De esa cuenta, la creación de una nueva fuerza pública expresada en una Policía Nacional Civil fue un reto imposible de cumplir, la improvisación sustituyó a la institucionalidad y a la contingente urgencia se le dio respuesta inmediatista con el empleo del Ejército.

Contaminar a la PNC con cuadros neófitos e inexpertos en seguridad fue un craso error; incrustar asesores que traían modelos de intervención no institucional lo fue con mayores consecuencias, todo cayó en el marco de las ocurrencias y sus consecuencias fueron nefastas. La ausencia de un concepto claro en estrategias de seguridad minó el sistema, y en ese escenario, la utilización de las fuerzas combinadas —policiales y militares— fue un recurso contingente de cooperación interinstitucional en la lucha contra el crimen.

Con la llegada del presidente Otto Pérez Molina al poder se pudo estructurar un Plan Estratégico de implementación clara que privilegia el fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad, pero además da una temporalidad definida a la cooperación interinstitucional para no seguir con entuertos, sino con acciones concretas que permitan a cada institución —Policía y Ejército— cumplir con su misión jurídico política de seguridad y defensa. La formulación es sencilla: aumentar el número de elementos policiales a 35 mil, profesionalizarlos, equiparlos, dotarlos de armamento básico, permitirá liberar al Ejército de tareas de seguridad ciudadana para que retome su papel fundamental: la defensa del territorio.

El apoyo del Ejército sin duda ha sido crucial e invaluable en la lucha contra el crimen organizado, pero esa cooperación ahora tiene una temporalidad definida, pues en la medida en que aumenta la capacidad de la PNC para asumir su papel en la seguridad ciudadana, disminuirá la participación de las fuerzas armadas en este quehacer.

Ese es el compromiso del presidente Pérez Molina: entregar una institucionalidad de seguridad sólida, profesional, moderna y comprometida, enfocada en las acciones inherentes a su naturaleza, misión y funciones.

*Ministro de Gobernación

El complemento de todo este conjunto de acciones lo constituyó la evaluación de la institucionalidad encargada de la seguridad interna del país, desde el marco de las fronteras, hasta los esfuerzos de la seguridad pública, ciudadana y comunitaria, en barrios, comunidades, municipios y departamentos, para el desarrollo del Plan Estratégico de cuatro años.

La lógica del cambio ha sido, entonces, avanzar sobre metas, indicadores y objetivos de ese plan cuyo contenido trasciende la agenda de un período de gobierno y que se situará, sin duda, en el marco de una agenda de Estado. Ese debe ser el legado.

Parte medular del mismo lo constituye el desarrollo de planes específicos pero concatenados, que contemplan la renovación de la PNC, del Sistema Penitenciario, de los Servicios de Seguridad Privada y de Migración, entre otros, como un todo, pues estamos claros en que los logros en cada campo implican incidencia integral en el escenario general de la seguridad del país. El 2012 implica entonces el agotamiento de la primera fase.

Dos líneas de acción son importantes: La primera, que se basa en el fortalecimiento institucional a través de una reingeniería profunda para instituir un Sistema de Gestión Integral por Resultados, que dé transparencia, efectividad de ejecución y calidad del gasto y, sobre todo, respaldo logístico a todas las acciones, y la segunda, que se enfoca en la modernización de los entes de seguridad: Desarrollo del capital humano, adopción de tecnología y medios de acción, garantizarán dar un salto cualitativo.

Resultados, a pesar de ser un año de reingeniería y ajustes, nos deja el 2012 con la validación de un planteamiento emergente en el marco de la administración de crisis de seguridad: Fuerzas de Tarea Temáticas, con una metodología de trabajo interinstitucional, que arroja números por demás satisfactorios en la lucha contra el crimen organizado. Fuerzas de Tarea Territoriales, Ejército-PNC, para recuperar espacios en manos de la delincuencia.

Las estadísticas nos dan la razón.

Pero ahora, representa diferencias, gasto obligado por costumbre, visión de realidades cuales más ingratas. Y cuánta razón le asiste.

De cierto es que con los orígenes perdidos en los anales de la Historia, las festividades de fin de año en la cultura occidental siempre han simbolizado un familiar conjunto de tradiciones, entre las que innegablemente se entremezclan fe religiosa e ilusión. Pero los tiempos han cambiado.

La motivación para la reflexión espiritual, algo que antes orientaba gran parte del espíritu navideño, sigue siendo devorada por un afán descontrolado de consumo. Pero aún así, la actitud fraternal o el abrazo solidario se mantienen como sellos distintivos de un natural ambiente de reencuentro, y eso es parte de la magia.

En ese sentido, resulta difícil describir ese torrente de poderosas imágenes que condicionan la vivencia de este mes, pues al entrar a la vorágine de música, luces y colores, se pierde en gran medida la razón.

Sea por lo que fuere, resulta innegable el poderoso influjo de diciembre; pero he ahí el problema, pues así como viene, así se va, y la cauda dejada tras de sí no siempre es la más generosa. Pero eso es casi inevitable.

Cuando pienso en ello, creo que de todas formas deberíamos hacer un balance. Si muchas veces nos quejamos de la nefasta orientación que sufren nuestros sentidos, para ser víctimas de la mejor época comercial, por qué no preguntarnos también, si en algo vale la pena. ¿Cómo negar que ese ambiente, nos sustrae inevitablemente de nuestra propia realidad? ¿Acaso no será el escape necesario para desfogar la presión de todo un año?

De todas formas, por delante estarán los costos de un gasto mal concebido, algo así como una resaca inevitable que de todas formas hay que tratar.

Pero los momentos vividos, para aquellos que en mínima forma pudimos satisfacerlos, siempre pervivirán.

Más allá de la tragedia consumista, que deja muchos bolsillos rotos o simplemente vacíos, estará el efecto narcotizante de una felicidad efímera. Por algunos momentos, la inmunidad a las circunstancias que nos agobian, se hará efectiva.

Esto me retrotrae para recordar y hacer esa diferencia que hacía mi hijo, entre la ilusión del niño y la realidad del hombre, porque en mucho, la primera depende de la segunda. Atrás quedaron para mí aquellos tiempos en los que de igual forma esperé con ansiedad la llegada de diciembre y en la que gran parte de mi alegría no sólo dependían de la capacidad de compra de mi padre, sino del gran significado de la fe, con el nacimiento de Jesús.

Fue así como en los callejones de la colonia Primero de Julio me contagié muchas veces del encantamiento navideño. ¿Cómo olvidar el embrujo traído por los fríos días de diciembre? ¿Cómo escapar a la irrenunciable esperanza de vestir ropa o zapatos nuevos? De frustraciones, ni se diga. Mas el recuerdo va más allá de esas cosas mundanas.

La añoranza de ahora es por la ausencia de aquellas puertas de cada casa que en Nochebuena y Navidad estaban abiertas de par en par en la cuadra donde viví.

Por el ponche y los tamales compartidos, por el abrazo fraternal recibido en ese lugar casi mítico, donde las familias éramos una gran familia. Por eso es que para mí esa efímera magia no terminó con tantos diciembres, pues ha perdurado en mis recuerdos.

Diciembre siempre será, con su encanto, ese pequeño oasis en el que se retoman fuerzas. Para los creyentes, el nacimiento del Salvador. Sin embargo, su otra cara también nos recordará una cruel realidad: que la gran mayoría no puede disfrutar de su magia, aunque su bálsamo siempre esté en la fe.

Pero el problema hace presencia, cuando se espera que una victoria electoral permita acceder a no sé qué inéditas libertades ni mucho menos, a qué justicia suprema. Pues entonces se exalta la intencionalidad por encima del realismo, mientras se llega a niveles de convicción casi mística. Y ahí comienza la tragedia.

A finales del noventa y ocho y mediados del noventa y nueve, tuve la experiencia de apreciar in situ el significado del fenómeno político que encabezaba Hugo Chávez en Venezuela.

El sepulturero de los partidos políticos tradicionales, emergía con un mandato popular otorgado por un pueblo cansado hasta el hartazgo de los desmanes de la clase política. Pero eso no era todo.

Al igual que en otros rincones de esta América Latina, la existencia de una oligarquía criolla inepta para entender los desafíos de los nuevos tiempos servía como corolario a esa realidad, para insuflar toda una corriente de esperanza renovadora en el país.

Un cóctel demasiado peligroso: Venalidad, corrupción y mediocridad, sumadas al esquilme irracional de una de las riquezas naturales más prodigiosas del planeta.

Fue así como el Movimiento V República sirvió de centro de gravedad para constituir el Polo Patriótico, ese frente aglutinador de fuerzas de izquierda con el cual Hugo Chávez dio cuenta de los partidos históricos en las urnas, pero también con el antiguo régimen por medio de una Asamblea Nacional Constituyente.

No obstante, los temores respecto de las posibles consecuencias que pudieran derivarse del otorgamiento de plenos poderes al Ejecutivo para transformar al país, no fueron infundados.

No había necesidad de ser clarividente, para comprender que el incoherente -y casi siempre mesiánico- discurso de Chávez conduciría al pueblo venezolano en la frustrante ruta que lleva de la esperanza a la debacle.

No ha sido el concepto de revolución bolivariana en sí mismo, sino el estilo metodológico el que ha producido el desasosiego; no ha sido el señalamiento de las inmensas necesidades y carencias de las mayorías, sino la actitud polarizante con que se ha conducido el Gobierno.

Bien se sabe que gran parte de la defensa a favor del gobernante es que fue electo democráticamente, que ha promovido el acceso de las clases desposeídas a mejores condiciones de vida, que no baila al compás de la música country, y que al pobre se le cae el mundo, por ser amigo de Fidel Castro.

Pero esa es la misma excusa con que aún se pretende justificar los resultados de un arbitrario concepto del ejercicio del poder público.

Venezuela vive ahora su peor crisis política. Atrás ha quedado el sabor añejo de una democracia de cuatro décadas, que expulsó a los mercaderes del templo sobre la base de una esperanza renovadora.

Desafortunadamente, la polarización actual transformada en cisma social, no augura una solución satisfactoria para todos los sectores involucrados.

En esta coyuntura, el principal temor se centra en la altísima posibilidad de que la crisis pueda derrapar hacia el punto de no retorno. Las razones son muy claras, pues con ese nivel de confrontación la pregunta principal es la siguiente: ¿Quién está en capacidad de asegurar la gobernabilidad del país, en ausencia de Hugo Chávez?

Lo cierto es que la gran oportunidad de reforma se ha perdido. El sepulturero del partidismo tradicional se ha convertido, a su vez, en el enterrador de su propio proyecto. He ahí la gran paradoja; he ahí la gran lección.

Difícil sería tratar de obtener una evaluación ecuánime, ya que si algún tema ha despertado intensas polémicas en el mundo moderno ha sido el relativo a Derechos Humanos.

54 años son testigos de su concepción, implementación y vigencia, sus avances y retrocesos, pero, fundamentalmente, del choque ideológico en su derredor.

Podría decirse en torno a ello, que la lucha por hacer realidad el ideal de los Derechos Humanos tropezó con escenarios de autoritarismo, precisamente por la ausencia de una cultura que privilegiara la dignidad humana, por encima de sistemas de dominación.

Pero en ese empeño, muchas veces se extravió el camino.

Bien sabemos que los Derechos Humanos también fueron atrapados por la dinámica perversa de la Guerra Fría, pues su marco filosófico sirvió de referente para librar las luchas por la descolonización o los esfuerzos por acabar con sistemas dictatoriales.

No obstante, el deseo de alcanzar mejores niveles de desarrollo político, encontró también fácil bandera.

Esa pugna entre statu quo y renovación trajo al escenario el tema. En algunos casos, la situación derrapó en las luchas revolucionarias, con la consabida ideologización de la materia.

Fue así como esos Derechos se convirtieron en arma de lucha, situación que desnaturalizó su carácter integral.

A estas alturas, aunque parezca inconcebible, la discusión en torno al tema sigue teniendo vigencia con los mismos resabios de confrontación ideológica.

La concepción poco ha variado respecto de aquella categoría de ?izquierdos humanos? con que se estigmatizaba a los grupos que propugnaban por su vigencia, aunque hay que aceptar que muchos de estos colectivos tuvieron y siguen teniendo responsabilidad por plantear una sola cara de la moneda.

Pocos refutarán entonces, la afirmación respecto de que los patrones de análisis se mantienen vigentes para continuar estableciendo categorías de aceptación para lo que se considera legítimo en materia de Derechos Humanos.

La pugna respecto de su jerarquía sigue siendo un problema irresoluto, pues mientras para unos es suficiente cierta vigencia de Derechos Políticos, para otros eso no sirve ni siquiera de plataforma.

Mucho dependerá en lo sucesivo, de la adopción de medidas para fomentar una cultura de Derechos Humanos que no haga distingos, que promulgue la universalidad de su espíritu y la vigencia sin distingos de ninguna clase.

Más allá de esa visión fragmentaria que no tiene sentido, se encuentra todo un debate respecto de los alcances de un proyecto que en un principio pareció ser utópico pero que ahora constituye una tendencia poderosa en el mundo actual.

Las exigencias de los tiempos modernos no son propicias para seguir confrontando la visión conservadora que propugna con relatividad por ciertos derechos individuales, sin que se tome en serio los derechos colectivos.

De esa cuenta, los estados no pueden conformarse con haber ratificado la inmensa normativa internacional contenida en los instrumentos relativos a Derechos Humanos, sin hacerlos valer en toda su dimensión, en la categoría de políticas públicas.

Para ello se necesita promover una política de Derechos Humanos que sirva de marco a la creación de una cultura de esos derechos.

Se necesita educar, pero también, construir un discurso integral que no sea exclusivo de las fuerzas políticas de izquierda, sino la base de un prontuario filosófico para toda la sociedad en su conjunto.

Los Derechos Humanos no pueden ser un mito; menos para crear diferencias.

El hecho tiene un innegable valor desde la perspectiva de encuentro y diálogo, pero lo tendrá más en la medida en que las fuerzas de la nueva izquierda sometan sus juicios a la prueba del realismo. Y es que si algo hace falta es promover la discusión abierta para la renovación de ideas, porque en muchos casos, el anquilosamiento conceptual se ha convertido en un lastre para las mismas fuerzas políticas así como para los movimientos sociales.

Ejemplos existen en suficiente cantidad para probar que la rigidez ideológica aún está presente. Esto se traduce en verticalismos que no dan opción a la integración de verdaderas instituciones políticas, ni al surgimiento de un nuevo liderazgo. De esa cuenta, la posibilidad de ocupar un espacio vital en el espectro político se pierde como consecuencia de la falta de enfoque respecto de una realidad que siempre va adelante.

Tremenda tarea la que se tiene ante sí, si se apunta a diferenciar lo que es real de lo ficticio, sobre todo en la apreciación de la realidad mundial. Porque los viejos esquemas, ya son obsoletos para entender una dinámica que sobrepasa la capacidad de comprensión. El mundo actual requiere que se comprenda que los cambios se suceden a velocidades insospechadas.

Esa circunstancia requiere gran capacidad de interpretación, prevención y administración. Pues, ya no basta con decir que el corazón palpita por la izquierda, porque con eso no se contribuye a definir alternativas reales para enfrentar los efectos de uno de los fenómenos que más les desvela, como lo es la globalización, por ejemplo.

Más allá del sentimiento antiimperialista, antiliberal o antiyanqui, se trata de comprender la funcionalidad asimétrica de toda sociedad, sobre todo la mundial. Porque los discursos no van a cambiar la correlación de fuerzas, ni van a variar la inmensa masa crítica alcanzada por aquellos que poseen la tecnología de punta, los adelantos en ciencia, telecomunicaciones e informática con toda la capacidad que les otorga la posesión de ese poder.

A la realidad no puede anteponerse la utopía de ese mundo sin clases, jerarquías o dominaciones, so pena de quedar sepultado por la avalancha de hechos que documentan la Historia. Por eso es que no vale la pena reducir los esfuerzos a rasgarse las vestiduras, ni continuar profundizando ese sentimiento de víctima con que los pueblos suelen esconder su incapacidad o su falta de inventiva.

Más que ello, las sociedades necesitan guía, para saber que ese fenómeno representado por la globalización es una realidad, tremendamente desigual, y además, inevitable. No se puede negar el papel protagónico que la tecnología ha tenido, tiene y tendrá en la interconexión de un mundo que cada día se hace más pequeño para la raza humana, y por lo mismo, más interdependiente.

Bien sea porque se pretende garantizar el equilibrio en el ejercicio del poder público o porque se desea ejercer un mayor acceso a información específica, se supone que el control, debiera funcionar.

Uno de esos aspectos se encuentra comprendido en la utilización de la interpelación, como mecanismo de control legislativo.

Bien se sabe que es a través de éste como se puede fiscalizar la actuación del Ejecutivo en determinados campos de acción o bien, en relación con ciertos aspectos de la política en general, que puedan verse afectados, por su acción u omisión.

Recientemente, las interpelaciones efectuadas a los ministros de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional han permitido ratificar esa creencia.

Esto, como consecuencia de la aparente ineficacia del mencionado recurso parlamentario, merced a la obtención de resultados poco satisfactorios, con mayor razón, si éstos pertenecen a los ámbitos diplomático y militar.

A simple vista, podría decirse que el nudo gordiano se encuentra en una legislación constitucional que impide el acceso irrestricto a los actos de la administración pública.

Específicamente, a lo que está establecido en el artículo 30 de la Constitución de la República, que exceptúa de toda publicidad aquello que tratare de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional. Pero eso, es demasiado superficial como para darle una validez incuestionable.

Más que una salida tangencial, la búsqueda de soluciones a este tipo de problemas, debe tener como base una desapasionada comprensión. La maduración política de una democracia emergente, se fundamenta en fomentar el desarrollo institucional que deviene de la acumulación de experiencia y conocimiento. Esto, en regímenes como el nuestro, resulta ser impredecible.

Aunque esta es una lógica difícil de seguir, la explicación viene por sí sola. Guatemala tiene el andamiaje jurídico constitucional que garantiza el libre ejercicio de derechos y libertades.

Sin embargo, falta desarrollar la norma suprema para precisar contenidos, delimitar espacios y definir responsabilidades. Y es aquí, donde se puede encontrar el hilo conductor para perfeccionar los mecanismos de control.

Desde esa perspectiva, la falta de acceso a información sensitiva por parte de los diputados al Congreso más que estar limitada por falta de voluntad política, lo está por el insuficiente desarrollo legislativo.

No obstante, el camino recorrido hasta ahora, en materia de hábeas data, ya es significativo.

Ahora bien, a pesar de esa deficiencia legislativa, se podría argumentar que el Congreso de la República, como máximo ente de representación popular, sí puede tener acceso a cualesquier tipo de información que requiera. Sea esta de orden militar o diplomática, el artículo 79 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, bajo la Sección II, Clase de Sesiones, establece la modalidad de sesiones secretas.

Claro está, esta ley es muy específica en el sentido de que nadie que no goce de la calidad de diputado puede estar presente, que lo tratado no puede ser publicado y que si algún diputado revelare información se instruirá diligencias en su contra por la revelación de secretos.

La pregunta a estas alturas sería: ¿Qué tanto contraviene el Artículo 79 a la irresponsabilidad de opinión, plasmada en la Constitución, de la cual gozan los diputados? Como puede verse, los representantes del pueblo tienen algunas llaves en la mano, pero no se trata sólo de maquilar leyes, sino de estar dispuesto a asumir responsabilidades. Buen tema para un debate constitucional.

Un amigo, me decía la semana pasada que escribir con optimismo respecto de este tipo de eventos era muy soñador o aventurado.

Como ya se ha expuesto, la crisis de credibilidad en el sistema partidario poco da para pensar en positivo. Pero no por eso se puede dejar de extender criterio sobre la validez de los hechos, al igual que sus posibles consecuencias, sin apologías o detracciones oficiosas.

Guste o no, los sucesos de la vida tienen incidencias en otros campos, algunas veces más importantes que otras; positivas o negativas, directas o indirectas, con efectos verticales u horizontales. El reto está en visualizarlas. Por ello es que resulta innevitable la interpretación del proceso interno del PAN, pues la experiencia ha demostrado que quien no prevé efectos tampoco podrá valorar resultados.

En ese sentido, la primera reflexión gira en torno a su aporte a la definición del contexto preelectoral. Como ya se había escrito con anterioridad, existían grandes expectativas respecto de los resultados de esas elecciones. Interrogantes como quién sería el ganador, cuántos afiliados votarían o cómo se mantendría la unidad, constituían factores críticos a considerar en el análisis. Estas ya han sido despejadas.

Por otro lado, salta a la vista que el ejercicio de primarias permitió que el PAN pudiese llevar a cabo un proceso de reexposición de forma privilegiada en la mente de sus potenciales electores. De esa cuenta, se reproduce un nuevo posicionamiento de sus líderes, símbolos y lemas en un momento crítico. Ese refrescamiento mental fortalece ese producto de la percepción conocido como imagen.

De igual forma, se puede apreciar que el evento en sí envió un mensaje de fortaleza tanto a lo interno del partido como hacia fuera. El número de afiliados que votó, aunque no llegara al techo establecido, demuestra el crecimiento geométrico de su fuerza. El entusiasmo demostrado en la jornada eleccionaria, por las comisiones, mesas, fiscales, comités de orden y votantes, demuestra un espíritu positivo. Pero además, -y esto hay que resaltarlo- la capacidad de poder mantener la unidad interna, se convierte en el mayor baluarte del PAN.

Desde otra perspectiva, la realización del evento conlleva una presión moral para las demás organizaciones partidarias, toda vez que aun cuando este ejercicio esté lejos de ser perfecto, sí constituye un ejemplo de voluntad política, democracia interna y madurez institucional, que ahora, le da una imagen diferente.

Es innegable, que ese ejercicio es una muestra del nuevo derrotero que pueden seguir las organizaciones políticas del país, en la línea de fortalecer, reivindicar y legitimar su papel.

Como puede verse, la posición del PAN en la antesala del año electoral es bastante sólida; incluso, podría decirse que envidiable. Las posibilidades de convertirse en una opción alternativa real, con una prospectiva bastante bien definida han sido potenciadas.

Para muchos, el PAN estaba enfrascado en un ejercicio pierde-pierde, pero la situación ahora, bien puede ser otra.

En su recorrido, esa agrupación ha demostrado su capacidad de desarrollo, desde comité cívico hasta partido político que ejerció el poder. Su habilidad para sobrevivir la escisión, así como el abandono de filas de sus principales fundadores.

Su ingenio para revitalizar su liderazgo, merced a un proceso de elecciones internas. No cabe duda de que el proceso ha sido exitoso.

La dirigencia del PAN debe estar satisfecha por sus logros. Pero esto aún no garantiza nada. Falta ver su aptitud real para librar la verdadera batalla electoral y su visión para trascender en el tiempo como institución.

Ese es el punto de partida para saber las dimensiones que tiene el planeta, así como el concepto que cada pueblo tiene de su propio papel en ese ambiente macro. Lamentos más, lamentos menos, existe toda una lógica de acción que tiene sustento en cómo una nación se ve a sí misma. Tremenda desventaja para aquellos que no sólo no comprenden la magnitud del escenario global, sino que ignoran su propia ubicación en ese contexto.

Sale esto a colación, como consecuencia del nuevo papel que ha ido asumiendo Estados Unidos en el contexto mundial, merced a la finalización de la Guerra Fría, y de los acontecimientos de septiembre del año pasado. La agenda de seguridad de esa Nación se ha replanteado; y esto no es exclusivo de su poderío militar.

Más allá de todo ello existe un modelo político y económico cuya incidencia en la tendencia mundial, por ahora, es inevitable. No debe perderse de vista que el poderío de las naciones ya no sólo se basa en la acumulación de riqueza o en el control territorial. El dominio del conocimiento tan disperso, por la vía del acceso a recursos tecnológicos, marca diferencias definitorias.

Desde esa visión, la lógica de la potencia se mantendrá dirigida por la orientación que marquen sus intereses. Con mayor razón, ahora que se ha consolidado la posición del presidente George W. Bush, luego de las recientes elecciones que le dieron el control bicameral al Partido Republicano. No son las barras color rosado pastel de finales de los años setenta, sino las de rojo vivo del marco de la Guerra del Golfo, las que ahora están en el mando.

Irak tendrá que sopesar con cuidado sus respuestas, luego de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Peor aún, el fortalecimiento de la amplia red de agencias de inteligencia en el mundo para alertar respecto de posibles acciones terroristas será un hecho. ¿A quién más le puede tocar su turno?

Por supuesto que en todo esto no se descuida el patio trasero. La razón es que al Sur del Río Grande las cosas no marchan bien. Salvo raras excepciones, Latinoamérica se debate en una profunda crisis económica y política: Argentina en quiebra, Venezuela en la antesala de la guerra civil, Colombia desgarrada por la violencia irracional de narcoguerrillas y paramilitares, y Brasil, en el foco de máxima atención.

No es, entonces, sólo el aumento de fenómenos que pueden ser considerados como amenazas para la gran Nación del Norte, porque impactan directamente a su sociedad. Cárteles de droga, inmigración masiva de ilegales, redes internacionales del crimen, posibles santuarios para terroristas internacionales. Es, además, la incertidumbre política que se vive en todo el Hemisferio.

Para los planes de la agenda económica es, en esencia, la pérdida de la confianza. La corrupción ha atravesado como si fuera un movimiento telúrico, toda la Cordillera Americana de Norte a Sur. Es el duro despertar, ante la caída de gigantes de auditoría de procesos como Arthur Andersen en su complicidad con estafas multimillonarias, hasta el descalabro administrativo de gobiernos en el continente.

El futuro del ALCA está en juego. Por eso es que la atención también está puesta en el patio trasero. De eso no cabe duda. La potencia está en vigilia, y, eso, en absoluto, representa ninguna broma. Principalmente para Centro América, que puede jugar el papel de bisagra si enfrenta el desafío o de tapón si no lo entiende.

¿Oportunidad o condena? Da lo mismo. Depende cómo se quiera ver.

A decir verdad, la trascendencia de este hecho sin precedentes en la historia política del país, puede tener muchos campos de acción. Perdón por el optimismo, pero con todos sus defectos, este ejercicio rebasa la simple escogencia de quién va a ser el candidato presidencial para las próximas elecciones.

Por supuesto, que inmersos en esta cultura de descalificación permanente, resulta difícil encontrar rasgos de opinión favorable para apuntalar ese tipo de práctica. No obstante, resulta lógico pensar que este suceso bien puede convertirse en un verdadero ejemplo para los demás partidos, si se logra llevarlo a cabo con madurez, transparencia y propósitos de unidad.

A nadie escapa que este tipo de elecciones exige un alto grado de espíritu democrático, pues el riesgo de provocar fisuras y divisiones irreconciliables es muy alto. La razón es clara: La dinámica de competencia interna implica el enfrentamiento público de personas de un mismo partido. Pero ese es el costo que a veces se debe pagar, mientras llega la maduración de conciencia.

En este caso, la disputa entre dos líderes del PAN lleva consigo una variedad de intereses que sin duda ha incidido en la fluctuación de temperaturas a lo largo del proceso. Bien se sabe de la existencia de dos líneas completamente diferentes al interior del partido, pero no por ello, obligadamente excluyentes, ya que la lógica nos dice, que si se quiere crear una alternativa real, ésta debe tener la suficiente masa crítica. Lo contrario, bien puede terminar en payasada.

Dicho en otras palabras: El sentido común indica, que a menos que la materia gris sólo alcance para ver los árboles de un ejercicio de primarias, debe ser el partido el que debe salir fortalecido de ese proceso interno. A estas alturas, no se puede construir una plataforma electoral de respeto si no se logra mantener la unidad interna frente a cualesquier resultado.

Desafortunadamente, los juicios construidos a partir de la información publicada en los medios, así como en las páginas de opinión, no remarcan la importancia capital de ese gran desafío. No basta con implementar un procedimiento interno para asegurar la escogencia democrática de sus candidatos, como tampoco es suficiente poner el primer ladrillo para construir un proceso que revierta los efectos perniciosos de la ?dedocracia? partidista. Se necesita transformar el verticalismo característico de las organizaciones autoritarias, para dar paso a la práctica democrática, hasta que ésta se convierta en tradición.

La hora de la definición para Leonel López Rodas y Oscar Berger se acerca. Pero hay que tomar en cuenta que este no es el escenario de la contienda electoral general. No es por tanto, el veredicto de todos los guatemaltecos, sino la voluntad de representación que será expresada por las bases de su partido.

En consecuencia, sólo queda esperar que López y Berger hagan gala de su liderazgo, para superar la verdadera prueba, pues ésta no estará constituida por el resultado de esas elecciones primarias, sino por la actitud que de ese proceso asuman el uno y el otro.

La encrucijada no es de Berger ni de López, sino del PAN como fuerza política. No es la nominación la que está en juego, sino la viabilidad de hacer trascendente su propio partido. Si quieren librar la batalla principal, no deben olvidar que este proceso es parte de la preparación de la fuerza, porque para vencer, no puede haber un combate a medias.

A contrapelo del sentido común, ese que inclina a desconfiar de las maniobras partidarias, bien puede decirse que ese suceso, por sí solo, merece el beneficio de la duda. Dignificación, unidad de esfuerzos y responsabilidad en el compromiso institucional son algunas acciones con incalculable potencial en las alforjas de este proyecto. Vale la pena, sí tan sólo se puede comenzar a dar un nuevo cariz a la actividad política, para revalorizar el papel de los partidos.

Los obstáculos por vencer sin duda serán muchos y variados, pero el punto de partida, si se quiere tener éxito, consiste en aceptar que a lo largo y ancho de América Latina, las palabras negociación, acuerdo, concertación o consenso, forman parte de una terminología considerada casi obscena por las masas. La razón estriba en el uso y abuso que de ellas se ha hecho como parte de la podredumbre politiquera. Por ello es que la negociación siempre suena a contubernio.

Ese es el esquema que debe cambiar. Porque han sido los mismos políticos los que con sus acciones, han conspirado en contra del sistema de partidos, generando ese sentimiento de antipatía que ha debilitado la incipiente institucionalidad democrática. A nadie escapa que ese desgaste es el que ha dado paso a que se descalifique a la política como actividad pública e institucionalizada, consustancial a la democracia, la libertad y el ejercicio de los derechos fundamentales.

Creo entonces, con toda honestidad, que un ejercicio de esa magnitud puede producir frutos invaluables para la Nación, si se lleva a la práctica con responsabilidad. Este puede ser el momento de doblar la página de las agendas de gobierno para dar el salto de calidad hacia las agendas de Estado.

Guatemala necesita definir sus rumbos y dar certeza en materia política, económica y social de acuerdo con las exigencias de los nuevos tiempos, pero también de las realidades propias, de su entorno inmediato y de las condiciones internacionales.

En eso radica el valor de ese Foro de discusión, acordado por iniciativa de los propios partidos políticos del país y respaldado por la Organización de Estados Americanos a través de su Programa de Valores Democráticos y Gerencia Política. Así es como debe verse el potencial de un debate que se espera que supere la búsqueda de plataformas de lanzamiento electoral, para discutir líneas comunes de acción que puedan dar vida a una agenda nacional.

Imagínese qué orientación podría recibir el país, si se llegara a definir un plan general de acción. Diseño de políticas e implementación de estrategias de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué estabilidad podría generarse, si se asegura que no importa quién gobierne el rumbo se mantendrá invariable? No es que se pretenda homogenizar a los partidos, sino proyectar un perfil renovado.

Cierto es, que por el papel que juegan en las instituciones, por el poder que detentan o por su incidencia en las esferas más variadas de la vida pública, los partidos políticos se han convertido en motivo de máximo interés para la sociedad. Por eso es necesario valorar los propósitos expresados por los partidos; pero de igual forma conviene advertir que eso no basta para fortalecer la democracia. Se necesita, sobre todo, asegurar que los resultados sean congruentes con las expectativas. Y eso, sólo se logra con madurez, seriedad y compromiso.

Aleluya, hosanna y amén. Ojalá sea verdad tanta belleza.

Cierto es que nadie ha podido definir un modelo alternativo para las sociedades abiertas, pues la lucha por el poder, en el marco de los regímenes constitucionales, no acepta otra opción que la libre asociación de ciudadanos. Las razones de su vigencia en el tiempo no aceptan fácil contradicción.

Los partidos representan en el más puro sentido del idealismo la organización en torno a una ideología o forma de ver la vida; pero, además, el deseo de servicio a la comunidad, así como un convincente propósito de acción.

La historia del pensamiento político sirve para ilustrar la evolución de tal idea en esa cuasi quimérica lucha por crear mejores condiciones para el desarrollo de una vida más civilizada.

Qué más podrían decir los filósofos políticos, sino expresar -en atención a esa historia- que sólo a través de la consolidación de una tradición partidaria bien institucionalizada es como se puede cimentar las bases de una sólida democracia.

Por eso pienso que a veces carece de sentido aquella afirmación respecto de que el modelo está agotado, cuando hasta ahora todavía no se visualiza alternativa viable al esquema partidario en el mundo libre. Porque si lo que en algún momento se sugiere es el prototipo de régimen monolítico, con partido único jugando a seudo elecciones, entonces tendríamos que pensar que lo que hace falta es un iluminado, corifeo o caudillo.

Es por eso que en el marco de esas reflexiones, cobra un valor inapreciable la iniciativa de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el sentido de crear un espacio de convergencia y discusión para los partidos políticos en el país.

Puede decirse que pocos proyectos tienen la claridad expresa de conjugar esfuerzos para la creación de conciencia en ese sentido; esa que ha hecho falta para revertir la ingrata experiencia que ha marcado la vuelta a la democracia en América Latina.

De esa cuenta, se espera que este día quede instalado el Foro Permanente de Partidos Políticos de Guatemala, como parte de los esfuerzos que realiza el máximo organismo hemisférico para la consolidación de la institucionalidad política.

Esta es una buena oportunidad para hacer entender a los partidos políticos acerca de la gran responsabilidad que pesa sobre sus hombros.

Para infortunio de nuestras endebles democracias, el liderazgo individual y colectivo que se ha necesitado por parte de las asociaciones políticas no ha estado a la altura de las circunstancias. Como entes provistos de representación popular, legitimados a través del ejercicio del sufragio universal, los partidos políticos deben definir rumbos, con entereza, capacidad y honestidad.

Este es el punto sobre el cual tiene que orbitar la discusión de los partidos. De hecho, el espíritu de autocrítica tiene que estar presente, toda vez que se tiene que reconocer que si en algo se ha fallado ha sido precisamente en exhibir una falta de visión de futuro; es decir, de largo plazo.

Estancados en el día a día, los partidos se pierden en la administración de coyunturas.

La política como actividad pública, fuente permanente de decisiones de poder, no puede ser considerada fuera del esquema irrestricto de libertades; mucho menos fuera del alcance de responsabilidades.

El futuro de Centro América, y con él el de nuestro país, se encuentra en manos de los partidos políticos y sus líderes, aunque en su control intervenga la sociedad civil organizada.

No resta más que esperar a que el mencionado foro constituya un paso adelante para dignificar el ejercicio de la política. He ahí el dilema: Seriedad en el debate o función circense.

Esto ha ocupado la atención de las principales planas noticiosas, editoriales y de opinión de la mayoría de medios de prensa alrededor del mundo. Y no es para menos, ya que una acción de ese tipo ha sido sopesada con mucho rigor porque, paradójicamente, las consecuencias de la acción o inacción podrían ser impredecibles.

Lo cierto es que, para variar, la parte más sensible del asunto está constituida por la falta de claridad en términos de discernimiento. La aguda opinión pública norteamericana no está segura de qué es bueno o malo, no sólo para los intereses del mundo libre, sino esencialmente para los Estados Unidos. De esa cuenta, las argumentaciones se desarrollan más en términos de fundamentar la justeza de la causa y no las consecuencias de la acción u omisión.

Para el Águila del Norte, la disyuntiva parece presentarse en dos platos: O se filosofa ad infinitum respecto de los principios que deben regir el uso de la fuerza en la escena internacional, o se actúa con ?pragmatismo? frente a la agenda de seguridad mundial. Sin embargo, está claro que las consecuencias de adoptar cualquiera alternativa no garantiza en absoluto la ausencia de daños colaterales, inclusive para los mismos norteamericanos.

En términos más precisos, no ha sido de fácil digestión, tanto para la opinión pública nacional como para la internacional, la superposición de la amenaza iraquí con la lucha emprendida en contra del terrorismo internacional. Es entendible entonces, desde la lógica gubernamental norteamericana, que se considere que esas líneas de acción, aunque estén en planos diferentes, no son de ninguna forma excluyentes.

Por supuesto que para quienes juegan al ejercicio del poder mundial, la inacción -tanto en términos diplomáticos como militares- significa pérdida de iniciativa, restricción del campo de maniobras, imposibilidad de hacer uso de la sorpresa.

Ello en términos estratégicos representa renunciar a las capacidades otorgadas por la acumulación de una masa crítica respetable, capaz de incidir en cualquier escenario del planeta. Algo que no puede ponerse en tela de duda si se tiene convicción de superpotencia.

No obstante, el camino no está totalmente allanado. La amenaza de intervención militar también preocupa a líderes mundiales como el francés Jacques Chirac, quien ha objetado los fundamentos de la ?Estrategia de Anticipación?.

En todo caso, la parte del libreto que aún no ha sido comprendida es la que se refiere a la ?estrategia inconclusa? como motivación principal. Aquella que durante la Guerra del Golfo, con todas las justificaciones y apoyo mundial, hubiese podido llegar hasta Bagdad, para doblegar la voluntad del líder iraquí.

El desafío ahora se asentará en mantener la presión para hacer posible la verificación incondicional por parte de Naciones Unidas. La crudeza de la política real ha enseñado a través de la historia que es más probable que a los halcones se necesite anteponer otros halcones. Ni Sadam Hussein en una línea, ni Osama Bin Laden en la otra, serán convencidos por ramas de olivo transportadas por palomas mensajeras.

Disuasión, coerción o intervención. El juego siempre será el mismo. Como expresara el ex primer ministro francés Raymond Barre: ?A cada quien su hora, a cada quien su verdad?.

¿Exceso de entusiasmo? La realidad es que esos términos de expresión tan sólo evidenciaron los propósitos de una receta que más pareciera que pretendía convalidar lo que de hecho es una realidad: La defensa de los intereses del vecino país, no dejó ninguna duda, como tampoco la dejó, el hecho de que ni siquiera por deferencia se hubiesen considerado las justas reclamaciones de Guatemala.

Y no era para menos, pues la posición de los conciliadores al final fue reveladora. Baste decir que el peor balde de agua vino de quien se supone había sido contratado para tratar de defender los intereses de Guatemala como conciliador. La opinión de Paul Reichler fue devastadoramente cínica, para hacernos comprender una realidad ante la cual poco podemos hacer como país.

Expresar criterio adelantado sobre las posibilidades de recurrir a una corte internacional para resolver en definitiva el diferendo, mostró de cuerpo entero la componenda. No será a través de una sucia como indigna propuesta como debamos poner fin a un litigio territorial, que no tiene nada que ver en contra de la libre determinación de los pueblos, derecho plenamente reconocido a la población beliceña por las naciones del mundo, incluyendo a Guatemala.

Importante será que se defina, por parte del liderazgo político nacional, cuál es el camino de dignidad que el país necesita seguir. Porque es preferible agotar las instancias jurídicas, para saber si en algo nos asiste la razón con los derechos territoriales que históricamente Guatemala, ha invocado.

Cierto es que hemos llegado a la sumatoria de vanos intentos y múltiples errores cometidos en el tratamiento de ese tema, pero eso no implica que se abandone la postura de reclamación territorial. Es mejor seguir el recorrido de la instancia jurídica internacional, aunque sea largo y costoso, que jugarse un albur político sobre el que posteriormente pese responsabilidad moral.

Y no es porque se deba invocar falsos nacionalismos, pero tampoco actuar bajo premisas de un pragmatismo que pretende que se vea hacia otro lado, para dejar que el tema se muera por inercia, mientras aceptamos la culpabilidad de nuestras miserias e incapacidades para mantener lo poco que somos. Por eso es que a pesar del resultado adverso y en honor a la buena intención con que se ha actuado, que el Gobierno de la República no está obligado a rubricar un paquete de propuestas que representa una burla para el país.

Para la posteridad, y en aras de que las nuevas generaciones valoren el porqué de la mutilación de una porción del territorio nacional, es que se debe evaluar la presentación del diferendo a una corte internacional.

Así se podrá ventilar con mayor profundidad, hechos históricos que representaron compromisos entre dos potencias colonizadoras (España y el Reino Unido), que no se hicieron valer hacia sus territorios coloniales, situación que devino en una permanente defraudación para Guatemala desde su independencia.

La independencia de Belice desde el punto de vista de su sociedad no tiene ninguna objeción, pero hasta tanto no se resuelva el diferendo, esa independencia no estará concluida. Se necesita hacerla valer desde el punto de vista territorial. Para ello, nada mejor que el veredicto de una corte internacional.

Para empezar, ha quedado claro que a la reivindicación territorial planteada por el Gobierno de la República, como posible solución al diferendo, nunca fue considerada como una opción seria. Es triste reconocerlo, pero un somero análisis de las actitudes asumidas por el Gobierno de Belice, a lo largo de los años, hubiera sido suficiente para prever que detrás de esa iniciativa abanderada por la OEA, no iba a haber nada favorable para las reclamaciones del país.

Sobra decir que si algún tema nacional ha tenido meridiana continuidad, ese ha sido el caso de Belice. El Consejo creado para el efecto, con la participación de los mejores juristas nacionales así lo confirma, pero no hay duda de que en la jugada se manejan intereses de terceros, como El Reino Unido, México y Honduras, por mencionar lo más evidente. Bajo esas condiciones, queda claro que Guatemala ha sido halada a sí misma.

De esa cuenta, hasta en los foros multilaterales hemos sido humillados, pues nunca se pudo obtener ni siquiera el apoyo diplomático de los países centroamericanos. Mientras tanto, las mejores galas de prepotencia, abuso e irrespeto a la soberanía se han puesto de manifiesto en la llamada línea de adyacencia.

Para ejemplificar lo aseverado, jamás se ofreció ni siquiera una disculpa por ninguna de las afrentas cometidas en contra de campesinos guatemaltecos, consistentes en asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, destrucción de viviendas y cultivos, así como la depredación de recursos forestales y arqueológicos, amén del trasiego de drogas e inmigrantes.

No es que se pretenda asumir una posición belicista, porque no viene al caso. Pero, como bien escribió recientemente Oscar Clemente Marroquín, no hay duda que Guatemala ha navegado con su buena fe bajo el brazo, mientras Belice se solaza en el desarrollo de amplias estrategias en el campo internacional. Una dirigida a los países del Caribe, pertenecientes a la mancomunidad británica de naciones, y, la otra, orientada a nuestro propio patio grande: América Latina.

En ese sentido, Belice ha jugado sus cartas no sólo por medio de la diplomacia, sino también a través de los medios de comunicación. Un ejemplo muy claro lo ha constituido la programación de la BBC de Londres, ya que su información hacia los países caribeños tiene un poderoso sesgo, ya que cuando se habla del problema Guatemala aparece como potencial agresor.

Por supuesto, nada que ver respecto de las incursiones del ejército Beliceño. Por el contrario, en las difusiones en español para América Latina, sólo se ha dejado que corra la terrible imagen que nos hemos creado: En ese contexto, la estrategia camina sola.

Lo bueno es que, con las migajas en la mano, ahora se pueda presumir, por lo menos de haber asumido una actitud conciliadora todo el tiempo. En consecuencia, el camino parece estar más claro ahora, pues el paquete que incluye la propuesta no satisface elementales reivindicaciones por parte de Guatemala. El producto, no ha sido el que se pretendió vendernos a través de la OEA: La propuesta no brinda una solución digna como el país esperaba.

Finalmente, se tiene que ser muy consiente en el sentido de que el ambiente nacional no está para jugársela a consultas populares como fue propuesto. Por muy importante que parezca ser el tema, difícilmente se puede pretender que a través del referendo, la población pudiera avalar un proyecto que advierte la defensa de los derechos de Belice, pero no considera, las justas reclamaciones de Guatemala.

Este asunto, seguro va para largo.

Pero tampoco es suficiente adoptar la trágica visión convertida a veces en poema, saturada de dolores, ansiedades y desesperanzas ni la quimera inalcanzable de interminables sueños líricos para sentir que se tiene una patria. ¿Dónde termina el ideal y comienza la realidad?

Cierto es que el mes del azul, blanco y azul evoca desde Guatemala hasta Costa Rica una efeméride lejana que significa históricamente el fin de una época colonial. Pero cierto es igualmente, que bien podría recordarnos que de ahí deviene en gran medida nuestro fracaso. Cómo no mencionar que las mentes obtusas de los cacicazgos provincianos no fueron capaces de visualizar el inmenso potencial de una Patria Centroamericana.

Por ello no deja de ser un contrasentido que el 15 de septiembre nos sirva también como punto de referencia en la evaluación de sueños inconclusos, inmensos lastres y eternos atavismos que todavía no permiten que el Istmo arranque. Las mezquindades locales han condenado a la región a sufrir los costos de sentirse únicos, autosuficientes, diferentes y desconfiados respecto de los demás, sin entender que separados todos somos enanos.

A contrapelo de la historia, el sentido común no ha penetrado la rancia mentalidad oligárquica de las dirigencias nacionales. ¿Cómo hacer comprender a las élites que la única posibilidad de hacer valer en algo esa libertad, independencia y soberanía de la que tanto se habla en estas fechas, radica en el valor de la unidad?

Curiosamente, ya hubo un Mercado Común que nos enseñó los beneficios del libre comercio y unos Acuerdos de Esquipulas que nos permitieron adoptar decisiones soberanas. No obstante, sería imposible cuantificar el inmenso costo de oportunidad que representa para los países centroamericanos el no querer encarar con sentido común, todo aquello que resulta obvio.

Ni siquiera ha habido voluntad política para darle un papel más protagónico al Parlamento Centroamericano. Por el contrario, continuamos siendo oprimidos por nuestros propios prejuicios ancestrales y seguimos siendo dependientes de ridículos espíritus nacionalistas, creados sobre la falsa premisa de defender soberanías entre hermanos. Hace falta garra, para transmitir un espíritu integrador, si es que queremos sobrevivir al maremagno.

Las señales no pueden ser más claras. Las grandes tendencias que orientan el camino de la Humanidad siguen presionando; las libertades fluctúan, las independencias se restringen y las soberanías se pierden. La revolución tecnológica sigue su camino inexorable, la globalización como proceso se extiende y profundiza, y la presión de los mega-bloques amenaza con triturar las insignificantes capacidades nacionales.

En el tablero geoestratégico, la región constituye un puente de altísimo valor. Una bisagra para el ALCA, un polo de desarrollo para mermar la inmigración, una seguridad conjunta para evitar el crecimiento de amenazas, un mercado común para dinamizar la economía y la alianza política para brindar estabilidad al área. ¿Qué excusa existe para no poder lograrlo?

Aunque ya existen algunos avances, si continuamos con las fuerzas dispersas, sin lograr la masa crítica necesaria, el camino no augura mejores condiciones para lograr el desarrollo, sino pérdida de mayores niveles de libertad, independencia y soberanía.

¿Qué nos queda de cara al futuro? Construir la Patria Centroamericana por nosotros mismos y con nuestras propias manos, antes de que la perdamos inexorablemente o nos sea impuesta con mentalidad diferente de Puebla hasta Panamá.

¿Pesimismo? ¡Por supuesto que no! No es que el desaliento cobre terreno, pero sí el hecho de aceptar que el ejercicio de verse todos los días al espejo desde la perspectiva de nación, permita reflejar imágenes que distorsionan la realidad de cuanto acontece en el país.

Al igual que en el cristal, lo que vemos en el lado izquierdo no es sino el reflejo de lo que en verdad está en el lado derecho. Sin embargo, en Guatemala nadie parece aceptar equívocos o lo que es peor, todos pretendemos tener la razón.Es así como en la supuesta búsqueda de mayores niveles de tolerancia, resultamos ser intolerantes, y, algunas veces, también intolerables.

El espacio en el que nos movemos es tan pequeño, pero nuestra capacidad de ver e identificar se ve dramáticamente limitada. La interpretación de los hechos significa nuestra verdad propia, pero sobre todo, con la categoría de plena, absoluta e irrefutable.

Enfrascados en el debate del presente, revivido a cada paso por los fantasmas del pasado, dejamos de lado la construcción del futuro. Y no es que se pretenda olvidar la inmensa tragedia del ayer o cerrar los ojos ante las insaciables necesidades que atormentan a gran parte de nuestra sociedad. Pero está claro, que mientras marcamos el paso en el mismo lugar, los hechos nos rebasan, las oportunidades se pierden y las brechas se ensanchan.

El corto plazo capta toda nuestra atención porque representa la lucha diaria por sobrevivir. Empero, esta situación ahoga el desarrollo de cualquier posibilidad de previsión, prevención y respuesta, ya no digamos de desarrollo. La sumatoria de nuestros índices más delicados nos augura escenarios más complicados a medida que pasa el tiempo y sigamos sin plantear, sin acordar, sin resolver.

Mientras tanto, nuestro planeta sigue girando a la misma velocidad sobre su eje sin detenerse un solo segundo. ¿Cuándo podremos entender que nuestro futuro no depende del lamento, sino de las posibilidades de superar nuestra imperdonable inacción? Mas la perniciosa tendencia a producir lástima sigue dirigiendo nuestras vidas, ahogando las esperanzas sin posibilidades de conducirnos a algún lado.

Por algo decía Evelyn Blank en días pasados, que los ?ojalás? siempre le han sonado a un cantinflesco ?de plano que no pero quién sabe?. Más desde mi muy subjetiva perspectiva, me parece que el ?ojalá? no es sino la obligada expresión que nos obliga a no dejar tirada la esperanza.

Esa expresión de fervientes deseos porque algo ocurra, que no deja todo a la voluntad humana sino también a los designios de la naturaleza, el destino o el poder de un Ser Superior cuanto esperamos que suceda, no es un simple lamento; es, sobre todo, una manifestación extrema de fe en lo inescrutable.

Pero hay algo que no se puede negar: Guatemala es el país de los ojalá. ¿Saben por qué? Porque siempre estamos esperando que otros hagan, actúen o decidan por nosotros. Porque aunque sea una expresión de fe en extremo, resulta más cómodo unificar deseos y confundir las posibilidades de lo que humanamente se puede hacer, con aquello que está más allá de nuestro control y alcance.

Ojalá se tuviera buenos políticos. Ojalá los funcionarios no abusaran. Ojalá las elecciones fueran limpias. Ojalá que se sepa la verdad. Ojalá que no nos vayan a engañar. Ojalá que la sociedad tome conciencia. Ojalá no empeore la situación. Mas eso resulta tan ambivalente como decir: Ojalá que llueva suficiente u ojalá no llueva demasiado.

Ojalá que los ojalá no dominaran nuestras vidas, para que la antigua expresión árabe: wa sha´ Allah, ?quiera Dios?; de donde proviene el ojalá en nuestra lengua, significara tan solo un complemento. Pues el ojalá no forja futuro, sólo mantiene viva la fe y la esperanza.

La incursión a toda una metodología de pensamiento que nos proporciona la lógica, se convierte en un valioso activo para ver más allá de lo que nos permite nuestros sentidos. De ello se aprende que el verdadero mérito no radica en descubrir lo obvio, sino en develar lo oculto.

Por el contrario, la retórica nos envía al mundo del surrealismo. El debate de ideas y propuestas o la necesaria justificación de acciones, normalmente se encuentra plagada de falacias. La enajenación que se sufre cuando se pone en práctica ese arte de darle a las palabras el poder de deleitar, persuadir y conmover, deja de lado la razón.

En política, este conocimiento tiene un valor potenciado, con mayor razón, si se toma en cuenta que el futuro depende de los aciertos o desatinos del momento. El quehacer político es un permanente campo de maniobras en el que la lucha entre lógica y retórica, hace la diferencia entre lo que es y lo que aparenta ser, entre la verdad y la manipulación.

Eso permite abordar uno de los temas de mayor controversia, precisamente, el que se refiere a la actividad desarrollada por la actual legislatura.

No hay que olvidar que para América Latina, el concepto positivista de la ley ha constituido un lastre que impide mantener un rumbo claro. La construcción de sistemas normativos estables sigue siendo una utopía. La razón fundamental es que quienes son electos para desempeñar una función legisladora, no están imbuidos del espíritu del Derecho, sino de la creencia en el decreto. 

Eso hace la profunda diferencia entre el estado de Derecho y el estado de Legalidad. La ley entonces, deja de asumir su sentido de ser fuente de Derecho para pretender convertirse en el Derecho mismo.

Bajo esa aberración conceptual, el criterio del legislador se orienta al desempeño de una función que pretende regularlo todo, no en función de formalizar costumbres para imponer límites al ejercicio del poder, sino en dirección contraria, convirtiéndose en un reflejo del poder. No es la ratificación de derechos inalienables que el hombre descubre, sino la imposición de obligaciones con que el legislador restringe esos derechos.

Pero hay algo peor que eso. Ignorar que cuando el costo excede al beneficio, la ley pierde su calidad de legitimidad, aunque la haya producido un ente soberano, como lo es el Congreso. A Juan Bautista Alberdi, se le atribuye haber dicho que una ley que no es reconocida como propia, no es ley, sino arbitrariedad.

Ahora que la Corte de Constitucionalidad ha dado un dictamen aleccionador al FRG, al resolver que la aprobación de las leyes financieras necesita de mayoría calificada, tal vez sea el momento para que enderece el rumbo, deje de lado la retórica y sustente su desempeño legislativo sobre la base de la lógica y el sentido común.

Si el FRG consultara con todos aquellos que pueden salir afectados; si en lugar de imponer su mayoría simple se pusiera como meta el logro de consensos; si no perdiera el tiempo en desgastarse en una absurda confrontación, seguro que el ambiente del país sería otro. Si se actuara con lógica, no sería necesario refugiarse en la retórica.

¿Ineptitud o mala fe? Cualesquiera que sean los motivos, resulta ser una verdadera tragedia que el país se encuentre sujeto al capricho, ignorancia o perversidad de ciertos diputados. De hecho, no han comprendido que a mayores tonteras expresadas en esa diarrea legislativa sin razón, mayor ha sido el reflejo de su terquedad e incompetencia. Esa es la verdad palmaria.

Aquellos que deberían ser dignos representantes del pueblo, se han convertido en una patética expresión de incompetencia. Duele decirlo de esta forma, porque no puede ser de otra. El partido que ha sido señalado de ser expresión de oscurantismo conservador, autoritario y mesiánico, no ha sido capaz ni siquiera de ocultar su verdadero rostro, mucho menos de sustraerse a tentaciones totalitarias.

La reciente aprobación de la Ley de Colegiación Obligatoria, último adefesio legislativo, se ha convertido en la mejor muestra de todo lo aseverado. Pero más aún, ese vergonzoso mamarracho devela la increíble confusión conceptual que el partido oficial tiene respecto de lo que es estado de Derecho y estado de Legalidad.

Para estos politiqueros, la Constitución de la República, garante de derechos inalienables, se ha convertido en un gracioso documento, síntesis caricaturesca de principios, a la cual pretenden tratar como papel sanitario.

Si el criterio medieval de los ?notables? diputados del FRG fuera correcto, la colegiación obligatoria hubiera impedido ejercer el periodismo a Gabriel García Márquez -un simple ?Premio Nobel de Literatura?- así como a Mario Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, Carlos Fuentes, Eduardo Galeano o Mario Benedetti, para darle tan sólo un vistazo a una pequeña parte de lo más notable en el ámbito internacional.

De igual forma, ni Andrés Oppenheimmer -ganador de los premios Pulitzer, Ortega y Gasset, y María Moors Cabot-, Jorge Ramos Avalos -reportero, analista y entrevistador de Univisión- o Luis Pazos -brillante economista mexicano- podrían escribir en los periódicos guatemaltecos, aunque sean analistas de CNN, The Miami Herald o los principales periódicos de México. Y, ¿qué decir de las plumas nacionales? Bajo ese absurdo, ni el mismísimo Miguel Angel Asturias, -otro insignificante ?Premio Nobel de Literatura?- si resucitara, podría escribir en su propio país.

La intención de esa ley no puede estar más clara. Se pretende con ello amordazar la libertad de expresión del pensamiento, garantizada en la Carta Magna. Esto incluye neutralizar la fiscalización del poder que se ejerce a través de la prensa, y castrar el derecho a emitir opinión que tiene cualquier ciudadano. Semejante desatino merece ser calificado por su ?brillantez? de acuerdo con la gradación que hacen ciertas universidades para reconocer y promover la excelencia.

La calidad Cum Laude se otorga a aquellos estudiantes cuyo desempeño ha sido notable; mucho más que la aprobación de la nota mínima. Magna cum laude, para quienes obtienen un desempeño admirable y extraordinario, y, Suma Cum Laude, para los que logran una ejecución que no pudo haber sido mejor. Todo esto, desde la obtención promediada de 85 puntos hasta el difícilmente obtenible 100.

En este maravilloso ejercicio que permite hacer el lenguaje, la analogía entre la brillantez de la excelencia académica y la insuperable ignorancia de la bancada oficial no sólo es válida, sino también, y, por supuesto, paradójica. Esta tontera del FRG merece la más alta de las notas en cuanto a mediocridad, espíritu antidemocrático y siniestras intenciones. Ese nivel de idiotismo sólo puede merecer la máxima distinción: el Suma Cum Laude.

El presidente Alfonso Portillo no tiene otra opción más que vetar esa absurda y discriminatoria ley. Por vergüenza moral no puede convertirse en comparsa de tan prepotente estupidez.

Una pregunta tan ingenua, tiene una respuesta experimentada. Ante la frustración creciente respecto de expectativas y necesidades, la población tiene una reacción lógica, se vuelve incrédula a todo y ve las cosas con sumo escepticismo. Un ejemplo de ello ha venido a serlo el nombramiento del general Eduardo Arévalo Lacs como nuevo encargado de la seguridad interna del país.

Los juicios de valor se han adelantado a las preguntas. Para muchos esto significa la militarización de las fuerzas de seguridad, una violación a los acuerdos de paz y una señal complicada respecto de las intenciones políticas que pueda tener el régimen. Sin embargo, a como estan las cosas en Guatemala, seguro que el presidente Portillo evaluó muy bien las interpretaciones que podría tener el hecho de nombrar a la cartera del interior al ex ministro de la Defensa.

La objeción en este caso no se centra en sus calidades profesionales, las cuales han sido probadas a lo largo de su carrera militar, sino mas bien en su significado. Un militar a la posición que debería desempeñar un civil, puede sonar contradictorio con toda una línea de transformaciones que se ha tratado de concretar. No obstante, la situación de inseguridad de la región, los factores internacionales que estan condicionando nuevas medidas y la precaria estructura organizativa de las fuerzas de seguridad del país, inciden de manera distinta.

Ante escenarios de incertidumbre por condiciones tan cambiantes y ante la condicionante de que no existen cuadros calificados de confianza para el mandatario, la llegada de Eduardo Arévalo le provee al presidente Portillo cierto grado de certeza respecto de lo que puede esperar. Como puede verse, desde esa línea de enfoque, para el mandatario pesan mas las necesidades que el supuesto costo político.

Respecto de qué lado se encontraría el general Arévalo vale la pena hacer algunas acotaciones. No pertenece al partido, ha sido profesional en su desempeño y es hombre de confianza del presidente. Esto podría garantizar: una línea independiente del FRG que no significa ni confrontación, ni divorcio; la coordinación efectiva con los demas entes de seguridad; la certidumbre del mandatario de continuar en control.

Los caminos de Arévalo Lacs se inician a partir de la bifurcación de la ruta que ahora tiene por delante. Para el nuevo ministro de Gobernación, la aceptación de tan difícil cargo representa el mas gran desafío, pero a la vez, la mas grande oportunidad para continuar concretando acciones visionarias. Esa puede hacer la gran diferencia.

Así como logró concretar la convocatoria que se va a hacer a la sociedad para formular la Política de Defensa, el general Arévalo tiene el deber moral de continuar la ruta iniciada en silencio por Byron Barrientos, quien a su vez, estableció los primeros pasos para discutir la Política de Seguridad Ciudadana, bajo un concepto que trascienda el marco restrictivo y obsoleto de la seguridad pública a ultranza.

Me inclino a creer que el general ve la oportunidad de hacer todo aquello que nadie espera que haga o que no le creen capaz de hacer: allanar el camino para que la seguridad interna del país, sea una responsabilidad de la autoridad civil, sobre la base de una institucionalidad bien fortalecida.

No obstante, los hechos acaecidos en el Gobierno de Arnoldo Alemán y la certeza de que va a poder continuar con su actividad gangsteril dentro del nuevo esquema obligan a plantear serias dudas sobre el futuro cercano. Desde una óptica realista se puede afirmar que son más los motivos de preocupación que de esperanza los que se avizoran en el sinuoso camino que tendrá que recorrer esa nación hermana.

Para empezar, las dos fuerzas que han prevalecido como consecuencia de los resultados electorales -el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, dominado por Alemán, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, liderado por Daniel Ortega- no aseguran la consolidación del régimen democrático, mucho menos el fortalecimiento del estado de Derecho.

En otras palabras, se prevé el incremento de los niveles de inmunidad e impunidad para los funcionarios públicos del actual régimen, responsables del saqueo del erario nacional, lo cual fue posible con la connivencia del FSLN.

Por un lado, se alza Alemán, quien sin ninguna timidez ostenta uno de los más altos niveles de corrupción en el ejercicio del poder, con una mayoría parlamentaria que le asegura desde ya su estatus de intocable por los desmanes de su gobierno, además de la garantía de que podrá continuar con la legislación casuística a su antojo, como la que caracterizó a la actual legislatura que está por terminar.

Por el otro, un FSLN totalmente desdibujado, cuestionado por su pasado, no sólo por el período en que detentó el poder sino también por el hecho de haberse convertido en cómplice de los abusos de Alemán. El pacto vergonzoso acordado entre Ortega y el mandatario saliente permitió un asalto conjunto a las instituciones democráticas.

Como se puede observar, negros augurios anticipan una mayor degradación de la institucionalidad del país. Sin embargo, a pesar del escenario tan preocupante, existe una condición que no se ajusta a la tendencia mencionada. Más allá de la amplia victoria electoral obtenida por Bolaños, su imagen personal abre interrogantes respecto de cuál será su actuación al frente del Ejecutivo.

Pero, más que eso, la pregunta principal se centra en torno a cuál será su capacidad de acción de cara a la Asamblea Legislativa, dominada por su propio partido y, por ende, bajo pleno control de Alemán, quien por ley se convertirá en diputado al dejar la Presidencia. En ese contexto, ¿qué se puede esperar de Bolaños?

El inmenso desafío que se plantea para la democracia en Centroamérica obliga a sopesar con mucho realismo los posibles escenarios a los que se puede enfrentar Nicaragua a partir de enero del 2002.

La razón es que en la tierra de Rubén Darío se vive ahora un ejemplo de proxenetismo político traducido en corrupción, saqueo, subyugación de las instituciones y legislación casuística. ¿Podrá escapar Nicaragua a un destino tan infausto como el que solía caracterizar a las tragedias griegas?

El análisis más profundo del emporio creado por un presidente gángster y la historia de una izquierda oportunista y cómplice tal vez pueda servirnos como señal de aviso.

¿Realidad o farsa? Esa es la disyuntiva que se presenta en la actualidad al presidente Alfonso Portillo, el FRG y sus jerarcas, pero, sobre todo, a la sociedad organizada que converge en el Foro Guatemala, ahora que se ha planteado la posibilidad de reconocerla como un interlocutor valido por parte del Gobierno. ¿Transparencia o intenciones veladas? ¿Intereses nacionales o proyectos particulares?

Valga decir que la comprensión de esa situación se convierte en un factor de primer orden, toda vez que es necesario definir la viabilidad de cualquier intento serio de discusión. La falta de entendimiento del ambiente o la imposibilidad de delimitar con precisión el campo de maniobras se puede traducir en un ejercicio inútil que devele una tremenda ingenuidad o bien una arrogancia inadmisible por parte de la organización social y sus líderes.

La apreciación sensata respecto de actores, condiciones y circunstancias facilitaría la apertura de ventanas para establecer, de mejor forma, la factibilidad real de cualquier encuentro. Sin ello, lo demás sería superficial o anecdótico. Como consecuencia, un acuerdo previo podría sentar las bases rectoras de cualquier diálogo, al establecer a dónde se quiere llegar y con quiénes se puede hablar.

El punto de apoyo para tal propósito radica en comprender que el diálogo, en esencia, involucra una permanente contraposición de visiones; en especial, cuando se pretende influir en la toma de decisiones del Organismo Ejecutivo o la agenda legislativa del Congreso. Si no se tiene clara la naturaleza del poder, el criterio particular del partido gobernante y el sello personal de sus líderes, las propuestas provenientes de la sociedad podrían ser vistas vistas como una pintoresca carta a Santa Claus.

Desde su esquina, la autoridad siempre se escudará en que el ejercicio del poder deviene de un legítimo e indiscutible sustento: su delegación obtenida por medio del voto popular a través de una justa eleccionaria. En sentido contrario, desde la sociedad organizada, se reclamará el derecho de fiscalizar, neutralizar, incidir o, en el mejor de los casos, participar en el proceso de toma de decisiones.

Se podrá argumentar, entonces, que la situación del país es angustiante y que, como consecuencia, es necesario dialogar, para encontrar salidas. Sin embargo, la lógica de poder expresada hasta ahora por el FRG hace ver que ni el partido ni sus dirigentes se sentirían obligados a aceptar las recomendaciones provenientes de una amplia mesa de discusión, mucho menos cuando se le pretende dar un carácter vinculante. ¿A cuenta de qué se tendrían que sentar a discutir una agenda que les es ajena, Alfonso Portillo, Francisco Reyes y Efraín Ríos? ¿Acaso no fueron ellos quienes ganaron las elecciones?

Desde esa perspectiva, la viabilidad de un diálogo sólo podría establecerse a partir de la obtención de un nivel mínimo de compromiso. Sin agotar esa condición, ni siquiera vale la pena presentar credenciales. Después de tanta palabra que no ha sido honrada, esa es la medida justa. Sin ella, aunque la sociedad crea que no vive anestesiada, seguirá siendo víctima de sus propios sueños convertidos en retórica y, además, de la eterna demagogia.

En el arte de hacer política se puede utilizar este recurso para bien o para mal. Desde este enfoque, ?arte? no se refiere a la expresión del espíritu humano que permite demostrar creatividad a través de la copia o fantasía de su propia percepción del mundo, de todo lo bello que lo habita y los misterios que encierra.

El ?arte? al que se hace mención en política presenta dos caras de una misma moneda: la del ejercicio del poder conlleva una alta dosis de preparación, conocimiento, capacidad gerencial, visión y conciencia, que permitirá a quienes hagan buen uso de ella convertirse en gestores de futuro y conductores de pueblos libres. La otra representa mediocridad, maña, doble discurso y maniobras arteras, que llevarán a sus actores a actuar con ruindad, en beneficio propio y de la horda política que le sigue, en desmedro de los demás.

La sabiduría acumulada por las naciones enseña que nunca se debe subestimar a nadie, sea adversario, competidor, gobernante o gobernado. No obstante, los hechos también demuestran que es una sabiduría peligrosa, porque si se sigue a pie juntillas el efecto puede ser devastador, pues a menudo lleva a sobreestimar a quienes mandan o a quienes son mandados.

De ese modo, cuando se trata de interpretar los sucesos surge una permanente búsqueda de inteligencia o habilidad detrás las acciones de quienes ejercen algún tipo de poder. Sin embargo, en política muchas cosas terminan por revelar, tarde o temprano, su verdadera naturaleza. Lo aconsejable es no subestimar jamás la incompetencia, terquedad, imposición o bellaquería, a fuerza de exceso.

En este juego de poder destaca la capacidad de la anestesia colectiva.

Mientras dure el efecto de la narcosis o se sobreestime los alcances del poder tendrá sentido cada frase vana que se pronuncie con la intención apuntada al inicio de esta columna. Se pensará que todo tiene un fin bien intencionado.

Pero si bien es cierto que el ?arte? de mentir con el corazón en la mano es el arma más poderosa de algunos irresponsables que hacen política, también lo es que el adormecimiento perpetuo no ofrece garantías. Una sociedad no puede seguir acostumbrada a vivir por siempre bajo el enajenamiento de fijar la atención en las ?buenas intenciones? de sus líderes, legisladores o gobernantes, sino que debe fiscalizar los resultados de sus acciones.

En tanto dure la insensibilidad colectiva que producen las promesas no se podrá medir los estragos que afronta el sistema, el régimen político o la nación entera, a causa de la incapacidad administrativa y la arbitrariedad manifiesta. Al despertar de la anestesia, vendrá el pedir de cuentas, la explicación de ofrecimientos no cumplidos, la vindicta popular y la irreparable calificación de la historia.

En estos momentos, cuando se pretende remendar los harapos de esa palabra mágica llamada diálogo, sería aconsejable definir su viabilidad a la luz del análisis racional, con base en los hechos y resultados obtenidos. Para la sociedad, comprometerse con ello será el camino para despertar de la anestesia; para el sector oficial, significará desnudar su miseria o su grandeza.

Suficientes indicios hay en prospectiva para visualizar todo lo que se puede esperar para el 2002, si los desmanes de la autoridad política siguen inalterables. La razón para sustentar tal preocupación es muy sencilla: los procesos de selección, designación y elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Procurador de los Derechos Humanos, Procurador General de la Nación, Fiscal General y Contralor General determinarán el futuro institucional de la democracia en Guatemala.

Puede que suene dramática -pero no por ello exenta de realismo- la afirmación de que a la luz de todo lo ocurrido es casi obligatorio razonar esta situación en ciernes, así como sus posibles efectos, con mucho sentido común. Además, se debe establecer el grado de peligro que podría afrontar la sociedad si el Frente Republicano Guatemalteco llega a consumar el copamiento de las instituciones mencionadas, y asumir este análisis como un deber cívico, y no sólo un ejercicio de interpretación.

Para ilustrar de mejor forma los alcances de ese riesgo, debe tomarse como premisa básica que el ejercicio del poder conlleva tentaciones irresistibles para quienes no poseen auténticas convicciones democráticas.

Es así como debe interpretarse que el retorcimiento de las leyes, la legislación casuística, los actos de nepotismo y la mediocridad en el desempeño o los hechos de corrupción son muestra de cómo el poder puede ser utilizado para satisfacer intereses particulares, en lugar de servir a la sociedad.

Por ello, no debe resultar extraño que surjan temores sobre el derrotero que pueda seguir el régimen político guatemalteco, si las autoridades legítimamente electas siguen actuando con el mismo carácter veleidoso. La analogía puede parecer muy dura, pero cuando los políticos asaltan las instituciones con el propósito de ubicar serviles que satisfagan sus intereses, se comportan de la misma forma que los proxenetas, pues prostituyen el sistema de controles democráticos.

Así como el vividor, que sin el menor respeto por los valores de la sociedad y con el único afán de obtener ganancias induce o coacciona a otras personas a ejercer la prostitución en su propio beneficio, de igual manera actúa el político, al traicionar la confianza que le fue depositada a través el voto popular, y prostituye la actividad de las instituciones democráticas. Es obvio que dentro de esta calaña se incluye a los prestanombres que sirven para tan infames propósitos.

Cuando un político abusa de su poder y retuerce una ley para favorecerse con ella, se comporta como un proxeneta. Cuando un partido político coloca a testaferros para tener el control de las instituciones, procede como proxeneta. Cuando una persona o un grupo se prestan al juego de quienes ejercen el poder público para aberrar la función de las instituciones democráticas, también se conducen como proxenetas.

Sirvan estas líneas como un buen consejo para quienes, de manera transitoria, ejercen el poder político del país. Con tanta experiencia acumulada, el proxenetismo político como estrategia cuanta con muchos ejemplos de cómo comienza, pero también de cómo llega a su fin.

El más revelador de ellos tiene un nombre que pocos olvidarán en América Latina: Alberto Fujimori. El ex presidente peruano pasará a la historia como un hombre cuya ambición llevó a la quiebra política a su país. Ahora que se han destapado las letrinas de la inmensa corrupción fujimorista, el hedor acumulado de los desmanes del ex mandatario y sus secuaces ha inundado todos los ambientes de la sociedad peruana.

¿Esta moraleja será suficientemente educativa? De no ser así, se prevén los resultados.

No es que se quiera ver las cabezas de 22 diputados rodando por el escenario político a como dé lugar. Nada más veleidoso e irresponsable sería actuar de esa manera. Sin embargo, debe quedar bien claro que el cierre de un caso tan trascendental para el fortalecimiento de la democracia y el estado de Derecho, sin la transparencia exigida ni la contundencia de pruebas claras de inocencia, socava los cimientos de credibilidad y confianza en el sistema de administración de justicia del país.

Lo cierto es que esta situación no termina aquí, pues se podrá argumentar que la ley se ha cumplido, como parte del debido proceso, pero lo que no podrá demostrarse ni mucho menos aceptar es que se haya hecho justicia. El problema radica en que no sólo hubo una sospechosa desaparición de pruebas documentales que hubieran podido probar culpabilidad o inocencia, sino, además, conversaciones privadas en las que algunos diputados del FRG admitieron haber cometido un error garrafal.

Aunque en el seno de Abraham se haya sostenido que no privó ninguna mala fe en el desarrollo de esos sucesos, la condena moral sobre esas acciones no estriba en la existencia o falta de una intención velada. Si los hechos no fueron aceptados con el coraje y estatura ética que deben tener los representantes del pueblo, principalmente aquellos que han ostentado como lema promocional el famoso ?no robo, no miento, no abuso?, ¿qué se puede esperar de la palabra de cualquier legislador?

Esas fueron las dudas que se crearon en torno a la presunta responsabilidad de diputados del FRG en la supuesta alteración de la ley. La forma como actuó la Corte Suprema de Justicia, al haber encontrado suficientes elementos de duda, contribuyó a que se generaran expectativas acerca de la correcta aplicación de la ley, pero para infortunio del estado de Derecho, la historia es otra. Una vez más ha quedado el amargo sabor de un proceso que parece viciado, principalmente por el ente que se supone debe demostrar capacidad, honestidad y profesionalismo en la investigación.

A la luz de lo ocurrido, el FRG no debería cantar victoria. Más que perder tiempo en creer que todo le ha salido bien, merecería una profunda y seria reflexión respecto de su desempeño, para comprender que la mala reputación que se ha creado no sólo obedece a la supuesta alteración de la Ley de bebidas.

Baste decir que un pequeño inventario de arbitrariedades le diría a los diputados oficialistas, inequívocamente, que cada paso que dan los convierte en sospechosos y, por ende, en culpables, ante la opinión pública, de todo tipo de desmanes.

Como reza el viejo refrán popular, ?del cielo a la tierra no hay nada oculto?. Así que no hay necesidad de que el diputado Soto Arango pierda su tiempo en desviar con cinismo la responsabilidad partidaria de una gestión mediocre, arbitraria y discrecional, al atribuir todos las deficiencias a campañas de desprestigio. Como siempre, hace falta seriedad.

Una especie de bicho raro, que actúa de manera distinta, comparte en este preciso momento con sociedades necesitadas su conocimiento, la fortaleza espiritual o el inmenso valor de su compañía. El confort y bienestar personal han quedado en segundo plano. Y es que desvestidos de cualquier tipo de egoísmo, miles de personas de todas las edades ofrecen día a día el más sublime de los sentimientos que identifica la grandeza del espíritu humano.

Solidaridad es la palabra que encierra la actitud positiva de comprensión, entrega y apoyo con que un inmenso contingente de voluntarios ha construido la paz y preservado la esperanza. Desapercibidos para el aplauso general, este contingente de héroes cotidianos crea lazos de identidad con las comunidades a las que sirve enseñándoles el valor de la autoayuda y de la fuerza de la unidad social.

Esa es la actividad a la que dedican su tiempo personas procedentes de todo el mundo, empeñadas en compartir su experiencia y conocimientos para sembrar semillas de aliento para los más necesitados.

¿Cuál es su motivación? Indudablemente que existen creencias religiosas, tradiciones culturales o rasgos de conciencia social que impulsan a desarrollar esa tarea en la que muchas veces se es incomprendido. No obstante, la convicción que expresan respecto del impacto de su apoyo, sin duda les hace mantenerse impertérritos ante cualquier adversidad.

Más allá de la solidaridad espontánea que se genera en el seno de las sociedades cuando ocurren tragedias, el ser voluntario trasciende las fronteras de cualquier desastre.

Es el espíritu de servicio, el que predispone a la gente para trasladarse a cualquier lugar en donde exista la necesidad de una mano extendida.

Eso es lo que retrata de cuerpo entero la actividad, algo que no tiene precio, ni espera recompensa, más que la germinación de las miles de semillas que se han sembrado a lo largo del camino.

Este es el escenario que llevó a la Asamblea General de Naciones Unidas a proclamar 2001 como el Año Internacional de los Voluntarios, con el propósito de fomentar el conocimiento de una actividad tan noble que posee un enorme potencial para engrandecer el alma colectiva de los pueblos. El secreto está en cobrar conciencia de que la solución a la compleja realidad de las naciones no puede provenir exclusivamente de los gobiernos.

Desde el acompañamiento en los campos de refugiados en el mundo, hasta la participación en apoyo de proyectos y programas de ayuda nacional, el voluntariado resulta ser la inspiración vivida de la historia bíblica del Buen Samaritano.

Las necesidades de ayuda que seguirán siendo identificadas seguirán motivando la participación de voluntarios. Ese es el propósito del reconocimiento que fomenta Naciones Unidas para que el sacrificio del voluntariado no sólo sea conocido, sino agradecido en el fuero interno, como la expresión más sentida de humanismo.

En el Año Internacional de los Voluntarios, sirva su ejemplo para promover la extensión de esta actividad de solidaridad que atenua el dolor, la necesidad y el abandono en que se encuentran millones de seres humanos. Pero sobre todo, sirva la difusión de su espíritu de ayuda, para renovar la fe en la bondad como virtud, y en la humildad como tesoro.

Las energías propias de un momento de movilización social como ese, siempre van a motivar profundas esperanzas. De esa cuenta, la visión en retrospectiva hacia aquel lejano 20 de octubre de 1944, seguirá siendo motivo de añoranza para un amplio grupo de guatemaltecos. La certeza de que ese suceso trascendental pudo haber sido la gran oportunidad para trazar la anhelada ruta del progreso para el país, es la mayor expresión de ese sentimiento.

No obstante, la mirada nostálgica hacia atrás no resuelve nada. Mucho mejor sería que ese punto de encuentro social sirviera para calcular el enorme costo de oportunidad que ha significado para Guatemala, el hecho de no haber podido concretar una agenda mínima de desarrollo. La evaluación como sociedad se hace necesaria, no para rasgarse las vestiduras por lo que pudo ser, sino para tomar conciencia de lo que aún se puede hacer.

De nada sirve mantener la misma actitud respecto de esa fecha, si no se está en capacidad de interpretar de forma balanceada los grandes aciertos, así como los terribles errores de una época absolutamente superada. Medio siglo después, las necesidades son las mismas, pero innegablemente potenciadas; las expectativas parecidas, más no por ello irrealizables. Algo ha pasado en el mundo desde aquel lúcido momento; la transferencia del poder es una parte de esa historia.

La alquimia inspirada por el espíritu de aquel momento, pretendió construir una respuesta a los principales males, pero la piedra filosofal que podía dar respuestas a las grandes interrogantes de aquella época, se ha quedado resguardada en una memoria histórica cada vez más reducida. La realidad actual advierte que los viejos paradigmas que ya no puedan ser readecuados, a las exigencias de los nuevos tiempos, irremisiblemente morirán. El esfuerzo debe ir en otra dirección.

Un inventario de daños, expectativas frustradas o necesidades insatisfechas, necesariamente tiene que ser complementado con los tímidos avances o con los más grandes logros, que sin duda alguna, también los hay. No se trata de ver hacia el pasado para lacerar el alma con lloriqueos masoquistas, sino para revivir el espíritu de lucha, trabajo y grandeza que pudo inspirar la luz del 20 de octubre. Libertad, educación, pleno ejercicio de derechos, organización social, participación cívica, democracia, desarrollo e imperio de la ley. ¿Cuánto se ha logrado desde entonces?

Difícilmente habrá acuerdo sobre ello, el debate tolerante y desideologizado de este largo paréntesis en el tiempo no será posible entre los guatemaltecos hasta tanto no se renuncie a la trinchera propia. No habrá posibilidades de definir las condiciones del presente, mucho menos de dibujar las alternativas para referenciar el futuro, si se continúa soñando de espaldas al futuro.

Como fuente de inspiración, el 20 de octubre seguirá siendo un paradigma visualizado en el pasado, con vigencia de presente y proyección de futuro.

Una visión retrospectiva nos permitiría valorar su papel de mejor forma, pues como si el tiempo se hubiese pasado, la Misión ha acumulado siete años de presencia en el país. La petición que le fuera formulada al Secretario General de Naciones Unidas, luego de la firma del Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos, en marzo de 1997, constituyó un avance cualitativo en términos de voluntad política.

La constatación del fiel cumplimiento de los compromisos adquiridos en aquel acuerdo significó el primer paso sólido para lograr el silencio de las armas.

No obstante, más allá del trabajo de certificación, en materia de respeto a los Derechos Humanos, la Minugua vino a desarrollar un papel más polémico aún. Para una democracia emergente, la transición política desde una cultura autoritaria hacia un modelo de sociedad abierta y tolerante, significa, ineludiblemente, una obligada sustitución de valores, actitudes y conductas.

El reemplazo de los añejos patrones de ejercicio del poder de forma arbitraria, aunado a la lucha por concienciar respecto de derechos ciudadanos, sigue siendo un desafío social permanente.

La mediación en conflictos laborales, de tierra o reasentamiento de poblaciones desarraigadas le dio un papel de primer orden a la Misión. La asistencia para que se pudiera encontrar soluciones a una gran diversidad de problemas a través del diálogo y negociación ha sido un significativo soporte para la desactivación de esa animosidad de intransigencia que ha prevalecido en las relaciones sociales en el país. Sin embargo, la acumulación de frustraciones también alcanza a esa representación específica de la ONU.

En este punto hay que detenerse obligadamente, para hacer ver que como parte de la transición, las expectativas generadas por la Minugua le llevaron a experimentar el mismo fenómeno que aún mantiene agobiada a la Corte de Constitucionalidad, al convertirse en paño de lágrimas de cuanto sucede en el país.

El problema en el caso de la Misión se traduce en una actitud que muchas veces ha sido juzgada como ambivalente, toda vez que se hace imposible asumir una postura de verificación, con toda la seriedad que el caso amerita, si se pretende quedar bien con sectores, grupos de presión o con el mismo gobierno, de acuerdo a particulares circunstancias.

Si la dirigencia de Minugua no comprende ese dilema en toda su dimensión, fácilmente se encontrará con que en lugar de sembrar para cosechar un auténtico cambio de orientación democrática, estará enviando ese mensaje disfuncional que carcome la institucionalidad del país. La verificación no puede tener excepciones, sean éstas de orden económico, cultural, social o político, en el ámbito particular u oficial.

No se puede salir diagnosticando la existencia de un ?apartheid de hecho?, con alto grado de ?convicción?, por ejemplo, y contradecirse en actitudes con el tratamiento de una denuncia de abuso de poder, porque ésta involucra al vicepresidente de la República.

El contrasentido así resulta ser más que obvio, pues ese tipo de ambigüedades no contribuye a respaldar y fortalecer el ejercicio de funciones que en materia de Derechos Humanos tienen asignados el Organismo Judicial, el Procurador de los Derechos Humanos y el Ministerio Público. Así lo establece el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos.

Si en algo se ha estado de acuerdo, casi en forma generalizada, respecto de las inmensas necesidades que tiene el sistema para asegurar su funcionamiento, es en promover la adopción de todas aquellas medidas que impulsen el fortalecimiento institucional. Desde esa perspectiva, la transparencia y honestidad resultan ser condicionantes irrenunciables.

¿Verificación o diplomacia? He ahí el dilema.

Pese a que el clamor por la tierra resulta ser una de las más sentidas expresiones de necesidades no satisfechas, las demandas y respuestas tradicionales son dos caras de una misma moneda. La anacrónica mentalidad agrarista presenta un enfoque erróneo de esa realidad, pues aunque se venda como panacea insustituible, el acceso a la tierra, por sí solo, no soluciona nada.

Bien se sabe que éste podría ser un paliativo de subsistencia para unos cuantos, pero jamás para todos. No obstante, en el maremagno de problemas que afronta el país, esa situación potenciada se ha agudizado gracias a la convergencia de factores externos, multiplicados ahora, de forma exponencial, por la gravedad de los ataques terroristas perpetrados en Estados Unidos.

Las consecuencias económicas para Guatemala y Centroamérica, derivadas de esos sucesos, son verdaderamente alarmantes. Ya no sólo está sobre el tapete la obsolescencia de un modelo agro-exportador agotado ni la dicotomía latifundio-minifundio que ha sustentado gran parte del debate ideológico del país.

Es en estos momentos cuando se sufre con mayor dramatismo la debilidad que implica la dependencia de un patrón productivo que aún basa gran parte de sus exportaciones en la línea impredecible de los productos tradicionales.

Sujetos a los vaivenes del sistema de cuotas, la más lamentable de las situaciones se experimenta ahora en carne propia con la caída de los precios del café, cuya recuperación se prevé prácticamente irrecuperable. Esa debilidad de la economía nacional y centroamericana se agudiza en la actualidad con el impacto que las mismas van a sufrir, a causa del proceso recesivo que experimenta la economía estadounidense, la cual se ha acelerado por los hechos del 11 de septiembre.

Es en momentos como este cuando se siente que el tercermundismo, de verdad, pesa en el alma. A las graves secuelas que originan circunstancias imprevisibles, se suma la falta de capacidad de los líderes para visualizar en prospectiva.

La falta de visión y creatividad para brindar soluciones integrales a la miríada de problemas no es sólo nuestra gran miseria como sociedad, sino también, y en especial, una inmensa cruz que cada día que transcurre aumenta de peso y dificulta el avance en este tortuoso camino.

¿Cómo va a sortear Guatemala la encrucijada que se avecina? ¿Con un gobierno enfrentado a la empresa privada? ¿Con un Congreso que privilegia leyes para beneficiar a unas pocas personas? ¿Con un Estado en quiebra que pretende llenar sus arcas de la manera que fuere, sin comprender que el país se encuentra, de igual manera, en un período de vacas flacas? ¿O mediante la continuidad de medidas absurdas que terminarán por ahuyentar la inversión internacional que queda en el país?

El escenario que se empieza a dibujar frente a nosotros merece que se asuma con responsabilidad no sólo el análisis sino también la acción, con el propósito de ponerle remedio a la situación de emergencia en ciernes. Más vale que se deje de lado las inculpaciones, los lamentos y las excusas demagógicas, porque, ahora sí, el país se nos está yendo de las manos.

Se hace inevitable abordar esa situación, debido a que la dinámica legislativa tiene una alta incidencia en la formación de políticas públicas.

Demás está decir que, en este caso, la atención sobre esos aspectos deviene del efecto potencial que se calcula puede tener cualquier ley promulgada sin el suficiente criterio técnico. Peor aún cuando se acusa como deficiencia principal la ausencia de un concepto de Estado.

Visto así, preocupa que la falta de claridad en los planteamientos sugiera la inexistencia de un proyecto unificado. Si un partido con mayoría parlamentaria no es capaz de diseñar una agenda legislativa moderna, coherente y visionaria, que sea congruente con la realidad del país, el marco jurídico en el que se desenvuelve la sociedad no tendrá consistencia ni mucho menos certeza.

Sale esto a colación como consecuencia de dos iniciativas de ley que

provienen del mismo partido, pero que se contradicen una a otra.

Por un lado, la Ley de Investigación Criminal, que pretende socavar la institucionalidad del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, con repercusiones aberrantes para el sistema de investigación.

Por el otro, la iniciativa que plantea reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo, para crear el Ministerio de Seguridad Pública.

En el centro del debate, se encuentran en juego dos temas fundamentales: La modernización del sistema de justicia y la seguridad del país. En ambos casos, se hace necesario accionar sobre la base de conceptos claros, que favorezcan el fortalecimiento institucional. En otras palabras, unificar criterios para abordar la problemática de forma integral. No hacerlo significa insuflar más confusión e incertidumbre al ordenamiento jurídico del país, pero sobre todo, romper con procesos de desarrollo y consolidación.

Pero el verdadero problema no se encuentra en la presentación de iniciativas de ley con suficientes enredos, producto de un alto grado de confusión conceptual. Más que ello, es la falta de un rumbo temático claro el que hace pensar que el país está sujeto más a ocurrencias particulares de diputados que a un proyecto unificado de partido.

Sin juzgar si esto es producto de limitaciones intelectuales, ignorancia o mala fe, a estas alturas está claro que la actual legislatura sigue haciendo gala de gravísimas carencias.

Esto es lo que se demuestra con la puesta en el tapete de las dos iniciativas de ley ya aludidas.

La controversial Ley de Investigación Criminal ha sido cuestionada por los oscuros intereses que encierra, pero el proyecto de reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo, que pretende la creación de un nuevo ministerio, demuestra que aún no se ha podido rebasar estrechos criterios ya rebasados. ¿Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana?

Esta ocurrencia, no sólo no plantea nada nuevo, sino también nada viable en momentos en que el Estado atraviesa por una aguda crisis financiera.

No tiene sentido plantear el aumento de la burocracia estatal cuando el camino es en sentido contrario, hacia el desarrollo de una tecnocracia eficiente, profesional y duradera.

Guatemala necesita definir sus políticas públicas en materia de seguridad, sobre la base de una agenda ampliamente discutida con la sociedad. La legislación por sí sola no cambia nada.

Ante tanta confusión conceptual en el Congreso, tal vez haga falta obsequiar al partido oficial una Rosa Náutica, para que sea distribuida entre sus diputados. Tal vez ese instrumento de navegación, que señala rumbos en 360 grados, les permita tomar una dirección definida, coherente y, por supuesto, unificada.

Honestamente, ya no provoca sorpresa. Sin embargo, representa una realidad que no puede pasar inadvertida. Hacer frente a la extrema mediocridad o tolerar la sagacidad perversa de algunos diputados seguirá teniendo un altísimo costo para el fortalecimiento institucional del país; los hechos así lo documentan.

Los pretendidos alcances de la Ley de Investigación Criminal, aprobada en segunda lectura, son la última ?gracia? de la bancada oficialista. Nadie, que tenga al menos dos dedos de frente, puede calificar de otra forma las consecuencias de esta iniciativa de ley. Las reformas al Código Procesal Penal, Ley de la Policía Nacional Civil, PNC, y Ley Orgánica del Ministerio Público, MP, son aberrantes para el sistema de administración de justicia, así como para la seguridad del país.

Pero no hay que equivocarse: las intenciones detrás de ese mamarracho vergonzoso son en extremo notorias. No cabe la menor duda que se prepara el escenario clave para lanzar el asalto a una de las instituciones estratégicas del Estado. Incluso, parece que se confeccionara a capricho el traje a la medida para el diputado Rudio Lecsan Mérida. ¿Hasta cuando habrá que seguir soportando la legislación casuística?

En este caso, la voz de alerta debe correr. Aquí no cabe el dilema planteado inicialmente, respecto de si la ley en ciernes es producto de la campante ignorancia -de la cual se ha hecho gala en ocasiones anteriores- o de la perversidad política que oculta aviesas intenciones. Además de que las reformas son absurdas para los fines de fortalecer el proceso de investigación criminal, resulta mucho más preocupante el grado de politización que se pretende dar a las instituciones de seguridad y persecución penal.

La desaparición del Consejo del Ministerio Público, la obligatoriedad de aceptar candidaturas respaldadas por 10 mil firmas y la creación de las subfiscalías generales del MP son un atentado a la autonomía de que debe estar investida la institución que dirige la pesquisa criminal. Más claro imposible: la elección de esos subfiscales generales por parte de la aplanadora oficial en el Congreso daría paso a cuadros subordinados al Frente Republicano Guatemalteco, FRG.

Asimismo, la pretensión de dotar de independencia operativa y administrativa a la PNC es la otra parte que debe llamar la atención. Los perfiles diseñados para dotar de nueva jerarquía a la PNC rompen por completo con la línea de profesionalización policial. Por si eso fuera poco, la intención de subordinar a la Policía a los designios del Subfiscal General de Investigaciones redunda en el colmo del descaro.

No hace falta ser demasiado suspicaz para eludir el engaño ante tanta evidencia. El nombramiento de un subfiscal de Investigaciones, designado por el Congreso, con mando sobre la PNC, anula la autoridad de que está investido el Fiscal General, convierte a quien ejerza el cargo en superministro de seguridad e investigación criminal, politiza esa parte vital del sistema de administración de justicia y le otorga carta libre para actuar con un alto grado de arbitrariedad. ¿Es ese el nuevo puesto para Lecsan Mérida?

La operación no debería causar asombro, pero debe quedar bien claro que se trata de una conspiración que atenta contra el estado de Derecho. Peor aún, implica un disparatado retroceso en materia de seguridad ciudadana, investigación criminal y administración de justicia, agendas pendientes para ser discutidas con la sociedad.

¿Comprenderá esto el líder máximo del FRG? Por favor, general Ríos, ponga fin a este tipo de tonteras; no se preste a esa clase de ambiciones.

Los programas de opinión en la radio son la más fiel expresión de lo aseverado.

Para infortunio nuestro, existen suficientes razones que alimentan ese desasosiego. La concurrencia de una amplia gama de circunstancias nacionales e internacionales, del todo desfavorables para Guatemala, y por supuesto, para Centroamérica, así como la persistencia de factores internos en materia de política económica y fiscal acentúan la gravedad de la situación.

El espejo prospectivo de este contexto no augura esperanzas tangibles en el corto plazo, a menos de que se actúe con sentido común y responsabilidad cívica. El diagnóstico del país y su entorno hace ver que el problema ya no estriba en qué hacer para poner en marcha un plan de desarrollo con visión de futuro, sino en cómo administrar la crisis actual.

El verdadero desafío en este momento consiste en visualizar todas las medidas que se hace necesario adoptar para minimizar los daños y sus efectos.

Sin intención de abonar en dirección a la pesadumbre, la situación merece que se enfatice sobre los hechos y sus consecuencias. Si no hay conciencia respecto de ellos, nada podrá hacerse para evitar los efectos de la convergencia nefasta. Aunque suene repetitivo, la conjugación de condiciones adversas al país parece no tener fin. A la estrepitosa caída de los precios del café, el incierto precio del petróleo y los efectos de la sequía sufrida en el istmo, se suma la desaceleración de la economía nacional, potenciada por la recesión mundial.

A factores internacionales fuera de control se adhieren las situaciones propias que agravan la situación. Esta es una realidad ineludible. La onda expansiva de los atentados terroristas acaecidos en Estados Unidos ya hizo sentir sus primeros efectos en el área. La súbita caída de la actividad turística, como consecuencia del derrumbe de la industria del transporte aéreo ya empezó a impactar toda la dinámica de ese rubro en la economía norteamericana. 140 mil cesantes y la cancelación del 75% de las reservas de viajes hacia el Caribe no es motivo de broma.

El derrumbe de las bolsas de valores -aunque ya se ha reportado una sensitiva recuperación- arrastradas por los sucesos en contra del World Trade Center o la paranoia desatada en Estados Unidos, ha tenido un efecto, difícilmente reversible alrededor del planeta. Las medidas adoptadas en materia de seguridad en el frente interno norteamericano se han potenciado y la alteración de políticas esenciales como la de inmigración, ya se ha hecho sentir de forma dramática.

Ante esa situación, no se puede recurrir a la política del avestruz: esconder la cabeza en un hoyo, mientras se espera a que pase la tormenta. Aunque a muchos duela, la verdad es ineludible. Cuando se estornuda en el Norte, en pequeños países como el nuestro, se sufre de forma inevitable de bronquitis aguda o de pulmonía severa.

Si a todo ello sumamos, las posibles consecuencias del conflicto bélico en ciernes, con altas posibilidades de sufrir efectos colaterales, la perspectiva lucirá verdaderamente alarmante. Quiérase o no, el efecto de rebote, ya comenzó a afectarnos.

Abrir los ojos, cerrar filas, aunar voluntades, asumir compromisos. No hay otro camino, so pena de padecer males mayores. El reto del momento es mantenerse a flote, con la nariz sobre la superficie para garantizar el oxígeno. Pero eso no se va a lograr si se sigue en esa ruta absurda de mantener un clima de incertidumbre.

La crisis financiera del Estado no se soluciona con la imposición de medidas fiscales equivocadas. A estas alturas, la depauperación que sufre la sociedad guatemalteca es más que alarmante.

La luz amarilla ya se ha convertido en roja. En el umbral de la convergencia más adversa que se haya podido vivir con anterioridad, no hay más tiempo que perder. Los próximos meses, sin duda serán cruciales. La unidad, el sentido común y la solidaridad, son el único camino.

Ante el anunciado inicio de la guerra en contra del terrorismo, la interrogante más importante en torno a las hipótesis de conflicto ha resultado ser elemental, ¿contra quién será la lucha? El problema radica en que la complejidad del fenómeno terrorista, como herramienta de lucha política, racista, religiosa o nacionalista, impediría darle un rostro definido al enemigo contra el que habría que luchar. Aun así, el esfuerzo principal parece estar bien concretado.

Difícilmente se sabrá cuáles eran los objetivos de los ataques terroristas en Nueva York y Washington. Sobre este punto siempre habrá especulación. Sin embargo, cada día sea hace más evidente que el riesgo calculado de esas acciones no fue suficientemente medido por los autores intelectuales. Las pesquisas efectuadas hasta ahora, ya han puesto un blanco en el camino: Osama Bin Laden es, por el momento, la principal cara del terror.

De esa cuenta, la jugada efectuada por medio de los ataques podría haberse convertido en condena fatal, no sólo para Bin Laden, sino a todo aquello que huela a conspiración. Las acciones desarrolladas en la preparación de la fuerza militar norteamericana, obviamente tienen un significado muy claro.

Las diversas líneas de acción, desarrolladas en los campos diplomático, militar, de inteligencia y de política doméstica, permiten augurar un eje de avance global, con líneas de aproximación específica para la consecución de determinados objetivos.

A este punto, la comparación costo-beneficio para la causa terrorista parece ser absolutamente negativa. La organización y proyección del esquema internacional que se está armando así lo evidencia. En el campo diplomático, las condiciones no podían ser mejores para Estados Unidos, la formación de la red internacional de lucha contra el terrorismo, le ha asegurado una posición que difícilmente hubiera podido estructurar anteriormente.

En sentido contrario, el aislamiento en que se sume Afganistán, parece ser un ejemplo del cerco político, económico o militar al que se puede someter a cualquier otro país con vínculos terroristas.

En materia de inteligencia, la identificación de líderes, la ubicación de militantes de las redes, y la investigación de los capitales vinculados, reducirán sensitivamente el campo de acción de las organizaciones terroristas. El aumento de la seguridad será uno de los requerimientos esenciales que se exigirá sean adoptados por la comunidad internacional.

El ataque masivo es improbable, las operaciones de comandos en contra de campamentos de entrenamiento o la utilización de las operaciones encubiertas, serán la herramienta preferida.

Los parámetros que están definiendo las acciones hacen poco probable el uso de la fuerza militar avasalladora que se ha exhibido por los medios de comunicación. El principal esfuerzo, el de inteligencia, augura muchas sorpresas. Ahí se dibujarán los nuevos rostros. ¿Cuántas conexiones podrán ser establecidas finalmente? ¿Cuántos blancos podrán surgir en consecuencia?

Al final del día, la anunciada guerra contra el terrorismo, no sólo visualizará como objetivos a los grupos musulmanes radicales. Más allá de ello, seguramente aparecerá en el nuevo espectro de conflicto la mafia rusa, los anquilosados movimientos guerrilleros, los carteles de narcotraficantes o las bandas internacionales del crimen organizado. La amplitud potencial, para estructurar un abanico relacionado realmente es inmensa.

El tablero global de la nueva guerra aún no se ha terminado de armar. La naturaleza de los parámetros, tampoco.

La pesadilla que representa el terrorismo fundamentalista, parecía ser ahora una realidad riesgosa, allende las fronteras estadounidenses, y por cierto, ubicada en escenarios específicos. Sin embargo, ésta se materializó súbitamente en el propio suelo norteamericano. La capacidad de la única superpotencia para prever, prevenir o neutralizar cualquier amenaza, se ha puesta en duda.

La magnitud de los hechos, pero sobre todo su naturaleza, fundamenta las principales interrogantes que cada día cobran mayor fuerza en los principales círculos de poder político y de seguridad en los Estados Unidos.

Dos líneas de interpretación se desprenden de esa situación.

La primera, en la que aparece el orgullo nacional mancillado desde el momento en que han quedado evidenciadas serias fallas en el sistema de seguridad del país.

La segunda, que transita por el examen del esquema del conflicto utilizado para clasificar la intensidad y el costo-riesgo de cualquier posible enfrentamiento en la época de la Guerra Fría.

Respecto de las fallas de la seguridad, todas las miradas se han centrado en la Comunidad de Inteligencia, ese sistema integrado de agencias y organizaciones que refiere la amplia variedad de actividades de búsqueda y análisis de información de ese país. La inverosimilitud del tipo de ataque terrorista, obligadamente llevó a que se responsabilizara inmediatamente a aquellos que tienen la responsabilidad de resguardar a la sociedad y el Estado, respecto de cualquier conspiración, sea ésta foránea o doméstica.

¿Cómo fue posible que el FBI, la CIA o algunos de los elementos de inteligencia del Departamento de Defensa no hubieran podido detectar la confabulación terrorista?

Muchas son las respuestas que se estructuran para responder a esa gran interrogante, pero esencialmente se advierte que luego de la desaparición de la antigua Unión Soviética, la evaluación norteamericana respecto de las necesidades de inteligencia, no pareció merecer mayor esfuerzo y por lo tanto, una adecuada inversión.

En cuanto al espectro del conflicto, los Estados Unidos manejaron durante la Guerra Fría un esquema de análisis de escenarios de conflicto que comprendía una relación entre intensidad y costo-riesgo. A mayor intensidad, mayor costo-riesgo. Esto significaba que si las superpotencias se llegaban a enfrentar en forma directa, esto sería un conflicto de alta intensidad, con el uso de un arsenal estratégico nuclear, químico y bacteriológico. El riesgo era la destrucción total; el costo casi seguro, la desaparición del género humano.

En el orden de la mediana intensidad, si el conflicto se llevaba a cabo en escenarios limitados como Europa, el costo era considerado un poco menor, aunque el arsenal no variara mucho, con el empleo de cohetes de mediano alcance. Pero el riesgo de una escalada hacía ver el peligro de pasar de la mediana a la alta intensidad con mucha facilidad.

Finalmente estaba la baja intensidad. Ese tipo de conflicto que comprende sabotaje, terrorismo, movimientos de guerrillas o guerras revolucionarias. En esa categoría se llevó a cabo gran parte del enfrentamiento global entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética.

La lucha a través de terceros no implicó mayor intensidad, costos significativos o riesgos que lamentar para las dos potencias. Las piezas se movieron de acuerdo a sus intereses tácticos o estratégicos.

A la luz de la realidad actual y después del ataque suicida al corazón de los Estados Unidos, el terrorismo tendrá que ser considerado en otro nivel del concepto tradicional de conflicto. La diferencia entre las guerras convencionales y las actividades de sabotaje o terrorismo radica en la capacidad de visualizar y obtener información de los diversos teatros de conflicto. No es lo mismo jugar ajedrez que naipes.

Por eso mismo, la conmoción alrededor del mundo no sólo tiene su origen en la desalmada brutalidad con que fueron sacrificadas tantas vidas humanas ni en el temor que significa esa nueva página de terrorismo que ahora se ha abierto. Más que eso, la visión prospectiva se orienta, por un lado, hacia las repercusiones que esos trágicos hechos van a tener irremisiblemente en la economía mundial; por el otro, las acciones militares que ya se preparan para dar respuesta a la agresión.

No obstante, hay algo que no puede quedar fuera de cualquier análisis. Ante todo, esta es una tragedia humana de incalculables proporciones, y el significado de la misma trasciende el propio ámbito de la política. El orden internacional prevaleciente no se alterará de la forma como se ha expresado a través de algunas opiniones, más cargadas de frustrados deseos ideológicos que de contenidos serios.

Aunque es innegable el impacto que esa situación va a tener en diversos mercados, principalmente en el campo financiero, la realidad es que la masa crítica que los Estados Unidos posee en términos económicos, militares, tecnológicos y culturales no va a ser alterada por esa estúpida inmolación de inocentes. Por el contrario, la posibilidad de liderar una coalición multinacional de esfuerzos en la lucha contra el terrorismo internacional ya es un hecho. Para concretar ese propósito, ya se han activado las redes de Inteligencia en todo el orbe.

Ahora bien, gran parte de la interpretación de los hechos se ha fundamentado en una visión que contempla, esencialmente, elementos culturales y religiosos que abren una dimensión insospechada al conflicto. Ese ?choque de civilizaciones?, definido por Samuel Hungtington, parece materializarse en las palabras del mismo Osama Ben Laden, en una entrevista concedida al diario El País, antes de que se efectuara el ataque suicida al corazón de la potencia americana.

La declaración de llevar 10 años atacando a los Estados Unidos ?…por la gracia de Dios?, ha permitido que Ben Laden dibuje ante el mundo, y de cuerpo entero, todas las intenciones que lo mueven a utilizar el terrorismo como arma de lucha y, más que eso, que advierta la potencialidad de unificar otras expresiones del radicalismo fundamentalista alrededor de ese propósito. ¿Se estará allanando el camino para un verdadero choque cultural y religioso en el mundo?

El enfrentamiento de esas dos visiones culturales y religiosas en el mundo existe. La visión del mundo musulmán en contraposición a la herencia grecolatina que caracteriza a Occidente, sobre la base de una tradición judeocristiana, ocurre, pero en escenarios muy precisos. La posibilidad de un enfrentamiento cultural de mayores proporciones tendría que considerar la coexistencia de la diversidad cultural y religiosa que se lleva a cabo, tanto en el mundo occidental como en muchos países donde prevalece el Islam.

Por la gracia de Dios, la civilización occidental, con sus grandes errores e inmensas virtudes, se ha fundado milenariamente sobre la base de los principios de libertad, tolerancia y solidaridad. Esa cosmovisión ha permitido que líderes espirituales del Islam, el Judaísmo y el Cristianismo se puedan unir para orar juntos con un solo propósito. Por la gracia de Dios, sólo en  el ejercicio de la libertad y el libre albedrío, se puede encontrar el claro discernimiento entre el bien y el mal.

Nadie duda que las dimensiones de esa locura alcanzarán todas las partes del globo. Los motivos de esa infernal carnicería seguramente tendrán muchas interpretaciones. El significado de los hechos, diferentes enfoques. Político-militar, cultural, ideológico o religioso, pero el entendimiento del conjunto comprenderá fundamentalmente intenciones, efectos y posibles resultados. Al dolor, a las lágrimas y a la frustración, les seguirán las consecuencias nefastas de esa enorme estupidez.

Para empezar, habría que tratar de descifrar las intenciones que movieron a actuar así a los atacantes. ¿Demostrar que se puede golpear con fuerza a la única superpotencia? ¿O cobrarle a los Estados Unidos las facturas por sus acciones de política internacional? Posiblemente. Lo que sí es cierto es que cualesquiera que hayan sido las motivaciones, no faltarán los pretextos en nombre de la ideología radical, la religión dogmática o el nacionalismo extremo, para tratar de excusar esa criminal acción de barbarie.

No obstante, en esta ocasión, la enfermiza obsesión de culpar a los Estados Unidos, por todos los males, desgracias y frustraciones de la Humanidad, no encontrará suficiente eco, pues no se puede reclamar como válida una acción de terrorismo indiscriminado llevada a cabo con increíble frialdad. Parece ser que los grupos extremistas no obtendrán el resultado deseado.

No hay que engañarse. Aunque la acción haya sido espectacularmente impactante, más en términos sicológicos, la verdad es que no por ello ha cambiado el nuevo orden internacional. El peso específico que ostenta la nación del Norte en el nivel mundial sigue siendo el mismo. La razón es muy simple: su poderío político, económico, militar, cultural y tecnológico no ha sido afectado. Muy por el contrario, para decepción de sus opositores y enemigos, su capacidad de maniobra se verá fortalecida.

El respaldo a esa afirmación es más que lógica. La muerte de civiles inocentes como consecuencia de ese enajenado ataque terrorista sólo ha motivado la solidaridad unánime de la comunidad internacional, ha fomentado la unidad moral de los estadounidenses, ha motivado un rechazo a cualquier reivindicación fundamentalista, sea de la naturaleza que sea; ha allanado el camino para justificar acciones punitivas de represalia, y ha empujado al conglomerado de naciones a convencerse de la necesidad de formar un frente unificado en la lucha en contra del terrorismo internacional.

Frente a ese escenario, la reacción norteamericana que se puede esperar no es precisamente la de aplaudir la osadía suicida. Por el contrario, si se toma como base el lenguaje utilizado por el mismo presidente George W. Bush, se puede prever que la respuesta seguramente será lo suficientemente contundente y efectiva, para que pueda ser considerada ejemplar.

En la misma línea, el anuncio de las instrucciones transmitidas para buscar y ?cazar? a los responsables de ese abominable hecho, permite anticipar medidas directas en contra de grupos terroristas y, por supuesto, de los países que resulten implicados en su respaldo.

Como puede verse, a través de una interpretación superficial, estos hechos han creado las condiciones necesarias que se considere en toda su magnitud, el peligro que encarna el terrorismo como arma criminal de grupos extremistas, bien sean estos fundamentalistas islámicos, nacionalistas xenófobos o militantes ideológicos radicales.

Parece ser que la peor tragedia de la historia contemporánea de los Estados Unidos, no tendrá los efectos que sus agresores se propusieron provocar.

Mientras el pueblo norteamericano lame sus heridas, sólo resta unirse a la condena universal por la pérdida irracional de tantas vidas humanas. De igual forma, a la solidaridad que debe prevalecer para con las víctimas de este hecho.

El telón ha caído de nuevo. Otro capítulo de esas aciagas y tormentosas novelas que suelen ilustrar la lucha interna por el control de los partidos llega a su fin. El hecho podría parecer intrascendente, pero en realidad no lo es. Menos en momentos en que la efímera vida de las instituciones políticas continua afectando las posibilidades de maduración del sistema democrático.

Probablemente, Guatemala no haya resentido como ahora la desaparición de aquel liderazgo visionario y comprometido que fue eliminado de la escena política nacional, a causa de la intolerancia en el pasado reciente. Adolfo Mijangos, Alberto Fuentes, Manuel Colom o Jorge Torres. ¿Quién podría valorar el impacto ocasionado a la sociedad, por la ausencia de esa generación de políticos de primera línea?

Esa dirección interrumpida de forma abrupta tiene sumida en la orfandad a los herederos de la acción política que están por venir. Por eso es importante analizar el significado de la salida de Arzú de las filas del PAN. No porque eso afecte de forma determinante a la agrupación política que se le fue de las manos, sino por la responsabilidad histórica que el ex mandatario llevará sobre sus hombros por siempre, por haberse negado a trascender, para el bien del país.

Difícil será comprender cómo un hombre que tuvo el tesón de construir un comité cívico, que luego se convirtió en partido político, con toda la energía que le caracterizó siempre, no haya sido capaz de sustraerse a sus propias pasiones y sentimientos, para dejar un legado institucional de incuestionables alcances. Bueno es decirlo en estos momentos, cuando la difícil situación que afronta el país parece tener como único origen el pobre desempeño del régimen actual.

Con tantos factores a favor, una coyuntura especial que facilitó procesos, la predisposición a asumir responsabilidades y enfrentar desafíos, la posibilidad de dejar una huella profunda fue, sencillamente inmensa. Haber logrado poner fin de forma civilizada al conflicto armado que desangró al país por mas de tres décadas o dar inicio al proceso de modernización del Estado perdurará como una labor indiscutible. Con la altísima posibilidad de convocar a todos los sectores a un gran esfuerzo de convergencia nacional, el camino se extravió por los accidentados terrenos de la prepotencia.

El manejo de un partido político con mentalidad de cacique, la vigencia de la ?dedocracia? para elegir delfines, la imposición de la voluntad propia contra viento y marea, y el manejo de la política nacional con pensamiento de encomendero tenían que producir un resultado. La derrota del PAN en las elecciones pasadas no se fundamentó sólo en el trabajo desarrollado por el FRG; más que eso fue el desdén, característico de quienes tienen ínfulas de superioridad, el que dio al traste con el proyecto.

Muchos logros se le podrá reconocer al trabajo de Alvaro Arzú, pero esta decisión final obliga a sopesar el legado negativo que su ausencia deja a la actividad política del país. Por su soberbia, no pudo capitalizar los logros de su gestión. Por su falta de espíritu democrático, no fue capaz de aceptar la pérdida del control de su partido. Por su mezquindad, propició la escisión de la que hubiera sido la principal fuerza de oposición política del país.

Sobre la base de estos hechos, las nuevas generaciones tendrán mucho que aprender. La historia del hombre que se negó a trascender puede ser la mejor de las guías.

Para no desviarse ni un ápice de lo que ha sido la constante línea de actuación, los comentarios expresados por diversos funcionarios de gobierno, entre los que sobresale -como cosa rara- el vicepresidente Francisco Reyes, han estado plagados de minimizaciones, altas dosis de cinismo y por supuesto, falacias a granel. Sin dejar de reconocer, las escasas pero íntegras excepciones, con las que otros funcionarios aceptaron las deficiencias, valga decir que se ha perdido una nueva oportunidad de hacer un ejercicio de alta política, con visión de Estado, para unificar a la Nación.

Bien se sabe que sería ridículo, responsabilizar a este gobierno por las deficiencias alimenticias que agobian a un gran segmento de la población, tanto en la ciudad como en el campo. A nadie escapa que el hambre tiene un carácter estructural que simboliza uno de los lastres más lacerantes que arrastra el país. Por eso mismo, ha sido más ridículo aún, que el Gobierno se pusiera a la defensiva desde un principio, cuando bien pudo salirle al paso a tan cruda realidad, por medio de un llamado de solidaridad permanente, apoyado por la sociedad.

La idea no es nueva, pero esta ha sido una oportunidad para poner en marcha un sueño a gran escala, como una demostración de todo lo que la sociedad puede hacer, para aliviar un poco el dolor de tantos hermanos. Pero a ese noble propósito, jamás se podrá aportar energía positiva si se trata de descalificar cualquier iniciativa con mofa, si se habla con ironía o si se trata de restarle mérito, a un inmenso esfuerzo social. Cuánta pobreza espiritual, se exhibe por parte de aquellos que no son capaces de reconocer ese tipo de esfuerzos.

El camino correcto, como se hizo después, era decretar el Estado de Calamidad en todas las áreas del territorio nacional que fuera necesario, con el propósito de atender prioritariamente, a quienes se están muriendo de hambre. La actitud inteligente, era aprovechar la cobertura que los medios de prensa le han otorgado a tan dramática situación para coadyuvar a la toma de conciencia social, por parte de toda la población.

El gesto de grandeza, hubiera sido agradecer a los diversos sectores de la sociedad por la constitución del movimiento de solidaridad para con la población afectada. La gran jugada política, hubiese sido convocar a una gran unidad de esfuerzos, para sentar las bases de un empeño nacional.

El problema es lo suficientemente serio, como para que se trate de minimizar su realidad con criterios mezquinos, como el que curiosamente expresara un funcionario de Minugua, al afirmar que “técnicamente”, no hay hambruna en el país. Tal vez el hecho de no haber vivido, la traumática experiencia de sentir pegadas las paredes del estómago por no tener nada que comer, permita alucinar con ese tipo de declaraciones.

¿Cuántos miles tendrían que morir, para ser considerados por los “tecnicismos” de la burocracia internacional?

Este no es el momento para buscar culpables sino para encontrar soluciones, porque la historia del abandono, la explotación y la miseria no está a la vuelta de la esquina.

No es ocasión, para efectuar jugadas de oposición con el propósito de sacar réditos políticos de una tragedia humana, como tampoco lo es, para emitir declaraciones estúpidas que pretendan justificar deficiencias del Estado. Nada de lo anterior va a cambiar la situación, ni va a alimentar a quienes claman por ayuda.

Si el hambre ha sido un azote permanente para tantos compatriotas desde tiempos inmemoriales; si este es un fenómeno recurrente que ahora se ha agudizado por condiciones negativas fuera del alcance, nada mejor que un buen plan y una gran convocatoria para hacerle frente. Se necesita creatividad e inventiva para brindar soluciones de corto, mediano y largo plazo.

En Guatemala, nadie debe morir de hambre. Ese es el eslogan adoptado por las organizaciones del Movimiento de Solidaridad. Esa debe ser nuestra consigna.

No era la imagen de los cientos de niños y adultos que a diario mueren en Biafra, Uganda o Etiopía, como consecuencia de la hambruna en Africa; tampoco las sombras de aquellos esqueletos fantasmales desplazados por causa del enfrentamiento armado interno, que a mediados de la década de 1980 llegaban al centro de recepción en Chimamatze, Quiché. Nada de eso. Ha sido Juanita la representación viviente de la miseria y el abandono, la que en su último hálito de vida le ha enviado un doloroso mensaje a la Nación.

Para variar, esta nueva tragedia tiene el mismo escenario: la minimización o negación del problema por parte del sector oficial. Sin embargo, la crueldad de tan dura verdad ya no puede ser opacada ni mucho menos ocultada. Mientras tanto, las mismas preguntas resonarán en el ambiente. ¿Dónde ha quedado la capacidad gubernamental para la previsión de este tipo de desastres? ¿En qué lugar de esa mediocre estructura se perdieron los llamados de alerta? ¿Con qué excusa va a salir ahora el Gobierno, para justificar su ineficiencia?

Resulta ser vergonzosamente paradójico. Hace tan sólo ocho días, mientras el mismo presidente Alfonso Portillo declaraba en un fogoso discurso que el departamento de Chiquimula era el número uno en obras de gobierno, en sus narices el hambre cobraba víctimas inocentes, a pocos kilómetros de donde él estaba. ¿Desconocía Portillo la existencia de esa tragedia? Lo más probable es que sí. Pero de seguro que no habría ignorado esa desgracia, si le hubieran incluido, entre quienes llegaron a aplaudirlo, a unos cuantos esqueletos vivientes de Camotán y Jocotán.

Lo más triste es que esta calamidad dará pie para continuar con la demagogia. Las excusas sobrarán. Se dirá que es un problema de muchos años, que no fue atendido por gobiernos anteriores, que no fue a causa de la sequía sino de la pobreza endémica, que por eso se necesita pagar impuestos, que ya se tenía previsto actuar, y se terminará con la eterna perorata de que siempre se han tenido buenas intenciones. Pretextos quiere la vida.

No obstante, no se dirá que ese tipo de situaciones se convierten en tragedias por falta de capacidad preventiva. No se dirá, tampoco, que la ausencia de un plan de desarrollo integral continuará condenando a la miseria, el atraso y a la muerte a la población más vulnerable. Como tampoco se reconocerá que la corrupción existente y la dilapidación de los recursos del Estado han impedido ofrecer, por lo menos, algunos paliativos.

Nadie pide milagros, pero es hora de aceptar que en gran medida se ha estado gobernando de espaldas a la realidad del país. Si esto continua así, Guatemala no tiene un futuro mediato, pues la señal de alarma total ya se ha encendido, tristemente, a través del holocausto de inocentes compatriotas. ¿Cuántos más tendrán que ser sacrificados para que se tome conciencia?

Ahora, ante esta hiriente desventura, como espina clavada en el corazón, es cuando se debe hacer eco del urgente llamado a la solidaridad que ha sido expresado con hechos por empresarios, médicos, universitarios y entidades como los clubes rotarios. Guatemala no sólo tiene hambre en millares de estómagos; también la tiene en millones de conciencias. Tendamos nuestra mano.