CIUDAD DE GUATEMALA- Yujá fue capturado el pasado 5 de junio en la carretera a El Salvador, luego de hacerle un registro al vehículo que conducía, en el cual agentes antinarcóticos supuestamente localizaron 20 colmillos con cocaína.

El 26 de junio último, el juez Eduardo Poitevin, suplente en el Juzgado Sexto Penal, decidió cerrar el proceso contra Yujá, sindicado por delitos relacionados con tráfico de drogas, al considerar que no existían evidencias claras para continuar con el caso.

El juzgador también ordenó al Ministerio Público investigar a los agentes que participaron en ese operativo y determinar las acciones ilícitas en que hayan incurrido.

Édgar Gutiérrez, del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), expuso que la resolución emitida por el Juzgado demuestra la formación deficiente de los agentes policiales.

“Se ha sacrificado la calidad por la cantidad de policías graduados. La formación sigue siendo deficiente. El ciudadano común denuncia, pero su caso se olvida. Esta vez existe una acusación directa en contra de la PNC”, dijo.

Además, el analista del Ipnusac calificó de positivo que el caso se encuentre en los tribunales de justicia. También expresó que el hecho manifiesta una oportuna situación para que los jueces muestren que trabajan con imparcialidad.

DESCARGUE: Declaraciones evidencian que Agentes de la PNC cometen delitos

VENGANZA

Este matutino consultó a Yujá, por la vía telefónica, quien aseguró que el operativo en el cual fue capturado supuestamente fue organizado por Marroquín, quien busca desacreditarlo por haberse negado a declarar contra Campollo.

“Antes éramos seis empleados encargados de la seguridad de la señora. Yo soy el único que no se ha dejado sobornar, a pesar de las intimidaciones que él —Marroquín— tiene en nuestra contra. Él me discrimina mucho. Amenaza a mi familia”, dijo Yujá.

En su relato, el guardaespaldas expuso que ha sufrido cuatro golpizas que Marroquín le ha prominado. La última fue a inicios de este año, y como resultado tuvo que ser internado en un hospital durante cinco días.

La agresión se debió a que el exfuncionario alegaba por la devolución de una motocicleta en que se conducía Yujá, la cual, dijo Marroquín, era patrimonio de su familia.

Cuando la víctima bajó del vehículo, el exinterventor de la EPQ lo golpeó e insultó por sus rasgos indígenas.

HALLAZGO -Pesquisa con irregularidades-

El juez Eduardo Poitevin, suplente en el Juzgado Sexto Penal, explicó que la investigación efectuada contra Leopoldo Yujá presentaba irregularidades. “El expediente venía con una investigación a todas luces anómala. El Ministerio Público detectó que las primeras acciones de la pesquisa no eran creíbles, porque los agentes que participaron en el operativo se contradecían entre ellos”, dijo Poitevín.

MINISTERIO PÚBLICO -“Rechazamos esas situaciones”-

Carlos Ruiz, secretario general del Ministerio Público, rechazó que se estén implantando pruebas en procesos penales. “El Ministerio Público trabaja conforme a la ley y no se va a permitir que se trabaje al margen de esta”, expresó Ruiz. “Se logró establecer que no había indicios —caso piloto— contra la persona, por lo que se pidió que el caso quedara cerrado”, expuso.

PRESO

Yujá permaneció en prisión preventiva durante 22 días, en los cuales estuvo en huelga de hambre para manifestar su rechazo a los señalamientos en su contra.

“Es lamentable que los policías que tienen que cuidarnos cometan acciones ilegales”, afirmó.

De acuerdo con Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads), nuevamente se pone en duda el trabajo de la Policía y la labor de las autoridades de Gobernación para fortalecer el desempeño de esa institución.

“Es inaceptable que la PNC se preste a los motivos personales de un funcionario”, manifestó.

Verónica Godoy, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, indicó que la implantación de pruebas era una práctica recurrente durante la época del conflicto armado.

“Antes se hacía con mayor frecuencia. Ahora es menos escuchado, pero es un fenómeno que todavía existe”, expuso Godoy.

También señaló que es imposible identificar operativos de registro de vehículos irregulares porque la Policía tiene la orden de efectuar esa tarea.

“Lo más recomendable es no detenerse en lugares oscuros y solitarios”, recomendó la analista.

Marroquín renunció a su cargo al frente de la EPQ el pasado 17 de junio y argumentó que su decisión se debía a motivos personales.

Personas allegadas al exinterventor indicaron que la renuncia de Marroquín fue solicitada por autoridades de gobierno, quienes temían una crisis institucional al darse a conocer el caso.

Se buscó la versión del exfuncionario. Sin embargo, no contestó a las llamadas que se hicieron desde la Redacción de Prensa Libre.

CICIG CONTINUARÁ INVESTIGACIÓN

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) continuará apoyando al Ministerio Público (MP) en la investigación relacionada con la implantación de pruebas contra el piloto de la exesposa de Allan Marroquín, exinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal, informó el departamento de prensa del ente internacional.

En primera instancia, la Cicig y el MP determinaron que no había pruebas contra el capturado, por lo que se pidió que se cerrara el proceso penal.

En  la Cicig fue presentada una denuncia para que se investigara el caso del piloto.

Se informó en el departamento de prensa que la Comisión no puede proporcionar más datos porque las pesquisas continúan.

El mandato de la Cicig le ordena apoyar al MP, a la Policía Nacional Civil y a otras instituciones en la investigación de los hechos ilícitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

CAPTURA TRAS DENUNCIA

Una persona que no se identificó llamó a la Policía para alertar sobre una mujer que trasladaba droga.

– El operativo en que fue capturado Leopoldo Yujá se efectuó el 5 de junio pasado, en la carretera a El Salvador.

– Los registros de la Policía Nacional Civil refieren que una llamada anónima ingresó a las 7.01 horas de ese día, en la cual se alertaba del traslado de cocaína.

– La denuncia indica que una mujer transitaba todos los días por esa ruta y que transportaba narcóticos.

– El denunciante afirmó que era en una camioneta agrícola donde  se movían los estupefacientes.

– El automotor en que viajaba Yujá coincidía con las características descritas en la denuncia, informó la PNC.

– A las 7.26 horas fue detenido el guardaespaldas, quien minutos antes había llevado a los hijos de Marroquín y Campollo a un centro educativo del lugar.

PROCESO:
ORP   indaga el caso

Personal  de la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la Policía Nacional Civil  indicó  que investigan al menos a 12 agentes que participaron  en el operativo  el  5 de junio último, cuando  fue detenido Leopoldo Yujá.

Investigadores indicaron que  recibieron instrucciones precisas de Gobernación  para  investigar el caso, por lo que ya se identifico al personal de la Policía que actuó en esa diligencia.

 “Estamos cerca de los resultados y consideramos que  en los próximos días ya tendremos un informe  a detalle y lo daremos a conocer”, dijo una fuente policial.

Expresó que a diario  reciben entre  cinco  y 10 denuncias   falsas contra  policías   por supuestos abusos. Sin embargo, el personal de la ORP se presenta en el lugar  de la detención y evidencia    que lo hacen para tratar de evadir el delito que han cometido, como conducir  bajo efectos de licor o en  un automóvil con documentos alterados. 

La fuente aseguró que  han tenido casos concretos en los cuales se han determinado abusos de policías, pero  se han reducido  este año.

El hermano de Mario García Rodríguez, conocido como ?Marioco?, fue abatido a balazos ayer, a eso de las 7:30 horas, por tres desconocidos vestidos de negro que lo esperaban a dos cuadras de su casa, en la 13 calle ?A? y 7a. avenida, zona 3.

Aún con vida, García fue llevado por familiares a la emergencia del Hospital San Juan de Dios, donde falleció a su ingreso.

A la escena del crimen llegaron investigadores de la Policía Nacional Civil en busca de evidencias. En las paredes de las viviendas con los números 7-36 y 7-46 se observaban orificios de proyectiles AK-47. Además, la Policía, encontró un pantalón de lona azul ensangrentado debajo de un carro blanco.

Durante el ataque hubo disparos de escopeta desde el interior de la casa 7-46, según peritajes policíacos.

Serie de crímenes

Los investigadores de la PNC aseguran que la muerte de García está relacionada con los asesinatos de Jimmy Josué Estrada y Julio Alfredo de la Cruz, muertos a balazos el 3 de noviembre último en el barrio El Gallito.

La Policía afirmó tener indicios de quiénes fueron los responsables de la muerte de García. Las autoridades manifestaron que tras los crímenes continuos que se han dado en los últimos días en El Gallito, hay una disputa entre grupos de narcotraficantes por controlar la venta de estupefacientes en el sector.

Supuestamente, García había tomado el control del narcotráfico en el sector, luego de la muerte de su hermano ?Marioco?, considerado el capo del Cartel de El Gallito desde 1995.

Origen del cartel

En 1980, Héctor Leonel Marroquín, un traficante de ilegales apodado ?El Coyote?, organizó una red de vendedores de droga.

Sin embargo, su liderazgo duró hasta mayo de 1995, cuando fue abatido a tiros junto a sus guardaespaldas en el interior de un automóvil en la entrada a la aldea Chichimecas, kilómetro 16 de la carretera a Villa Canales.

?Marioco? sustituyó a ?El Coyote?, y tuvo como brazo derecho a su primo Omar Alodi Reyes Castellanos, alias Marín.

En 1999, Marín fue acribillado en la 6a. avenida y 13 calle, zona 3. Desde entonces, junto a ?Marioco? surgió una mujer apodada la Viuda Negra y ?Maco?.

Tres años después de la muerte de su primo, ?Marioco? fue asesinado junto a otras seis personas a pocas cuadras de su residencia en la zona 3, y la Viuda Negra y Maco desaparecieron del lugar.

La Policía atribuyó la muerte del jefe del Cartel de El Gallito a una pelea entre narcos por mantener el control de la distribución de drogas en esa zona.

Los investigadores vinculan al narcotráfico las muertes de Héctor Romeo Véliz, Julio de la Cruz Estrada, Jimmy Castro Palacios, Luis Arturo Girón, Jennifer Alejandra Fabián Bautista, Ricardo Godoy Ordóñez y Edgar Manolo Galindo Valdez, así como los hermanos Juan Alberto y Luis Eduardo Aguilar García.