Las declaraciones de Reyes surgieron luego de la firma de un pacto colectivo con empleados del Instituto Nacional de Electrificación, INDE.

Al ser consultado sobre el tema, el vicepresidente aseguró que la embajada estadounidense no había tratado el asunto, por lo que fue un ?invento de alguien?.

Ante la insistencia de un reportero, el funcionario se molestó, y expresó: ?No leyó usted el boletín, caballero, donde la embajada americana dijo que no han tocado ese tema?.

Relaciones tensas

Al ser consultado sobre las relaciones que el Gobierno guatemalteco sostiene con el estadounidense, las calificó de tensas.

Recordó que en el primer año de gobierno, la embajada señaló que no hay libertad sindical ni reformas fiscales, y que si no se superaban esas condiciones, habría problemas para incluir al país en la Cuenca del Caribe.

El vicepresidente prefirió no opinar con relación a que la cooperación de la comunidad internacional podría ser retirada por lo lento del cumplimiento de los acuerdos de paz.

Otra vez contra empresarios

En su discurso a los trabajadores del INDE, Reyes López no desaprovechó la oportunidad para criticar a la cúpula empresarial por los salarios mínimos y pactos colectivos de sus trabajadores.

Rosalina Tuyuc, líder de Conavigua, señaló en conferencia de prensa que se deben agotar las pesquisas para establecer si el plagio fue por motivos políticos o de índole delincuencial; mientras tanto, no se debe descartar ninguna teoría.

La Fundación Myrna Mack exigió a los órganos judiciales competentes respondan aplicando la justicia con prontitud, ante la muerte de un líder de los pueblos indígenas.

La familia del fallecido hizo ver su preocupación porque el crimen quede en el olvido y se juzgue sólo a los autores materiales y no a los intelectuales.

Marta Juana López, de la Asociación Política de Mujeres Mayas -Moloj-, responsabilizó a las autoridades de la integridad de la familia de Pop Caal, a quienes estima se les puede intimidar para que no enjuicien a los acusados.

Agregó que en tres meses se ha dado muerte a cinco sacerdotes mayas más. La Fiscalía señaló que pedirá la pena de muerte contra los sospechosos y que seguirán investigando.

La Policía comenzó ayer el plan mencionado, en el cual participan 20 mil agentes para brindar seguridad durante las fiestas de fin de año, indicó ayer la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la PNC.

Faustino Sánchez, portavoz de la institución, indicó: ?El plan consiste en vigilar todas las áreas donde más se concentra la delincuencia, para proteger a los guatemaltecos?. Señaló que los agentes vigilarán las calles a pie, en motocicleta y vehículos. Además, habrá vigilancia perimetral en mercados, comercios y agencias bancarias.

Recomendaciones

Asimismo, la Policía está consciente de que son necesarias ciertas precauciones. Recomendó guardar las normas mínimas de seguridad, entre ellas, cuando se efectúe cobros en agencias bancarias, procurar no hacerlo solo. Si se hace compras, no llevar más de lo necesario. Si se deja el vehículo en la calle, retirar de él los objetos de valor.

Por su parte, el ministro de Gobernación, Adolfo Reyes Calderón, comentó que para resguardar a la ciudadanía en estas fechas, se desplegó a la mayoría de agentes de la PNC en la capital y los departamentos.

También la Municipalidad se suma a la protección de la ciudadanía, al suspender las vacaciones de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, PMT.

Plan de austeridad

El Plan Navideño de Seguridad comienza en medio de quejas de los trabajadores de la PNC, ya que también se les anunció el denominado Plan de Austeridad.

Este plan que también se pondrá en práctica este mes, contempla rebajar la cantidad de galones de gasolina para las unidades, de 5 a 3 galones, según Verónica Godoy, representante del Monitoreo de Seguridad Ciudadana.

Un veterano miembro de la PNC que prefirió omitir su nombre, aseguró: ?Cuando salen publicadas cifras de aumento delincuencial, lo único que hace el director de la institución es eliminar los descansos y vacaciones; por eso, muchos compañeros son negligentes en su trabajo y recurren a mordidas?. La solución, comentó, sería ?aumentar los salarios?.

Denuncias

Los nuevos PNC estarán tres meses sin cobrar sueldo.

Este viernes se gradúan en la Academia de la Policía Nacional Civil, PNC, 980 nuevos policías. Los graduados serán enviados a sus comisarías de destino en enero próximo, pero no empezarán a cobrar su sueldo, sino hasta tres meses después, según Verónica Godoy, de la oficina de Monitoreo de la Seguridad Ciudadana. La razón: el presupuesto se ha acabado y no tendrán dinero para las nuevas plazas.

La falta de material y personal dentro de la academia contrasta con la devolución de parte del presupuesto, que en el 2001 alcanzó los Q41 millones 420 mil 058, aunque la academia solicitó Q41 millones 607 mil 958.

Lo más extraño del caso es que la PNC sólo gastó Q36 millones 211 mil 456, y devolvió la diferencia, aunque algunos agentes reconocen que no les alcanza el dinero para todo.

Igualmente, los nuevos graduados tendrán que pagarse el alojamiento y la comida en sus destinos, por no existir un presupuesto concertado para ellos hasta marzo.

La oficial e instructora Eva Roldán de Rivera, asegura: ?Sufren de falta de municiones, de personal docente, y las armas son demasiado viejas para la labor que desempeñan?. La oficial Rivera hace énfasis en que ?los delincuentes están mejor equipados de vehículos, armamento y comunicaciones, que la PNC?.

La experiencia práctica de los graduados se limita a 16 días de estancia en las comisarías.

Austeridad o falta de recursos

Implicaciones de los planes navideños:

? Efectivos en la calle. Veinte mil agentes, a los que se incorporarán los nuevos 980 graduados, que no cobrarán su sueldo hasta marzo.

? Descansos. Tanto la PNC como la Policía Municipal de Tránsito han suspendido descansos y vacaciones.

? Gasolina. El Plan de Austeridad rebaja de 5 a 3 los galones asignados.

? Vehículos disponibles. De los 3 mil 140 que posee la PNC, sólo 1 mil 672 están en circulación, debido a desperfectos que no han sido reparados por falta de presupuesto.

Estados Unidos ha revocado la visa a ex funcionarios del Gobierno y allegados al presidente Alfonso Portillo, presuntamente involucrados en narcotráfico o corrupción.

?La visa fue retirada bajo la sección 214 ?b? de la Ley de Inmigración de Estados Unidos. Esta aplica en casos cuando una persona está bajo investigación o tiene la obligación de presentarse ante el sistema judicial de su país de origen?, dijo una fuente diplomática.

Señalados

Callejas y Rojas son señalados de tener vínculos con el narcotráfico, contrabando aduanero y violaciones a los derechos humanos.

Serán investigados por el Ministerio Público, junto a los generales Francisco Ortega Menaldo, Roberto García Catalán, y el coronel Jacobo Salán Sánchez, por su presunta participación en el crimen organizado.

Ortega, Salán y Rojas han asesorado en materia de seguridad al gobierno del presidente Alfonso Portillo.

Quiénes son

Callejas y Callejas fue inspector general del Ejército en 1992. Se le atribuye la creación de ?la cofradía? un grupo de expertos en inteligencia militar con influencia en el Ejecutivo y el Ejército.

Además, en 1980 fue director de Inteligencia, conocida como la G-2, y subjefe y jefe el Estado Mayor de la Defensa Nacional y subjefe del Estado Mayor Presidencial.

Asimismo, estudiante de la Escuela de las Américas y comandante de la zona militar de Petén. Se le vinculó en la muerte del empresario estadounidense Michael Devine.

Rojas es mayor del Ejército en situación de retiro; perteneció a la Dirección de Inteligencia D-2, en 1989.

Vínculos comunes

Los dos militares también están vinculados a Portillo. Además, fueron asesores en materia de seguridad del presidente.

Van 13

Entre los allegados a Portillo a quienes se les ha cancelado la visa figuran César Medina Farfán y Henry Madrid, vinculados en el desvío millonario en Gobernación.

Además, Francisco Alvarado Macdonald, financista de la campaña presidencial de Portillo y principal accionista de los bancos ?gemelos?, y a sus hijos Francisco y Carlos Alfredo ex funcionarios de Gobierno del FRG.

También a Armando Llort y Adolfo Lacs Palomo, ex presidentes del Crédito Hipotecario Nacional, y del Banco de los Trabajadores, respectivamente, se les canceló la visa de entrada a Estados Unidos.

La lista incluye a los generales Francisco Ortega Menaldo y Carlos Enrique Pineda Carranza. Además, a los ex ministros Manuel Maza, de Finanzas, y Luis Rabbé, de Comunicaciones, señalados de corrupción.

Acciona ante tribunales: Denuncia a fiscal y a diplomático

Napoleón Rojas presentó el 30 de octubre último un antejuicio contra el Fiscal General, Carlos David de León, y una denuncia contra el encargado de Negocios de la embajada estadounidense, Stephen McFarland, por calumnia, injuria, difamación y publicación de ofensas.

La acción legal fue interpuesta en el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal, que lo cursó al Ministerio Público.

La denuncia se basa específicamente en declaraciones hechas por el funcionario y el diplomático respecto de la investigación que se inició en contra de Rojas y otros militares por presuntos vínculos con el crimen organizado. Este alega que son imputaciones de delitos falsos que le provocan deshonra, descrédito y menosprecio.

Prensa Libre trató de comunicarse con el Fiscal para conocer su opinión, pero no respondió a las llamadas. Asimismo, la sede diplomática indicó no tener comentario sobre tal acción.

Fisk llega a Guatemala a poco más de un mes de que su superior, Otto Juan Reich, se mostrara preocupado por la agudización de los problemas en el país.

Posición oficial de EEUU

El uso indebido de los fondos públicos, según Reich, ?es el obstáculo número uno? para incrementar los programas de EEUU con Guatemala, aseguró el 10 de octubre.

A la vez, resaltó que los esfuerzos del gobierno de Alfonso Portillo por contrarrestar los efectos de la corrupción ?parecen ser poco más que pura palabrería?.

Para ese tipo de conclusiones, el funcionario estadounidense se ha basado en informes que resaltan que el latrocinio se agudiza con la impunidad, porque ?las figuras de alto nivel nunca son acusadas, ni siquiera formalmente investigadas?.

Botones de muestra

Los escándalos de corrupción se han sucedido casi desde la llegada al poder de Portillo y el Frente Republicano Guatemalteco.

Muestra de ello es el desvío de Q90 millones, del Ministerio de Gobernación, dinero que fue a parar a las cuentas personales de diversos empleados, mientras dirigía el despacho Byron Barrientos, mayor retirado del Ejército.

En otro caso de mayores proporciones, hasta el momento, el Estado ha utilizado Q2 mil millones para resolver los problemas de iliquidez por los bancos Metropolitano, Promotor, Empresarial, del Ejército y Crédito Hipotecario Nacional.

Allegados a Portillo, como el exministro de Comunicaciones, Luis Rabbé, no han sido procesados. A este exfuncionario se le señala de haber otorgado contratos sin licitación por casi Q1 mil 255 millones.

Impunidad

?Ese tipo de situaciones reflejan la impunidad que se vive en el país, porque ninguna persona que ha participado en desfalcos millonarios está en la cárcel?, opinó Alfredo Cojtí, jefe de la bancada del Partido de Avanzada Nacional.

Debido a ello, agregó que se debe insistir en apoyar el fortalecimiento de las instituciones encargadas del manejo transparente de los fondos públicos.

Más acciones

Pablo Ceto, diputado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, tuvo razonamientos similares a los de Cojtí.

Por ello, recomendó a Fisk no quedarse sólo con las versiones de los funcionarios de Gobierno. ?Hay militares implicados en el tráfico de drogas y que en el pasado fueron entrenados por EEUU?, sostuvo.

Además, recomendó pasar a acciones más drásticas, porque no es suficiente con que el gobierno de George W. Bush revoque las visas a los sospechosos de participar en el crimen organizado. ?Deben ser juzgados, porque no es suficiente con impedirles el ingreso a EEUU?, añadió.

Tanto Cojtí como Ceto se mostraron dispuestos a facilitar información sobre el deterioro de los derechos humanos y la falta de avances en la modernización del Ejército.

Ejército: grande y sin modernizarse

En lo que va del año, el Ejército ha consumido alrededor de Q1 mil 238 millones, pese a que sólo tenía presupuestados Q1 mil millones.

Con esos recursos y con alrededor de 30 mil efectivos, las fuerzas armadas guatemaltecas son las más onerosas y grandes de Centroamérica.

De acuerdo con la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala, Minugua, ?no hay razón para tener un presupuesto como en tiempos de guerra?.

Aunque la institución castrense, como ha resaltado Minugua, ?no controla el país? hay ?empobrecimiento de las instituciones de orden civil?.

Desde la llegada al poder de Alfonso Portillo y el FRG, fue un secreto a voces que los ascensos y asignación de tropa en el Ejército eran decididos por el general retirado Francisco Ortega, el coronel retirado Jacobo Salán y el mayor retirado Napoleón Rojas.

La reducción y modernización castrense es parte de la agenda no cumplida.

Esa influencia, en apariencia, la habrían comenzado a perder el 28 de octubre, cuando dos generales y dos coroneles pasaron a situación de disponibilidad.

Desde 1997, el Ejército no ha efectuado cambios relevantes en su despliegue territorial y aún conserva casi 80 instalaciones militares a lo largo del país.

Con la excusa de que es un asunto privado, el ministro de la Defensa, Robin Morán, ha evitado profundizar en los destacamentos que serán desmovilizados el próximo año y sobre cómo será reducido el Ejército en un 20 por ciento.

Para Otto Zeissig, de Incidencia Democrática, en la situación del Ejército ?no ha habido muchos avances respecto de los acuerdos de paz?.

Según el experto, la institución ?no aclara, investiga, ni rescata su prestigio, sino optan por el silencio ante las acusaciones y críticas?.

Hay retroceso en Derechos Humanos

Incremento de las amenazas, intimidaciones, allanamientos, linchamientos y el resurgimiento de las Patrullas de Autodefensa Civil, PAC, son parte de las preocupaciones de los activistas humanitarios y que consideran deben ser conocidas por Dan Fisk, subsecretario adjunto de Estado de EEUU.

?Los hechos saltan a la vista y el Gobierno no puede encubrirlos?, enfatizó Orlando Blanco, del Movimiento Nacional de Derechos Humanos.

A lo largo del año, dirigentes y organizaciones civiles han sido hostigados constantemente, añade. No obstante, ninguno de los hechos ha sido investigado, ?quizá porque las autoridades nos ven como enemigos políticos?, según Blanco.

?Son grupos clandestinos o poderes paralelos que funcionan dentro de los cuerpos de seguridad y que en el pasado fueron responsables de graves violaciones a los derechos humanos?, comenta Miguel Angel Alvizures. A su juicio, los cabecillas de esos grupos conservan influencias en el Estado Mayor Presidencial.

Debido a ello, Blanco y Alvizures sostienen que Fisk debe ser enérgico y exigir al Gobierno investigar ese tipo de hechos, los cuales van contra el espíritu de los acuerdos de paz.

?El señor Fisk debería demandar por parte del Gobierno de Guatemala, un respeto pleno a los derechos humanos, así como una investigación profunda sobre los grupos clandestinos que operan en el país y el resurgimiento de las antiguas PAC?, expresaron.

Mendizábal: ?El narcotráfico es generalizado?

El jefe de la Fiscalía contra el Narcotráfico, Fernando Mendizábal, opinó que es preocupante la situación del trasiego de drogas en el país.

?Ya no podemos decir que una zona o una colonia determinada está inmersa de este delito, sino que es algo generalizado en todo el territorio nacional?, expresó el funcionario del Ministerio Público.

Mendizábal dijo que esto es parte de lo que encontrará el subsecretario de Estado Adjunto de Estados Unidos, Dan Fisk, a su llegada a Guatemala.

Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, mostró su preocupación a las autoridades guatemaltecas por los casi nulos decomisos de la droga que pasa por el territorio. Mendizábal señaló que a tres semanas de haber tomado el mando de las investigaciones sobre estos delitos, advierte que la situación del narcotráfico es alarmante.

?La droga está circulando en la república sin control. Además, ha existido poca investigación?, agregó.

?Se ha podido determinar que en algunos casos no se efectuó la investigación, ni proceso judicial adecuado cuando se llevaba a los sindicados a los tribunales de justicia?, refirió.

Mendizábal mencionó que cuenta con un grupo de personas con deseos de trabajar, ?muy honradas y capacitadas?.

?Además, ya se tiene otra visión del trabajo. Yo, como jefe de sección, voy a trabajar los casos de impacto social y no solamente me haré cargo de las cosas administrativas?, enfatizó.

El fiscal dijo contar con un equipo de trabajo dispuesto a enfrentar el combate del trasiego de drogas en el país.

En la diligencia judicial, Miguel Angel Bermejo, fiscal del caso, escuchó a 11 familiares de Gil y Argueta.

Los interrogatorios iniciaron a las 8 de la mañana y concluyeron, aproximadamente, a las 11 horas.

Testificaron la madre de Gil Muñoz, así como su ex conviviente, Sonia Hernández; una hermana y su concuño.

En el caso de Argueta Romero, fueron la madre, dos hermanos, la esposa y familiares, quienes lo defendieron ante el fiscal.

La Fiscalía pidió mantener en reserva los nombres de las personas, para continuar con la investigación del caso.

Bermejo calificó la presencia de familiares de los prófugos de positiva. ?Es algo positivo que se presenten y quieran colaborar?, expresó Bermejo luego de la indagatoria.

Ni vistos ni oídos

Los familiares manifestaron ante el fiscal y auxiliares que les escucharon que no habían ?ni visto ni oído de los prófugos? desde hace más de 15 días.

Las declaraciones son recibidas por la Fiscalía a un mes de haber sido publicado por Prensa Libre el escándalo del desvío millonario de las arcas de Gobernación a cuentas personales manejadas por Gil Muñoz y Argueta Romero.

Insultos y agresión

Los familiares de Argueta Romero se mostraron agresivos contra reporteros de Prensa Libre, por la labor periodística que se realiza.

Jorge Mario y Miguel Armando Argueta Romero amenazaron con quitar el equipo fotográfico al reportero de Prensa Libre si les tomaba fotos.

Asimismo, la esposa de Argueta señaló que ?la prensa sólo hablaba m…?, y pidió retirar a los reporteros del lugar.

Denuncia amenazas

En la indagatoria a Hernández, la ex conviviente de Gil Muñoz manifestó que es víctima de amenazas.

Inclusive, quiso que se dejaran asentadas en el acta de su declaración las amenazas de las que era víctima.

Investigación se extiende

La investigación del caso se extiende a Petén y Retalhuleu. La Fiscalía continúa escuchando a varias personas de quienes Gil Muñoz habría utilizado sus nombres para emitir cheques por cientos de miles de quetzales.

Este dinero habría sido depositado en varias cuentas bancarias a nombre de Gil Muñoz, a pesar de ser no negociables. Según dijo una fuente de la Fiscalía, los cheques no fueron reconfirmados por los bancos, y sin cuestionarlos libraron la compensación.

Jueza: En manos de Junta Disciplinaria

El futuro de la jueza Dora Leticia Monroy se encuentra desde ayer en manos de la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, OJ, luego de que en una investigación se estableció que tuvo responsabilidad en los embargos tardíos de las cuentas de Jarol Axel Gil Muñoz.

La averiguación preliminar fue efectuada por la Supervisión General de Tribunales, SGT, que estableció que las órdenes de embargo se emitieron con fecha 8 de noviembre y se notificaron hasta el 15, lo que permitió que Gil retirara Q60 millones de sus cuentas bancarias.

La presidenta de la Junta Disciplinaria, Isabel Prem, señaló que esta institución estudiará el expediente recibido y emitirá sus conclusiones.

Si la Junta Disciplinaria coincide con la SGT y establece que la jueza Décimo de Primera Instancia fue responsable de que los bancos del sistema tardaran 7 días en recibir las órdenes de embargo, ésta podría ser sancionada con la suspensión temporal de empleo y sueldo o, si la falta se considera gravísima, inclusive con la destitución del cargo.

Tales aseveraciones surgen luego de la polémica resolución de la CC que otorgó un amparó provisional a favor del vicepresidente, Juan Francisco Reyes López, acusado de ordenar la impresión de volantes de desprestigio contra el empresario Jorge Briz.

El fallo del tribunal constitucional automáticamente paraliza la investigación y el antejuicio promovido contra Reyes López.

Extrañeza

La resolución emitida por la CC causó extrañeza entre algunos sujetos procesales del caso.

Briz expresó que era muy raro el que el vicepresidente haya acudido a esa instancia y no al órgano jurisdiccional que correspondía.

?Lo que estamos viendo es que no hay voluntad por parte del Estado de que efectivamente se cumpla la ley, sino de burlarse de la institucionalidad del país y hacer lo que se les da la gana?, agregó el empresario.

Por su parte, Ricardo Silva Cordero, abogado de la ex directora de la Tipografía Nacional, Silvia Méndez, quien interpuso la denuncia contra Reyes López, se mostró sorprendido por la resolución de la CC.

?Me extraña, porque ante una situación como esta el mejor foro para dilucidar el caso es el jurídico, y esto viene a limitar cualquier acción?, indicó.

Para Miguel Angel Sandoval, del Movimiento Ciudadano, la última resolución de la CC deja todo en claro. ?Esto confirma plenamente las severas críticas que hemos hecho a la CC, al considerar que es un bufete importante del FRG?, señaló.

Según el dirigente popular, el FRG y su gobierno ?viven al margen de la ley, y han perdido todo vínculo con el ordenamiento jurídico del país?.

Anabella de León, diputada de UNE, lamentó el hecho de que la CC haya favorecido a Reyes López y ?no a la obligación que tiene de defender la Carta Magna y el estado de Derecho?.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que la CC emite resoluciones favorables al oficialismo.

En el caso de la inconstitucionalidad contra la integración del Congreso interpuesta por el Centro para la Defensa de la Constitución, Cedecon, también se favoreció al FRG, al declarar que la integración del Congreso estaba en ley.

La acción cuestionaba que 22 diputados del FRG acusados de haber alterado la ley de bebidas alcohólicas, Decreto 43-2000, siguieran en su curul.

Además en las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra el alza del 10% al 12 % a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, IVA, ninguna ha sido declarada con lugar, a pesar de que diversos sectores presentaron de forma individual las acciones.

Los sectores consideran que la población no estaba en capacidad de pago para el alza al impuesto, por lo que fue impugnado ante la CC, sin ningún resultado.

Leyes financieras: FRG

espera opinión favorable

Para hoy se espera que la Corte de Constitucionalidad, CC, opine en favor de la consulta solicitada por el Congreso de la República, sobre la posibilidad de dar vía libre al oficialismo para que apruebe leyes financieras sin mayoría calificada.

Una delegación del Congreso encabezada por el vicepresidente, Luis Rosales Marroquín ?visitó? la CC el martes pasado para pedir que se apresurara a dictaminar, en virtud de que ?estaban en juego los intereses del país?.

Extraoficialmente, se conoció que el presidente de la CC, Rodolfo Rohrmoser, recibió a los congresistas.

En virtud de la petición, existe ?compromiso? de enviar hoy al pleno del Congreso la opinión solicitada.

El Frente Republicano Guatemalteco pretende que la CC le faculte promulgar cuatro leyes financieras sin el voto de las dos terceras partes de los diputados.

Sería nefasto

?El pueblo sabrá si los dictámenes de la CC son políticos o de Derecho. Si la opinión es favorable, sería un precedente nefasto, porque abriría las puertas a muchas modificaciones?, opinó el diputado Leonel López Rodas, del Partido de Avanzada Nacional.

Aunque a las 18 horas de ayer la resolución judicial aún no había llegado a Gestión Penal para su notificación, fuentes del juzgado confirmaron que la jueza interina Dora Monroy ordenó la aprehensión de los dos funcionarios de Gobernación.

La orden de captura contra Gil Muñoz se emitió 18 días después de que Prensa Libre publicó este nuevo caso de corrupción en Gobernación. Según Byron Barrientos, titular de la Cartera del Interior, Gil Muñoz renunció del ministerio el 17 de octubre. Se ignora su paradero.

A Argueta Romero se les sindica también del desvío millonario, ya que era el jefe de Gil Muñoz; ambos trabajaban en la Oficina de Registro y Trámite Presupuestario de Gobernación, y manejaban cuentas mancomunadas.

A sus cuentas personales

Luego de una investigación de Prensa Libre, se estableció que Gil Muñoz desvió Q90 millones a sus cuentas personales en varios bancos del sistema.

Gil Muñoz y Argueta Romero habrían girado cheques por Q200 mil, Q300 mil y Q1 millón.

Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, quien pidió el anonimato, refirió: ?En la Corte no se emite un cheque de más de Q20 mil sin la firma del presidente de la CSJ?.

Dichos fondos fueron supuestamente desviados en el transcurso de este año. Gil Muñoz compró al menos seis residencias lujosas, ninguna de las cuales habita.

Simple sospecha

El magistrado comentó que dejaba mucho que desear la actitud de la jueza al haber citado primero a Gil Muñoz, antes de ordenar su aprehensión.

?La aprensión debería ser una medida de seguridad, porque existe indicio de que cometió un delito; se pudo haber girado la orden de captura, para evitar la fuga?, hizo ver.

Con evasivas

A las 20 horas, la jueza y el personal de juzgado aún trabajaban sin dar más detalles a la prensa sobre las órdenes de detención.

También se informó que el fiscal anticorrupción, Ramiro Coronado, a cargo del proceso, solicitó al juzgado a cargo del caso el secuestro de documentos bancarios que inculpan a los sindicados, y el acceso a sus cuentas en bancos del sistema. Dichas peticiones serán resueltas hoy por la jueza.

Coronado habría aportado mas elementos para que la jueza ordenara la captura de los funcionarios en mención.

Aún labora en Gobernación

Argueta Romero aún labora en Gobernación, informaron secretarias y recepcionistas del ministerio, quienes prefirieron omitir su nombre.

Al preguntar por Argueta Romero, indicaron que no se encontraba, porque estaba de comisión, pero continúa su labor con normalidad.

Serán escuchados

Para hoy se espera que el Ministerio Público escuche a varios legisladores sobre la denuncia interpuesta contra el ministro del Interior, Byron Barrientos, a quien sindican de haber tenido conocimiento de las anomalías en referencia.

Los buscan

Jarol Axel Gil Muñoz y Angel Argueta Romero están sindicados del desvío de Q90 millones de Gobernación a cuentas particulares.

Gil Muñoz era subjefe de la Oficina de Registro y Trámite Presupuestario. Fue contratado bajo el reglón 0-29, y es el principal sospechoso del desvío de Q90 millones de Gobernación a sus cuentas personales.

Según investigación de Prensa Libre, el ex funcionario compró varios inmuebles, los cuales pagó al contado.

Argueta Romero es el actual jefe de la oficina de la cual Gil Muñoz era el subtitular, y también está sindicado del desvío millonario, ya que junto a su antecesor manejaba cuentas mancomunadas de esa dependencia del Interior. Gil permanece desaparecido, mientras Argueta aún funge en su puesto.

Ayer, el Tribunal Supremo Electoral, TSE, resolvió que definitivamente Elmer Morales Fión no podrá reasumir el cargo de alcalde municipal.

Argumentos

El tribunal respaldó la decisión tomada por el Concejo edil en pleno el 12 de octubre último, cuando por unanimidad declaró vacante el puesto de alcalde municipal que ocupaba Morales.

La mencionada acción del Concejo se basó en el artículo 43 del Código Municipal en el inciso b), el cual se refiere a que no puede ser alcalde ?quien tenga litigio o contienda administrativa, contencioso-administrativa o judicial con la municipalidad o cualquiera de sus dependencias?.

Ese artículo, en su último párrafo, da potestad al Concejo para declarar vacante la plaza por estas causales.

En esa ocasión, el Concejo indicó que la decisión se había tomado ?en vista de las anomalías registradas, y porque Morales mantiene un litigio judicial con la propia municipalidad?, se indicó.

Nuevo alcalde

Con el fallo del TSE, el nuevo alcalde de Mixco es René Baldemar García Peñate, quien fungía como concejal suplente.

García, a su vez, sustituye a Víctor Manuel Portillo León, concejal primero, quien suplía a Morales; sin embargo, por afrontar un antejuicio, también fue separado del cargo.

A Portillo se le promovió una acción por haber haber pagado una fianza de Q500 mil a favor de Morales con fondos municipales, lo cual es calificado de error por el concejal separado.

Concejo, satisfecho

Por su parte, el Concejo edil exteriorizó su satisfacción por la resolución del tribunal electoral.

Efraín Avalos, concejal cuarto, indicó que el organismo electoral actuó en ley, dejando al fin la situación en claro.

Portillo León señaló que el nuevo alcalde lo invitó a ser su asesor, lo cual hará con mucho gusto. Además, dijo sentirse tranquilo por la decisión del TSE, que separó del cargo a una persona que ha cometido muchas anomalías.

?Decisión no está firme?

El abogado Francisco García Gudiel, defensor de Morales, manifestó ayer que el fallo del TSE todavía no está en firme, a raíz de que el jueves último interpuso una acción de amparo en la Sala Cuarta de Apelaciones en contra del acuerdo municipal que declaró vacante el puesto de su patrocinado.

“Dicho acuerdo fue el que declaró vacante el puesto de Morales y solicitó al TSE que haga las adjudicaciones correspondientes, lo cual fue la resolución de esa instancia, sin entrar a conocer las razones. Sin embargo, la misma todavía no está firme, porque falta el fallo de la sala”, agregó García.

Según el abogado de Morales, se procede de forma respetuosa de la ley, y si la acción de amparo fuera declarada sin lugar, se interpondrán otras acciones legales. ?Todavía habrá sorpresas más adelante”, puntualizó el defensor del separado alcalde de Mixco.

Delitos imputados a Morales

Elmer Morales asumió la alcaldía en enero del 2000, y a partir de entonces, empezó a ser cuestionado por su forma anómala de actuar.

El comité ad hoc lo acusó de haber despedido a 222 trabajadores de la comuna.

La empresa Multicobros, Financiera Uno y el Concejo edil, cada uno por su lado, promovieron antejuicios contra Morales.

El antejuicio promovido por la financiera fue declarado con lugar en marzo, y Morales tuvo que abandonar el cargo.

El alcalde separado intentó en varias ocasiones reasumir la alcaldía, pero todo fue inútil.

Recientemente, el Concejo de Mixco declaró vacante el puesto de Morales, al argumentar que mientras fungió de alcalde se dieron muchas irregularidades.

Asimismo, lo acusó de alterar actas de sesiones para favorecer a varios contratistas.

La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente analiza iniciar otro juicio contra el separado alcalde, ya que cuando estuvo en funciones se negó a clorar el agua que se distribuye en Ciudad San Cristóbal, zona 8, Mixco.