Según resolución de un juzgado de Familia, hace tres semanas, se tomaron las medidas restrictivas a los familiares de Cristina Siekavizza, según confirmó Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes.

La medida precautoria consiste en la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

El arraigo fue otorgado por un juzgado de Familia, a petición de Roberto Barreda, esposo de la víctima y principal sospechoso de su desaparición, quien desde prisión hiciera la solicitud mediante su abogado.

Juan Luis Siekavizza manifestó que por el momento desconocen porque fueron arraigados. Y que fueron notificados hace tres semanas, aunque no tiene ningún interés en salir del país.

“Por cuestiones de agenda, por las distintas diligencias que deben realizar en el país y por cuestiones económicas ellos -los hijos de Cristina- no han salido del país desde noviembre del 2013 cuando este fue traído de México donde estaba escondido”, dijo Siekavizza.

Además, Juan Luis presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) para que se investigue quienes colaboraron con Roberto Barreda cuando este estuvo escondido en México.

En conferencia de prensa, integrantes de la Fundación, los padres de Cristina Siekavizza y Voces por Cristina, solicitaron al Ministerio Público que investigue a las personas que pudieron haber ayudado y sostenido financieramente a Barreda durante su estadía en México, donde estuvo prófugo tras llevarse a sus dos hijos.

Cuatro años sin aparecer

El próximo 7 de  julio se cumplen cuatro años de que fuera vista con vida por última vez Cristina Siekavizza, en su vivienda, en el condominio Los Manantiales, kilómetro 19.3 de la ruta a San José Pinula y hasta la fecha su cuerpo no ha sido encontrado, pese a que el principal sospechoso, su esposo Roberto Barreda, está capturado desde noviembre de 2013, cuando fue localizado con una identidad falsa en México. El caso se ha convertido en el símbolo de los extremos a los que llega la violencia intrafamiliar y también ha desnudado las vulnerabilidades del sistema de justicia, debido al tráfico de influencias.

A la fecha se han realizado más de 100 diligencias, infructuosas, en busca del cuerpo de Cristina. Sin embargo, Héctor Canastuj, fiscal especial del caso, afirma que no se detendrá hasta localizar los restos.

Las pesquisas siguen incluyendo la misma escena del crimen, que es la casa que habitó la familia Barreda Siekavizza.

Se busca cualquier tipo de pista, pese a que desde el inicio hubo una limpieza de evidencias.

La investigación sigue en pie con la hipótesis de que la víctima estaría sepultada, dijo Canastuj.

Según estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Foresenses (Inacif) en tres años desde la desaparición de Cristina, han efectuado 51 análisis genéticos, es decir ADN, a osamentas de mujeres que han sido exhumadas o encontradas. Al Inacif, en promedio, le cuesta unos US$300 —Q2 mil 400— cada análisis.

De igual forma, se han efectuado 38 evaluaciones biológicas, que significa analizar objetos en búsqueda de fluidos que puedan dar positivo con el cuerpo de la víctima, según Roberto Garza, vocero del Inacif.

En promedio se solicitan dos veces al mes dichas diligencias en este caso. Entre algunos lugares donde se han realizado s están El Progreso, Quetzaltenango y Villa Canales, en terrenos baldíos, cementerios y el río Motagua.

Noche fatídica

El 6 de julio del 2011 la pareja de esposos Barreda Siekavizza tienen una discusión que habría terminado en violencia intrafamiliar. Según Olga Say, empleada de la familia Barreda Siekavizza, esa noche la pareja discutió y después vio inerte a su patrona.

Al día siguiente se presume que Roberto Barreda sacó el cuerpo de la vivienda. Después informó a sus suegros sobre la ausencia de su cónyuge.

El 29 de julio, por temor a que Barreda sacara del país a sus dos hijos, se activó la alerta para localizar a los niños.
Un día después, Barreda, acompañado de sus hijos, se presentó a la Procuraduría General de la Nación, por lo que se desactivó la alerta Alba Keneth.

Semanas después, el esposo de Cristina huye del país y se lleva a los dos hijos.

La decisión  pone  contra las cuerdas al pleno de la CC al momento en que deba conocer las apelaciones de los amparos resueltos por los juzgados y las acciones presentadas contra el Congreso, que eligió aceleradamente a los 13 magistrados de la CSJ y a los 126 de salas de Apelaciones que deben asumir el próximo 13 de octubre.

Las denuncias de  falta de transparencia en la elección aumentaron a partir del domingo último, cuando la magistrada de Apelaciones Claudia Escobar, quien había sido reelecta,  presentó su renuncia pública, al   tiempo que denunció vicios en el proceso efectuado por  las postuladoras.

ONU pide repetición

Desde Ginebra, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, expresó  su  preocupación por  los recientes procesos de selección de magistrados de la CSJ y de Apelaciones.

“Es necesario que las autoridades nacionales consideren repetir los procesos de selección de magistrados a las altas cortes, a fin de asegurar que las mismas se integren por magistrados independientes, probos y competentes, como lo exigen los estándares internacionales y las propias leyes nacionales”, afirmó Knaul.

Agregó que  había comunicado sus preocupaciones a las autoridades competentes, en agosto último, antes de que finalizaran los procesos de selección.

“Lamento, además, que los procesos llevados a cabo por las comisiones de postulación y por el Congreso hayan demostrado la persistencia de las mismas fallas advertidas en otra carta enviada al Gobierno en el 2009 y en el informe de mi antecesor, Leandro Despouy, sobre Guatemala y un retroceso en los avances logrados”, puntualizó la relatora.

También se pronunciaron por medio de un comunicado las organizaciones internacionales   Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington, la Fundación para el Debido Proceso, Open Society Justice Initiative y Plataforma Internacional contra la Impunidad.

Estas coinciden en que después de dar un seguimiento  a los recientes procesos de selección judicial, por medio de un monitoreo constante y de varias misiones de observación, las comisiones de postulación y el Congreso  “no han cumplido con los estándares de Derecho Internacional aplicables”, señala el documento.

Plantón y acciones

Mientras tanto, en el ámbito local, Alma Carolina Aguilar, Pedro Cruz, Enrique Búcaro y Helen Mack  presentaron ayer un amparo contra el Congreso, en el que objetan la  elección de magistrados  por considerar que  se viola la garantía constitucional de independencia judicial.

A las 13.15 horas empezó un plantón frente a la CC, en el que participaron alrededor de 40 personas.

Brenda Hernández, quien lideró un   movimiento   sin vínculos con oéneges, indicó que el objetivo de la medida es   que la CC revise los amparos que se presentaron contra el proceso de elección, por estar viciados.

Hernández reconoció que labora para la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), pero  actuaba a nombre propio.

Cedecón se une

Por la noche, el Centro para la Defensa de la Constitución presentó en la CC otro amparo contra el Congreso.

En este se argumenta que hay dolo por parte del Legislativo, porque aún no ha publicado el acuerdo de las elecciones, lo cual denota “mala fe”; segundo, que debió argumentar por qué no reeligió a magistrados de ambas cortes, debido a que la carrera judicial es un derecho que tienen todos los jueces y magistrados.

Y tercero,  que hay un rompimiento de la estructura republicana de la división de poderes.

Jueces  se suman

Tras una reunión efectuada a puerta carrada en la sala de vistas de la CSJ, más de 60 jueces acordaron pedir a la CC que revierta las  labores de las comisiones de postulación para CSJ y salas de Apelaciones, por considerar que se atenta contra la independencia judicial, ya que los resultados se dieron en procesos que consideran irregulares.

Otro de los acuerdos alcanzados fue parar labores  si se continúa con el nombramiento que el Congreso hizo de los próximos funcionarios judiciales.

“Si no resuelve mañana —hoy— la CC, nosotros estaremos tomando las medidas correspondientes para el viernes iniciar con las medidas de hecho, que pueden incluir un paro de labores, que serán consensuadas”, advirtió la jueza Patricia Gámez.

Al mismo tiempo, Jorge de León Duque,  procurador de los Derechos Humanos,  pidió al máximo tribunal la anulación del proceso de postulación, desde la convocatoria  para las elecciones de ambas cortes.

En defensa de los derechos humanos que constitucionalmente —la institución— está llamada a proteger en favor de la población, y con el fin de garantizar la independencia judicial. Condena y censura públicamente lo actuado dentro del proceso  de postulación y elección de magistrados del Organismo Judicial”, dijo  el procurador en conferencia de prensa.

Plantón en la CC

Piden al máximo tribunal revertir elección.  

Entre los  personajes que asistieron al plantón se pudo observar a  David Gaitán, de Acción Ciudadana; Miguel Ángel Sandoval  y Eleonora Muralles, de Fads.

Hubo pancartas con frases como “prohibido tutelar la transa” y “porque el tráfico de influencias es corrupción pone en riesgo al sistema de justificia”.

Unos 45  minutos duró el plantón en la CC.

Crece apoyo

Jueces acudieron ayer a la reunión convocada por la magistrada que renunció.

Uno de los temas tratados fue hacer una petición para que en los próximos procesos se valore el tiempo de ejercicio de jueces para optar a magistraturas.

Otro aspecto fue la creación de un escalafón.

Yassmin Barrios, antes de iniciar la sesión, dijo que llegó porque cree en la independencia judicial.

Reunión

Apoyan llamado

Más de 60 jueces de distintos ramos participaron ayer en la reunión convocada por la magistrada Claudia Escobar Mejía, quien el pasado 5 de octubre renunció a su nombramiento para cinco años más en el cargo.

La sesión se celebró en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Comenzó a las 16 horas, y duró aproximadamente 90 minutos.

Entre los asistentes se vio a los jueces del Tribunal A de Mayor Riesgo, Yassmin Barrios, Pablo Xitumul y Patricia Bustamante, así como al juez de Extinción de Dominio Marco Antonio Villeda y el titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez.

Informe

Antes de la reunión, varios jueces del ramo Penal habían escuchado una conferencia del presidente de la Cámara Penal, Manfredo Maldonado, quien informó sobre el trabajo efectuado durante la gestión de la actual CSJ.

Lluvia de impugnaciones: 22 en total

En total, el trabajo de las comisiones de postulación para Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones fue impugnado con 22 acciones legales, planteadas en juzgados del ramo Civil y la Corte de Constitucionalidad.

Gustavo Cárdenas  presentó un amparo contra el Congreso porque no se permitió votar a los diputados, y a él,  ser electo.

Cedecón  accionó contra el Legislativo por considerar que cometió dolo al no haber publicado acuerdo de  elecciones.

Helen Mack  accionó en la CC contra el Legislativo. Argumenta  que se violentó la independencia judicial.

El 5  de septiembre, el Juzgado Octavo Civil abrió el expediente 734 contra la postuladora de Apelaciones.

Ese mismo  día, el Juzgado Tercero Civil abrió el expediente 730, contra la postuladora para CSJ.

El expediente 726, del Juzgado Primero Civil, fue abierto el 8 de septiembre, contra la postuladora de Apelaciones.

Las acciones  siguieron el 9 de septiembre, con el expediente 654, en el Juzgado Décimo Tercero Civil, contra la postuladora de salas.

El 12 de septiembre, al Juzgado Décimo Quinto Civil ingresó el expediente 772, contra la postuladora de salas.

La postuladora  para CSJ fue impugnada el 16 de septiembre, en el Juzgado Cuarto Civil, con el expediente 767.

El mismo día, el Juzgado Segundo Civil abrió el expediente 773, contra la misma comisión.

También el  Juzgado Décimo Cuarto Civil abrió el expediente 755, contra la postuladora para CSJ.

Las acciones  de ese día concluyeron con el expediente 775, del Juzgado Décimo Quinto Civil, contra la comisión para CSJ.

El expediente  747, del Juzgado Tercero Civil, fue abierto el 17 de septiembre, contra la comisión para salas.

Tres recursos más  contra la comisión para CSJ se presentaron ese 17 de septiembre.

El expediente  760, del Juzgado Tercero Civil; el 774, del Juzgado Duodécimo; y el 767, del Juzgado Séptimo.

El Juzgado  Noveno Civil abrió el expediente 754, contra la labor de la postuladora para salas.

En el Juzgado Octavo Civil también fue abierto el expediente 769, contra la comisión de salas.

El Juzgado  Undécimo Civil abrió el 18 de septiembre el expediente 769, contra la postuladora para salas.

El expediente  786 fue abierto por el Juzgado Décimo Quinto Civil, contra la comisión para salas.

El 18  de septiembre, el Juzgado Tercero Civil recibió el expediente 679 contra la postuladora para CSJ.

El Juzgado  Quinto Civil recibió el 19 de septiembre la última impugnación contra la postuladora para salas.