistas de la hidroeléctrica de Chixoy, un megaproyecto de muerte y miseria  que entre 1975-1983 pusieron en marcha estos bancos internacionales en complicidad con los regímenes militares y genocidas de Fernando Romeo Lucas García y José Efraín Ríos Montt.

Las investigaciones científicas que se han realizado y las verificaciones realizadas por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales  muestran que la represa de Chixoy ha dejado al pueblo maya achi’ dolor emocional a consecuencia de los desplazamientos forzosos, una vida marcada por la extrema pobreza, profundos traumas psicosociales y psicológicos causados por los horrores que vivieron cuando el Ejército y patrulleros desaparecieron a líderes comunitarios y masacraron comunidades, así como los costos sociales, económicos y emocionales que implican vivir en tierras áridas, distantes de la cabecera municipal, sin vías de comunicación y sin acceso a los derechos sociales básicos.

El exterminio humano, el daño social y ambiental que ha dejado la represa de  Chixoy es irreparable. A pesar de la pesadilla y las atrocidades vividas por las comunidades sobrevivientes, es de reconocer su valentía y perseverancia, porque desde 1983 se organizaron en la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy (Cocahich) para demandar justicia y resarcimiento social, espiritual, emocional y mental al Estado de Guatemala, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Mundial (BM).

Tal como se establece en la Política de Reparación, la indemnización tendrá una duración de 15 años, iniciará en el 2015 y finalizará en el  2029. Ahora el desafío para estas valientes comunidades maya achi’ es lograr que el Estado guatemalteco cumpla con la implementación de la Política de Reparación, es decir, que promueva los mecanismos que permitan alcanzar el desarrollo humano, social, económico y cultural de estas comunidades.

Ojalá las comunidades continúen fortaleciendo el trabajo que vienen realizando y que en la implementación de la Política de Reparación puedan ejercer su derecho a tomar decisiones sobre ¿cuáles serán los mecanismos necesarios y las acciones a implementar?

Estas falencias y carencias nos ayudan a entender por qué Guatemala tiene el dudoso honor de ser el mayor cementerio latinoamericano de partidos políticos.

Tristemente para aspirar a una curul en el Congreso, las candidatas y candidatos tienen que pagar un precio muy alto al partido al que se adhieren. En consecuencia, la mercantilización del derecho a ser elegido se convierte en caldo de cultivo que fomenta la corrupción, la deslealtad y la enajenación política.

También  es una realidad que en Guatemala como en la mayoría de países latinoamericanos, los partidos políticos son espacios de poder donde resuenan y se imponen las voces masculinas y blancas. Ningún partido político se ha interesado en democratizar su estructura organizativa interna, lo que siempre ha predominado es el caudillaje y el caciquismo. Por esa razón, las cuotas de participación equitativa  para las mujeres, las juventudes y los pueblos maya, garífuna y xinka, son derechos que el sistema de partidos políticos se niega a reconocer.  

Por ello, cuando pienso en la podredumbre política que se desenvuelve en medio de la maquinación, pienso en el desafío que tiene la ciudadanía guatemalteca de hacer un alto frontal al aprovechamiento egoísta del poder por parte de todos los partidos políticos. Uno de los caminos es desenmascarar y transformar de raíz a esa politiquería que irrespeta los principios democráticos, carece de proyección histórica y engaña a la ciudadanía con discursos falaces.

A mi modo de ver, toda transformación política de fondo no se logrará en cuestión de meses. De nada sirve conformar nuevos partidos políticos o hacer alianzas o coaliciones entre partidos de izquierdas que prometen ser diferentes, si no democratizan sus estructuras internas. Peor aún si continúan encerrados en sus burbujas, toman decisiones unilaterales e ilusamente construyen discursos que buscan hacernos creer que nos representan a todas y todos. Con ello, cometen los mismos horrores que cuestionan.

En fin, no bastan las buenas intenciones ni los buenos discursos, se necesita tejer una acción estratégica para la formación cívico-ciudadana democrática, pluralista y humanista.

Mi querida mamá renunció a la idea de perder su cabello, la importancia de conservarlo no era un asunto de estética. Ella tuvo la certeza que cada uno de sus cabellos constituían puntos de conexión entre su cuerpo físico, espiritual, mental, energético y emocional, que su pelo era parte fundamental de su identidad política maya k’iche’.

Ella fortaleció su espiritualidad a lo largo de su enfermedad, decidió cambiar sus hábitos alimenticios y aceptó la llegada de la muerte con dignidad.

Su estoicismo ante el dolor indescriptible que sufría nos confirmó la grandeza de su poder creativo y liberador como mujer Kan. En las últimas semanas de su vida, nos dijo: “Wa´ we jun yab´il xaxqanariq”. La traducción al español es: esta enfermedad ya maduró. En todo momento nos recalcó que al llegar la hora de partir físicamente que no nos entristeciéramos, nos cuidáramos, respetáramos, apreciemos nuestras vidas y mantengamos la unidad entre hermanas y hermanos.  

Antes de partir nos regaló momentos maravillosos, a pesar del dolor que sufría, se mostró animada, en sus conversaciones nunca hizo falta el buen humor. Nos reunió a hijas e hijos para distribuir sus servilletas. De las tantas servilletas que bordó, se puede apreciar el arte y las variadas técnicas de bordado que aprendió de forma autodidacta y desarrolló con creatividad. El gusto en la combinación de diseños y colores es extraordinario y lleno de vida. Al heredarnos su creación, arte y talento nos exhortó a seguir su ejemplo de austeridad y valoración de sus bienes
materiales.

La coherencia entre su discurso y su práctica la corroboramos cuando nos recomendó que su entierro fuera alegre, acompañándola de la casa a la iglesia y de la iglesia al cementerio, con cánticos y música alegre.

Estamos convencidas y convencidos que la alegría, la luz, la sabiduría y la inteligencia de nuestra madre brillará en nuestros corazones y en nuestras mentes. Nos queda dignificar su memoria a través de cultivar, cuidar y hacer florecer en nuestras vidas, su talento, energía, esencia humana tal cual lo hizo con su sabiduría, sus conocimientos y habilidades en el bordado, la costura y el cultivo de flores, hierbas aromáticas y árboles frutales.

Desde entonces, las tres corporaciones municipales y los gobiernos de turno que se han sucedido en el poder, lejos de velar por los derechos de la ciudadanía, con actitud servil han preferido proteger los intereses de esta empresa expoliadora.  

En el 2013, mientras el Consejo Maya y Popular (Comap)  estaba realizando gestiones en el Fondo de Tierras, se llevó la desagradable sorpresa de que la empresa palmera Naturaceites, S.A., usurpó 2.5 caballerías de terreno en el área urbana del municipio de Fray Bartolomé de Las Casas. En ese espacio territorial  se ubican: el cementerio, el mercado municipal, el predio donde está la oficina de la municipalidad, el campo de la feria, el salón municipal, la pista de aterrizaje, las instalaciones de la Coordinadora Técnica Municipal y cientos de terrenos habitados por familias que desde hace años están tramitando sus títulos de propiedad.

Esta empresa no solo despojó las 2.5 caballerías de terreno, sino las hipotecó junto a otras cinco fincas al Bancolombia, con sede en Panamá. La hipoteca, que asciende a US$8 millones, se pagará hasta el 2017.

El alcalde municipal y el gobernador departamental, en vez de involucrarse en la búsqueda de soluciones para que las familias recuperen sus tierras, les han dado la espalda. También Comap, integrantes de los Cocode y representantes de las familias perjudicadas trabajaron arduamente y lograron conformar una mesa de diálogo y para ello han tenido que viajar a la ciudad capital; sin embargo, los representantes de la empresa no se han presentado a las reuniones.  

Por otro lado, han tocado las puertas de varias instituciones del Estado: Secretaría de Asuntos Agrarios, Fondo de Tierras, Catastro, Procuraduría de los Derechos Humanos, Bienes del Estado, Aeronáutica Civil, Unidad de Vivienda Popular del Ministerio de Comunicaciones. Pero estas instituciones inoperantes, como era de esperarse, se han hecho de la vista gorda.

Ahora hay órdenes de captura contra 13 ciudadanos de los pueblos achi´ y ladino/mestizo. Los demandantes son: el alcalde municipal y la empresa Naturaceites, S.A.

Por eso, preocupa que el sistema de justicia guatemalteco judicialice a quienes defienden su derecho de acceso a la tierra, defienden los patrimonios del Estado, reivindican el derecho humano a resguardar el territorio, el ecosistema y a vivir en un ambiente sano.

Es cierto que Bárbara Díaz Surín estuvo presente en el lugar de los hechos porque estaba ejerciendo su derecho a manifestarse en contra de una feria de empleo organizada por Cementos Progreso, pero eso no es motivo para acusarla. Se cometieron varias ilegalidades en la detención de Díaz Surín. La Policía la capturó con lujo de fuerza —en sus brazos se observan moretes—, no le presentaron la orden de captura girada por el juez ni le explicaron el motivo de su detención. Si no lo hicieron en español, menos lo irían a hacer en kaqchikel.

Después de su detención, la trasladaron a una carceleta del Juzgado Penal de Mixco; transcurrieron más de seis horas y no fue presentada ante juez competente como dicta la Constitución. La primera audiencia se realizó hasta el jueves 30 de octubre. Cuando los abogados defensores alegaron que se han violado los derechos constitucionales, el juez negó que existieran tales violaciones; adujo que la presentación del oficio donde se presenta a la detenida a la autoridad era más que suficiente.

El juez ligó inmediatamente a proceso a Díaz Surín, a pesar de que la investigación realizada por el MP tiene muchas debilidades; solo hay un testigo presencial (el hijo del fallecido), los demás son referenciales, es decir, testigos que no estuvieron presentes en el lugar de los hechos. Según los abogados de Díaz Surín jurídicamente la investigación realizada por el MP no tiene suficientes elementos de convicción para sindicarla.

Por eso solicitaron que le dieran los beneficios procesales de conformidad con las leyes internacionales que el Estado guatemalteco ha firmado o que la investigación se realizara con el tiempo prudencial de un mes. Pero el juez, en vez de escuchar los argumentos de la defensa, dispuso que la lideresa tenga que esperar hasta el 8 de enero del 2015, momento en que se realizará la audiencia de la Fase Intermedia para establecer si participó o no en el crimen. Para este caso, el juez debió observar el Convenio 169 (Art. 10), en el que se establece que a integrantes de pueblos indígenas deberá darse una medida de coerción diferente a la contenida en el Código Procesal Penal, distinto al encarcelamiento. Desde el 29 de octubre, Bárbara Díaz Surín está en esa carceleta rodeada de hombres que la acosan y violentan su dignidad.

Ante esta decisión autoritaria del gobierno de Otto Pérez Molina, las autoridades comunitarias  tienen mucha razón cuando plantean que  la violencia estructural no es el camino para resolver los problemas sociales y económicos que afecta sobremanera a las poblaciones históricamente discriminadas en Guatemala.

Las mujeres maya kaqchikel en conferencia de prensa y en la reciente manifestación que realizaron en la ciudad capital manifestaron que ya están cansadas de tantos abusos de poder por parte de los soldados y policías. Las mujeres, ancianas y ancianos señalan que viven con miedo e inseguridad. Ellas han denunciado públicamente que son víctimas de acoso sexual y psicológico por parte de los policías y soldados.

Esa es la razón que les impide salir de sus casas y realizar sus actividades cotidianas. Han expresado que se han visto limitadas a realizar sus actividades productivas como el cultivo de rosas y hortalizas, situación que ha representado pérdidas en su economía familiar y comunitaria.

A pesar de los daños psicológicos, emocionales y psicosociales que ha causado en sus vidas el repudiable estado de Prevención decretado por el gobierno de Otto Pérez Molina desde el 21 de septiembre, ellas no han claudicado en su resistencia pacífica. Niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y ancianas resisten y reivindican sus derechos individuales y colectivos frente a la invasión militar, policial y empresarial en su territorio. Ellas han manifestado que el Gobierno y Cementos Progreso les robaron la paz y la tranquilidad con la que vivían antes del 2006.

Desde el 2008 a la fecha han sido asesinadas 21 personas, hay más de 126 órdenes de captura contra autoridades comunitarias, lideresas, líderes, hombres y mujeres cuyo delito es defender sus tierras, su derecho al agua y una vida digna libre de contaminación ambiental.

Las mujeres maya kaqchikel  exigen al gobierno de Otto Pérez Molina el cese del estado de Prevención y que respete su decisión de rechazo a la minería de cemento en sus comunidades. Exigen que el Gobierno las respete a ellas y a sus comunidades, que no las criminalice ni las estigmatice más. Han reiterado que ellas y sus comunidades han tenido y tienen capacidad de decidir responsable y creativamente su propio desarrollo económico y social.

La osamenta de la lideresa Col Choc y la de 53 hombres, también desaparecidos por el Ejército de Guatemala en el marco del conflicto armado, fueron identificadas a través de pruebas científicas de ADN entre las 533 osamentas exhumadas por la Fundación de Antropología Forense (FAFG), en 84 fosas halladas en la antigua zona militar No. 21 y en la que actualmente funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones Paz (Creompaz).

Sus familiares relatan que Matilde estaba embarazada cuando fue desaparecida. Este es otro ejemplo de los crímenes de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad cometidas por el Estado guatemalteco.

Es impactante leer fragmentos de la memoria de Matilde que aún conservan sus familiares. En su diario encontraron el poema Pequeño niño que le dedicó a la criatura que esperaba. El poema es maravilloso e inspira profundamente, transmite amor, esperanza, ternura y la fuerza de la trascendencia de la memoria colectiva del ser y la identidad política maya.

Por razones de espacio solo escribiré un trozo de su poema que dice así: “Tengo para ti y por ti, estos versos teñidos de emoción, pues pronto surgirás a la vida, como una gota de agua cristalina. En tu sangre llevas la vida de los tuyos y en tu mente una fuente de secretos escondidos como el Popol Vuh entre las manos…”.

Sabe la vida qué  angustias vivió Matilde, las atrocidades que cometieron contra su ser y el pequeño ser que esperaba en ese deshumanizador destacamento militar. Es inaceptable que su pensamiento progresista, transformador y su afán por una educación liberadora se constituyeran en delitos en la época del conflicto armado en Guatemala.

De esa manera irracional,  Guatemala ha perdido a mujeres talentosas y brillantes,  quienes desde la periferia y la exclusión soñaron y lucharon por una Guatemala diferente, más humana y justa. Donde cupieran los distintos proyectos de vida de los pueblos y personas que conforman este país.  
Ojalá la memoria de esta valiente lideresa nos motive a continuar con el camino desafiante que emprendió. Sus sueños florecieron, y por eso actualmente IGER tiene más de 42 mil estudiantes, repartidos en todos los rincones del país.

En septiembre del 2012, 15 mujeres y cuatro  hombres maya q’eqchi’ de distintas comunidades de El Estor, Izabal, presentaron su testimonio ante el Tribunal de Primera Instancia de Mayor Riesgo B, como anticipo de prueba.

Las valientes sobrevivientes narraron cómo el 25 de agosto de 1982, sus parejas, 18 campesinos maya q’eqchi’ fueron capturados y llevados al destacamento militar Sepur Zarco. Los acusaron de formar parte o colaborar con la guerrilla y a la fecha siguen desaparecidos. Según se deduce, el crimen de estos campesinos fue esforzarse por gestionar la titulación supletoria de sus tierras ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA).

Posterior a la desaparición de sus parejas las sobrevivientes narraron que fueron sometidas a esclavitud sexual en el destacamento militar Sepur Zarco entre 1982-1988. Y muchas veces fueron obligadas a comprar con sus propios recursos el maíz para alimentar a la tropa, mientras sus hijas e hijos morían de hambre o a comprar jabón para lavarles los uniformes a los soldados.

Las implicaciones psicológicas de la violencia y la esclavitud sexual en la vida de las sobrevivientes son innumerables y conmovedoras. La culpa, la sospecha y la responsabilidad han recaído en ellas. Esos sentimientos fuertemente instalados en las sobrevivientes han provocado en ellas mucha tristeza, aislamiento entre ellas, miedo a revelar las atrocidades que vivieron para evitar la exclusión y los señalamientos a nivel social.

A consecuencia de estos horrores que vivieron muchas de ellas padecen enfermedades de transmisión sexual, dolores crónicos, cáncer, diabetes, enfermedades urinarias, entre otros.

La valentía de estas mujeres es fundamental para desenmascarar el silencio, el miedo y la vergüenza que el ejército guatemalteco pretendió instaurar como parte de las estrategias de represión y control social.

Estas mujeres y hombres sobrevivientes de Sepur Zarco le están demostrando al mundo que es posible vencer el horror del silencio impuesto. Y por medio de sus testimonios se han atrevido a denunciar la perversidad de estas armas de guerra feminicidas y genocidas con que fueron torturadas y torturados. Es de reconocer su firme decisión, la cual aporta en el avance de la justicia transicional en Guatemala.

Sepur Zarco es un caso emblemático para Guatemala y para el mundo en la lucha contra la violencia y esclavitud sexual.

Y no solo eso, presuntamente Daniel Dreux ha cometido otros delitos: robo de piezas arqueológicas en las Cuevas de Candelaria, trata de personas en su hotel, en complicidad con Sergio Sierra han violado sexualmente a jóvenes, han amenazado a líderes y autoridades maya q’eqchi’. Por esa razón, la comunidad los denunció ante el MP.

Ante la inoperancia del MP y después de que atacaran con arma blanca a un habitante, la comunidad tomó la decisión de desalojarlo de las tierras que usurpó.

Como represalia, Dreux denunció a habitantes de la comunidad de Mucbilha. El 21 de febrero de 2014, el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de Alta Verapaz, emitió orden de captura contra 51 hombres y una mujer de dicha comunidad por los supuestos delitos de maltrato contra menores de edad, agresión sexual con agravación de la pena, detenciones ilegales con circunstancias agravantes, allanamiento con agravación específica, hurto y robo de tesoros nacionales y obstaculización a la acción penal y resistencia.

Con esta orden de captura, la jueza violó el artículo 12 constitucional el cual establece que ninguna persona podrá ser condenada ni privada de sus derechos, sin haber sido citada, escuchada y vencida en proceso penal ante jueza, juez o tribunal competente y preestablecido. Asimismo, el artículo 14 instituye la inocencia de la persona procesada hasta que una sentencia firme la declare responsable y le imponga una pena o medida de seguridad o corrección.

También, llama la atención que la jueza emitió la orden de aprehensión sin corroborar que la información brindada por el MP presenta deficiencias en relación con las personas que supuestamente cometieron los referidos actos ilícitos. Por ejemplo, tres personas tienen el mismo Código Único de Identificación (CUI) en el Documento Personal de Identificación (DPI), lo cual no puede ser porque cada ciudadana o ciudadano debe contar con un CUI único y propio. Como este tipo de irregularidad hay más.

Luego, el MP los sindica del delito de obstaculización a la acción penal, delito que no existe en el Código Procesal Penal (CPP), es más, en el artículo 1 del mismo Código dice: “nadie puede ser penado por hechos que no estén expresamente calificados, como delitos o faltas, por ley anterior a su perpetración; ni se impondrán otras penas que no sean previamente establecidas en la ley”.

Esta experiencia es otro ejemplo que muestra cómo la injusticia estructural e histórica ha actuado y actúa con impunidad, basada en la parcialidad y desigualdad de derechos donde las jerarquías raciales, de género, procedencia geográfica y condición socioeconómica se convierten en obstáculos para el acceso a la justicia.

Sin embargo, el gobierno de Otto Pérez y el Partido Patriota (PP) mantienen sus disposiciones arbitrarias de apoyar a toda costa el extractivismo neoliberal.

En mayo se produjo el violento desalojo de la resistencia pacífica de La Puya. La semana pasada fue el asedio contra las comunidades maya ch’orti’ y ladino/mestizas en los departamentos de Zacapa y Chiquimula que defienden la montaña Las Granadillas, porque ahí están las principales fuentes acuíferas donde obtienen el agua, líquido vital sin el cual ningún ser humano podría sobrevivir.

El 31 de mayo la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de Solway Investment Limited Group, de capital ruso, anunció la reactivación del proyecto minero Fénix, ubicado en territorio maya q’eqchi’ en el municipio de El Estor, Izabal. Las operaciones de este proyecto han implicado la militarización de este territorio, la pérdida de vidas humanas, violentos desalojos y graves violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional Civil, el Ejército y agentes de seguridad privada de la minera.

El 7 de junio, la comunidad Lote 8 había programado una reunión para analizar la problemática de la tierra que afrontan desde tiempos pretéritos y se llevaron tremenda sorpresa al ver que su salón había sido invadido por agentes de seguridad de la empresa CGN.

También está la perseverante resistencia de las 12 comunidades maya kaqchikel de San Juan Sacatepéquez, que desde el 2006 han exigido a los gobiernos el respeto a la consulta comunitaria que realizaron el 13 de mayo del 2007 en la que rechazaron la minería de cemento en su territorio. También en el 2010 les denegaron el derecho a la consulta sobre la construcción del tramo carretero km 38.5 de la ruta Interamericana que conectaría con la finca San Gabriel.

Pero el gobierno militarista de Otto Pérez Molina en vez de atender estas demandas ha optado por la militarización, persecución y criminalización de la protesta social.

Por ello, las 12 comunidades decidieron realizar la marcha por la Dignidad de las Flores en Resistencia, esta acción cívica y pacífica se realizó el 16 y 17 de junio en la que reafirmaron su rechazo a la construcción de la carretera, la edificación de la planta cementera San Gabriel, la instalación de la Brigada Militar, poner fin al despojo de las propiedades de vecinas y vecinos para la construcción de la carretera.

Estas violencias estructurales muestran que el Estado guatemalteco atenta contra la soberanía nacional al entregar nuestros territorios a las empresas oligárquicas y extranjeras.

Al imponer un modelo económico sin la participación de las mujeres, los hombres y las juventudes, sistemáticamente el gobierno y las empresas extractivas han violado y violan los derechos fundamentales de los pueblos guatemaltecos.

La minería a gran escala no representa una oportunidad para avanzar hacia un desarrollo económico sostenible como egoísta e irracionalmente han insistido los gobiernos que se han sucedido en el poder y las grandes empresas de capital nacional y transnacional.

La mina Marlin operada por la empresa Montana Exploradora S.A., subsidiaria de la canadiense Gold Corp Inc., es un ejemplo nefasto de cómo la minería metálica no aporta de manera significativa a la economía local y nacional. Por el contrario, ha provocado graves daños ecológicos en los territorios de los pueblos maya sipakapense y maya mam, ha contaminado el agua, el aire, deteriorado la capacidad productiva de la tierra, ha vulnerado la salud y la soberanía alimentaria de estos pueblos.

Por esa la razón, los pueblos ladino/mestizo y maya kaqchikel de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se oponen al proyecto minero El Tambor Derivada VII en su territorio. Vivir en un ambiente libre de contaminación es un derecho humano inalienable y es la mínima condición que han demandado y demandan al Estado guatemalteco.

El gobierno de Otto Pérez Molina ha rebasado los límites de los abusos de poder primero porque tiene pleno conocimiento de los impactos negativos de la megaminería de metales para la vida y la salud. Luego, fue incapaz de garantizar un proceso de diálogo abierto, respetuoso y en igualdad de condiciones al que le había apostado el movimiento La Puya, negándoles el derecho a una consulta popular libre e informada.

El señor presidente privilegió los derechos de una empresa extranjera en vez de velar por los derechos fundamentales de la población guatemalteca y permitió que el ministro de Gobernación, militar retirado Mauricio López Bonilla diera la orden para reprimir con brutalidad a este movimiento social pacífico cuyas principales estrategias de defensa fueron los cánticos, las oraciones y sentarse frente a la entrada de la mina.

Pero los agentes policiales actuaron impunemente empujándoles, agrediéndoles y lanzaron bombas lacrimógenas; niñas, niños, mujeres y ancianas resultaron intoxicados y varias personas heridas.

Este grave atropello perpetrado por el Estado guatemalteco no puede quedar en la impunidad, debe ser analizado, investigado y atendido con mayor seriedad por las instituciones y organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

La llegada al poder del militar retirado Otto Pérez Molina, sin duda, representó el momento oportuno para reforzar las tácticas de control social, represión, hostigamiento psicológico y socialización del discurso gubernamental autoritario del cumplimiento “del imperio de la ley”.

Sin embargo, su imperio de la ley no ha sido más que un retorno al pasado sangriento. Está de vuelta la doctrina de la seguridad nacional con adiciones que buscan darle un cariz “legal”, y por ende, legítimo, como la judicialización de la protesta social y la libre expresión. Estas medidas represivas atentan contra los derechos fundamentales y ponen al borde del abismo la accidentada democracia.

No está de más recordar que la libertad de expresión es uno de los principios fundamentales de la democracia. Coartarla, condicionarla o reprimirla constituye una grave violación a la dignidad de la persona y la sociedad. Pero eso es lo que sucede en Guatemala.

En este contexto, difícilmente podemos negar el retorno del autoritarismo a las estructuras del Estado. Con esta acción las élites políticas y económicas ultraconservadoras pretenden garantizar la perpetuación de la impunidad, las desigualdades y las iniquidades sociales.

Por otro lado, a pesar de la oposición de la ciudadanía, la remilitarización del país está avanzando a pasos agigantados. Mientras que los altos niveles de inseguridad nos tienen en zozobra: los asesinatos, asaltos, feminicidios van en aumento y los criminales actúan a sus anchas, cometen sus crímenes a plena luz del día y desaparecen como fantasmas. Y la policía solo hace acto de presencia después de los trágicos sucesos.

Y en las calles efectivos militares hacen rondas, pero la inseguridad está a la orden del día. Cabe preguntarse ¿por qué tanto presupuesto en instituciones incapaces de garantizar seguridad a la población?

En este escenario en el que predomina el abuso del poder, el desgobierno, las injusticias y altos niveles de inseguridad, urge que la ciudadanía asuma una actitud crítica. Es necesario que las guatemaltecas y guatemaltecos analicemos las violencias estructurales actuales y relacionarlas con los hechos del pasado. Guatemala necesita renunciar a la desmemoria, dispositivo que ha sido útil a los sistemas de poder para mantener el status quo y nos impide liberarnos de los múltiples sistemas de opresión.

¿Cómo recuperar nuestra memoria histórica para tejer y entrelazar la memoria presente con el pasado?, necesitamos unir esfuerzos para construir caminos justos para las generaciones presentes y futuras.

Oscal Pérez, de 17 y 14 años respectivamente, estudiantes del Instituto Normal para señoritas Centroamérica (Inca), fueron baleadas brutalmente por cobardes asesinos, a pocos metros del instituto. Karla Daniela falleció a pocas horas del deleznable hecho, mientras que Nancy Paola, después de 23 días de dolorosa agonía falleció en el Hospital General San Juan de Dios, el 25 de abril.

Pocas horas después de este repudiable crimen, el presidente Otto Pérez Molina irresponsablemente declaró que existía relación entre las adolescentes y supuestos integrantes de la mara 18, y que la mayor (Karla Daniela), se habría quedado con dinero producto de extorsiones. Por su parte el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, prefirió no confirmar lo declarado por el mandatario (PL, 05/04/14).

Con este tipo de declaraciones el gobernante no hace más que legitimar en los imaginarios sociales ese prejuicio que las personas son asesinadas porque “estaban metidas en algo”. De esa forma, se naturalizan las muertes violentas que se perpetran con total impunidad, especialmente contra adolescentes, jóvenes y mujeres. Así el feminicidio no cesa y la impunidad se robustece.

Otra muerte violenta que poca cobertura tuvo en los medios de comunicación masiva, fue la de Marilyn Topacio Reynoso Pacheco, una joven de 16 años, quien junto a su padre sufrió un ataque armado la noche del 13 de abril, ella recibió dos disparos en el cráneo, falleció al siguiente día y su padre está en coma. Topacio y su padre luchaban contra la megaminería en Santa Rosa y Jalapa. Desde mayo de 2013, el pueblo de Mataquescuintla, su tierra natal, logró declarar su territorio libre de la minería química de metales, pero desde entonces ha sido hostigado.

La uTopis, como le llamaban con cariño, era activista de derechos humanos, tenía un gran compromiso con la defensa de la vida, el territorio y los bienes naturales. Fue una estudiante destacada, anhelaba estudiar la carrera de medicina, desarrolló un enorme talento artístico, era poeta y música, tocaba siete instrumentos musicales, cantaba música protesta. Pero en este clima de total inseguridad, cobardes criminales le segaron la vida.

Estos feminicidios tienen algo en común, los criminales dispararon a sus víctimas con la intención de asesinarlas, tal si se trataran de ejecuciones extrajudiciales.

Marilyn Topacio, las hermanas Karla Daniela y Nancy Paola, al igual que muchas más que han sido asesinadas violentamente, merecían una vida digna, pero el Estado guatemalteco incumplió con su obligación de garantizarles protección, libertad y una vida sin violencia.

La criminalización, intimidación y judicialización son mecanismos de represión psicológica que políticos, el Estado de Guatemala, las grandes empresas nacionales y transnacionales están utilizando para desgastar emocionalmente a Lolita Chávez y las comunidades que integran el (CPK) que luchan por sus derechos individuales y colectivos.

En Guatemala, quienes defienden los derechos humanos, derechos ambientales y territoriales sufren atentados, enfrentan órdenes de captura, procesos de judicialización.

La represión psicológica contra activistas sociales, defensoras y defensores de derechos humanos ha sido y es una de las estrategias que se está utilizando para provocar desgaste emocional, confusión, temor y desconfianza entre líderes, lideresas y entre las propias comunidades.

En ese contexto de represión y persecución que está afrontando el Consejo de Pueblos K´iché por defender la madre tierra, la vida y su derecho al agua, como señala Aura Lolita Chávez, lo único que queda: “es resistir o morir”. Esta frase sintetiza la situación de opresión, exclusión y la negación de los derechos sociales, económicos y políticos de los pueblos k´iche´, ixil, uspanteko y sakapulteko que habitan en este departamento desde la colonia.

A la fecha no ha existido ninguna posibilidad de diálogo genuino por parte del gobernador departamental y del gobierno central en lo que concierne al extractivismo que se impone con represión en este departamento.

Estas acciones solo evidencian la cruda realidad en que han vivido y viven mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, ancianos y ancianas en el departamento de Quiché.

Es lamentable que en este país, se premia a quienes violan los derechos humanos, concesionan nuestros bienes naturales al mejor postor. Pero se persigue, amedrenta, amenaza, penaliza a lideresas, líderes, comunidades y pueblos que por justicia y conciencia defienden la vida, la dignidad de las personas, los territorios, la madre tierra, las fuentes acuíferas, tal como lo hacen Lolita Chávez y el CPK.

Es innegable que los esfuerzos del presidente Otto Pérez y su gobierno se han enfocado en avalar legal, institucional y militarmente los megaproyectos de inversión capitalista nacional y transnacional que violan los derechos humanos, territoriales y ecológicos de los pueblos históricamente excluidos en Guatemala.

Se supone que en Guatemala todas las personas, mujeres y hombres nacemos libres e iguales y el Estado de Guatemala tiene la obligación de garantizarnos la libertad, la vida y la seguridad. Sin embargo, Lolita y las comunidades están siendo criminalizadas por defender la vida y el territorio.

en nuestro país a partir de 1985.

No es casualidad que la jueza Yassmin Barrios, presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, quien en sus 18 años de carrera profesional ha demostrado honestidad y estricto cumplimiento de la aplicación de la justicia, esté afrontando todo tipo de infamias. Recientemente, el tribunal de honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) abusivamente resolvió inhabilitarla por un año en el ejercicio de sus funciones como jueza, una amonestación pública y una multa de Q5,040.00.

De esa forma se pretende que el sistema judicial sea un espacio donde la dignidad humana quede subsumida a los intereses espurios de sectores económicos y políticos, cuyo pasado y presente los tiene intranquilos porque han sido autores intelectuales, materiales y/o cómplices de graves violaciones a los derechos humanos. En sus conciencias pesa el malestar de que en algún momento tengan que sentarse en el banquillo de los acusados para rendir cuentas a la justicia.

Analistas y juristas arguyen que el Cang se extralimitó en sus funciones al sancionar de manera arbitraria a la jueza Yassmin Barrios. Esta irresponsable decisión atenta contra la independencia judicial y pone en riesgo el Estado de Derecho en Guatemala. La constitucionalista Anabella Morfín, señaló que el Tribunal de Honor no tiene competencia para conocer las acciones de un juez. Son la Junta Disciplinaria y el Consejo del Organismo Judicial las entidades que tienen la facultad de examinar el desempeño de las juezas o jueces (elPeriódico, 5/04/2014).

También, Rodolfo Rorhmoser, expresidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), cuestionó la competencia del Cang para actuar en casos contra juzgadores. Expresó que el Tribunal de Honor puede sancionar a cualquier abogado, pero no a profesionales del Derecho que fungen como juez (La Hora, 5/04/2014).

El nefasto papel del Cang desnuda la triste realidad de Guatemala en materia de jurisprudencia. El actuar de esta entidad pone de manifiesto que en este país hay profesionales del Derecho que se han convertido en los principales defraudadores y/o mercaderes de las leyes. Lejos de dignificar esta profesión, la están poniendo al servicio de mafiosos y violadores de derechos humanos.

Sin duda, mucha razón tienen las voces críticas que de manera individual y colectiva han denunciado la ilegal sanción impuesta por el Cang a la jueza Yassmin Barrios. Una medida a todas luces antidemocrática, infame y prepotente que fomenta la impunidad y debilita la malograda democracia en Guatemala.

sus derechos fundamentales, ellas desde los intersticios del sistema jurídico, político, educativo y económico lograron forjar acciones de resistencia, semillas de nuestra emancipación que mediante la memoria colectiva nos transmitieron a las mujeres de hoy.

Con el paso del tiempo esas semillas de emancipación continúan floreciendo, poco a poco, más mujeres nos hemos armando de valor, usamos la palabra para compartir nuestras diferenciadas experiencias vitales y también para denunciar las distintas formas de violencia y subalternización que afrontamos.

En tal sentido, merece la pena reconocer la tenacidad que han demostrado mujeres como Yassmin Barrios y Claudia Paz y Paz, profesionales del Derecho, quienes han desafiado a las redes de mafia y poderes oscurantistas. Ellas han sentado precedentes en la lucha contra la impunidad desde el sistema de justicia. Su actitud firme e incorruptible hizo que el juicio por genocidio en Guatemala nos devolviera la esperanza por esclarecer la verdad, avanzar por los senderos de la justicia y recuperar nuestra memoria histórica.

También es de reconocer la valentía de las mujeres sobrevivientes del genocidio perpetrado en Guatemala. Hoy a nivel nacional e internacional son emblemáticos los testimonios de las mujeres maya ixil y q´eqchi´ que denunciaron ante los tribunales de justicia, las violaciones sexuales que vivenciaron a manos del Ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno.

Las mujeres ixil y q´eqchi´ con sus testimonios, han mostrado cómo el genocidio ha sido la máxima expresión del racismo y discriminación estructural en este país donde la niñez y las mujeres, con frecuencia sufren violencias mucho más deshumanizadoras. Son varias las barreras patriarcales entrelazadas que limitan sus derechos económicos, sociales, políticos y jurídicos, situándolas en total exclusión e indefensión en los espacios públicos.

Va mi saludo y reconocimiento, a los aportes de las mujeres en el campo de la comunicación alternativa feminista tal es el caso de el periódico La Cuerda, programas radiales como Voces de Mujeres y Hablan las Mujeres.

Estos esfuerzos entretejidos entre activistas sociales, defensoras de derechos humanos, académicas y feministas; hacen posible la deconstrucción del orden patriarcal establecido. En especial porque han sido y siguen siendo vitales para la creación de conocimientos, metodologías y acciones de formación política encaminadas a tejer otro imaginario social capaz de actuar con solidaridad ante los agravios que se comenten contra la vida de las mujeres y la sociedad.

La llegada de un excomandante guerrillero a la presidencia, en un país dividido entre la extrema derecha y la extrema izquierda, constituye un enorme desafío para las élites políticas y económicas conservadoras de El Salvador. Y donde el partido Arena ha tenido mayor peso político, gobernó el país por cuatro periodos consecutivos (junio de 1989 a junio de 2009); pero no logró solucionar los principales problemas que han afectado a la mayoría de la población.

Este resultado también nos sitúa ante el reto de desmitificar los prejuicios del supuesto retorno de la amenaza comunista en este continente.

En pro del pueblo salvadoreño, el FMLN y Arena tendrán que buscar consensos dejando a un lado el peso de sus antagonismos ideológicos e intereses partidistas. Es fundamental que se sienten a dialogar con madurez política —discurso que enarbolaron en la campaña electoral— para encontrar soluciones y las estrategias idóneas a los problemas estructurales que aquejan a este país desde tiempos inmemoriales.

Actualmente cuatro de cada diez ciudadanas y ciudadanos apenas cuenta con los ingresos para la canasta básica. Este país centroamericano tiene una gran deuda económica, depende de las remesas, presenta altos niveles de inseguridad ciudadana que afecta sobremanera a las mujeres, niñez y juventudes. También en este país, como en la mayoría de países de la región mesoamericana existe un sistema político corrupto y una democracia sumamente frágil.

Por otro lado, el FMLN y Arena se deben al voto de las mujeres quienes se han quedado en El Salvador cuidando a familias enteras porque sus esposos, padres, hermanos y en muchos casos también hermanas, se han visto en la necesidad de emigrar a los Estados Unidos en búsqueda de empleo para sobrellevar la crisis económica.

Al respecto, a pesar de los aportes de las mujeres al desarrollo económico, social y político del país. Alarma los pocos espacios con que cuentan en las instituciones del Estado. Si bien existen avances en la institucionalidad de los derechos civiles y políticos de las mujeres salvadoreñas, es una realidad que hace falta mayores compromisos para promover y defender la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

El recién electo presidente Salvador Sánchez Cerén, el vicepresidente Óscar Ortiz y el partido FMLN, tienen entre otros retos, no defraudar la confianza que las mujeres depositaron en ellos en la urnas. En suma, tienen el compromiso impostergable de crear las condiciones para devolverles espacios de participación efectiva en la vida política, económica y social.

por la vía del diálogo, hizo que se organizaran y realizaran una manifestación pública y pacífica, a manera de presionar al gobierno y lograr que éste accediera a escucharles.

A partir de este hecho represivo, las familias de los asesinados y sobrevivientes junto a los representantes del pueblo de Totonicapán han iniciado un largo y difícil proceso en búsqueda de la aplicación de la justicia contra los responsables intelectuales y materiales de este crimen.

Recientemente, el 20 de febrero, el gobierno de Otto Pérez Molina entregó un cheque simbólico en concepto de “ayuda humanitaria” a las familias afectadas por la masacre perpetrada. Sin embargo, los representantes de los 48 cantones exigen que este apoyo económico deje de ser entendido como un resarcimiento al pueblo afectado.

Ellos enfatizaron que el apoyo económico que el Gobierno de Guatemala entregó a las familias de los masacrados y sobrevivientes, en ningún caso impedirá que ellos renuncien al proceso penal que siguen contra los responsables de este crimen en los respectivos tribunales de justicia.

En este sentido, la aplicación imparcial de la justicia es para ellos un símbolo concreto de justicia restaurativa. Ciertamente que nada devolverá la vida a las personas masacradas, pero al menos subsanará en gran medida los traumas psicológicos y las heridas emocionales que este crimen dejó en las memorias individuales y colectivas del pueblo agraviado.

La visión de los representantes de los 48 cantones contrasta con el repudiable discurso del presidente Otto Pérez, quien se refirió a la masacre como un “lamentable incidente o tragedia” y en vez de reconocer que las personas fueron masacradas, habló de “personas fallecidas” en vez de asesinadas.

El señor presidente está aferrado en negar que su gobierno fue incapaz de impedir semejante crimen contra un pueblo que manifestaba pacíficamente por la solución de problemas sociales de envergadura nacional.

Si este gobierno realmente está dispuesto a acompañar a las familias y al pueblo de Totonicapán en su dolor y dignificar la memoria de las víctimas como lo expuso en su discurso, entonces que demuestre su voluntad política a través de garantizar un sistema de justicia que retome con imparcialidad este proceso penal que se estancó desde el año pasado.

Esclarecer crímenes como el ocurrido en Totonicapán, definitivamente sería un gran paso para sentar precedentes en el fortalecimiento del sistema de justicia, la democracia y evitar que se vuelvan a cometer graves violaciones a los derechos humanos en Guatemala.

que en sus diferentes expresiones de identidad u orientación sexual promueve y defiende uno o varios de los derechos humanos o libertades universalmente reconocidos desde el principio de la no violencia. Según resolución emitida por la Asamblea General del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en relación a la protección a defensoras de derechos humanos. Esta iniciativa fue liderada por Noruega y apoyada por Guatemala.

El encuentro permitió acercar a los donantes con las defensoras, buscando que los primeros tengan una mejor comprensión del entorno violento y hostil en el que las mujeres defienden los derechos humanos.

Las defensoras no trabajan solo en pro de los derechos específicos de las mujeres, también reivindican los derechos de la niñez, las juventudes, personas enfermas de VIH, migrantes, comunidades/pueblos que luchan contra el extractivismo voraz… Una lista inacabable, porque múltiples y particulares son las caras de los flagelos estructurales que vulneran los derechos fundamentales desde Panamá hasta México donde el autoritarismo y la militarización se están recrudeciendo.

En este contexto, las mujeres siguen siendo botines de guerra, muchas defensoras de derechos humanos han sido víctimas de violencia sexual por defender la dignidad de las personas.

Ser defensora de derechos humanos en esta región donde la violencia racista, militarista/machista y misógina se ha recrudecido, implica riesgos: vivir en zozobra, bajo estrés y miedo. Con frecuencia las defensoras afrontan en soledad los impactos psicológicos de estas violencias que vulneran su dignidad.

Reconocer, visibilizar y reivindicar el trabajo que realizan las defensoras de derechos humanos desde los distintos espacios sociales es fundamental, especialmente porque cotidianamente luchan contra la opresión e injusticias sociales en contextos adversos donde se criminaliza la defensa de la dignidad y la vida de las personas.

Entrelazar sinergias y conectividades fue una de las ideas fuerza que me gustó del grupo impulsor de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Situación que requiere la construcción colectiva de estrategias para la protección de la integridad física, emocional y espiritual de las defensoras. Ojalá los organismos donantes incluyan el financiamiento de la seguridad integral y el cuido de la defensoras para fortalecer el trabajo de la protección de los derechos humanos en el actual contexto de las agresivas políticas del sistema capitalista neoliberal.

Por otro, el Estado de Guatemala debe garantizar la protección a las defensoras y defensores de derechos humanos.

por adversas condiciones materiales que le impidieron disfrutar de una vida digna y plena; pero su familia consciente de la importancia de la educación escolarizada, apostó por inscribirla en la escuela de su comunidad. Solo pudo cursar el 3er. grado de primaria porque en Xesic Primero —su comunidad de origen— el sistema educativo no garantizaba la primaria completa; realidad estructural que lamentablemente sigue afectando a cientos de comunidades mayas en la actualidad

A pesar de las adversidades, mi mamá siempre tuvo un espíritu inquieto, aspecto que le permitió tomar decisiones creativas para la construcción del andamiaje de su autonomía económica y la construcción de conocimientos y habilidades. De esa cuenta se dedicó al cuidado de cerdos y gallinas para abastecer la alimentación de la familia y para adquirir ingresos económicos para el sustento familiar.

Ella me cuenta que mientras se dedicaba a este oficio, hace 49 años aproximadamente, le surgió la curiosidad de hacerse de una máquina de coser y junto con mi papá, decidieron comprarla. Como tantas mujeres, mi mamá aprendió a usar la máquina de coser con sus habilidades autodidactas. A los pocos meses se convirtió en una excelente diseñadora y confeccionadora de blusas, cortes, delantales y ropa para niñas y niños.

Por la calidad de su trabajo se hizo de mucha clientela. Sus ingresos mejoraban para las épocas festivas, en que las mujeres solían vestir sus mejores galas.

Con las atrocidades del conflicto armado interno, muchos familiares de mi mamá y mi papá fueron asesinados, secuestrados y desaparecidos, la zozobra fue tan grande que pasamos a formar parte del gran porcentaje de familias desplazadas internas. Esta migración forzada a Santa Cruz del Quiché, nos empujó a buscar formas de subsistencia desde cero y con el paso del tiempo mi mamá encontró nueva clientela.

El año pasado le diagnosticaron un cáncer en estado avanzado y lo está sobrellevando con valentía. Tuvo que renunciar al oficio de confección de prendas de vestir, pero decidió dar continuidad a la iniciativa que de niño emprendió mi hermano Leonidas Aníbal; así, siembra flores, plantas aromáticas para la cocción de alimentos, diversas variedades de chile, etc. Cuando llega el tiempo de la cosecha va de casa en casa a vender sus productos o bien las personas llegan a la casa a comprárselas.

Por toda su enseñanza, su valentía, creatividad y entusiasmo, aprovecho este espacio para decirle a mi mamá que le agradezco infinitamente su legado y también su ejemplo de mujer proactiva. Rumalri´ k´amo´ b´a´ nan rumal ri ch´ojch´oj taq na´oj xoqoje´ ri k´utu´n lal cheqe.

del Estado, sus vidas corren riesgo.

Juan de León fue un dirigente histórico quien trabajó incansablemente por la transformación de las desigualdades e injusticias sociales que afectan sobremanera a las comunidades mayas. Su trabajo se centró en promover la participación activa de mujeres y hombres mayas en la construcción de propuestas orientadas a revertir el problema del acceso a la tierra en Guatemala, uno de los principales problemas de carácter estructural que en la actualidad aún no se ha resuelto. De ahí que existan cientos de familias mayas sin tierra, empobrecidas, con altos índices de desnutrición crónica, así como niños y niñas sin acceso a la educación.

Es condenable que el recrudecimiento de la represión esté azotando fuertemente a la familia Tuyuc Velásquez, que se ha caracterizado por su trabajo por la defensa de los derechos humanos en Guatemala. Vale recordar que el 3 de enero del año 2013, Vicente Tuyuc Velásquez, líder y educador, hermano de Juan y Rosalina, fue brutalmente asesinado. El crimen no ha sido esclarecido, sus autores intelectuales y materiales caminan por las calles amparados por el grueso manto de la impunidad.

El asesinato de líderes mayas y xinkas como Juan de León, su hermano Vicente, Santos Ajau Suret, Silverio Vicente, Orlando Boror Zet, Germán Antonio Curup, Rigoberto Tezén Chuy, Carlos Antonio Hernández Mendoza, José Tabico, Silverio Vicente, Encarnación Marcos Ucelo, Andrés Francisco Miguel, entre otros, pone de manifiesto que el racismo y el militarismo estructural no son problemas del pasado.

Es alarmante que el asesinato de dirigentes históricos y contemporáneos vaya en aumento, la saña con la que son asesinados es un claro mensaje que busca silenciar las voces críticas que cuestionan y accionan contra el orden establecido. Es innegable que estos crímenes están debilitando aún más la institucionalidad democrática en Guatemala.

No es a través de actos sistemáticos de intimidación, hostigamiento ni con el cobarde asesinato de lideresas y líderes que se transformarán las injusticias e inequidades sociales en este país.

A mi manera de ver, en este contexto de total impunidad e inseguridad ciudadana, es urgente que unamos esfuerzos para exigirle al gobierno de Guatemala para que cumpla con su obligación de proteger nuestras vidas.

Me solidarizo con la familia Tuyuc Velásquez y Tuyuc Us, también me uno a las exigencias que se han hecho al gobierno de Otto Pérez Molina y al Partido Patriota para que realicen investigaciones exhaustivas para dar con los autores intelectuales y materiales de este deleznable crimen y de los que no han sido esclarecidos.

cuando sus hijos llegaban a la adolescencia, pues eran arrebatados con violencia de sus familias y comunidades por el ejército. A pesar que la ley de servicio militar establecía la edad de reclutamiento en 18 años y más.

Durante el conflicto armado interno, la situación fue aún peor, se llegó al extremo de reclutar niños y obligar a los conscriptos a masacrar a sus propias comunidades.

Entre marzo de 1982 y agosto de 1983 el general golpista José Efraín Ríos Montt, puso en marcha la política de tierra arrasada —la más cruenta desde la invasión de 1524—, bajo su mandato y en poco tiempo el Ejército de Guatemala masacró a más de 413 comunidades mayas, se incrementaron las desapariciones forzadas, se recurrió de manera sistemática a la violación sexual contra las mujeres mayas sin importar su edad, ni que estuvieran embarazadas, al extremo de asesinar a bebés antes de nacer (feticidio). También el ejército quemó las viviendas de las familias y destruyó sus cultivos.

Por otro lado, este gobierno de facto le dio continuidad a la militarización de las comunidades mayas, por medio de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Mediante esta figura los civiles militarizados fueron obligados a violar a las mujeres, así como a desaparecer, torturar y asesinar a sus vecinas o vecinos.

Mientras estas atrocidades ocurrían, organizaciones fundadas y lideradas por mujeres mayas y/o ladinas como Conavigua y el GAM, iniciaron la histórica lucha contra el reclutamiento forzoso, la denuncia a nivel nacional e internacional de los delitos de genocidio contra el pueblo maya y las desapariciones forzadas que afectaba a la niñez, adolescencia, mujeres y hombres a lo largo y ancho del territorio nacional.

Aunque el 24 de marzo de 1994, el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), firmaron el Acuerdo Global de Derechos Humanos que, en teoría, puso fin al reclutamiento militar forzoso. En la actualidad, esta práctica vejatoria sigue vigente. El ejército en su afán de mantenerse en el poder y continuar con su objetivo de mantener controladas a las comunidades; ahora va con el discurso de que el servicio militar es voluntario y quienes “deciden” ingresar a las filas castrenses, la historia les recordará por haber servido con “honor” y “orgullo” a la patria.

Es innegable que las élites políticas y económicas criollo-oligárquicas se enquistaron en el poder desde hace más de 192 años, mantienen vigentes sus políticas racistas/colonialistas y militaristas de excluir, subalternizar y oprimir al pueblo Maya. La militarización cumple esos tres objetivos.

bajando y subiendo por pirámides de acceso restringido. Por otro lado, se sabe que a personas guatemaltecas les fue negado el ingreso al Parque Tikal con la justificación de que no aparecían en la lista confeccionada por el Micude y el Inguat. Siendo este un acto de exclusión inaceptable.

Además, el plan de esta “celebración” no contempló ningún beneficio social y económico para los pueblos mayas, porque estos, como siempre, fueron excluidos como sujetos sociales con derechos en la organización y en la decisión del abordaje de todas las actividades que se programaron.

La forma irrespetuosa en que el Inguat manipuló la “celebración del Oxlajuj B’aqtun” es indignante, preocupante y denunciable. Las actividades que se realizaron en los principales sitios arqueológicos de Guatemala, especialmente en el Parque Tikal, pusieron de manifiesto la crudeza del pensamiento y las prácticas racistas colonialistas que han caracterizado al Inguat.

El Inguat enarboló el discurso de dar a conocer y valorizar la cosmovisión y la cultura maya. Sin embargo, desde sus inicios tuvo claro que iba a aprovechar la culminación del Oxlajuj B’aqtun para convertir la cosmovisión maya en mercancía y folklor para los intereses económicos de la industria turística.

La folklorización es una forma de reducir el arte, los conocimientos, la música, la indumentaria, la forma de entender la vida y el mundo de los pueblos no-eurocéntricos en “creencias, costumbres y tradiciones” para volverlos mercancía y para mantener esa noción colonialista que todo lo diferente a la modernidad eurocéntrica es parte del pasado, por tanto, sinónimo de atraso, inculto o incivilizado.

Es innegable que en Guatemala la folklorización es una estrategia culturalista y racista que ha utilizado el Inguat para negar la pervivencia, creatividad y transformación del sistema de pensamiento maya que se refleja en su producción material, intelectual y artística.

El Micude perdió la oportunidad de asumir una postura crítica frente a la mercantilización y folklorización de la dignidad y los derechos históricos del pueblo maya, así como ante el oportunismo político del presidente Otto Pérez Molina que nuevamente ha demostrado su irrespeto hacia el pueblo maya contemporáneo.

El Micude pudo haber planteado en coordinación con el Ministerio de Educación un proyecto educativo que brindara a la niñez y las juventudes la posibilidad de conocer los principales sitios arqueológicos de Guatemala, pero con objetivos pedagógicos orientados a concienciar y recuperar el significado ético del acervo maya para el país y la humanidad.

(mundo físico, mundo natural y mundo humano). Y que a diferencia del pensamiento eurocéntrico, que sitúa a la vida en jerarquías —donde la vida del blanco es la suprema—, considera a toda la vida como igual en dignidad, y por tanto merecedora de un profundo cariño y respeto.

En consecuencia el Oxlajuj B´aqtun no se reduce únicamente al registro del tiempo. No constituye una obsesionada forma de observar el tiempo ni un fin en sí mismo. En suma, consiste en un paradigma que abarca otros tiempos y espacios más allá de la existencia humana, considerando ciclos de mayor alcance y de importancia vital para la continuidad de la vida.

Es una propuesta política que hace un llamado a la conciencia de mujeres y hombres de cualquier sociedad a nivel mundial para asumir el compromiso ético-político inaplazable con la vida en general. Compromiso que implica analizar, evaluar, criticar, autocriticar y realizar transformaciones profundas cuando un modelo político, económico y social está afectando negativamente la vida y la dignidad de los seres vivos, atentando contra la reproducción de la vida en la tierra. De esa cuenta podemos preguntarnos ¿qué futuro le estamos legando a las generaciones venideras?

Por ello, es tal la hipocresía del presidente Otto Pérez Molina hacia el pueblo maya, que en sus discursos radiales se refiere a la “celebración” del Oxlajuj B´aqtun con los pueblos que coexistimos en este país como “acciones que generan oportunidades”.

A mi parecer no hay nada que celebrar, pues el gobierno no asume su obligación de impulsar cambios en las estructuras sociales, políticas y económicas que históricamente la oligarquía ha impuesto y que actualmente está reforzando, en contubernio con el capital transnacional, a través de inversiones en la industria extractiva y energética, los monocultivos y transgénicos, entre otros, que lejos de promover el “desarrollo” son corresponsables de la agudización de la pobreza y la conflictividad social.

También, es claro que en este país a nivel político, educativo, social y científico jamás se ha mostrado interés por profundizar en la comprensión del Wajxaqib´ B´atz´ ni del ab´ o año solar, menos aún del Oxlajuj B´aqtun.

Por tal razón, el pueblo maya y la ciudadanía en general tenemos el desafío de cuestionar la abusiva despolitización, folklorización, usurpación y mercantilización de la Cuenta Larga, por parte del gobierno de Guatemala a través de sus distintas instancias, de las empresas del sector turismo y de la mayoría de medios de comunicación que, además, están divulgando información distorsionada sobre este acontecimiento histórico.

 y formas creativamente entretejidas, donde la matemática maya y los conceptos de los nawales-días (q’ij), son indispensables y esenciales para hacer posible la acción humana creativa, equilibrada y armónica.

De ahí que en la matemática maya, la semilla y la flor simbolizan el cero porque se entiende que la semilla germinará y florecerá con el paso del tiempo, y que de la flor brotarán los frutos que contienen las semillas, que darán continuidad a la vida.

No se trata únicamente de la semilla en términos biológicos, sino también de cómo los pensamientos y sentimientos son semillas que florecen, dan vida y alimentan a las personas de manera emocional, mental y/o espiritual. Por tanto, la flor numérica maya significa principio y final en términos energéticos, analíticos, artísticos, cuantitativos, cualitativos, tanto individual como colectivamente.

Este principio y final también lo podemos apreciar en la interacción de las energías de los diferentes elementos del universo: agua, tierra, aire, fuego, que se han materializado en el sistema planetario. Desde esta perspectiva, la vida de los seres humanos también está estrechamente vinculada con las diversas dinámicas, movimientos y ciclos del universo.

Esta concepción del tiempo y del espacio permite comprender por qué el cholb’al q’ij, (la organización y secuencia ordenada, circular y cíclica del tiempo) es uno de los grandes legados del pueblo maya a la humanidad. A través del cholb’al q’ij, se ha logrado constatar que las y los mayas entienden el tiempo como un proceso circular, no lineal y que este sistema agrupa una serie de sistemas calendáricos, cuyos ciclos se crean, recrean y están perfectamente sincronizados e interconectados; siendo los más conocidos: el calendario lunar y el calendario solar.

La ciencia eurocéntrica —incluso a través de mediciones satelitales de la NASA—, ha reconocido que el cholb’al q’ij, es uno de los sistemas de medición y organización del tiempo que tiene mayor precisión; sin embargo, en la vida cotidiana del mundo sigue rigiendo el calendario gregoriano, a pesar de que requiere ajustes cada cierto número de años —de ahí los años bisiestos, por ejemplo—.

Esto muestra claramente la subvaloración de este aporte científico maya, por constituir un saber no eurocéntrico, es decir, un saber considerado no científico y por tanto, no hegemónico. Por ello, cientistas poscoloniales y descoloniales cuestionan esta ciencia hegemónica y androcéntrica, que desde el siglo XVI redujo a creencias, costumbres, tradiciones y folclore, los saberes y epistemologías de Ab’ya Yala.

simplemente porque se niegan a renunciar a su identidad maya, garífuna o xinka.

Me interesa hacer ver las profundas contradicciones existentes en la conciencia colectiva del Pueblo Ladino, que generalmente trata con desprecio y rechazo a las mujeres mayas, quienes siguen vistiendo la indumentaria maya, es decir, el uq —corte— y el poo´t —hüipil—. Sin embargo, todos los 12 de diciembre las ciudades y pueblos de Guatemala se llenan de mujeres ladinas y hombres ladinos que llevan a sus hijas e hijos a las iglesia para recibir las bendiciones de la Virgen de Guadalupe y luego recorren las calles exhibiendo a las niñas con cortes, hüipiles y sandalias, mientras que a los niños los visten con camisa y pantalón de manta, sandalias y sombreros.

Compartiendo reflexiones con la feminista y cientista social maya k´iche´, Dorotea Gómez, nos resulta indignante ver que en esta fecha la gente ladina vista a sus hijos e hijas con la indumentaria de las personas a quienes cotidianamente desprecian, marginan y excluyen, por ser indias e indios. Y más absurdo resulta que, además de vestir a las niñas con hüipiles y cortes, para que no parezcan tan indias las maquillan al estilo occidental, y a los niños les pintan barbas y bigotes, reforzando claramente ciertos estereotipos racistas.

Para todas esas familias que cada año practican este travestismo étnico en sus hijas e hijos, este acto es una diversión, es una fiesta, pero ni siquiera durante ese día reflexionan sobre su racismo hacia las mujeres y hombres mayas.

Como afirma la socióloga y comunicadora social maya kaqchikel, Victoria Tubin Sotz, se aprecia la indumentaria maya siempre y cuando su utilización responda a propósitos políticos, folclóricos y turístico-comerciales que benefician a los sectores económicos y políticamente poderosos. No obstante, para las mujeres mayas, vestir corte y hüipil en este país significa vivir cotidianamente el racismo y la exclusión; representa, entre otras cuestiones, afrontar la sanción social y política de que las mujeres mayas no somos modernas, porque nos negamos aceptar la indumentaria eurocéntrica que supuestamente simboliza civilización.

Pero, por otra parte, usar esta indumentaria, para muchas mujeres mayas cada vez más se está resignificando como un desafío al sistema patriarcal, misógino y racista que impera en este país. Constituye una acción política explícita para reivindicar nuestro inalienable derecho a ser, hablar, actuar y vestir según nuestros propios códigos y también a que esto sea respetado.