Haroldo Shetemul | Página 1 | Prensa Libre

El plagio que persigue a Porras

Fri, 27 Mar 2026 06:02:00 +0000

A contraluz

El plagio que persigue a Porras

Consuelo Porras intenta aferrarse a la Fiscalía General, pese a que las tachas que la definen como una persona sin idoneidad y ética.

27 de marzo de 2026

00:02h

¿Puede una maleta con documentos desvanecer las tachas que pesan sobre Consuelo Porras, en su intento por aferrarse a la Fiscalía General para un tercer período? No, definitivamente no. Existen evidencias claras y contundentes que no pueden borrarse con argumentos amañados. Por ejemplo, contra el señalamiento de que su tesis doctoral es un plagio de la tesis de licenciatura de Benigno Ramírez Choc presenta un descargo pueril. Según Porras, solo el autor de la tesis, quien falleció hace diez años, puede hacer el reclamo. Eso implicaría que, en la actualidad, nadie puede denunciar el delito. Ese planteamiento no tiene ningún sustento y, al contrario, pareciera admitir tácitamente que tal plagio puede quedar en la impunidad.

¿Puede una persona señalada de apropiarse del trabajo ajeno garantizar la integridad del sistema de justicia?

Basta con comparar la tesis doctoral de Porras con la de Ramírez Choc para confirmar que es un calco descarado, en el que solo se modificaron algunos términos. Decir que únicamente el autor puede denunciar es una güizachada que carece de sustento legal. Según la Ley de derechos de autor y derechos conexos (decreto 33-98), los derechos se dividen en dos categorías que sobreviven al fallecimiento: a) el artículo 19 señala que, al morir el autor, corresponde a los herederos o al Estado velar por la integridad y la paternidad de la obra. b) el artículo 43 estipula que la protección de los derechos patrimoniales se extiende por 75 años después de la muerte del autor y es ilegal cualquier uso no autorizado, como el plagio.

Independientemente de que el autor original pueda o no reclamar, el hecho de presentar una tesis doctoral plagiada constituye un fraude académico y administrativo. El título de doctorado se otorga bajo la premisa de que es un trabajo original. ¿Qué calidad moral y académica puede tener una persona que no puede realizar una investigación propia y recurre a copiar el trabajo de otro? O, en el peor de los casos, pagar para que una tercera persona elabore una tesis fraudulenta, porque hay quienes se prestan a elaborar tesis por encargo. En el plano universitario, la casa de estudios tiene la potestad de investigar y, si se confirma el plagio, anular el acto consumado con engaños. Además, el plagio tiene implicaciones penales.

Si el autor ya no vive, la legislación guatemalteca considera que es una víctima que no puede defenderse, lo cual refuerza la necesidad de que el Estado o la casa de estudios actúen de oficio. Además, cualquier persona puede realizar la denuncia por ser un hecho fraudulento vinculado a una funcionaria de alto nivel que debería demostrar idoneidad y ética. El Tribunal de Honor, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) también puede actuar de dos maneras: a) de oficio cuando el hecho es de conocimiento público y notorio, como es el caso en el que habría incurrido la licenciada Porras. b) cualquier ciudadano que tenga conocimiento del caso puede acudir a ese tribunal, sin necesidad de que sea abogado.

Más allá de la discusión sobre quién tiene legitimidad para denunciar, lo verdaderamente relevante es la dimensión política y ética ineludible. La Ley de Probidad exige a los funcionarios públicos actuar con rectitud y transparencia. Estos principios no se agotan con el cumplimiento formal de la ley. Ser fiscal general implica tener una conducta intachable, una trayectoria libre de cuestionamientos y una disposición a rendir cuentas, sin evasivas. Al final, la pregunta no es si el plagio puede o no se reclamado por una persona específica. La pregunta es más sencilla y mucho más incómoda: ¿Puede una persona señalada de apropiarse del trabajo ajeno garantizar la integridad del sistema de justicia?

Porras, bajo sospecha por desaparición de menores

Fri, 20 Mar 2026 06:02:00 +0000

A contraluz

Porras, bajo sospecha por desaparición de menores

Porras habría incurrido en actos ilícitos, como falsificación de documentos, para ejecutar adopciones ilegales.

Haroldo Shetemul

20 de marzo de 2026

00:02h

La oscura trayectoria de Consuelo Porras se hunde en el conflicto armado interno. Hasta ahora se conocía cómo había convertido la Fiscalía General en instrumento de persecución contra fiscales, jueces, periodistas y activistas que han luchado contra la corrupción. Recientes revelaciones dejan ver cómo Porras habría sido responsable de más de 80 adopciones ilegales de niños durante el reino del terror de los años 80.

Fraude en declaraciones de adopción y ocultamiento del destino de los niños implicarían a Porras.

El miércoles pasado, el periódico electrónico El Faro informó que tuvo acceso a documentos que firmó Porras, como administradora del Hogar Elisa Martínez, por los cuales llevó a cabo ocho adopciones irregulares. No se trata de simples denuncias, sino de pruebas documentales de su implicación. Según el medio periodístico, en el 40% de los casos la identidad de los niños fue cambiada. Las víctimas no solo eran guatemaltecas, sino también hijos de madres de El Salvador y Honduras.

En un país marcado por la impunidad y la fragilidad institucional, estos hechos no pueden relativizarse ni archivarse en el olvido. El presunto involucramiento de Porras en adopciones ilegales reabre las heridas históricas y plantea una pregunta de fondo: ¿puede dirigir la persecución penal alguien señalada de haber participado en uno de los capítulos más oscuros de la historia de Guatemala?

No estamos frente a simples irregularidades administrativas, se trata de alteración deliberada de identidades; un hecho que, en términos jurídicos y éticos, tiene la figura de desaparición forzada. Expertos de las Naciones Unidas le dan esa tipificación porque los niños fueron separados de sus familias en circunstancias de violencia y represión por agentes del Estado, sin procesos legales ni consentimiento, además de negarles a las familias información sobre el paradero de los menores.

El contexto agrava aún más la situación. Durante el conflicto armado, funcionarios estatales, civiles y militares, convirtieron a Guatemala en un mercado internacional de adopciones, muchas de ellas marcadas por la opacidad, la pobreza estructural y la vulnerabilidad de mujeres, en su mayoría indígenas o migrantes centroamericanas.

Los documentos a los que tuvo acceso El Faro son reveladores. En todos los casos, los informes sociales identificaban a las madres biológicas, pero en las escrituras de adopción —firmadas o avaladas por Porras— los niños aparecían como “hijos de padres desconocidos”. La omisión implica borrar jurídicamente el origen de una persona. En algunos expedientes se consignaron datos falsos, como cambiar el lugar de nacimiento de una menor salvadoreña para facilitar su salida del país.

Más inquietante es la conducta de Porras. En su expediente de postulación de 2018, Porras consignó que fue administradora del Hogar Elisa Martínez, en 1982. Sin embargo, omitió ese dato en la documentación que entregó este año a la comisión de postulación de fiscal general. No es un olvido menor: es la eliminación de un cargo y sugiere la intención de ocultarlo.

No se trata de un hecho aislado. Desde 2022, Porras ha sido sancionada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por actos vinculados a la corrupción, porque ha perseguido a operadores de justicia, mientras ignora y protege estructuras criminales. Los nuevos informes solo refuerzan un patrón: el uso discrecional de la justicia y la ausencia de rendición de cuentas por parte de Porras.

Es fundamental reconocer que hay indicios suficientemente graves para exigir una investigación independiente, transparente y creíble. Mientras esta no se produzca, la permanencia de Porras al frente del Ministerio Público constituye un obstáculo para la justicia.

Cuando las élites tocan las puertas en Washington

Fri, 13 Mar 2026 06:02:00 +0000

A contraluz

Cuando las élites tocan las puertas en Washington

El cabildeo de la oligarquía busca incidir en una mayor desestabilización de los esfuerzos democráticos.

Haroldo Shetemul

13 de marzo de 2026

00:02h

Las élites depredadoras no solo buscan influir en la conducción del Estado, sino que tratan de imponer a sus lacayos para tener una justicia a la carta, para lo cual no escatiman recursos. Su objetivo es capturar el Estado y para ello despliegan estrategias de influencia en el exterior que van más allá de la protección de sus intereses. El reciente cabildeo efectuado en Washington por grupos empresariales guatemaltecos ilustra con claridad meridiana cómo buscan aprovechar la política internacional para incidir en las decisiones claves del sistema institucional del país, como la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Grupos empresariales invierten grandes sumas para mantener una descarada manipulación. institucional.

La asociación El Observador publicó, en diciembre pasado, la investigación “Arrecian cabildeo ante el Gobierno de Estados Unidos”, en la cual informa que grupos empresariales guatemaltecos contrataron los servicios de la firma Continental Strategy LLC, con sede en Washington. ¿Quiénes están detrás de ese lobby? Nada menos que la Asociación de Azucareros de Guatemala (Azasgua), la Cámara de Industria de Guatemala, Coraline Capital Inc. —vinculada al grupo financiero que controla el Banco Industrial— y la Corporación Internacional Cemcal, asociada a Cementos Progreso. Estos cuatro grupos pagaron US500 mil (unos Q4 millones) para ese cabildeo.

Según la información, en el centro de las operaciones está Manuel Alfredo Espina Pinto, quien trabaja en Continental Strategy y tiene vínculos con sectores conservadores del Partido Republicano y del neopentecostalismo evangélico. Este empresario llegó a Washington como embajador del gobierno de Jimmy Morales en 2017 y desde entonces ha estado al servicio del Cacif, para establecer contactos con los sectores más ultraderechistas de Estados Unidos. El cabildeo que desarrolla Espina Pinto se dirige a la oficina ejecutiva del presidente norteamericano y el Departamento de Estado.

El problema no es el lobby en sí mismo, ya que en Estados Unidos es una actividad legal. El inconveniente es cuando estos esfuerzos de influencia se insertan en contextos institucionales frágiles, como el guatemalteco, donde la independencia judicial ha sido históricamente vulnerable a presiones políticas y económicas. Además, ese cabildeo busca incidir en una mayor desestabilización de los esfuerzos democráticos y, en particular, contra el presidente Bernardo Arévalo.

La elección de Molina Barreto como magistrado de la CC no puede analizarse al margen de esas dinámicas de poder. Durante años, este magistrado ha sido identificado con sectores conservadores del sistema político y con decisiones judiciales alineadas con los intereses de determinadas élites económicas. Molina Barreto no solo se ha significado como un defensor del statu quo, sino como el artífice de fallos que han favorecido a Consuelo Porras, el pacto de corruptos y ha buscado mermar el espacio de gobernabilidad del presidente Arévalo.

Lo que está en juego no es solo el papel de la CC, sino el modelo mismo del Estado. Cuando grupos empresariales invierten grandes sumas de dólares en cabildeo para mantener el sistema de justicia capturado por redes de poder, ya no se trata de la defensa de intereses legítimos, sino de una descarada manipulación institucional.

En consecuencia, la visita del emisario del norte a la Corte Suprema para abogar por Consuelo Porras, y su subsiguiente presión a los diputados para viabilizar la elección de Molina Barreto, no pueden ser vistas como actuaciones aisladas. Todo indicaría que son componentes de una estrategia de incidencia política de alto nivel, con vasos comunicantes con el cabildeo en Washington.

Una historia de resistencia

Fri, 06 Mar 2026 06:02:00 +0000

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Una historia de resistencia

La dictadura judicial ha retorcido las leyes para mantener detenido a Jose Ruben Zamora.

Haroldo Shetemul

6 de marzo de 2026

00:02h

Si alguien ha afrontado los embates de la dictadura judicial, ese es Jose Rubén Zamora. El periodista lleva más de tres años y medio como preso de conciencia por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Si bien ahora se encuentra en arresto domiciliario, técnicamente esa es otra forma de privación de su libertad. Él sabe que el Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, busca la forma de que vuelva a la cárcel.

Zamora es una figura cimera que apuesta por la libertad de expresión y por la democracia.

La persecución contra Zamora comenzó hace más de tres décadas. Desde su matutino dirigió la investigación de uno de los casos más emblemáticos de la represión del país, como lo fue el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, ocurrido en 1990. Eso lo enfrentó a las estructuras criminales dentro del Ejército, que comenzaron la labor de intimidación en su contra.

En el 2003 su casa fue allanada y su familia mantenida secuestrada por varias horas, además de simular su ejecución. ElPeriódico continuó publicando investigaciones que revelaban casos de impunidad y corrupción en los que estaban involucradas las cúpulas gubernamentales y militares. En el 2008 fue secuestrado y estuvo desaparecido. Fue dejado en un paraje, con señales de que sus captores lo obligaron a injerir barbitúricos.

Pese a esas acciones, Zamora mantuvo la línea de periodismo de investigación para dar a conocer la rapiña del pacto de corruptos, al cual define como una alianza de políticos, empresarios y operadores judiciales que han utilizado las estructuras estatales para enriquecerse. En el 2022, Consuelo Porras, al servicio del expresidente Giammattei, fabricó caso tras caso en su contra, hasta llevarlo a prisión.

Las estructuras criminales no solo se fueron contra el periodista, sino que su sed de venganza las llevó a atacar al diario. El cierre de elPeriódico y la persecución contra varios de sus reporteros reveló la fragilidad de la libertad de prensa en una democracia que formalmente existe, pero que sigue sometida a presiones autoritarias. Sin embargo, nada ha detenido el periodismo de investigación. Aunque este medio ya no circula en las calles, ahora sus investigaciones se pueden leer desde la web.

La saña de Porras y la dictadura judicial lo han mantenido más de mil días en prisión y por dos breves períodos en arresto domiciliario. Estuvo encarcelado en una bartolina infestada por insectos y podía ver la luz del sol por pocas horas. Los informes médicos y psicológicos han revelado que esta situación inhumana ha impactado en su salud.

Lo que ha vivido Zamora es una muestra de cómo el Estado está secuestrado por estructuras de impunidad que retuercen las leyes para vengarse de quienes consideran sus enemigos. Desde su perfil periodístico se ha convertido en un símbolo incómodo para esos parásitos que han utilizado el Ministerio Público para atacar a quienes no les rinden pleitesía.

A pesar de la forma en que Consuelo Porras y los jueces venales lo han tratado, Zamora no quiere abandonar el país. El periodista asume una actitud de resistencia frente a las élites fascistas que se niegan a entender que Guatemala no es de su propiedad. Este es un país donde hasta el presidente se encuentra en peligro de ser defenestrado e ir a la cárcel por las oscuras estructuras que buscan retomar el poder.

Por eso, Jose Ruben Zamora es una figura cimera de quienes apuestan por la libertad de expresión y por la democracia. Su situación es una muestra del deterioro institucional que ha llevado a fiscales, jueces y otros comunicadores al exilio, pero al mismo tiempo representa una digna actitud contestataria frente a la opresión.

El desastre del Doroteo Guamuch

Fri, 27 Feb 2026 06:02:00 +0000

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El desastre del Doroteo Guamuch

La CDAG permitió que una empresa sin experiencia dejara el estadio Doroteo Guamuch en ruinas.

Haroldo Shetemul

27 de febrero de 2026

00:02h

Hace un año, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) vendió la idea de que el Doroteo Guamuch Flores tendría una gramilla a la altura de los mejores estadios del mundo, como el Metropolitano, del Atlético de Madrid, o el Allianz Arena, del Bayern Múnich. Prometió una pista de atletismo remodelada por la compañía italiana Mondo, similar a la del estadio Parque de los Príncipes, del París Saint-Germain, utilizada en los Juegos Olímpicos de 2024.

La devastación del estadio ha significado una estafa de Q9.5 millones del presupuesto nacional.

Nada más fue un sueño de opio. Se creó una falsa expectativa de que el país entraba al circuito deportivo de talla mundial, con certificación de la Fifa. El pasado 6 de diciembre venció el plazo para que la constructora contratada entregara la obra concluida. En su lugar, hoy el estadio luce como un potrero, sin gramilla, sin pista de atletismo, como en sus peores días. Una lona cubre la polvorienta devastación.

El desastre comenzó cuando, en septiembre de 2024, la CDAG adjudicó la obra a Bremar, que acreditó 12 años de experiencia, pero su portafolio se limita a la construcción de parques infantiles y colocación de grama artificial en canchas pequeñas.

La compañía ofreció grandezas como el sistema híbrido Hatko Hybrid Grass, una tecnología turca de fibras sintéticas que se rellenan con sustrato para sembrar semillas de césped natural. La estructura de plástico protege la raíz de la grama y evita que sea arrancada en juegos bruscos.

En noviembre del 2024 se firmó el contrato por Q32.4 millones, cuya obra debía estar terminada el 6 de diciembre de 2025. La empresa recibió Q9.5 millones en dos anticipos. Bremar, a su vez, suscribió un contrato con Superficies Deportivas de Guatemala, distribuidora de las marcas Hatko y Mondo, en la región.

La obra se paralizó a partir de mayo por problemas entre ambas empresas. En septiembre, Bremar planteó cambiar de marca de grama y pista por otras supuestamente de iguales características. Pese a ello, el diario La Hora informó que había contactado a los representantes de Hatko, quienes estaban dispuestos a negociar en forma directa con Bremar porque el sistema híbrido ya estaba listo para ser enviado a Guatemala.

Sin embargo, Bremar desapareció como por encanto. El único trabajo que hizo esa empresa fue quitar la pista de atletismo y arrancar la grama, para dejar el estadio como si fuera un desierto con zanjas. Parece que esa es su especialidad porque, según Guatecompras, en los últimos cinco años esa empresa ha tenido adjudicaciones por Q421.2 millones para mantenimiento vial.

Pese al evidente desastre, los directivos de la CDAG se niegan a la fiscalización del Congreso. ¿Cómo es posible que adjudicaran la obra a una empresa sin experiencia para un proyecto de la envergadura del Doroteo Guamuch Flores? Obviamente, hay gato encerrado y por eso existen 38 querellas contra la Confederación y Bremar. Tras este negocio existiría peculado por sustracción porque se pagaron Q9.5 millones para que la empresa dejara el estadio en ruinas.

Además, en el contrato se prohibía la subcontratación, algo que hizo Bremar desde el inicio. Desde mediados de 2025 era evidente que la obra estaba estancada, pero la CDAG no rescindió el contrato, lo que permitió a la empresa recibir el segundo adelanto millonario en octubre. Ese hecho implicaría que existió contubernio entre la CDAG y la empresa, lo cual debe ser investigado de manera exhaustiva.

El futuro del Doroteo Guamuch es sombrío porque está ligado a la opacidad y una red de corrupción. El estadio ha quedado a la deriva hasta que la CDAG efectúe un nuevo evento. Eso implicaría que el recinto deportivo podría pasar años en completo abandono.

El orellanazo

Fri, 20 Feb 2026 06:02:00 +0000

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El orellanazo

De un plumazo, el juez Orellana quiere borrar las acciones criminales que Serrano Elías cometió con el autogolpe de 1993.

Haroldo Shetemul

20 de febrero de 2026

00:02h

A las seis de la mañana del 25 de mayo de 1993, la voz altisonante de Jorge Serrano Elías despertó a los guatemaltecos en forma abrupta. En una cadena nacional de radio y televisión, el entonces presidente leyó las “Normas temporales de gobierno”, con las cuales se inició la asonada golpista que cimbró las estructuras del Estado. De esa manera, emulaba el autogolpe de Alberto Fujimori, en Perú, un año antes.

El juez Orellana incurrió en instrumentalización de la justicia para favorecer a su aliado político.

Serrano Elías disolvió el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, además de remover al procurador de los Derechos Humanos. Impuso un estado de excepción que restringió el derecho de reunión y la libre locomoción. Roxana Baldetti, subsecretaria de Relaciones Públicas de la Presidencia, dirigió la censura de prensa. Con un contingente de militares y policías se presentó a los medios periodísticos para revisar el contenido noticioso antes de que se publicara.

El autogolpe se precipitó porque, para satisfacer sus ambiciones, Serrano Elías había sobornado a diputados y jueces, quienes cada vez le pedían más. A ello se agregaba un ambiente de descontento popular, asesinatos de dirigentes populares y la exigencia de sectores civiles para que la Contraloría General de Cuentas investigara las finanzas del presidente, que se había enriquecido de manera desmedida en apenas dos años.

El colapso llegó por un amplio consenso ciudadano que tuvo su principal expresión una semana después cuando la Corte de Constitucionalidad declaró ilegítimas e inconstitucionales las disposiciones de Serrano. En la negociación, en la que participó el Ejército, se le permitió al golpista huir a Panamá, en lugar de haber sido encarcelado por los 13 delitos que cometió.

En los últimos años, Serrano Elías está activo en las redes sociales y su discurso se ha unido al coro ultraderechista que intenta la caída del presidente Bernardo Arévalo, al que califica de ilegítimo y producto de un fraude. Ese posicionamiento ha acercado a Serrano Elías al expresidente Alejandro Giammattei; la fiscal general, Consuelo Porras, y el juez Fredy Orellana, los operadores del pacto de corruptos más visibles.

De ahí que resulte sintomático de la descomposición del Organismo Judicial que le trasladaran el caso al juez Orellana, con una clara trayectoria de persecución contra el gobierno de Arévalo. Ni lento ni perezoso, Orellana favorece a Serrano Elías, quien, sospechosamente, mantiene sus mismas posiciones políticas. No existe, entonces, imparcialidad judicial.

De un plumazo, Orellana anuló las órdenes de captura que pesaban sobre Serrano Elías y de esa forma borró las acciones criminales que cometió, entre ellas, la violación a la Constitución, rebelión, usurpación de funciones y una desmedida corrupción.

La defensa de Serrano Elías alega que, por el tiempo transcurrido, la persecución penal ya prescribió. Sin embargo, los delitos contra la Constitución, por ser de naturaleza especial, no han vencido porque, cuando Serrano Elías huyó a Panamá, se interrumpió esa prescripción. O sea, en términos legales, el tiempo se detuvo en el momento en que se convirtió en prófugo de la justicia.

El juez Orellana ha incurrido en la instrumentalización de la justicia por utilizarla para favorecer a un aliado político. También es un fraude de ley porque quiere limpiar el historial criminal de Serrano Elías.

Por eso, ante la pasividad del Ministerio Público, en manos de Consuelo Porras, es importante que la Procuraduría General de la Nación impugne el oprobioso fallo del juez Orellana para evitar que deje impunes las acciones criminales que Serrano Elías cometió contra el Estado en 1993.

Manipulación judicial

Fri, 13 Feb 2026 06:02:00 +0000

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Manipulación judicial

El juez Fredy Orellana tiene impedimento legal para conocer el caso de los líderes indígenas Pacheco y Chaclán.

Haroldo Shetemul

13 de febrero de 2026

00:02h

La dictadura judicial se ensaña contra los pueblos indígenas, esta vez personificados en Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán. El caso lo llevaba el juez Arnulfo Carrera, pero tras una recusación de la Fundación contra el Terrorismo, la Sala Tercera de Apelaciones lo trasladó al juez séptimo penal Fredy Orellana.

Es difícil que el Estado pueda brindar salud integral a poblaciones en áreas rurales remotas.

Esta es una maniobra para castigar a los detenidos por haber ejercido su derecho constitucional a la manifestación en el 2023 en defensa de la democracia. Sobre todo porque en esas movilizaciones los pueblos indígenas exigieron la renuncia de Orellana por ser instrumento de la fiscal general, Consuelo Porras, para atacar a quienes luchan contra la impunidad. Por esa razón, Orellana tiene impedimento legal para conocer el caso.

El exfiscal Juan Francisco Sandoval afirma que la Sala Tercera de Apelaciones violó el artículo 98A de la Ley del Organismo Judicial y el acuerdo 18-2012 de la Corte Suprema de Justicia porque debía enviar el caso a los jueces Sexto A o Sexto B, a quienes correspondía en orden numérico. Sin embargo, sin justificación lo pasó al juez séptimo para que cayera en manos de Orellana.

Sobre este juez pesan las sanciones de EE. UU. y la Unión Europea por socavar la democracia y el Estado de derecho. Es un juzgador que puede utilizar este caso para vengarse de los pueblos indígenas, lo que equivale a una persecución penal. No fue error, fue una manipulación descarada, lo que se traduce en corrupción judicial.

La salubridad se irá de las áreas rurales

El presidente Bernardo Arévalo anunció la salida del país, en forma progresiva, de los médicos cubanos que dan atención en áreas rurales aisladas. Esta medida se debería al alineamiento del gobierno a la política estadounidense contra el régimen cubano.

El problema es que este retiro impactará en las regiones remotas, principalmente indígenas, a donde los médicos guatemaltecos se niegan a ir. Los cubanos brindan servicios de cirugía, pediatría, ginecoobstetricia, anestesiología, epidemiología, entomología y atención primaria de salud en 16 departamentos.

El Ministerio de Salud dice que impulsará un plan de sustitución con contratación de personal e incentivos para plazas de difícil acceso y apoyo técnico especializado. ¿Se puede confiar en esa declaración? Hemos visto cómo los hospitales en la capital y zonas urbanas departamentales pasan apuros por carencia de médicos, medicamentos y tecnología apropiada. La experiencia nos dice que es falso que en apenas un año se pueda resolver un problema estructural que ha excluido a millones de personas en áreas rurales.

Según el Banco Mundial, Guatemala tiene 128 médicos por cada cien mil habitantes, lo cual es inferior a otros países de la región. Por ejemplo, Costa Rica tiene 150; El Salvador, 160 y México, 240 médicos por cada cien mil habitantes. Esta decisión impactará en una mayor morbilidad y mortalidad porque el Estado no tiene capacidad de proporcionar servicios de salud de calidad en áreas de extrema pobreza.

A Nester Vásquez le salió el tiro por la culata

Fri, 06 Feb 2026 06:02:00 +0000

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A Nester Vásquez le salió el tiro por la culata

El fallo que excluyó a los profesionales afines de las elecciones en el Cang pretendía favorecer a Nester Vásquez.

Haroldo Shetemul

6 de febrero de 2026

00:02h

Apenas dos días antes de las elecciones para definir las magistraturas titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), una resolución judicial cambió las reglas de juego. El 2 de febrero, la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo otorgó un amparo provisional para dejar fuera de las votaciones a siete mil profesionales afines (politólogos, internacionalistas, sociólogos y criminalistas) pertenecientes a esa entidad gremial.

No es la primera vez que el pacto de corruptos intenta modificar los resultados electorales con maniobras fraudulentas.

En apariencia, parecía una resolución judicial legal, pero en realidad se trataba de una treta de Nester Vásquez, magistrado de la CC. Con ello pretendía dañar a sus contrincantes porque, supuestamente, estos iban a ser favorecidos por los votos de los profesionales afines. La maniobra fue descarada porque esa sala está integrada por las magistradas Irma Yolanda Sosa Flores y Caren Orfilia Guzmán Sagastume, integrantes de la Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (Aspa), grupo dirigido por Nester Vásquez. El tercer magistrado de la sala es Roberto Estuardo Morales, miembro de Unión, liderado por Roberto López Villatoro, alias el Rey del tenis.

Con ese fallo pretendían favorecer la candidatura de Nester Vásquez. Ese hecho constituye un fraude de ley porque utilizaron un amparo para alcanzar un resultado electoral que favorecía al líder de su grupo gremial. Además, incurrieron en prevaricato porque los magistrados de la sala sabían de la injusticia que cometían porque los profesionales afines han participado en todas las votaciones del Cang, desde 1982, incluso cuando ganó la magistratura Nester Vásquez, en el 2021.

La artimaña había sido diseñada desde los más altos niveles del pacto de corruptos. En principio, los encargados de llevarla a cabo eran los magistrados de la CC Roberto Molina Barreto, Claudia Paniagua y Dina Ochoa. El 31 de enero, cuatro días antes de las elecciones en el Cang, le enviaron una nota a Leyla Lemus, magistrada presidenta, para que convocara de urgencia al pleno para resolver los amparos que pretendían excluir a los profesionales afines. Sin embargo, el contenido de la nota se filtró y se viralizó en las redes sociales, con el consiguiente descrédito de los tres magistrados.

Ante esa situación, el pacto de corruptos decidió que fueran las magistradas de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo las encargadas de dar el golpe. Ni siquiera cuidaron las formas porque actuaron de forma descarada. Los amparistas no impugnaron por la vía ordinaria, ni presentaron el recurso a tiempo, lo que significaba que el tribunal debía rechazarlo in limine.

Pero la jugada sucia no les salió bien. En el ambiente flotaba el total rechazo a esas acciones abusivas y el tiro les salió por la culata. En las elecciones del Cang, Astrid Lemus, contra quien iban dirigidas las maniobras del pacto de corruptos, obtuvo el primer lugar, seguida de Estuardo Gálvez. Ambos se disputarán la segunda vuelta electoral el 12 de febrero. Nester Vásquez quedó refundido en el tercer lugar y con un vergonzoso descrédito público por tramposo y enemigo de la democracia.

Aunque no les dieron resultado estas acciones, es importante desenmascararlas porque no es la primera vez que intentan modificar los resultados electorales para eliminar a candidatos que les son incómodos. Eso mismo ocurrió en los comicios generales del 2023, cuando la mafia de Giammattei excluyó a tres aspirantes presidenciales porque su objetivo era imponer al oficialista Manuel Conde. Esta estructura criminal ha puesto el sistema judicial al servicio de intereses políticos espurios, con tal de mantener el Estado bajo su control.

Un elefante blanco sobre la Roosevelt

Fri, 30 Jan 2026 06:02:00 +0000

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Un elefante blanco sobre la Roosevelt

El Aerometro es un gran negocio para los amigos del alcalde más que una obra para resolver el problema del transporte.

Haroldo Shetemul

30 de enero de 2026

00:02h

El precario transporte colectivo en la Ciudad de Guatemala es un problema estructural y multidimensional porque afecta la calidad de vida, la economía y la seguridad de los pasajeros. La familia Arzú ha mantenido el poder en la Municipalidad capitalina durante 40 años, lapso en el cual ha sido incapaz de resolverlo, pese a que afecta a la mayoría de la población.

Durante 25 años, los empresarios se quedarán con el 97% de las ganancias y solo le darán el 3% a la Municipalidad.

Alrededor de tres millones de personas ingresan y salen de la capital cada día, desde los municipios dormitorio (Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa, entre otros). Eso significa que se requieren entre seis y ocho millones de desplazamientos diarios en el perímetro urbano. El trasporte colectivo apenas cubre un tercio de esa demanda.

No solo hay escasez de autobuses, sino que los usuarios se enfrentan a estructuras criminales que los despojan de sus pertenencias y están en peligro constante de muerte violenta. El único sistema que ha funcionado es el Transmetro, pero su capacidad ya es insuficiente en las horas pico.

Lejos de estructurar un proyecto de buses de tránsito rápido o metro, al alcalde Ricardo Quiñónez se le ocurrió construir el aerometro que circularía de Molino de las Flores, Mixco, a la Plaza España, zona 9. En realidad, se trata de un elefante blanco porque es una obra muy cara, con alto costo de mantenimiento y con escasa capacidad para resolver el problema de transporte.

El proyecto tendrá un valor de Q1,216,448,000, o sea más de mil millones de quetzales para una cobertura de apenas 8.9 kilómetros. El proceso de concesión fue totalmente opaco. Como todos los negocios de Muniguate, a dedo escogieron las empresas, las que disfrutarán durante 25 años del 97% de las ganancias, mientras que la comuna apenas percibirá el 3%.

El valor total del aerometro es hasta seis veces mayor que el de una línea de Transmetro que funcionaría muy bien a lo largo de la calzada Roosevelt. Por eso la obra genera muchas dudas. En el fondo pareciera que no interesaba tanto resolver el problema de transporte, sino realizar un gran negocio, lo que ha sido una constante de la familia Arzú.

La gracia del alcalde significará un pasaje caro para los usuarios: entre Q4 y Q6, dependiendo del tramo. El proyecto también significará la tala de más de 700 árboles, o sea, un serio deterioro del medioambiente y de la calidad de vida urbana. ¿Esta obra resolverá el problema? Qué va. El aerometro movilizará a 12 pasajeros por cabina, a una velocidad de 15 km/h. En contraste, el Transmetro lleva a unos 120 pasajeros por unidad articulada, a una velocidad promedio de 50 km/h. Se calcula que este último moviliza a unas 400 mil personas por día.

Obras como el aerometro existen en México, Colombia, Venezuela y Bolivia. La única diferencia es que en esos países funciona para conectar zonas marginadas que tienen problema de transporte, ya sea porque viven en zonas elevadas como cerros, o aisladas por barrancos. Son sistemas de inclusión urbana para resolver problemas de desconexión territorial en las periferias.

A ninguna autoridad municipal de esos países se les hubiera ocurrido colocar un teleférico en medio de una ciudad, porque para las áreas planas existen proyectos de movilidad de mayor capacidad y rapidez. Sería impensable, por ejemplo, que un teleférico circulara en una arteria principal de la Ciudad de México y que para su construcción tuvieran que talar los árboles.

Por eso, más que hacer negocios multimillonarios para beneficiar a sus amigos, las autoridades ediles deberían trabajar en proyectos de movilidad urbana que resuelvan el problema de fondo de los millones de capitalinos que requieren un transporte digno, eficiente y económico.

El ataque de las redes político-criminales

Fri, 23 Jan 2026 06:02:00 +0000

A contraluz

El ataque de las redes político-criminales

El caos desatado en las prisiones y el asesinato de policías buscaban desestabilizar al gobierno.

Haroldo Shetemul

23 de enero de 2026

00:02h

Tras los disturbios en las cárceles ocurridos el pasado domingo hubo mano criminal que buscaba desestabilizar al Gobierno. Poco a poco comenzó a comprenderse que no se trataba de simples motines de presidiarios, sino que había un trasfondo político. El objetivo era crear un clima de terror mediante el caos en las prisiones para culpar a las autoridades porque supuestamente la situación se les ha ido de las manos.

Las mafias están decididas a llegar hasta las últimas consecuencias para no perder el control del sistema judicial.

No es casual que buscaran incidir en un punto débil: el sistema penitenciario. Si bien el Gobierno remodeló El Infiernito, que pasó a denominarse Renovación 1, eso no implicó una transformación total. El problema es que las estructuras de corrupción continuaron intactas en presidios. Los líderes pandilleros son los amos de las cárceles y tienen la capacidad de dirigir sus acciones vandálicas en otros centros carcelarios.

Tras la revuelta aparecía el Lobo, capo de la Mara 18, que hunde sus tentáculos en la estructura partidaria de la Unidad Nacional de la Esperanza, ya que por algo es sobrino político de Sandra Torres. Con el fracaso de los motines y el Lobo bajo control de las autoridades, los criminales lanzaron ataques coordinados en varios puntos de la capital contra la Policía Nacional Civil, que dejó 10 agentes asesinados. Buscaban crear en la población la imagen de una administración inútil y a merced de la delincuencia.

¿Cómo entender que un delincuente común, como si fuera un prócer de la independencia, exigiera a gritos un golpe de Estado contra el presidente Bernardo Arévalo? Entonces, no se trataba de la exigencia de mejores condiciones carcelarias. No. Había un objetivo político contra las autoridades, lo cual comenzó a tomar cuerpo cuando una organización ultraderechista presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) contra el presidente Arévalo y los ministros de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y de la Defensa, Henry Sáenz.

Esa denuncia era nada menos que por los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, asociación ilícita y terrorismo. Tal medida parecía tener la intención de atar de manos a las autoridades para que no pudieran hacer frente al embate de la criminalidad.

El MP, dirigido por Consuelo Porras, siguió al pie de la letra esa estrategia. Lejos de perseguir a las pandillas, optó por protegerlos. Ese fue el caso del pandillero Liro Rebelde, al que solo ligó por portación de armas y drogas, cuando en su teléfono había grabaciones relacionadas con los asesinatos de los policías. Esa actitud contrastó con la arremetida que ha tenido contra los exdirigentes de los 48 Cantones, a los que acusó de terrorismo por haber exigido en el 2023 el respeto al voto popular.

Cuando se unen las piezas en torno a los sucesos del pasado fin de semana, comienza a tomar forma un contubernio entre políticos y el crimen organizado. No es la primera vez que se observa la confluencia de intereses entre estos actores que buscan que continúe el clima de impunidad en el que han operado. Eso ya ocurrió cuando después de la segunda vuelta electoral intentaron evitar que Arévalo asumiera la Presidencia.

El objetivo actual va más allá de desestabilizar al Gobierno. Buscan incidir en las elecciones de segundo grado (Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público). Las redes político-criminales están decididas a llegar hasta las últimas consecuencias para no perder el control del sistema judicial, principalmente de la Fiscalía, que ha sido el nido de los criminales.

Por eso es fundamental que el presidente Arévalo combata esas estructuras político-criminales con todo el peso de la ley, para arrebatarles el control de la justicia.

Porras insiste en criminalizar a los pueblos indígenas

Fri, 16 Jan 2026 06:02:00 +0000

A contraluz

Porras insiste en criminalizar a los pueblos indígenas

Porras utiliza el sistema de justicia como venganza política contra quienes defendieron la democracia.

Haroldo Shetemul

16 de enero de 2026

00:02h

La captura de Basilio Bernardo Puac García, exvicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, constituye un nuevo ataque racista de la fiscal general, Consuelo Porras, contra los pueblos indígenas y la criminalización de sus derechos constitucionales a la manifestación y la libre emisión del pensamiento.

Criminalizar la protesta indígena es negar la esencia misma del Estado de derecho y es una nefasta expresión de racismo.

Este grave hecho se suma a la aprehensión de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, también exdirectivos de esa organización comunitaria, quienes se encuentran en prisión desde abril del año pasado. Ambos son señalados por los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia. Esos cargos también pesan sobre Puac García.

La razón de la persecución penal contra los exdirigentes comunitarios se debe a que en el 2023 se convirtieron en los principales defensores del Estado de derecho. La jefa del Ministerio Público (MP) fue utilizada por la ultraderecha para tratar de evitar que Bernardo Arévalo tomara posesión de la Presidencia, luego de ganar la segunda vuelta electoral.

Los 48 Cantones de Totonicapán desarrollaron movilizaciones en rechazo al golpe de Estado que pretendían dar Alejandro Giammattei y sus aliados. A esas manifestaciones pacíficas Porras les llama sedición, que, según el Código Penal, la cometen quienes impulsan acciones por la fuerza o violencia para deponer o impedir a funcionarios que tomen posesión de sus cargos. Los pueblos indígenas hicieron exactamente lo contrario.

El delito de terrorismo se refiere a la alteración del orden constitucional por medio de la violencia o que se atente contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura. Además, el terrorismo se considera una amenaza grave contra el orden internacional y puede ser tratado con criterios similares a los delitos de lesa humanidad. Solo una cabeza desquiciada puede calificar de terrorismo las manifestaciones pacíficas de los pueblos indígenas, ampliamente documentadas y amparadas por los derechos constitucionales.

Desde abril del año pasado, Porras mantiene este caso en reserva porque se trata de un montaje y sus evidencias no resisten el más mínimo análisis probatorio. Para tratar de encubrir este disparate, el MP dice que no está dirigido contra alguna organización, sino que los delitos son individuales. Puac, Pacheco y Chaclán no manifestaban en forma individual, sino que eran miembros de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, o sea ellos fueron electos por la asamblea general de ese movimiento. Eso significa que Porras está criminalizando una expresión genuina de los pueblos originarios.

Los 48 Cantones de Totonicapán manifestaron haciendo uso de sus derechos legítimos. El artículo 33 constitucional reconoce el derecho de reunión y manifestación pacífica, que no puede ser restringido, disminuido o coartado. El artículo 35 constitucional garantiza el derecho a la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia previa, y no puede ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. El artículo 45 se refiere al derecho a la legítima resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías constitucionales cuando estos están siendo violados.

Tal como lo expresó el presidente Arévalo: “Los criminales que siguen en el MP intentan dar sus últimos y desesperados golpes a la democracia”. La captura de Puac es la evidencia más clara de que esa banda delincuencial mantiene una persecución racista y discriminatoria contra los pueblos indígenas. Afortunadamente estamos a pocos meses de que concluya este período oscuro de la investigación penal.

La doctrina Donroe

Fri, 09 Jan 2026 06:02:00 +0000

A contraluz

La doctrina Donroe

Presidente Trump: “El dominio estadounidense en el hemisferio nunca más será cuestionado”.

Haroldo Shetemul

9 de enero de 2026

00:02h

Estados Unidos inauguró el 2026 con un sorpresivo ataque militar en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el cual incluyó 150 aviones, fuerzas especiales, agentes del FBI y la visión estratégica de la CIA. Fue una acción intervencionista que más tenía la intención de enviar un mensaje contundente al mundo sobre el viraje de Washington hacia una política exterior más agresiva, basada en la fuerza.

El continente americano debe entenderse como el patio trasero exclusivo de Estados Unidos.

El operativo bélico, que violó las convenciones internacionales, se entiende dentro de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS, por su sigla en inglés), dada a conocer por la Casa Blanca, el pasado 4 de diciembre. El presidente Trump condensa su contenido de esta manera: “El dominio estadounidense en el hemisferio nunca más será cuestionado”, que remite a la doctrina Monroe.

Establecida en 1823 por el presidente James Monroe, esa doctrina se sintetiza con la frase “América para los americanos”, una simplificación de la advertencia para las potencias europeas de que no metieran las manos en el continente, el cual quedaba bajo el dominio de EE. UU. para preservar sus intereses estratégicos. La nueva versión, conocida como la doctrina Donroe, un término que le gusta a Trump, es más agresiva. Dice: “La doctrina Monroe es una gran cosa, pero nosotros la hemos superado por mucho”. El continente debe entenderse como el patio trasero exclusivo de EE. UU. Si los presidentes norteamericanos anteriores impulsaban una política exterior basada en la cooperación regional, el enfoque

Donroe es la fuerza, el mando y el control.

En la NSS se formaliza el término “corolario Trump”, que establece la expulsión de rivales del continente, en referencia a China, Rusia e Irán. La política America First obliga a cancelar contratos de infraestructura con China y recuperar el control estratégico de activos, como el canal de Panamá. También define el dominio de recursos, como litio, cobre y energía para abastecer la industria estadounidense.

America First implica expansionismo territorial en el hemisferio occidental. El pasado 6 de enero, en una entrevista con la revista The Atlantic, Trump reafirmó su interés en Groenlandia, calificándola como un paso lógico tras las acciones en Venezuela. “Necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa”, dijo. Aunque el tono con Canadá es más moderado, el mensaje que envía es que la soberanía de ese país debe estar subordinada a los intereses de seguridad de EE. UU.

Desde esta perspectiva se entiende cuando Trump dice que está al mando de Venezuela, cuyo control, afirma, se podría extender por años, de la mano de la dirigencia chavista, encabezada por los hermanos Rodríguez (Delcy, la presidenta designada, y Jorge, el presidente de la Asamblea Nacional). En la plataforma America First no interesan la democracia ni los derechos humanos. Las posibilidades de nuevas elecciones en Venezuela están en la cola de un venado, mientras la estructura de poder del chavismo le garantice a EE. UU. el control del país.

¿El objetivo principal de la intervención en Venezuela era el petróleo? Parece que no, pese a que Trump lo ha dicho en varias ocasiones. Marco Rubio, secretario de Estado, aclara lo siguiente: “No necesitamos el petróleo de Venezuela. Tenemos mucho petróleo en EE. UU. Lo que no vamos a permitir es que la industria petrolera de Venezuela sea controlada por adversarios de EE. UU.”.

Esa explicación va en sintonía con los postulados de la Estrategia de Seguridad Nacional: ejercer control sobre el continente, entendido como su patio trasero, en el que no tendrán cabida potencias enemigas en materia militar, política, económica y tecnológica.

Los cafres del volante enlutan a familias

Fri, 02 Jan 2026 06:02:00 +0000

A contraluz

Los cafres del volante enlutan a familias

El gobierno ofreció frenar la excesiva velocidad de los buses extraurbanos, pero nada ha cambiado.

Haroldo Shetemul

2 de enero de 2026

00:02h

Con el inicio del 2026 les envío, estimados lectores, un saludo lleno de esperanza por que en este nuevo viaje en el tiempo tengamos paz y tranquilidad. Pero eso no implica olvidarnos de que el año recién pasado fue trágico para muchas familias que afrontaron la pérdida de sus seres queridos en los constantes accidentes de buses extraurbanos.

A los transportistas les favorece la excesiva velocidad porque genera más viajes y más ganancias.

Ese es el caso de lo ocurrido el 26 de diciembre último. Lo que debía ser el retorno tranquilo al hogar, un día después de Navidad, se convirtió en una pesadilla para los pasajeros que viajaban en un bus de los Transportes Sinaloa, que se precipitó a un barranco en el kilómetro 174, en Totonicapán. Este hecho dejó luto y dolor a las familias de las 16 personas que perdieron la vida, entre ellas una niña de 5 años, además de los 25 usuarios heridos.

Según las investigaciones, el accidente se habría debido a que el piloto conducía a excesiva velocidad y hablaba por teléfono, lo cual hizo que perdiera el control de la unidad en una curva.

Apenas seis días antes, otro bus volcó en la carretera hacia Nueva Concepción, Escuintla, con cauda de siete pasajeros heridos. La causa: el exceso de velocidad con que conducía el piloto.

Desde el inicio del 2025 la tragedia acompañó a los pasajeros de buses extraurbanos. El 10 de febrero, la población se conmocionó al conocer que una camioneta cayó en un barranco en la Calzada de la Paz, zona 5 capitalina. El siniestro, que se habría debido a la excesiva velocidad, dejó 54 pasajeros muertos y 9 heridos.

El gobierno del presidente Bernardo Arévalo prometió que iba a tomar medidas drásticas para evitar el exceso de velocidad y que iba a exigir que se revisaran todas las camionetas para que no circularan en malas condiciones. Esos ofrecimientos se los llevó el viento porque no ha habido ninguna medida efectiva.

La Dirección General de Transporte, del Ministerio de Comunicaciones, es el ente rector del transporte extraurbano, pero en la práctica es como si no existiera. Los conductores de camionetas se creen los reyes de la cinta asfáltica y corren a excesiva velocidad para disputarse el pasaje entre ellos. No hay ninguna autoridad que ponga un alto a estos cafres del volante.

Por ejemplo, los buses de las Rutas Esmeralda se han vuelto tristemente célebres porque corren a excesiva velocidad y frecuentemente protagonizan accidentes. En las redes sociales se han viralizado videos como este: https://www.facebook.com/watch/?v=1797215621073698, que muestran la forma en que una patrulla policial persigue una camioneta de pasajeros de La Esmeralda que va a más de 140 km, en la Costa Sur. Cuando los agentes le dieron alcance e interrogaron al conductor, este les dijo que lo hacía porque ya era tarde y estaba contra el tiempo.

El año pasado murieron 96 personas por accidentes de buses de pasajeros, pero las autoridades no asumen su responsabilidad. ¿Cómo es posible que los transportistas traten a los pasajeros como si fueran ganado o bultos? Es obvio que eso ocurre porque no hay quien les ponga un alto. El presidente Arévalo ofreció un cambio, pero es evidente que no ha hecho nada para poner freno a esta práctica deleznable que favorece a los propietarios de buses porque la excesiva velocidad permite más viajes y genera más ganancias.

El problema es muy simple: de 21 mil buses registrados, apenas mil 500 tienen regulador de velocidad y únicamente hay 11 inspectores en todo el territorio nacional. Por eso los pilotos conducen en forma temeraria e impune, porque no hay control, tampoco autoridad que los sancione y, si los detienen, los sobornan y siguen como si nada. La nueva primavera demuestra que es más de lo mismo.

Ley Tigo, caso impune en Guatemala

Fri, 21 Nov 2025 06:03:00 +0000

A contraluz

Ley Tigo, caso impune en Guatemala

En Estados Unidos, Tigo fue multada con US$118.2 millones por sobornar a funcionarios guatemaltecos.

Haroldo Shetemul

21 de noviembre de 2025

00:03h

Si algo unía a los partidos Patriota y Líder eran los negocios en el Congreso. En abril de 2014, aprobaron sin discusión alguna y de urgencia nacional la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos. Ese nombre rimbombante se llegó a conocer simplemente como la Ley Tigo.

¿Qué tenía de especial? De los 17 artículos, solo uno se refería al control de celulares en las cárceles, el cual fue el gancho para encubrir que esa norma había sido dictada punto por punto por el sector privado. De esa manera, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) pasó sobre la autonomía municipal, ya que autorizó el arbitrio que se debía cobrar por la colocación de torres, postes y cableado.
Anteriormente, las alcaldías cobraban entre Q75 mil y Q100 mil anuales por antenas de telefonía, pero muy gamonal la SIT lo dejó en Q30 mil. La ley fue diseñada para compañías como Tigo y Claro, que tuvieran instalado un mínimo de seis mil kilómetros de fibra óptica o registradas más de cien mil líneas de acceso. De esa manera quitaron del camino a los pequeños empresarios. La ley fue una chulada de concentración monopólica.

La norma también regula que la SIT puede autorizar la instalación de antenas, fibra óptica, cableado y postes en propiedad privada o bienes de dominio público, sin importar si son reservas ecológicas, ríos, lagos o sitios arqueológicos. Es más, autoriza a los empresarios a “remover la vegetación necesaria para que no estorbe” la instalación de cables, postes y torres, o sea pueden desmochar bosques y talar en áreas protegidas. Lo importante es llenar de postes y cables el territorio nacional, aunque pase sobre sitios arqueológicos o lugares turísticos. No hay pierde, los diputados aprobaron, de urgencia nacional, una ley que dio a las telefónicas una mayor concentración monopólica y para que hicieran micos y pericos en el país.

Consuelo Porras y el sistema judicial del país guardan silencio de este escandaloso caso de corrupción.

¿Cómo lo lograron? Sobornando diputados. El dinero para comprar voluntades fue transportado en bolsas de lona y llevado en helicópteros en la sede de Tigo, donde Acisclo Valladares Urruela, jefe de Asuntos Corporativos de esa empresa, lo enviaba a la vicepresidenta Roxana Baldetti para su distribución. Tras la caída del gobierno del Partido Patriota, Valladares Urruela fue ministro de Economía de la administración de Jimmy Morales.

La Cicig y la Fiscalía contra la Impunidad, dirigida por Juan Francisco Sandoval, documentó el caso de corrupción que abarca los años 2012 a 2014 y que reveló cómo los diputados respondieron a intereses empresariales, a cambio de dinero. Pese a las evidencias, la fiscal general Consuelo Porras y el juez Víctor Cruz anularon las pruebas y el caso en Guatemala ya no se movió.

Pero no sucedió lo mismo en Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia investigó el caso a partir de las pesquisas realizadas por la Cicig. En el 2015, Millicom, operadora de Tigo, reconoció voluntariamente el caso de corrupción ante las autoridades norteamericanas.
Según los señalamientos judiciales, Tigo buscó enriquecerse mediante pagos a funcionarios guatemaltecos corruptos para obtener ventajas indebidas, como la aprobación de la Reforma de usufructo, en 2012, que le permitió renovar sus títulos de usufructo de radiofrecuencia por 20 años, sin pagar nada al Estado, además de la Ley Tigo.

El pasado 12 de noviembre, las autoridades estadounidenses informaron que Tigo se comprometió a pagar una multa de US$118.2 millones. Sin embargo, en Guatemala, Consuelo Porras guarda un hermético silencio, a tono con su compromiso con la corrupción e impunidad.

Atitlán va hacia el desastre ambiental

Fri, 14 Nov 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Atitlán va hacia el desastre ambiental

Si no se detiene la descarga de aguas negras en poco tiempo se podría llegar al colapso del ecosistema de Atitlán.

Haroldo Shetemul

14 de noviembre de 2025

00:02h

Antaño el lago de Amatitlán era un destino recreativo para los capitalinos. Recuerdo cómo en los años 1960 se organizaban excursiones familiares, que incluían paseo en lancha, aún era posible bañarse en sus aguas y luego almorzar en los restaurantes de los alrededores mojarras recién capturadas. Eso ahora es imposible.

Municipalidades, empresas y hoteles son responsables de la alta contaminación que recibe el cuerpo de agua.

Hoy el lago es un desastre ambiental porque se ha convertido en el desagüe de la capital y los municipios aledaños. Se calcula que el lago recibe cada año más de 65 mil metros cúbicos de desechos sólidos que se canalizan por unos nueve ríos, de los cuales el Villalobos es el principal contaminante. El lago recibe las aguas negras de toda la mancha urbana metropolitana y desechos tóxicos de empresas dedicadas a actividades industriales y agrícolas.

El lago de Amatitlán tiene un olor fétido, concentraciones de plomo, fósforo, sodio y nitratos, además de una alta presencia de coliformes fecales. La autoridad del Lago de Amatitlán (Amsa) es la entidad que busca recuperar el cuerpo de agua, pero ningún esfuerzo será suficiente mientras continúe el flujo de desechos de todo tipo.

También el lago de Atitlán está en serio peligro. Cuando se habla de los principales lugares turísticos del país, este cuerpo de agua aparece en los primeros lugares. Sin embargo, no creo que vaya a ser por mucho tiempo si no se atiende de manera responsable el desastre ambiental que ya padece. Atitlán camina de manera acelerada hacia el desastre de Amatitlán.

Según estudios ambientales, cada segundo se descargan 400 litros de aguas negras en el lago. Ese foco contaminante procede de las cerca de 400 mil personas que viven en los pintorescos pueblos que lo rodean, entre habitantes y turistas. Pero no solo eso, el lago también recibe descargas tóxicas de empresas cercanas. ¿Cuál es el problema? Las municipalidades que se benefician del turismo no se preocupan de cuidar a la gallina de los huevos de oro. Las comunas saben de la necesidad de contar con plantas de tratamiento de las aguas residuales, pero como eso no genera votos se hacen de la vista gorda y no les importa el destino del lago.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó recientemente de las sanciones contra 15 municipalidades de Sololá por haber incumplido el Reglamento de Descargas de Aguas Residuales en la Cuenca del Lago de Atitlán. La falta de conciencia del problema llega al grado de que varias comunas tienen plantas de tratamiento, pero no las usan en forma adecuada. El colmo es que, pese a contar con esas plantas, las aguas residuales se siguen depositando en forma directa en el lago.

Otro foco contaminante lo constituyen los comercios, las industrias y los hoteles que depositan desechos en el lago. En inspecciones aleatorias realizadas por el Marn en agosto pasado, se detectó que el 95% de los establecimientos ubicados en las orillas del lago incumplen las normas ambientales. Los principales contaminantes del lago son los desechos fecales, residuos sólidos, microplásticos, grasas, aceites, fertilizantes, plaguicidas y herbicidas.

Si no se detiene esta problemática, el resultado será devastador en poco tiempo. El desastre de Amatitlán se cierne sobre Atitlán porque podría llegar al colapso del ecosistema; eso significa la muerte irreversible del lago. Las comunas y empresas que hoy disfrutan del turismo estarían contribuyendo al colapso de este recurso natural, porque el lago podría comenzar a producir malos olores y sus aguas se volverían tóxicas. Esta crítica situación significaría el fin del turismo, la pesca y la agricultura, que hoy son los principales beneficios que deja la cuenca del lago.

Ortega y Murillo, en la mira internacional

Fri, 07 Nov 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Ortega y Murillo, en la mira internacional

La dictadura nicaragüense ha creado un reino de terror para perseguir cualquier forma de oposición.

Haroldo Shetemul

7 de noviembre de 2025

00:02h

Los crímenes cometidos por Daniel Ortega y Rosario Murillo, copresidentes de Nicaragua, están en la mira de la comunidad internacional. Durante mucho tiempo se creyeron intocables y que podían hacer y deshacer en su país, como si fuera su finca familiar. Sus acciones sanguinarias han convertido a ese país en un reino del terror, donde la mayoría de la población está sometida a una férrea vigilancia.

Ortega y Murillo controlan todos los negocios del Estado como si fueran de propiedad familiar.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de las Naciones Unidas, dio a conocer un informe que muestra un patrón de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas cometidas por la dictadura desde 2018. Ese año, miles de personas salieron a las calles para protestar contra las reformas a la seguridad social. Sin embargo, el régimen sandinista interpretó esas manifestaciones como un intento de derrocamiento y lanzó una bestial represión que continúa hasta la fecha.

Los observadores internacionales han denunciado una política deliberada para silenciar la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas y una represión que traspasa sus fronteras. Los déspotas no se han conformado con atacar a sus opositores, sino que han desmantelado el estado de Derecho. Los organismos Legislativo y Judicial, así como las demás estructuras estatales, están supeditadas a los designios de los copresidentes.

Las investigaciones efectuadas por el grupo observador de las Naciones Unidas, basadas en más de mil 900 entrevistas y nueve mil 300 documentos, demuestran que estas acciones incluyen asesinatos, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, persecución y vigilancia de la población. Centenares de opositores han sido exiliados, para luego retirarles la nacionalidad y robarles sus propiedades.

Según el informe, Ortega y Murillo han desarrollado una política deliberada para consolidar un poder absoluto mediante la violencia, el miedo y la erosión sistemática de los derechos humanos y el estado de Derecho. Agrega que la represión es tan grave y el sistema jurídico tan depredador que las familias de las víctimas se exponen a nuevos abusos por tan solo buscar a sus seres queridos. El régimen sandinista ha llegado al extremo de enviar sicarios para asesinar a opositores en el extranjero, como ha ocurrido en Costa Rica.

El objetivo de Ortega y Murillo es evitar que alguien pueda poner fin a su régimen patrimonialista, en el cual consideran los recursos del Estado como propiedad familiar. En sus planes está heredar el poder a su hijo Laureano, quien es el nuevo brazo político, mientras que Rafael Antonio se encarga del control de las finanzas del régimen familiar. Sus otros hijos e hijas se entretienen con los demás negocios del clan. De hecho, los Ortega Murillo han superado a los Somoza en cuanto a la voracidad y saqueo de los recursos del Estado.

La represión ha llegado a desmantelar todos los medios de comunicación que no se alineen con la dictadura, hasta la confiscación de sus propiedades. La prensa independiente nicaragüense solo existe en el exilio. Lo mismo ha ocurrido con sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica, señalados de ser conspiradores, lo que ha desatado la persecución religiosa.

El grupo de expertos de las Naciones Unidas dice que la comunidad internacional no puede seguir solo como espectadora de la crítica situación nicaragüense. No basta con denunciar los crímenes de la dictadura, sino que es fundamental llevar a los responsables de los hechos de lesa humanidad ante la Corte Internacional de Justicia. Además, considera que deben intensificarse las sanciones legales y selectivas contra los perpetradores de ese régimen de terror.

El asedio de las mafias

Fri, 31 Oct 2025 06:03:00 +0000

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El asedio de las mafias

El mandatario juega a la política como si se enfrentara a opositores honorables, no a estructuras criminales.

Haroldo Shetemul

31 de octubre de 2025

00:03h

El presidente Bernardo Arévalo enfrenta un constante acoso que dificulta la gobernabilidad. El Estado está cooptado por élites y grupos de poder con intereses creados. El hostigamiento que proviene del Ministerio Público no es más que la expresión abierta y descarada de ese bloque de poder que se opone a cambios mínimos.

La razón es muy sencilla: afecta sus negocios a la sombra de los fondos públicos. Esa es la razón de la contundencia del ataque contra el suministro de medicamentos a través de la Unops. Tras esa arremetida están las estructuras que negocian con la salud de la población. Consuelo Porras y su fiel escudero Rafael Curruchiche son solo los encargados del trabajo sucio.

Pero la desestabilización se ha agudizado. Han vuelto a intentar un golpe de Estado, de la mano del juez sicario Fredy Orellana. Esta vez los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), con todo el dolor de sus corazones, tuvieron que enmendarle la plana al juzgador espurio. Obviamente no llegaron a destituirlo porque entienden que forma parte del engranaje del pacto de corruptos. La CC nada más cumplió una formalidad porque, en última instancia, es otro instrumento de esa estructura de poder corrompida.

El constante asedio contra Arévalo constata un problema estructural del sistema político: la imposibilidad de que un gobierno democráticamente electo pueda ejercer plenamente su mandato cuando las mafias tradicionales del poder económico y político se sienten amenazadas. Desde antes de que asumiera la presidencia, Arévalo ha sido objeto de persecución institucional, obstrucción legislativa y una consistente campaña de desinformación. La nueva ofensiva de Consuelo Porras demuestra cómo el poder corruptor que está tras de ella solo trata de preservar privilegios políticos y económicos.

Ese modelo ha convertido el aparato estatal en botín y ha reducido la política a una mera competencia entre grupos de poder.

Es clara la forma en que las bancadas opositoras en el Congreso, el Ministerio Público y el sistema judicial actúan al unísono como instrumentos de coerción política, no como garantes del Estado de derecho. Esta captura institucional crea un escenario donde un presidente que no pertenece a esas estructuras viciadas carece de los mecanismos reales del poder. El aparato judicial es utilizado para criminalizarlo; el Legislativo, para bloquearlo, y las redes mediáticas, para desacreditarlo.

Los acuerdos de paz de 1996 solo silenciaron las armas. Las añejas estructuras militares, políticas y oligárquicas no fueron desmanteladas. Al contrario, se reunieron en torno a un nuevo pacto de élites para mantener el control del Estado y dar la apariencia de elecciones libres, pero bajo la condición de que no se alteren los intereses de ese poder omnímodo. Dieron paso a una democracia tutelada, donde todo intento de impulsar una agenda progresista y transparente, con justicia social, se convierte en una amenaza subversiva.

Esas élites no perdonan que Arévalo haya alcanzado la Presidencia, aun teniendo todo el andamiaje electoral en su contra. Su propuesta anticorrupción rompió la inercia de que los partidos son vehículos de propiedad empresarial y de redes clientelares que buscan el retorno económico desde el Estado. Ese modelo ha convertido el aparato estatal en botín y ha reducido la política a una mera competencia entre grupos de poder.

Cuando un mandatario busca gobernar sin pactos corruptos, amenaza la lógica del sistema: la alianza entre el dinero y el poder político que define quién puede gobernar y quién no. Por eso la reacción en su contra ha sido constante para tratar de deslegitimarlo, aislarlo y neutralizarlo. El problema es que el presidente no da muestras de querer romper esa inercia y juega a la política como si en su contra tuviera a opositores honorables y no a una mafia rampante.

Porras y su obra “La fiscal no tiene quien le crea”

Fri, 24 Oct 2025 06:02:00 +0000

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Porras y su obra “La fiscal no tiene quien le crea”

Arévalo y su gobierno carecen de una comunicación política eficaz para contrarrestar los ataques en su contra.

Haroldo Shetemul

24 de octubre de 2025

00:02h

Rafael Curruchiche preparó el escenario con gran esmero. Para la ocasión lucía sus mejores galas, y sus sobreactuados ademanes aparentaban ser más firmes. El martes pasado, en el amplio salón del Ministerio Público (MP) se desplegaba una pantalla en la que se informaba sobre las supuestas anomalías por Q7 mil 274 millones 272 mil de un convenio que el gobierno de Bernardo Arévalo suscribió con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

El caso espurio de Consuelo Porras y su pandilla buscaría favorecer a las farmacéuticas.

Según el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, esta vez sí impactaría su show, ya que sus anteriores intentos de acabar con Arévalo terminaron en sonados fracasos. Confiaba en que la gente enardecida iría a sacarlo a sombrerazos de la Casa Presidencial. Según él, entre manos tenía un escándalo quizá mayor al que provocó la caída de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. El “fiscal del pueblo”, como se hace llamar, creía que sería vitoreado por las multitudes que frenéticas le aplaudirían por destapar un vergonzoso caso de corrupción.

El espectáculo contó con luces de bengala y circo mediático con despliegue de allanamientos, inspección y secuestro de evidencias en el Ministerio de Salud y cinco farmacéuticas. Para que la población se indignara, se inventó un “modelo de negocio” en el que Gustavo Alejos, vinculado a farmacéuticas, recibe dinero y lo deposita en cuentas en el extranjero. Según el fiscal, cuando Arévalo necesita pisto para “actos de corrupción”, los fondos llegan al país y se lo entregan a Santiago Palomo, su secretario de Comunicación Social. O sea, la corrupción llega al nivel más alto del Ejecutivo.

Sin embargo, algo pasó. El libreto de la obra no causó el revuelo esperado. Pasó sin pena ni gloria. La representación teatral evidenciaba que no había sustancia. El caso, como tantos otros fabricados por Consuelo Porras y sus adláteres, se basaba en denuncias de personas anónimas, que quién sabe si existen; tampoco tiene ni una sola prueba contundente que demuestre irregularidades.

Hasta uno de los fiscales que presentaba las supuestas pruebas evidenciaba nerviosismo extremo, como si hubiera estado obligado a mentir frente a las cámaras. La verdad es que hay que reconocer la capacidad imaginativa de Porras y Curruchiche, que estarían bien para escribir el guion de la obra teatral “La fiscal no tiene quien le crea”.

Los mismos autores del sainete saben que el espectáculo no tendrá mucha repercusión porque está montado sobre bases totalmente endebles. Empero, el propósito, igual que los anteriores intentos desestabilizadores de Porras, es desgastar la imagen de Arévalo. Asociarlo con la idea de que es corrupto, lo cual genera dudas en la ciudadanía que esperaba mayor contundencia del mandatario contra los corruptos, como Porras.

Además, buscaría echar por tierra el convenio con la Unops que ha permitido el abastecimiento de medicamentos, equipo y material médico-quirúrgico al sistema hospitalario público, a bajo costo. Es más, hasta la denuncia de Curruchiche reconoce que con este contrato el Estado ha ahorrado en la compra de medicinas. Es claro que uno de los objetivos de Porras y su banda es beneficiar a las farmacéuticas que buscan controlar las compras públicas, porque están vinculadas a la partidocracia tradicional.

Pero mientras sus enemigos hacen hasta piruetas para desbancarlo, Arévalo sigue tranquilo frente a su tablero de ajedrez, como si el país viviera en la dolce vita. Hasta ahora, no se ha dignado a dirigir un mensaje a la nación en el que denuncie el bochornoso montaje de Porras y su pandilla. Ni siquiera hay información masiva para comprender por qué el contrato con la Unops es de beneficio para el país. Como siempre, el presidente y su gobierno carecen de una comunicación política efectiva en momentos de crisis.

Cárceles en poder del crimen organizado

Fri, 17 Oct 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Cárceles en poder del crimen organizado

Ante la debacle carcelaria del país, los guatemaltecos tienen frente a sí el exitoso control de cárceles en El Salvador.

Haroldo Shetemul

17 de octubre de 2025

00:02h

La fuga de 20 pandilleros de la cárcel Fraijanes 2 es un duro golpe para la seguridad del país y evidencia que la crisis del Sistema Penitenciario tocó fondo. En esta ocasión no se puede hablar de que los presidiarios salieron en masa, ya que las autoridades reconocieron que la evasión se dio de forma continuada. Ni siquiera saben cuándo ocurrió porque no contaban bien a los reos. Las cárceles guatemaltecas se han convertido en un chiste. Quien tiene dinero para comprar voluntades no solo puede ingresar desde drogas, bebidas alcohólicas, armas, celulares, televisores, refrigeradoras, construir apartamentos, hasta programar sus salidas temporales o totales.

El Estado ya no manda en las cárceles; los criminales son los reyes y amos.

El caso Renovación 1, habilitada sobre lo que fue El Infiernito, es un ejemplo deprimente. Este centro fue llamado pomposamente de máxima seguridad, con escáneres y cámaras para tener control de los internos. Sin embargo, recientemente, 10 guardias de Renovación 1 fueron detenidos tras conocerse que permitían el acceso de objetos prohibidos a cambio de dinero. Las investigaciones demostraron que los reos pagaban Q10 mil por un celular y entre Q25 mil y Q50 mil por un arma de fuego.

¿Cuál es el problema de Renovación 1 y Fraijanes 2? El mismo de todo el Sistema Penitenciario. Se llevan a cabo cambios cosméticos sobre la misma estructura podrida. La evasión concertada de los pandilleros del Barrio 18 es una muestra clara del cáncer que carcome cualquier reforma carcelaria. Hay que decirlo claramente: el Sistema Penitenciario ya no cumple la función básica de resguardar a los reos, sino que se ha convertido en un espacio donde el Estado ha perdido el control frente al crimen organizado. Es imposible que se pueda hablar de rehabilitación, porque los presidios se han convertido en áreas de solaz y esparcimiento de los presos, quienes no solo viven a sus anchas, sino que dirigen extorsiones y crímenes, bajo la seguridad que les brinda el mismo Estado.

Ante la debacle carcelaria del país, los guatemaltecos tienen frente a sí el ejemplo de lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele, en El Salvador, donde ha logrado controlar la delincuencia en un alto nivel. A ese mandatario se le podrá criticar que viola los derechos humanos y que su gestión es antidemocrática y autoritaria, pero es indudable que en materia de seguridad ha resuelto el problema.

Para nadie pasa desapercibido ese logro. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, envió una delegación a visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y otras instalaciones carcelarias salvadoreñas y le pidió a Bukele cooperación técnica para construir una prisión para cinco mil reos. Chaves ha dicho que adaptará la experiencia salvadoreña a sus propias necesidades.

¿Qué hará Arévalo frente a la crisis penitenciaria? Ofreció construir una nueva cárcel de máxima seguridad para dos mil reos, un censo penitenciario para conocer el total de reclusos y dijo que pedirá la asistencia del FBI en materia de investigación, inteligencia y control penitenciario.

Estas iniciativas parecieran tratar de resolver el problema, a excepción de la nueva prisión para dos mil reos que a corto plazo podría quedar pequeña y replicar el problema de hacinamiento. Si vemos cómo Costa Rica quiere construir una cárcel para cinco mil presidiarios, no se entiende por qué Arévalo no busca una opción de mayor tamaño.

Además, es importante que el gobernante guatemalteco no eche en saco roto la experiencia salvadoreña de control penitenciario. No solo Costa Rica, sino otros países del continente estudian la experiencia de Bukele que ha demostrado efectividad.

Es importante que Arévalo entienda que ya no estamos para cambios cosméticos del Sistema Penitenciario, se requiere un cambio radical para arrebatar a los criminales el control de las cárceles.

La piñata de los fondos públicos

Fri, 10 Oct 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

La piñata de los fondos públicos

Con el pretexto de que el pasado martes no había sido publicado el veto, 86 diputados decidieron pasar sobre la decisión presidencial.

Haroldo Shetemul

10 de octubre de 2025

00:02h

El presidente Bernardo Arévalo sabía que tenía entre las manos una brasa caliente con el decreto 7-2025. La urgencia de vetarlo era porque esa norma no tiene como propósito mejorar la ejecución de las municipalidades, sino permitir la utilización de los recursos públicos en la próxima campaña electoral, sin ningún control. Para nadie era un secreto que las hienas del Congreso no iban a permitir que esos fondos se les fueran de las manos, por las buenas o por las malas.

El estilo diplomático y timorato del presidente Arévalo lo único que ha logrado es que los corruptos le pierdan el respeto.

Pese a esa situación, el mandatario actuó con toda la parsimonia del mundo, como si tuviera frente a sí a las hermanas de la caridad. Hasta el último momento decidió vetar la ley que faculta a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) a quedarse con el dinero no ejecutado en el presente año fiscal y usarlo a discreción en el 2026. La oposición, encabezada por los diputados Allan Rodríguez y Álvaro Arzú Escobar, no contaba con los 107 votos necesarios para revertir el veto presidencial y por eso recurrió a una artimaña.

Con el pretexto de que el pasado martes no había sido publicado el veto, 86 diputados decidieron pasar sobre la decisión presidencial. Obviamente se trata de un ardid sin ninguna base legal, pero la tardanza de emitir el veto fue aprovechada por quienes quieren hacer piñata los recursos del Estado.

¿Cuál es el problema? La Constitución señala que el mandatario, en consejo de ministros, dentro de los 15 días siguientes de haber recibido el decreto podrá vetarlo y devolverlo al Legislativo. La Carta Magna no ordena la publicación del veto, sino que solo se refiere a la devolución del decreto al Congreso. La Secretaría General de la Presidencia documentó 50 vetos entre 1994 y 2022, de los cuales muchos no fueron publicados, porque ese no es un requisito constitucional.

Si viviéramos en un estado de Derecho pleno, esa situación se enmendaría sin ningún problema. Los diputados Rodríguez y Arzú recurrieron a una güizachada para hacerse de fondos públicos para la campaña electoral del 2026 y un recurso de inconstitucional bastaría para derrumbar la maniobra.

Sin embargo, vivimos tiempos en los que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han demostrado que no les interesa defender las disposiciones de la Carta Magna, sino destrozar cualquier decisión de Arévalo, premiar a los corruptos y frenar el avance democrático.

Esa falta de olfato político y de entender que frente a sí tienen a los diputados más corruptos de la historia determinó que ahora, de nuevo, el presidente Arévalo esté contra las cuerdas, en forma totalmente innecesaria. Sobre todo, porque si no logra detener el decreto 7-2025 los partidos opositores podrán disponer de Q9 mil millones para lanzar una campaña proselitista por todo lo alto en el 2026.

A tales diputados no les importa que ese decreto viole de forma flagrante el principio constitucional de anualidad del presupuesto, el cual dispone que los fondos no utilizados deben ser devueltos. Además, establece que se dará por aprobada cualquier solicitud municipal que no tenga respuesta del Ejecutivo en cinco días, lo cual significa una coerción ilegítima. Al imponer un plazo tan breve a las entidades gubernamentales para analizar y aprobar los proyectos de inversión, prácticamente elimina el análisis de los expedientes y la supervisión del avance físico y financiero de las obras de los Codedes.

Eso podría permitir que el presupuesto fluya sin control de ningún tipo. la normativa dejaría al Ejecutivo en un plano de inutilidad total y daría pauta a un desenfreno de la corrupción mucho mayor que durante el gobierno de Giammattei.

El estilo diplomático y timorato del presidente Arévalo lo único que ha logrado es que los corruptos le pierdan el respeto y hagan lo que les dé la gana con los fondos públicos.

Justicia al servicio del mejor postor

Fri, 03 Oct 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Justicia al servicio del mejor postor

Es difícil confiar en que la administración de justicia está en buenas manos.

Haroldo Shetemul

3 de octubre de 2025

00:02h

¿Será que hay alguien que todavía dude de la situación desastrosa en que se encuentra la administración de justicia en el país? Desde la Corte de Constitucionalidad (CC), pasando por el Organismo Judicial hasta el Ministerio Público han dado muestras de su desprecio a la Constitución y al ordenamiento jurídico.

La dictadura judicial que prevalece en el país brinda impunidad y sirve a intereses políticos.

La CC tiene como función fundamental la defensa de la carta magna y del principio de primacía constitucional. Sin embargo, recién acaba de avalar que la Corte Suprema de Justicia designe de manera directa magistrados para las 18 nuevas salas de Apelaciones. Por mandato constitucional, esa elección le corresponde al pleno del Legislativo.

La razón de hacer a un lado al Congreso no tiene nada que ver con el fortalecimiento de la justicia, sino que es una jugada política del grupo de magistrados de la Corte Suprema que responden a los intereses de Nester Vásquez, magistrado de la CC. El objetivo es consolidar el poder de Vásquez sobre el Organismo Judicial y asegurarse magistrados leales que permitan su reelección como magistrado de la CC.

Los administradores de la justicia tampoco están interesados en la seguridad de la población. El Ministerio de Gobernación convirtió la anterior cárcel El Infiernito en la prisión de máxima seguridad Renovación I para aislar a los reos de alta peligrosidad. Como no surtieron efecto las acciones de los delincuentes que tomaron cárceles y trataron de atacar Renovación I, ahora han utilizado juzgados para lograr el retorno de los criminales a las cárceles anteriores. Varios jueces se han plegado a los intereses del crimen organizado y han ordenado el regreso de presuntos cabecillas de estructuras criminales.

Ese es el caso de Aldo Dupié Ochoa, alias el Lobo; y de Howard Barillas, alias el Matazetas, entre otros, quienes buscarían volver a las cárceles donde ejercen control para dirigir crímenes, como extorsiones y asesinatos.

Otro tanto ocurre con casos como el de Floridalma Roque, que murió en la sala de operaciones por negligencia de Kevin Malouf. El cirujano trató de ocultar el hecho descuartizando el cuerpo y tirándolo en una fosa común, a 29 kilómetros de la capital. El juzgado Quinto de Primera Instancia Penal se inhibió de conocer el caso por considerar que es “menos grave” y lo trasladó a un juzgado de Paz Penal. Esta resolución es un insulto para la memoria de la víctima, así como para sus familiares que demandan justicia.

De igual manera sucede con el caso de Melisa Palacios, quien presuntamente habría sido ultimada por Fernanda Bonilla y su guardaespaldas Luis Marroquín. Según las investigaciones, la víctima habría sido asfixiada, arrastrada y rematada con una piedra en Río Hondo, Zacapa. Pese a que el crimen habría sido cometido con alevosía y ventaja, los hechores aseguran que ocurrió en estado de emoción violenta. Luego de que un juzgado los enviara a juicio, la defensa recusó el fallo y trata de que el caso sea trasladado a la jueza Abelina Cruz. La treta es clara: llevarlo a una jueza que ha dejado en la impunidad varios casos relacionados con crímenes y corrupción.

A ese hecho se agrega el de Larkin Daniel Morales, quien sufrió un intento de asesinato por parte de Carlos Acevedo. El hechor lanzó tres veces su vehículo contra Morales, quien conducía una moto en la zona 9 capitalina. Pese a la gravedad de la acción, Acevedo solo fue ligado por lesiones graves y obtuvo libertad condicional, mientras que la víctima sufrió la amputación de una pierna. En este caso, el Ministerio Público se hizo de la vista gorda porque presuntamente el victimario ha estado vinculado con esa institución.

Frente a estas evidencias es difícil confiar en que la administración de justicia está en buenas manos. Al contrario, la dictadura judicial se ha ido consolidando para brindar impunidad y servir a intereses políticos.

Rectificación y disculpa pública

Fri, 26 Sep 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Rectificación y disculpa pública

Le ofrezco mis sinceras disculpas al canciller Carlos Ramiro Martínez porque la información que publiqué es incorrecta.

Haroldo Shetemul

26 de septiembre de 2025

00:02h

En mi columna de la semana pasada, reproduje información inexacta sobre el canciller Carlos Ramiro Martínez, en la cual se decía que se prestó a la salida de la Cicig y que boicoteó la elección del presidente Bernardo Arévalo, por lo que habría sido cuestionado en la OEA. He investigado y me doy cuenta de que eso no es cierto.

Rectifico: El entonces presidente Jimmy Morales declaró persona non grata a Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, y ordenó su expulsión del país, el 27 de agosto de 2017. Frente a esa situación, el canciller Carlos Raúl Morales y el vicecanciller Carlos Ramiro Martínez se negaron a firmar esa orden porque consideraron que era una violación al debido proceso institucional y legal. Según medios periodísticos, el mandatario destituyó a ambos funcionarios y nombró a Sandra Jovel como canciller, quien sí se plegó a sus directrices ilegales.

Martínez fue vicecanciller durante el gobierno de Alejandro Giammattei de 2020 a 2022 y luego fue nombrado embajador en Italia. Por tal razón, es imposible que haya representado a Guatemala en la OEA en 2023 e intentara boicotear la toma de posesión de Arévalo. Asumo mi error y me retracto.

Por ello, le ofrezco mis sinceras disculpas al canciller Carlos Ramiro Martínez porque la información que publiqué es incorrecta. Al contrario, él demostró en 2017 ser una persona íntegra que no se plegó a las disposiciones ilícitas del expresidente Morales contra la Cicig e Iván Velásquez.

Los vínculos de la UNE con el Barrio 18

Fuerte indignación ha causado que una jueza y los representantes de dos instituciones supuestamente humanitarias favorecieran al crimen organizado. La jueza Lisbeth Mireya Batún ordenó el traslado del pandillero Aldo Duppie Ochoa, alias El Lobo, de la prisión de máxima seguridad Renovación 1 a Fraijanes II. Ese fallo hacía añicos los esfuerzos del Ministerio de Gobernación de aislar a los jefes de las maras que cometen crímenes contra la población indefensa.

Existen evidencias de los vínculos que mantendría la UNE con los pandilleros que aterrorizan a la población.

Esa resolución fue posible porque la Procuraduría de Derechos Humanos, dirigida por Alejandro Córdova, y la Oficina contra la Tortura elaboraron informes vergonzosos sobre que el líder del Barrio 18 recibe “un trato cruel y degradante” en la cárcel. El objetivo es que el Lobo regrese a Fraijanes donde puede seguir coordinando crímenes. Lo contradictorio es que ahora salgan en defensa de un delincuente, mientras han guardado silencio sobre los malos tratos que han sufrido fiscales, jueces, periodistas y dirigentes indígenas, víctimas de la dictadura judicial y Consuelo Porras.

No se puede obviar que ese jefe pandillero es esposo de María Marta Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres, líder de la UNE. Existen vasos comunicantes entre ese partido y el Barrio 18. Por ejemplo, Bryan Morales, subdelegado de la Oficina contra la Tortura que favoreció al Lobo fue financista de la UNE y candidato a alcalde de Pueblo Nuevo Viñas. Asimismo, se sabe que ese partido ha colocado en la PDH a personal influyente en áreas de procuraduría adjunta, dirección de recursos humanos y de procuración. No es extraño, entonces, que la diputada Nadia de León —hija de Sandra Torres— haya propuesto el punto resolutivo para instar al Ejecutivo a declarer grupos terroristas a las maras. Bien se podría entender que es una forma de lavarse la cara por los vínculos de esa familia con el jefe pandillero.

El procurador Córdova y los relatores de la Oficina contra la Tortura han hecho un papel abyecto al proteger a un criminal, que purga una condena de 191 años por el asesinato de 11 pilotos de buses, además de enfrentar procesos por otros asesinatos, femicidios y asociación ilícita. Por eso, es impostergable que el Legislativo los destituya por atentar contra la vida y seguridad de los guatemaltecos.

Embajador nombrado a dedo

Fri, 19 Sep 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Embajador nombrado a dedo

Ya son varios los pasos que ha dado el presidente para congraciarse con la oligarquía.

Haroldo Shetemul

19 de septiembre de 2025

00:02h

Cuando el entonces presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la Cicig, el 31 de agosto del 2018, de manera simultánea envió camiones militares con armas de largo alcance para intimidar al personal que se encontraba en la sede de esa misión. Todo el escenario estaba preparado para desmantelar la lucha contra la corrupción.

Arévalo nombró como embajador en España a quien se dedicó a desprestigiar a la Cicig y justificar su expulsión del país.

En el frente internacional se encontraba Jorge Skinner-Klée, embajador del país en las Naciones Unidas, quien no solo justificó la expulsión de la Cicig, sino que acusó al comisionado Iván Velásquez de impulsar el terror judicial e involucrarse en política. En una entrevista con Ricardo del Rincón, de CNN, Skinner-Klée dijo que Velásquez y la Cicig se habían extralimitado en su mandato, habían violado los derechos de los ciudadanos y se habían metido en campos para los cuales no estaban autorizados. Dijo que el expresidente Morales había sido una víctima de Velásquez porque lo perseguía a él, a su hijo y a su hermano, aunque se cuidó de decir las razones de los ilícitos que estos habrían cometido.

Pero Skinner-Klée no solo atacaba verbalmente, también se involucró de lleno en la conspiración anti-Cicig. Con Manuel Espina, exembajador de Guatemala en Washington; Acisclo Valladares Molina, exembajador en el Reino Unido, y Antonio Arenales Forno, exembajador en Uruguay, conformó un grupo de cabildeo internacional para desprestigiar a la Cicig y justificar su expulsión de Guatemala.

Pese a ese expediente, la fortuna siempre ha acompañado a Skinner-Klée. El presidente Bernardo Arévalo, quien llegó al poder como parte de la ola de la lucha contra la corrupción que impulsó Iván Velásquez, ahora nombra a este diplomático como embajador en España. Ante el repudio que despertó la designación del verdugo de la Cicig, el mandatario obvió referirse a ese rechazo y se limitó a decir que se trataba de una rotación regular y continua de los diplomáticos de carrera.

La justificación de Arévalo es falsa, tal como lo afirma Fernando González Davison, exembajador de Guatemala en varios países sudamericanos y Japón. En un artículo que publicó en el sitio Gazeta,gt, este diplomático dice que le asombra que el presidente que prometió luchar contra los oscuros y el pacto de corruptos justifique ese nombramiento como algo normal cuando Guatemala carece de una academia diplomática formal. “Los embajadores son nombrados a dedo por los presidentes”, expresa. Según González Davison, eso de “diplomático de carrera” no existe, es un invento para “colocar a familiares o amigos de antiguos políticos o militares de gobiernos de turno que hacían parte de las estructuras de corrupción”.

Lo que ha hecho Arévalo es mantener incólume la estructura del servicio exterior, sin cambios de magnitud que reflejen lo que se ha dado en llamar “la nueva primavera”. González Davison también se refiere al actual canciller Carlos Ramiro Martínez, de quien dice: “Siempre ha estado al servicio de los presidentes de turno y de los intereses de los poderosos, incluso del cierre de la Cicig”. Asegura que Martínez, como vicecanciller del expresidente Alejandro Giammattei, intentó boicotear la elección presidencial de Arévalo y por eso fue cuestionado en la OEA. Empero, afirma González Davison, “prevaleció en Arévalo la amistad y compadrazgo con Martínez y lo nombró su canciller”.

Ya son varios los pasos que ha dado el presidente para congraciarse con la oligarquía, mientras se despreocupa de lo que ocurre con quienes arriesgaron hasta su vida para que él pudiera asumir la Presidencia. Ese es el caso de los dirigentes indígenas Luis Pacheco, Héctor Chaclán y Esteban Toc Tzay, acusados de terrorismo por su lucha en defensa de la democracia. Así como de quienes han combatido la corrupción, como Jose Rubén Zamora y los fiscales, jueces y periodistas obligados al exilio.

Veto para detener la rapiña

Fri, 12 Sep 2025 06:03:00 +0000

A contraluz

Veto para detener la rapiña

Además del veto, el presidente Arévalo debería buscar alternativas para agilizar la ejecución de fondos de los Codedes.

Haroldo Shetemul

12 de septiembre de 2025

00:03h

El presidente Bernardo Arévalo tiene entre las manos una brasa caliente. El pasado 2 de septiembre, 108 diputados aprobaron el decreto 7-2025, que faculta a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) a quedarse con los fondos no ejecutados en el año fiscal y utilizarlos en el 2026 sin ningún control, lo cual facilitaría el desenfrenado dispendio de fondos públicos para la próxima campaña electoral. En dos platos: esa normativa abre la puerta de par en par a la corrupción, por algo lleva el sello distintivo del diputado Allan Rodríguez, que así podría contar con recursos ilimitados como en los buenos tiempos que disfrutó durante el gobierno de Giammattei.

Si el mandatario quiere refrendar su ofrecimiento de luchar contra la corrupción, es claro que debe vetar esa ley. Sin embargo, tal medida tiene serias implicaciones negativas en el Legislativo, por el fortalecimiento de la alianza opositora en el Congreso y el desgaste de su imagen en el área rural, donde un alto porcentaje de alcaldes estaría dispuesto a llamar a manifestaciones en su contra.

La nueva disposición es sumamente peligrosa. En tan solo cuatro artículos reforma la Ley del Presupuesto para que los Codedes ya no devuelvan los recursos no utilizados en el año fiscal. Por ejemplo, este 2025, los Codedes solo han ejecutado el 29 por ciento, y el resto quedaría para la piñata. Con eso se crearía una bolsa paralela de fondos sin el control que define la Constitución. El decreto viola en forma flagrante el principio de anualidad del presupuesto, el cual dispone que los fondos no utilizados deben ser devueltos. Con esta nueva norma, la ejecución quedaría de manera ininterrumpida, sin respetar tiempos en la utilización de los recursos públicos.

Además, plantea que se dará por aprobada cualquier solicitud municipal que no reciba respuesta del Ejecutivo en cinco días, lo cual significa una coerción ilegítima. Al imponer un plazo tan breve a las entidades gubernamentales para analizar y aprobar los proyectos de inversión, prácticamente elimina el análisis de los expedientes y la supervisión del avance físico y financiero de las obras de los Codedes. Eso implicaría que el dinero fluya de Finanzas a las municipalidades sin control de ningún tipo. Esta normativa dejaría al Ejecutivo en un plano de inutilidad total y daría pauta a un desenfreno de la corrupción mucho mayor que durante el gobierno de Giammattei.

Esta normativa dejaría al Ejecutivo en un plano de inutilidad total y daría pauta a un desenfreno de la corrupción mucho mayor que durante el gobierno de Giammattei.

La normativa fue aprobada tras la concreción de una alianza entre los diputados Allan Rodríguez y Luis Aguirre, quienes verían en esta monstruosidad de ley la oportunidad de contar con recursos frescos para la próxima campaña electoral. La voracidad de tener acceso a Q9 mil millones de fondos no ejecutados por los Codedes hizo la magia para que la iniciativa fuera aprobada sin dictamen y de urgencia nacional.

La perspectiva de que se formalice la rapiña del presupuesto que procede de nuestros impuestos obliga al presidente Arévalo a vetar esta norma. Tal medida no estará exenta de contratiempos para la maltrecha gestión gubernamental. El veto podría impactar en forma negativa en la aprobación por el Congreso del presupuesto nacional del 2026 y la conformación de la nueva junta directiva del Legislativo, así como el aumento del descontento popular en el área rural, azuzado por los alcaldes que están en contra del veto.

Pese a ello, es importante entender que la política es el arte de hacer lo posible, como lo expresara Bismarck. El veto no debería ser obstáculo para que el presidente Arévalo busque acercamientos con el Legislativo y la Asamblea Nacional de Municipalidades para explorar alternativas que permitan agilizar la ejecución de los fondos de los Codedes, sin que eso signifique violentar la transparencia en el gasto y se garantice la debida supervisión de las obras.

Porras se ensaña contra los pueblos indígenas

Fri, 05 Sep 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Porras se ensaña contra los pueblos indígenas

El encarcelamiento de otro dirigente indígena evidencia la política de discriminación y racismo de Consuelo Porras.

Haroldo Shetemul

5 de septiembre de 2025

00:02h

El movimiento de los pueblos indígenas jugó un papel fundamental en el 2023 para evitar que el pacto de corruptos, encabezado por Giammattei y Consuelo Porras, diera un golpe de Estado técnico que impidiera la toma de posesión de la Presidencia por Bernardo Arévalo. En octubre de ese año, la marea humana que exigía el respeto al voto ciudadano alcanzó los 22 departamentos del país, siguiendo el ejemplo de los pueblos originarios, principalmente de Totonicapán y Sololá.

Esta es la segunda vez que Porras criminaliza los derechos de los pueblos originarios a la manifestación.

Ahora, el Ministerio Público (MP) se cobra venganza y lanza la cacería contra quienes defendieron la institucionalidad y los trata como criminales. Ese es el caso de Esteban Toc Tzay, exvicealcalde indígena de Sololá, a quien señalan por los delitos de sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal, asociación ilícita y obstrucción a la justicia. Fue detenido cuando iba a tratamiento de diálisis y le rechazaron la solicitud de que fuese internado en el IGSS por su deteriorada situación de salud.

Esta es la segunda vez que Porras criminaliza los derechos de los pueblos originarios a la manifestación y la libre emisión del pensamiento. En abril pasado capturó a Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo Sostenible y expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, así como a Héctor Manuel Chaclán, extesorero de esa organización indígena.

¿Cómo es posible que el derecho constitucional a la movilización de los pueblos indígenas el MP los califique de sedición y acciones terroristas? Según el Código Penal, la sedición la cometen quienes impulsan acciones por la fuerza o violencia para deponer o impedir a funcionarios que tomen posesión de sus cargos.

El delito de terrorismo se refiere a la alteración del orden constitucional por medio de la violencia o que se atente contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura. Se considera una amenaza grave contra el orden internacional y puede ser tratado con criterios similares a los delitos de lesa humanidad. ¿En qué cabeza desquiciada cabe calificar de sedición y terrorismo una manifestación pacífica, ampliamente documentada y amparada por derechos constitucionales?

El constitucionalista Mario Fuentes Destarac indica que el derecho de resistencia contra la opresión es la facultad inalienable que tiene la ciudadanía para adversar regímenes despóticos e ilegítimos. Es la facultad que le asiste al pueblo para reivindicar los derechos fundamentales amenazados o coartados, así como para defender la institucionalidad democrática y la participación ciudadana, lo cual está contenido en la Constitución.

De la misma manera, el ex secretario general de la OEA Luis Almagro dijo que de ninguna manera se pueden criminalizar las protestas pacíficas del pueblo guatemalteco porque le asiste la razón. Calificó de “injustas e indignantes” las acciones que llevó a cabo la Fiscalía. “Incluidas las acciones sesgadas e irracionales de algunos agentes del MP que socavan la independencia del voto y amenazan la estabilidad democrática”, afirmó Almagro.

La cacería de Porras contra los dirigentes indígenas forma parte de un patrón de criminalización, que incluye a operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y personas que luchan contra la corrupción e impunidad. En mayo pasado, Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, señaló a Porras y miembros del Organismo Judicial de ser responsables de esas acciones.

Lo expresado por la relatora confirma por qué el Departamento de Estado de EE. UU. y la Unión Europea han sancionado a Porras y a varios de sus colaboradores: su política de criminalización representa una grave amenaza para la democracia, la justicia y los derechos fundamentales. Toc Tzay, Pacheco y Chaclán son víctimas de esa política y deben ser puestos en libertad.

Sepulcros blanqueados

Fri, 22 Aug 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Sepulcros blanqueados

Solo los diputados se creen el deprimente espectáculo religioso que viola el carácter laico de Guatemala.

Haroldo Shetemul

22 de agosto de 2025

00:02h

Qué tiempos los que nos ha tocado vivir. Quién iba a decir que el diputado Allan Rodríguez, en su faceta celestial, iba a ser el heraldo de la buena nueva de que el texto bíblico sería la guía para la salvación de los pecadores. Olvídense de los ingentes problemas nacionales sobre la salud, la educación, la desarticulación del Ministerio Público por Consuelo Porras o la politización de la justicia. El verdadero problema que nos aquejaba era la falta de un día oficial para la Biblia.

Se les olvidó esconder la larga cola de mañas y saqueos que los acompaña.

Por eso el legislador iluminado blandía la espada divina contra los opositores. “Es el demonio que está actuando a través de esas personas que no les gusta que el nombre de Dios se mencione”, decía el operador mafioso de Giammattei. Rodríguez estaba arropado por pastores evangélicos, sí, los mismos que auparon a Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Sandra Torres, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. En coro clamaba por que las antorchas alumbraran, aunque sea con ocote, el camino de los diputados que buscaban salvarnos del pecado capital.

El 12 de agosto fue un día de fe y esperanza. Era sublime la imagen que se proyectaba en el hemiciclo donde los diputados abrieron los brazos y levantaron el rostro al cielo falso del Congreso para dar gracias a Dios porque se concedía un día para las sagradas escrituras. Fueron 110 manos que se elevaron buscando tocar el paraíso luego de aprobar ese designio divino. Con gesto de arrepentimiento ante el ser divino, ellos creían que dejaban atrás el lastre de ser considerados la escoria de la clase política.

Sí, los principales ponentes del Día de la Biblia fueron los miembros del Pacto de Corruptos, encabezados por Rodríguez, acusado del saqueo de los recursos públicos, que provienen de nuestros impuestos. Por ejemplo, el diputado Samuel Pérez presentó una denuncia en su contra por asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El creyente Rodríguez es señalado de haber dirigido una red de corrupción desde el Fondo para la Vivienda, durante el gobierno de Giammattei. Por eso ahora busca que las llamas del infierno no toquen su excelsa investidura parlamentaria.

El escenario era digno de un drama shakespeariano, con tintes bíblicos. Los próceres de la patria, con saco y corbata, alzaban el libro sagrado, pero no para meditar sobre el no robarás, sino para tratar de desviar la atención de otros problemas. Los malpensados le llaman a eso cortina de humo.

Que la ciudadanía los vea como pulcros creyentes recitando el salmo 23: “Dios es mi pastor; nada me faltará”. No importa que con gesto de ovejas redimidas violen la Constitución de Guatemala, que declara el carácter laico de la república, o sea que la función del Estado es la neutralidad religiosa porque respeta todas las creencias y no puede favorecer una sobre las otras.

Claro, en su conveniencia política, los diputados tratan de atraer hacia ellos el futuro voto de los fieles de las denominaciones evangélicas, algunas de las cuales se han plegado al circo de la cleptocracia. Como la del pastor Jorge H. López, que, desde el púlpito, en 2019, pedía el voto para el partido de Giammattei: ¡Vamos a votar!

En la búsqueda de la bendición del hemiciclo, Rodríguez y sus tiernos corderitos del Legislativo trataron de obviar lo que dice el versículo de San Mateo 23:27. “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que, por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia”. En la búsqueda de proyectar una imagen pública de rectitud y devoción religiosa, a estos diputados, como dechados de virtudes, se les olvidó esconder la larga cola de mañas y saqueos que los acompaña. Tratan de aparentar que son justos, piadosos y moralmente irreprochables, pero excretan corrupción, maldad y falsedad.

La chatarra tiene permiso presidencial

Fri, 15 Aug 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

La chatarra tiene permiso presidencial

El Ejecutivo firmó un reglamento que abre la puerta a más tragedias en el transporte extraurbano.

Haroldo Shetemul

15 de agosto de 2025

00:02h

Un bus destrozado en el fondo de una hondonada. Cadáveres regados entre la maleza. Gritos y dolor de los familiares apagados por el ruido de las sirenas. Así amaneció Guatemala el 10 de febrero pasado, cuando 54 personas murieron y nueve quedaron heridas en la Calzada de la Paz. La tragedia fue brutal, pero más brutal aún es descubrir que, medio año después, el gobierno literalmente se lavó las manos y le dio el visto bueno a un acuerdo gubernativo que favorece a los empresarios del transporte. Prometieron cambios. Juraron que no se repetiría, pero mintieron como los regímenes anteriores.

La renovación del parque vehicular
no es un capricho.

Un mes después del accidente, el Ministerio de Gobernación cometió el primer despropósito: quiso imponer un seguro obligatorio a todo tipo de vehículo, no solo al transporte de pasajeros, y amenazó con sanciones a quienes no lo tuvieran. Eso generó un fuerte descontento popular, y las autoridades tuvieron que dar marcha atrás. Hoy, seis meses después del accidente, el gobierno supera su propio récord de torpeza con el acuerdo gubernativo 140-2025. Un documento que, lejos de proteger vidas, las pone más en riesgo.

El viernes pasado, el Diario de Centroamérica publicó esas reformas al acuerdo 225-2012, que regula el transporte extraurbano. Lo más grave: desaparece la prohibición de que circulen buses con más de 25 años, establecida en el acuerdo 535-2013. No es un descuido. Es una omisión calculada. Se ignora la norma más reciente para favorecer a los empresarios. El mensaje es claro: primero es el negocio, después la gente.

Para disfrazar la maniobra, en el artículo 2 inventaron un “control” mecánico cada cinco años. Sí, leyó bien: cada cinco años. Y no a cargo de una autoridad especializada, sino de cualquier taller, técnico o mecánico inscrito en la SAT. Incluso los talleres de los propios dueños de buses podrán “inspeccionar” sus unidades. Un sistema hecho a la medida para el soborno, la simulación y la autocertificación fraudulenta.

Las autoridades de la Dirección General de Transporte (DGT) y los empresarios de buses extraurbanos se tardaron seis meses para parir un reglamento que insulta la memoria de las víctimas y legitima la chatarra rodante. Más de 10 mil unidades obsoletas, antes prohibidas, tendrán vía libre para volver a las carreteras. Un triunfo absoluto para los empresarios. Una derrota mortal para los pasajeros.

El nuevo “control” es una burla. Un rótulo de “taller” y un sello bastarán para validar cualquier carcacha. La corrupción hará el resto. El Estado abdica de su obligación de proteger la vida y se convierte en cómplice de un transporte que mata. Ahora veremos cómo de forma casi suicida los pilotos de las unidades extraurbanas se disputarán aún más el pasaje y los buses volarán a altas velocidades, porque el reglamento les vale un comino.

El acuerdo lleva las firmas del presidente Bernardo Arévalo; del ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, y del secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica. ¿Será que leyeron lo que suscribieron? Porque, al estampar sus nombres, se sumaron a la larga lista de funcionarios que protegen negocios oscuros a costa de vidas humanas.

La renovación del parque vehicular no es un capricho. Es una necesidad urgente para reivindicar el derecho de los usuarios a contar con un transporte digno. Y, sin embargo, lo que el gobierno ofrece es un salvoconducto para perpetuar un sistema podrido. Este acuerdo no solo prolonga la inseguridad: legaliza el peligro y condena a los usuarios a viajar en unidades obsoletas y riesgosas, con la bendición oficial.

La memoria de las víctimas exige respeto, no un reglamento que abre la puerta a nuevos accidentes mortales. Lo que el Ejecutivo firmó no es una política de transporte: es una licencia para que las carreteras se llenen de chatarra que podría enlutar a más hogares.

El emperador en ciernes

Fri, 08 Aug 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

El emperador en ciernes

La nueva tiranía de Bukele coopta el poder judicial y legislativo, además de desmantelar la separación de poderes.

Haroldo Shetemul

8 de agosto de 2025

00:02h

Nayib Bukele no deja nada a la improvisación. Cuida cada detalle de su imagen y discurso para prender en las masas el culto a su personalidad. En más de una ocasión ha aparecido en público luciendo una chaqueta negra de corte militar, con bordados dorados en el cuello, acompañada de la banda presidencial.

¿Qué lo diferencia de Ortega y Murillo? Sus métodos, modernos y efectivos.

La vestimenta no responde al protocolo republicano, sino a una puesta en escena con reminiscencias monárquicas. Los bordados de oropel en los puños del saco evocan motivos barrocos. El cuello alto y cerrado recuerda el atuendo de gala de emperadores europeos o dictadores del siglo pasado. Es la apariencia que trata de proyectar quien se define a sí mismo como “el dictador más cool del mundo”. O sea, sin pudor ha dicho plenamente lo que quiere hacer: perpetuarse en el poder.

El mandatario salvadoreño no encaja en la clásica figura del tirano latinoamericano. Los déspotas de antaño han llegado al poder por la vía del golpe de Estado, han suprimido toda la oposición con violencia y gobernado sin ningún tipo de legitimidad democrática. Es el caso de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que se imponen a la fuerza en Nicaragua, con represión y terror, o Nicolás Maduro, con un fraude electoral.

La deriva autoritaria de Bukele es diferente. Busca eternizarse en el poder sobre la base de sus éxitos en el combate de las pandillas, lo cual le ha deparado un arrastre popular arriba del 85%. Las masas obnubiladas pasan por alto que ese triunfo lo logró aplastando los derechos humanos, persiguiendo a los periodistas críticos y clausurando ONG incómodas.

El caso Bukele es una paradoja fundamental: ¿Puede un gobernante violar la Constitución si el pueblo lo apoya? Claramente la respuesta es no. La legalidad y el respeto a la Carta Magna salvadoreña, que una vez él juró, no es negociable. El milenial que se vendió como un outsider en las elecciones del 2019 borró del mapa a la derechista Arena y el izquierdista FMLN, que se ahogaron en su podredumbre de corrupción. Encarnó el hartazgo de las masas contra la cleptocracia que volvió inservibles los acuerdos de paz. Ahora Bukele demuestra que también es hábil en amasar riqueza desde el poder.

En el 2021, su partido Nuevas Ideas ganó la mayoría legislativa y asumió el control total del Congreso, para reelegir a Bukele en el 2024 de manera inconstitucional, y ya en el 2025 reformar el sistema electoral para permitirle quedarse en el poder de manera indefinida.

El gobernante encarna un modelo de populismo autoritario, para lo cual desmantela los controles institucionales. La nueva tiranía coopta el poder Judicial y Legislativo, elimina la separación de poderes, lo cual le permite modificar leyes y decisiones a su sabor y antojo.

Las masas aclaman a Bukele como el salvador de su país. En esa efervescencia no les importa sacrificar derechos y libertades, pasan por alto la militarización y que pisotee la constitución. Todo sea por la seguridad.

El monarca en ciernes mantiene extasiada a la población con una comunicación política directa, muy cool. Cautiva a su audiencia con mensajes directos en las redes sociales, de X a Instagram y TikTok. Emplea discursos emotivos, memes y ataques certeros contra la prensa crítica y sus pocos opositores, que son celebrados por sus millones de seguidores. De esa manera controla el relato mediático y ha logrado desplazar a los medios tradicionales en la construcción de la realidad política.

Como un rockstar, Bukele es la nueva versión del sátrapa que busca perpetuarse en el poder. ¿Qué lo diferencia de Ortega y Murillo? Sus métodos, modernos y efectivos, pero al final de cuentas persigue lo mismo: erigirse en un dictador, que representa una seria amenaza para la legitimidad del Estado de derecho y la estabilidad no solo de su país, sino de Centroamérica en su conjunto.

Expuestos a un tóxico letal

Fri, 01 Aug 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Expuestos a un tóxico letal

Los vecinos de un sector de la zona 12 estuvieron expuestos a un químico letal durante más de cinco meses.

Haroldo Shetemul

1 de agosto de 2025

00:02h

Si no hubiera sido por una denuncia ciudadana es muy probable que los vecinos de un sector de la zona 12 capitalina todavía estuvieran expuestos a la inhalación de un químico altamente tóxico. Sergio Vega utilizó las redes sociales para dar a conocer que estaban siendo envenenados los habitantes de una amplia área, que incluye de la 46 a la 55 calles, de la zona 12, del lado de la avenida Petapa. También mencionó entre las afectados a los residentes en las colonias Ciudad Real 1 y 2, Miles Rock, Reformita, Vientos del Valle y Villas de la Colina. El problema se ha extendido a Villa Nueva.

Los vecinos de un sector de la zona 12 estuvieron expuestos a un químico letal durante más de cinco meses.

Los vecinos estuvieron expuestos a un fuerte olor químico todos los días, principalmente en horas de la madrugada, el cual les causaba náuseas, dolores de cabeza, irritación de ojos y dificultad para respirar. Vega destapó el hecho el 16 de junio, pero aseguró que los pobladores afrontaban este problema desde principios de febrero, sin que ninguna autoridad investigara el origen de las emanaciones.

Debido a la presión ciudadana, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) decidió investigar este hecho. Junto con la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa), esa cartera tomó muestras de las aguas residuales del sector, donde encontraron restos de terbufos, una sustancia tóxica para el ser humano y el medio ambiente.

Se trata de un pesticida que se utiliza en labores agrícolas para controlar plagas del suelo. El problema es que puede causar envenenamiento grave en los seres humanos, náuseas, convulsiones y hasta la muerte. Según el MARN este pesticida está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como de clase 1A, el más letal. Este agente puede producir efectos severos en el sistema nervioso, afectar la respiración y causar serios daños por inhalación o contacto con la piel. En varios países, su uso está prohibido por su alta toxicidad y riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

El MARN identificó a la Almacenadora del País, S.A. (Alpasa) como la fuente de contaminación de este pesticida y lo peor es que no tiene licencia ambiental para almacenarlo. Esa empresa se especializa en dar servicios de bodegas a otras compañías e instituciones, supuestamente con procesos de seguridad para la gestión ambiental. Sin embargo, en esta ocasión se evidenció que no tienen ningún control de agentes letales como el terbufos, que mantiene en toneles que habrían tenido derrames.

Hay otro responsable: La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que ha mantenido almacenado en Alpasa este agente tóxico desde hace 26 años. Si no se hubiera dado a conocer este foco de contaminación, la SAT mantendría el pesticida embodegado por los siglos de los siglos, porque es muy probable que ni siquiera sus actuales autoridades tuvieran conocimiento de ello.

Es extremadamente grave que un agente tóxico, como este pesticida, sea manejado de la peor manera, tanto por la almacenadora, como por la entidad responsable de su almacenamiento. Los vecinos del sector pudieron afrontar consecuencias más letales si no hubiera trascendido la denuncia de una persona en las redes sociales. No solo se trata de que el MARN haya identificado el problema, es fundamental que los responsables sean investigados y sean merecedores de las sanciones que correspondan.

Desde el 11 de julio pasado el MARN presentó una denuncia en el Ministerio Público, pero este no ha dicho absolutamente nada, como si la salud de los vecinos no le importara. Lo mismo ocurre con el Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, que tampoco ha actuado. Este hecho grave no puede quedar impune porque los vecinos de la zona 12 estuvieron expuestos a un tóxico letal durante más de cinco meses.

Epílogo de un bravucón

Fri, 25 Jul 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Epílogo de un bravucón

Tras el fracaso de su huelga, Acevedo creyó que podía encabezar un diálogo nacional, pero el gobierno no cayó en la trampa.

Haroldo Shetemul

25 de julio de 2025

00:02h

Desde el 14 de mayo pasado, los maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron carpas en el Zócalo y varias calles del centro de la Ciudad de México. Las acciones se impulsaban en demanda de la derogatoria de un sistema de pensiones que consideraban injusto. El plantón frente al Palacio Nacional fue seguido de manifestaciones, algunas con actos violentos. Se calcula que la huelga paralizó cerca de 20 mil centros educativos y afectó a 1.2 millones de estudiantes, sin que lograran su objetivo.

Tras el fracaso de su huelga, Acevedo creyó que podía encabezar un diálogo nacional, pero el gobierno no cayó en la trampa.

El 7 de junio, 24 días después, la CNTE levantó el campamento del Zócalo, tras soportar las inclemencias del tiempo. Los maestros tuvieron que reiniciar las labores educativas. “No estamos cansados ni fracasados, estamos pausados”, dijeron los dirigentes.

Como si fuera una copia del movimiento mexicano, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), dirigido por Joviel Acevedo, hizo lo mismo: ocupó la Plaza de la Constitución, donde instaló carpas y suspendió clases en tres mil 500 centros educativos. Su principal demanda era que el gobierno firmara el pacto colectivo en el que persistían privilegios que le habían otorgado las administraciones anteriores.

Esta vez, no tuvo la misma suerte, porque la ministra Anabella Giracca se negó a mantener las prebendas y se adelantó a otorgar un aumento salarial de 5%, superior al 3% que les concedió el gobierno de Giammattei. Además, la Procuraduría General de la Nación presentó varios amparos para obligar a los afiliados del STEG a retornar a las aulas.

Los cálculos no le salieron a Acevedo. Durante 56 días mantuvo a sus seguidores a la intemperie, bajo el sol, la lluvia y en condiciones insalubres. Creyó que el espectáculo de múltiples carpas en la Plaza de la Constitución iba a ablandar al presidente Arévalo y a la ministra Giracca. Al contrario, fue cercado por las multas impuestas por un juez, luego de que se negara a levantar las medidas de hecho y volver a las aulas.

La bromita le salió en Q3 millones 488 mil en multas que deberán pagar los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y demás dirigentes del STEG. De nada le ha valido al líder magisterial tener a su favor a los magistrados de la CC, a Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público, y a varios políticos tradicionales que consideraban que esta vez sí iban a quebrar al gobierno de Arévalo.

Luego de una última movilización magisterial que llegó a la capital, Acevedo tuvo que recoger sus bártulos. Los maestros ya no aguantaban más vivir a la intemperie, mientras su líder dormía a cuerpo de rey. La noche del 21 de julio, tras 56 días, sus seguidores levantaron las carpas de la Plaza de la Constitución y se fueron por donde vinieron.

Sin más medidas para presionar, Acevedo se ve en la calle de la amargura, apenas apapachado por la fracción de la UNE dirigida por Sandra Torres. Como por arte de magia se saca de la manga la iniciativa de encabezar un diálogo nacional para resolver los principales problemas del país, por supuesto, de la mano de los diputados uneístas. Sin embargo, el gobierno no cae en la trampa y le responde que la convocatoria de un diálogo nacional no le corresponde a él, ni al Legislativo.

Acostumbrado a amenazar a diferentes gobiernos, Acevedo se va con las manos vacías. No todos sus seguidores continúan la huelga. Arévalo asegura que, desde el levantamiento de las carpas, unas mil escuelas reiniciaron las clases. “No hay vencidos ni vencedores”, pregona Acevedo, pero quién sabe si dará su brazo a torcer.

Aunque amenaza con una segunda fase de su lucha, el problema será convencer a sus seguidores de que su movimiento puede triunfar, pese a haber dañado el ciclo escolar y tener en contra el rechazo popular. Con él, nada se descarta.

Apuestan por la opacidad electoral

Fri, 18 Jul 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Apuestan por la opacidad electoral

Para las próximas elecciones, el pacto de corruptos busca la opacidad para tratar de burlarse de la voluntad popular.

Haroldo Shetemul

18 de julio de 2025

00:02h

¿Qué habría ocurrido si en las elecciones del 2023 no hubiera habido presencia de observadores internacionales? Es muy probable que se hubiera cometido un fraude electoral para imponer a Manuel Conde, del partido oficialista Vamos. Quizás Bernardo Arévalo no fuera presidente y estuviera en el exilio. Por supuesto que la ciudadanía guatemalteca, principalmente los pueblos originarios, encabezados por los 48 Cantones de Totonicapán, habrían dado la batalla, pero en un ambiente aún más adverso.

Para las próximas elecciones, el pacto de corruptos busca la opacidad para tratar de burlarse de la voluntad popular.

La presencia de los veedores externos es vital en las elecciones de países donde los procesos electorales son traumáticos y están amenazados por estructuras paralelas que buscan la continuidad de regímenes corruptos, como es el caso de Guatemala. Los observadores tienen experiencia alrededor del mundo y sus estándares permiten certificar si una elección fue trasparente o no. No a todos los políticos les gusta el respeto de la voluntad popular expresada en los votos. Ese es el caso de Conde. El 27 de junio pasado, en una reunión de políticos en el TSE, ese excandidato de un partido que ya está cancelado se pronunció contra la presencia de los observadores internacionales y pidió que se limite su participación en las elecciones del 2027. Por ello, le solicitó al TSE que se elabore un instructivo para restringir la labor de los acompañantes internacionales.

La molestia de ese excandidato tiene una razón muy sencilla. Giammattei buscaba que Conde continuara su régimen de impunidad y corrupción. Lo hizo visible en las giras departamentales, además de invertir en él millones, procedentes de nuestros impuestos. Con el respaldo del TSE, Giammattei eliminó a los presidenciables que le podían hacer sombra. Así desaparecieron del proceso electoral Carlos Pineda, Roberto Arzú y Jordán Rodas. Dejaron a Edmond Mulet y a Zury Ríos porque confiaban que con ellos podían continuar la rapiña en el Estado. Lo que no lograron advertir fue que el descontento por la manipulación del proceso le daría aliento a Arévalo, un aspirante que no aparecía en los primeros lugares de las encuestas. A los golpistas les cayó un balde agua fría cuando las diferentes misiones extranjeras dieron a conocer que la votación había sido válida y transparente, a partir de sus propios escrutinios. Conde despotrica contra los observadores porque le echaron a perder la fiesta golpista. Él se veía con la banda presidencial, flanqueado por Giammattei, Miguel Martínez y la corte del pacto de corruptos.

La maniobra de Giammattei había sido de tal magnitud que aún confiaba el 14 de enero del 2024 que podía evitar la toma de posesión de Arévalo. A las 10 de la noche de ese día envió en una bolsa de supermercado la banda presidencial, el collar y el botón de jade, insignias que acompañan la ceremonia oficial. Hasta esa hora se dio cuenta de que no había cuajado el golpe de Estado que promovía, en compañía de Felipe Alejos, Sandra Torres, Consuelo Porras y sectores empresariales afines.

Los observadores son vitales porque pueden dar la voz de alarma internacional contra las prácticas antidemocráticas. En Venezuela fueron ellos quienes constataron y denunciaron que Nicolás Maduro cometió un fraude electoral para aferrarse al poder, pese a que en las urnas había triunfado el opositor Edmundo González Urrutia.

Conde quiere seguir el camino de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quienes impidieron que en las elecciones nicaragüenses participaran observadores internacionales, además de eliminar a los principales opositores, encarcelarlos y luego enviarlos al exilio para mantener su dictadura. Por eso es importante que el TSE no acepte en ninguna circunstancia que se limite la participación de los observadores internacionales en los comicios del 2027.

Acevedo acumula más repudio

Fri, 11 Jul 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Acevedo acumula más repudio

El STEG mantiene la paralización de clases desde hace 52 días y ahora bloquea carreteras para retener sus privilegios.

Haroldo Shetemul

11 de julio de 2025

00:02h

A Joviel Acevedo, al frente del Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEG), no le basta con mantener paralizadas las clases desde hace más de 52 días, sino que ahora se lanza a bloquear el tránsito a nivel nacional. Como no le ha funcionado la presión con sus carpas en la Plaza de la Constitución, ayer obstruyó 21 tramos carreteros, a pesar de que el país se encuentra en alerta naranja debido a la serie de sismos que ha afectado a los guatemaltecos.

El STEG mantiene la paralización de clases desde hace 52 días y ahora bloquea carreteras para retener sus privilegios.

Estas medidas de hecho que van en detrimento de la población estudiantil y de quienes utilizan la red vial solo pretenden retener los privilegios que los gobiernos anteriores le dieron a este dirigente. Sin embargo, son muestras de desesperación. Los sindicalistas buscan a toda costa la suscripción de un pacto colectivo abiertamente ilegal y que ha contribuido al deterioro del sistema educativo. Por esa razón, a medida que avanza el tiempo, Acevedo acumula más rechazo popular.

A la fecha, los sindicalistas suman diez amparos judiciales para que suspendan el paro de labores que comenzaron el 19 de mayo. Los amparos exigen detener de forma inmediata las medidas de hecho por ser ilegales y lesionar el derecho a la educación de los niños. Acevedo se envalentona sabiendo que cuenta con el respaldo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), quienes decidieron no suspender de forma provisional siete artículos del pacto colectivo que el Ministerio de Educación considera inconstitucionales.

El fallo de la CC fue a todas luces un golpe bajo a la Carta Magna porque avala la interferencia de un sindicato en las funciones internas de un ministerio. Entre esas acciones está que el STEG debe aprobar los programas destinados a la mejora de la educación y que las capacitaciones de los maestros deben estar dentro del marco del pacto colectivo. Estas son aberraciones que golpean la Constitución.

No solo la CC está alineada con Acevedo. También el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, da muestras de importarle un comino la paralización de labores académicas. La fiscalía no actúa con la celeridad con que atiende casos en contra de funcionarios del gobierno. Desde el 23 de junio, el Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social emitió un amparo provisional a favor de la Procuraduría General de la Nación.

La resolución judicial ordenó al STEG levantar la suspensión indefinida de clases en un plazo de 48 horas. Como el fallo no fue acatado por Acevedo, el juzgado cursó la documentación al MP el 25 de junio para que iniciara las acciones penales correspondientes por desobedecer las leyes del país. No obstante, 15 días después Porras se desentiende de la crisis educativa del país y le da alas a Acevedo.

Pese a esos apoyos, las huestes sindicales se encuentran cercadas y desesperadas. Mantener su campamento en la Plaza Mayor les está pasando el costo a los seguidores de Acevedo que deben sobrevivir en condiciones insalubres y con todo tipo de incomodidades desde hace 52 días, sin que se vislumbre un resultado positivo a corto plazo. Lejos de recibir apoyos, el STEG acumula repudio de la mayoría de sectores por anteponer sus privilegios a la educación de los niños.

Esa habría sido la razón por la que ahora salga a bloquear carreteras con la esperanza de visibilizar sus acciones, pero de nuevo los sindicalistas solo han acumulado más rechazo popular. La paralización del tránsito ocurre en un momento difícil para la población que aun afronta las secuelas por la serie de sismos que han dejado miles de damnificados.

Lejos de contribuir a la solución, el sindicato magisterial se convierte en otro problema. Por más que patalee, las acciones de Acevedo solo van a acumular más condenas por el grave daño que le ocasionan a la educación y al país.

Quijivix, una nueva puesta en escena

Fri, 04 Jul 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Quijivix, una nueva puesta en escena

Quijivix habría contado con el aval del entorno de Giammattei para lavar dinero y desfalcar al Estado.

Haroldo Shetemul

4 de julio de 2025

00:02h

Con una sonrisa, Melvin Quijivix fue llevado a la Torre de Tribunales por agentes policiales. Más que la captura de alguien denunciado por lavado de dinero y el desfalco de Q8.6 millones al Estado, parecía la más reciente puesta en escena del Ministerio Público (MP) para dar la apariencia de ejecutar acciones contra el entorno del exmandatario Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.

Quijivix habría contado con el aval del entorno de Giammattei para lavar dinero y desfalcar al Estado.

El expresidente del consejo directivo del Inde estuvo prófugo de la justicia durante varios meses, pero ahora dice que se pone a disposición para esclarecer los hechos. El detenido lucía en su brazo izquierdo un cabestrillo, símbolo distintivo de quienes gozan de los favores de las autoridades. Los incómodos grilletes están reservados para los enemigos de Consuelo Porras y los ciudadanos de a pie.

El ahora aprehendido formaba parte del Centro de Gobierno, una instancia que Giammattei constituyó al gusto de Martínez, su pareja sentimental. Quijivix había sido contratado como delegado en el Ministerio de Energía y Minas. Poco duró el gusto porque la duplicidad de funciones que significaba esa dependencia generó muchos anticuerpos y rechazo en diversos sectores.

A regañadientes, el exmandatario, con todo el dolor de su corazón, tuvo que cerrarlo en diciembre del 2020, pero no dejó en la calle a los favoritos de Martínez, ya que la mayoría de ellos fueron incorporados en otras áreas del Ejecutivo.

Ese fue el caso de Quijivix, a quien le buscaron un buen destino. La mejor idea que se les ocurrió fue crear una plaza fantasma en el renglón 0-22 en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), seis días después del cierre del Centro de Gobierno. El problema es que la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) rechazó el requerimiento porque la plaza no era viable técnica ni legalmente, debido a que las atribuciones del puesto le correspondían a la titular de la Segeplán.

Ni lenta ni perezosa, Keyla Gramajo, jefa de Segeplán, se quejó con Giammattei, quien montó en cólera por la falta de obediencia de la Onsec. La estrategia que siguieron fue que Gramajo le dirigió una carta al presidente, en la cual solicitaba la plaza, y Giammattei le dio el visto bueno, con su firma y sello. Así, quién se iba a oponer, pero quedó la evidencia de que el expresidente autorizó la plaza fantasma.

Un año después, el favorito ascendía a la presidencia del Inde, no por su capacidad o experiencia, sino porque contaba con el beneplácito de Giammattei y Martínez. Entre las gracias del nuevo titular del Inde estuvo la contratación de 211 personas en el renglón 0-22, una de ellas, su propia esposa, Nina Patricia Román.

Al contar con el respaldo al más alto nivel del Ejecutivo, a Quijivix no le importó contratar los servicios de la consultora Mine, de la cual él mismo era gerente general y cuyo domicilio fiscal era su casa. También benefició a Grupo Eda, otra de sus empresas, que vendió energía a hospitales, y a Corporación Educativa en Informática, cuyo propietario es su suegro, Julio Isaías Román.

Debido a estos antecedentes, es muy probable que ya exista alguna estrategia para favorecer a Quijivix, porque si el MP estuviera interesado en esclarecer la verdad, tendría que investigar las implicaciones de Giammattei y Martínez. Eso, obviamente, no lo hará. Para más el Departamento de Estado de EE. UU. incluyó a Quijivix en la Lista Engel de actores corruptos desde julio del 2022.

La desnutrición que mata el futuro

Fri, 27 Jun 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

La desnutrición que mata el futuro

Este gobierno podrá tener buenas intenciones, pero estas no bastan si no se traducen en acciones concretas.

Haroldo Shetemul

27 de junio de 2025

00:02h

La desnutrición infantil en Guatemala sigue siendo un flagelo que está lejos de erradicarse. Según el Ministerio de Salud, en los primeros cuatro meses de este año han muerto siete niños menores de 2 años a causa de desnutrición aguda. Pero el panorama es aún más alarmante: los fallecimientos son apenas la punta del iceberg, ya que existe un amplio subregistro de casos de desnutrición crónica, especialmente en las regiones rurales donde no llega la asistencia gubernamental prometida.

Este gobierno podrá tener buenas intenciones, pero estas no bastan si no se traducen en acciones concretas.

Cuando Bernardo Arévalo asumió la presidencia, en enero del año pasado, se comprometió a reducir los índices de desnutrición infantil que colocan a Guatemala en el vergonzoso primer lugar de América Latina y el sexto a nivel mundial. Sin embargo, tras 17 meses de gestión, los resultados distan mucho de lo esperado. Expertos en la materia advierten de que el gobierno no cuenta con un plan estructurado para prevenir la desnutrición, en sus diferentes manifestaciones.

La niñez guatemalteca sufre dos tipos principales de desnutrición: aguda y crónica. La primera implica una pérdida rápida de peso en relación con la talla, provocada por una deficiencia severa de nutrientes en un corto período. Sus causas van desde enfermedades infecciosas —como la diarrea— y hambrunas, hasta la falta de alimentación suficiente o de calidad. Se manifiesta con debilidad muscular, mayor riesgo de infecciones y puede ser letal.

La desnutrición crónica, en cambio, es un retraso en el crecimiento causado por una alimentación deficiente de forma prolongada, desde el embarazo hasta los primeros años de vida. La raíz del problema está en dietas pobres en nutrientes, falta de agua potable y condiciones de pobreza extrema. Esta forma de desnutrición provoca daños irreversibles en el desarrollo físico y cognitivo, afecta la capacidad de aprendizaje y eleva el riesgo de enfermedades crónicas.

Mientras la desnutrición aguda exige respuestas inmediatas ante emergencias, la crónica revela un problema estructural más profundo, reflejo de desigualdades sociales históricas. Requiere políticas públicas sostenidas en el tiempo. Es inadmisible que, en un país con tanta riqueza agrícola, la infancia siga siendo víctima de inseguridad alimentaria.

Durante décadas, distintos gobiernos han prometido enfrentar este drama, pero la corrupción ha devorado los recursos destinados a combatirlo. Según Unicef, la desnutrición crónica afecta al 47% de los niños menores de 5 años. Las comunidades indígenas y rurales son las más golpeadas, con un acceso limitado a alimentos nutritivos, agua potable y servicios básicos de salud. A ello se suman los efectos del cambio climático, que con sus prolongadas sequías agrava la pobreza extrema.

Los datos oficiales muestran que la desnutrición crónica severa en menores de 5 años está presente en 14 departamentos, especialmente en el llamado corredor seco (Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa), una región particularmente vulnerable a la inseguridad alimentaria y cuyos habitantes afrontan hambrunas permanentes.

Pese a los reiterados ofrecimientos gubernamentales, la realidad es desalentadora. En declaraciones a Prensa Libre, María Marta Ramos, representante de la Instancia de Consulta y Participación Social, del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, señala que el gobierno carece de un plan integral para prevenir tanto la desnutrición aguda como la crónica. “Es frustrante”, dice, “porque las autoridades saben qué hacer, pero no accionan”.

Este gobierno podrá tener buenas intenciones, pero estas no bastan si no se traducen en acciones concretas. Mientras tanto, la desnutrición continúa cobrando vidas y condenando a la niñez guatemalteca a un futuro sin oportunidades.

Justicia secuestrada

Fri, 13 Jun 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Justicia secuestrada

La justicia está al servicio de la cleptocracia y es utilizada como instrumento de persecución política.

Haroldo Shetemul

13 de junio de 2025

00:02h

Cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones tomaron posesión el 13 de octubre del año pasado, se pensó que la elección había sido balanceada y que los nuevos funcionarios impartirían justicia de forma independiente, sin vínculos políticos. Ocho meses después, el panorama judicial es desolador: la justicia continúa siendo instrumentalizada para la persecución política y permanece secuestrada por redes clientelares vinculadas al partido Vamos y sus aliados.

La justicia está al servicio de la cleptocracia y es utilizada como instrumento de persecución política.

Durante la pasada elección en el Congreso, las fuerzas encabezadas por el diputado Allan Rodríguez —quien representaría los intereses del expresidente Giammattei— lograron aglutinar los votos de al menos 12 bancadas, entre ellas, Valor, UNE, Unionista, Todos, Cabal y Bien. Las resoluciones más recientes de jueces y magistrados confirman que persiste un nefasto contubernio con el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras.

Esta semana, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones agregó el delito de Asociación ilícita contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán. Ese sería el tercer delito que se les imputa. Desde abril pasado, están en prisión por cargos de terrorismo y obstaculización a la acción penal. Este nuevo cargo ilustra con crudeza la criminalización sistemática de las protestas ciudadanas.

Esto es sintomático de la utilización de la justicia como forma de venganza política, porque en el 2023 el movimiento indígena exigía la renuncia de Porras y el respeto al voto ciudadano que estaba en peligro por las acciones golpistas encabezadas por la fiscal general. Ellos no actuaban solos, sino como presidente y tesorero, respectivamente, de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán y ejercían sus derechos a la manifestación y a la libre emisión del pensamiento. Tanto Porras como los magistrados violan flagrantemente esos dos derechos consagrados en la Constitución.

En forma paralela, el abogado Eduardo Masaya, quien fuera aprehendido cuando formaba parte de una planilla en el Colegio de Abogados y Notarios, enfrentará juicio hasta el 30 de abril de 2026, por el delito de falsedad ideológica porque supuestamente avaló unas actas del Movimiento Semilla. Este caso forma parte de la persecución política de Porras y el juez Fredy Orellana contra el partido en el gobierno.

El peso de la justicia no es igual para todos. El abogado David Barrera, principal acusado de la estructura criminal B410, fue dejado en libertad condicional por la Sala Tercera de Apelaciones, pese a que la Superintendencia de Administración Tributaria lo señala de una defraudación de Q300 millones. Barrera representa a más de 200 empresas que estarían involucradas en el mayor caso de defraudación fiscal de la historia del país. Esa misma sala es la que mantiene en prisión al periodista Jose Rubén Zamora, otra víctima de la persecución política del MP.

Mientras Porras se ensaña con casos inventados contra sus opositores, sus fiscales fracasan en sustentar adecuadamente casos de corrupción comprobada. Es lo que ocurrió con el expediente de plazas fantasmas contra el expresidente del Congreso, Luis Rabbé, quien estuvo prófugo durante años. La investigación del MP fue tan deficiente que permitió a la jueza Claudette Domínguez dictar sobreseimiento a favor del acusado. Así, Rabbé quedó libre de los cargos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción.

Los hechos no dejan lugar a dudas: la justicia no es independiente. Está al servicio de la cleptocracia y es un instrumento de persecución política contra líderes indígenas, fiscales, jueces, periodistas y contra quienes se atrevan a desafiar la corrupción y la impunidad. Hoy, la ley protege a quienes manipulan las instituciones para conservar sus privilegios.

Acevedo, el cuasi ministro paralelo

Fri, 06 Jun 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Acevedo, el cuasi ministro paralelo

La CC tiene la posibilidad de acabar con los abusos del STEG, que incide en las políticas del Mineduc.

Haroldo Shetemul

6 de junio de 2025

00:02h

Desde hace tres semanas, las huestes de Joviel Acevedo acampan en la Plaza de la Constitución como medida de presión contra el gobierno de Bernardo Arévalo. Poco les ha importado a los sindicalistas magisteriales que, en ese mismo lapso, miles de niños hayan quedado sin clases. Al final de cuentas, su preocupación no es la educación, sino la supervivencia de su gremio. Afortunadamente, el juez Quinto de Trabajo y Previsión Social, Carlos de la Cruz, otorgó un amparo provisional a la Procuraduría General de la Nación y ordenó al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) suspender el paro iniciado el 19 de mayo. Esto significa que deberán recoger las carpas instaladas frente al Palacio Nacional y volver a las aulas. El amparo exige suspender de inmediato las medidas de hecho, por ser ilegales y lesionar el derecho a la educación de los niños. Se trata de un golpe contundente contra Acevedo, quien buscaba sostener su resistencia ante un gobierno que, por primera vez en años, parece dispuesto a ponerle un alto a sus excesos.

La CC tiene la posibilidad de acabar con los abusos del STEG, que incide en las políticas del Mineduc.

Gobiernos anteriores —en particular los de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei— le entregaron en bandeja de plata el Ministerio de Educación a Acevedo, a cambio de su respaldo político. Este líder sindical pasó años entre apapachos y complacencias con los presidentes de turno, sin importarles el deterioro del sistema educativo. Acevedo se convirtió en una figura de peso, con capacidad de incidir directamente en las políticas del Mineduc. La confidencialidad del pacto colectivo protegía el contubernio que mantenía con los gobiernos de turno, más interesado en negociar cuotas de poder que en mejorar la calidad educativa. El aumento salarial para los maestros no era una prioridad. Basta con recordar que el STEG aceptó un raquítico 3% de incremento con Giammattei, porque lo verdaderamente importante era mantener el control sobre las decisiones educativas. Hoy, paradójicamente, Acevedo protesta por un aumento del 5% otorgado por el presidente Arévalo y la ministra Anabella Giracca.

Gracias a esos acuerdos oscuros, Acevedo operó durante años como un cuasi ministro paralelo de Educación. ¿Desde cuándo se necesita el visto bueno de un dirigente sindical para definir las políticas educativas del país? El líder sindical conocía de antemano todos los planes de trabajo del Ministerio y tenía potestad para decidir sobre ellos. Incluso se le debía consultar si un maestro debía ser trasladado, reubicado o sancionado. Tenía voz —y voto de facto— en decisiones como la alimentación escolar. De ahí su insistencia en mantener el seguro estudiantil, un gasto millonario ineficiente que nunca resolvió los problemas de salud de los alumnos. Su apoyo incondicional a los gobiernos anteriores ayudó a consolidar un sistema educativo estancado en la mediocridad.

Por ello, la Procuraduría General de la Nación presentó un recurso de inconstitucionalidad contra siete puntos del pacto colectivo firmado con el STEG, por considerar que violan principios fundamentales de la Carta Magna. Estos artículos otorgan funciones a los sindicalistas que corresponden exclusivamente a las autoridades del Mineduc, debilitando su capacidad para tomar decisiones programáticas. Es decir, cualquier medida técnica orientada a mejorar la educación debe pasar antes por el filtro político o ideológico del sindicato. La Corte de Constitucionalidad tiene ahora la posibilidad histórica de acabar con este abuso, que ha significado la claudicación del Estado frente a un sindicato que decide quién enseña, qué enseña y cómo enseña. Los resultados están a la vista: ocho de cada diez estudiantes no comprenden lo que leen, y el futuro del país se nos escapa entre las manos.

Política de criminalización

Fri, 30 May 2025 06:02:00 +0000

A contraluz

Política de criminalización

El MP responde a intereses ajenos al Estado de derecho.

Haroldo Shetemul

30 de mayo de 2025

00:02h

¿Existe en Guatemala un patrón de criminalización contra operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y actores que luchan contra la corrupción e impunidad? Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, asegura que sí, y señala al Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, y miembros del Poder Judicial como responsables de esa acción repudiable.

El MP responde a intereses ajenos al Estado de derecho.

17 de enero de 2025

00:02h

El exfiscal Stuardo Campo es un preso de conciencia que ha pasado más de 450 días en prisión preventiva, sin que dé comienzo el juicio de uno de los casos que el Ministerio Público (MP) fabricó en su contra. El 15 de enero pasado era la fecha señalada para que iniciara el enjuiciamiento penal, pero la abogada de la parte querellante se ausentó debido a que, supuestamente, tuvo problemas con su vehículo. No era la primera vez que sucedían hechos de ese tipo que le han permitido a la Fiscalía General prolongar el encarcelamiento de uno de los fiscales que libró una férrea batalla contra el crimen organizado. En realidad, es una burda estrategia para prolongar su encierro. ¿Por qué el ensañamiento? La respuesta es clara: como fiscal, Campo dirigió una investigación contra el exministro de Comunicaciones José Luis Benito y escarbó hechos de corrupción durante el gobierno de Giammattei. Eso significó ser visto como enemigo y objeto de una feroz persecución.

El MP impulsa la burda maniobra de evitar el inicio del juicio contra Campo para prolongar su encierro.

00:02h

Recientemente, el IGSS dio a conocer la inauguración de la Clínica de empresa No. 100 para beneficiar a patronos y trabajadores con la reducción de tiempo de consultas. Se anunció con bombos y platillos que se disminuirá el tiempo de consulta, con atención oportuna y personalizada. También promociona las Clínicas corporativas, dirigidas a grupos de empresas, para reducir el tiempo en que los empleados van a consulta. Es indudable que estos cambios son un avance importante en la atención a los afiliados. Sin embargo, más pareciera un lavado de cara del IGSS frente a los empresarios, mientras el trato al resto de pacientes continúa siendo pésimo. Esto ocurre, sobre todo, con quienes van al Centro de Atención Médica Integral para Pensionados (Camip), que reciben un servicio deficiente, como si los adultos mayores no importaran.

Los capitalinos sufren la incapacidad de la municipalidad para resolver el problema de tránsito urbano.

Conozco el caso de un paciente de 77 años que es atendido en el Camip 3, Zunil, y quien padece de problemas de próstata, dolores y retención de orina. Los muy atentos médicos del IGSS le dieron cita para seguir su tratamiento hasta la tercera semana de octubre de 2025, o sea más de un año entre una consulta y otra. Como muy bien dice el paciente, quién sabe si para esa fecha todavía esté vivo. Por ello, su familia va a tener que pagar consulta privada para atender a este adulto mayor, ya que el IGSS no tiene la sensibilidad que sí parece tener con su lavada de cara con los empresarios. ¿Este es un caso excepcional? No, miles de pacientes afrontan este deplorable trato, que demuestra que la salud de los pacientes no es lo principal de esta institución. Si hablamos de una nueva primavera, esta también tendría que pasar por la atención a los pacientes en el IGSS, principalmente los adultos mayores.

En el 2021, Porras le llamó la atención a Juan Francisco Sandoval, el anterior jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), porque no había sido “amable y cordial” con el entorno de la Presidencia de Giammattei cuando investigaba un caso relacionado con el IGSS. En esta ocasión no hubo tal detalle de cortesía y dejó que Curruchiche, el sustituto de Sandoval en la Feci, tildara al presidente Arévalo de tener doble moral, de incurrir en hipocresía y haberse convertido en el principal responsable de fomentar la impunidad en el país. O sea, los patos le tiran a las escopetas. El MP, en lugar de iniciar las averiguaciones sobre los principales responsables de la estructura de defraudación tributaria, ahora resulta que es Arévalo el que está detrás de esa mafia. Curruchiche se afanó en mostrar las supuestas vinculaciones de Arévalo con empresas implicadas en el caso B410, en el que incluyó hasta al secretario general de la OEA, Luis Almagro.

¿Cuál es la razón de esa fumada de película? Muy sencillo, el caso de las 410 empresas defraudadoras escarba en la estructura que funcionó durante el gobierno de Giammattei y que le permitió no solo escamotear los impuestos, sino que aparentar la compra de bienes y servicios que nunca llegaron a su destino. Eso le significó al Estado la pérdida de más de Q300 millones en tributos y el saqueo de la mayor parte de los Q6 mil millones en transacciones sospechosas con instituciones estatales y municipales. Como esa mafia pensó que continuaría en el poder operó en forma burda. Dejó muchos rastros y cabos sueltos que una buena investigación penal permitiría llegar hasta los responsables intelectuales. Ese es el temor, porque Porras tendría que desenmascarar a sus amigos y padrinos políticos. Por eso lo más fácil es desviar la atención de quienes están detrás del caso B410 y echar de cabeza a Arévalo. El destape del caso de defraudación tributaria precipitó el propósito de defenestrar a Arévalo. El primer paso es tender una cortina de humo en torno al actual mandatario al señalarlo de estar involucrado en esa trama y minar su imagen de adalid de la lucha contra la corrupción. En la conferencia de prensa del MP, Curruchiche se convirtió en juez y parte porque ya definió que Arévalo es responsable de haber incurrido en abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y acciones violatorias de la Constitución. El siguiente movimiento sería lograr retirarle el antejuicio y destituirlo, para que la estructura detrás de Giammattei vuelva al poder. Eso significaría que ya no se investigaría el caso B410, sino que esa mafia continuaría feliz y contenta con sus operaciones. Falta ver si Giammattei y Porras cuentan con el suficiente respaldo político para ejecutar el golpe o si, por el contrario, el presidente Arévalo finalmente despierta de su letargo.

La sombra de Martínez en la red de defraudación

Fri, 16 Aug 2024 06:03:00 +0000

A contraluz

La sombra de Martínez en la red de defraudación

La Contraloría, la IVE y el Ministerio Público cerraron los ojos ante las operaciones de esta mafia.

Haroldo Shetemul

16 de agosto de 2024

00:03h

La figura de Miguel Martínez, la pareja del expresidente Giammattei, vuelve a salir a flote tras la revelación de la existencia de una estructura de 410 empresas que habría incurrido en defraudación tributaria de entre Q300 millones a Q800 millones. Pero eso solo sería la parte visible de un colosal saqueo de recursos públicos por miles de millones de quetzales. Muchas de esas empresas, que fueron contratistas del Estado, sencillamente no existen. ¿Cómo se habría convertido Martínez en un potentado en menos de tres años, capaz de invertir en grandes negocios? Obviamente, con el visto bueno de Giammattei y con la complicidad de la Contraloría, la IVE y el Ministerio Público, además de haber colocado en la Corte Suprema de Justicia a magistrados a su servicio. En el 2003, el excanciller Édgar Gutiérrez dijo en una columna de prensa que Martínez había acumulado una fortuna de más de Q30 mil millones desde el 2020. Esta red detectada por la SAT podría ser la respuesta.

Marco Livio Díaz, jefe de la SAT, informó que la estructura fue investigada durante nueve meses. El resultado: todas tienen el mismo representante legal, además de que el 75% fue constituido por el mismo notario. La SAT comprobó in situ que la dirección de sus oficinas no existe, o sea, carecen de equipo y personal para desarrollar sus operaciones. A eso se agrega que alteraron recibos de agua, luz y teléfono para registrarse. Según la investigación, dichas empresas no tienen activos que validen la infraestructura de sus actividades comerciales. En otras palabras, se trataría de empresas fantasma constituidas para vender productos sobrevalorados o, en el peor de los casos, estafar al Estado con productos o servicios inexistentes.

El diputado Ubico presidió la comisión de Defensa durante la gestión de Arzú Escobar como presidente del Congreso. Ese parlamentario ya había purgado una pena de 46 meses de prisión en EE. UU. por trasiego de heroína, se entendía que había expiado sus culpas y se conducía por la senda del bien. Pero, como dice el dicho, gallina que come huevos, aunque le quemen el pico, Ubico continuó con sus operaciones ilícitas. La Fiscalía de Texas presentó una solicitud de extradición en su contra, con base en declaraciones de tres narcos guatemaltecos que aseguraron que ese diputado recibía pagos de entre US$40 mil y US$50 mil para evitar que las fuerzas de seguridad patrullaran en las cercanías de las pistas donde aterrizaban aviones cargados con cocaína. ¿Cómo podía ofrecer esos servicios? Muy fácil, Ubico operaba gracias a la amistad que se había granjeado con Giammattei, quien lo consideraba “amigo” y “aliado”, y no digamos por sus vínculos con el Ejército.

A Ubico le queda muy bien la expresión “virtudes públicas, vicios privados” porque en el Congreso seguía las directrices emanadas de Giammattei. Esas que promovía la antigua alianza oficialista que eran un dechado de virtudes, como declararse muy cristianos, profamilia, conservadores, contrarios de la supuesta “ideología de género” y anticomunistas a morir. Eran ejemplos de pureza y alejados de todo mal. Pero en privado afloraban la corrupción e impunidad más desbocadas. O como en el caso de Ubico, quien además de ayudar a los narcos sudamericanos a que bajaran sus aviones cargados de droga, también formaba parte de una banda de narcos que operaba en Guatemala, Suchitepéquez, Escuintla y Quiché. Cuando se supo tal hecho en el 2021, el Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, miró para otro lado y no lo investigó. ¿Cómo lo iba a perseguir si era amiguísimo de Giammattei?

Durante un año, Ubicó luchó por evitar su extradición a EE. UU., pero ya no pudo hacer nada porque la otrora alianza oficialista de Giammattei perdió el poder. El pasado miércoles se declaró culpable de narcotráfico en un juzgado de Texas y el fiscal federal le dijo que había traicionado a su país cuando decidió asociarse con narcotraficantes y funcionarios corruptos. En realidad, ese señalamiento es extensivo a los aliados políticos de Ubico, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo. La antigua alianza integrada por los partidos Vamos, Unionista, Valor, Todos y UNE, entre otros, sabía que Ubico era un narco y aun así lo promovió a la comisión de Defensa. Ubico era un miembro distinguido de esa alianza que también contó con otros diputados implicados en el crimen organizado, por lo que pasaron a conformar una narcocleptocracia, que el año pasado pretendió dar un golpe de Estado para evitar que Bernardo Arévalo tomara posesión de la Presidencia. Narcos y corruptos pretendían extender su permanencia en el poder en forma indefinida.

Rehén de las cortes

Fri, 19 Apr 2024 06:03:00 +0000

A contraluz

Rehén de las cortes

¿Arévalo va a aceptar ser un rehén del pacto de corruptos o va a revertir con firmeza este reto?

Haroldo Shetemul

19 de abril de 2024

00:03h

Ya han transcurrido tres meses desde la toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente y todavía no se respira un cambio en la correlación de fuerzas. Más aún, se percibe a un mandatario a la defensiva, un tanto timorato, sin que haya podido responder a las expectativas de cambio de la mayoría de la población. El triunfo de Arévalo fue producto del hartazgo por el sistema de corrupción imperante y la manipulación del proceso electoral que hicieron Giammattei y sus aliados. Fue un quiebre histórico y el presidente debería entender que eso requiere estar a la altura de las circunstancias. Es cierto, el pacto de corruptos se ha recompuesto y está a la ofensiva, encabezado por la fiscal Consuelo Porras y los magistrados de las cortes de Constitucionalidad (CC) y Suprema de Justicia (CSJ). ¿Arévalo va a aceptar ser un rehén del pacto de corruptos o va a revertir con firmeza este reto?

No puede llamarse a engaño. Porras fue reelegida como jefa del MP gracias a que, en el 2018, la CC otorgó dos amparos que le favorecieron: uno, para sacar a jueces probos del proceso de elección de fiscal y, otro, para incluirla en la lista de aspirantes enviada a Giammattei. Todo un procedimiento definido para que continuara resguardando los intereses del poder oscuro. Entonces, es ilógico pensar que la CC pueda emitir alguna resolución en contra de su aliada. Es más, pareciera que los magistrados de esa corte trabajan en forma coordinada con el partido Vamos. La CC le ha dicho a Arévalo que no puede despedir a Porras, pese a que tiene el mandato constitucional para hacerlo. Y lo mismo hará con la consulta sobre la honorabilidad de la fiscal. ¿Cómo van a decir lo contrario los magistrados de la CC, si gracias a ellos Porras está al frente del MP?

Los magistrados de la CC en lugar de garantizar el orden constitucional emiten fallos a favor de la rancia partidocracia.

¿No son acaso los magistrados de la CC los que han permitido el manoseo del Tribunal Supremo Electoral, el cual tiene rango constitucional y no está supeditado a ningún organismo? Sin embargo, a la CC le valió un pepino tal situación y ha permitido que un juez ordinario del ramo penal, como Fredy Orellana, pase sobre ese tribunal. Ayer, como parte de ese libreto, la CC amparó en definitiva al partido Vamos para que los diputados de Semilla sigan como independientes en el Congreso. O sea, la CC no garantiza el orden constitucional porque su objetivo es mantener de rehén a Arévalo, para lo cual tiene maniatados a sus diputados, quienes no pueden llamarse bancada, presidir el Congreso, ni dirigir comisiones. Tampoco se puede confiar en los magistrados de la CSJ que, 50 días después de haber recibido una petición del Ejecutivo de antejuicio contra Porras, ni siquiera han entrado a conocerla. En cambio, sí han decidido seguir el trámite de antejuicio contra la vicepresidenta Karin Herrera, a pesar de que el MP desistió del mismo.

El tiempo avanza y si Arévalo no atiende las expectativas de cambio, poco a poco perderá su aprobación popular, lo que abonará a favor del pacto de corruptos. Si el presidente quiere responder al clamor de cambio, debe enfrentar al sistema de corrupción de frente; no hay medias tintas. Varios constitucionalistas señalan que el presidente no tiene impedimento para remover a la fiscal general por causas justificadas, lo cual está regulado en el artículo 251 de la Constitución. Agregan que cualquier otra disposición contraria a ese mandato debería considerarse nula ipso jure porque disminuiría, restringiría o tergiversaría lo dispuesto por la Carta Magna. Es lógico que el pacto de corruptos, incluidos los magistrados de la CC, peguen el grito en el cielo si se tomara tal decisión, pero eso dependerá del temple que tenga el mandatario para enfrentarlos. En el tapete no solo está la continuidad de este gobierno, sino evitar que los corruptos ahoguen la posibilidad de un cambio histórico para siempre.

Escenario infestado de pirañas

Fri, 12 Apr 2024 06:03:00 +0000

A contraluz

Escenario infestado de pirañas

Arévalo enfrenta un escenario hostil en el que hay fuerzas que buscan desgastarlo y eventualmente sustituirlo.

Haroldo Shetemul

12 de abril de 2024

00:03h

Cuando Vinicio Cerezo llegó a la Presidencia, en 1986, tenía muy claro que su cuota de poder era ínfima con relación al poderío que ostentaba en ese entonces el Ejército Nacional. En una entrevista periodística dijo que su poder se reducía a un 25 por ciento. Los generales habían abierto el espacio para el retorno a la civilidad por el desgaste político que habían sufrido, pero eso no significaba que se retiraran a sus cuarteles. Durante su mandato, Cerezo afrontó varios intentos de golpe de Estado de sectores castrenses que se identificaban como los “Comandantes de la montaña”. Casi cuatro décadas después, el escenario vuelve a repetirse, aunque las fuerzas contrarias sean otras, al igual que los procedimientos desestabilizadores. Bernardo Arévalo tiene tres meses de haber asumido la Presidencia y navega en aguas infestadas de pirañas de todo tipo. El escaso margen de maniobra que tiene se ve afectado por la carencia de operadores políticos y de cierta ingenuidad en su trato con sus detractores.

Arévalo enfrenta un escenario hostil porque hay fuerzas poderosas que buscarían desgastarlo y eventualmente sustituirlo. Entre los sectores adversos están la fiscal general, Consuelo Porras; los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la Corte de Constitucionalidad (CC), una mayoría parlamentaria adversa, así como las pirañas de los partidos de la derecha a la ultraderecha. El alacrán en la camisa es Porras, quien amenaza con quedarse hasta mayo del 2026, o sea más de dos años en los cuales bloquearía la lucha contra la corrupción, la principal bandera del gobernante.

Pero no solo eso, Porras también tendría entre sus objetivos eliminar al Movimiento Semilla y retirarle el antejuicio al propio presidente. Ella es el rostro visible del Pacto de Corruptos que opera de la mano de Giammattei, que en las sombras continúa cuidando sus oscuros intereses. ¿Por qué creen que no avanzan las investigaciones en el Ministerio Público contra el anterior presidente? Sus tentáculos también llegan al Congreso, en el que trata de desbaratar las iniciativas favorables al Gobierno.

Los magistrados de la CC le tienen atadas las manos a Arévalo porque responden a los intereses de la cleptocracia.

Los magistrados de la CC le tienen atadas las manos a Arévalo y a sus legisladores. Ya se ha vuelto un lugar común que cuando los diputados de Vamos quieren bloquear las iniciativas oficialistas acudan a presentar amparos ante esa corte, la cual, ni lenta ni perezosa, resuelve a su favor. Eso significa que estos magistrados no estarían en función de la defensa de la constitucionalidad, sino como un ente político de oposición al Organismo Ejecutivo. Otro tanto ocurre con los magistrados de la CSJ. El 29 de febrero, el procurador general de la Nación y el secretario general de la Presidencia presentaron una petición de antejuicio contra Porras, pero 43 días después el pleno de la CSJ no ha entrado a conocer tal solicitud. En cambio, los magistrados de la CSJ decidieron continuar con el trámite de antejuicio contra la vicepresidenta Karin Herrera, pese a que el MP había desistido del mismo. ¿Alguna duda de hacia dónde giran sus intereses?

El sector empresarial tampoco es afín al presidente. Durante el proceso electoral, una parte del gran capital financió campañas contra Arévalo por tacharlo de comunista, al igual que varios pastores evangélicos ultraderechistas. Esos grupos están ahí, a la espera de que caiga Arévalo para que vuelva a reinar la cleptocracia. El principal respaldo nacional de Arévalo han sido los pueblos indígenas, a los cuales no ha tratado precisamente bien, algo que se observa en la conformación del gabinete ministerial. A nivel internacional, el gobierno de Joe Biden es quizá el mejor aliado de Arévalo, pero este sabe muy bien que podría haber nubarrones a corto plazo si Donald Trump retorna a la Presidencia de EE. UU., algo que es el sueño dorado de sus detractores.

Crueldad innecesaria

Fri, 05 Apr 2024 06:03:00 +0000

A contraluz

A contraluz

La brasa de las gobernaciones

Las estructuras de poder en los departamentos están en poder de diputados y caciques que han saqueado los recursos del Estado.

Haroldo Shetemul

8 de marzo de 2024

00:02h

Bien dicen que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Indudablemente fue positiva la decisión del presidente Bernardo Arévalo de permitir que cualquier ciudadano pudiera participar como candidato en la elección de los 22 gobernadores departamentales. Eso abría un nuevo capítulo para la democratización de la representación del mandatario en los departamentos y evitaría que el poder local continuara en manos de estructuras corrompidas. El problema es que se pecó de cierta ingenuidad al pensar que esas redes iban a permitir que el poder local y los millones de quetzales del situado constitucional se les fueran de las manos. La democratización llegó hasta la posibilidad de que cualquier persona pudiera presentar su candidatura, porque de ahí en adelante la selección quedaba en manos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), instancias que desde hace años están cooptadas por los partidos tradicionales, caciques y el crimen organizado.

El amaño de las ternas para gobernadores era previsible porque los gobernadores elegidos por Giammattei controlan los Codedes.

Los Codedes son presididos y coordinados por el gobernador departamental e integrados por los alcaldes municipales del departamento, funcionarios públicos locales y representantes de organizaciones civiles. ¿A qué intereses responde el gobernador? ¿Qué partidos políticos o comités cívicos representan los alcaldes municipales? ¿Quiénes están detrás de los representantes de las organizaciones civiles? Los actuales gobernadores fueron colocados a dedo por Alejandro Giammattei y por lo mismo responden a las estructuras montadas por ese expresidente. El ex partido oficial Vamos se alzó con 131 alcaldías, mientras que la UNE, Cabal, Valor, Todos y Nosotros se quedaron con 140, que representan el 80 por ciento de las municipalidades del país. Semilla está ausente del poder local porque solo logró una alcaldía, la de Palestina de los Altos, Quetzaltenango. Desde esta perspectiva se sabe quiénes controlan los Codedes.

Pero eso no es todo, muchas organizaciones de la sociedad civil departamentales no son independientes, sino que responden a los intereses de diputados y caciques locales, quienes las crearon, las financian y dirigen. Es lógico entender que si en juego están cinco mil millones de quetzales del situado constitucional iban a crear estructuras que estuvieran a su servicio. Por eso, cuando el presidente Arévalo abrió las puertas para que la ciudadanía participara en la elección de gobernadores, los Codedes se limitaron a recibir las propuestas, en el entendido de que ya tenían definidos quiénes integrarían las ternas. Solo de esa manera se puede entender cómo el líder maya k’iche’ Luis Pacheco, expresidente de los 48 cantones, quedara fuera de la selección, pese a contar con el respaldo de las organizaciones ancestrales de Totonicapán. En ese departamento, los Codedes están bajo control de la UNE, Cabal y del cacicazgo de los hermanos Édgar e Iván Arévalo, que pertenecieron al eferregismo y al Partido Patriota, y ahora están con Zury Ríos.

El presidente Arévalo ha recibido múltiples denuncias de las componendas que ha habido en la selección de las ternas para gobernadores en varios departamentos. Dice que devolverá las propuestas que considere que no son idóneas, pero nada asegura que el problema se solucione. Cabe la posibilidad de que los Codedes envíen de nuevo la misma terna o que puedan interponer amparos, lo cual implicaría que el proceso de selección se prolongue varios meses. Era difícil que la selección de estos funcionarios hubiera sido más transparente si las estructuras de poder local están podridas, por lo que se requería una estrategia dirigida a evitar que continúen con su poder omnímodo, algo que pasaba por la destitución de los actuales gobernadores, como mínimo. Bien se ve que desmontar las redes mafiosas que durante años han saqueado las arcas del Estado no va a ser tarea fácil.

Libertad para Jose Rubén Zamora

Fri, 23 Feb 2024 06:02:00 +0000

a contraluz

Libertad para Jose Rubén Zamora

Consuelo Porras se puso al servicio de Giammattei para tratar de destruir a Jose Rubén Zamora.

Haroldo Shetemul

23 de febrero de 2024

00:02h

Los casos fabricados contra Jose Rubén Zamora muestran en toda su magnitud cómo Consuelo Porras ha convertido el Ministerio Público (MP) en un instrumento de persecución política. La detención y encarcelamiento del periodista fueron urdidos por Porras para satisfacer los ánimos de venganza del expresidente Giammattei, que no soportaba que el diario elPeriódico revelara los hechos de corrupción en que estaban involucrados él y su pareja, Miguel Martínez. Porras llegó a pedir contra Zamora 20 años de cárcel por lavado de dinero, ocho años por chantaje y 12 años por tráfico de influencias; en total 40 años, algo totalmente ridículo, pero que evidenciaba el odio que le tenían por sus denuncias. El periodista fue condenado a seis años de prisión, pero una sala de Apelaciones anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio, del que no hay fecha para que se inicie. A eso se agrega la invención de otro caso por supuesta obstrucción de la justicia, el cual no ha comenzado porque el juez y la Fiscalía han buscado pretextos para posponerlo.

Hay un hecho ineludible: el MP debe ser rescatado de las manos criminales que lo instrumentalizan.

Zamora fue capturado en su casa el 22 de julio del 2022, en un operativo de 18 agentes con gorros pasamontañas y armas de grueso calibre, como si se tratara de un peligroso criminal. También allanaron las oficinas de elPeriódico, pese a que el MP dijo que no era una acción contra ese diario. A los abogados de Zamora les negaron el expediente del caso y también fueron perseguidos. Porras criminalizó a los defensores, señalándolos de obstrucción de la justicia, por el simple hecho de buscar pruebas de descargo. La persecución se extendió a ocho reporteros y columnistas de elPeriódico, quienes tuvieron que salir al exilio para evitar la cárcel. El hostigamiento, que incluyó el embargo de las cuentas del diario, llevó a que este medio dejara de existir, lo cual constituye una flagrante violación al derecho a la libre emisión del pensamiento.

Mientras narcos y exfuncionarios en prisión viven en cárceles VIP, a Zamora lo tuvieron en una bartolina desde julio del 2022 hasta enero pasado. El periodista denunció que fue sometido a torturas durante su encierro. Era objeto de constantes requisas nocturnas para no dejarlo dormir. En su estrecha celda tenían cámaras dirigidas a él, para evitar que tuviera algo de privacidad; le llegaron a negar agua y luz, además de prohibir el acceso a visitas. Durante meses fue víctima de plagas de insectos que lo atacaban sin piedad. Apenas le permitían salir una hora a tomar el sol, y el largo encierro de 23 horas seguidas, en la oscuridad, causó daños en su salud. El trato que le dieron a Zamora buscaba quebrarlo física y emocionalmente, lo que constituía una clara violación a sus derechos humanos y una advertencia a otros periodistas críticos.

La persecución política contra Jose Rubén Zamora demuestra la crueldad de Consuelo Porras, quien se puso al servicio de Giammattei para tratar de destruir a uno de los periodistas más críticos del país. Tan solo este caso espurio evidencia el peligro de que una persona como ella instrumentalice la investigación penal. El propio periodista está claro de que mientras Porras continúe al frente del Ministerio Público, constituye una amenaza, incluso para el presidente Arévalo. Zamora le dijo al diario El País, de España, que “esa señora ha cometido y sigue cometiendo delitos flagrantes. Es evidente y continuado. Hay que leerlo así o el presidente (Arévalo) va a acabar en la vecindad mía”. Mientras la Fiscalía continúe en poder de Porras, no está alejado de la realidad que busque la forma de destituir al mandatario y quiera meterlo en la cárcel. Arévalo debería tomar en serio esa advertencia. Hay dos hechos ineludibles: Jose Rubén Zamora debe quedar en libertad porque es inocente y hay que rescatar el MP de las manos criminales que lo utilizan con aviesas intenciones.