Los inconformes de esta entidad indicaron que mientras el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) no designe al director titular y sea destituido Bernardino Martínez como asesor técnico administrativo, no levantarán las medidas de hecho.

Samuel Girón Alegría, secretario de conflictos de la organización sindical del Indaps, afiliada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG), expuso que repudian la politización de las plazas de trabajo y los abusos contra la dignidad y los derechos de las y los trabajadores de esa entidad.

Consultado Jorge Chorosajev, director del Área de Salud, informó que actualmente está en recopilación la información en relación con la problemática denunciada por los inconformes, para establecer mecanismos de solución a este problema.

LOS AMATES – Sindicalistas que participaron en la protesta, aseguraron que Martínez busca cualquier pretexto para amenazar a los trabajadores con cancelarles el contrato; además, los intimida para que no lo denuncien.  

El sindicalista Marvin Haroldo Castillo indicó que han intentado resolver el problema a través del dialogo, pero no ha sido posible debido a que existe politización en la institución.

Añadió que desde el año pasado fueron  creados varios puestos para darles trabajo a personas afines al partido oficial, entre estas el asesor técnico administrativo, Bernardino Martínez.  

Rebeca Mazariegos, quien labora en la biblioteca del referido instituto, pidió que las autoridades correspondientes efectúen una investigación en el área administrativa, y que sea nombrado el director oficial, ya que actualmente se carece de esa autoridad, lo que  genera inestabilidad.

Un trabajador que por temor a represalias no se identificó, dijo que el problema se debe a la mala comunicación que ha existido entre la parte administrativa y sindical, pues en otras ocasiones se han realizado movimientos de personal según conveniencia de la institución, lo que es rechazado por los trabajadores.

Vía telefónica se trató de obtener la versión de Bernardino Martínez, pero una persona indicó que este no se encontraba.  

Finalmente se informó que las clases no han sido suspendidas y se imparten en forma normal.    

El alcalde e Los Amates, Marco Tulio Ramírez, informó que la obra solucionará problemas de incomunicación que prevalecen desde 1998, cuando el huracán Micht destruyó ese paso, sobre todo en casos de emergencia.

Las beneficiadas serán Palmilla Vega Grande, La Pita, El Paraíso, Gracias a Dios, parcelamiento San Miguel, Mojanales y Vista Hermosa.

Ramírez indicó que las comunidades favorecidas con esta edificación son productoras de granos básicos, café y frutas como la naranja y otras.

María Elena Gutiérrez, presidenta del Cocode de la aldea La Pita, dijo: “Hemos tenido graves emergencias con mujeres con trabajo de parto, heridos, riesgos por desastres naturales, entre otras situaciones en las que se pone en peligro la vida humana, lo cual demuestra la urgente necesidad de contar con este puente”.

La Secretaría de Asuntos agrarios (SAA) informó que los 138 casos detectados en Izabal ya están bajo investigación, y cuentan con el acompañamiento necesario.

Empleados de la SAA detallaron que hay reportados 53 casos en El Estor, 38 en Lívingston, 25 en Puerto Barrios, 13 en Morales y nueve en Los Amates.

Byron Barrientos, coordinador regional de la SAA en ese departamento, señaló que entre las disputas más emblemáticas están la de Chachagulilla, en Puerto Barrios, que involucra a cinco poblados; en Lívingston está el incidente en Tamejas, así como otras ocupaciones en fincas privadas y en la zona protegida o de reserva forestal.

En Morales, los casos más relevantes son el de las comunidades La Ruidosa, Cerro Azul, Darmos y Tenedores; mientras que en Los Amates, el de mayor incidencia es el problema conocido como Botiquín-Prama, que se remonta a 1989, aunque se cree que es más antiguo.

Muertes

Vencernado Gregorio, uno de los dirigentes de esa población, explicó que en ese conflicto hay involucradas ocho comunidades de Los Amates, con unas siete mil familias en total, y ha generado una serie de enfrentamientos que han cobrado la vida de varias vecinos.

Los líderes comunitarios han sido perseguidos y encarcelados, acusados de delitos infundados, añadió.

Pobladores han cuestionado el accionar de la SAA en la resolución de enfrentamientos en esa área, pero delegados de esa dependencia aseguraron que atienden los incidentes con métodos alternos, pero que cuando los casos se judicializan su intervención queda limitada a la acción y resolución que los jueces determinen.

La SAA solo atiende casos a solicitud de la parte interesada y no de oficio, por lo que no se descarta que existan otros inconvenientes no registrados.

José Efraín Sosa, coordinador regional del Fondo de Tierras, afirmó que esa entidad se propone otorgar unos mil 500 títulos de propiedad en el 2014.

Datos

53 conflictos se han documentado en El Estor, Izabal.

Unas 130 familias de ambas comunidades se encuentran en el subdesarrollo por estar asentadas en terrenos que pertenecen a una empresa bananera.

Ema Navas, secretaria del Consejo Comunitario de Desarrollo, expresó que la condición de inestabilidad jurídica coloca a esa población en una situación marginal, ya que la bananera les impone una serie de restricciones, incluidas a la libertad de locomoción y al acceso de productos comerciales y cosechas.

Rigoberto Escobar, representante comunitario de la aldea Chiriquí, dijo que han tratado de que la bananera, la Secretaría de Asuntos Agrarios y el Fondo de Tierras traten esa situación, pero no se ha logrado nada.

Byron Barrientos, coordinador en Izabal de la Secretaría de Asuntos Agrarios, dijo que se han dado los primeros pasos para una negociación y posterior regularización de la tierra, ya que se comprobó que la bananera es la propietaria de ese inmueble.

El alcalde Marco Tulio Ramírez expresó que la falta de proyectos en ese sector se debe a que no tienen fondos.

El artista Édgar Barahona considera que por el exceso de violencia y delincuencia es urgente que las autoridades policiales incrementen patrullajes de prevención y medidas de control en el área.

Julio Flores, vecino de Los Amates, afirmó que la violencia es condenable, principalmente cuando se cobra la vida de personas que han servido a la comunidad, como el caso Sandra Arriaza, ultimada el 8 de este mes, en su casa, en el barrio El Pozón.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), en las últimas tres semanas se han registrado cinco muertes violentas, cuyas víctimas han sido cuatro hombres y una comerciante. Agregaron que el lugar más afectado es la cabecera municipal.

A raíz de esta situación, aseguró la PNC, han montado puestos de registro en varios lugares y en la cabecera municipal, donde han sido capturadas nueve personas por distintos hechos ilícitos.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en Izabal se reportaron 29 muertes por violencia en enero.

Los habitantes de la Montaña de Patzún responsabilizan de este problema a los integrantes de Acdela, liderados por Juan Ángel Colindres, quienes dañan sus cultivos, de lo cual ya tiene conocimiento el Ministerio Público.

Colindres indicó que el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Izabal resolvió a su favor este conflicto legal, por lo que solo esperan que los campesinos de Montaña de Patzún regojan sus cosechas y se retiren.

Los habitantes de Montaña de Patzún aseguran que no se retirarán de esta finca hasta que resuelva el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil.

Se informó que en el área se encuentran unos ocho agentes de la Policía Nacional Civil, quienes indican que permanecen en forma preventiva en el lugar y que solo cumplen órdenes superiores, sin dar más detalles.

Coronado Ipiña, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo de la aldea, comentó que debido a la falta de una adecuada vía de acceso afrontan una serie de dificultades, tanto para acceder a la comunidad como para el intercambio comercial.

Agregó que en situaciones de emergencia se complica el traslado de pacientes hacia los centros asistenciales.

El dirigente comunitario afirmó que para salir a la carretera de terracería más cercana caminan, o montan a caballo, unos cuatro kilómetros y pasan por una finca privada.

Ipiña señaló que han tenido pláticas con el dueño de la finca, para conseguir el derecho de paso, pero solicitan la intervención de la comuna para completar el proceso.

Óscar Escalante, otro de los vecinos, considera que la construcción de la ruta es prioritaria para mejorar las condiciones de desarrollo de la aldea, que tiene unos 200 habitantes.

El alcalde Marco Tulio Ramírez dijo que en el verano del 2014 podría construirse la carretera, y por ser un tramo relativamente corto se ejecutará con recursos propios de la comuna y materiales como balasto o piedra con los que cuenta la comunidad.

Jalmar Pérez, promotor del proyecto, dijo que esta es la tercera obra que llevan a cabo. La primera fue un parque infantil, y la segunda, un graderío, y que en ninguno de los proyectos se ha permitido la participación de políticos de la localidad ni han solicitado apoyo a instituciones gubernamentales, para no politizar las iniciativas.

“El propósito del grupo es que existan en nuestra comunidad áreas recreativas y deportivas para una sana distracción de sus habitantes. Al final entregamos un informe de los costos, pues trabajamos con transparencia”, explicó Pérez.

El constructor Felipe Sosa indicó que cuando llegó a Quiriguá por una obra de un Consejo Comunitario de Desarrollo se dio cuenta de la iniciativa de los jóvenes, por eso decidió apoyarlos con materiales y maquinaria.

Para agenciase de recursos, los jóvenes organizaron rifas, subastas, bailes y otras actividades.

Yeni Yaneth Rosa, presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo, informó que la falta de mantenimiento de la carretera y caminos vecinales afecta el desarrollo y el ornato de ese poblado, y pone en peligro la vida de quienes transitan por el lugar, ya que unas 50 comunidades de la zona fronteriza con Honduras utilizan esa vía de acceso.

Agregó que los niños y adultos mayores son los que más sufren dolencias a causa de la insalubridad.

“Hago un llamado a las autoridades municipales y de salud para que tomen cartas en el asunto y se resuelvan cuanto antes estas situaciones”, expresó la lideresa comunitaria.

Prensa Libre trató de obtener, vía teléfono, la postura del alcalde de Los Amates, Marco Tulio Ramírez, acerca de este problema en la comunidad Switch Molina, pero indicó que se encontraba en una reunión y que proporcionaría la información posteriormente.

Nebil Larios, administradora del asilo, dijo que entre las dificultades se encuentran el pago del servicio de electricidad, la compra de víveres y de medicamentos para atender a los 31 adultos mayores que atiende.

Agregó que sobreviven de los aportes y donativos de personas particulares y algunas organizaciones que ocasionalmente acuden para entregar víveres, medicamentos o ropa.

Durante un almuerzo que ofreció el 21 de noviembre último a los adultos mayores, Raúl Medina, conocido comerciante de la localidad, se refirió a la sensibilidad humana y al amor al prójimo que debe manifestarse y practicarse siempre.

La maestra jubilada Lidia Salguero, de 76 años, pide a la sociedad en general y a instituciones del Estado a que hagan su mejor esfuerzo en favor de quienes una vez constituyeron la fuerza de trabajo del país.

La Asociación Amigos para el Desarrollo de Izabal (Adei), que organiza e imparte el curso, desarrolla procesos formativos en los cinco municipios de Izabal.

La capacitación va dirigida a los líderes y activistas comprometidos con el desarrollo de sus comunidades.

El diplomado empieza el 8 de diciembre y finaliza en enero próximo.

Raúl Aldana, presidente de Adei, explicó que buscan dotar a los líderes de conocimientos sobre aspectos jurídicos del desarrollo y participación política, y gestión y ejecución de proyectos, para hacer más efectiva su participación ciudadana.

La activista Gloria Gutiérrez dijo: “La capacitación y actualización constante es fundamental para quienes tienen la responsabilidad de velar por el bienestar y desarrollo de sus comunidades, e insto a los participantes a que convoquen a más personas para que el conocimiento se multiplique”.

Marco Tulio Álvarez, piloto de microbús, expresó que desde hace meses reportaron a las autoridades municipales la situación del puente, debido a que la erosión profunda en uno de los aproches lo ha debilitado.

“Para minimizar el riesgo y no poner en peligro la vida de los pasajeros, al llegar al puente se bajan y cruzan a pie, y después pasan los vehículos, pero esta situación ocasiona molestias e inconformidad, ya que es la única vía de acceso a las aldeas”, añadió.

Vecinos señalaron que el alcalde Marco Tulio Ramírez llegó al lugar hace unas tres semanas y propuso buscar una solución inmediata, pero a la fecha no se ha concretado lo ofrecido.

Al respecto, Ramírez refirió que actualmente hacen las gestiones para obtener recursos económicos destinados a la reparación del puente.

“Existe voluntad por parte de la comuna para resolver el problema. Hago un llamado a los vecinos y transportistas de las comunidades que utilizan ese paso para que nos den un compás de espera, ya que los recursos no se obtienen de un día para otro”, dijo.

DATO

2 aldeas de Los Amates, Izabal, son afectadas por daños en estructura.

LOS AMATES – El curso, que finaliza a mediados de este mes, es impartido por un facilitador del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap).

Aída Oliva, una de las participantes, indicó que  aprender a procesar frutas en almíbar es importante, ya que en sus comunidades hay variedad de frutas que podrán utilizar para prepar el producto para sus familias, o bien venderlo en el mercado local.

Añadió que es importante que las instituciones lleguen a las comunidades para impartir conocimientos, ya que la mayoría de mujeres carece de oportunidades para superarse.

Mariela Méndez, otra de las participantes, dijo que agradece el aporte del Intecap y a la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, que cubre el costo del curso, y ellas aportan la materia prima.

Víctor González, facilitador del Intecap, informó que también se imparte en Puerto Barrios y El Estor, con el fin de contribuir al desarrollo de las mujeres.  

El 11 de octubre, unas 84 familias de 16 comunidades de Los Amates fueron beneficiadas por la Sesán con la entrega de 190 libras de víveres, que incluyen aceite, arroz, frijol y atolina vitaminada, entre otros alimentos, con el fin de asegurar a los pobladores el acceso a los alimentos y la recuperación nutricional de los niños afectados por desnutrición.

Apoyo a familias

Leticia Arteaga, delegada de la Sesán, refirió que el principal objetivo es apoyar a las familias con víveres, además de responsabilizarlas de las obligaciones que tienen los padres en el hogar en cuanto al trato digno e higiénico, y hacer buen uso de los productos comestibles que les han entregan, para que sus hijos puedan crecer saludables.

Karla García, nutricionista del Área de Salud, informó que del 30 de septiembre al 7 de octubre se hizo el último barrido nutricional en 16 comunidades de Los Amates, lo cual dio como resultado la confirmación de 52 casos de desnutrición, a los cuales ya se les brinda asistencia.

El conflicto podría agudizarse y desencadenar enfrentamientos entre dos bandos, descendientes de una misma familia.

Byron Hernández, informó que el descontento se debe a que Alejandro Hernández, quien es su hermano y representante de la comunidad, se ha apoderado de las áreas más fértiles y, de cuatro manzanas que le corresponden a cada vecino, solo les ha dado dos o una, con lo cual no cumple los acuerdos iniciales de una distribución equitativa de la tierra.

Alejandro Hernández afirmó que se trata de una rencilla personal con sus siete hermanos, la cual afecta a la comunidad.

Comisión

Los dos grupos se reunieron con delegados de Gobierno, autoridades municipales y vecinos, el 19 se septiembre, con el propósito de integrar una comisión multidisciplinaria para tratar de resolver el problema.