El presupuesto, que fue conocido de urgencia nacional en un solo debate y que estaba a un paso -la lectura por artículos y redacción final- de convertirse en decreto definitivo, no pudo completar su aprobación.

Por estar en desacuerdo con el destino de algunos rubros, el PP preparó al menos 40 enmiendas. Considerando que no tendría suficiente apoyo, pidió votación nominal para cada uno de los artículos.

La votación nominal representaría en tiempo, por lo menos, 90 minutos para cada artículo.

Preocupados

La situación preocupó a la Gran Alianza Nacional (Gana). La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), unionistas y la Alianza Nueva Nación (ANN) plantearon algunas propuestas de cambios.

Debido a ello, Jorge Méndez Herbruger, presidente del Legislativo, decidió que era mejor dar un receso y convocar a una reunión de jefes de bloque, para buscar acuerdos.

Los jefes de bancadas decidieron llamar de urgencia a María Antonieta de Bonilla, ministra de Finanzas, y su equipo técnico, para que aclarara algunas dudas.

Pasadas las 21 horas, las posturas continuaban igual. Otto Pérez Molina, diputado del PP, indicó que si se toman en cuenta sus planteamientos, retirarán su solicitud de votación nominal.

La ministra recordó que todos los cambios hechos al proyecto surgieron en la Comisión de Finanzas del Congreso y no llegaron del Ejecutivo. Recomendó prudencia con las enmiendas que se están proponiendo.

Esta mañana, los jefes de bloques volverán a reunirse para seguir con las negociaciones. De no haber acuerdos, posiblemente no haya decreto de presupuesto 2006. El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobarlo.

Sin prioridad

La ministra de Finanzas, María Antonieta de Bonilla, dijo ayer que la asignación de Q250 millones a los Consejos de Desarrollo, programadas por el Legislativo en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado 2006, no se apega a lineamientos técnicos.

Las asignaciones a los Consejos favorecería la consecución de obras a pedido de los diputados y los distritos que representan.

?Temo que estas asignaciones no se hagan siguiendo las prioridades que tienen, por ejemplo, áreas que fueron afectadas por la tormenta tropical Stan?, aseveró la funcionaria.

De Bonilla explicó que la propuesta original del Ejecutivo distribuía esos recursos según las recomendaciones que emitiera la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en un informe presentado a inicios de noviembre sobre las repercusiones económicas de Stan.

Agregó estar preocupada también por el déficit que se alcanzaría, de 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto.

Piden cambios

Diputados patriotas, de la UNE y bloques minoritarios. consideran que deben hacerse algunas reformas.

Todos quieren aumento al presupuesto del Organismo Judicial y Ministerio Público.

Los patriotas piden que se reoriente el presupuesto de Educación en Q58 millones.

También solicitan que se elimine una partida sin destino específico de Q400 millones que la Comisión de Finanzas asignó de forma discrecional.

Quieren que se aumenten las asignaciones de los Consejos de Desarrollo destinadas a atender la reconstrucción nacional.

La medida supondría un desembolso de millones de quetzales, aunque no se ha podido hacer un estimado de la cantidad que representaría este reclamo.

Sería una prestación como la que cobran los magistrados y algunos funcionarios, argumentaron algunos de los que impulsan el proyecto.

Los ex congresistas consideran ?injusto? que los llamados padres de la patria siempre hayan quedado excluidos de esta prestación, mientras otros servidores electos por el Congreso se retiran después de períodos reducidos de labor con ?jugosos? reconocimientos económicos.

?Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son electos por el Congreso para períodos de cinco años, ganan más que los diputados y se retiran con indemnización?, argumentó uno de los ex legisladores.

Jorge Méndez Herbruger, presidente del Congreso, reconoció que los ex diputados han planteado esta posibilidad y aseguró que si consiguen el respaldo legal, entonces habrá que hacer el pago.

?Entiendo que ellos habían reclamado este derecho a la Junta Directiva de 2004, pero les fue negado y ahora se han acercado a hacer consultas?, confirmó.

La estrategia

Para conseguir este pago, los ex legisladores están trabajando en una estrategia. Quieren que la Corte de Constitucionalidad (CC) siente un precedente y reconozca su derecho a ser indemnizados, de forma retroactiva, por su trabajo en el Congreso.

Dentro de los argumentos que estarían evaluando, destaca una resolución de la CC, emitida en diciembre de 2003 en contra del decreto 56-2003 del Congreso, que eliminaba el derecho de indemnización para algunos cargos, entre ellos el de los magistrados.

El citado decreto había sido aprobado por el Congreso como reacción al rechazo que había recibido el acuerdo 44-2003, aprobado al final de la administración del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que equipara los sueldos de los diputados con los de los magistrados y autorizaba su indemnización.

El grupo promotor ?entre los que figuran ex diputados eferregistas y del Partido de Avanzada Nacional (PAN) que en el pasado impulsaron fallidos intentos de aumentos salariales? se ha reunido en las últimas semanas con parlamentarios de distintos bloques para buscar apoyo.

?Nos indicaron que su estrategia era buena porque serían ellos, como ex legisladores, los que pelearían ante la Corte para lograr el beneficio y de esa forma se reduciría el costo político para los congresistas actuales?, comentó un representante del PAN.

Por cuánto

En lo único que no terminan de ponerse de acuerdo legisladores y ex congresistas es en la forma en la que reclamarían el pago si ganan esta batalla.

Un grupo es de la idea de que el reclamo se haga por el total del sueldo que se paga actualmente, incluyendo bonos y dietas ?Q29 mil 430 para diputados promedio?.

Otro grupo considera que sería más prudente inclinarse por una indemnización estimada con el sueldo base ?Q9 mil 330?.

A decir de Méndez Herbruger, si los ex congresistas consiguen que la CC los ampare, se verían en la necesidad de echar mano de los ahorros del Congreso para poder enfrentar este gasto.

Recuento

Batallas perdidas

Durante varias legislaturas, los diputados han buscando mejorar sus ingresos.

Por todo: El 44-2003

A las puertas de terminar la administración del FRG, el Congreso aprobó el acuerdo 44-2003, que equiparaba el salario de los legisladores con el los magistrados y les autorizaba una indemnización. Dieron marcha atrás por las crÍticas.

En venganza: El 56-2003

Posteriormente, el Congreso aprobó el decreto 56-2003 que eliminaba la indemnización para funcionarios o magistrados electos por el Congreso. Fue declarado inconstitucional y el pago siguió vigente.

De nuevo: Aumento

En diciembre de 2004, la Comisión Permanente del Congreso autorizó un aumento de Q10 mil para el sueldo de los diputados. La medida recibió crÍticas y rechazo hasta que, en enero, los legisladores dieron marcha atrás.

Compensador: Los asistentes

Para tratar de compensar el fallido aumento, durante este año los diputados tuvieron la oportunidad de contar con los servicios de un asistente administrativo, que en algunos casos, es una fachada para poder aumentar en algo sus ingresos.

Las cifras: Desembolso millonario…

De ganar esta batalla legal, algunos diputados se llevarían a casa importantes sumas de dinero.

Si el cálculo de la indemnización se hace de acuerdo con el sueldo base de un diputado ?Q9 mil 330?, éste recibiría Q57 mil 485, por cuatro años de trabajo, de acuerdo con las leyes existentes en la materia.

Si se toma como base el total del sueldo cobrado cada mes ?Q29 mil 430?, por cuatro años de trabajo un legislador raso se llevaría Q181 mil 485.

Esta cantidad se elevaría , en caso de que el dignatario sea miembro de la Junta Directiva. Por ejemplo, Efraín Ríos Montt, que fue presidente por varios años, podría recibir una millonaria indemnización.

Ex diputados como Froylán Villatoro, quien ocupó una curul durante 18 años tendrían derecho a algunos cientos de miles de quetzales.

Hay diputados de la actual legislatura como Arístides Crespo, del FRG, y el integracionista Baudilio Hichos, que también recibirían una suma jugosa debido a la cantidad de años que llevan en el Congreso.

El Legislatiivo tiene ahorros por alrededor de Q70 millones para enfrentar este pago si los ex congresistas lo consiguen.

La actividad, efectuada en el Domo de la zona 13, también fue aprovechada para el cambio de estatutos del partido, buscando ponerse al día con las últimas reformas a la Ley Electoral y de Partido Políticos.

Monsanto explicó que una de las modificaciones más significativas se refiere al papel de la bancada de diputados de la ANN y su relación con el Comité Ejecutivo Nacional.

?Los estatutos que teníamos no contemplaban la relación con la bancada, incluyendo la cuota obligatoria que, según las reformas a la Ley Electoral, los diputados de la ANN deben aportar o al partido a partir del próximo año y que es del 17 por ciento del salario?, agregó.

Otros cargos

En total, la ANN eligió 23 cargos para las distintas secretarias de su organización.

Monsanto indicó que después de hacer sus consultas a nivel departamental y discutir los distintos cambios que requería la organización en el consejo político, se hizo la elección de todas las secretarias.

Lesly de Paz ocupará la primera secretaría general adjunta; Julio Mora, segundo secretario, y el diputado Mario Chávez, tercero.

Luego de conocer los resultados finales de las elecciones presidenciales, que dieron la victoria a Oscar Berger, de la Gran Alianza Nacional (Gana), los diputados electos de la UNE se reunieron ayer para establecer su estrategia.

Y el plan está definido: ?Hacer pactos de gobernabilidad con cualquiera de las fuerzas del Congreso para impulsar aquellas leyes de beneficio social?, dijo Conchita Mazariegos, una de las legisladoras electas.

Su primer acuerdo será pactado con el bloque de Gana y el Partido de Avanzada Nacional (PAN), para definir la integración de la Junta Directiva para el período 2004.

Para hoy a las 9 horas, la UNE tiene programada una reunión con representantes de la Gana y PAN, para buscar acuerdos.

De momento, este partido sólo tiene algo seguro, la Presidencia del Legislativo.

El diputado Rafael Barrios expresó que se espera que a las 11 horas todo el bloque de UNE conozca la propuesta de Gana, y a mediodía se haya tomado una decisión.

Señaló que Gana ofreció ceder la Presidencia a UNE durante 2004 y, ?por supuesto, aceptarán?.

Quizás no sólo sea la Presidencia; fuentes cercanas a la negociación comentaron que UNE también podría quedarse con una Vicepresidencia y, por lo menos, una secretaría.

Aunque todos los miembros de la UNE se niegan a confirmar nombres, se menciona el de Rafael Barrios y Eduardo Meyer, como posibles candidatos a ocupar la silla presidencial del Congreso.

De llegar Gana, UNE y PAN a un acuerdo, se esperaría que por la tarde ya se tengan definidos los nombres de los próximos directivos del Congreso.

Sin alianzas

Mazariegos reiteró que UNE no hará alianzas con la Gana ni con otro partido en el Congreso.

Señaló que sólo harán ?pactos?, para apoyar los proyectos que les parezcan buenos para el país. Afirmó que no tienen ?prejuicios contra ninguna bancada?, por lo cual en el futuro podrían trabajar con el FRG.

?Vamos a adoptar una posición propositiva, de apoyo a todos los proyectos de ley que sean de beneficio social para la ciudadanía en general, y haremos una oposición constructiva en contra de aquellos proyectos en los que veamos alguna anomalía?, agregó la diputada electa.

Por gobernabilidad

Otto Pérez Molina, diputado electo por la Gana, manifestó que esta negociación se lleva a cabo para buscar la gobernabilidad.

En ese sentido, señaló que ceder la Presidencia del Congreso a la UNE es algo que se habló y que estarían dispuestos a aceptar.

Roxana Baldetti, también diputada electa por la alianza Gana, y quien participa en las negociaciones, comentó que, hasta ahora, las pláticas se han llevado en buenos términos, y esperaría que hoy quede definido ese tema, para dedicarse la semana próxima a repartir espacios físicos y curules.

Expresó que solamente están a la espera de que UNE tome una decisión, para sentarse a la mesa y continuar con el diálogo.

Negociaciones por cuotas de poder en el Congreso

Diputados de Gana y UNE reconocen que dialogan para integrar la Junta Directiva.

Queremos un buen Congreso: ?Se está negociando, porque se busca un buen manejo del Congreso. Ceder la presidencia es algo de lo que se habló?, dijo Otto Pérez Molina, líder de Gana.

UNE quiere pluralidad: ?Se están buscando acuerdos para integrar una directiva con varios partidos, pero falta esperar los resultados de las pláticas?, indicó Eduardo Meyer, de la UNE.

?No tenemos prejuicios?: ?Hay pláticas, porque estamos dispuestos a hacer pactos de gobernabilidad. No tenemos prejuicio contra ninguna bancada?, expresó Conchita Mazariegos, de UNE.

?Esperamos su decisión?: ?Estamos llevando esta negociación para promover la gobernabilidad en Guatemala. Todos debemos pensar en beneficios para el país, antes que en intereses particulares. Sólo esperamos que ellos -UNE- tomen una decisión?, opinó Roxana Baldetti, de la Gana.

Posibles acuerdos

La alianza Gana, el PAN y la UNE podrían consensuar un documento que discuten respecto de los siguientes puntos:

? Conceder la Presidencia del Congreso durante 2004 a un diputado de la UNE.

? Pasar la estafeta de la Presidencia del Legislativo en 2005 a un diputado de Gana.

? Otros puntos son reformar la ley orgánica del Congreso, para ampliar la Junta Directiva y el número de comisiones.

? Establecer una agenda legislativa que responda a los intereses del país.

? UNE ofrece que hará una oposición constructiva dentro del Congreso.

? Luego de dialogar sobre los puestos en la Directiva, el siguiente punto será la reestructuración del presupuesto del 2004.

El empresario, quien se enfrentó ayer en segunda vuelta a Alvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), consolidó su victoria gracias al voto del departamento de Guatemala.

De acuerdo con datos preliminares proporcionados hoy a las 0:30 horas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras contar el 94.20 por ciento de mesas, Berger obtuvo un millón 177 mil 797 votos, el 54.18 por ciento del total de sufragios.

Por su parte, su rival Colom, obtuvo 996 mil 748 votos, el 45.84 por ciento del total de participación. Berger se ubicó 8.34 por ciento por encima de Colom.

Esta madrugada, todo apuntaba a que cada candidato, por primera vez en la historia, obtendría más de un millón de sufragios.

Capital apuntala a Gana

De la misma manera que en la primera vuelta, el voto capitalino y del departamento de Guatemala concedió fuerza suficiente a Berger para alcanzar la victoria final.

Según las cifras finales del departamento de Guatemala, Berger obtuvo el 64.4 por ciento (447mil 401 votos) contra el 36.60 por ciento (247 mil 311 votos) de Colom.

Además de Guatemala, la Gana se impuso en Baja Verapaz, Alta Verapaz, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, El Progreso, Sololá y Quetzaltenango, los últimos tres con resultados parciales muy cerrados.

A nivel nacional, Colom se ubicó como victorioso en 12 de los 22 departamentos, dos de ellos donde el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) ganó en la primera vuelta electoral: Quiché y Huehuetenango.

Pese a obtener la mayoría de departamentos, Colom no pudo alcanzar a Berger en los resultados finales, debido a que la diferencia de votos de varios lugares donde triunfó fue demasiado cerrada.

Satisfacción del TSE

Oscar Bolaños, presidente del TSE, expresó anoche en sus intervenciones que las autoridades electorales están ?profundamente satisfechas?, por la labor cumplida, y destacó el esfuerzo que se hizo para solventar los problemas que se dieron en la primera vuelta y desaparecieron ayer.

Si bien la participación ciudadana descendió respecto de la primera vuelta, los dos candidatos presidenciales, Berger y Colom, destacaron la importancia de haber alcanzado una votación cercana al 45 por ciento.

El presidente del TSE manifestó que esta es una tendencia que se marca en todos los procesos electorales de segunda vuelta.

El magistrado se mostró optimista por el desarrollo del proceso, que calificó de ?exitoso?.

Noche de resultados

Mientras en los medios de TV y radio empezaban a conocerse los primeros resultados, conteos rápidos y encuestas a boca de urna, dos ambientes diferentes se vivían en las sedes de los partidos contendientes.

En la sede del Gana se vitoreaba al virtual ganador, mientras Colom se apartaba de la Prensa y se negaba a aceptar la derrota, confirmada por el TSE en sus conferencias anoche.

El telenoticiero Guatevisión fue el primero que proclamó virtual ganador a Berger, mientras que las radioemisoras y otros canales de televisión lo hicieron después, con información recabada de diversas fuentes. Antes de las 22 horas se sabía que Gana había vencido a UNE.

De acuerdo con lo que se pudo captar de representantes del TSE y observadores nacionales e internacionales, había plena satisfacción porque las elecciones se llevaron a cabo sin que se registraran incidentes importantes y los resultados se conocieron con celeridad.

El conteo rápido que hizo la misión de la OEA coincidió con los resultados oficiales, según el TSE.

La jornada electoral

A las 0:30 horas de hoy, el Tribunal Supremo Electoral ofreció la segunda conferencia de prensa con resultados preliminares.

– Para ese momento, se había contabilizado a nivel nacional el 94.20 por ciento del total de sufragios emitidos.

– En los municipios de Guatemala se registró una participación ciudadana del 57 por ciento, la más elevada de todo el país.

– A nivel nacional, la asistencia a las urnas se ubicó en 48.81 por ciento, 6.96 por ciento menos que durante la primera vuelta electoral.

– El 96.13 por ciento de los votos contabilizados fue considerado válido.

– El 2.64 por ciento de los sufragios emitidos se declaró nulo.

– El 1.22 por ciento de los electores prefirió dejar su papeleta en blanco.

La administración del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) hereda a sus sucesores una Nación con las arcas vacías, altos niveles de inseguridad y mucha pobreza, según el último informe del Banco Mundial.

De acuerdo con este organismo internacional, Guatemala tiene una desigualdad social tan grande, que el 56.2 por ciento de los 11.2 millones de habitantes vive en condiciones de pobreza y el 15.7 por ciento en pobreza extrema.

Reto difícil

Revertir esta situación será complicado para las nuevas autoridades, debido a que si bien encontrarán una condición macroeconómica estable, las arcas fiscales están vacías y el sistema tributario destrozado Esto debido a que la CC suspendió el cobro de varios tributos.

Para el próximo año, se calcula que la captación de impuestos se reducirá en más de Q3 mil millones.

Eduardo Weymann, ministro de Finanzas, asegura que el nuevo gobierno ?no podrá hacer nada, si no efectúa una reforma fiscal que eleve o establezca nuevos tributos?.

También habría que montar una estructura que permita combatir el contrabando. Según dijo el presidente Alfonso Portillo, este delito está restando ingresos al Estado por unos Q1,500 millones al año.

Avanzar en este sentido será complicado para las nuevas autoridades, porque deberán buscar apoyo en el Congreso, y allí las cosas no serán fáciles, debido a que el futuro partido gobernante no tendrá mayoría.

Sin presupuesto

Una de las primeras solicitudes que llevará el Ejecutivo al Congreso será la modificación del Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Nación.

El nuevo gobierno deberá adaptarse al presupuesto con el que el FRG trabajó este año -Q33 mil millones-, ya que por falta de quórum, el Legislativo no aprobó el gasto programado para el 2004.

Esta condición dificulta el panorama para que las autoridades electas puedan cumplir con los ofrecimientos de mejorar la seguridad, salud y educación.

Los acuerdos de paz

La discriminación, la falta de tierras para los campesinos, la escasez de vivienda y todos los compromisos contenidos en los acuerdos de paz también son parte de los desafíos.

Los organismos pro derechos humanos insisten en la necesidad de reducir el gasto militar.

El desafío es ver cómo el nuevo presidente le resta al Ejército parte de los Q1,500 millones que la institución castrense tiene asignados.

Nineth Montenegro, diputada por la Alianza Nueva Nación (ANN), criticó al FRG por haber priorizado el gasto militar, en detrimento de la seguridad ciudadana, pese a que durante los últimos once meses se cometieron más de dos mil 800 homicidios.

Salud y educación

La red hospitalaria nacional también está en crisis: falta personal, equipo y medicinas. Educación enfrenta problemas: los almuerzo escolares no llegaron en un 100% y los maestros piden aumento salarial, entre otras cosas.

La corrupción

Para Alvaro Velásquez, analista independiente, el nuevo gobierno deberá poner todo su esfuerzo en combatir las estructuras de corrupción que deja el FRG.

Datos de la organización Acción Ciudadana señalan que los casos de corrupción denunciados durante la administración Portillo suman unos Q2,500 millones.

Junto a la corrupción, se fortalecieron en las instituciones del Estado las influencias del narcotráfico y el crimen organizado.

Las nuevas autoridades deberán comenzar por combatir estos flagelos.

Sectores de la sociedad han pedido la destitución de algunos funcionarios, como el fiscal general, Carlos de León Argueta; el superintendente de administración tributaria, Marco Tulio Abadío, y el contralor general de Cuentas, Oscar Dubón.

Paciencia

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), en su carta económica de diciembre, llama a los guatemaltecos a tener ?paciencia?, porque los meses que vienen ?serán difíciles?.

Asegura que el nuevo Gobierno debe plantearse tres objetivos fundamentales: consolidar el equilibrio macroeconómico, construir las bases del crecimiento económico y alcanzar un desarrollo social congruente con los dos primeros objetivos.

Propone, además, la descentralización del Estado, promover la transparencia, modernizar el sistema de justicia, el desarrollo y la seguridad de los ciudadanos.

Seguridad

??? Urgen políticas efectivas para combatir la inseguridad:

La violencia y la delincuencia común se han convertido en parte de la vida de los guatemaltecos.

Las estadísticas son alarmantes, por lo que el próximo gobierno tendrá que vencer el reto de devolver la tranquilidad a los habitantes y establecer políticas claras para frenar ese flagelo.

Durante la administración del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), hubo un ministro de Gobernación cada año, pero ninguno tuvo la capacidad para dar seguridad a la población.

Las estadísticas hablan por sí solas, y los hechos delincuenciales no cesan.

Durante este año la inseguridad se incrementó en un 163 por ciento. El número de asesinatos sobrepasa los 3 mil, según datos de la Instancia de Monitoreo de Seguridad Pública.

Por si fuera poco, más de 200 mujeres han perdido la vida en forma violenta.

Asimismo, cada hora es robado un vehículo, el número de asaltos a buses es incontable, y la cantidad de muertos por esos hechos delictivos sobrepasa el centenar en el 2003.

El crimen organizado, la corrupción, el contrabando y los secuestros son ?el pan nuestro? de cada día.

Este panorama hace que el nuevo presidente y su equipo tengan por delante un compromiso con toda la sociedad, urgente de atender.

Crimen

??? Guatemala es uno de los países más violentos de Latinoamérica:

? Asaltos a buses: Según las estadísticas, el promedio es de diez al día.

? Asesinatos: más de 3 mil en lo que va del año.

? Robo de autos: uno cada hora.

? Crimen organizado: crece sin control; hay pocas detenciones.

? Pandillas: hay más de 400 en el país.

Inversión

??? Combate a pobreza y desarrollo social, algunas prioridades:

Guatemala necesita una reforma profunda para salir adelante en el combate a la pobreza y lograr el desarrollo social y económico

Nathalie Cely, consultora internacional, indicó que el gasto social promedio que el Estado destina por cada habitante se ha reducido en los últimos dos años.

Destacó que la pobreza afecta a más del 50 por ciento de los guatemaltecos, y que la pobreza extrema pasó del 15.7 al 21.5 por ciento. ?La brecha entre pobres y ricos también aumentó?, lamenta.

Todo esto se ve agravado por una inversión pública errada, por erogaciones como el pago a los ex patrulleros civiles o transferencias al Ejército, opina Orlando Blanco, de la Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS).

La mala administración del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), hizo que el gasto social fuera deficiente, lo cual dejó de beneficiar a millones de guatemaltecos que viven en pobreza y pobreza extrema.

Los fondos sociales, como el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) y el Fondo de Inversión Social (FIS), lejos de ser instituciones para llevar desarrollo, se convirtieron en botines que el gobierno de turno utilizó para sus intereses partidarios.

El reto en el gasto social…

??? Diversos sectores consideran que el gasto social debe ser más eficiente:

? Transparencia, se requiere calidad en la inversión social.

? Los fondos sociales deben ser reestructurados para eliminar la corrupción.

? Combate a la pobreza mediantes un gasto social eficiente, las nuevas autoridades deben combatir la extrema pobreza.

Economía

??? Reactivación, libre comercio y reforma fiscal:

Reactivación de una economía estancada durante los últimos cuatro años, un tratado de libre comercio con Estados Unidos que ha comenzado a mostrar su rostro negativo, y el desarrollo de una reforma fiscal que podría implicar el establecimiento de nuevos tributos, serán algunos de los retos económicos del gobierno por estrenarse.

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), en su última carta económica señala que será necesario mantener la estabilidad macroeconómica y mejorar la productividad del sector exportador.

Señala, además, que las nuevas autoridades de Finanzas deberán efectuar una reforma fiscal profunda que ponga en orden el cobro de impuestos para mejorar los ingresos del Estado.

En ese sentido, para analistas económicos, también habrá que revisar el desempeño de las autoridades al frente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), cuyas metas de recaudación no se lograron en el último año.

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos también será tema importante en la agenda económica. De momento, el sector agrícola ha comenzado a quejarse por lo desventajoso que ha quedado en el tratado que se firmará el año próximo .

Panorama complejo

??? La situación económica y financiera es compleja. Entre los retos figuran:

? Reducir el déficit fiscal.

? Mantener la estabilidad macroeconómica.

? Promover el crecimiento económico y generar empleo.

? Propiciar el comercio exterior.

? Crear un clima adecuado para negocios y comercio exterior.

En este lugar, todo está preparado para recibir datos de los sufragios que se emitan en los mil 331 centros de votación ubicados en los 331 municipios del país, para la elección del próximo presidente de Guatemala.

?Nuestro objetivo es optimizar la atención a los votantes?, dijo Olga de Biguria, integrante de la Junta Electoral Departamental del Distrito Central, refiriéndose a algunas medidas adoptadas para evitar los contratiempos ocurridos en la primera vuelta electoral, el pasado 9 de noviembre.

Según explicó, para la segunda vuelta de hoy se distribuyó el equipo necesario para que en cada lugar de votación se agilice la atención a los electores.

También se buscará procesar de forma más ágil los votos, para contrarrestar las molestias provocadas por los atrasos en la primera vuelta.

Equipo instalado

Se instalaron unas 32 computadoras que se utilizarán para recibir la información de las mesas de votación del distrito central, y poco más de 40 máquinas para que el TSE procese los datos hasta obtener el cómputo final.

Las autoridades electorales esperan tener resultados parciales a eso de las 22 horas, y cifras con una tendencia definitiva a la medianoche.

Se colocaron varias pantallas gigantes para transmitir los datos, tanto dentro del centro de cómputo donde el acceso es restringido, como en el salón destinado para los medios de comunicación.

El personal asignado en el centro de cómputo del TSE corría ayer de un lado a otro tratando de colocar todo en su lugar y asegurándose de que su equipo funcione hoy con toda normalidad.

Dispositivo de seguridad

Alrededor de este lugar se instaló un fuerte dispositivo de seguridad, para garantizar la transparencia y el orden de este proceso electoral.

Cinco millones de guatemaltecos están habilitados para elegir hoy, al próximo presidente del país, entre los candidatos de la Gran Alianza Nacional (Gana), Oscar Berger, y el de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Alvaro Colom.

Para procesar datos

El centro de computo del TSE fue montado entre el viernes y sábado en el Grand Tikal Futura Hotel; ayer aún se satisfacían los últimos detalles.

? Unas cuarenta computadoras están instaladas en este lugar.

? Cuarenta ordenadores procesarán la información de todo el país.

? Hay mil 331 centros de votación ubicados en los 331 municipios.

? 5.5 millones de guatemaltecos están empadronados y aptos para emitir su voto.

De esta forma respondió el funcionario a las críticas de diversos sectores que rechazaron el ?paquetazo? del presidente Alfonso Portillo, quien la semana pasada autorizó elevar los impuestos de importación de materias primas y bienes finales, mediante el acuerdo 898-2002.

Según Barrera, se ?exagera un poco? la situación. Advirtió que el Ministerio de Economía tomará acciones para evitar la especulación y alzas en los productos.

Para el vocero presidencial, no se crean nuevos impuestos sino que se reemplazan los que ya existían, los cuales fueron suspendidos debido a acciones ante la Corte de Constitucionalidad, CC.

?El Estado trata de agenciarse de recursos para realizar obras; esta medida no va a producir consecuencias alarmantes? insistió.

Rechazo general

Las cámaras de Comercio e Industria y representantes de otros sectores reaccionaron negativamente ante el anuncio del incremento en los aranceles de importación.

Los empresarios prevén desempleo, carestía, pérdida de la competitividad y efectos devastadores en la economía nacional.

La postura asumida por el sector privado ante la necesidad gubernamental de incrementar la carga tributaria fue calificada por Barrera de ?irresponsable e impopular?.

Asimismo, recordó que hay algunas empresas de distribución de combustibles que gozan de preferencias y exoneraciones, por lo que podrían absorber temporalmente el nuevo impuesto.

Es temporal

Por aparte, el ministro de Finanzas, Eduardo Weymann, rechazó la posibilidad de alzas desmedidas, como lo ha anunciado el sector privado, y argumentó que la decisión de imponer nuevos aranceles ?es temporal?.

Explicó que la medida se adoptó luego de que la CC dejara sin efecto el impuesto a la distribución de combustibles, objetando que había tributación múltiple.

Esta decisión dejó al Gobierno sin Q1,804.8 millones, presupuestados para 2003. ?Ningún gobierno se quedaría de brazos cruzados al perder estos recursos?, dijo Weymann.

Añadió que en un plazo no mayor de 30 días esperan contar con una ley que aplique el impuesto suspendido por la CC, por lo que enviarán una iniciativa al Congreso para su aprobación.

?Será entonces cuando la medida tomada ahora quede sin efecto?, dijo el funcionario.

El fisco espera recaudar poco más de Q150 millones mensuales con este aumento arancelario.

Postura: ?Son medidas demagógicas?

El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz, asegura que los precios tope que el Gobierno pretende aplicar para impedir la carestía, son ?demagógicos, engañosos e inútiles?. Los efectos del aumento de los aranceles serán, según Briz,?el encarecimiento de los productos básicos, escasez y pérdida de empleos?. Briz apunta como único responsable de los efectos económicos negativos al Gobierno, ?por querer engañar a la población, afectando a la economía familiar y demostrar una vez más que son unos corruptos?.

El presidente de la Cámara afirma que poner un tope a los precios no funcionará, ya que ?nadie vende sus productos cuando no consigue ganancias, así que lo que ocurrirá es que las empresas cerrarán.

Además, aquí todos pierden, consumidor y empresario…, sólo gana el Gobierno?.

Desempleo, carestía de los productos de consumo básico, disminución de la competitividad del país y más pobreza y miseria darán la bienvenida al año que comienza, según Felipe Bosch y Jorge Briz, presidentes de las cámaras de Industria y Comercio, respectivamente, al rechazar ayer el alza a los aranceles.

Los empresarios se unieron al rechazo manifestado por otros sectores, por la entrada en vigencia del Acuerdo Gubernativo 898-2002, emitido de emergencia por el Ejecutivo, para aumentar los aranceles de importación de 11 productos específicos y sus derivados, hecho que tomó por sorpresa a todos.

Las cámaras pidieron al Gobierno derogar este acuerdo porque consideran que atenta contra los derechos y el bienestar de los guatemaltecos, y contraviene principios y convenios internacionales ratificados por el país.

Alza inminente

Según Bosch, esta medida provocará aumento en el precio de la leche, el pan, tortillas, azúcar, huevos, agua pura, jugos, combustibles, y otra larga lista de productos de consumo básico.

?Es como un regalo, una broma de mal gusto en el día de los Inocentes?, dijo Bosch, al referirse al ?paquetazo? publicado el viernes en el Diario Oficial.

Briz consideró que la decisión de crear estos impuestos afectará a toda la población, especialmente a las clases más necesitadas, aunque el Gobierno diga lo contrario.

La decisión presidencial de elevar los impuestos de importación que paga la industria en algunas de sus materias primas, en especial aquellas que sirven para empacar toda la producción, afecta también los combustibles, el gas propano y las bebidas en general, entre otros productos.

?Ya no hay poder adquisitivo en la población , estos impuestos van dirigidos a todos los guatemaltecos, a todos los consumidores, con una afectación mayor a las clases más necesitadas del país?, insistió Briz.

Recordó que recientemente el Gobierno dispuso aumentar los salarios mínimos de ?forma arbitraria?, pero ahora esa alza decretada ?no alcanzará para cubrir los costos de la decisión de imponer nuevos aranceles?.

Las cámaras insistieron en señalar que luego de la decisión oficial los consumidores tendrán que enfrentar alzas considerables en los precios del transporte público y privado, así como en cientos de productos de consumo básico.

Medida emergente

La acción de elevar los impuestos a bienes fue la solución que el presidente Portillo y su Gabinete hallaron para corregir los efectos negativos generados por la decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender el cobro del Impuesto a la Distribución de Combustibles, porque consideró que propiciaba doble tributación.

Este fallo significaría una reducción de Q1,804.8 millones, en la recaudación tributaria del próximo año.

El Acuerdo 898-2002 tendrá una vigencia inicial de 30 días prorrogables hasta que se encuentre una solución definitiva para cubrir los recursos que han sido presupuestados para 2003, y que habían quedado en el limbo por la decisión de la CC.

Más desempleo

Los industriales y los comerciantes también anunciaron más desempleo para 2003.

Aunque no precisaron cifras exactas, consideran que el encarecimiento de materias primas restará competitividad a las empresas y alejará posibles nuevas inversiones, dejando sin oportunidad de emplearse a muchos guatemaltecos.

?Por medio de este acuerdo, el presidente nos está dando el tiro de gracia a los industriales y comerciantes, pero sobre todo a los trabajadores de Guatemala, a los empleados; ya no habrá más empleo y definitivamente vamos a estar con una economía más pobre el próximo año?, señaló Bosch.

El industrial consideró que lo más grave de todo es el encarecimiento de la vida y el aumento de la pobreza.

Otros sectores

La Unidad de Acción Sindical y Popular, el Grupo de Apoyo Mutuo, la Central General de Trabajadores de Guatemala, CGTG, y diputados de oposición coincidieron en que la imposición de este ?paquetazo? en plenas fiestas de fin de año busca evitar reacciones de repudio social.

Asimismo, señalaron que la economía guatemalteca se verá seriamente golpeada, y el bolsillo de los consumidores terminará por ser el más afectado.

?Paquetazo? de fin de año

Ayer, día de los Santos Inocentes, entró en vigencia el Acuerdo Gubernativo 898-2002, que establece nuevos aranceles, entre ellos:

? 40 por ciento a la gasolina de aviación, super, regular y bunker ?C?, utilizada por la industria.

? 23 por ciento al diesel.

? 10 por ciento al gas propano.

? 10 por ciento a la importación de bebidas.

? 15 y 20 por ciento a los productos de plástico, nylon, hierro y acero.

? Entre 5 y 25 por ciento al trigo duro, maíz amarillo, arroz partido y harina.

Reacciones

Luis Lara, de la UASP: ?Un aumento a los aranceles se traslada al consumidor final, que es la mayoría más necesitada?.

?Creemos que se debe profundizar en estas medidas, porque estamos pasando por una crisis económica a todo nivel, no sólo en el sector empresarial, sino en el Gobierno y en el trabajador. La crisis es generalizada, por eso se le debe dar tratamiento en forma integral, para dar respuesta a todos los sectores del país?.

Mario Polanco, dirigente del GAM: ?Contrario a impulsar el desarrollo del país, lo que generará es más pobreza?.

?Lo que puede generar acciones como aumentar a los aranceles más los US$700 millones de deuda por eurobonos es mayor empobrecimiento a las capas medias. Se aprovechan estas fechas para anunciar estas medidas y que no surjan acciones jurídicas ni protestas, pero nosotros vamos impulsar recursos legales en enero?.

Rigoberto Dueñas, dirigente de la CGTG: ?Va a generar mayores niveles de inflación, lo cual afectará a la población más vulnerable?.

?Tememos que esto va a ser aprovechado por el sector comercial e industrial para no aumentar sólo el porcentaje, sino que harán su agosto y eso causará mayores niveles de inflación. Aumentar los aranceles es una política desacertada porque el consumidor final será quien absorba ese costo?.

Pablo Ceto, diputado de la Alianza Nueva Nación.: ?Dará lugar no sólo al aumento de precios, sino a crear un ambiente especulativo?.

?Definitivamente, será un año difícil para los guatemaltecos, porque unido al aumento de los aranceles está la caída de precios de varios productos en el mercado externo. El Gobierno no ayuda a mejorar las condiciones económicas del país, sino, al contrario, genera más pobreza y pobreza extrema?.

Va de nuevo: Insistirán en medidas legales

Teniendo como antecedentes varias resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, CC, respecto de la ilegalidad en que incurre el Ejecutivo al aumentar los aranceles, el sector privado asegura que volverá a librar esta batalla y accionará contra el Acuerdo 898-2002.

La CC anuló recientemente un impuesto a la importación de maíz amarillo, así como una medida similar aplicada a la importación de combustibles.

Ahora, las cámaras empresariales aseguran que comenzarán a analizar legalmente la medida y acudirán de nuevo a las instancias legales para que se deje sin efecto la decisión presidencial.

Sin embargo, para los empresarios todo quedó en nuevas promesas incumplidas.

En febrero del año pasado surgió la noticia de que el presidente Portillo estaba trabajando en un acuerdo mediante el cual se impondrá un arancel único del 5 por ciento a todas las importaciones del país, con la finalidad de evitar el contrabando y liberar la economía.

Esto provocó controversia a lo interno y externo del país, debido a que en la vía de la liberalización comercial Centroamérica se encamina al establecimiento de aranceles únicos para todos los productos.

Poco tiempo después, en una cumbre con los mandatarios del Istmo, Portillo aseguró que no modificaría los aranceles de importación de forma unilateral.

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, dijo que la acción asumida por el presidente es negativa a los esfuerzos de integración del Istmo y unificación de posiciones para negociar conjuntamente un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Europa.

En el Congreso

Asimismo, la tercera semana de diciembre un grupo de empresarios representantes del sector avícola y otras áreas que utilizan maíz amarillo como materia prima se reunieron con Arístides Crespo, jefe de bancada del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, para pedir que no se elevara el arancel de importación o se creara un nuevo impuesto a este producto.

Los empresarios argumentaban que la producción local es mínima, y aunque la compren toda, obligadamente tienen que importar este producto para sus industrias, que, en su mayoría, trabajan con productos de consumo básico como huevos y cereales.

Crespo ofreció que el Congreso dejaría el tema detenido hasta en 2003, cuando se tomaría una decisión.

Sin embargo, el Ejecutivo le salió al paso y ayer entró en vigencia un nuevo arancel para este producto.

Para dirigentes del sector avícola, ésta también es una promesa incumplida ya que en el Congreso se había buscado un diálogo y un entendimiento.

Prensa Libre trató ayer de entrevistar a Byron Barrera, vocero presidencial, o a Luis Mijangos, Secretario General de la Presidencia, para que explicaran los argumentos de la decisión presidencial, pero ninguno atendió en su teléfono celular.

Antecedentes

En abril de este año, el presidente Portillo vetó la Ley de Bebidas:

? Entre sus argumentos dijo que no se debían gravar estos productos, a las puertas de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

? Asimismo, dijo que los nuevos convenios internacionales tienden a suprimir aranceles y facilitar la producción.

El año comenzó con la urgencia de aprobar el paquete de leyes financieras, requisito sin el cual el país no firmaría un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, que ofrece un millonario financiamiento al Gobierno.

Los votos de la aplanadora del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, no eran suficientes para concretar esta legislación, por lo que la bancada oficial tuvo que acudir a la oposición para conseguir el apoyo que hacía falta.

Las leyes del Banco de Guatemala, Monetaria, de Supervisión Financiera y la de Bancos, enfrentaron y dividieron, hasta que finalmente fueron aprobadas por mayoría calificada: 75 votos de los 113 miembros del Congreso.

A unos, sí; a otros, no

En mayo le fue negada una ampliación presupuestaria a la Corte Suprema de Justicia; no obstante, los diputados oficialistas justificaron el traslado de fondos al Estado Mayor Presidencial y al Ejército.

En el segundo semestre, el Legislativo aprobó endeudamientos con organismos financieros internacionales por más de Q3 mil millones, la mayoría criticados por la oposición, debido a que el destino de los fondos no quedó claro.

Entre los préstamos aprobados destacan el de US$200 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para la reforma del sistema financiero; US$8 millones con el Gobierno chino para la construcción del Instituto Tecnológico del Sur, y US$40 millones más del BID para la interconexión eléctrica centroamericana.

Asimismo, US$22 millones con el BID para la reforma educativa, y US$62.2 millones que serían destinados a un programa de universalización de la educación básica.

Las ampliaciones

El pleno también aprobó 11 ampliaciones al Presupuesto de este año, elevando la cifra de Q23 mil millones a poco más de Q25 mil millones.

Se reformó el artículo 13 de la Ley General de Telecomunicaciones, para permitir al Ejecutivo gastar Q244.9 millones, pertenecientes a los ahorros de la Superintendencia de este ramo.

También fue objeto de cambios la Ley de Presupuesto 2002, con lo cual se eliminó el candado que prohibía la utilización de los ahorros del pago de la deuda pública.

El Presupuesto y los bonos

Imponiendo su mayoría, y tras cambiar por completo el proyecto original presentado por el Ejecutivo, el FRG aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el año electoral 2003, por un monto de Q29,688.6 millones.

Finanzas había solicitado Q27,229.6 millones, pero el bloque oficial consideró que necesitaba gastar un poco más.

Asimismo, se hizo una redistribución de las asignaciones. Se le restó recursos a los ministerios de Educación y Defensa, y al Estado Mayor Presidencial y las secretarías del Ejecutivo.

Los beneficiados con aumentos fueron Gobernación, Salud, Agricultura y las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, que fue el rubro que más se elevó.

Con la aprobación del Presupuesto surgió el escándalo de la colocación de los llamados Bonos Paz.

En octubre, el pleno aprobó el endeudamiento mediante la emisión de US$700 millones, de los cuales más de la mitad serviría para blindar la economía.

Finalmente, eso no sucedió. Este año se utilizarán US$50 millones de esos bonos, y el resto, US$650 millones, se gastarán el próximo año en programas que todavía nadie especifica con detalles. Para cerrar, en noviembre se aprobaron reformas al Código de Comercio, para establecer techos a los intereses que cobran las empresas emisoras de tarjetas de crédito, algunos préstamos y la ley que exonera de impuestos a las fusiones bancarias.

Todo lo anterior refleja que por los apremios económicos del Gobierno, la Comisión de Finanzas, a cargo del eferregista Mario Rivera, fue uno de los apéndices del Legislativo con más trabajo durante 2002.

Aprobaron varias ampliaciones

El Congreso autorizó 11 ampliaciones al presupuesto, entre las que destacan:

? Q244.9 millones provenientes de los ahorros de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

? Q189.9 millones de un préstamo con el BIRF, para educación básica.

? Q260 millones para completar el fondo del fideicomiso para la caficultura.

? Q151.5 millones para gastos de funcionamiento en el Ministerio de Educación.

? Q400 millones provenientes de la colocación de Bonos Paz, para pagar las deudas acumuladas en el Ministerio de Comunicaciones.

? Q48.1 millones provenientes de un préstamo con el BIRF, para desarrollar la fase III del Sistema Integrado de Administración Financiera.

? Q2.4 millones para financiamiento del Programa Trinacional de la Cuenca Alta del río Lempa.

Opinión: ?Leyes financieras, el único logro?

Para el analista Sigfrido Lee, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, este año el único logro del Legislativo podría resumirse en el consenso logrado para aprobar el paquete de leyes financieras.

No obstante, Lee manifestó que al Legislativo todavía le hace falta mucho trabajo en temas financieros y económicos.

El CIEN, en su análisis de cierre de año, señaló que la parte de los egresos del Presupuesto 2003 fue aprobada sin que muchos de los gastos quedaran claros.

Asimismo, insistió en la falta de transparencia que ha prevalecido en el destino que se dará a US$650 millones provenientes de los Bonos Paz, ya que lo poco claro hasta ahora son los US$50 millones para el Ministerio de Comunicaciones.

Evaluación 2002

4 Fueron las leyes financieras aprobadas este año por el Congreso, como parte de la estrategia de modernización del sistema bancario.

29 Mil millones de quetzales fueron aprobados para el presupuesto de 2003. Más del 70 por ciento será destinado a funcionamiento.

Las ventas de juguetes, ropa, y demás objetos para las fiestas de fin de año han comenzado a pasar a segundo plano, ya que desde ayer varias librerías, en especial de la zona 1, incrementaron sus ventas.

La preocupación ha comenzado a centrarse en cuadernos, libros, marcadores y uniformes.

Ayer, algunas librerías del centro y de las zonas 9 y 10 comenzaron a surtir largas listas: Cuadernos con líneas, de cuadrícula mediana, cientos de hojas, papeles de color, cartulinas, lápices, lapiceros y crayones son algunos de los artículos más solicitados.

Julieta Escobar esperaba en una de las librerías Progreso de la zona 1 a que una de las vendedoras atendiera las dos listas que llevaba.

?Siempre piden tanto, y algunas veces ni lo utilizan?, se quejaba, mientras verificaba precios.

Al terminar de comprar los artículos que usarán sus hijos en la escuela, se mostró asombrada al observar su factura, ya que gastó poco más de Q500 y todavía le hacen falta cuatro libros de matemática e idioma español.

Vendedoras de otros locales aseguraron que si bien la afluencia de personas ayer era abundante, seguramente será hasta la semana próxima cuando comiencen a atender a miles de padres de familia.

?Todos los años es lo mismo: muchos padres dejan para última hora la compra de útiles?, dijo Sonia García, una vendedora.

Respecto de precios, señaló que las alzas registradas en algunos productos no son significativas.

?Aunque hay libros de texto que sí están más caros que el año pasado?, señaló.

García indicó que durante noviembre atendieron pedidos, porque ?hay gente que compra sus listas con anticipación?.

No obstante, ahora se preparan para atender requerimientos que les llegarán luego de las fiestas de fin de año.

Los militares gastaron durante el año a un ritmo de Q103 millones mensuales y, por cada quetzal destinado a Defensa, 91 centavos fueron utilizados para pagar salarios, especialmente los de la alta jerarquía.

Las transferencias

La congresista Nineth Montenegro contabilizó tres transferencias presupuestarias. La primera, efectuada en julio, por Q20 millones para que la institución castrense se encargara de la contratación de las empresas que distribuyeron los fertilizantes.

Las dos transferencias restantes por Q58 millones y Q160 millones, se efectuaron en octubre elevando el gasto castrense al 0.69 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, superando el parámetro establecido en los acuerdos de paz, que era de 0.66 por ciento.

La Misión de Naciones Unidas para Guatemala, Minugua, hizo un llamado al Gobierno para detener el gasto militar, considerando que restaba oportunidades a inversión en educación, salud y seguridad.

Lo más grave para los sectores proderechos humanos es que el gasto militar no ha podido ser fiscalizado a cabalidad.

Información secreta

El titular de la Defensa, Macloni Morán, fue interpelado en el Congreso para tratar de establecer el destino del dinero que se les asigna, pero bajo el argumento del secreto militar, se negó a proporcionar detalles de su uso.

Inclusive, al cierre de año, ninguna autoridad supo explicar cómo sobrevivió el Ejército, debido a que a fines de noviembre, ya había acabado con el dinero que se le presupuestó.

Transferencias

Defensa recibió transferencias presupuestarias hasta topar su asignación permitida en los acuerdos de paz:

? Q20 millones en junio, para encargarse de contratar a las empresas que distribuyeron fertilizante.

? Q58 millones en octubre, para pago de salarios.

? Q160 millones en octubre, para salarios y otros gastos.

La llamaremos Martita para identificarla, un nombre imaginario porque nadie sabe quién es, ya que tiene prohibido hablar con extraños, especialmente si son periodistas con cámaras.

No puede desobedecer, dos adultos sentados al otro lado de la calle la observan todo el tiempo, mientras degustan galletas y comentan los vaivenes del negocio: la explotación de niños.

Martita pierde su diminuto cuerpo entre la masa vehicular que calienta el asfalto en el semáforo que divide la avenida de las Américas y la 20 calle de la zona 10.

Tres limones magullados para hacer malabares y un canastito amarillo para pedir unos centavos, son las herramientas de su trabajo. Después de su veloz acto, recauda lo que puede hasta que la luz verde la obliga a correr de nuevo a la acera.

Transcurrido un tiempo, Martita camina hacia quienes la vigilan, entrega lo que ha reunido y regresa a trabajar. La rutina se repite una y otra vez durante todo el día.

Una veintena de niños

Pero no sólo es Martita, son al menos 20 niños que piden limosna en ese sector, obligados por un grupo de adultos que permanecen a la expectativa.

Una vendedora del lugar, quien pidió omitir su nombre, comenta que ha visto cómo los maltratan.

?No sé si sean sus padres, pero se mantienen allí sentados mientras los niños piden limosna?, agregó.

En ese momento, de un vehículo baja una modelo vestida con la tradicional falda roja y gorro de Santa Claus a regalar bolsitas con dulces.

Martita toma una y corre a entregarla a sus explotadores.

Segundos después, se intenta hablar con la niña, pero no dice nada, se muestra nerviosa, y desde lejos los adultos le indican con señas que se aparte.

De repente, los custodios de Martita notaron que habían sido fotografiados, y de inmediato llamaron a otros adultos, en franca muestra de intimidación.

Se puede castigar

Nineth Montenegro, diputada de la Alianza Nueva Nación, expresó que la legislación guatemalteca pena con cárcel el delito de explotación infantil.

?A esos niños se les explota, usan su mano de obra para hacer de ellos un negocio?, señaló la congresista.

Hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación, para que en coordinación con el Ministerio Público actúen para proteger a estos niños y se castigue a los adultos que los explotan.

Sin embargo, hoy es Nochebuena y Martita continúa su rutina de explotada aunque su mejor sonrisa para pedir unas monedas.

Señalamiento

La Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez, Ciprodeni, ha denunciado lo siguiente:

? Más de 800 mil niños trabajan en distintas actividades.

? Los emplean en labores del hogar, actividades formales e informales.

? Son mal remunerados y, a veces, maltratados.

Carlos Wholers, presidente de la Junta Directiva, acompañado de otros funcionarios del Seguro Social, se reunió ayer con diputados unionistas, a quienes explicó sobre la inversión del IGSS en proyectos habitacionales.

Según documentos en poder de Prensa Libre, el capital será invertido mediante un fideicomiso denominado ?Bosques de la paz?, constituido en el Banco de Desarrollo Rural, Banrural, que favorecerá a la organización no gubernamental Asociación para el Desarrollo Integral, Asodegua, vinculada al Fiscal General, Carlos de León.

De acuerdo con varios abogados, el riesgo de perder los recursos se debe a que el fideicomiso no permite un control adecuado, porque el IGSS delega casi toda la responsabilidad de su ejecución en Asodegua.

No obstante, Wholers señaló que solamente colocaron la inversión en Banrural, y que no tendrán nada que ver con las empresas que se contraten para la ejecución de este proyecto.

Pese a reconocer que no tendrán injerencia, insistió en que la inversión está garantizada.

Más bonos

Por aparte, el presidente del IGSS no descartó que la institución pueda continuar invirtiendo en los Bonos Paz.

El funcionario indicó que si las condiciones del mercado lo permiten, podrían hacer nuevas inversiones.

Hasta el momento, el IGSS ha comprado valores del Estado por US$7. 5 millones.

El funcionario argumenta en el documento que la reforma al Código de Comercio, establecida en el Decreto 83-2002, viola el artículo 133 de la Constitución, debido a que obliga a la Superintendencia de Bancos, SB, a supervisar las operaciones de compra y venta mediante tarjeta de crédito.

Este artículo ordena a la SB supervisar a las entidades financieras o de crédito, mas no operaciones específicas, como las efectuadas por los emisores de las tarjetas de crédito.

También señala que la ley no castiga a los usuarios morosos y que establece una sola tasa de interés, sin importar si es un buen cliente.

?Lo anterior pone en riesgo la sanidad de la cartera del sistema financiero, en especial de los bancos, que son en el país los principales emisores de tarjetas, lo cual contraviene el espíritu de las leyes financieras aprobadas este año por el Congreso?, dice la carta.

Luis Mijangos, secretario general de la Presidencia, indicó que ya recibieron la carta.

?Es analizada por el presidente?, afirmó.

La asociación de Emisores de Medios de Pago había pedido también el veto, y advirtió que de lo contrario reducirá beneficios y su cartera de clientes.

El 28 de noviembre, el Congreso, dominado por el FRG, aprobó las reformas al Código de Comercio, y fijó techos a los intereses que cobran las tarjetas.

La medida establece que los emisores sólo podrán cobrar, en moneda nacional, hasta cinco puntos porcentuales sobre la tasa de interés anual promedio ponderada de las operaciones activas que cobra el sistema bancario.

Fundamentos de los técnicos

Asesores de las autoridades monetarias presentaron los siguientes argumentos:

? Esta medida limitaría el uso de tarjetas de crédito a un reducido sector de población.

? Las tarjetas estarían destinadas sólo para la población de altos ingresos.

? Representaría un retroceso en el uso de medios electrónicos de pago.

? La legislación aprobada por el Congreso contiene varios errores técnicos.

? También enfrentará a la Superintendencia de Bancos con la Superintendencia de Administración Tributaria.

?No tenemos otro, él es el candidato desde su nacimiento?, dijo ayer Arístides Crespo, jefe de la bancada eferregista, quien opina que esta vez superarán todas las trabas ?políticas? que han impedido en el pasado la inscripción del militar como candidato.

A decir de Crespo en el pasado, el lanzamiento de Ríos Montt fracasó no por cuestiones legales -según la Constitución los golpistas no pueden candidatos a presidente-, sino por políticas, porque ?siempre ha existido mucho temor a su candidatura?.

?Le tienen pánico; sin embargo, el FRG cree que la ley le permite participar y no dudamos que él será nuestro candidato, está decidido y no hay cambio?, agregó Crespo.

Insistió en que muchos candidatos dicen estar de acuerdo con la participación de Ríos Montt, pero en verdad ?hay mucho temor?.

Según el congresista, no han pensado en otra opción debido a que ? no tienen por qué existir trabas, la ley es clara y no tiene efecto retroactivo?.

La plaza para el candidato vicepresidencial continúa vacante y, según Crespo, será definida en asamblea nacional.

No puede

Expertos en Derecho insisten en que Ríos Montt no puede participar, porque el artículo 186 de la Constitución se lo prohíbe, por haber acaudillado en marzo de 1982 el golpe de Estado contra Romeo Lucas.

Para Roberto Villeda, de Cedecon, existe suficiente jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la imposibilidad de Ríos Montt de participar.

?Su problema no es político, es jurídico?, dijo Villeda, al recordar a Crespo que también el Colegio de Abogados se ha referido a este tema.

En campaña

Pese a los argumentos jurídicos, el FRG se mantiene firme y seguro de que esta vez, nada podrá detener la candidatura de Ríos Montt y desde ya se preparan para la contienda.

La Coordinadora Metropolitana del FRG, a cargo del ministro de Salud, Mario Bolaños, ha comenzado a enviar calendarios a sus afiliados en los que promociona la candidatura de Ríos Montt.

Bajo la fotografía del general puede leerse ?Presidente 2004-2008? y bautizan el año 2003 como el ?de la reelección?.

Asimismo, busca recursos para financiar las actividades electorales la Coordinadora Metropolitana. Una de las formas de agenciarse fondos es el cobro del ?diezmo?.

Actualmente, según denuncias, se hace efectivo en trabajadores de Salud, quienes deberán hacer sus aportes, incluso, con efecto retroactivo a octubre.

Designación: Crearán grupo de abogados pro inscripción

Un grupo de abogados constitucionalistas trabajará de lleno en la inscripción del general Efraín Ríos Montt como candidato presidencial del Frente Republicano Guatemalteco, FRG.

Según fuentes del oficialismo, los abogados tendrán la responsabilidad de que Ríos Montt sea inscrito para la próxima contienda electoral.

Dentro de los juristas participaría el ex ministro de Relaciones Exteriores Gabriel Orellana, quien además de constitucionalista es miembro del Comité Ejecutivo del FRG.

Ayer, luego de haber entregado el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, Orellana no descartó la posibilidad de trabajar a favor de Ríos Montt. ?Podría ser?, respondió.

Fuentes del FRG confiaron en que él y otros abogados designados en los próximos días no escatimarán recursos ni esfuerzos para que Ríos Montt sea inscrito.

Saludo navideño promocional

La Coordinadora Metropolitana del FRG ya empezó a repartir tarjetas con el saludo navideño del general Efraín Ríos Montt.

? El máximo líder del FRG ha intentado varias veces llegar a la primera magistratura del país.

? En las elecciones de 1974 participó como candidato por la Democracia Cristiana, pero al parecer le hicieron fraude.

? Llegó al poder mediante un golpe de Estado. Gobernó entre 1982 y 1983, cuando un grupo de oficiales derrocó a Romeo Lucas García.

? La Asamblea Nacional Constituyente le cerró las puertas para participar como presidenciable.

? Pese a la prohibición, Ríos Montt intentó participar en las elecciones de 1990-1991, con la coalición del Partido Institucional Democrático, PID; el Frente de Unidad Nacional, FUN, y el Frente Republicano Guatemalteco, FRG. Su inscripción fue rechazada por el TSE, la CSJ y la CC.

? En 1995 buscó otra vez la candidatura, pero la CC impidió su participación.

?Hay suficiente jurisprudencia respecto de este caso?. Roberto Villeda, presidente del Cedecon.

?El Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han referido a la imposibilidad de Ríos Montt de optar a la Presidencia. Su problema no es político, es jurídico?, indicó.

?Si Ríos Montt pudiera participar, de seguro no ganaría?. Nineth Montenegro, diputada de la ANN.

?Creo que cada partido tiene derecho a decidir quién será su candidato, pero también habría que recordar que el pueblo madura electoralmente y busca la democracia y personas civiles. Creo que Efraín Ríos Montt es una figura publicitaria inflada a través de los años?.

?Lo veo muy bien y sería una decisión histórica?. Alfonso Portillo presidente, en entrevista el 13 de diciembre.

?La prueba de fuego será para el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, ya que con la inscripción del general se debe fortalecer la democracia. Hay que aceptar que el hombre o la mujer capaz de juntar los votos para ser presidente debe de ser respetado?.

?Que participe, porque de todos modos va a perder?. Alvaro Colom, precandidato presidencial por la UNE.

?Creo que ya con los abusos y estiramiento de la ley, no me sorprendería. Según mi entender, legalmente él (Ríos Montt) no puede, pero que vaya a ser la gran sorpresa y que tenga el caudal que supuestamente tiene, yo sí tengo mis dudas. Se le ha hecho un mito a su participación. Están estirando la ley y abusando de ella?.

Para la legisladora Nineth Montenegro, quien junto a su equipo de trabajo contabilizó mes a mes la forma en que el Gobierno gastó los recursos, ?se están invirtiendo mal los impuestos?. Ello, porque la mayoría se destina al funcionamiento del Estado, no a inversiones.

El Congreso aprobó para este año un presupuesto de Q23 mil millones, pero con diversas ampliaciones ha superado los Q25 mil millones, explicó.

De todo este dinero, Q18,277.75 millones han sido gastados en salarios y funcionamiento; Q3,646.6 millones, en abonos a la deuda pública, y Q2,014.3 millones, en obras.

Esto significa que de cada quetzal que se aporta al fisco, 76 centavos sirven para pagar salarios, 16 para cancelar deuda y sólo 8 para inversión productiva.

?Eso no es rentable para la población, que aporta sus impuestos para verlos reflejados en salud, educación vivienda e infraestructura?, señaló.

Montenegro consideró que se violenta la decisión del Congreso que aprueba el presupuesto, porque se efectúan numerosas transferencias y modificaciones a la forma del gasto.

En lo que va del año se registraron transferencias y modificaciones por Q939.98 millones.

Los privilegiados

El informe redactado por la ANN señala que el gasto se mantuvo enfocado en la Presidencia, el Estado Mayor Presidencial y el Ministerio de la Defensa.

Según Montenegro, estas instituciones, que son casi imposibles de fiscalizar, ejecutan cantidades millonarias de forma dudosa.

Así, el despacho Presidencial, que hasta la fecha ha utilizado Q37.18 millones, ha gastado Q11 millones de este monto bajo un rubro al que han llamado ?gastos no previstos?.

Asimismo, el EMP ha representado para los contribuyentes un gasto de Q128.54 millones, mientras que para pagar los salarios de 20 funcionarios del despacho superior del Ministerio de la Defensa, ha requerido de Q113 millones.

En general, todo el gobierno ejecutó hasta octubre el 83.67 por ciento de su presupuesto. Algunos ministerios con ejecuciones bajas, como Agricultura, apenas ha gastado el 60.7 por ciento de sus recursos, pese a haber recibido transferencias por Q173 millones.

Los privilegiados

El informe de la ANN sobre la ejecución presupuestaria de 2002 señala que el privilegio de gasto lo han mantenido la Presidencia, el EMP y el Ejército:

? El Despacho Presidencial ha costado, a la fecha, Q37.18 millones.

? La Presidencia ha utilizado Q3 millones en viáticos al exterior y Q1.3 millones en viáticos al interior.

? El EMP, a cargo de la seguridad presidencial, ha gastado a la fecha Q128.54 millones.

? Sólo en alimentos para personal del EMP se han invertido Q25.8 millones.

? En el Ministerio de la Defensa, 20 personas que integran el ?Despacho Superior? han gastado Q167 millones.

? Sólo en alimentos, el ?Despacho Superior? de la Defensa ha gastado Q1,162 diarios.

? En salarios del ?Despacho Superior? de la Defensa ha gastado Q113 millones.

? Para pagar salarios de 30 mil integrantes de sus tropas, Defensa ha utilizado Q422 millones.

La ministra, Flora Escobar de Ramos, recibió el encargo de redactar un plan estratégico para el proyecto.

Arístides Crespo, jefe de bancada del FRG, explicó que se trata de una iniciativa encaminada a generar empleo en todo el país, especialmente en áreas afectadas por la crisis de la caficultura.

Los jornaleros, dedicados por años al corte del grano y otras actividades agrícolas relacionadas, serían contratados para trabajar en los programas de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Covial, que depende del Micivi.

?Queremos que a partir de enero de 2003, tanto para supervisión de obras como en el trabajo de Covial, exista mano de obra local y que haya ingresos para todas las personas que lo necesiten?, explicó Crespo.

Sin detalles

Sin entrar en detalles, la ministra de Comunicaciones señaló que trabajará con sus técnicos en el diseño del plan estratégico.

Covial, que se mantiene mediante el cobro de un impuesto a las gasolinas, tiene un gasto proyectado de unos Q600 millones para el próximo año.

Mediante este programa se busca generar más de 300 mil fuentes de empleo para un año. Según las autoridades del Micivi, se intentaría pagar el salario mínimo a los contratados.

El mantenimiento vial fue suspendido en noviembre y diciembre por falta de fondos.

Postura: Diputados ponen peros

El legislador unionista Alvaro Hugo Rodas manifestó que la idea de generar empleo es conveniente, pero que no se debe regresar a la ineficiencia en la conservación vial, como cuando estaba a cargo la Dirección General de Caminos.

Señaló que el Gobierno debería buscar la posibilidad de conciliar posiciones con el sector privado para propiciar una verdadera reactivación económica.

Rafael Barrios, de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que se debe tener presente que los trabajos de conservación vial necesitan de técnicos y que no se pueden dejar de lado a las empresas constructoras.

?Es tiempo de que el Ejecutivo empiece a trabajar de forma técnica y orientada a resolver los problemas urgentes del país, y no tratar de acudir a medidas electoreras, porque eso le causará daño a la población?, expresó.

Carlos Wholers, presidente de la Junta Directiva, y César Augusto Sandoval, gerente de la institución, acudieron ayer a la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE.

Frente a los diputados de la UNE, explicaron los motivos de la inversión en los bonos.

De acuerdo con Wholers, la decisión fue tomada por Sandoval, a quien la junta directiva delegó para hacer las inversiones que se consideren necesarias.

Por ello, no descartó que las mismas continúen en los Bonos Paz.

Agregó que la medida se tomó debido a que invertir en estos valores es rentable para la institución.

?Conseguimos tasas de interés que en ninguna otra parte del sistema financiero nacional hubiéramos tenido?, argumentó.

Explicó que hasta el momento la inversión es de US$7.5 millones, a plazos de tres, cinco y diez años.

Los intereses que se obtendrán se ubican entre el 6.5 y el 8 por ciento.

Angel Mario Salazar Mirón, diputado de la UNE, criticó a los directivos del Seguro Social. A su juicio, la inversión parece rentable.

Sin embargo, expresó que es riesgosa, debido a la incertidumbre legal de los bonos.

Ríos Montt dijo ayer que hubo un desfase en el desarrollo de la tercera parte del Sistema Integrado de Administración Financiera, Siaf, debido al atraso en la aprobación de un préstamo por US$29.75 millones que suscribió el Gobierno y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial).

Según Ríos Montt, esto provocó que fueran retirados varios consultores del Banco Mundial, pero aclaró que el retraso fue debido a que la solicitud de aprobación llegó un poco tarde al Legislativo.

Según el líder del FRG, lo sucedido ?no es ningún motivo de enojo o molestia, sino un desfase involuntario de las partes?.

Ayer, trascendieron las diferencias entre el Gobierno y el Banco Mundial, por el desarrollo de varios programas, entre ellos, el Siaf III y el Programa Nacional de Competitividad.

Eduardo Somensatto, representante del BM en Guatemala, manifestó su sorpresa por la decisión del Ministerio de Finanzas de retirar a un número significativo de consultores, quienes daban asesoría en el Siaf.

Eduardo Weymann, titular de la cartera del Tesoro, señaló que se tomó la decisión de retirarlos porque ya habían cumplido con su trabajo.

Los diputados de la oposición dijeron que con sus actitudes las autoridades entran en conflicto con organismos financieros internacionales, lo que podría tener consecuencias negativas en el mediano plazo.

También habla sobre el TLC

El presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt, comentó ayer otros temas, entre los que destacó el Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos y la Ley de Probidad, aprobada la semana pasada.

Respecto del primer tema, señaló que cuando el acuerdo llegue al ámbito político, donde deberá ser legitimado por el Congreso, harán el análisis correspondiente, porque un TLC tiene distintas fases y que de momento, ?no tienen nada que ver? en la parte comercial.

Sobre las críticas a la Ley de Probidad, que prohíbe la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, el congresista señaló que aprobaron esta norma amparados en la Constitución.

?El debido proceso lo exige y el estado de Derecho lo demanda. Todo es de libre conocimiento cuando hay un debido proceso?, enfatizó.

Tratan de minimizar el problema

Los ministros de Economía y Finanzas desvirtuaron la pugna entre el Gobierno y Banco Mundial:

? Patricia Ramírez, ministra de Economía, dijo que las únicas personas que ha contratado dentro del Pronacom son Mario Arriaga y Adolfo Barrera, (hermano del vocero presidencial, Byron Barrera), de quien dijo desconocer el parentesco con el portavoz. Afirmó que llenaban todos los requisitos que se piden.

? Ramírez negó que hubieran problemas con el Banco Mundial y dijo que la información que publicó Prensa Libre es incorrecta.

?La ministra afirmó que hoy se entrevistará con la misión del Banco Mundial, y que es una visita de rutina, ya que el Ministerio de Economía es su cliente.

? Eduardo Weymann, ministro de Finanzas Públicas, afirmó ayer que el retiro de los consultores del BM del Siaf fue porque ya habían cumplido con su función.

? Agregó que algunos consultores llevaban más de 4 años en el país, lo cual era más que suficiente, y que sus salarios se pagaban con los mismo préstamos otorgados por el BM, de acuerdo a estándares internacionales.

Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación, denunció que el sábado pasado, mientras la población se preparaba para la tradicional ?quema del diablo?, en Finanzas se trabajaba reacomodando los recursos que todavía están disponibles para gastar este año.

De esa cuenta, fueron trasladados Q7.48 millones a la Presidencia, de los cuales Q3.48 son para el EMP.

Montenegro dijo que fue imposible establecer de dónde se obtuvieron los recursos para el traslado, ya que ?hubo una danza millonaria de transferencias?.

La diputada presentó una tabla que registra más de 20 transferencias presupuestarias efectuadas el sábado.

Entre las instituciones a las que les rebajaron sus asignaciones destacan las carteras de Salud, Relaciones Exteriores, Trabajo, Agricultura, y Energía y Minas; además, la Procuraduría General de la Nación y el rubro de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro.

Finanzas movilizó Q50 millones en estas transferencias.

La número once

Para el EMP, esta sería la transferencia número once en lo que va del año.

La última para esta dependencia, encargada de la seguridad del presidente Alfonso Portillo y su familia, se registró el sábado 30 de noviembre. Fue por Q10.4 millones.

?Nos parece injustificado el presupuesto del EMP, que después de ser de Q58 millones, sube a más de Q141 millones, cantidad increíble que duplica su asignación?, dijo Montenegro.

Recordó que las asignaciones a esta institución resultan injustificables, al tomar en cuenta que actualmente el EMP hace la mitad de las labores que tenía antes, debido a que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad se encarga de cuidar al vicepresidente y su familia, y a otros funcionarios.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala, Minugua, hizo recientemente un llamado al Gobierno para detener estas transferencias.

No obstante, el presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt, las justificó, al señalar que se deben conocer las causas de este tipo de movimientos en el presupuesto.

?Sólo se conocen las consecuencias, no las causas; hay que estudiar las mismas. Las transferencias no son un juguete para pasar dinero de un lado a otro, porque hay causas que obligan a hacerlo?, dijo el congresista, quien no dio detalles, porque señaló que no quiere dar datos incorrectos.

Para Montenegro, lo peor de todo esto es que nadie ha explicado el destino de estos recursos.

Asimismo, resaltó como dato curioso el hecho de que el Ministerio de la Defensa figure desde hace varios días en los registros de Finanzas sin un centavo más para gastar.

El más beneficiado

Al Estado Mayor Presidencial, EMP, se le asignaron Q58.7 millones a inicios de año, para la seguridad del presidente; sin embargo, a la fecha, ya duplicó sus fondos.

Ha recibido 11 transferencias en lo que va del año, que elevan su gasto a más de Q137 millones; las últimas cuatro, registradas cada ocho días:

El 7 de diciembre recibió su transferencia once, por Q3.7 millones.

El 30 de noviembre se efectuó el décimo traslado, por Q10.4 millones.

El 23 de noviembre se dio la novena transferencia, por Q4 millones.

Días antes, se sumaron Q10 millones al presupuesto del EMP.

El eferregista Mario Rivera, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, habló ayer nuevamente de las iniciativas para gravar la importación de maíz amarillo y para eliminar la exoneración de impuestos en la importación de combustible para la industria, pero esta vez lo hizo en otro tono.

Más calmado y sin dar nada por hecho, aseguró que ?analizarán? ambas propuestas, pero que quizá sea hasta enero cuando se defina algo, ?si la Comisión Permanente decide no convocar a más reuniones plenarias para este año?.

Sobre la iniciativa que gravará en 20 por ciento la importación de maíz amarillo, Rivera indicó que evaluarán con cuidado que esa tasa no contravenga ninguno de los acuerdos suscrito por el país. ?Es una iniciativa de Leonel Soto; en cuanto llegue a la comisión le daremos dictamen favorable, pero revisaremos los acuerdos que se han aprobado?, señaló Rivera.

Este tema surgió en el Legislativo el viernes último, y algunos de los eferregistas buscaban, con el apoyo de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que se aprobara de urgencia nacional. Rivera dijo que es casi un hecho que será aprobada, debido a que buscan apoyar la producción nacional.

Mientras tanto, respecto de la iniciativa de ley para eliminar la exoneración de impuestos a la industria que importa combustible para generar su propia energía eléctrica, Rivera ya no fue tan contundente como la semana pasada. Fue más cauto y dijo que continúa en análisis.

La semana pasada, Rivera hizo pública su intención de promover la aprobación de esta iniciativa, como represalia contra el sector empresarial por bloquear la aprobación de bonos.

?Si no existe buena voluntad para que el sector financiero y productivo del país compren los bonos, quitaremos la exoneración de las empresas?, dijo en esa oportunidad Rivera.

Lo que dijo Efraín Ríos Montt

El presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt, calificó la semana pasada de político el enfrentamiento entre el sector privado y el Frente Republicano Guatemalteco.

Respecto de las declaraciones que el diputado Mario Rivera había vertido contra los empresarios, Ríos Montt expresó que es un derecho de los diputados presentar propuestas, pero ?creo que no se aprobará?, expresó.

Ayer, Rivera cambió el tono de su discurso. Ahora, dijo que sólo habrá que esperar el próximo período de sesiones para ver qué pasa.

INDE: Analizan invertir

El consejo directivo del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, habría aprobado anoche la inversión de US$7.5 millones a 10 años plazo en los Bonos Paz.

Según el ministro de Energía y Minas, Raúl Archila, durante la reunión de anoche fueron conocidos varios informes para saber si es viable la inversión.

?Un bono colocado a 10 años plazo en dólares, con una tasa de interés de 8.1 por ciento anual, es hoy por hoy una de las mejores inversiones que hay?, afirmó Archila, quien también es presidente de la junta directiva del INDE.

Previamente a cualquier inversión, la decisión del consejo debería ser sometida al voto de la administración del Fondo de Pensiones del INDE.

El eferregista Leonel Soto Arango, vocero del Congreso, anunció ayer que la Comisión Permanente del legislativo impulsará la aprobación de una ley para gravar con una tasa de 20 por ciento la importación de esta clase de maíz.

Según el congresista, la medida no tiene nada que ver con las diferencias entre las autoridades y el sector privado organizado por la emisión de bonos. ?Se ha pensado en esto para apoyar a los pequeños y micro productores de maíz amarillo?, dijo.

Agregó que la decisión se tomó luego de que la Corte de Constitucionalidad amparara al sector avícola, que planeó acciones legales contra el arancel de 15 por ciento que el Ministerio de Economía había establecido para la importación de maíz.

La medida provocó un prolongado debate que giró en torno al artículo 21 de esa normativa. El mismo establece la confidencialidad de las declaraciones juradas patrimoniales.

La nueva ley señala que ?los datos proporcionados por los funcionarios públicos dentro de su declaración jurada patrimonial deben tenerse como proporcionados bajo garantía de confidencialidad?.

Además, ?se prohíbe su divulgación por cualquier medio, y sólo podrán verificarse dentro de un proceso judicial?.

Garantizar impunidad

Para los diputados del Partido de Avanzada Nacional y de la Alianza Nueva Nación, la medida busca fomentar la impunidad. Ello, porque nadie podrá establecer la cantidad de bienes declarados por los funcionarios públicos a su llegada al cargo para compararlos con su estilo de vida y bienes que tuvieran al retirarse de la administración pública.

A favor

Los defensores de la ley consideran que esos argumentos son exagerados.

Ricardo Rosales, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, manifestó que será con la experiencia en la aplicación de la ley que se establecerá la funcionalidad de la misma.

El eferregista Jorge Ríos Castillo manifestó que la disposición de hacer confidenciales las declaraciones de bienes es respaldada en la Constitución. A su criterio, la información personal del funcionario no debe ser hecha pública.

?La Constitución garantiza esa confidencialidad, pues las personas tienen derecho a mantener privados los informes de sus bienes?, agregó.

El unionista rebelde

La Ley de Probidad causó diferencias en la bancada Unionista. Pablo Duarte, a diferencia de sus compañeros de grupo, votó a favor del decreto.

El congresista sólo rechazó el artículo 21, pero recordó que ?eso de las declaraciones de probidad es una farsa?, debido a que ?nadie con intenciones de corromperse va a declarar realmente lo que tiene?.

Para aprobar esa ley, el pleno necesitó poco más de tres horas.

Podrían impugnar

La aprobación de la Ley de Probidad fue rechazada por las bancadas del Partido de Avanzada Nacional, PAN, y la Alianza Nueva Nación, ANN, así como por algunos miembros del bloque Unionista.

Anabella de León, quien regresó ayer al PAN, dijo que se analizará la posibilidad de impugnar este decreto, pues viola la Constitución al prohibir el acceso público a las declaraciones de probidad. ?Es un derecho saber qué tienen y con qué se van los funcionarios públicos?, dijo.

A juicio de Jorge Balsells, de la ANN, la ley contiene muchas incongruencias.

Los unionistas, con excepción de Pablo Duarte, quien votó a favor, manifestaron su rechazo a la ley, pues consideran necesario que la información de los bienes de los funcionarios sea pública.

Principales aspectos

A continuación, los principales aspectos de la Ley de Probidad que fue aprobada ayer:

? El decreto define como funcionarios a quienes son investidos de funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas.

? Incluye para su aplicación a las juntas directivas, propietarios y representantes de empresas que celebren contratos con el Estado.

? Establece responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios públicos.

? Prohíbe a las personas que hubiesen sido condenadas por enriquecimiento ilícito ejercer cargos públicos, pese a que ese delito todavía no figura en la reglamentación del país.

? Permite a los funcionarios sentenciados por malversación y otros delitos volver a ocupar cargos públicos, luego de cinco años de la sentencia.

? Prohíbe hacer públicas las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios.

Nineth Montenegro, diputada de la Alianza Nueva Nación, criticó ayer al Ministerio de la Defensa por haber dispuesto el incremento del 100 por ciento en las tarifas del Departamento de Control de Armas y Municiones.

La medida fue conocida el jueves mediante el acuerdo ministerial 0011-2002, de la cartera castrense.

Entre los incrementos se incluyen las licencias de portación de armas ofensivas, que costarán Q600, el desalmacenaje de armas hacia empresas privadas, la inspección de armerías, polígonos y policías particulares.

Según Montenegro, con esta disposición el Ejército logrará hacerse de unos Q50 millones extraordinarios para pagar sus gastos de diciembre.

Defensa ha venido gastando a un ritmo de Q130 millones mensuales. Hace una semana, sólo le quedaban Q80 millones para terminar el año.

La congresista consideró que este dinero debería ir al fondo común y no quedar en poder del Ejército, que ?de seguro, continuará con otras medidas alternas para buscar los recursos para pagar aguinaldos?, dijo Montenegro.

La primera acción será eliminar las exoneraciones fiscales a la electricidad advirtió ayer el eferregista Mario Rivera, presidente de la Comisión de Finanzas.

El congresista anunció que debido a que el sector privado bloqueó la venta de los bonos, presentará una iniciativa de ley para eliminar la exoneración de impuestos de importación a los combustibles, ?privilegio? del que gozan las empresas que generan energía eléctrica.

La medida no afectaría a las generadoras de electricidad.

Según el diputado, las empresas que cuentan con sus propias generadoras, dejan de pagar US$0.25 por cada galón que importan, lo que ha provocado pérdidas millonarias al fisco.

Asimismo, aseguró que los empresarios han aprovechado esta exoneración para importar maquinaria y equipo de gran valor, situación que consideró que no puede continuarse tolerando.

?Si no existe buena voluntad para que el sector financiero y productivo del país compre los bonos, quitamos la exoneración de las empresas?, dijo Rivera, quien afirmó que el Gobierno necesita recursos para invertir en las áreas necesitadas.

Si no se venden los bonos ?no habrá desayunos escolares, fertilizantes, ni plazas para maestros?, por lo que se analizan opciones para mejorar la recaudación fiscal, dijo el eferregista.

Esta iniciativa estará lista la próxima semana. Rivera manifestó que pedirá la celebración de sesiones extraordinarias para que sea aprobada.

El sector privado lleva a cabo una campaña para evitar que se concrete la deuda por US$700 millones mediante Bonos Paz.

La advertencia de Rivera molestó al sector industrial. Felipe Bosch, dirigente de ese gremio, lamentó que funcionarios del FRG ?tomen acciones con el hígado, sin contar con un plan estratégico de desarrollo?.

?Por esas acciones es que nunca arrancamos; por eso, el poder adquisitivo de los guatemaltecos se ha deteriorado, porque esos albañiles, esos carpinteros, esos profesionales que dan su corazón y viven de lo que tienen, han visto coartadas sus posibilidades de emplearse?, dijo.

Recordó que el gobierno del FRG ha sido el que ha contado con más recursos, pero ?¿qué los han hecho??, comentó.

No obstante, a Rivera no le afligen los argumentos de los empresarios. Aseguró que si amenazan con subir precios, legislarán ?a favor de la unificación arancelaria. Eso permitirá que ingrese maíz, azúcar y otro tipo de productos, para que el pueblo no sufra?.

Rafael Barrios, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que la acción ?es caprichosa, en revancha por la confrontación que se ha generado por los Bonos?.

El congresista lamentó que sea el consumidor final quien sufra las consecuencias.

Opinión: ?Es una actitud que llora sangre?

César García, presidente de Certeza Consulting, consideró que el anuncio hecho ayer por Mario Rivera, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, ?es una actitud que llora sangre?.

De acuerdo con el experto financiero, si bien este tipo de enfrentamientos podría no tener efectos negativos a nivel internacional en la colocación de bonos, debido a que el país ha sido visto como un buen riesgo, lo manifestado por Rivera ?confirma que estamos en las peores manos?.

?Son actitudes infantiles, manejan las cosas por capricho, sin contar con análisis previos de las repercusiones que tendría esta medida?, dijo García.

El analista indicó que este tipo de acciones genera inflación y problemas. Agregó que estas actitudes envían mensajes negativos a los inversionistas privados, y recordó que el país es visto como una opción poco atractiva.

?Es lamentable; aquí las cosas se manejan con venganza, intriga, descrédito personal y maldad, y eso afecta la inversión privada?, insistió, respecto del anuncio del congresista Rivera.

El pleno del Congreso, dominado por el Frente Republicano Guatemalteco, FRG, aprobó ayer el Decreto 88-2002, que libera del pago del varios tributos todos los procesos de fusióny absorción bancaria.

Mario Rivera, presidente de la Comisión de Finanzas, explicó que la medida pretende sanear el sistema financiero, contribuyendo a los esfuerzos que en esa vía han emprendido las autoridades monetarias.

Los tributos exonerados para ese tipo de transacciones incluyen el Impuesto al Valor Agregado, IVA; Impuesto Sobre la Renta, ISR, y el Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias, IEMA.

También quedaron exonerados el Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos, así como el Impuesto sobre Productos Financieros.

Descanso

Para la diputada Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación, ANN, la medida es sospechosa y descabellada porque, pese a que el Estado se queja de falta de recursos, perderá millones con las exoneraciones.

?A mi juicio, se estimulan los privilegios que tanto ha criticado el presidente Alfonso Portillo; a unos se protege y a otros no?, aseveró.

Para la congresista, el saneamiento del sistema financiero está a cargo de las autoridades monetarias, y para ello se aprobaron varias leyes.

?Creo que hay un sector financiero cercano al Gobierno que podría finalmente estarse beneficiando y resolviendo sus problemas con esa medida?, insistió la diputada.

Historia: El recuento de los casos

En los últimos años, el sistema financiero nacional experimentó varias fusiones bancarias, algunas de las cuales han dado paso al crecimiento significativo de varios grupos financieros.

No obstante, también el sistema bancario ha experimentado la caída de algunas entidades debido a sus problemas financieros y manejos anómalos, tal el caso de los llamados bancos ?gemelos? ?Promotor y Metropolitano? intervenidos por las autoridades monetarias desde marzo de 2001.

Pocas semanas antes, las autoridades también intervinieron el Banco Empresarial.

La unión más reciente fue la delCrédito Hipotecario Nacional y el Banco del Ejército, este último enfrentado a una situación financiera complicada.

El congresista señaló que ante el bloqueo emprendido por el sector privado organizado para que fracase la adquisición los títulos, ?invita a entidades autónomas y descentralizadas para que se sumen a este proyecto y puedan adquirir bonos?.

Según Rivera, además del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que ya adquirió buena parte de la primera colocación de estos valores, también podrían invertir en Bonos Paz el Instituto de Previsión Militar, la Universidad de San Carlos, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, y otras entidades con recursos propios y que ?desafortunadamente los tienen durmiendo en la banca privada?.

Rivera dijo que el FRG incluso, estaría dispuesto a legislar para que estas inversiones se den ?porque no es posible que un grupo con intereses particulares esté haciendo daño a Guatemala?.

A lo anterior el diputado se refiere al sector productivo que hace llamados a los inversionistas para ?no fomentar la corrupción y abstenerse de adquirir los Bonos Paz?.

Rivera señaló que el Gobierno no sabe qué dirá a la población necesitada cuando cuestione la falta de inversión.

?Tendremos que decirles que el sector privado se opone al desarrollo?, dijo.

Fracasan acciones de oposición

El Frente Republicano Guatemalteco, FRG, rechazó ayer varias acciones de la oposición que buscaban frenar la compra de Bonos Paz por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS.

Por la mañana, el Partido de Avanzada Nacional buscó infructuosamente aprobar un punto resolutivo para frenar la disposición de las autoridades del IGSS de invertir en los bonos que emitió el Gobierno.

Casi al final de la jornada, la diputada Anabella de León también fracasó en su intento por citar al pleno a las autoridades del IGSS.

Arístides Crespo, del FRG, dijo que se opusieron porque las peticiones son improcedentes.

El FRG aprobó ayer la Ley Procesal en Material de Antejuicios, la cual, según diputados de oposición, ?da luz para fomentar la impunidad y retrasar la aplicación de la justicia?.

La normativa, que entrará en vigencia el 1 de febrero del 2003, unifica en un solo cuerpo todo lo relativo al derecho de antejuicio, y que actualmente se encuentra disperso en leyes de diversa naturaleza.

La oposición cuestionó, entre otras cosas, que la ley aprobada establece que el derecho de antejuicio es irrenunciable.

Asimismo, reduce las facultades de la figura de la comisión pesquisidora que se integra en el Legislativo, y amplía los plazos de resolución cuando los procesos lleguen a la instancia judicial.

La diputada independiente Anabella de León dijo que la aprobación de esta ley sólo ?busca retardar la justicia contra aquellos funcionarios involucrados en corrupción?.

La congresista debatió insistentemente contra la aprobación de este decreto.

También Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación, rechazó la ley en mención, por considerar que no contiene cambios de fondo para mejorar la aplicación de la justicia a funcionarios que se involucren en anomalías.

?El antejuicio es una herramienta necesaria para aquellos buenos funcionarios que en el ejercicio de sus funciones pueden ser blanco de ataques; no obstante, creo que esta figura se ha venido desnaturalizando. Amparados en el antejuicio, muchos dignatarios y funcionarios han cometido delitos?, dijo.

Jorge Ríos Castillo, del FRG, consideró que no buscan proteger a ningún funcionario, sino sólo aplicar los principios de efectividad de la justicia, a fin de dar espacios prudentes para que se investigue.

Acción: Denunciarán al IGSS en el MP

Anabella de León, diputada independiente, presentará hoy al Ministerio Público, MP, una denuncia en contra de la directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, por la compra de bonos.

?El gerente del IGSS, César Sandoval, tuvo la autorización para la compra de bonos y utilizó los fondos de la entidad para otras finalidades, que no son la propias de la institución?, dijo.

La diputada cree que se violó la Constitución, la cual establece la autonomía del IGSS, y también porque el uso de sus fondos en compra de bonos es ilegal.

El instituto adquirió US$7.5 millones en bonos la semana pasada; éstos son parte de los US$700 millones aprobados por el Congreso.

De León pidió la citación al pleno de Carlos Wolhers, titular de la directiva del IGSS, para que explique sobre el tema.

La norma autoriza la adjudicación y venta de fincas o fracciones inscritas en el Registro General de la Propiedad a nombre del Estado o instituciones descentralizadas.

Según la ley, las municipalidades quedan en libertad de formalizar sus propias negociaciones para vender o adjudicar inmuebles.

Miles de beneficiados

El diputado oficialista Otto Cabrera, de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, señaló que serán beneficiadas por lo menos 6 mil familias que habitan en terrenos estatales invadidos. La ley no beneficiará invasiones recientes, sólo aquellas que se hubieran concretado hace más de tres años.

Asimismo, recalcó que los terrenos no serán regalados. Las familias interesadas deberán pagar cantidades simbólicas por la propiedad, que en promedio serían de unos Q3 mil. ?Todo dependerá del tamaño, sector y otros aspectos de la negociación?, agregó.

Además del Frente Republicano Guatemalteco, la ley fue apoyada por el Partido de Avanzada Nacional y la Alianza Nueva Nación.

Este último grupo dijo que dio su voto a favor porque en parte se cumple con los acuerdos de paz.

Esta institución, con unos 800 empleados y encargada de dar protección al mandatario y su familia, elevó su gasto a Q134.76 millones, más del doble de lo asignado en el presupuesto inicial, que fue de Q58.7 millones.

Para sumarle estos Q10.4 millones al EMP, el Ministerio de Finanzas restó al rubro de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, que incluye, entre otras, las asignaciones para municipalidades, instituciones descentralizadas, sector justicia y la Universidad de San Carlos.

La diputada Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación, ANN, hizo pública la nueva transferencia de fondos, la décima durante este año.

La congresista lamentó que aún a costa de otras necesidades, Finanzas traslade dinero al EMP, pese a que la función exclusiva de éste es proteger al presidente y su familia.

La seguridad del vicepresidente y de otros funcionarios de Gobierno está a cargo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, que opera con menos de la cuarta parte de lo que gasta el EMP -Q26.9 millones-.

Montenegro manifestó que es alarmante que al inicio de año las transferencias para esa dependencia hayan sido una por mes, y que ahora se registren cada semana.

La ANN pidió a otros grupos poner atención a esta situación, ya que teme que el dinero trasladado al EMP vaya a parar al Ministerio de la Defensa.

Oficialmente, esta cartera no puede recibir más transferencias presupuestarias, debido a que llegó al tope del gasto establecido en los acuerdos de paz.

De su asignación para este año, ayer solamente le quedaban Q80 millones, que de acuerdo al nivel de gasto mantenido, no alcanzaría para pagar aguinaldos ni salarios de este mes.

?No tengo cómo comprobarlo, pero me temo que el dinero esté siendo triangulado, para finalmente ir al Ejército?, comentó la diputada.

Al respecto, Tom Königs, jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas para Guatemala, recientemente hizo un llamado para que terminaran las transferencias al EMP y el Ejército. Sin embargo, no fue escuchado, porque el EMP recibió su décima transferencia.

De acuerdo con Finanzas, sólo en alimentación el EMP gasta Q70 mil 823 cada día.

Mensualmente, esa institución le cuesta a los guatemaltecos Q10 millones 154 mil 586.

El presidente Alfonso Portillo envió una iniciativa de ley al Congreso para que el EMP sea disuelto el 1 de noviembre de 2003.

Citación: Jefe del EMP llegará a la ANN

Para explicar el destino que han tenido los Q76 millones que ha recibido este año en transferencias presupuestarias, el jefe del Estado Mayor Presidencial, Raúl Castillo, ha sido citado a la bancada de la Alianza Nueva Nación, ANN, para el viernes.

Según la diputada Nineth Montenegro, es importante su presencia, debido a que son demasiados fondos los que se le han trasladado y es necesario conocer su uso.

Roberto Fuentes, presidente de la Aempg, manifestó que rechazan la reciente modificación del Código de Comercio, específicamente la adición del artículo 757 ?A?, que limita las tasas de interés por el uso de este medio de pago.

Según argumentó, la medida viola la Ley de Bancos y Grupos Financieros, situación que había quedado establecida en un informe que la Superintendencia de Bancos envió a la Comisión de Finanzas del Congreso.

?Es algo que nos tomó por sorpresa?, dijo Fuentes.

Agregó que la medida afectará a la población de menores ingresos que ha accedido a una tarjeta de crédito o que tendría interés en adquirirla.

?Nos veremos en la necesidad de cancelar tarjetas de crédito?, agregó.

La asociación hizo un llamado a las autoridades para que den marcha atrás con esta reforma, no sólo por lo perjudicial que resultará para el comercio, sino porque además representará una disminución significativa de los ingresos que el fisco percibe de los emisores de tarjetas.

Efectos negativos

La Aempg resume los efectos de imponer techos a los intereses de las tarjetas de crédito:

? Menos usuarios y cancelación de tarjetas actuales.

? Reducción de beneficios.

? Disminución de la recaudación fiscal.

? Limitación para uso de tarjetas a turistas.

El diputado Jorge Arévalo, integrante de la mencionada comisión, dijo que se pretende agotar la agenda pendiente, que incluye la aprobación de leyes como la de Probidad, de Antejuicios y la del Ejército.

Agregó que hay varios dictámenes e iniciativas que ingresarán al pleno para su análisis y aprobación.

El único tema pendiente que quizá no sea atendido es la reforma a la Ley de Electora y de Partidos Políticos.

El viernes se cerró el período de sesiones ordinarias, pero, a decir de Arístides Crespo, jefe de bancada del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, la comisión permanente podría convocar esta semana a por lo menos tres sesiones extraordinarias.

Entre los temas que se podrían discutir según Crespo, figura la iniciativa de Ley de Probidad y otras que quedaron pendientes, como la Ley de Antejuicios.

Asimismo, Mario Rivera, presidente de la Comisión de Finanzas, anunció que presentaría una iniciativa de ley para eliminar la exoneración de impuestos para importar combustibles de que gozan las empresas generadoras de energía eléctrica.

Luego de cerrar su período definitivo de sesiones, los congresistas del FRG planean algunas actividades adicionales con los gobernadores departamentales, para dar a conocer las reformas legislativas que se hicieron para que el próximo año manejen recursos públicos.

En el período ordinario que recién terminó, fueron aprobados 83 decretos, 88 acuerdos legislativos, 21 puntos resolutivos y 9 resoluciones.

José Pinzón, dirigente de UGT, manifestó ayer que están en desacuerdo con la decisión de las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, de utilizar parte de los fondos destinados a inversiones para adquirir Bonos Paz.

Adelantó que esta semana se reunirán con los representantes laborales ante la Junta Directiva del Seguro Social para buscar poner un alto a este tipo de inversiones, tal y como lo hicieron cuando la gerencia del instituto pretendía sacar el dinero de los afiliados para colocarlo en el mercado internacional.

?Vemos esta medida pésimamente mala y así como nos opusimos y rechazamos que se situaran recursos del IGSS en el exterior, ahora estamos preocupados porque con nuestros propios recursos se esté afectando a las futuras generaciones?, dijo Pinzón.

Ayer, Prensa Libre dio a conocer que el IGSS compró US$7.5 millones en Bonos Paz, colocados por el Ministerio de Finanzas en la Bolsa de Valores Nacional.

Es riesgoso

Para la diputada Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación, integrante de la comisión legislativa que se encuentra analizando la situación del Seguro Social, la decisión de hacer esta inversión es ?algo riesgoso?.

A decir de la congresista, es lamentable que con dinero público se haga la compra de bonos, pese a que todos saben que se puede perder con facilidad, debido a que la Corte de Constitucionalidad todavía no ha dicho la última palabra respecto de las inconstitucionalidades planteadas contra este endeudamiento.

?Es un acto poco ético?, insistió Montenegro, al recordar que nadie ha dicho nada respecto de la forma ilegal en que se otorgó al gerente de la institución la discrecionalidad de manejar los recursos de los afiliados, incluidos los US$7.5 millones para los bonos.

El Unionista Alvaro Hugo Rodas, también integrante de la Comisión que analiza la situación del IGSS, consideró que la institución?está sirviendo de lavadero para el Gobierno?.

Señaló que desde el punto de vista financiero, para el IGSS invertir en Bonos Paz no es una mala inversión, pero no está de acuerdo por ningún motivo en que se utilice el dinero de los afiliados para salvar al Gobierno.

Quienes se mantienen en silencio son las autoridades del IGSS. El viernes, el presidente de junta directiva, Carlos Wholers, dijo que no podía hablar sobre el tema.

Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, calificó de un gran error hacer uso del dinero de los trabajadores. ?No hay seguridad, los bonos todavía pueden ser declarados inconstitucionales? dijo.

?No puede ser que sea el mismo dinero que ya maneja el Estado el que esté dando vueltas, se supone que era la iniciativa privada la que debía invertir, si siguen invirtiendo el dinero de los trabajadores así, esto puede llevar a la bancarrota al país?, añadió.

Inversión criticada

El Seguro Social salió el jueves a rescatar la licitación del Estado al invertir US$7.5 millones en bonos, lo cual le ha valido duras críticas

Nineth Montenegro, diputada de la ANN: ?Lo que ocurre es que con dinero público se está paliando la compra de los bonos, pese a que ese dinero puede perderse fácilmente por la cantidad de recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolver. Es un acto poco ético del presidente y del gerente del Seguro Social haber comprado US $7.5 millones en bonos?.

José Pinzón, dirigente de la Unión de Trabajadores de Guatemala: ?Vamos a consultar con nuestros representantes laborales ante la Junta Directiva del IGSS, para que nos informen qué es lo que pasa, porque los recursos del Seguro Social no son del Ejecutivo, sino de los afiliados,y tenemos que velar porque se utilicen de manera adecuada y no para endeudar a las futuras generaciones?.

Alvaro Hugo Rodas Martini, Diputado unionista: ?Desde el punto de vista financiero, podría decirse que haber invertido más de US$7 millones en bonos es algo rentable para las autoridades del Seguro Social, pero siento que el IGSS está sirviendo de lavadero para el Gobierno, porque no es correcto que se utilice el dinero de los afiliados para ese fin?.

Ramírez llegó al Congreso acompañada de veinte asesores, pero finalmente no pudo contestar con claridad el 90 por ciento de las preguntas de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, que promovió la interpelación.

En la jornada se observó a la funcionaria nerviosa, al extremo de que algunos diputados bromeaban diciendo que estaba ?a punto de llorar?, cuando veían su rostro durante el interrogatorio.

La serie de preguntas arrancó con cuestionamientos sobre temas como la canasta básica y las acciones de la Dirección de Atención al Consumidor, Diaco.

Pese a que las interrogantes no fueron profundas, Ramírez respondió generalidades, lo cual incomodó a los interpelantes.

?Señor presidente ?del Congreso? dígale a la ministra que conteste lo que se pregunta?, dijo varias veces Mario Flores, diputado de la UNE.

Ramírez no pudo contestar de forma inmediata la cifra del producto per cápita de Guatemala, ni cuáles son los países de América Latina que además de Guatemala cobran el Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias.

Uno de los momentos más difíciles para Ramírez fue la pregunta ocho: ��Cree usted que los subsidios agrícolas son un riesgo para el país? ¿Apoya el desmantelamiento de los subsidios?

La funcionaria trató de dar, a su modo, una clase magistral del tema, hasta que Efraín Ríos Montt, presidente del Congreso, la detuvo y le replanteó la pregunta: ?¿Cree que los subsidios agrícolas son un riesgo? Conteste sí o no, por favor?.

Ramírez se arregló el saco y dijo: ?Los permitidos, no?. Ríos Montt le preguntó: ?¿Apoya usted el desmantelamiento de los subsidios??

La ministra, con micrófono abierto, consultó a sus viceministros: ?¿Los apoyo, o no?? Entonces, se escucharon carcajadas.

Al final, no recibió el voto de desconfianza, porque, según Arístides Crespo, del FRG, ?no todos los funcionarios son perfectos?.

Al abandonar el pleno, Ramírez se negó a hablar con la prensa porque dijo sentirse cansada, mientras buscaba afanosamente un lápiz labial para maquillarse.

Pineda Franco llegó ayer al Congreso para pedir a la Comisión de Asuntos Municipales que intervenga en este problema.

De acuerdo con su versión de los hechos, el 10 de noviembre, mientras se encontraba en Estados Unidos buscando apoyo para un proyecto de recolección de basura, el Concejo Municipal de Zacapa convocó a una reunión de urgencia.

Según Pineda, durante la cita el presidente Portillo pidió por teléfono al Concejo que lo desconocieran como alcalde. Agregó que el mandatario argumentó que había anomalías en la erogación del dinero para la remodelación de la plaza.

?No sé de dónde se sacó el presidente esos chismes. Me gustaría que aclarara las cosas, porque esto perjudica el honor de mi familia?, dijo Pineda.

También señaló que Portillo ?viola la autonomía municipal, porque de forma prepotente y aprovechando mi ausencia, quiso obligar al Concejo a que me desconociera?.

Presunto responsable

El alcalde acusó a Julio Morales, presidente del Consejo de Desarrollo de la Región III, quien en coordinación con Josué Vinicio Salán, de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, ?obliga? a los alcaldes a contratar a un grupo de organizaciones no gubernamentales para que se encarguen de ejecutar obras.

De hecho, la conclusión de la plaza de Zacapa fue trasladada a una organización promovida por Morales y Salán, indicó. ?Le dan las obras a las ONG porque allí no fiscalizan los recursos?, insistió.

Durante su exposición a la Comisión de Asuntos Municipales, demandó investigar a organizaciones que ejecutan fondos públicos.

A la reunión de ayer había sido invitado el presidente del Consejo de Desarrollo de la Región III, pero no asistió.

La Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el diputado Mario Marín, ofreció viajar el lunes a Zacapa para verificar el estado de la obra en discordia y establecer lo que sucede en esa cabecera.

La remodelación de la plaza tiene un costo superior a Q1 millón.

Acusaciones

El alcalde de Zacapa, Carlos David Pineda, dice haber sido ofendido por el presidente Alfonso Portillo, a quien acusa de:

? Haber violado la autonomía municipal, al haber pedido al Concejo de Zacapa que lo desconociera como alcalde.

? Señalarlo de haberse llevado a Estados Unidos más de medio millón de quetzales destinados a la remodelación de la plaza de Zacapa.

? Señalamientos de que durante su gestión edil se han registrado casos de corrupción.

En un ambiente de debate y diferencia de criterios, aun entre diputados de oposición, el Legislativo, a solicitud del congresista Mario Rivera, presidente de la Comisión de Finanzas, conoció a última hora la reforma al decreto 2-70, Código de Comercio, ya que el tema no figuraba en la agenda de ayer.

El cambio fundamental se centra en la adición del artículo 157 ?A?, el cual establece:

?Los emisores de tarjetas de crédito sólo podrán cobrar, en concepto de intereses por financiamiento, mora, manejo de cuenta, administración o bajo cualquier concepto, sumados en conjunto… una cantidad no mayor a la tasa de interés anual promedio ponderada de las operaciones activas que cobra el sistema bancario en moneda nacional?.

Esta tasa de interés sólo podrá ser incrementada ?hasta un máximo de cinco puntos porcentuales?.

Según Rivera, ello significa que si la tasa promedio ponderada del sistema bancario se ubica, por ejemplo, en 16 por ciento, el emisor cobrará ese porcentaje, más cinco puntos adicionales.

?Con esta medida beneficiaremos a los tarjetahabientes?, dijo Rivera, quien señaló que la nueva disposición también prohíbe a los emisores de tarjetas capitalizar intereses y recargos.

El debate

La aprobación de esta legislación provocó un fuerte debate en el pleno, e incluso enfrentó a diputados unionistas.

Al respecto, Mariano Rayo y Carlos Valle no estuvieron de acuerdo con la reforma al Código de Comercio. Fueron los dos únicos que votaron en contra.

Rayo argumentó que esta medida entra en conflicto con la Ley de Bancos y Grupos Financieros, porque contradice la legislación en vigencia. Además, indicó, provoca retroceso en esta materia y aumenta el peligro de la suspensión del acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional.

Rayo fue respaldado por el diputado Valle, quien intentó que el Frente Republicano Guatemalteco detuviera la aprobación de esta ley.

Contrario a ellos, el también unionista Pablo Duarte votó a favor de la regulación, y manifestó que si bien está a favor del libre mercado, las tarifas deben ser reguladas, para evitar más abusos.

Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación, también apoyo la propuesta. Dijo que los emisores de tarjetas de crédito ?cobran intereses leoninos? por un servicio que cada vez es más requerido por los guatemaltecos para paliar carencias económicas.

La reforma al Código de Comercio fue presentada el 13 de junio de 2002 por el diputado eferregista Edgar Hermán Morales.

El ahora decreto había quedado en suspenso en segunda lectura el 8 de julio, porque se esperaba un pliego de sugerencias de los emisores de tarjetas.

Postura: Analizan reformas aprobadas

La Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala no emitió ayer ninguna opinión sobre la aprobación de las reformas al Código de Comercio, para regular las tasas de interés que cobran los emisores de tarjetas de crédito.

Según se explicó, el vocero de la entidad, Roberto Fuentes, se encuentra de viaje y nadie está autorizado para hablar del tema. No obstante, señalaron que analizan la norma y que hoy podrían fijar su postura.

Sin embargo, meses atrás, cuando comenzó la discusión de este tema, la organización manifestó su oposición al propósito del Congreso, debido a que podría haber reducción de tarjetahabientes, nuevos cobros y obstáculos para otorgar créditos.

Asimismo, señalaron que los costos de las tarjetas de crédito son diferentes a los de una institución bancaria, por lo que no puede pretenderse el cobro de tasas de interés similares.

Aura Marina Otzoy dijo que esta nueva legislación delega en los ministerios de Educación y Cultura la promoción y difusión del respeto y la tolerancia a la pluriculturalidad, las lenguas y las etnias del país.

Incluso, establece la necesidad de incluir en los establecimientos educativos la enseñanza de la eliminación de la discriminación.

En contra

Tras la aprobación de esta ley, las opiniones en contra no se hicieron esperar. Daniel Pascual, dirigente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, comentó que todas las iniciativas contra la discriminación y el racismo son necesarias, pero que se necesita una consulta amplia.

?No se puede decir que se avanza en el tema, cuando el contenido deja mucho qué desear? dijo.

Juan León, de la Defensoría Maya, recordó que el contenido de la ley no se apega al Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas ni a la Convención Internacional contra la Discriminación Racial.

Agregó que hicieron ver al presidente de la República que dicha ley provoca problemas, en lugar de hacer positiva la participación y la igualdad de los pueblos indígenas, pero que no los escuchó.

La medida permitirá que el único operante de telefonía celular con más de 10 años en Guatemala, Comcel, pueda resolver la controversia que existe sobre la propiedad de la banda ?B?, que le fue entregada mediante acuerdo gubernativo.

Según el Unionista Alfredo Guzmán, la medida permitirá al Estado negociar con Comcel la propiedad de esta banda.

Efecto

La empresa podría cancelar un valor por esta frecuencia que será determinado por la Superintendencia de Telecomunicaciones, SIT, tomando como base lo que otras empresas con bandas similares hayan cancelado.

De esta forma, Comcel obtendrá un el título de propiedad por la banda ?B? y podría dejar de cancelar al Estado el 5 por ciento de sus ingresos netos anuales.

Guzmán señaló que ahora hay que estar atentos a ?ver el precio que la SIT decide fijar a Comcel por esta frecuencia?.

Esta ley fue promovida por los diputados oficialistas Leonel Soto y Baudilio Hichos.

Ayer, el diputado Mario Rivera, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, anunció que mañana presentará una iniciativa de ley para eliminar ?el privilegio que ha mantenido este sector?.

En la actualidad, las empresas generadoras de electricidad, no pagan impuestos por el combustible que importan al país para producir energía, según la ley que lo permite, para mantener precios bajos.

No obstante, en opinión de Rivera, esta medida no ha servido de mucho pues los consumidores finales están pagando elevadas cantidades por el servicio mensual.

?Sé de un amigo que vive solo en un apartamento que pasa trabajando todo el día, a quien le llegó un recibo de Q5 mil sin ninguna explicación; es un abuso?, comentó Rivera.

Según el diputado ?si cobran tan caro a los usuarios, pues que paguen impuestos?.

Agregó que está a la espera de un informe del Ministerio de Finanzas, que incluye las estimaciones de cuántos ingresos podría representar esta medida al fisco.

Rivera rechazó la posibilidad de sean los consumidores finales quienes terminen asumiendo el pago de estos impuestos mediante el alza de tarifas, por lo que estarán atentos ante posibles abusos.

?Quitarles la exoneración nos permitirá quitar privilegios y generar recursos, para evitar seguir endeudando al país?, dijo.

Otras iniciativas

Asimismo, el FRG trabaja en la reforma de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, para obligar a importadores, refinadores, transformadores y almacenadores a comercializar sus productos a 60 grados Farenheit.

Con esta medida, según Rivera, el fisco podría agenciarse de unos Q3 mil millones adicionales en impuestos, que usualmente se quedaban en la cadena de comercialización que ha vendido a temperatura ambiente.

FRG contra los privilegios

El oficialismo asegura que eliminará los privilegios fiscales de que gozan empresas privadas.

? Para comenzar, el presidente de la Comisión de Finanzas, anunció que eliminará la exoneración impositiva de que gozan las empresas generadoras de energía.

? La medida busca que los generadores paguen tributos por el combustible que importan para producir electricidad.

La noticia de que se había efectuado una nueva transferencia presupuestaria fue dada a conocer ayer por la diputada Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación.

De acuerdo con los datos proporcionados por la congresista, Finanzas recortó el sábado Q110.3 millones al presupuesto del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Micivi, y Q2 millones a la Cancillería.

Según explicó Montenegro, del dinero restado al Micivi fueron transferidos Q83.9 millones a las secretarías de la Presidencia, dependencias que no pueden ser fiscalizadas con facilidad.

La legisladora recordó que las autoridades del Micivi se quejan de que por falta de recursos han paralizado algunas obras y suspendido el mantenimiento de la red vial. En lo que va del año, Finanzas le ha restado al Micivi Q189 millones.

No fue posible obtener la versión de Flora de Ramos, ministra de Comunicaciones, porque se preparaba para la interpelación a la que será sometida mañana en el Congreso de la República.

También al EMP

En esta transferencia, el Estado Mayor Presidencial, EMP, también recibió su cuota. Finanzas le sumó Q4 millones a su presupuesto, para la seguridad del mandatario Alfonso Portillo.

Según Montenegro, el dinero fue tomado de las partidas de la Cancillería -Q2 millones- y del Micivi -Q2 millones-. En este caso, Montenegro resaltó que casualmente los viajes del presidente coinciden con transferencias presupuestarias al EMP.

El sábado, cuando se efectuó la transferencia, Portillo viajó a Roma. ?Es curioso, pero siempre que el presidente viaja, Finanzas hace alguna transferencia millonaria para el EMP, violando los acuerdos de paz y el compromiso de disolver esta institución?, agregó.

La asignación aprobada para el EMP en el presupuesto de 2002 es de Q58.7 millones. En lo que va del año, esta institución ha recibido nueve transferencias, que han elevado su gasto a Q124.3 millones.

No aparecen

Del dinero transferido, Q24.4 millones todavía no han sido ubicados en los registros que lleva la diputada Montenegro.

Explicó que ha pedido a Weymann el informe de la ejecución presupuestaria de noviembre. ?Estoy buscando a dónde transfirieron ese dinero?, agregó.

Arístides Crespo, jefe de bancada del Frente Republicano Guatemalteco, evitó hacer comentarios, porque dijo que apenas se había enterado del asunto.

¿Encontró usted, al recibir el cargo de ministra, cuentas por pagar o pagadas por obras no realizadas?, es la pregunta básica número cuatro que, a decir del grupo Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, que promueve la interpelación, podría poner al descubierto detalles de la corrupción desatada en esa cartera.

Este es sólo el principio. En el sexto cuestionamiento se le pide a De Ramos proporcionar ?el nombre de las personas responsables de las anomalías? que encontró en ese ministerio.

Manejo presupuestario

Mario Flores, jefe de la UNE, comentó ayer que De Ramos deberá contestar 23 preguntas básicas. La mayoría de cuestionamientos están relacionados con el manejo presupuestario del Micivi, la deudas de la cartera y el destino que se dará a los Q400 millones que recibirá este año provenientes de los bonos que busca colocar el Gobierno.

?Nuestra interpelación será seria; no queremos hacer un show. Nuestras preguntas son directas?, manifestó Flores.

El congresista indicó que quieren establecer las razones por las que se registran disminuciones constantes al presupuesto del Micivi, que tiene obras paralizadas y suspendido el mantenimiento de la red vial.

?No hay arreglo?

Flores rechazó los rumores que la semana última circularon sobre un posible contubernio con el Frente Republicano Guatemalteco, FRG, para afectar a De Ramos en la interpelación.

?Nada de eso es cierto. El FRG no necesitaría de la UNE para remover a Flora de su cargo?, externó.

El legislador dejó ver que la posibilidad de pedir un voto de falta de confianza contra De Ramos es algo que todavía no se ha definido: ?Todo dependerá de las respuestas de la funcionaria?.

Por aparte, Arístides Crespo, jefe de bacada del FRG, se mostró molesto por las publicaciones en medios escritos respecto de la supuesta intención del partido de Gobierno de aprovechar la interpelación de UNE para afectar a la ministra. ?No tenemos nada contra Florita; vamos a darle el mismo trato que han recibido otros funcionarios que han sido interpelados?, aseguró.

Las preguntas para De Ramos

La Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, ha preparado 23 preguntas básicas para Flora de Ramos, ministra de Comunicaciones. Estas son algunas:

? ¿Por qué cree usted que no siendo experta en el campo de las Comunicaciones… fue nombrada ministra de la cartera?

? ¿A cuánto asciende el presupuesto de recursos financieros a los cuales ha tenido acceso durante su gestión?

? Indique en qué se han utilizado los recursos.

? ¿A cuánto asciende la deuda pendiente de cancelar a contratistas, y que sirvió de base para incrementar el endeudamiento del pueblo guatemalteco?

? ¿Puede indicar la razón para avalar o permitir las transferencias del ministerio a su cargo a otros ministerios?

? ¿Está usted de acuerdo y consciente de los efectos del endeudamiento del país para cancelar deudas contraídas por la gestión irresponsable de funcionarios de ese ministerio?

Representantes de varias organizaciones quieren castigos más severos contra los agresores; por ello, la Red de la No Violencia Contra la Mujer llevó al Legislativo una propuesta con 48 cambios al Código Procesal Penal.

Estos incluyen reformas a artículos existentes, el reconocimiento de nuevos delitos y la eliminación de normas establecidas.

Hilda Morales, integrante de la red, explicó que entre las sugerencias más importantes destacan la eliminación de la norma que permite a los violadores casarse con sus víctimas para remediar su delito.

?Es necesario que en los casos de violación se deduzcan las responsabilidades de los culpables y se aplique un castigo justo?, expresó Morales.

La red también sugiere que se dupliquen las penas contra los responsables de maltrato.

Cifras alarmantes

Giovanna Lemus, otra activista en favor de su género, comentó que sus propuestas han sido bien recibidas por congresistas como Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación, ANN, y la unionista Olga Camey de Noak.

Lemus argumentó la necesidad de las reformas que piden, debido a las elevadas cifras de agresiones contra féminas.

?En lo que va del año, se han registrado 558 asesinatos de mujeres, y hay 13 mil denuncias de abuso en la Fiscalía de la Mujer?, aseveró.

Datos públicos recientes revelaron que en los primeros 10 meses del año, la Procuraduría General de la Nación conoció 3,405 denuncias de mujeres, 417 relacionadas con violencia física.

En el mismo período, la Oficina de Atención a la Víctima de la Policía registró 1,800 casos, 7 de cada 10 estaban relacionados con violencia contra mujeres. La mayoría de éstos no se ha resuelto.

Aunque hoy podría ser oficializado el nuevo aumento por el presidente en funciones, Juan Francisco Reyes López, éste ha adelantado que el incremento oscilaría entre 10 y 20 por ciento.

Mientras que los empleadores anunciaron ayer que miles de trabajadores quedarán sin empleo como resultado del aumento, los trabajadores dicen que son los mismos empresarios los que propiciaron esta situación una vez más.

Danilo Parinello, presidente de la Comisión Agrícola de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales, Agexpront, indicó que si bien los empresarios incrementarán el salario de sus trabajadores, ?por ley?, las repercusiones económicas para el país serán negativas.

Según el vicepresidente, hay ?necesidad de recuperar los salarios (mínimos) en Guatemala? ya que a nivel centroamericano son los más bajos.

Actualmente, el salario mínimo vigente es de Q752 para los trabajadores agrícolas y Q810 para los no agrícolas.

Es culpa de empresarios

Alberto Ramírez, secretario ejecutivo de la Central General de Trabajadores de Guatemala, CGTG, recordó que los representantes del sector patronal no entregaron ninguna propuesta a las comisiones paritarias, por lo que han provocado una vez más esta situación.

?El sector empresarial es el responsable de la medida que tomará Gobierno, porque nunca quiere proponer un aumento salarial?, acotó.

La propuesta presentada por los trabajadores en dichas comisiones fue de un incremento salarial de 40 por ciento para las actividades agrícolas, y 45 por ciento para las no agrícolas.

Ramírez reveló que aunque se dará un nuevo aumento por decreto éste no llena las expectativas de los trabajadores, que cada día tienen menos capacidad adquisitiva.

Apoyarán decisión

Arístides Crespo, jefe de bancada del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, dijo ayer que apoyan la decisión del Ejecutivo de incrementar el salario mínimo por decreto, porque de esta forma se beneficia al sector laboral.

?El aumento al salario mínimo es importante. Por supuesto que vamos a recibir críticas, porque al que más tiene, le es difícil y le cuesta mucho dar al que tiene poco. Sin embargo, creemos que pese a los señalamientos es una decisión política dura y fuerte que beneficiará al sector labora, y eso es lo más importante?, dijo.

Gobierno: Apoyan 15 por ciento

Durante la reunión de Gabinete de Gobierno ayer por la tarde, los funcionarios del Ejecutivo habrían estado de acuerdo con un aumento al salario mínimo de 15 por ciento.

Según fuentes oficiales, el presidente en funciones, Juan Francisco Reyes López, sometió a consulta de los ministros de Estado, el aumento al ingreso mínimo de los trabajadores.

La fuente aseguró que la mayoría de los funcionarios estuvieron de acuerdo en un aumento del 15 por ciento.

Agregó que Reyes López dijo que someterá a consulta del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, la propuesta de aumento en este porcentaje, por lo que quedó pendiente la decisión final.

Según la legislación que regula el salario mínimo, el Ejecutivo tiene la obligación de consultar tanto al IGSS, como a la Junta Monetaria, las propuestas de salario que emanan de la Comisión Nacional del Salario.

Una vez más, de esta instancia no salió ninguna propuesta, debido a que patronos y trabajadores no lograron un acuerdo.

Danilo Parinello, representante patronal del sector agrícola, ?Es lamentable que el Gobierno tome estas decisiones por capricho presidencial y no con base en un estudio técnico de viabilidad?. ?El agro, y el país en general, atraviesa la peor crisis económica en la historia. No se puede aumentar el salario solo porque sí?.

Alberto Ramírez, secretario ejecutivo de la CGTG, ?Los empresarios son los responsables de que el Gobierno tome este tipo de medidas, porque no presentaron ninguna propuesta?. ?Nosotros entregamos nuestra propuesta de incremento con las comisiones, pero ellos no presentaron nada?.

El miércoles, Sosa, presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, dijo que si el Gobierno utiliza los US$700 millones que se colocarán en bonos ?se corre el riesgo de que el déficit se expanda por encima de lo recomendado, lo cual haría imposible alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?.

Rivera dijo respetar la opinión de Sosa; sin embargo, el FRG tiene otra, basada en que la colocación de bonos será todo un éxito.

?Espero que él piense de manera positiva, para que realmente la reactivación económica y social del país sea aceptable?, dijo Rivera.

El congresista defendió con ardor la decisión del Congreso de aprobar el gasto de la colocación de la totalidad de los Bonos Paz, como también se les conoce.

No obstante, por momentos confundió estabilidad financiera con económica.

Incluso, argumentó que la estabilidad económica se lograría con préstamos por US$300 millones para el sector bancario.

?No hay riesgo… el Fondo Monetario no dirá nada, porque cumplimos con los parámetros del acuerdo Stand By?, insistió.

Postura: Lo que dijo Lizardo Sosa

E l presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, Lizardo Sosa, emitió el miércoles un comunicado de prensa donde fijó su postura respecto del gasto por el endeudamiento mediante emisión de bonos.

Sosa, quien impulsó el endeudamiento a través de la emisión de US$700 millones en bonos, para utilizar buena parte de ese dinero en el blindaje económico, manifestó que si se gastan todos esos recursos, ?se podría poner a la economía de Guatemala en una posición de mayor riesgo?.

El funcionario, quien había defendido al Gobierno confiando en que no se haría uso errado del fondo de los bonos, advirtió que con la medida adoptada por el Congreso, que presupuestó todo el dinero para 2003, ?la reacción de los organismos internacionales tendería a ser desfavorable?.

El presidente Alfonso Portillo presentó al Congreso la iniciativa de Ley del Programa Nacional de Resarcimiento, PNR, para atender a las víctimas del conflicto armado interno.

La propuesta contempla cuatro temas: tierras y vivienda, indemnización, rehabilitación psicológica y dignificación de las víctimas.

La iniciativa no dice nada concreto respecto de las ex-Patrullas de Autodefensa Civil, PAC, aunque según los opositores, podrían estar incluidas.

Habla en términos generales de atender a las víctimas utilizando criterios de equidad, participación social y respeto a la identidad cultural.

La propuesta fue enviada a las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales y de la Paz para, su estudio y dictamen conjunto.

Apoyo indígena

Mientras la ley ingresaba al pleno, centenares de indígenas de varias comunidades del país se congregaron frente al Congreso para apoyarla.

Miguel Itzep, miembro de la Comisión Multinacional para la Paz y la Concordia, dijo que quieren que el Congreso ?apruebe la ley de urgencia, y destine un presupuesto para el Programa Nacional de Resarcimiento?.

Los indígenas llegaron de varias comunidades del occidente, sur y norte del país.

Crearía programa

La Ley establece la creación de un programa nacional de resarcimiento que:

? Estará en vigencia durante 11 años.

? El Congreso deberá asignar Q70 millones en el primer año al programa, del presupuesto general.

? La asignación será posteriormente de Q300 millones anuales, mínimo.

El Ejecutivo rechazó la semana pasada esta ley, por considerar que contraviene convenios internacionales y que causará incertidumbre jurídica en la industria farmacéutica y química.

El diputado unionista Pablo Duarte, ponente de la ley, dijo que no han conocido aún el veto, pero que modificaron los artículos por los que el mandatario la vetó y la enviaron de nuevo al Ejecutivo.

Modificaciones

Las modificaciones permitirán que Guatemala espere hasta 2004 para aplicar las leyes de la Organización Mundial de Comercio, OMC, sobre el uso de medicamentos.

Duarte agregó que estas permitirán que la población adquiera medicamentos a bajos precios.

Así también, que la protección que se daba a la información no divulgada o secreta de la industria farmaceútica sea eliminada.

El vocero del Congreso, Leonel Soto Arango, se mostró complacido por las reformas a esta legislación, y señaló que esto permitirá al país estar dentro del contexto mundial de protección industrial en el campo de la industria farmacéutica y química.

Lesiona derecho

En octubre pasado, la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana, Amcham, pidió al presidente Portillo vetar la ley, aduciendo que esto provocaría inseguridad y falta de certeza jurídica para el sector farmacéutico.

Días después, durante una visita del presidente Portillo a Alemania, empresarios de ese país condicionaron la inversión alemana al país si esta ley era aprobada.

?Señor presidente, honorable pleno: con todo respeto quiero indicarles que conforme el artículo 30 de la Constitución de la República no puedo contestar dicha pregunta?, fue la respuesta reiterada del funcionario durante las 10 horas que duró su interrogatorio, para evadir temas relacionados con algunos gastos y la estructura piramidal de las fuerzas armadas.

El artículo en mención se refiere al secreto militar por cuestiones de seguridad interna.

La actitud de Morán provocó el enojo de los interpelantes, Nineth Montenegro y Jorge Balsells, quienes consideraron que los datos pedidos al ministro eran públicos porque se relacionaban con gastos y no acciones militares que podrían representar algún peligro.

La interpelación de 88 preguntas básicas incluía 14 relacionadas con el Instituto de Previsión Militar. Morán se negó a informar, y aseguró que de acuerdo con la Ley Constitutiva del Ejército, el ministerio a su cargo ?no tiene ninguna injerencia? en esta institución.

Algunas cosas

No todo fue pérdida para la ANN en su intento por conocer el manejo del presupuesto militar.

Aunque a medias, de forma poco clara y con la defensa oficiosa del Frente Republicano Guatemalteco, el ministro proporcionó algunos rubros de gastos.

Por ejemplo, que este año Defensa asignó Q78.2 millones para alimentos de toda la institución y que cada cadete gasta mensualmente Q4,576.

Los alumnos del Adolfo V. Hall representan un gasto mensual de Q325.79 cada uno.

Morán también reconoció que el 100 por ciento del presupuesto militar es para funcionamiento, porque el Ejército no hace ninguna inversión.

No obstante, señaló que la rentabilidad social militar radica en la seguridad que presta la institución y el apoyo que brinda en casos de desastres.

Diferencias salariales

Aunque el ministro se negó a informar del número de efectivos del Ejército, accedió a revelar los salarios de la alta oficialía y las tropas, y dejó ver la diferencia enorme de salarios existentes en el Ejército.

Un general de división devenga Q17,500 mensuales; los generales de brigada, coroneles, tenientes y capitanes, entre Q11,400 y Q6,500.

La oficialía absorberá este año Q29.2 millones, entre salarios y bonos.

A los empleados administrativos se les paga entre Q1,560 y Q10 mil mensuales, y a los soldados de segunda y sargentos primeros, entre Q900 y Q1,400 mensuales.

Sin voto de desconfianza

Pese a que las respuestas proporcionadas por Morán no convencieron a los interpelantes, se abstuvieron de pedir el voto de desconfianza en su contra.

?No vale la pena solicitar un voto de desconfianza para una persona que recién se estrena en el puesto, y que posiblemente no continúe?, resaltó la diputada Montenegro.

Además, hizo ver que el encargado de la cartera militar no estaba preparado para responder las preguntas que se le formularon, ya que durante el tiempo que duró el interrogatorio se auxilió de sus asesores.

Sin embargo, la ANN concluyó que con la interpelación al militar se demostró que continúan los privilegios en las fuerzas armadas, y que evidenció la ?supremacía del Ejército en temas que no son de su competencia?.

Sin palabras propias

La interpelación del ministro de la Defensa, Robin Macloni Morán, se extendió 10 horas debido a que el funcionario no contestó una sola pregunta sin antes consultar durante largo tiempo a sus asesores.

Hasta las preguntas básicas más sencillas, a las que sólo debía decir sí o no, Morán esperaba a que sus acompañantes redactaran a mano lo que debía decir.

Hubo ocasiones en las que el pleno se paralizó hasta por 35 minutos a la espera de las respuestas del ministro, y en algunos casos, sólo fue para decir ?no tengo información al respecto?.

Por lo menos, en la mitad de las preguntas efectuadas, Morán dio respuestas incompletas, por lo que deberá enviar documentación complementaria.

No obstante, la fecha fijada por la Presidencia del Congreso para cumplir este requerimiento fue el 20 de diciembre, un plazo considerado por los interpelantes como ?demasiado largo?.

Al ministro se le vio nervioso durante toda la actividad, y sus dos camarógrafos y fotógrafos se encargaron de grabar a cuanta persona intervino y comentó de su presencia en el Congreso.

El militar deberá contestar 88 preguntas básicas y al menos 113 cuestionamientos complementarios, la mayoría relacionados con el manejo presupuestario de la institución castrense.

La diputada Nineth Montenegro, de la ANN, espera que el funcionario conteste las interrogantes y resuelva las dudas sobre la ejecución presupuestaria.

Entre las preguntas que Macloni deberá responder destacan las razones por las cuales el Ejército invierte sumas millonarias en pago de salarios, qué ha hecho con las plazas vacantes y cuál es el costo que tienen para los contribuyentes los estudios de cada cadete graduado en la Escuela Politécnica.

Asimismo, se incluirán temas relacionados con el papel desempeñado por el Ejército en el cuidado de las fronteras, asuntos políticos y de derechos humanos, así como las actividades en las que está colaborando en la seguridad interna.

Se intentó obtener la apreciación del ministro de la Defensa sobre la interpelación de hoy en el Congreso, pero no fue posible.

Harán 88 preguntas

La Alianza Nueva Nación, ANN, ha preparado 88 preguntas básicas y 110 repreguntas para el ministro de la Defensa. Algunas de ellas son:

? Cuánto gasta el Ejército en Alimentos.

? Por qué se han encontrado armas militares en redadas antinarcóticas.

? Cuánto gasta el Batallón de Ingenieros del Ejército.

? Cómo funciona el sistema de contribuciones del Instituto de Previsión Militar.

El viernes último, el Congreso dio vía libre al Gobierno para gastar el próximo año Q29,688.6 millones al aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para el otro año.

Las críticas de los diputados de oposición van desde que Q203.7 millones de recursos que provendrán del endeudamiento mediante la colocación de bonos servirá para fortalecer al Crédito Hipotecario Nacional, CHN, hasta las asignaciones de la Secretaria de Obras Sociales del Presidente.

Dicha secretaría tiene asignados para el próximo año, Q56.5 millones para funcionamiento y Q3.6 millones para inversión social.

Nineth Montenegro, diputada de la Alianza Nueva Nación, ANN, se preguntó por qué tendría una institución de servicio como ésta, un presupuesto tan elevado para funcionamiento.

La seguridad presidencial

Asimismo, para la seguridad del presidente Alfonso Portillo y su familia, se asignaron Q96.9 millones, para el funcionamiento del despacho presidencial Q7.6 millones y para la Guardia Presidencial Q11.9 millones.

La oposición considera que si bien, hubo una reducción en este rubro respecto al presupuesto de este año, continúa siendo un gasto elevado para mantener las actividades y la seguridad del mandatario.

Fondos con más recursos

Los principales fondos sociales vieron aumentadas sus asignaciones para 2003. El Fondo Nacional para la Paz, Fonapaz, dispondrá en el año electoral de Q577.2 millones, el Fondo de Inversión Social de Q378.9 millones y el Fondo de Tierras, Fontierra Q257.6 millones.

Para el programa de desayunos y almuerzos escolares, el Congreso asignó Q333.3 millones. No obstante, quitó esta responsabilidad al Ministerio de Educación y se la trasladó al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Maga, lo que también ganó severas críticas de la oposición.

El unionista Alvaro Hugo Rodas dijo que es inexplicable el traslado de este fondo al Maga, cuando podía desarrollarse el programa desde el Ministerio de Educación. ?No se que hará un Ministerio de Agricultura repartiendo desayunos escolares?, insistió, dejando ver que detrás de esta medida habría un fondo político.

Sin embargo, ante los señalamientos, Arístides Crespo, jefe de bancada del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, argumentó que se había decidió el traslado del programa de desayunos y almuerzos escolares al Maga porque ?para eso se llama Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación?.

El Programa de Fertilizantes que desarrollar el Gobierno necesitará poco más de Q163 millones y para el desarrollo de programas de la Paz, donde se incluye el pago a las exPatrullas de Autodefensa Civil, PAC, se invertirán Q2,037.5 millones.

La oposición insiste en que el de 2003 es un presupuesto elaborado con miras al año electoral.

El más alto

El presupuesto aprobado por el Congreso el viernes es el más alto durante el Gobierno del FRG:

? En 2000, el FRG recibió recursos aprobados por el Gobierno saliente por Q22,310 millones.

? Para 2001, aprobó un presupuesto de Q22,780 millones, levemente mayor al del año anterior.

? En 2002, el monto presupuestado fue de Q23,938 millones.

? Para 2003, se han aprobado Q29,688 millones, incluyendo los eurobonos.

El Ejecutivo había pedido Q27,229.6 millones, pero el FRG consideró que necesitaba gastar un poco más.

Asimismo, se hizo una redistribución de las asignaciones. Se le restaron recursos a los ministerios de Educación, Defensa, Estado Mayor Presidencial y las secretarias del Ejecutivo.

Los beneficiados con aumentos fueron Gobernación, Salud, Agricultura y las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, que fue el rubro que más se elevó.

De los ingresos

Para financiar los Q29,688.6 millones que el Gobierno prevé gastar el próximo año, los contribuyentes aportarán Q21,935.9 millones en impuestos.

Con recursos de capital se obtendrán Q103.0 millones y los Q7,649.7 millones restantes provendrán de endeudamiento, mediante préstamos internacionales y colocación de bonos.

Estos últimos, son los US$300 millones que habían quedado pendientes de ser aprobados por el Congreso (para su posterior colocación en el mercado), cuando se aprobó la Ley de Emisión de Bonos por US$700 millones.

El Gobierno se había comprometido a no colocar esos US$300 millones, porque los utilizaría para blindar la economía. Sin embargo, ahora ese monto será distribuido para financiar otros gastos.

Respecto de las asignaciones presupuestarias, el Congreso hizo cambios sustanciales al proyecto del Ejecutivo.

Se le incrementó el presupuesto a Gobernación en Q1,691.3 millones y Salud, Q1,753.2 millones; Corte Suprema de Justicia, Q600 millones; Ministerio Público, Q392 millones y Corte de Constitucionalidad, Q36.8 millones.

Asimismo, la Procuraduría de los Derechos Humanos recibirá Q40 millones y la Procuraduría General de la Nación, Q36 millones.

No obstante, lo más criticado por la oposición fue la reducción de la asignación al Ministerio de Educación.

Esta dependencia tenía una asignación inicial de Q3,411.2 millones y el Congreso le dejó Q3,255.4 millones; el monto de esa reducción se trasladó al Ministerio de Agricultura.

Según Mario Rivera, presidente de la Comisión de Finanzas, esta decisión se tomó para que sea esa cartera quien se encargue de distribuir los almuerzos y refacciones escolares.

De los fondos sociales, el mayor beneficiado fue el Fondo Nacional para la Paz, Fonapaz, a quien se le trasladó el dinero para la construcción y reparación de edificios escolares y entrega de mobiliario.

Rivera indicó que el presupuesto cumple con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, FMI. ?Se está llegando a una carga tributaria del 10.5 por ciento del Producto Interno Bruto… y se estima déficit fiscal de 3 por ciento?, dijo.

Casi al final de la jornada, pasadas las 18 horas, el pleno lucía medio vacío.

Las enmiendas de última hora y la premura por agilizar la aprobación dejaba momentos de silencio. De repente, éstos eran interrumpidos por carcajadas de diputados oficialistas que se dedicaron a contar anécdotas, para romper el aburrimiento que les provocó la jornada.

Postura: ?Es un presupuesto irreal y electoral?

El Presupuesto General de Ingresos y Gastos 2003, aprobado ayer por el FRG, fue calificado por la oposición de irreal y electorero.

El unionista Alvaro Hugo Rodas señaló que el presupuesto para 2003 es irreal, debido a que contempla ingresos que no se obtendrán.

Criticó que se le restaran recursos al Ministerio de Educación, para trasladarlos al Ministerio de Agricultura. ?No sé qué tiene que hacer esa cartera ?Agricultura? repartiendo almuerzos escolares?, dijo.

Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación, se unió al rechazo, y manifestó que las reducciones efectuadas a la Presidencia, Estado Mayor Presidencial y Defensa podrían ser cosméticas, porque finalmente se terminarán haciendo transferencias presupuestarias para beneficiarlas.

La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca se unió a las críticas.

El Partido de Avanzada Nacional y la Unidad Nacional de la Esperanza no estuvieron en la sesión.

Los recursos serán utilizados en lo que el Gobierno denomina ?Financiamiento del Proyecto de Ajuste del Sector Financiero? .

De los US$150 millones, la mitad -US$75 millones-, irán al Fondo de Protección al Ahorro y el resto irá al Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria, FFCB.

Mientras que el FOPA está diseñado para proteger las cuentas de los ahorrantes hasta por Q20 mil en caso de que un banco tenga problemas, el FFCB financiará hasta 50 por ciento en la compra de carteras entre bancos.

Ambos fondos están destinados a fortalecer el sector financiero y bancario.

El plazo autorizado por el Congreso es de 16.5 años que incluye 6.5 años de gracia.

El desembolso está programado a dos años y los intereses serán calculados sobre el capital pendiente de pago.

El Decreto 27-63 estipula que los recursos provenientes del Banco Mundial serán manejados a través del Ministerio de Finanzas Públicas, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos.

El diputado del FRG Mario Rivera, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, informó que el proyecto tendrá cambios de fondo y de forma.

El congresista adelantó que se reducirán las asignaciones del Ministerio de la Defensa, Estado Mayor Presidencial y la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad. Otros rubros como el de la Procuraduría de los Derechos Humanos, mejorarán.

Rivera agregó que el monto estimado en Q27,229.6 millones podría incrementarse, pero insistió en que todo quedará definido hoy en el pleno.

Los bloques de oposición manifestaron su rechazo a la aprobación apresurada de este proyecto.

Incluso algunos, como el unionista Mariano Rayo, aseguraron que la iniciativa contiene ilegalidades.

Los montos…

El ejecutivo propone en el presupuesto 2003 estas asignaciones:

? Educación: Q3,411.274,119.

? Secretarías y otras dependencias: Q2,430.969,113.

? Micivi: Q2,416.862,096.

? Salud: Q1,726.222,164.

? Gobernación: Q1,567.644,392.

? Agricultura: Q1,055.610,773.

? Defensa: Q1,000.000,000.

? Finanzas: Q309.575,340.

? Cancillería: Q234.255,074.

? Presidencia: Q193.850,420.

? Congreso de la República: Q188.180,518.

? Organismo Judicial: Q437.748,480.

? Ministerio Público: Q378.8 millones.

?Aplaudo a los medios, por el rigor con el que le dan seguimiento a esta situación. Respetuosamente, insto al Gobierno de Guatemala a utilizar esa información?, dijo el enviado de Otto Reich.

El funcionario estadounidense dijo que las autoridades tienen a su alcance información publicada por la prensa, entre la que destaca denuncias de corrupción de altos funcionarios de Gobierno y ex militares allegados al presidente Alfonso Portillo.

Fisk arribó a Guatemala el lunes para reunirse con autoridades civiles y gubernamentales, y conocer de cerca la situación del narcotráfico y la corrupción en el país.

?No se trata solamente de qué información tenga EE.UU., sino cuál tiene el Gobierno, y qué información puede conseguir. Hay información que ustedes con enorme esfuerzo y mucho acierto han recabado?, insistió.

No obstante, evitó entrar en detalles sobre lo que llamó ?información confidencial?, que atañe al Gobierno, y los vínculos de algunos de sus miembros con el crimen organizado.

Estarán vigilantes

Durante la rueda de prensa en la residencia del embajador estadounidense, Fisk explicó que su gobierno estará atento a las acciones que emprendan las autoridades guatemaltecas para combatir esos flagelos.

?Sabía que Guatemala enfrenta serios problemas; esta es la impresión que traía, y me quedó confirmada?, señaló. El funcionario evitó hablar sobre qué pasaría si el país no cambia el rumbo. Al respecto, indicó: ?Se realizará una revisión por parte de la embajada, en consulta con el Gobierno de Guatemala?.

No obstante, dejó claro que seguirán aplicando sus leyes, y que si la coyuntura necesita cancelar más visas o restricciones de apoyo, ?estas cosas vendrán?.

También espera que el próximo año el combate al narcotráfico y la corrupción se fortalezca.

Sus impresiones

Durante su permanencia en el país, Fisk cumplió con una apretada agenda. El martes se reunió con representantes del cuerpo diplomático, empresarios, políticos y el gabinete de seguridad, encabezado por el vicepresidente Francisco Reyes; el Fiscal General, Carlos de León, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Larios, para analizar la corrupción y el narcotráfico.

Fisk visitó el país luego de que el pasado 10 de octubre el subsecretario Reich denunciara ante el Congreso de su país los lazos entre el Gobierno guatemalteco y el crimen organizado.

Fisk indicó que entre las recomendaciones dadas a las autoridades destacan la necesidad de destruir la droga decomisada al narcotráfico y utilizar los bienes confiscados por este delito.

El funcionario, quien desayuno ayer en privado con la diputada Zury Ríos, abandonó el país en horas de la tarde, luego de haberse entrevistado con la prensa y sostener citas de trabajo con miembros de la embajada estadounidense.

Comercio: TLC, en peligro

Estados Unidos considera que el estado de Derecho es fundamental para concretar la firma de un Tratado de Libre Comercio, TLC.

Dan Fisk señaló que las dudas del Gobierno de EE.UU. sobre el estado de Derecho en Guatemala ?son serias?, por lo que las autoridades no pueden hacer caso omiso de lo que acontece.

?La corrupción es parte de nuestros debates acerca de un libre comercio, tanto para Guatemala como para Nicaragua. Tenemos que confiar en que existe el compromiso de que se van a cumplir las reglas?, agregó Fisk. Dijo que es indispensable el combate de las mafias.

Terrorismo: País vulnerable

Si el narcotráfico es capaz de explotar la situación de vulnerabilidad que se presenta en el país, entonces los terroristas o cualquier otro grupo puede hacerlo también, incluso la red Al Qaeda.

Con esta introducción, Dan Fisk insistió en la importancia de que Guatemala enfrente el narcotráfico y la corrupción. A decir del funcionario, la falta de acción de las autoridades puede traer ?consecuencias nefastas para el hemisferio y Estados Unidos?.

Según dijo, se sabe que la mayoría de grupos de narcotraficantes mantienen vínculos con organizaciones terroristas y por eso su interés porque haya acciones contra estos males.

Derechos Humanos: Apoyo a activistas

Una parte importante del mensaje de Dan Fisk, enviado estadounidense, se centró en incentivar el respeto de los derechos humanos.

?Mi mensaje busca brindar apoyo a los derechos humanos y los activistas sociales, y recalcar la importancia que damos al respeto de estos derechos?, dijo.

También pidió al Gobierno castigar a los culpables de asesinatos de ciudadanos estadounidenses.

Fisk manifestó su preocupación por las intimidaciones y amenazas contra activistas de derechos humanos del país. Recalcó que su país tiene gran interés en los sucesos de Guatemala.

Síntesis: Preguntas y respuestas

Dan W. Fisk respondió trece preguntas durante cuarenta minutos en una reunión con varios medios de comunicación, con lo cual puso fin a su visita a Guatemala.

Entre los temas más sobresalientes del diálogo con el funcionario estadounidense destacaron los siguientes:

¿Le quedó la sensación de que las autoridades tienen la voluntad de tomar acciones concretas para combatir los problemas?

Al menos, retóricamente, los funcionarios del Gobierno guatemalteco y representantes de otros sectores expresaron su voluntad política de tratar los problemas aludidos.

¿Qué pasará si esa voluntad política no se traduce en acciones?

El propósito de mi visita no es especular sobre lo que Estados Unidos hará. El propósito es llevarle al subsecretario Reich una idea de que en Guatemala se pueden llevar a cabo acciones vigorosas para enfrentar los problemas.

¿Qué acciones concretas esperaría su gobierno de Guatemala?

Hemos brindado al Gobierno de Guatemala una serie de pasos que nosotros consideramos que afirmarían su compromiso de emprender acciones para combatir la corrupción y la narcoactividad. Aunque, debo repetir mi renuencia a discutir detalles de lo que hemos comunicado en privado a las autoridades.

Su país ya ha cancelado visas y ha tomado otras acciones por la situación de corrupción y narcotráfico. ¿Qué otras cosas se podrían esperar, tomando en cuenta la actitud del presidente Portillo de evitar enfrentar esa situación?

Las acciones tomadas por nosotros son en cumplimiento de nuestra jurisdicción y nuestras leyes. Han surtido efectos positivos en la actitud del presidente Portillo para luchar en contra de la corrupción y el narcotráfico.

Ayer, Dan W. Fisk, subsecretario adjunto de Estado, recalcó al vicepresidente Juan Francisco Reyes que las preocupaciones de Washington sobre Guatemala son el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.

Lo que pase de aquí en adelante, está en manos del Gobierno, y más que mostrar voluntad política para desterrar esos problemas, el Departamento de Estado pidió acciones concretas.

?Los pasos que esperaríamos ver desde nuestra perspectiva, son acciones concretas, evidencias de que existe voluntad política de parte del presidente -Alfonso Portillo- para cumplir con los compromisos que él hizo para luchar contra estos flagelos?, dijo Fisk.

El funcionario, enviado del subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Otto Reich, se entrevistó con el vicepresidente, el gabinete de seguridad, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Larios Ochaita; el Fiscal General, Carlos de León, y el Superintendente de Bancos, Douglas Borja.

También estuvieron presentes el embajador de Guatemala en Estados Unidos, Ariel Rivera, y su posible sucesor, Antonio Arenales Forno.

Aunque señaló que su visita era ?amistosa?, insistió en que: ?La situación de corrupción continúa sin ver ninguna reducción?.

?La corrupción y el narcotráfico sigue plagado en Guatemala y en el resto de países del istmo centroamericano?, insistió.

Discurso firme

Pese que el vicepresidente intentó en más de una oportunidad desviar la atención durante la conferencia de prensa que Fisk ofreció, el enviado estadounidense se mantuvo firme en reiterar una y otra vez las preocupaciones de su Gobierno, sacadas a luz el 10 de octubre pasado por Otto Reich.

En un informe a congresistas de su país, Reich criticó los escasos resultados del combate a la corrupción y narcotráfico en Guatemala y ligó a líderes del crimen organizado con funcionarios del Gobierno.

Tras los comentarios de Reich, el secretario de Asuntos Estratégicos, Edgar Gutiérrez, y el Fiscal General, Carlos de León, viajaron a Washington. Fisk dijo que su llegada al país respondía en parte a las visitas recientes de estos funcionarios.

Durante la reunión se ofreció a Fisk promover mecanismos ágiles para la incineración de droga incautada en operativos para evitar su robo en las bodegas policiacas, así como el traslado de los bienes confiscados a los traficantes de drogas a las fuerzas de seguridad, para que continúen en el combate a este flagelo.

El vicepresidente indicó que en la cita con Fisk ?no hubo requerimientos? sino muestras de buena voluntad para combatir aspectos que ?no son particulares de Guatemala?.

Fisk, quien retornará hoy a su país para informar respecto de lo observado en Guatemala, dejó un mensaje claro a Reyes López: ?La preocupación de nuestro Gobierno es que la situación de corrupción continúa sin ver ninguna reducción y nosotros lo que proponemos es trabajar juntos… en una relación de confianza, pero supervisada?.

Fiscal General: Hablan de robo de droga

El Fiscal General, Carlos de León, propuso durante la reunión con Dan Fisk, la incineración de la droga que se incauta en los operativos antinarcóticos en el momento de su decomiso.

Indicó que al evitar el traslado de la droga, se terminarían los robos que se producen durante el manipuleo de estos cargamentos.

?Actuando en el momento en que se incauta la droga, incinerándola de una vez, nos evitaríamos muchos problemas?, comentó el fiscal.

De León señaló que el funcionario de EE.UU. le habló de la posibilidad de extraditar hacia su país al guatemalteco Milton Napoleón Marín, sindicado en el estado de Michigan de doble homicidio.

Vicepresidente: Ex militares y evasores

El vicepresidente, Juan Francisco Reyes, evitó reconocer los vínculos de amistad del presidente Alfonso Portillo y otros funcionarios de Gobierno con algunos militares que están bajo la lupa del gobierno estadounidense y enfatizó en comentar que ?ellos, eran funcionarios de otras administraciones?.

Asimismo, centró su discurso en señalar que la corrupción comienza cuando se evade al fisco, por lo que además de pedir más ayuda para combatir el narcotráfico, buscarán un tratado bilateral de información financiera para que las inversiones guatemaltecas en Estados Unidos también paguen impuestos en Guatemala, y viceversa.

Las frases del enviado

En todo momento, el subsecretario Adjunto de Estado de EE.UU. para Latinoamérica, Dan W. Fisk, hizo énfasis en señalar las preocupaciones de su país respecto del narcotráfico y la corrupción en Guatemala.

?Deseo reiterar la preocupación de mi gobierno por el grado de corrupción, narcoactividad y delincuencia que hacen las mafias en el país?.

?Hay preocupación de nuestro Gobierno de que la situación de corrupción continúa sin ver ninguna reducción en Guatemala?.

?La corrupción y el narcotráfico siguen plagando a Guatemala y el resto del Istmo… por esa razón, nos pareció que alguien de Washington viniera?.

?Esperaríamos ver acciones concretas como evidencia de que existe voluntad política del presidente Portillo para luchar contra esos flagelos?.

En la agenda del funcionario estadounidense sobresalían algunos temas, como narcotráfico, corrupción, crimen organizado y sus vínculos con algunos funcionarios del gobierno de Alfonso Portillo.

A temprana hora, Fisk desayunó con representantes del cuerpo diplomático para conocer sus puntos de vista sobre la situación de Guatemala.

Luego, a eso de las 10:30 horas, llegó a la casa vicepresidencial para reunirse con Juan Francisco Reyes, el gabinete de seguridad y otros funcionarios.

Por razones que nadie pudo explicar, el presidente Portillo no se entrevistó con Fisk.

El funcionario llegó acompañado de Stephen MacFarland, embajador interino de Estados Unidos en Guatemala, y un equipo discreto de seguridad, contrario a los exhibidos por la mayoría de funcionarios guatemaltecos.

Sin mayor protocolo, Fisk fue recibido en el salón principal de la vicepresidencia, donde destacaba una mesa con mantel blanco y bandejas de frutas diversas. El calor apenas se disipaba por las ventanas del lugar.

Con otros sectores

Al mediodía, el funcionario se reunión con líderes empresariales, entre ellos, Dionisio Gutiérrez, Roberto Castañeda, de la Cámara del Agro, y María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Cien.

Respecto de los temas tratados durante la comida, Castañeda resaltó el del TLC entre Estados Unidos y Centroamérica, aunque dijo que al Gobierno estadounidense le preocupa la corrupción y el narcotráfico.

Otros de los temas fueron cómo la comunidad internacional ve a Guatemala y las quejas por los altos niveles de corrupción en el Gobierno.

A mitad de la tarde, Fisk llegó a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, donde fue recibido por representantes de agrupaciones de derechos humanos.

Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, comentó que le hablaron de las intimidaciones contra este sector, la delincuencia y la inseguridad, así como los vínculos del crimen organizado con funcionarios de Gobierno.

?El -Fisk- está convencido de eso?, señaló.

Fisk manifestó que uno de sus principales intereses era reunirse con estos grupos, porque sabe de las amenazas e intimidaciones, por lo que instó al Gobierno a darles seguridad.

El funcionario estadounidense cerró su apretada agenda de trabajo con una cena en la residencia del embajador McFarland, en donde fueron invitados representantes de partidos políticos y sectores civiles.

Eduardo González representó al PAN, y Alvaro Colom, a la UNE; también participó el ex eferregista Harris Withbeck.

Además, asistió Frank La Rue, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos; Juan Luis Font, del matutino elPeriódico, y el columnista Luis Figueroa.

González comentó que durante la cena se trataron temas como la situación política y la ingobernabilidad en el país.

Mientras tanto, Colom indicó que le manifestaron a Fisk su preocupación por la proliferación del crimen organizado y el incremento de las pandillas, lo cual se debe ?a la protección del Gobierno?.

Withbeck fue más reservado. Comentó que él fue invitado a la actividad porque tiene estrecha amistad con Fisk.

Apretada agenda

El subsecretario adjunto del Departamento de Estado de EE.UU. para Latinoamérica, Dan W. Fisk, llegó el lunes en horas de la noche al país para una visita oficial. Ayer cumplió una apretada agenda.

? A temprana hora desayunó con el cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, para compartir sus puntos de vista respecto de la situación del país.

? A las 10:30 horas llegó a la Vicepresidencia, donde se reunió durante dos horas con el vicemandatario Juan Francisco Reyes López, el gabinete de seguridad y otros funcionarios.

? A las 13:30 horas almorzó con un grupo de dirigentes empresariales.

? A las 15:30 horas habló con representantes de grupos de derechos humanos.

? A las 19 horas participó en una cena con representantes de los distintos partidos políticos.

? Hoy tiene prevista una reunión con la prensa, y abandonará el país en horas de la tarde.

Con estas cuotas adicionales, la institución a cargo de la seguridad del presidente y su familia duplicó su asignación presupuestaria inicial, de Q58 millones a Q120.3 millones.

Para fortalecer económicamente al EMP, Finanzas le recortó Q5.1 millones al Ministerio de Relaciones Exteriores; Q4.1 millones al de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Micivi, y Q1.2 millones al de Energía y Minas.

Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación, denunció este nuevo traspaso y manifestó que el Gobierno actúa de manera incoherente con el manejo presupuestario.

?Nos endeuda con US$700 millones para darle Q400 millones al Micivi, porque no tiene para pagar sus deudas, pero le quita a ese ministerio casi todos los meses para darle al EMP y a la Defensa?, dijo.

La congresista señaló que endeudar al país mediante emisión de bonos es sólo una justificación, porque ?el verdadero fin es favorecer, como siempre, a dependencias ligadas con las fuerzas armadas, quienes mediante triangulaciones resultan abultando sus presupuesto originales?.

Montenegro dijo que llama la atención el hecho de que las transferencias al EMP siempre coinciden con alguna salida del presidente Portillo y recordó que el mandatario viaja esta semana a República Dominicana.

El presupuesto

El EMP tiene unos 800 empleados y mensualmente gasta Q10 millones 153 mil 586. Es el encargado de la seguridad del presidente Alfonso Portillo y su familia.

Informes del Ministerio de Finanzas dan cuenta de que sólo en alimentación esa dependencia gasta Q70 mil 823 diarios.

En el presupuesto del próximo año, el Gobierno prevé asignar Q193 millones al EMP.

El más beneficiado

El EMP es la institución que más transferencias ha recibido en 2002. Reportes del Ministerio de Finanzas indican que:

? En marzo recibió Q1.5 millones para apoyar la gestión presidencial.

? En abril recibió Q3 millones para la gestión presidencial.

? En mayo recibió Q7.6 millones, que se destinaron a la gestión presidencial y Bibliotecas para la Paz.

? En julio recibió otros Q9.4 millones para la gestión presidencial.

? En agosto recibió Q9.7 millones, para la gestión presidencial.

? En septiembre recibió Q19.7 millones para apoyo a la gestión presidencial y Bibliotecas para la Paz.

? En septiembre también recibió Q30 millones para apoyo a la gestión presidencial.

? En noviembre, Q10.4 millones para apoyo a la gestión presidencial.

Lo anterior es parte del Decreto 69-2002, publicado ayer en el diario oficial, que reformó el artículo 27 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2002 que permite al estado transferir esos fondos.

La norma eliminó un candado que se había colocado al uso de los recursos que se generan de los ahorros provenientes del pago de deuda pública.

Este candado prohibía la utilización de este dinero para cualquier otro destino.

Ahora, con la ley vigente el dinero podrá utilizarse en la ?regularización de la nómina de sueldos, pago de prestaciones laborales, situaciones de urgencia nacional y fortalecimiento de gastos operaciones y de inversión pública?.

Los ahorros en el pago de deuda se generan debido al diferencial en el tipo de cambio que logra el Gobierno cuando negocia dólares para abonar al pago de este servicio.

De acuerdo con estimaciones del bloque Unionista, basadas en las proyecciones del cierre presupuestario 2002, el Gobierno dispone de unos Q800 millones en este concepto.

En contra

La oposición en el Congreso adversó esta medida, por considerar que los recursos ?se mal utilizarán en gastos de funcionamiento?.

Para el Unionista Mariano Rayo, lo ideal sería que estos ahorros se destinarán a pagos anticipados y compra de títulos de deuda para bajar los intereses que genera este servicio.

?Mientras los inversionistas tienen esos títulos de deuda en su poder cobran intereses, si se les compran antes de su vencimiento con esos ahorros, ya no habrá que pagarles más intereses?, comentó.

La medida en detalle

El Gobierno podrá gastar así los ahorros en el pago de deuda:

? En la regularización de la nómina de sueldos y pago de prestaciones laborales.

? Situaciones de urgencia nacional o calamidad pública, previa declaratoria conforme a la ley.

? Fortalecimiento de gastos operacionales y de inversión pública, definidos como prioritarios.

Así lo dio a conocer ayer Eduardo Weymann, ministro de Finanzas Públicas, durante su interpelación en el Congreso.

Según el funcionario, por decisión presidencial, el CHN deberá absorber al Banejer, debido a los problemas financieros que este último enfrenta.

Millonario costo

El proceso de ?fusión por absorción? significará una factura de Q135 millones para los contribuyentes, debido a que en lo que va del año, el CHN ha recibido de Finanzas Q50 millones, de un total de Q100 millones para capitalizarlo.

Además, Weymann informó que el 23 de octubre pasado se realizó una transferencia del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Micivi, al Instituto de Previsión Militar, IPM, dueño de Banejer, por Q35 millones, para el pago de los pasivos laborales de sus empleados y la compra de su participación a algunos accionistas minoristas del banco militar.

El ministro justificó la transferencia y afirmó que ?por un lado, nos ponemos al día con las cuotas atrasadas que tenemos con ellos, y estos recursos los estarían utilizando para el proceso de fusión?.

Señaló que como ha sucedido con otras fusiones bancarias, la unión entre el CHN y Banejer durará al menos dos semanas, hasta que quede una sola institución.

Empleados del CHN y Banejer dijeron tener instrucciones para que a partir de mañana operen conjuntamente, mientras temen que haya despidos.

Guardan silencio

Las autoridades del CHN y el Banejer han guardado hermetismo sobre la fusión.

Héctor Augusto Rodríguez, presidente del CHN, no atendió las llamadas. Su relacionista dijo que por órdenes de junta directiva no pueden dar información.

Por su parte, Amado López, gerente del Banejer, dijo que toda la información sobre la fusión le corresponde darla al CHN.

Se trató de obtener la opinión de Douglas Borja, superintendente de Bancos, pero también fue imposible.

Los números

Tras el proceso, el Banejer desaparecería y le entregaría al CHN:

? Q500 millones en créditos sanos y otros activos.

? Q500 millones en depósitos y obligaciones de sus ahorrantes e inversionistas.

? 26 agencias bancarias.

? Unos 300 empleados.

? Se crearía un fideicomiso por Q150 millones entre créditos morosos y activos extraordinarios, en donde todo lo que se recupere será para el IPM.

Según analistas económicos, la decisión del Congreso de aprobar, que por el momento, sólo US$100 millones del total de eurobonos a colocar vayan a las reservas monetarias del país, refleja que el blindaje no era necesario.

Según el economista César García, de Certeza Counsulting, ?el blindaje de la economía en pleno año electoral era una falacia?.

El ministro de Finanzas, Eduardo Weymann, y Sosa, del Banguat, argumentaron durante semanas sobre la necesidad de emitir US$700 millones -unos Q5,450 millones-.

Según los funcionarios, de ese total, al menos US$400 millones serían recursos disponibles para evitar cualquier desequilibrio en la balanza de pagos en el 2003, año electoral.

No obstante, el Congreso aprobó el jueves la ley que permite la emisión, pero, con cambios significativos.

Lo aprobado

El decreto autoriza la emisión de los US$700 millones de bonos, de los cuales el Gobierno sólo podrá colocar US$400 millones este año y los US$300 millones en el 2003.

De los US$400 millones que se coloquen este año, US$50 millones servirán para pagar deudas del Ministerio de Comunicaciones, Micivi; US$150 millones para la reducción del Ejército, US$100 millones para otros proyectos del Gobierno, y sólo US$100 millones para incrementar las reservas monetarias.

Los US$300 millones pendientes podrán colocarse y utilizarse para lo que el Gobierno estime pertinente, siempre y cuando se envíe al Congreso una razón justificada.

Reservas suficientes

Según García, si se toma una fotografía de las reservas monetarias y se compara con el tamaño de la economía, ?podríamos ver que son grandes?.

Asimismo, consideró que finalmente, las autoridades terminarán gastando todo el dinero que aseguraron no tocarían ?porque les conviene, para captar votos?.

El diputado unionista Alvaro Hugo Rodas opinó que esta aprobación demuestra que ?eso del blindaje de la economía no era tan urgente, y ahora se deja un fondo para que el Gobierno disponga en año electoral?.

En contra de acuerdos

Para Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Cien, uno de los aspectos más negativos de este endeudamiento es que va en contra de lo establecido en el Pacto Fiscal, que recomendó que en año electoral el déficit fiscal fuera cero.

A decir del analista, conforme las autoridades vayan haciendo uso de estos recursos, el déficit fiscal del próximo año, estimado inicialmente en 1.8 por ciento, crecerá.

Lavarreda criticó la falta de claridad en los pagos que hará el Micivi con esos recursos.

?¿De dónde viene esa deuda? Se dice que hay deuda, pero no se dice de dónde salió. Se supone que el Micivi contrata servicios bajo lo que tiene presupuestado, sería bueno conocer al menos cuáles son los proyectos que se hicieron y cuanto costaran al final de cuentas?, agregó.

La legisladora se reunió ayer en el Congreso con el viceministro de Finanzas, Raúl Berríos, para analizar la situación del endeudamiento, de cara a la inminente aprobación de la emisión de US$700 millones en eurobonos.

Según reconoció el funcionario, al sumar la deuda externa con la interna y la cuasifiscal, se alcanza el 29 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB.

Montenegro declaró que la deuda total asciende a Q53 mil millones.

?El monto es elevado, y eso es lo que las autoridades no quieren reconocer; se basan sólo en las cifras de la deuda externa, y olvidan la interna y la cuasifiscal?, manifestó.

Agregó que si al monto mencionado se agrega la aprobación del endeudamiento por la emisión los eurobonos, la deuda llegaría a Q57 mil millones.

Lo más grave, según la congresista, es que esta situación compromete el futuro de toda la Nación.

?Estamos pagando a intereses casi Q3 mil millones anuales, y nunca llegamos a amortizar capital, y eso nos puede llevar por lo menos dos generaciones más pagando?, señaló.

Añadió que las cifras de Finanzas proyectadas para el pago de deuda el próximo año ?unos 4 mil millones? alcanzaría para pagar el presupuesto de Salud y Educación.

Posibles ilegalidades

La iniciativa de Ley para la emisión de eurobonos por US$700 millones podría tener ilegalidades, reconoció ayer el viceministro de Finanzas, Raúl Berríos.

El funcionario manifestó que en el artículo 13 se redactó como destino ?gasto corriente en forma excepcional?, lo que puede violar el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Señaló, además, que en este caso hay que hacer una enmienda, porque no se puede adquirir deuda para pagar gastos corrientes.

La iniciativa plantea una ampliación presupuestaria para este año de US$50 millones -Q400 millones- para pagar las deudas que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Micivi, tiene con algunos contratistas.

El resto del dinero se destina a las reservas del Banguat, y será hasta el próximo año cuando se distribuya y se utilice, señala el documento.

Fuerte discusión

El contenido del proyecto fue criticado en el pleno por los bloques de oposición, a excepción de las bancadas del Partido Libertador Progresista, PLP y la Democracia Cristiana.

?El dictamen favorable presentado por la Comisión de Finanzas, tiene ilegalidades?, dijo el unionista Mariano Rayo, quien pidió el retiro de la iniciativa.

A sus reclamos se unieron los diputados Nineth Montenegro y Alfredo Balsells, de la Alianza Nueva Nación, ANN, quienes instaron a los oficialistas a reflexionar sobre los niveles de endeudamiento que provocará la emisión de bonos.

Jorge Méndez, del Partido de Avanzada Nacional, PAN, y Alberto Mazariegos, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, también rechazaron el proyecto por considerar que tendrá efectos negativos en la ?ya precaria economía nacional?.

Todo bien

Pese a las críticas, para el oficialismo todo lo relacionado con la emisión de bonos está bien.

El presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt, señaló que además de los US$50 millones para el Micivi, US$250 millones se usarán en 2003 para compra de tierras, Ejército y seguridad alimentaria. El resto del dinero, US$400 millones, se engrosará las reservas nacionales.

Entretanto, en el Congreso arranca el trámite de aprobación de la iniciativa, el Ministerio de Finanzas se alista para lanzar la emisión.

Según se informó ,para este año se tiene programada la colocación de US$550 millones en el mercado europeo, mientras que en el 2003 se colocarán US$150 millones en el mercado local.

Se espera que el proyecto sea conocido hoy en segunda lectura para que la semana próxima quede aprobado en definitiva.

Finanzas: Fondo de emergencia

E l remanente de los recursos sin utilizar de los US$700 millones en eurobonos que pretende emitir el Gobierno ?debiera servir para crear un fondo de emergencia que el país pueda usar frente a cualquier eventualidad?.

Así lo afirmó ayer Lizardo Sosa, tras ser juramentado por segunda vez consecutiva como presidente del Banco de Guatemala para un período de cuatro años.

En su opinión, ?la emisión de los bonos permitirá al Micivi salir del compromiso de pago que tenía pendiente con empresas constructoras. Por otro lado, ayudará para que el año entrante las reservas de divisas sean fortalecidas en unos US$400 millones?.

Lo anterior, agregó el presidente del Banguat, contribuirá a mantener la estabilidad macroeconómica que ya ha sido alcanzada, y reiteró la necesidad de crear un fondo de emergencia con el remanente de los recursos.

Así lo dio a conocer ayer el diputado Mario Rivera, presidente de la Comisión de Finanzas, luego de una reunión de trabajo en el Banco de Guatemala, Banguat, cuyo objetivo fue analizar este tema.

De acuerdo con el congresista, el proyecto ya había sido presentado a la Junta Directiva del Congreso y que en general, la propuesta les parece aceptable y bien orientada.

?Podría haber algunos cambios, pero nada significativo, cosas de forma, no de fondo?, dijo Rivera.

Explicó que estos cambios podrían centrarse en la reorientación del gasto de algunos fondos sociales y ministerios, como los de Salud y Cultura.

No obstante, insistió en que serán ajustes sencillos no significativos, porque el proyecto de Finanzas es aceptable.

Citarán a ministros

?Estimamos que en la comisión de Finanzas no vamos a tener mayor problema en darle dictamen favorable?, señaló.

Rivera indicó que la única medida extraordinaria será citar a ministros y directores de los principales fondos sociales, para que expliquen la forma en la que piensan gastar el dinero que se les asigne el próximo año.

Sin embargo, la oposición continúa rechazando el proyecto. Durante la reunión efectuada ayer, en donde también participaron ministros de Estado y autoridades financieras y monetarias, los reclamos se centraron en el incremento del gasto de funcionamiento para el próximo año.

?Son más de Q2 mil millones; ¿para qué quieren tanto dinero??, manifestó el unionista Carlos Valle, quien señaló que ?seguramente el partido oficial estará pensando en contratar más personal?.

Así mismo, Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación, ANN, cuestionó al ministro de Finanzas, Eduardo Weymann, sobre las razones de aumentar el gasto de funcionamiento y no la inversión.

El funcionario argumentó la medida, y señaló la necesidad de cubrir los desfinanciamientos del presupuesto durante el último año. No obstante, su respuesta no convenció a la oposición.

Otoniel Fernández, de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, dijo que citarán a Weymann para que explique muchas cosas que no coinciden en el presupuesto del 2003.

?Por ejemplo, vemos que se está hablando de un déficit irreal, dando a conocer una cifra que finalmente será mucho mayor?, indicó.

Economía: Crecerá 2.8 por ciento

Tras las críticas recibidas por las proyecciones ?demasiado optimistas? de las principales variables macroeconómicas para el 2003, Lizardo Sosa, presidente del Banco de Guatemala, Banguat, presentó ayer a los diputados nuevas estimaciones.

Según Sosa, en el 2003 la economía crecerá un 2.8 por ciento, esto contrasta con el 3 por ciento estimado inicialmente; la meta de inflación se modificó a 5 por ciento anual, ligeramente arriba del 4.5 por ciento proyectado el mes pasado y el déficit fiscal se mantuvo en 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto.

Respecto del sector externo, Sosa indicó que no se espera un mayor dinamismo de las exportaciones en el 2003.

Erick Coyoy, economista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Asies, cuestionó las nuevas metas macroeconómicas, y consideró poco creíble la modificación en el crecimiento luego de aceptar que la tendencia en las exportaciones seguirá a la baja.

El presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt, comentó que será una reunión de trabajo en la que también participarán autoridades como, el ministro de Finanzas, Eduardo Weymann, y el presidente del Banguat, Lizardo Sosa.

Se tiene programado que los técnicos de estas instituciones expongan a los diputados el panorama económico para el próximo año y las razones por las cuales se debe aprobar el proyecto de presupuesto por Q27 mil millones, que fue presentado al Legislativo el 2 de septiembre.

Diputados oficialistas han sido cautos al comentar respecto al tema, señalando que el proyecto se discutirá y se aprobará tratando de suplir las necesidades más inmediatas del Gobierno.

Rechazan proyecto

Nineth Montenegro de la Alianza Nueva Nación, ANN, comentó que esperaría que el presidente del Banguat tomará conciencia respecto al endeudamiento interno que se plantea en este proyecto y en su calidad de máxima autoridad monetaria lo hiciera ver.

?El presupuesto 2003 plantea un crecimiento de la deuda que es riesgoso porque el endeudamiento interno es dos y tres veces más caro que el externo y esto a la larga puede provocar una crisis fiscal?, dijo.

A las críticas de la ANN se han unido los unionistas y la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, que han expresado su rechazo al proyecto presentado por Finanzas.

Moderado y prudente

Weymann ha defendido el proyecto asegurando que es ?moderado, prudente y conservador?, pese a que es el presupuesto de un año electoral. Se plantea que la mayoría de los ministerios mantengan rangos de asignación similares a los que tuvieron este año, a diferencia de leves cambios en Educación, Gobernación y Comunicaciones.

El proyecto de presupuesto fue elaborado estimando un crecimiento económico de 3 por ciento y un déficit fiscal de 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB.

Para financiar el déficit Finanzas pide se apruebe el endeudamiento mediante la colocación de Bonos del Tesoro por más de US$2 mil millones, adicionales a los US$700 millones en eurobonos.

En su lugar, autoridades de Economía, diputados y empresarios proponen la aprobación de la Ley de Valoración de Mercancías Importadas, que regularía la base imponible sobre la cual se calculan los impuestos de importación.

Esto, según la propuesta, evitaría la sobrefacturación o subfacturación.

Una alternativa

Según algunos expertos, con la aprobación de esa ley -incluida dentro de los compromisos adquiridos por Guatemala ante la Organización Mundial de Comercio- se recuperarían los ingresos que el fisco dejaría de recibir con la eliminación del IEMA, que en el 2001 representó el 9 por ciento de la recaudación administrada por la SAT.

El IEMA es un impuesto que pesa sobre todas las empresas. Se calcula con base en los activos fijos de éstas, y la tasa fue incrementada con la reforma fiscal aprobada por el Congreso el año pasado.

Desde su creación, los empresarios lo han considerado un tributo injusto, pues deben pagar aunque sus negocios no tengan rentabilidad.

Nerviosismo en finanzas

La discusión en el Congreso sobre la posible eliminación del IEMA puso nervioso al ministro de Finanzas, Eduardo Weymann, para quien la eliminación de este gravamen podría significar el descalabro de las finanzas públicas.

Sin embargo, los directivos de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales, Agexpront, apoyados por la ministra de Economía, Patricia Ramírez, no piensan así, y para convencer a la Junta Directiva del Congreso presentaron un análisis de la ?difícil situación de competitividad de su sector?.

Marcio Cuevas, presidente de la Agexpront, dijo que el sector exportador ha perdido terreno, lo cual los ha llevado a acudir a las autoridades para buscar soluciones en pro de mejorar la competitividad, para generar inversión y empleo.

Situación crítica

?La situación es crítica; hay bajos niveles de compra por parte de nuestro mayor mercado, que es el estadounidense. Creemos que tenemos que tomar medidas internas?, insistió.

Entre éstas, según Cuevas, estarían la eliminación del IEMA, la modificación del Decreto 29-89, Ley de Maquilas, y una evaluación respecto de la tasa de cambio que maneja la banca central.

Aunque el presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt, se mostró dispuesto a buscar una solución en favor de los exportadores, Weymann se mantuvo inamovible.

El ministro defendió su postura, al indicar que el IEMA es un impuesto que ha generado importantes recursos, permitiendo movilizar la carga tributaria.

El futuro del IEMA quedará definido en la segunda quincena de este mes, cuando todos los involucrados volverán a reunirse para tomar una decisión definitiva al respecto.

Para fortalecer la exportación

La Agexpront, respaldada por el Ministerio de Economía y diputados planteó tres acciones para mejorar la productividad del país:

? Reformas a la Ley de Maquilas: que permitan atraer inversión nueva.

? Eliminación del IEMA: en su lugar proponen la ley de valoración de mercancías importadas.

? Manejo del tipo de cambio: se inclinan por la devaluación del quetzal.

Eduardo Weymann, ministro de Finanzas, lamentó ayer esta medida, y dijo que de no haberse modificado las tasas propuestas para diferentes bebidas, las finanzas públicas estarían más desahogadas.

?Para nosotros esto ha sido tremendo; nos redujo enormemente el flujo de caja. La SAT -Superintendencia de Administración Tributaria- ha tenido que hacer algunos esfuerzos para tapar este agujero?, comentó el funcionario.

Según Weymann, de haber contado con los recursos esperados, se habría tenido una mejor disposición de recursos en el proyecto general de presupuesto de ingresos y gastos del 2003, que se presentó el lunes al Congreso.

Ayer, Enrique Neutze, presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Cacif, anunció que del 14 al 20 de octubre, viajarán a Alemania, para participar en las actividades del Día de las Américas y negociar un Tratado de Libre Comercio, TLC, con el bloque europeo.

?Se empezará con Alemania, aunque ese país sólo será la ventana para entrar en la región europea, lo que será beneficioso para la región centroamericana?, dijo el empresario.

Neutze dijo tener conocimiento de que a la reunión también han sido invitados los presidente de Centroamérica, Panamá y autoridades de Belice.

Según explicó, los europeos están interesados en una negociación con todo el bloque centroamericano, similar a la que se se celebra con Estados Unidos.

Según el dirigente de Cacif, las autoridades guatemaltecas deben dejar de lado las diferencias políticas, y negociar este tipo de acuerdos comerciales con patriotismo.

?Para poder hacer bien un tratado de libre comercio, deben estar de acuerdo Gobierno y sector privado?, agregó.

Año decisivo

Neutze dijo que el próximo año será uno de los más importantes para el futuro comercial del país. Comentó que hay muchas posibilidades de que el TLC que se está preparando con Estados Unidos quede concretado más o menos en un año.

Explicó que en enero se oficializarán las pláticas -que hoy se definen como acercamientos- y de ahí en adelante será poco tiempo el que se necesite para firmar.

Prensa Libre se comunicó con las oficinas de la Unión Europea en Guatemala para conocer su posición respecto de la reunión de octubre en Alemania, pero no obtuvo respuesta.

Enrique Neutze

?Cuando hemos hablado con autoridades del Gobierno, les pedimos que dejemos de lado nuestras diferencias políticas y negociemos esto con patriotismo?.

Esto significa que de casi Q24 mil millones que integran el presupuesto general de gastos de este año, apenas unos Q19 mil millones pasan por la regularización del SIAF.

Weymann señaló que habrá que esperar cinco años para que la utilización de todos los fondos públicos sea incluida dentro de este sistema, que ?permite algún nivel de transparencia en la utilización del dinero público?.

El ministro fue invitado por la bancada de ANN para explicar el funcionamiento del SIAF y el desarrollo de su tercera etapa, que podría concluir en el 2007.

Amplían control

Según dijo, actualmente se trabaja en la incorporación al SIAF de algunos fondos sociales como el FIS, y de instituciones descentralizadas, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS.

No obstante, señaló que para tener una cobertura total de todos los gastos, es necesario incluir a las municipalidades.

?Esto nos llevará algún tiempo, porque hay que invertir en tecnología y capacitación?, indicó el ministro.

Anunció que cuentan con un primer préstamo de US$30 millones otorgado por el Banco Mundial para empezar a trabajar.

Señaló además que han tomado la decisión de que los préstamos y las donaciones sean manejados desde la tesorería nacional, y no directamente por las instituciones del Estado, para ejercer mejor control.

Durante la reunión, la diputada Nineth Montenegro, de la ANN, pidió a Weymann hacer los trámites necesarios para instalar en cada bancada y bloque del Congreso una extensión del SIAF, para poder tener de primera mano los datos manejados en este sistema y fiscalizar el gasto de las instituciones.

Motivo de escándalo

El funcionamiento del SIAF quedó en tela de duda el mes pasado, luego de que el exdirector del Fondo Nacional para la Paz Rodrigo Arias reconociera ante diputados de la, Comisión de Probidad que no reportaba todos sus gastos a este sistema.

Ello para, supuestamente, no afectar el acuerdo que el Gobierno tiene firmado con el Fondo Monetario Internacional, FMI que establece un tope de gastos trimestrales.

Estas declaraciones provocaron escándalo y motivaron la visita de una delegación del citado organismo financiero para verificar el trabajo del SIAF.

La tercera etapa del SIAF…

Según el Ministerio de Finanzas, se está desarrollando la tercera etapa del Sistema Integrado de Administración Financiera:

? Esta medida permitirá en cinco años, controlar el gasto de todos los fondos públicos.

? Para desarrollar esta tercera fase, se cuenta con un primer financiamiento externo por US$30 millones del BM.

? Lo más difícil de incluir en el SIAF, según Finanzas, será a las municipalidades, sin embargo, se debe hacer.

Esta tarde, se reunirán para analizar la propuesta que planteó la Asociación de Emisores de Crédito, aunque, a decir de Mario Rivera, presidente de la mencionada comisión, los operadores todavía no han logrado convencerles.

Según el congresista, en una primera revisión pudieron observar que la propuesta hecha no beneficia a los usuarios, tal y como el Congreso lo había planteado.

?Haremos la revisión y si no estamos de acuerdo volveremos a citarlos para tratar de buscar un acuerdo, si no lo logramos, entonces el proyecto quedará tal y como se planteo en un inicio?, dijo Rivera.

Proyecto controversial

La Comisión de Finanzas del Congreso dio dictamen favorable hace varias semanas a una iniciativa de ley para regular los intereses que cobran las emisoras de tarjetas de crédito.

La iniciativa provocó tal controversia, que tuvo que ser retirada del pleno el día de su aprobación en tercera lectura y redacción final, para que legisladores y emisores buscaran acuerdos.

El planteamiento del Congreso se centra en que el interés que se cobre en este medio de pago, no supere en 5 puntos a la tasa activa que cobren los bancos del sistema cada fecha de corte.

Carlos Wohlers, presidente de la junta directiva del IGSS, dijo ayer que ya fue modificado el reglamento de inversiones y ahora se puede usar parte de los fondos del Seguro Social para invertirlos en proyectos sociales.

?Sabemos que hay un déficit de 1 millón 400 mil viviendas y queremos contribuir en esta área?, dijo Wohlers.

Según explicó, ya han tenido acercamiento con algunos bancos del sistema como Banrural y el G & T Continental y se espera escuchar la propuesta de tres instituciones más, para decidir dónde conviene más constituir este fideicomiso, que inicialmente sería de Q200 millones.

?Sería un fondo revolvente que generaría oportunidad a los afiliados al IGSS de adquirir vivienda?, insistió.

El funcionario indicó que el proyecto camina a toda marcha y que esperan concretarlo en tres meses.

?El andamiaje legal ya está completo, creemos que si el instituto se compromete a hacer este tipo de actividad, estaría beneficiando a toda la clase cotizante con proyectos de vivienda?, dijo Wohlers.

La misión del FMI, encabezada por Robert Remback, se entrevistó ayer con la Comisión de Economía del Congreso, para explicar los detalles de su visita.

La delegación fue invitada por el Ministerio de Finanzas, tras el escándalo desatado por el ex director de Fonapaz, Rodrigo Arias, quien puso en duda, ante la Comisión de Probidad del Congreso, la veracidad de las cifras manejadas en el SIAF.

Seria acusación

Hace dos semanas, Arias dijo en el Congreso que por órdenes del Ministerio de Finanzas no se actualizaba los informes de gasto de Fonapaz en el SIAF, para no afectar el acuerdo Stand By que el Gobierno firmó con el FMI a inicios de este año, y que restringe los gastos del Gobierno.

?Lo que pasó con Fonapaz nos preocupa, porque no estamos cien por ciento seguros si el nivel de gasto que está en el Programa se está midiendo bien?, dijo Remback.

Agregó que por eso están en el país, para asegurarse que existen los sistemas que permitan controlar esta situación o bien, corregir los sistemas existentes.

La delegación permanecerá en el país por varios días.

Opinión: ¿Es confiable?…

La delegación del FMI reconoció que actualmente las cifras de gasto manejadas en el SIAF, presentan desfases importantes.

? Para diputados de oposición, esto es preocupante porque deja claro que este sistema no es confiable.

? Alvaro Hugo Rodas del bloque Unionista pidió a la delegación ?no lavarle la cara al Gobierno?, con este tema, por lo que los diputados esperan tener acceso al informe final de la visita.

La primera industria en pronunciarse fue Cervecería Centroamericana, S. A., que ayer anunció en campos pagados su decisión de no modificar los precios de sus productos sino hasta conocer la resolución de la CC, respecto de los recursos planteados ante esa institución.

La decisión fue tomada luego de conocer que la CC decidió retirarles el amparo provisional que la Sala Duodécima de la Corte de Apelaciones les había otorgado para que quedaran liberados, al menos por aún tiempo, de pagar el impuesto de distribución.

Asimismo, aunque todavía no hay nada oficial, ejecutivos y empleados de empresas embotelladoras de gaseosas, agua pura y licores no han decidido sobre los precios de sus productos.

Inclusive, trascendió que podría no incrementarlos, sino hasta que quede resuelto todo el camino legal que aún hace falta por recorrer en el tema de las bebidas.

Aclaración

Por aparte, Luis Gómez Gándara, gerente corporativo de British American Tobacco, manifestó que el recurso resuelto el viernes último por la CC en su caso, no fue por el impuesto a la distribución, sino por la Ley del Timbre de Control Fiscal.

?En el caso de los últimos impuestos aprobados, la industria tabacalera no presentó ningún recurso ante la corte?, señaló.

Ayer, después de conocer el fallo de la Corte de Constitucionalidad, CC, que dejó vigente el impuesto de distribución de bebidas gaseosas y alcohólicas, el empresario señaló que ahora le apostarán a los recursos de inconstitucionalidad planteados por su gremio recientemente.

El argumento de Briz se basa en que lo resuelto el viernes pasado por la CC son recursos de apelación interpuestos por la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, contra una Sala que amparó provisionalmente a los empresarios, y aún están pendientes las inconstitucionalidades.

Dijo que espera que la Corte esta vez declare con lugar los recursos planteadas contra la ley que grava en dólares las bebidas gaseosas, alcohólicas y el agua pura, para que el impuesto quede sin efecto.

Según Briz, si bien el reciente fallo de la CC es inapelable, las esperanzas del sector empresarial se centran ahora en los recursos de inconstitucionalidad presentados once días después de que la Ley del Impuesto a la Distribución de Bebidas entrara en vigencia, el 1 de diciembre.

Algunos abogados consultados consideraron que el fallo de la CC respecto de estos recursos de inconstitucionalidad podría darse hasta pasadas las fiestas navideñas y de fin de año.

Luz verde

El viernes último la CC dio luz verde al cobro del Impuesto de Distribución aprobado por el Congreso el pasado 23 de noviembre, luego de dejar sin efecto varios amparos provisionales otorgados por la Sala Duodécima de Apelaciones a los empresarios.

Dichos recursos habían dejado en suspenso el cobro de los tributos.

La medida cayó como balde de agua fría a los empresarios guatemaltecos, cuya cúpula indicó que con el impuesto se está desincentivando al sector productivo del país.

Felipe Bosch, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Cacif, consideró que la CC se está politizando, lo cual se refleja en sus fallos.

La fábrica de bebidas gaseosas Salvavidas, Embotelladora Central, Cervecería Centroamericana, las licoreras Guatemalteca, Quetzalteca, Euskadi, Importadora de Licores, Imporex, Roble Blanco y British American Tobacco, perdieron de momento una batalla ante la CC.

La decisión de la corte se produjo luego de que la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, apelara los amparos provisionales que la Sala Duodécima de la Corte de Apelaciones otorgó a una docena de empresas a inicios de este mes, los cuales habían dejado en suspenso los nuevos impuestos aprobados a partir del 1 de diciembre.

Ahora, los precios de los productos afectados, entre los que se incluyen bebidas alcohólicas, gaseosas, fermentadas, agua pura y tabaco, podrían incrementarse en estos días.

La resolución fue firmada por cinco magistrados: Nery Saúl Dighero, Mario Ruiz, Cipriano Soto, Juan Francisco Flores y el presidente, Rodolfo Rohrmoser.

Los dos últimos mencionados razonaron su voto en contra, por considerar que la Sala Duodécima actuó basada en ley al amparar provisionalmente a las empresas.

Sigue el impuesto

Tras conocer la noticia, René Pérez, titular de la SAT, dijo que como la Ley de Distribución de Bebidas entró en vigencia, están facultados para empezar a cobrar ese tributo.

El funcionario expresó que están satisfechos, porque ya podrán recaudar los Q692 millones previstos en el presupuesto de ingresos para el próximo año.

Sin notificación

Representantes de algunas de las empresas afectadas evitaron pronunciarse, debido a que oficialmente no han sido notificadas.

José Raúl González, de Embotelladora La Mariposa, informó que en cuanto reciban la notificación, sus abogados analizarán las medidas a tomar.

Asimismo, Carlos Ronquillo, de Cervecería Centroamericana, señaló que aún no podía opinar, porque no habían sido notificados.

Los expedientes regresarán de nuevo a la Sala Duodécima, para que continúe el trámite de los amparos, los cuales podría resolver en definitiva en un plazo no menor de 2 meses.

?Definitivamente, es muy delicado que en algún momento una Corte de Constitucionalidad de cualquier país se vaya politizando, lo cual se refleja en sus fallos; esto puede llevar al debilitamiento institucional?, dijo, al comentar la resolución que dejó en vigencia los impuestos aprobados por el Congreso en noviembre último.

Consecuencias negativas

De acuerdo con Bosch, el restablecimiento del cobro del impuesto de distribución a las bebidas y el tabaco contribuirá a mermar la capacidad de las empresas del país.

?Esto es una muestra de lo que puede pasar cuando las instituciones que tienen que tomar decisiones importantes pueden verse politizadas?, expuso.

Según el empresario, preocupa el hecho de que amparos técnicamente correctos sean revocados.

?Estamos viendo que políticamente las inconstitucionalidades no son bien vistas, y definitivamente es un tema político que se lo debemos al régimen del Frente Republicano Guatemalteco?, criticó.

El sector privado comenzó en agosto último una lucha legal contra el paquete fiscal aprobado por el Congreso. Ganó la primera batalla cuando se derogó la Ley del Timbre de Control Fiscal. Esta vez, había logrado que la Sala Duodécima de la Corte de Apelaciones lo amparara provisionalmente y dejó sin efecto el cobro del impuesto a la distribución, situación que se revirtió ayer con la resolución de la CC.

?Lamentablemente, a la fecha no se han visto resultados concretos del trabajo del Ministerio Público y los tribunales de justicia?, dijo ayer el empresario.

Recordó las denuncias presentadas contra el vicepresidente, Juan Francisco Reyes López, por su supuesta participación en la impresión de volantes difamatorios en los talleres de la Tipografía Nacional.

El empresario explicó que contrató los servicios profesionales del bufete de Ricardo Silva, para presentar su demanda ante las cortes internacionales que se encargan de velar por el respeto de los derechos humanos, y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Briz aseveró que con sus acciones espera que el próximo año se comience a hacer justicia contra los responsables de los apócrifos.

Miembros de las distintas cámaras y federaciones agrupadas en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Cacif, se pronunciaron en contra de esa decisión, y advirtieron que el desempleo se agravará aún más.

Julio Reyes, presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa, Fepyme, consideró que el próximo año podría producirse el cierre de al menos 125 empresas y la pérdida de unos 75 mil empleos.

El empresario recordó que hace dos años, cuando el Gobierno decretó su primer aumento salarial, se advirtió sobre la falta de capacidad económica para cumplir la medida y de las consecuencias negativas que eso provocaría.

No obstante, según dijo, el resultado fue la pérdida de unos 250 mil empleos, el cierre de 450 pequeñas y medianas empresas, y la reducción de operaciones y puestos de trabajo en la industria.

El presidente en funciones, Juan Francisco Reyes, decretó el martes último un incremento al salario mínimo de 9% para los trabajadores urbanos y 8% para el agro.

Con esa medida, que entrará en vigencia el 1 de enero próximo, se aumenta el pago diario para los trabajadores no agrarios de Q27 a Q30. El jornal para los agricultores aumentará de Q25.08 a Q27.50.

No se respetó acuerdo

Felipe Bosch, presidente del Cacif, señaló que lo más lamentable de la actitud asumida por las autoridades es que no se respetó el acuerdo al que por primera vez patronos y trabajadores agrícolas habían llegado durante las discusiones programadas por la Comisión Nacional del Salario.

De acuerdo con el Cacif, con el propósito de mantener las plazas actuales de trabajo y debido a la crisis que afecta a todo el sector agrario y en especial al cultivo de café, empresarios y laborantes habían acordado un aumento salarial para el próximo año, divido en dos partes.

El primero, de 4%, sería en abril, y el segundo, de 5%, en octubre, al término de las cosechas.

No obstante, según los empresarios, el Gobierno ignoró la propuesta, y decretó nuevamente el aumento en solitario.

?No escuchar las propuestas consensuadas de los sectores es seguir cometiendo los mismos errores, crear desempleo, fomentar la informalidad e impedir que se reactive la economía?, expresó Bosch.

El Cacif invitó al ministro de Trabajo, Juan Francisco Alfaro -a quien llamaron ?el ministro del desempleo?- para que visite el interior y le pregunte a la gente sobre su situación, para que se tomen medidas acertadas de acuerdo con las necesidades de la población.

Gobierno: Todos critican

El presidente en funciones, Juan Francisco Reyes López, manifestó el martes último que en temas como el del salario ?todos critican?, porque siempre hay dos puntos de vista.

El funcionario aseguró que la decisión de incrementar el salario mínimo de la forma en la que se hizo fue tomada de común acuerdo con el presidente, Alfonso Portillo, quien se encuentra de vacaciones en México.

Reyes López dijo que la medida se basó en el análisis del comportamiento de la inflación este año, que aumentó 5%.

Trabajadores: ?Será inútil?

José Pinzón, secretario de la Central General de Trabajadores de Guatemala, dijo que si no existe reactivación económica, cualquier incremento salarial será inútil, porque los empresarios no lo van a pagar, y si lo hacen, no alcanzará para satisfacer las necesidades básicas afectadas por el alto costo de la vida.

Asimismo, opinó que el incremento provocará inestabilidad laboral, porque hay amenazas de despidos, las cuales angustian a quienes aún tienen trabajo. Según el sindicalista, si el incremento no nace del acuerdo entre las partes involucradas, no habrá un aumento real.

??Usted ya vio de cuanto es??, dice con un rostro desmotivado, al recordar que por su trabajo devenga el salario minimo diario mas las bonificaciones establecidas en la ley; apenas recibe lo suficiente para pagar la habitacion que alquila y la comida del mes.

Segun Aldana, el incremento sera insignificante, porque de ganar Q27 diarios a devengar Q30 ?no hay mucha diferencia?.

?Ese par de quetzales mas apenas alcanza para una libra de azucar o para el pasaje de regreso a la casa?, expreso.

Ella es madre soltera de dos hijos, a quienes debe sostener. En tiempos tan dificiles, lo unico que queda es ?pedirle a Dios que le conserve a uno el trabajo?, señalo.

Aldana considero que lo mejor es resignarse, porque ?que se puede hacer con Q30 al dia cuando se tiene familia??

Asimismo, cuenta que al mediodia y en la noche debe comprar Q5 de tortillas, y por la ma?ana gasta lo mismo en pan; ?con esto ya se gasta uno la mitad del salario?.

Sobre el resto del dinero, asevera que apenas alcanza para comprar una libra de pollo y algunas ?verduritas?, ?y que hay del vestuario, la escuela y lo demas?, se pregunta.

Cifras: Solo alcanza para comer

A continuacion, presentamos algunos ejemplos de como podria invertir su salario diario un trabajador del campo.

? A partir de enero, los laborantes de este sector deberan ganar Q27.50 diarios. Sin embargo, ?para que puede alcanzar ese dinero?

? Para sobrevivir, un trabajador agricola con una familia promedio de seis personas podria comprarse una libra de azucar -1.80- que le alcanzara para un dia.

? Una libra de frijol -4.30- y una libra de arroz de segunda clase -2.75-, para comer al menos dos tiempos.

? Gastara unos Q10 para comprar las tortillas de dos comidas.

? Una libra de cafe tostado y molido de baja calidad puede conseguirse por Q8.75; bien administrado puede alcanzar para una semana.

? Si nadie se enferma y las cosas caminan bien, la familia completa podria consumir cuatro huevos diarios -Q4.90-.

? Administrando de esta forma el salario diario, los trabajadores agricolas y sus familias podrian sobrevivir, pero sin que queden muchos recursos para cubrir necesidades basicas como educacion, salud y vivienda.

El documento establece un aumento de 9% para los asalariados no agrícolas y 8% para los trabajadores del agro; esa acción deja descontentos tanto a empleados como a empleadores.

Sin embargo, a partir de enero próximo el pago diario para los trabajadores no agrícolas se elevará de Q27 diarios a Q30.

Por su parte, el jornal o salario diario para los laborantes agrícolas se incrementará de Q25.08 a Q27.50.

Este es el tercer aumento salarial decretado por el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, durante dos años de administración.

Las razones

De acuerdo con Reyes López, la medida fue tomada de común acuerdo con el presidente, Alfonso Portillo, después de evaluar el comportamiento de la inflación en el país, que aumentó en 5.1%.

?Yo conversé con el presidente Portillo antes de irse, y quedamos con parámetros de común acuerdo claros?, aseveró.

El funcionario reconoció que hay una crisis mundial, pero justificó el aumento con que los trabajadores tienen necesidades.

El mandatario en funciones criticó el hecho de que todos los bienes se comercialicen en dólares, y recalcó que el salario sigue siendo en quetzales.

Reyes López indicó que también se decretó un aumento para las personas que trabajan a destajo, aunque en ese tema no entró en mayores detalles.

Nadie está contento

El anuncio del aumento salarial bajó el ánimo de los trabajadores, quienes manifestaron que esperaban algo más; por su parte, los empresarios se molestaron, porque aseguran que no hay condiciones económicas para otorgar otro aumento.

Nery Barrios, de la Unidad de Acción Sindical y Popular, UASP, señaló que el aumento decretado no satisface las demandas de la clase trabajadora.

Informó que sostendrán reuniones con diferentes grupos, para ver qué medidas podrían tomar para rechazar el aumento.

?Planteábamos que se incrementara el salario en 90%, para que se indexaran los salarios, porque los empresarios ya lo hicieron con los precios?, agregó.

Por aparte, Roberto Castañeda, presidente de la Cámara del Agro, consideró que la medida solamente provocará más desempleo y crisis.

El empresario lamentó que no se hubiera tomando en cuenta el acuerdo al que habían llegado trabajadores y patronos del agro, respecto de aumentar el salario el próximo año, pero en dos etapas.

Ministro, desinformado

La firma del acuerdo de aumento al salario mínimo se produjo ayer después de una reunión entre el presidente en funciones y representantes de algunos grupos de trabajadores.

En esa sesión también participó el ministro de Trabajo, Juan Francisco Alfaro, quien retornó a su despacho con la idea de que el incremento salarial todavía no era no hecho.

Al término de la cita, los sindicalistas participantes manifestaron que Reyes López les había informado que el acuerdo respectivo ya estaba redactado, por lo que esperaban su publicación en breve.

No obstante, cuando Alfaro abandonó el lugar, al cuestionarlo acerca del tema, visiblemente molesto dijo: ?Eso no significa nada, porque la decisión política es la que cuenta; no sabemos de cuánto será el aumento o si lo habrá; el hecho de que exista una redacción no significa que haya una decisión tomada?.

Luego de esto, el ministro retornó a su despacho, aparentemente sin saber que cinco minutos después el secretario general de la Presidencia, Luis Mijangos, llegó a casa vicepresidencial para recoger el acuerdo firmado, para ser enviado al Diario de Centro América para su publicación.

Cacif: ?Habrá desempleo?

El sector privado organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Cacif, rechazó el acuerdo de aumento al salario mínimo firmado ayer por el presidente en funciones, Juan Francisco Reyes.

Felipe Bosch, presidente del Cacif, dijo que esta es una medida errada por parte de las autoridades, que por querer castigar al empresariado terminarán por afectar a todos los guatemaltecos, ya que ?habrá más desempleo?.

?Con esto, lejos de reactivar la economía, se complicará más la crisis económica en la que estamos?, agregó.

Bosch lamentó que las autoridades no tomaran en cuenta el ?consenso histórico? al que llegaron este año trabajadores y patronos agrícolas, de incrementar el salario mínimo en 5 por ciento en enero y un porcentaje igual después de la cosecha.

?Vemos que no se toman en cuenta los acuerdos entre las partes interesadas, y una vez más se entra en un desgaste, pudiendo evitarlo?, señaló.

Así ve el país el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, al presentar ayer su evaluación de los dos primeros años de gobierno del Frente Republicano Guatemalteco, FRG.

María del Carmen Aceña, directora del CIEN, expresó que ?a la mitad del camino, todavía no hay rumbo, no hay claridad; lo que hay es una gran incertidumbre?.

Según la experta, el incumplimiento de promesas de campaña ha provocado una pérdida de credibilidad, que está poniendo en juego la legitimidad de las autoridades.

?El Gobierno actual fue electo por más de 1.2 millones de guatemaltecos, lo que lo hace legal, pero puede que pierda legitimidad, tal y como lo demuestran las encuestas, debido a que no cumple sus promesas?, expresó.

Lo más difícil

Para el CIEN, la seguridad fue lo que afrontó más problemas este año.

El centro destaca la fuga de 78 reos de la Cárcel de Máxima Seguridad de Escuintla, y el incremento en la tasa de homicidios de 16.1 por cada cien mil habitantes en el 2000 a 17.8 para el final de este período. Otra deficiencia señalada es el constante conflicto entre el Ejecutivo y los empresarios, lo que ha provocado tensión en el país.

El CIEN indica que crea incertidumbre la falta de equipo capaz en el Estado, aunado a la ausencia de un plan de gobierno y una agenda clara y consistente.

Asimismo, se critica la emisión de leyes con dedicatoria o fallas que provocan su derogación o modificación, lo que ha traído como consecuencia la pérdida de credibilidad del Legislativo.

En cuanto a salud, el CIEN considera negativa la forma en que el Gobierno afrontó el problema de la hambruna, y señala serias deficiencias en lo referente a educación. En este último tema, se lamentan los problemas financieros en el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo, Pronade, y los resultados negativos de la polémica campaña de alfabetización.

Aceña consideró que pese a los resultados negativos y al difícil panorama mundial que se espera para el próximo año, todavía hay tiempo de reencauzar el rumbo del país, y para ello es necesario que el Gobierno se comunique mejor con la población.

Algunas recomendaciones

Para María del Carmen Aceña, directora del CIEN, pese a las condiciones adversas a nivel internacional, el país todavía está a tiempo de impulsar cambios importantes que le permitan sentar las bases de un crecimiento sostenido, y para lograrlo, propone al Gobierno las siguientes recomendaciones:

? Hacer un viraje en el rumbo actual y dar señales cambio.

? Actuar con transparencia y fortalecer la institucionalidad con el acatamiento de las leyes.

? El equipo de trabajo debe estar técnicamente capacitado.

? Las acciones no deben tomarse sólo en función política con visión de corto plazo.

? Mejorar la comunicación, adoptando un discurso consistente y ordenado.

? Cumplir lo que se promete.

? Trabajar en un plan de seguridad ciudadana.

? Iniciar una estrategia de combate de la corrupción.

? Poner en marcha la estrategia de combate de la pobreza.

? Aprobar las leyes de reforma financiera.

? Definir una política de comercio exterior.

De acuerdo con el funcionario, si esa iniciativa se concreta, al menos Q700 millones destinados a inversión social serían sacrificados.

Según Weymann, la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, evalúo los recursos legales presentados por industrias de bebidas afectadas con ese gravamen, e indicó que existen argumentos débiles.

Según dijo, los empresarios manifestaron temor por la supervisión de la SAT para averiguar cifras de producción, con el argumento de que podría violarse el secreto industrial.

?Esto no sucederá, porque la SAT sólo se encargará de verificar números?, agregó.

Añadió que ello le da pauta para no sentirse derrotado en este tema, el cual espera que sea resuelto cuanto antes a favor del Estado. De momento, dijo, no comparte la idea de reducir el Presupuesto General de Ingresos y Gastos para 2002 en al menos Q1,400 millones, como lo planteó el miércoles el presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt.

Batalla legal

La posible reducción fue propuesta por el máximo líder del partido de Gobierno, debido al impasse en que se encuentran los cuatro impuestos a la distribución de bebidas, luego del amparo provisional otorgado por la Sala Duodécima de la Corte de Apelaciones a las firmas afectadas.

Ese recurso legal impide a la SAT cobrar el tributo desde el 1 de diciembre pasado, lo cual ha significado una pérdida aproximada de Q30 millones para el Estado durante los últimos quince días de este mes.

Esta es la segunda oportunidad en la que el Gobierno se ve en aprietos financieros, luego de haber fracasado en su intento de modificar el impuesto a la venta de bebidas alcohólicas, gaseosas y fermentadas.

Weymann señaló que si fracasa nuevamente por la vía jurídica, insistirá en el Congreso para que haga ?un sacrificio? y legisle para gravar esos productos.

Presupuesto: Millonario gasto en diciembre

Las inversiones millonarias ?de última hora? fueron criticadas ayer por Mario Polanco, dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo.

Durante todo el año hay dependencias que gastan poco, pero a final del año hacen grandes inversiones ?para demostrar que han tenido capacidad para ejecutar obras?, dijo Polanco.

Como ejemplo citó que el Fondo de Solidaridad y Desarrollo Comunitario tuvo durante 10 meses un gasto promedio de Q35.6 millones, y en noviembre invirtió Q173 millones. El Fondo Nacional para la paz gastó un promedio Q14.4 millones mensuales. Sólo durante noviembre ejecutó Q65.2 millones.

Además, criticó ?las millonarias? transferencias de este mes a Educación y Defensa. Agregó que la Contraloría debería investigar la calidad del gasto.

Jorge Pérez, vocero presidencial, dijo que esos gastos no significa que no se haya trabajado durante todo el año, sino que en la mayoría de dependencias se paga en los últimos meses los trabajos efectuados.

Fiscalización: Ojo sobre asignación militar

Con el propósito de contribuir con la transparencia del gasto público y el cumplimiento de los acuerdos de paz, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Conadehgua, anunció ayer que a partir de enero próximo hará un monitoreo del presupuesto del Ministerio de la Defensa.

Orlando Blanco, director de Conadehgua, señaló que pondrán en marcha el plan ?Desarmemos el Presupuesto?, el cual dará a conocer periódicamente cómo se invierte el gasto militar.

Además, ese mismo plan impulsará una campaña divulgativa de sensibilización y adhesión social, para promover la disminución de esos recursos para el 2003.

?Durante las últimas décadas, el presupuesto destinado por el Gobierno a los militares ha sido uno de los más altos, en comparación con el destinados a inversión social; por ello estamos interesados en mantener un monitoreo constante de las asignaciones presupuestarias?, añadió Blanco.

Tres horas de argumentos y la advertencia de los riesgos que corre Guatemala si no legisla en favor de la modernización del sistema financiero, no fueron suficientes para que los partidos de oposición representados en el Congreso de la República dieran el sí.

El anunciado desembolso de US$350 millones, de los cuales US$150 millones servirían para sanear el sistema financiero y US$200 millones para el programa de combate de la pobreza, podría no realizarse.

Jornada dura

Desde temprana hora, Humberto Arbulú-Neira, del Fondo Monetario Internacional, FMI; Donna Dowsett y Eduardo Somensatto, del Banco Mundial, BM; y Carlos Barbery y Bill Armstrong, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, se reunieron con diputados de oposición y Junta Directiva del Congreso, para exponerles sus argumentos respecto de la necesidad de aprobar estas leyes.

La visita no sirvió de mucho; los congresistas opositores no dieron su brazo a torcer, y mantuvieron firme su rechazo a esas leyes, con el argumento de que nunca son tomados en cuenta, el dinero podría ser mal utilizado y se endeudaría más al país.

El FRG necesita de mayoría calificada ?75 votos? para aprobar las reformas a la Ley Monetaria y la Orgánica del Banco de Guatemala. Con 63 diputados en el pleno, no puede hacerlo solo.

Las otras dos iniciativas, de Supervisión Financiera y de Bancos, podrían aprobarse por mayoría simple, pero su operatividad está ligada a las dos primeras leyes mencionadas.

Ante ese panorama, Flora de Ramos, presidenta de la Comisión de Finanzas del Legislativo, indicó que buscarán consenso y esperarán a que la oposición otorgue su apoyo.

Condicionantes

De acuerdo con Arbulú-Neira, de esa aprobación depende el desembolso de financiamiento para el año entrante.

Eduardo Weymann, ministro de Finanzas, agregó que las reformas también son necesarias para que el país sea excluido de la lista de naciones no cooperantes en el combate del lavado de dinero.

Justifican rechazo

Mariano Rayo, diputado unionista, señaló que su bancada asumió esa postura, por la manera de legislar del FRG, sin tomar en cuenta a la oposición.

Agregó que no se dejarán presionar por el hecho de que a cambio de esas leyes se ofrezcan US$350 millones. ?No apoyaremos ningún préstamo para el Gobierno del FRG, porque lo malgasta?, dijo.

Mario Vásquez, jefe de la bancada del Partido de Avanzada Nacional, PAN, se expresó de la misma manera, y dijo que han decidido no apoyar, porque con ese dinero se endeudaría más al país.

?Es hora de que el FRG reflexione, cambie su conducta y empiece a tomar en cuenta a la oposición?, expresó.

A cambio de?

Pese al rechazo de algunos bloques de oposición, el FRG mantiene la expectativa, debido a que la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, condicionó su voto a cambio de la aprobación de un paquete legislativo al que denominan ?anticorrupción?.

Otoniel Fernández, jefe de la UNE, señaló que podrían dar su voto si antes de aprobar los proyectos financieros se reforman las leyes de Probidad, Contrataciones del Estado y de la Contraloría General de Cuentas de la Nación.

El emisario del ente financiero, Humberto Arbulú-Neira, llegó anoche al país acompañado de un representante del Banco Mundial, BM, y otro del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para discutir las razones que bloquean la aprobación del paquete de reformas a cuatro leyes financieras.

Eduardo Weymann, ministro de Finanzas, señaló que los visitantes tienen la misión de discutir en el Congreso la posición de todos los sectores respecto de este paquete legislativo.

Desde mediados de año, el Congreso ha mantenido en un estira y encoge los cambios a las leyes Orgánica del Banco de Guatemala, Monetaria, de Supervisión Financiera y de Bancos y Grupos Financieros.

Los dos primeros proyectos necesitan de mayoría calificada para ser aprobados -75 votos- (el partido oficial cuenta con 63 escaños y cuatro más de bancadas minoritarias). La oposición se opone a dar su apoyo, con el argumento de que las reformas planteadas no han sido discutidas con ellos.

Si no se da luz verde a este paquete, a Guatemala se le cerrarán los grifos del financiamiento externo y el próximo año dejaría de recibir al menos US$350 millones.

Weymann explicó que de esta suma, US$150 millones serían aportados por el BM para sanear el sistema bancario.

Mientras, los US$200 millones restantes saldrían de las arcas del BID y serían utilizados para el combate de la pobreza, principalmente en los departamentos afectados por la hambruna.

?Si no se aprueban las leyes, no se otorgará este financiamiento?, insistió Weymann.

Oposición se resiste

Sin embargo, los diputados de oposición mantienen su postura y se niegan a apoyar al Frente Republicano Guatemalteco, FRG.

Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación, dijo que una de las razones para apoyar las leyes financieras es que la bancada oficial tome en cuenta sus sugerencias, pero que hasta el momento ?no se ha acercado?.

El unionista Héctor Cifuentes señaló que su bancada no ha apoyado las reformas porque no se le tomó en cuenta para plantearlas.

FMI nos fiscalizará

Weymann, indicó que la posible firma de un acuerdo ?stand by? con el FMI sigue su rumbo, y no necesariamente está condicionado a la aprobación de las leyes financieras.

Sin embargo, destacó que de concretarse el convenio, el FMI se encargaría de fiscalizar el gasto del Gobierno, especialmente la inversión social.

Adicionalmente, si las leyes se aprueban y los US$350 millones en financiamiento fluyen, su uso también sería fiscalizado por una comisión del Fondo Monetario.

Weymann reconoció que esta situación sería algo excepcional por parte del FMI, en comparación con acuerdos suscritos con otros países. No obstante, el funcionario no aclaró si la medida de fiscalización sería por los casos de corrupción en este gobierno.

?El FMI lo hace porque está consciente de la brecha socioeconómica y la pobreza en el país?, se limitó a explicar.

Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación

?Si quieren nuestro apoyo, tienen que escuchar la opinión de la oposición, y no llevar los dictámenes preparados, como lo han hecho hasta ahora?.

Eduardo Weymann

?Este paquete cubre la necesidad de brindarle al país una base que evite a futuros gobiernos absorber los costos de modernizar el sistema financiero?.

FRG con prisa por aprobar paquete

El pleno conoció ayer en tercera lectura la Ley de Bancos y Grupos Financieros, la primera de las cuatro normativas financieras pendientes de aprobación.

Los diputados del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, introdujeron dicha ley para agilizar su trámite y evitar la acumulación de trabajo en las últimas sesiones del año.

Leyes como la Orgánica del Banco de Guatemala, y la Monetaria necesitan de mayoría calificada -75 votos- y la de Supervisión Financiera, que aunque puede ser aprobada con 57 votos, está muy unida a las otras, y por ello los eferregistas desean aprobarlas en conjunto.

Los diputados oficialistas esperan hoy lograr acuerdos con la oposición, en una reunión privada con integrantes de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El FRG aseguró que consensuarán todos los cambios a las leyes, y que no existirán sorpresas de última hora, lo cual teme la oposición.

Juan Antonio Ramírez está decepcionado. Hace pocas semanas su pequeño taller de confección tuvo que ser cerrado. Las deudas lo asfixiaron y con sus esperanzas también murieron las de sus ocho trabajadores, quienes quedaron desempleados.

De acuerdo con datos manejados por la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa, Fepyme, en lo que va del año se ha registrado el cierre de por lo menos 485 empresas; mientras tanto, la llegada de nuevas inversiones extranjeras ha caído significativamente.

Según Julio Reyes, presidente de Fepyme, la inversión privada, que ya venía cuesta abajo desde el año pasado, comenzó a retraerse con mayor fuerza durante el último semestre.

Las causas, de acuerdo con los analistas, son diversas, y todos coinciden en señalar la crisis económica mundial se agravó después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, en Estados Unidos.

Sin embargo, Reyes consideró que además del panorama mundial sombrío, en el país hay factores inducidos por las autoridades, que agravan la situación.

El empresario citó las cinco reformas fiscales aprobadas por el Congreso en los últimos dos años. ?Eso no da certeza a ningún inversionista?, señaló.

Asimismo, calificó de negativos los tres aumentos salariales decretados por el presidente, Alfonso Portillo, y la falta de reglas económicas claras.

?Como país, no sabemos a dónde vamos, no se tiene claro nada, no hay certeza, y eso aleja a cualquier empresario?, insistió.

Según una encuesta efectuada entre pequeños y medianos empresarios, para el próximo año 92 por ciento del sector considera que no podrá invertir, por falta de capacidad financiera.

A su vez, un estudio entre los agremiados en la Cámara de Comercio da cuenta que más de 50 por ciento de empresarios de ese sector no invertirá el próximo año en el país.

A decir de Reyes, lo más terrible de toda esta situación es que se ha generado la disminución de unas 250 mil plazas de trabajo, lo que está llevando a la desesperación a muchos hogares.

El desempleo

Sebastián Arreola, un joven padre de familia, aseguró que ha experimentado mejor que nadie el desempleo.

En febrero fue cesado, cuando una empresa agroexportadora, para la cual trabajaba como mensajero, cerró la oficina que tenía en la capital. Pasó varios meses sin poder conseguir trabajo, hasta agosto, cuando fue empleado en una avícola.

La semana recién pasada le anunciaron que tiene trabajo hasta finales de diciembre, porque habrá recorte de personal.

Dijo que su futuro es incierto, porque tiene algunas deudas. ?Cuando se tiene hijos y obligaciones familiares, es muy difícil estar de un lado a otro sin nada seguro?, se lamentó.

El Gobierno no cuenta con cifras actualizadas respecto de inversión y desempleo, y sólo las encuestas llevadas a cabo por el sector privado han proporcionado algunos detalles.

De acuerdo con los datos del último estudio del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, 59 por ciento de los empresarios redujo su personal este año, la mayoría de ellos de una a 15 plazas.

En la encuesta efectuada en octubre por la firma Felipe Noguera Consultores, para medir la percepción de la opinión pública y los líderes de opinión, la falta de empleo fue el problema más destacado por 45 por ciento de entrevistados.

Este año, la Comisión de Vestuario y Textiles, de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales, calcula que 8,238 personas han quedado sin empleo, por el cierre de 40 maquiladoras.

Por su parte, los registros de Fepyme señalan que el próximo año 47 por ciento de los empresarios de ese sector consideran reducir de una a cinco plazas.

En el Gobierno nadie ha expresado nada concreto sobre el tema, excepto el vicepresidente, Juan Francisco Reyes, a quien las cifras manejadas por los empresarios le parecieron exageradas.

A criterio de analistas económicos, la crisis de empleo es la parte más difícil de la caída de la inversión y el estancamiento económico, y para el próximo año se visualiza un panorama aún más sombrío.

Panorama desalentador

Walter García, presidente de la Gremial de Zonas Francas, aseguró que la situación es alarmente. El empresario expuso que Guatemala continúa recibiendo la visita de inversionistas extranjeros; sin embargo, al darse cuenta de la situación actual, éstos optan por irse.

Refirió que recientemente vino a Guatemala la subsidiaria de General Motors, a explorar sus posibilidades de inversión.

No obstante, según García, debido a que en las condiciones actuales el país está en desventaja con el resto de naciones de la región, la empresa no se quedó. ?Se fue para El Salvador, si no estoy mal?, dijo.

García recordó que también llegaron representantes de la marca Daewoo, de vehículos, y ahora ?sólo queda esperar a ver si se animan a quedarse?.

?Para nosotros, que trabajamos cerca con los inversionistas extranjeros, la situación es verdaderamente alarmante?, señaló García, al hacer un llamado al Gobierno, para que reaccione.

En su opinión, gravámenes como el Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias, IEMA, la falta de certeza jurídica y los problemas políticos que afronta Guatemala hacen mucho daño.

A su parecer, las autoridades no se han dado cuenta de la situación en que colocan a Guatemala, en especial después de la última reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio.

El sector de Zonas Francas había planteado a las autoridades pedir una prórroga de 20 años, para que el país se incorporara al Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias.

?Sin tomar en cuenta que somos un país en vías de desarrollo con mucho por hacer, el Gobierno aceptó una prórroga de cinco años, lo que significa que vencido ese tiempo habrá que cambiar los decretos 65-89 y 29-89, relacionados con zonas francas y promoción de exportaciones y maquilas?, previó García.

Esto sería un balde de agua fría más, porque Nicaragua y Honduras no están sujetos a este acuerdo, y cuando Guatemala tenga que restringir los incentivos a la industria maquilera, estos países podrán captar más inversión, agregó.

En el Ministerio de Economía, nadie estuvo disponible para hablar del tema. No se proporcionó informes, y Claudia Farfán, vocera de la cartera, dijo que las personas a cargo están de vacaciones.

Los empresarios opinaron que esa postura no es nueva. ?Nunca tienen nada ni actúan cuando deben hacerlo, por eso no hay inversión?, concluyeron.

Encuesta empresarial

Durante octubre y noviembre, a solicitud del CIEN, la empresa Géneris Latina efectuó una encuesta entre empresas exportadoras de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

El objetivo fue medir las perspectivas del empresariado para el año próximo, y Guatemala presentó el panorama más desestimulante.

Se entrevistó a 200 ejecutivos y, debido a que el tamaño de la muestra es relativamente pequeño, sólo proporciona datos aproximados del panorama para 2002.

Receta para atraer inversión

Analistas económicos y empresarios coinciden en una receta para estimular la inversión privada:

Certeza jurídica: los empresarios quieren tener la seguridad de que las leyes son firmes y se respetan.

Economía con reglas claras: el inversionista busca una economía estable.

Estabilidad política: esperan encontrar un país con clima de gobernabilidad.

Política fiscal estable: impuestos justos, sin cambios continuos, en condiciones competitivas.

Empresarios guatemaltecos, desmotivados

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, presentará en breve los resultados de un estudio efectuado en cuatro países de Centroamérica, el cual pretende de alguna forma, por el tamaño de la muestra, medir las proyecciones del sector privado para el próximo año.

Se levantó una encuesta entre 200 empresarios exportadores de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y de acuerdo con los resultados, nuestro país tiene al empresariado más desmotivado de toda la región.

Según las cifras aportadas por el estudio, la mitad de los empresarios chapines encuestados consideran que sus ventas bajarán el próximo año, y sólo 30 por ciento estima que habrá algún crecimiento.

Contrario al panorama guatemalteco, los empresarios en El Salvador, Honduras y Nicaragua mantienen perspectivas relativamente similares en cuanto a sus ventas, y generalmente están optimistas.

Respecto del empleo, Guatemala destaca nuevamente con una balanza negativa en relación con las perspectivas en este tema.

Casi 50 por ciento de los entrevistados consideró que el número de plazas será menor el próximo año, mientras en Honduras y Nicaragua las perspectivas de crecimiento son casi de 40 por ciento.

Según los empresarios entrevistados, a excepción de los guatemaltecos, la inversión que se llevará a cabo en sus empresas crecerá en 2001.

De ellos, 46 por ciento piensa que la inversión crecerá, 40 por ciento espera que permanezca igual, y 12 por ciento opina que bajará.

Los nicaragüenses son los más optimistas en este tema, aunque en general, los empresarios no tiene claro aún dónde harán su inversión.

Sin embargo, los guatemaltecos consultados sobre sus proyecciones de inversión respondieron que esperaban que ésta bajara más de 60 por ciento.

En resumen, las perspectivas para 2002 de los empresarios exportadores de El Salvador, Honduras y Nicaragua entrevistados, en general, son positivas, tanto respecto de las ventas como el nivel de empleo en sus empresas y la inversión. Ello, pese a las condiciones adversas en el ámbito internacional.

En contraste con la visión de sus países vecinos, la percepción de los empresarios guatemaltecos en cuanto a su futuro es mucho más pesimista.

El CIEN considera que esta situación probablemente tendría que atribuirse al clima de negocios que prevalece en el país.

Erick Campos, de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, informó ayer que tienen 30 días a partir de la vigencia de los decretos 60, 61, 63 y 64-2001, para establecer las reglas de ese distintivo.

El Congreso también modificó el impuesto a la distribución de tabaco, aunque el decreto respectivo no se refiere al uso de un distintivo para ese producto.

Campos señaló que el reglamento podría estar listo antes de que concluya el tiempo establecido por la ley.

Para entonces, se conocerán las características y procedimientos para impresión, adquisición y colocación de estampillas o sellos en botellas sujetas al nuevo impuesto.

De acuerdo con los decretos aprobados, ?se crea un distintivo que deberá adherirse, imprimirse o incorporarse a los envases? de productos gravados.

La medida ya comenzó a provocar molestias en algunos empresarios.

Estos consideran que simplemente es ?más de lo mismo, pues sólo cambiaron el nombre del timbre fiscal por distintivo?.

La Ley del Timbre de Control Fiscal tuvo que ser derogada, por el descubrimiento de corrupción en la compra de estampillas fiscales.

Asimismo, por la queja de la industria local y los importadores, quienes aseguran que no tienen capacidad para adherir timbres a sus productos.

No obstante, la nueva normativa ordena la colocación del distintivo, el cual será vendido al costo a los empresarios por el Taller Nacional de Grabados y la SAT.

Acción: Impugnan dos leyes más

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, impugnó dos leyes financieras que entraron en vigencia el sábado pasado, luego de haber sido publicadas en el diario oficial.

Estas son las que gravan la distribución de bebidas gaseosas, isotónicas o deportivas, jugos y néctares, yogures y agua natural envasada, y la ley del impuesto específico sobre distribución de vinos, sidras, vinos vermouth, espumosos y bebidas fermentadas.

Según Briz, la vigencia de dichas leyes viola el artículo 4 de la Constitución, referente a la libertad e igualdad ante la ley, pues dichos impuestos se aplican en dólares, cuando la moneda circulante es el quetzal. Además, dijo, se atenta contra los principios de propiedad privada y legalidad.

Los precios de los vinos, sidras, cervezas, toda clase de bebidas alcohólicas , isotónicas, gaseosas, yogurt, agua pura envasada y cigarrillos podrían comenzar a variar desde este día.

En la edición del Diario de Centro América de ayer fueron publicados los decretos 60, 61, 63,64 y 65-2001, que establecen la vigencia de los nuevos gravámenes sobre la distribución de estos productos.

Con la medida, el Gobierno espera incrementar su recaudación tributaria significativamente.

Los decretos establecen que los recursos generados por estos impuestos se utilicen para salud preventiva y curativa a cargo del Ministerio de Salud.

¿Siempre hay timbre?

Este nuevo paquete de impuestos fue aprobado en sustitución de la Ley de control de Timbre Fiscal, debido a las ilegalidades y complicaciones que esta legislación contenía para su cumplimiento.

Los industriales se quejaban de los problemas y costos que acarrearía la colocación de los timbres en los productos; mientras, se destapó un escándalo de corrupción en la adquisición de estas estampillas de forma ilegal a una empresa mexicana.

Sin embargo, las nuevas leyes establecen que los productos gravados tendrán que llevar un distintivo para poder controlar el cobro del impuesto, similar al fallido timbre fiscal.

La elaboración y distribución de este ?distintivo? estará bajo responsabilidad de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, y el Taller Nacional de Grabados en Acero.

Estas instituciones lo entregarán a los industriales e importadores a precio de costo.

Batalla legal

Mientras tanto, las industrias afectadas le apuestan a la batalla legal.

Felipe Bosch, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Cacif, señaló que entre el lunes y martes podrían presentar algún recurso de inconstitucionalidad.

No obstante, señaló que esperaban que el presidente, Alfonso Portillo, vetara estas leyes para evitar un daño mayor en la economía nacional.

Sin información

Por aparte, los consumidores y vendedores se mostraban ayer confundidos por la falta de información.

Paula Gómez, propietaria de la abarrotería La Unión, ubicada en la zona 3, dijo que le hubiera gustado saber más al respecto porque sólo tenía entendido que había que ?subirle el precio a la cerveza y las gaseosas, pero no sabía desde cuándo?.

Con estos nuevos impuestos, a un cambio promedio de ocho quetzales por dólar, al precio actual de las gaseosas habrá que sumarle Q0.24; a las cervezas Q2.40 y al agua pura envasada de hasta cuatro litro Q0.8.

Felipe Bosch, presidente del Cacif

?Nosotros esperábamos que el presidente, Alfonso Portillo, vetara estas leyes para evitar un mayor daño a la economía guatemalteca?.

Felipe Bosch, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Cacif, señaló en conferencia de prensa que con este nuevo paquete impositivo sólo ha logrado ?incrementar el caos y la anarquía económica?.

Por ello, añadió, ?responsabilizamos a este gobierno del desempleo, del alto costo de la vida y rechazamos la política tributaria aplicada?.

El Congreso aprobó la semana pasada nuevos montos impositivos a la producción de agua envasada, yogurt, jugos, licores, cigarrillos y bebidas gaseosas.

Las tasas, que oscilan entre un centavo de dólar y tres dólares, cobrarán vigencia el sábado próximo.

Son irresponsables

Para los empresarios, es importante que la población esté enterada de la irresponsabilidad en que han incurrido las autoridades al crear impuestos en dólares para productos tan vitales como el agua, ya que estos oscilan de acuerdo con el tipo de cambio.

?El consumidor ha sido totalmente ignorado, porque en Guatemala los salarios son en quetzales?, insistió Bosch.

Por todo esto, el Cacif responsabilizó al Gobierno del hambre y la miseria en el país, y aseguró que ?la falta de planificación, los robos millonarios, el despilfarro y la corrupción de sus funcionarios hacen crecer más el caos y la desconfianza?.

Asimismo, acusaron al presidente, Alfonso Portillo, de ?castigar a los generadores de empleo, representados en el sector empresarial, logrando únicamente colocar a Guatemala en lugares de vergüenza y desesperanza?.

Más desempleo

El Cacif reiteró su rechazo a la política fiscal del Gobierno, y aseguró que sólo ha provocado crisis y desempleo.

De acuerdo con los datos de una encuesta efectuada recientemente por el sector privado, 59% de los empresarios asegura que este año redujo su personal.

De ese total, 51% ha despedido entre 1 y 15 trabajadores; 14%, de 16 a 30 laborantes, y un porcentaje igual, de 31 a 45.

Dos por ciento de los encuestados dijo haber despedido a más de 95 empleados; 7%, de 61 a 75. En igual porcentaje han cerrado hasta 60 plazas, y 5% ha cesado hasta 90.

Sesenta y uno de cada 100 entrevistados aseguraron que conocen empresas que han tenido que cerrar sus puertas mientras que 38% se queja de la falta de reglas clara para trabajar.

Afinan estrategia

Para contrarrestar todos estos efectos, los abogados del sector empresarial trabajan en la elaboración de recursos de amparo e inconstitucionalidades contra los nuevos impuestos.

Por aparte, cada industria afectada presentará además, en lo individual, otros recursos, dijo Guillermo Castillo, de Cervecería Centroamericana.

?Las leyes tienen muchas ilegalidades, de las cuales advertimos a los diputados antes de su aprobación, pero no hicieron caso?, comentó Castillo.

Oficialismo: ?Hay otros responsables?

En respuesta a las declaraciones del Cacif, Arístides Crespo, jefe de la bancada del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, explicó que el actual gobierno no es el único responsable de la crisis que manifiestan.

?La problemática viene desde el gobierno anterior; por ello, no somos los únicos responsables de la difícil situación económica que vive el país?, dijo Crespo en descargo.

Comentó que el fin de aprobar varias leyes financieras en el Congreso y modificar algunos impuestos es mejorar la recaudación y atender las necesidades de los guatemaltecos en materia de salud, educación y vivienda, entre otras.

Es por ello que lo que se piensa captar con los últimos impuestos aprobados este año fue incluido en el presupuesto 2002, para llevar a cabo diversos programas, sobre todo en el área social.

El texto revela que cerca de 2 mil hogares, ubicados en el extremo más alto de la distribución del ingreso, tienen como mínimo un ingreso anual de casi Q2 millones.

Esto equivale al 1 por ciento del total de hogares guatemaltecos -1.10 millones- y, de acuerdo con el informe, dicha situación contrasta fuertemente con la pobreza en que vive inmersa más de la mitad de la población.

El cuarto informe de desarrollo humano que se realiza sobre el país tiene 394 páginas de extensión y lleva por título “Guatemala: El Financiamiento del desarrollo humano”. Este fue preparado por un grupo de expertos y académicos guatemaltecos a petición del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala.

Gastos desiguales

En lo que se refiere al gasto de los hogares en educación, salud, agua y saneamiento, así como vivienda, el documento explica que el mismo se distribuye también en forma desigual.

Por ejemplo, el 52 por ciento de los gastos educativos es realizado por el 10 por ciento de la población con más altos ingresos.

En materia de empleo y pobreza, el informe revela que, pese a la capacidad de la economía para generar empleo, la productividad es muy baja.

Juan Alberto Fuentes, coordinador del proyecto, dijo durante la presentación que pese a que Guatemala tiene una economía más fuerte que Honduras y Nicaragua, su desarrollo social es más débil.

De acuerdo con Fuentes, si el gobierno quiere revertir esta situación, tiene que darle atención prioritaria a la reducción de pobreza con énfasis muy fuerte en la política social por un lado, y la reactivación económica por otro.

Agregó que en esta ocasión el informe aporta datos interesantes relacionados con el empleo, donde la mujer ha pasado ?a jugar un papel importante?.

Insuficiente

En cuanto al gasto público en desarrollo humano, el informe explica claramente que en los últimos 15 años aumentó dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, PIB.

Lo anterior, dice, se debe principalmente a la presión de la población cuyas demandas son posibles por la apertura democrática y la voluntad de cumplir con las metas del gasto social de los Acuerdos de Paz, entre otros.

Concluye en que los ingresos del Estado, a través de los impuestos, siguen siendo insuficientes.

Efraín Medina, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, opinó que ?se pierde el tiempo en discusiones infructuosas sobre si es o no hambruna o si es un problema estructural, cuando lo que deberíamos hacer es solidarizarnos y trabajar en una política social acertada?.

Pacto fiscal: Sin ponerse de acuerdo

Las grandes dificultades que tienen los sectores sociales y productivos guatemaltecos para ponerse de acuerdo quedaron reflejadas en la imposibilidad de avanzar en el Pacto Fiscal y en el acuerdo político posterior.

Al respecto, el Informe de Desarrollo 2001 sobre Guatemala destaca que “lamentablemente” las autoridades con mayor responsabilidad de impulsar las reformas acordadas en el Pacto Fiscal y en el acuerdo político se resistieron a ponerlo en práctica inmediatamente después de haber sido aprobado, lo que posteriormente aumentó la oposición de diversos sectores para avanzar en este sentido.

El documento considera de vital importancia el tema para lograr el financiamiento del desarrollo humano en Guatemala.

Desarrollo humano: ¿Quiénes están mejor?

Las variaciones en el Indice de Desarrollo Humano entre los departamentos de Guatemala pueden atribuirse, según el informe, a las diferencias en educación e ingreso. A continuación están 5 de los municipios con mejores indices y 5 con los más bajos.

Departamento Indice de Educacion Indice de salud Indice de ingreso

Guatemala 0.7826 0.7735 0.6771

Sacatepéquez 0.6964 0.7143 0.5709

Escuintla 0.6467 0.6503 0.551

Santa Rosa 0.6238 0.6860 0.5341

Retalhuleu 0.6022 0.7112 0.5316

Alta Verapaz 0.4321 0.7072 0.5231

San Marcos 0.5303 0.6735 0.4141

Quiché 0.4218 0.7143 0.4454

Sololá 0.4516 0.6515 0.4644

Totonicapán 0.4692 0.6007 0.415

-El nivel alto de desarrollo humano corresponde a un IDH igual o superior a 0.80, mientras que el nivel medio corresponde a valores de entre 0.50 a 0.79.

En su tradicional sesión de los lunes, la dirigencia del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Cacif, analizó las medidas que podrían tomar a partir de la aprobación del impuesto a las bebidas y el tabaco.

?Interpondremos los recursos de inconstitucionalidad que sean necesarios, porque estas leyes tienen graves errores?, dijo Enrique Neutze, presidente en funciones del Cacif.

El empresario explicó que, desde ayer, sus abogados llevan a cabo una evaluación técnica de los impuestos aprobados, para definir las acciones legales que emprenderán en cuanto las normativas cobren vigencia.

Para comenzar, han determinado que el impuesto aplicado al ron nacional es igual que el del whisky importado, lo que pone en desventaja a la industrial nacional.

?Es un problema grande, que traerá consecuencias terribles para la industria local?, aseveró Neutze.

Guatemala tiene que competir con el mundo -agregó-; sin embargo, en su opinión, los costos que deberán afrontar ahora los empresarios hacen que la lucha por entrar en el mercado internacional sea desigual.

?Tenemos una economía inestable, donde cada cuatro meses se aprueban nuevos impuestos que sólo sirven para empobrecer la economía y mermar el poder adquisitivo de todos?, lamentó Neutze.

Reveló que la dirigencia del Cacif acordó, también, trasladar su voz de protesta al Foro Guatemala, al tomar en cuenta que en el seno de ese grupo se encuentran representados todos los sectores del país que están en la búsqueda de un diálogo con las autoridades.

También la corrupción

Para los empresarios, lo más grave de la situación actual es que se estén aprobando nuevos impuestos y se deje de lado el combate de la corrupción.

La situación que vive Guatemala en ese sentido es ?terrible?, por lo que en su sesión de ayer la analizaron detenidamente.

Según explicó Neutze, antes de cualquier diálogo el empresariado quiere ver reglas claras, porque hasta el momento sólo se han creado falsas expectativas.

Entre las exigencias se encuentra el justo castigo contra los funcionarios involucrados en escándalos de corrupción durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco, FRG.

?Estamos indignados. Antes de cualquier diálogo queremos ver en la cárcel a unos cuantos por corruptos, porque sólo han venido a robarse el dinero y a burlarse de todos, y eso desconcierta a los guatemaltecos?, insistió Neutze.

Hasta el momento, el gobierno de Alfonso Portillo ha reconocido públicamente la corrupción existente, pero todavía no se toma ninguna medida concreta para combatirla.

Postura: Tomarán otras medidas

El sector comercio manifestó ayer su respaldo a las acciones legales que prevé emprender el Cacif contra el nuevo paquete tributario aprobado la semana pasada por el Congreso; sin embargo, en lo particular, analizan tomar otro tipo de medidas.

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, explicó que todo el sector empresarial organizado está en sintonía respecto del rechazo a más cargas impositivas, y apoyarán las acciones que se planteen en contra de los nuevos gravámenes a las bebidas y el tabaco.

Agregó que en el caso particular de la Cámara de Comercio, evalúan la toma de otro tipo de medidas para manifestar su rechazo a ?esta grave irresponsabilidad y la corrupción imperante en el Gobierno?.

Aunque Briz prefirió no adelantar detalles, advirtió que será un movimiento a nivel nacional.

En julio último, la Cámara de Comercio lideró una serie de cierres parciales en algunos departamento del país y, junto al resto del Cacif, concretaron el paro nacional del 1 de agosto.

De acuerdo con Roberto Gutiérrez, presidente de la Junta Interventora del Metropolitano, necesitan Q5.1 millones para pagar el pasivo laboral y así quedarse con un reducido grupo de trabajadores a la espera de que concluya el proceso de liquidación iniciado en los tribunales.

Según los interventores, la institución ya no tiene recursos para continuar pagando salarios y servicios debido a que ya no están realizando operaciones.

Además, sus deudores, encabezados por Francisco Alvarado MacDonald, no han abonado intereses desde junio.

A la fecha, los morosos adeudan Q38 millones sólo en intereses. ?Si tuviéramos ese dinero podríamos sobrevivir algunos meses más?, dijo Gutiérrez.

El funcionario explicó que la situación económica es tan crítica que desde el 19 de noviembre comenzaron a cerrar las agencias de todo el país, luego de conseguir la revocación de la resolución judicial que les obligó, por algún tiempo, a mantenerse operando pese a que ya no tenían recursos para hacerlo.

Gutiérrez opinó que si el Banco de Guatemala, Banguat, les otorga este nuevo crédito, están en la disposición de garantizar la recuperación del mismo con algunos bienes que han logrado agenciarse mediante el cobro de la cartera crediticia.

Los interventores esperan esta semana una respuesta favorable, ya que también hicieron esta solicitud a varios bancos privados pero, debido a los antecedentes del Metropolitano, no ha sido posible conseguirlo.

A la espera

El Metropolitano fue intervenido por la Superintendencia de Bancos, junto al Banco Promotor, el 2 de marzo de este año debido a que enfrentaba problemas financieros.

Las autoridades monetarias autorizaron un crédito de emergencia por Q648 millones que sirvió para respaldar los recursos de los depositantes, en su mayoría instituciones del Estado.

La Junta Interventora está a la espera de que el proceso de liquidación se resuelva en los tribunales de justicia para dar por concluído este proceso.

Además están en proceso de liquidación los activos de los bancos Promotor y Empresarial.

?Nos duele mucho, porque hay una buena recaudación. El problema es la corrupción; se han robado más de Q7 mil millones de lo que públicamente se conoce?, dijo Enrique Neutze, presidente en funciones del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Cacif.

Para el empresario, el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, está haciendo ?todo lo contrario a lo que se necesita para reactivar la economía?, porque esa medida provocará el cierre de muchas empresas.

No obstante, Neutze insistió en que lo más doloroso de ese tipo de medidas es que en las narices de todos los guatemaltecos la corrupción se haya llevado más de Q7 mil millones, de acuerdo con las cifras que ha hecho pública la prensa.

?Nos están orillando, y no podremos competir cuando venga la avalancha de producto mexicano y de otros países con los que se concrete libre comercio?, se lamentó.

Neutze señaló que emprenderán la batalla legal respectiva, y acudirán a los órganos correspondientes, porque en el nuevo paquete tributario hay inconstitucionalidades.

Con anterioridad, el Cacif ganó el pulso al Congreso, cuando en octubre último, al cobrar vigencia la Ley del Timbre de Control Fiscal, la Corte de Constitucionalidad amparó al empresariado.

Habrá desempleo

Alvaro Hugo Rodas, de la bancada Unionista, consideró que gravar las bebidas y el tabaco de la forma en que lo hizo el FRG, no tiene sentido.

?De nada sirve que existan más impuestos, porque siempre el Gobierno tiene problemas de iliquidez?, aseveró.

Con esa medida lo único que se provocará es más desempleo, por los problemas de producción que afrontar la industria, aseguró el congresista.

A decir de Rodas, es incongruente que pidan más impuestos.

?¿Para qué quieren más dinero, si de todas formas no están haciendo inversión??, preguntó.

El funcionario, con su característico acento zacapaneco, respondió así ayer a cuestionamientos hechos por periodistas respecto de su posible salida del Gabinete de Gobierno, por haber inconformidad con su desempeño.

Ventura aseguró que su trabajo ha sido ?excelente?, y señaló que por el momento no tiene conocimiento de ningún cambio en el ministerio que dirige, aunque ?si el presidente me pide la renuncia, pues yo obedezco?, expresó.

Sus logros

Explicó que entre algunos de los logros más importantes de su administración, podrían incluirse el empuje del Programa Nacional de Competitividad, que es esencial para modificar los fundamentos del desarrollo productivo nacional.

Aseguró que se ha preocupado por mejorar el clima de negocios e inversión en el país.

También ha trabajado por las negociaciones comerciales internacionales, que además son indispensables para la estrategia de vincular a Guatemala con todos lo mercados del mundo y un plan para afrontar con acciones de corto, mediano y largo plazo, la situación económica actual.

?El presidente y vicepresidente son quienes toman decisiones, yo soy un soldado, y a mí donde me coloquen haré mi trabajo?, insistió.

No quiso adelantar posibles nombres, y evitó hablar de alguna institución en particular; lo que sí es ?seguro es que habrá algunos cambios?, dijo.

De acuerdo con el gobernante en funciones, ?diciembre es buen mes para analizar el tema?, al tomar en cuenta que rutinariamente antes de finalizar el año, los ministros y secretarios presentan su renuncia al presidente, para que se evalúe su permanencia o retiro.

Reyes señaló que se hará un examen sin excepción de todas las instituciones del Estado, para evaluar lo positivo, establecer lo que falta por hacer e inclusive, ?lo que se ha hecho negativo, ya que sólo Dios es perfecto?.

El análisis, que también incluirá aspectos políticos, comenzará la primera semana de diciembre, por lo que para entonces podrían conocerse los primeros cambios.

Reyes López dio a entender que ese sería sólo el principio, y que a mediado y finales de mes podría haber sorpresas.

Todo dependerá de los resultados de las evaluaciones que realizarán con el presidente Portillo.

?Se analizarán todas las instituciones sin excepción, todos los ministerios y secretarías, y estoy seguro de que habrá algunos cambios?, insistió.

El mandatario en funciones ofreció declaraciones a la prensa, en las que afirmó que no tenía intención de ganar protagonismo.

Ello, al tomar en cuenta que el anuncio de los cambios fue hecho mientras el presidente, Alfonso Portillo, se encuentra de viaje.

Crítica no será la base

Al ser consultado respecto del criterio que aplicarán para evaluar las posibles remociones en el Gabinete, Reyes López, como ya es costumbre, respondió con el ejemplo de los medios de comunicación.

?Se procederá como se haría en un medio de comunicación respecto de cada uno de sus miembros, viendo cómo ha desarrollado su trabajo, lo que ha podido realizar, lo que está pendiente y lo que pudo haber realizado de manera inadecuada?, indicó.

Asimismo, desestimó la posibilidad de que las críticas públicas hechas a funcionarios, como el titular de Gobernación, Byron Barrientos, por el desvío de millonarios recursos en su ministerio, influyan a la hora de decidir quién se queda y quién se va.

?Siempre hay críticas, a veces fundamentadas, a veces no?, aseguró.

Pese a lo dicho por Reyes, Luis Mijangos, secretario general de la Presidencia, aseguró que de posibles cambios en el Gabinete no tenía ningún conocimiento oficial.

?El presidente Portillo no dejó ninguna instrucción al respecto al salir de viaje?, expresó.

En dos años de gobierno, la administración eferregista ha efectuado múltiples cambios de funcionarios, lo cual ha sido criticado por la sociedad civil y partidos de oposición.

Tres en la cuerda floja

Aunque la bancada oficial asegura que no tendrá nada que ver con los cambios en el Gabinete del Gobierno, en algunos casos la decisión de la bancada ha sido determinante para que se lleven a cabo algunas destituciones.

Según explicaron los diputados eferregistas, en los cambios futuros está el de Byron Barrientos, ministro de Gobernación. Para los diputados, ya son muchos los problemas que Barrientos ha tenido al frente de la cartera.

Recordaron la fuga de reos de la Cárcel de Máxima Seguridad y el desvío de Q90 millones del Ministerio de Gobernación.

De ser removido, Barrientos regresaría a su curul en el Congreso.

Los otros cambios que se manejan son el de Marco Antonio Ventura, ministro de Economía, y Jorge Escoto, de Agricultura. El criterio que en estos casos se aplicaría sería el técnico, ya que según los diputados, las medidas que han tomado en sus ministerios no han sido las más adecuadas.

El lunes último, el director de Fonapaz, Haroldo Quej Chen, remitió 20 cajas con más de 60 archivadores y miles de copias a los legisladores de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. No obstante, un análisis preliminar da cuenta que la mayoría de documentos se relacionan con el Programa de Desarrollo Comunitario para la Paz, Decopaz.

Gastos millonarios

En lo que va del año, Decopaz, que atiende a 16 municipios de Huehuetenango y uno de Quiché, ha ejecutado Q54 millones 797 mil.

Durante el gobierno eferregista, la entidad ha sido dirigida por Arístides Crespo Villegas y Haroldo Quej Chen, a su vez responsables de Fonapaz.

Hasta la fecha, Q4.7 millones del presupuesto de Decopaz se han utilizado para remuneraciones de personal temporal, Q29.5 millones en transferencias para instituciones sin ánimo de lucro, y Q16 millones para organismos internacionales.

Lo que llama la atención es la gran suma destinada a gastos relacionados con medios de transporte. En ese rubro se ha utilizado más de Q434 mil para mantenimiento y reparación, Q127 mil para arrendamiento, y Q191 mil para combustible.

Ejemplo de ello es que el 15 de febrero del 2001, los miembros de la Junta Directiva de Decopaz contrataron a la empresa Helicópteros de Guatemala para trasladarse a Jacaltenango, Huehuetenango, por cuyos servicios se pagó Q19,871.

La junta en mención ha estado integrada, entre otros, por Luis Mijangos, secretario general de la Presidencia, el diputado eferregista Rudio Lecsan Mérida; Pluvio Mejicanos, cuando era viceministro de Finanzas; Arístides Crespo, como director de Fonapaz, y por Hilario Santay, Rubén Francisco Barrientos, Mariano Sánchez y José Alfredo Menéndez.

En servicios telefónicos y viáticos tampoco se ha escatimado en gastos, porque la erogación en estos rubros es de Q105 mil y Q487 mil, respectivamente.

Dinero por doquier

Juan Carlos Méndez, secretario alterno de Decopaz, tiene asignado el vehículo placas P-549075, que fue reparado en agosto a un costo de Q16 mil.

Según consta en los documentos analizados, el 3 de septiembre se pagó Q11,200 al taller García, ubicado en la 7a. avenida 7-23, zona 7, colonia Quinta Samayoa, por reparación y mantenimiento del automotor.

Ese mismo día, se pagó a Servicios Mecánicos Rosas, situado en la 7a. avenida 7-19 de la misma colonia, Q5,600 por el servicio de enderezado y pintura.

Otro gasto significativo se efectuó el 31 de julio y el 1 de agosto. Por los almuerzos de dos días para Juan Carlos Méndez, Frank Rivera, Rolando Santizo, Haroldo Oquendo, Leonel Morales y Erick Escobar, Decopaz facturó Q2,737.

Crespo heredó contratos

Entre los miles de documentos figuran 50 contratos suscritos a nombre Decopaz por Crespo Villegas, ex director de Fonapaz y actual jefe de la bancada oficialista en el Congreso.

En la nómina de Decopaz para este año sobresale Juan Carlos Méndez Guerra, quien devengará Q290,400, como secretario alterno de esa dependencia. A éste se suma el auditor Rolando Eligio Tajiboy, con Q261,360 anuales.

Mientras tanto, Leonel Vinicio Morales Díaz y Manuel Basilio Mendoza Cruz gozan de contratos por Q217,800 cada uno. El primero es gerente de Informática y el segundo, ?sectorialista en Proyectos Productivos?.

En el 2000, quien logró el mejor contrato fue Rolando Lara Leiva, porque por 90 días hábiles de auditoría devengó Q324 mil (Q3,900 por jornada laboral). El documento fue autorizado por Crespo Villegas.

Estos son parte de algunos de los ?llamativos hallazgos? de los numerosos documentos entregados; sin embargo, la ?caja de Pandora? acaba de ser destapada.

Expediente voluminoso

Tras un ?estira y encoge? entre diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y el Fondo Nacional para la Paz, Fonapaz, esta última accedió a entregar documentación:

La misma fue llevada el 19 de noviembre a la bancada de la UNE, por personal de Fonapaz, aunque el director del ente, Haroldo Quej, faltó a la cita.

Según David Solórzano, del Departamento Jurídico de Fonapaz, se gastó Q46 mil en fotocopiar los expedientes, que se entregaron en 20 cajas.

La tarea de fotocopiar, dijo Solórzano, fue llevada a cabo por 25 empleados, durante 15 días.

Ayer se constató la entrega de 60 archivos con información de Fonapaz y del Programa de Desarrollo Comunitario para la Paz, Decopaz.

Durante horas, reporteros de diferentes medios de comunicación revisaron la información en la bancada de la UNE.

El funcionario no atendió la invitación que se le hizo para acudir el lunes último a la bancada, con el fin de explicar el manejo financiero de Fonapaz, mientras que en su lugar envió un enorme cargamento de legajos que el congresista Ottoniel Fernández calificó de ?basura?.

El legislador dijo que la información entregada contiene datos respecto del manejo del Programa de Desarrollo Comunitario para la Paz, Decopaz, pero nada relacionado con los gastos propios del Fonapaz.

?Queremos información de los contratos, de su ejecución presupuestaria, y el informe técnico y financiero de todas las obras que están ejecutando en el país, porque eso es lo más importante?, puntualizó.

La bancada de UNE indicó que enviará hoy una nota al director de Fonapaz, para requerir nuevamente la información faltante; si esta vez no tienen éxito, acudirán a la vía judicial.

?Son documentos públicos que no tienen por qué esconderse; creemos que la población, por medio de los diputados de la UNE, debe conocer si el dinero que paga en impuestos se utiliza correctamente?, insistió Fernández, al recordar que en los documentos enviados por Fonapaz se detectó pago de dietas a funcionarios y gastos excesivos en combustibles.

Asimismo, adelantó que pedirán facturas a Fonapaz que prueben que efectivamente gastaron Q46 mil en fotocopiar ?la basura? que se entregó a la bancada, porque les parece una suma exagerada, si se toma en cuenta que la entidad en referencia tiene copiadoras bastante modernas, con las cuales podrían haber llevado a cabo el trabajo.

?Entregamos todo?

Según Fernando López, vocero del Fondo Nacional para la Paz, Fonapaz, el lunes último se entregó toda la documentación que pidieron los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE: contratos de personal y cajas fiscales, entre otros.

?Sí está toda la información que los señores diputados pidieron, caja por caja. Ellos mismos hicieron el recuento cuando la recibieron, y levantaron el acta?, explicó López.

A los diputados de la UNE les llamó la atención la gran cantidad de documentos relacionados con Decopaz, y los escasos expedientes de Fonapaz. En este sentido, el vocero de la entidad señaló que no era cierto.

?Lo que ocurre es que los expedientes de Decopaz ocupan más espacio, porque vienen en archivadores?, explicó.

El primer semestre del año entrante, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso deberá proponer al pleno una terna de candidatos para que, con mayoría de dos tercios, elija al nuevo magistrado de conciencia que dirigirá la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH.

La última etapa de los cinco años en los que Arango Escobar se ha desempeñado como procurador, ha estado marcada por críticas de agrupaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, falta de efectividad, y señalamientos por irregularidades en el manejo de fondos.

Lo que estipula la ley

Los requisitos de ley para los candidatos a procurador son los mismos que los exigidos para optar a una magistratura de la Corte Suprema de Justicia.

Ser guatemalteco, abogado colegiado, con reconocida capacidad y honorabilidad, y con al menos quince años de haberse graduado. Estos son algunos requisitos que no deben faltar en el currículum de los aspirantes a Procurador.

El puesto es incompatible con el desempeño de otros cargos públicos, profesionales o religiosos y goza de la misma inmunidad y prerrogativas que los diputados al Congreso.

Más requisitos

Sin embargo, para las organizaciones de Derechos Humanos estas competencias y cualidades no garantizan la idoneidad de los candidatos.

?Además de los requerimientos legales, el futuro procurador no debería haber participado como candidato en ninguna elección popular, haya ganado o no la contienda?, añade Claudia Samayoa, de la Fundación Rigoberta Menchú.

?El futuro procurador debería surgir de un consenso ciudadano, no de una elección partidaria. Hay que evitar la politización, que tanto ha perjudicado la imagen de la PDH en los últimos años?, comentó.

En un documento redactado por el Movimiento de Derechos Humanos, que aglutina a más de 60 agrupaciones, se mencionan cualidades como vocación y servicio, independencia de criterio, y conocimiento de la realidad socioeconómica nacional.

?Tiene que conocer el contexto actual de la lucha por los Derechos Humanos?, destacó Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado.

Compromiso

Los activistas mencionados piden, asimismo, que el procurador tenga experiencia en defensa de los Derechos Humanos y compromiso de llevar a la práctica el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Honorabilidad, independencia de criterio, reconocimiento gremial y de la comunidad de Derechos Humanos son otras de las cualidades que debe reunir el perfil del procurador ideal.

Deficiencias

El documento del Movimiento de Derechos Humanos refleja también el resumen de una investigación sobre el desempeño de la gestión de Arango Escobar.

Según este estudio, la población guatemalteca percibe que las resoluciones de la PDH están politizadas y siguen la línea del gobierno actual.

Otras de las debilidades señaladas por los activistas son el bajo perfil del procurador en casos de trascendencia nacional; además, falta de políticas, liderazgo y estrategias, escasez de recursos y ausencia de profesionales especializados.

Claudia Samayoa, Fundación Rigoberta Menchú

?El nuevo Procurador no debe haber sido postulado para cargos de elección pública, ni tener vínculos políticos?.

Nery Rodenas, Oficina de Derechos

Humanos del Arzobispado

?Es posible que la elección se politice. Por eso, esperamos que se admitan las propuestas de la sociedad civil?.

Organizaciones propondrán aspirantes

El Movimiento de Derechos Humanos afirmó que propondrá candidatos a la comisión del Congreso encargada de presentar la terna al Congreso.

Para Miguel Angel Alvizures, de Alianza contra la Impunidad, es de vital importancia que el proceso de selección no sea politizado.

?Vamos a fiscalizar el proceso para velar por la independencia de la Procuraduría de Derechos Humanos?, aseguró.

Alvizures recalcó también la necesidad de que la comisión parlamentaria tome en cuenta los candidatos propuestos por la sociedad civil.

?Principalmente, pedimos que sea una persona sin vinculaciones políticas, ya que esto haría peligrar la independencia que debe tener la Procuraduría para emitir sus fallos?, recordó Alvizures.

?Queremos emplazar al Gobierno para que explique en qué se han invertido los multimillonarios recursos?, dijo Jorge Briz, presidente de la CCG, quien señaló que este régimen le hace un gran daño a la Nación.

Según el empresario, en lo que va del año el Fisco ha recaudado Q14,243 millones, pero el Gobierno ha gastado Q16,250 millones, sin que se sepa del destino del dinero.

?Hemos oído que las autoridades dicen preocuparse por la clase más pobre del país, pero no hacen absolutamente nada por ella, a pesar de que han gastado recursos?, insistió.

Briz indicó que la CCG está consciente de la necesidad de emprender una cruzada nacional en contra de la corrupción, impunidad, abuso y arbitrariedad, para sacar al país de la crisis.

No precisó detalles de esa jornada, aunque no descartó la posibilidad de un nuevo paro general, como el del 1 de agosto último.

No más impuestos

Asimismo, la CCG manifestó su rechazo al nuevo paquete impositivo que está por aprobar el Congreso.

Briz señaló que prevén un panorama económico difícil, sin condiciones para pagar nuevos tributos, con un ritmo inflacionario proyectado de 9.87 por ciento, alta tasa de desempleo y alejamiento de la inversión privada.

Esto, agregó, sumado a la escasa capacidad adquisitiva de los guatemaltecos por el paquete de impuestos aprobado en julio, pronostica un futuro mucho difícil para la economía nacional.

?El Gobierno es el principal enemigo del bienestar, progreso e inversión?, señaló. Al respecto, hizo un llamado a las autoridades ?para que escuchen el clamor del pueblo?.

Impuestos: Esperan largas jornadas

Los diputados fueron convocados para la próxima semana a dos sesiones, aunque el trabajo podría extenderse a cuatro, con el objetivo de aprobar nuevos impuestos y el presupuesto del 2002.

Después de la maratónica reunión de la Comisión de Finanzas en la que fueron aprobados varios dictámenes, entre éstos, impuestos a bebidas alcohólicas, fermentadas, gaseosas, agua natural, jugos y yogur, y del tabaco, ahora tocará el turno al pleno la semana próxima.

Como la bancada del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, tiene la intención de aprobarlas esa semana, la Junta Directiva convocaría a otras dos sesiones, para contar con suficiente tiempo.

?Las sesiones serían el martes, miércoles, jueves y viernes?, dijo Jorge Ríos, cuarto secretario de la directiva.

La otra ley que ingresará al pleno será el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación 2002.

Las leyes financieras podrían quedar fuera de discusión, porque todavía el FRG no cuenta con suficientes votos para aprobar dos de las cuatro iniciativas presentadas.