Su nombre, por ser el mismo que el de su padre, el nicaragüense Edelberto Torres Espinoza, profesor de Literatura e Historia y luchador revolucionario en contra del gobierno dictatorial de Anastasio Somoza García, estuvo presente en la casa de mi niñez.

En los años 80, estando a cargo de la conservación de Antigua Guatemala, junto al doctor Mario Dary, rector de la Universidad de San Carlos, hicimos un convenio para restaurar el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino. El ímpetu imperante por la conservación y desarrollo de la histórica ciudad, de vocación habitacional, cultural y turística, requería el esfuerzo de todos para recuperar esos espacios indispensables. El edificio se restauró y los museos preexistentes se recuperaron al tiempo que la Extensión Universitaria generó el Centro Cultural, nombrando a Roberto Díaz Castillo como su director, quien de inmediato y de manera permanente estableció un programa de actividades. Incluyó exposiciones, conciertos, mesas redondas, conferencias y espacio para foros de discusión cultural.

Dentro de las personalidades que participaron en esa febril actividad, fuera como ponentes u observadores, junto al particular público que la atiende, estuvo la generación de intelectuales forjada a la luz de la Revolución de octubre de 1944: José Barnoya, Antonio Móbil, Jorge Sarmientos, Amerigo Giracca. Roberto Aycinena, Jorge Montes y Carlos Haeussler. Luz Méndez de la Vega, Margarita Carrera, Ana María Rodas; Roberto Cabrera, Efraín Recinos, Marco Augusto Quiroa, Luis Díaz y tantas otras luminarias que sería largo asentar.

Edelberto fue parte de ese grupo y por su vínculo con Antigua Guatemala estuvo presente en otros escenarios, como el centro cultural El Sitio y el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (Cirma), en donde nos identificamos como cómplices del devenir cultural de nuestro país.
El vínculo familiar con el nombre de su padre fue por el sonado caso de defensa legal, que en 1958 presentaron los licenciados Juan Manuel Jiménez Pinto, primo de mi padre, y Óscar Nájera Farfán en contra de la línea aérea Pan American. El hecho fue que Edelberto padre, exiliado en Guatemala, viajaría a Brasil para atender un congreso, por lo que preguntó a la línea aérea si el vuelo haría escala en Nicaragua. La respuesta fue NO, pero el avión bajó en Managua, en donde fue arrestado.

La demanda incluyó los daños y perjuicios sufridos al hacer una parada no programada dentro del itinerario previsto. El juicio tomó su tiempo, pero finalmente PanAm debió pagar su sumisión y complacencia al gobierno de EE. UU., reconociendo en dinero, los daños y perjuicios causados al académico.

Los hechos retratan el influjo del gobierno de los EE. UU. en todo lo que sucedía en su traspatio. Era la época bananera, y pese a la Reforma Agraria del segundo gobierno de la Revolución del 44, la Ufco seguía actuando como dueña de la finca; criterio que poco ha cambiado, aunque los actores ya no sean el secretario de Estado y su hermano, el director de la United Fruit Company, y el sistema sea otro.
Con su existencia, Edelberto confirmó la máxima de Ortega y Gasset sobre el hombre y su circunstancia.

En su presentación expuso, además de los más altos dignatarios, a funcionarios y empleados; empresarios, militares, narcotraficantes y demás fauna criminal, enquistados en el Estado, identificados como cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que en el 2006 provocaron la creación de la Cicig. Esa escena, del primer acto de la comedia política, provocó la renuncia a sus cargos de la vicepresidenta y el presidente, quienes desde entonces guardan prisión, pendientes de ser juzgados.

Las luces se atenúan al tiempo que en el escenario se desliza Jimmy Morales, con máscara de ingenuo candidato a la Presidencia, presentándose ante el público como “ni corrupto ni ladrón”. Aplausos y cierre del telón.

En el segundo acto, la dupla MP-Cicig sigue develando casos de corrupción. En uno de ellos, los implicados son el hijo y el hermano del ya para entonces presidente, señor Morales, quien da su primer traspié en el escenario. Otro caso es el de las aduanas, puertos y aeropuerto que evidencia la podredumbre de su administración en manos de aquellos mismos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad mencionados.

En otro más surgen nombres de empresas y hombres de negocios, hasta entonces engalanados con el aura de distinción y honorabilidad que asumían propia, como clase superior, con la que siempre ocupó la cúspide de la pirámide social y económica de la Patria del Criollo. Esta vez, denunciados por evasión de impuestos por cantidades astronómicas.

Como quien suelta una brasa de las manos, y con las máscaras desdibujadas, acuden a los tribunales y pactan sus deudas con la Secretaría de Administración Tributaria, ante la atónita mirada del público, por la disponibilidad y facilidad para obtener esas cantidades de dinero en un país poco menos que miserable. Superado ese primer susto, actores ligados al mismo elenco son denunciados por el delito de financiamiento electoral ilícito, entre otros, al partido que llevó al poder al señor Morales; este, tratando de acomodarse la máscara, cae al suelo haciéndose trizas. Detalle escénico que dejó claro que aquello de ni corrupto ni ladrón solo fue una frase del mercadeo político de nuestra Banana Republic, pero que dio el resultado esperado: ser electo.

En un acto de contrición, los actores financistas, ahora sin las máscaras, reconocen el dolo. Por un efímero momento lucen arrepentidos y ante la posible absolución de sus pecados, con la vista clavada en las tablas del escenario, juran no volverlo a hacer, al tiempo que la luz se desvanece. El público alcanza a ver cómo se miran entre sí, y sopesando lo que han hecho, saltan como impulsados por un resorte, corriendo despavoridos.
El tercer acto inicia con la campaña política del 2019. Como telón de fondo, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, manoseada, más que pensada. Todo luce preparado para que el baile de máscaras regrese a donde estaba al empezar la obra; es decir, ¡Qué viva la corrupción!

El Pacto de Corruptos, los poderes del Estado cooptados —con sus honrosas excepciones—, junto a las cámaras gremiales, desmantelaron las instituciones, marginaron a la Cicig y violentaron el estado de Derecho, poniéndonos, ya sin máscaras, a un paso de una nueva dictadura.

Su nombramiento como fiscal general y jefa del Ministerio Público durante el gobierno del general Otto Pérez Molina generó razonables dudas en cuanto a la independencia con que ejercería tan importante como delicado cargo. Sin embargo, desde el principio dio claras muestras de independencia, profesionalismo y compromiso con la Nación cuando, luego de décadas, integrantes de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad enquistados en la administración pública socavaron paulatina, pero permanentemente, la institucionalidad del país. Eso permitió en el 2006, en un momento de lucidez política, que el Estado solicitara a la comunidad internacional apoyo para crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El trabajo conjunto, MP-Cicig, facilitó hacer lo que no se había hecho antes, poner al descubierto el mundo de corrupción e inmunidad existente, por todos presentido aunque indefinido, al que como pueblo sumiso, obediente y temeroso del poder —cualquiera que sea la figura que este tenga— se le había acostumbrado al punto de considerarlo “normal”, según palabras del propio señor Jimmy Morales, poco tiempo después de haber asumido como presidente.

Su desempeño, independencia y autoridad le dieron la solvencia que pocos funcionarios alcanzan, y que para la ciudadanía representa el indispensable finiquito moral para reconocerla como posible líder. De eso a ser considerada candidata a elección para la Presidencia de la República solo había un paso: que usted quisiera hacerlo.
Una vez concluido el período para el que fue nombrada, estuvo en libertad de expresar esa posibilidad.

Para la mayoría de guatemaltecos, según puedo deducir y extrapolar de la encuesta hecha por el científico guatemalteco Luis Von Ahn (Soy 502), que evidentemente no tuvo ese propósito, sus posibilidades políticas son grandes. Pero más contundente que esa percepción personal fue el rechazo que su solo nombre provocó en esferas de gobierno, en un amplio sector de funcionarios, en comerciantes, profesionales y empresarios que han hecho del Estado una cantera de trabajos sobrevalorados con el exclusivo fin de enriquecerse, sin importar la calidad del trabajo hecho, ya que, ante las grandes comisiones que implica tener acceso a esos contratos, la calidad de materiales y mano de obra deben ser sacrificados.

Puntualizando el motivo de la presente, señora Aldana, me permito sugerir, atendiendo sus propias declaraciones en cuanto a la necesidad de buscar acuerdos que permitan alcanzar la Presidencia de la República, hacer uso de su liderazgo, visión de Estado y capacidad de gestión para aglutinar partidos políticos ya constituidos. Grupos que en solitario tienen pocas posibilidades de ganar, pero que unidos en torno a una sola imagen del deseado futuro podemos arrasar en la primera vuelta electoral.

En este momento el asunto no es de ideologías, pues la contrarrevolución de 1954 las mató. Hoy la batalla es en contra de la corrupción y la inmunidad de los cuerpos clandestinos incrustados en el Estado y la administración pública que usted conoce muy bien, que representan el mayor lastre para que Guatemala deje de ser la Patria del Criollo establecida con la independencia en 1821, la Banana Republic de cien años después, o la sempiterna finca del Cacif. ¡Unidos lo podemos hacer!