El jefe de la cartera del Interior, Francisco Rivas, realizó hoy un recorrido por el Paseo de la Sexta del centro histórico de la capital para promover el diálogo con los vendedores ambulantes que han protagonizado disturbios por el intento de la comuna capitalina de desalojarlos.

Tras un enfrentamiento entre buhoneros y policías el pasado jueves, el Gobierno de Guatemala ha implementado un plan de seguridad, que también tiene como fin garantizar la seguridad de la ciudadanía en el área con motivo de las fiestas navideñas.

Este programa, comentó el ministro, busca reducir además la incidencia criminal y el narcomenudeo.

“Esto para brindar seguridad a todos los guatemaltecos que visitan la sexta avenida” y que en esta época, aumentan.

“Garantizamos nuestro mayor esfuerzo para que no exista nuevamente un acontecimiento vandálico”, afirmó Rivas, quien agregó que más de un centenar de agentes estará en la zona.

Decenas de vendedores ambulantes que ejercen habitualmente su labor en la Sexta Avenida del centro histórico de la capital de Guatemala agredieron este jueves a agentes de la Policía Municipal que trataban de desalojarlos.

La municipalidad de Guatemala emprendió recientemente una campaña para acabar con la venta ambulante en esta zona, una de las más comerciales de la capital, lo que ha provocado el enfado de los comerciantes informales, que defienden su trabajo.

El enfrentamiento entre los vendedores ambulantes que trabajan habitualmente en esta zona y los agentes municipales que debían ejecutar la orden de desalojo desembocó en una batalla campal que se tradujo en daños superiores a más de un millón de quetzales (unos 132.000 dólares).

Una decena de personas resultó herida y tres personas fueron detenidas por los actos de aquellos que la municipalidad tildó de “vándalos, terroristas y delincuentes”.

Tras una reunión con su homólogo guatemalteco, Carlos Raúl Morales, el ministro de Exteriores canadiense alabó la lucha emprendida por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala  (CICIG) para terminar con la corrupción en el país.

“Aplaudimos los pasos de Guatemala para mejorar la Justicia y luchar contra la corrupción”, declaró el ministro canadiense, uno de los países que financia la labor del ente de la ONU, creado en el año 2007 con el fin de desarticular estructuras clandestinas dentro de los aparatos del Estado.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía y la CICIG, dijo, “son un elemento que promueve el cambio hacia una Guatemala mejor gobernada, más transparente y más justa”, al fin y al cabo, una meta “hacia la que todos avanzamos”.

Pero en este camino, expresó Dion, “nos preocupa”  saber que Aldana, al igual que el juez Miguel Ángel Gálvez y otros operadores de Justicia, además de defensores de derechos humanos, “han sido objetos de amenazas e intimidaciones” .

No obstante, agregó, el canciller guatemalteco explicó las acciones emprendidas para garantizar la protección de ambos y dijo que Canadá continuará haciendo esfuerzos para apoyar el sistema de Justicia y la labor de los activistas, para buscar una nación “democrática y segura”  con un sistema jurídico “totalmente independiente”.

En septiembre pasado, la fiscal general de Guatemala denunció haber recibido un aviso de “alerta máxima”  ante la amenaza de una estructura criminal que busca atentar contra su persona y cuyos miembros aún no fueron identificados públicamente por las autoridades.

En junio pasado, la fiscal denunció la posibilidad de que el crimen organizado estuviera planeando “un atentado”  en su contra, motivo que llevó al Gobierno del país a redoblar su seguridad y la de su familia después de que recibió una serie de amenazas e intimidaciones de las que hasta el momento se desconocen los autores.

Desde abril de 2015, la CICIG y la Fiscalía han desmantelado una serie de estructuras de corrupción en la que además del expresidente Otto Pérez Molina  (2012-2015) y la exvicepresidenta Roxanna Baldetti están implicados altos funcionarios, exfuncionarios, empresarios y otros particulares, que han saqueado las arcas del Estado.

Durante una reunión con periodistas en la capital, dirigentes de esas poblaciones denunciaron la instalación de la empresa Hidro Xacbal Delta, que construye la hidroeléctrica Energía Limpia de Guatemala con una inversión de más de 96 mil 88 millones de dólares.

El alcalde indígena del municipio de Nebaj (Quiché), Miguel de León Ceto, dijo a que la oposición se debe a la vulneración de los derechos de propiedad y de estudios de impacto cultural, social, ambiental e integridad de las comunidades.

Según De León, las comunidades no fueron consultadas por las autoridades para la construcción de la hidroeléctrica y sólo les presentaron un estudio de 500 hojas “con palabras que no entendemos”.

“Aclaramos que no nos oponemos al desarrollo sino a la forma en que se lleva a cabo la inversión privada de Energía Limpia en nuestra región”, expresa un comunicado divulgado por las comunidades.

El alcalde precisó que la empresa tiene previsto construir un túnel de aproximadamente cuatro kilómetros en donde las comunidades tienen sus cultivos de café, cardamomo y banano entre los poblados de Bisich y Bitziquichum, lo que provocará la pérdida de sus cosechas.

Además, puntualizó, la represa se construye abajo de Bitziquichum, que está en una ladera, y temen que se derrumbe.

De León denunció que los empresarios “han comprado” a otros líderes de otras comunidades a quienes les han entregado láminas para que apoyen el proyecto.

En septiembre pasado, representantes de Hidro Xacbal Delta y la municipalidad de Chajul firmaron un convenio a través del cual la empresa se comprometió a dotar con láminas a 457 familias de la comunidad de Sotzil.

En esa oportunidad, el representante de esa hidroeléctrica, Fernando Fuentes, aseguró que se han cumplido con todos los requisitos y que la empresa apoyará por lo menos 18 proyectos de desarrollo en esas poblaciones indígenas.

Esta es la segunda generadora de energía que construye Hidro Xacbal en Quiché.

La primera, que genera 95 megavatios, fue inaugurada en 2010, durante el gobierno de Álvaro Colon (2008-2012) y fue financiada por el Grupo Hondureño Terra.

Los pobladores de las comunidades ixiles explicaron en el comunicado que han pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a efecto de que el Estado de Guatemala les garantice sus derechos.

Aseguraron que la instalación de la nueva planta que generará 75 megavatios, afectará a 112 familias de Bitziquichum y a 99 de las comunidades La Perla, Blanca Flor, Sotzil y Batchocolá.