Escribir en este espacio ha sido un verdadero privilegio y una gran responsabilidad; de ahí que en estas más de cien columnas publicadas (103, para ser exactos) procuré fomentar el diálogo sobre la promoción, protección y garantía de derechos humanos, sobre lo poco que invertimos en las niñas, niños y adolescentes y lo mucho que nos falta darle más liderazgo a los jóvenes; sobre la desnutrición crónica que padecen más de novecientos mil niños menores de cinco años y la pobreza que esclaviza al sesenta por ciento de los guatemaltecos, fenómenos que laceran cualquier intento de construir identidad nacional y certidumbre. También expresé mi pasión por los libros, que son uno de los tesoros más grandes de la civilización. Analicé en este espacio los presupuestos públicos y las iniciativas de ley y medidas que impiden al Estado aumentar sus recursos financieros y cumplir con su obligación. También critiqué, tras evaluaciones concienzudas, la mala gestión de los gobiernos —su corrupción y su desinterés por promover crecimiento y bienestar— y de aquellos que, aprovechando su poder económico, han convertido a la administración púbica en su mayordomo particular. Invité en muchas ocasiones a salir a la calle y manifestar pacíficamente en favor de la democracia y en contra de la corrupción y de aquellos que la defienden.

Yo escribo columnas de opinión confiando en que se puede contribuir a debatir y tomar postura con base en información veraz. En este tiempo, muchas personas me escribieron a mi correo para continuar la conversación: algunas a favor de mi postura y otras muy contrarias a mi pensar. A todas las personas les respondí con agradecimiento y mucho respeto porque el gusto de este oficio, el de opinar, estriba en la posibilidad de disentir y a la vez de ponerse en los zapatos de la otra persona. Me alegró muchísimo el cajero del supermercado que tras estrechar mi mano me dijo que leía la columna y le gustaba, principalmente una que trató sobre la solidaridad (Salvar a un zanate); y me impresionó mucho una mujer que se me acercó furiosa, un sábado mientras caminaba con mi familia, para decirme que no estaba de acuerdo con nada de lo que yo escribía. Pensé que me confundía con mis vecinos de columna, pero no: dijo que, en particular, le enojaba que yo quisiera que se pagaran más impuestos cuando todo se lo roban. La tranquilicé al platicarle sobre lo que sí se hace con nuestros impuestos y sobre la obligación del Estado de castigar al evasor, al contrabandista y al corrupto.

Agradezco profundamente a Prensa Libre por haberme invitado a este espacio de reflexión y por garantizar siempre el derecho a la libre expresión. Han sido muy atentos conmigo. A usted, le invito a que sigamos la conversación en https://jonathanmenkos.org/. Ahora me he decidido a caminar para intentar construir la casa, esa con la que soñamos todos.

Lo anterior solo se podrá lograr si el aparato productivo guatemalteco se moderniza y se integra mejor con el bienestar social, lo que requiere cambiar cuatro fenómenos que son evidentes en el modelo económico actual. Primero, una estructura de exportaciones sustentada principalmente en productos de bajo valor agregado: banano, azúcar, café, cardamomo, petróleo, entre otros. Segundo, un mercado doméstico deprimido por los altos niveles de pobreza general, cerca del 60% de la población, relacionados con desempleo y un salario promedio nacional que no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica vital de los hogares, lo que además genera una desigualdad creciente, ingobernabilidad democrática y limita la demanda interna de productos nacionales. Tercero, una política económica incompleta, eclipsada por intereses económicos particulares que giran en torno a los principales productos de exportación y a los mercados oligopólicos nacionales, desatendiendo actividades de producción que pueden generar más y mejor empleo y ser más competitivas en el ámbito internacional. Cuarto, una sobreutilización de los recursos naturales y la poca atención a la mitigación de los efectos negativos del calentamiento global.

Los fenómenos mencionados constituyen las principales trabas para el desarrollo de Guatemala. Romper estas barreras requiere una política económica que ponga en el centro de su función la innovación y la transformación productiva para el aumento del bienestar social. Solo así se logrará permear el sistema económico en el que conviven más de 800 mil pequeños y medianos productores, más de dos millones de cooperativistas, cerca de 1,700 grandes empresas y 10 millones de personas en edad de trabajar. La tarea no es sencilla y es por eso urgente la puesta en marcha un sistema de innovación y transformación productiva, comprendido como una red articulada de organismos públicos y privados cuyo objetivo es estudiar, diseñar y ejecutar actividades y acciones que permitan difundir nuevas tecnologías que aumenten la productividad y hagan más homogénea la estructura productiva, al tiempo en que se crean empleos de calidad que minimizan la informalidad (legal y productiva) y se promueven sectores innovadores que logran disminuir el despilfarro de recursos y la protección del ambiente natural.

Para que este sistema sea exitoso se requiere, en primer término, liderazgo y legitimidad del gobierno, pues a este le toca proponer mediante una buena planificación, la coordinación entre políticas y actores económicos y sociales, incluyendo como parte de los resultados, la puesta en marcha de una política de industrialización y modernización del sector agrícola dentro de una agenda de desarrollo sostenible de largo plazo; el compromiso con el pleno empleo y la eliminación de la pobreza, metas de crecimiento económico, montos y destinos planificados de inversión pública, mejoras en la educación, la salud y la seguridad y el acceso a fondos de investigación y crédito con tasas de interés menos asfixiantes para los productores y emprendedores, así como la facilitación de la producción y el comercio nacional e internacional, y una política fiscal acorde con el logro de todo lo anterior. Ningún país podrá cumplir la Agenda del Desarrollo 2030 sin un sistema de innovación y transformación productiva.

Todo parece indicar que en 2019 la SAT obtendrá los peores resultados de sus veintiún años de historia, sobrepasando el triste récord conseguido en 2018, cuando cerró con una carga tributaria equivalente apenas al 10.0% del PIB, muy lejos del 12.1% conseguido en 2007, del 13.2% establecido en los acuerdos de paz, y cada vez más lejos de su frontera tributaria, que es 23.7% del PIB, estimación técnica sobre el máximo nivel alcanzable de ingresos con el sistema tributario actual.

La baja recaudación en Guatemala es resultado de una menor productividad de los impuestos existentes, debido a la carencia de un plan que cierre los espacios a los diferentes delitos tributarios, incluidos la evasión de impuestos y el contrabando. Este mal manejo de la administración tributaria tiene, entre muchas, dos graves consecuencias. Primero, se reducen los recursos que pueden destinarse al aumento de la cobertura y calidad de los bienes y servicios públicos: hay menos para invertir en educación, salud, seguridad, lucha contra la desnutrición, por lo que el presupuesto apenas llega a cubrir el gasto público más rígido —salarios, pago de deuda, compromisos legales y constitucionales de gasto, por ejemplo—. Por otro lado, el débil trabajo para atrapar a los evasores y contrabandistas disminuye la moral tributaria entre los contribuyentes, en especial, el sector empresarial honesto (el que paga impuestos y no forma parte del Pacto de Corruptos) que debe competir con empresarios cuyos costos son menores al evitar el pago de impuestos, aun percibiendo que no habrá castigo por esa falta.

La SAT es una entidad vital para el cumplimiento de los planes de gobierno, mucho más en contextos políticos poco democráticos, como el actual, en el que es imposible lograr los votos necesarios para utilizar el endeudamiento público como herramienta de financiamiento. De ahí que el Estado, con el concurso de las fuerzas sociales democráticas —políticos, movimientos sociales, empresariales y cooperativistas, así como ciudadanos en general—, debe impulsar para los próximos diez años una hoja de ruta dividida en dos fases. Entre 2020 y 2023 se debe aumentar la carga tributaria hasta el 11.5% del PIB, por medio del combate con mayor eficacia de la evasión fiscal, reduciéndola principalmente en el impuestos al valor agregado y en el impuesto sobre la renta. La evasión de ambos impuestos supera hoy los Q36,000.0 millones anuales.

También se requiere caminar hacia la universalización de la factura electrónica y estudiar objetivamente los resultados, económicos y sociales, de las exenciones de impuestos. En el mediano plazo (2024-2030) se debe modernizar la regulación legal relacionada con la reducción de flujos ilícitos de capital y discutir cambios en la tributación que doten de más progresividad al sistema tributario. Todo esto en función del cumplimiento de metas de desarrollo y democracia.

Un plan para dotar de más vitalidad a la economía centroamericana en los próximos diez años debe contemplar por lo menos los siguientes elementos. Primero, aumento de la infraestructura económica —carreteras, mercados, electricidad, banda ancha— y social —escuelas, institutos, centros de salud, viviendas—, pues el sector construcción impulsa el resto de la economía, con efectos positivos en el corto, mediano y largo plazos. Segundo, impulso de sectores económicos claves como la industria, el transporte, el comercio, que pueden generar más empleo e inducir procesos de modernización productiva en toda la economía, incluida la agricultura. Tercero, el acceso de las personas a la educación formal y el conocimiento, sin hambre y sin violencia, universalizando coberturas de educación, capacitación, salud y protección social, lo que también impulsará un dinamismo económico en los territorios y dará certidumbre a los ciudadanos. Cuarto, un acuerdo fiscal con un horizonte de diez años para darle sustento a todo lo anterior. Este conlleva el cierre de espacios de corrupción, la publicidad sobre el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en función de su aporte al bienestar, al empleo y al crecimiento económico, así como la responsabilidad compartida de manera justa en cuanto al financiamiento de un plan económico y social: un acuerdo político para dotar a la administración pública de los recursos suficientes para que haga bien su trabajo.

El otro camino, el de continuar como hasta ahora, no solo generará más frustración e ingobernabilidad en los próximos diez años, sino que pondrá a los Estados centroamericanos en una ruta más rápida hacia la depauperación económica y la pérdida de los débiles cimientos políticos democráticos.

Por eso es mejor hablar de desarrollo: del proceso, económico, social y político que amplía las libertades individuales y colectivas, y que debe ser definido y estimulado por los miembros de la sociedad, respetando las particulares visiones del mundo. El desarrollo basado en la ampliación de libertades tiene en el centro el respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos individuales y colectivos. En el contexto actual debemos revisar los desafíos estructurales que es preciso enfrentar para fijar las bases de un buen desarrollo, principalmente ahora que estamos en pleno proceso electoral, quedamos obligados a interpelar a los políticos y sus partidos qué tipo de sociedad van a ayudar a construir en los próximos cuatro años.

Hay cinco indicadores que nos revelan el enorme esfuerzo y por dónde comenzar para que Guatemala no continúe por la senda actual que lleva a la barbarie. Primero, uno de cada cuatro guatemaltecos sobrevive en la extrema pobreza y aproximadamente la mitad de los niños menores de cinco años padece desnutrición crónica. Segundo, cuatro millones de niñas, niños y adolescentes continúan sin acceso a la educación, mientras el sistema de salud tiene la capacidad para atender a uno de cada cuatro habitantes. Tercero, el gasto público es mínimo y se reparte de tal forma que fomenta la discriminación racial, territorial y de género.

Cuarto, no hay política económica, sino una agenda de prostitución de lo público para que el gobernante quede bien —por medio de perdón de impuestos, privilegios fiscales, corrupción y protección de monopolios privados, entre otras fechorías—, con sus aliados, poco ha importado la infraestructura económica, el acceso a créditos blandos para pequeños y medianos empresarios, la generación masiva de empleos y el apoyo público a la innovación y transformación productiva. Quinto, una política fiscal pensada para la riqueza de unos cuantos y la sobrevivencia de la mayoría, por lo que hay escaso gasto público y poquísimo interés en recaudar, en medio de descarados actos de corrupción. El deterioro de la administración pública provoca la mercantilización de la vida diaria: solo el que tiene dinero sobrevive a la enfermedad, a la ignorancia y a la violencia.

Eliminar estas trabas requiere un cambio sistémico que no se conseguirá en cuatro años, pero que no puede continuar postergándose. Los candidatos deben buscar el voto proponiendo soluciones técnicas y razonables. Bien harían en tomar en cuenta el horizonte de 11 años que faltan para el alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, y mucho mejor sería si en lugar de sus anuncios besando niños y ancianos, nos proponen cómo construiremos un piso de protección social para garantizar su bienestar, cómo generaremos los empleos que reclaman los desempleados, cómo aumentamos el crecimiento económico, sin destruir el ambiente ni matar a defensores del territorio, y cómo conseguiremos una reforma estructural, a la política fiscal y a la administración pública, para hacerlas efectivas, transparentes e independientes.

Al mejor estilo de Goebbels —ministro de Propaganda de Hitler—, a quien se atribuye la idea de que una mentira repetida mil veces termina convirtiéndose en verdad, Morales afirma públicamente su compromiso con la lucha contra la corrupción. Sin embargo, cuatro hechos, entre muchos, nos dicen todo lo contrario. Primero, los forcejeos desquiciados de la ministra de Relaciones Exteriores contra el secretario general de las Naciones Unidas, con el fin de expulsar abruptamente o reducir el trabajo por el que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en conjunto con el Ministerio Público, ha logrado determinar cómo la corrupción es la madre del sistema político guatemalteco y el alimento para mantener lo público capturado por intereses privados. Segundo, el desmantelamiento por parte del ministro de Gobernación de la Policía Nacional Civil y de las entidades destinadas a la inteligencia civil. Tercero, el sabotaje y descrédito de las instituciones encargadas de salvaguardar el orden del Estado: la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de Derechos Humanos. Cuarto, la captura de la Procuraduría General de la Nación, del Ministerio Público y de magistrados y jueces con el fin de “normalizar” los desmanes que el gobierno y sus socios cometen contra la democracia.

Morales es un cínico, permitido solo en una sociedad que camina a tropezones debido a su ceguera moral, término acuñado por Zygmut Bauman para referirse a sociedades que parecen haber perdido la sensibilidad moral y quitan importancia a hechos que lastiman a toda la colectividad. En este contexto, afirma Bauman, la mayoría de actores carecen de compromiso moral. Morales no está solo: el diputado Arzú, presidente del Legislativo, puede gestionar libremente el pacto de corruptos y el retorno al autoritarismo, utilizando el presupuesto público; voceros del rancio sector empresarial y Joviel Acevedo pueden aparecer frente a la sociedad apoyando las decisiones del pacto de corruptos sin remordimiento.

¿Cómo una sociedad, la guatemalteca, ha permitido desde privatizaciones que hicieron ricos a los funcionarios que las organizaron hasta líderes que atentan cotidianamente contra los derechos de la población? La ceguera moral es resultado del miedo y la indiferencia social: el temor al despido; la bomba que mata al chofer; el discurso de odio y racismo; la compra de medios; el individualismo; el fundamentalismo religioso y la mercantilización de la vida, todos ingredientes para lograr un pueblo sin contenido ni atributos democráticos.

Bauman sabiamente explica que “el mal reside en la normalidad”: no normalicemos al político ratero, al empresario hipócrita o al sindicalista transa, y contrapongamos a la estrategia de miedo y silencio nuestra valentía y reflexión colectiva.

El modelo económico neoliberal impuesto principalmente durante los gobiernos derechistas de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en sus veinte años de ejercer el poder (de 1989 a 2009), ha provocado la dolarización y la ralentización económica, la privatización de la seguridad social, la apertura comercial sin políticas de innovación del sector productivo, la corrupción, el aumento de la desigualdad social como fruto de la reducción de impuestos progresivos y la baja cobertura y calidad de los servicios públicos. Asimismo, ha provocado una migración significativa: cerca de 3.1 millones de salvadoreños viven en el exterior, enviando recursos (en 2018, USD5.5 millardos) que ayudan a las familias y dan respiro al exhausto modelo económico a costa de la desintegración familiar.

Este continuado desequilibrio social y económico ha inducido a una mayor inseguridad y violencia: en 2018 se registraron 3,340 homicidios (51 muertes por cada cien mil habitantes), la mayoría atribuidos a las pandillas, que suman más de 70,000 miembros. El Estudio La nueva cara de las pandillas callejeras: El fenómeno de las pandillas en El Salvador, permite construir el perfil del marero promedio: jóvenes que abandonaron la escuela antes de los 16 años. El 70% proviene de hogares disfuncionales, con un ingreso mensual de menos de USD250 mensuales, y casi la mitad reconoció haber huido de su hogar antes de los 15 años, debido a la violencia doméstica y los problemas familiares.

Los mareros —también los de Guatemala y Honduras— resumen el resultado de un Estado en el que se ha prostituido lo público en favor de los negocios de algunos, desatendiendo los problemas que aquejan a la mayoría. En una evaluación realizada a la gestión del actual presidente, Salvador Sánchez (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN), se documentan caídas en la cobertura de vacunación y en las tasas de matriculación neta en la educación primaria y segundaria, como resultado de reducciones presupuestarias. El gobierno saliente, que no cambió las bases neoliberales, deja un presupuesto público social más bajo, en términos del PIB, de lo que se asignaba en 2013, al tiempo que la deuda pública ronda el 70% del PIB.

Encuestas anticipan que Nayib Bukele (Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana) será el próximo presidente de El Salvador. Con más del 50% de aceptación, Bukele romperá un bipartidismo (Arena—FMLN) oxidado por el ejercicio del poder y los intereses personales de sus caudillos pero que mantendrá hasta el 2021 la mayoría en la Asamblea Legislativa.
Operar en este contexto obligará a Bukele a fomentar una ciudadanía que ejerza presión sobre la oposición, lo que logrará en la medida en que su plan de gobierno atienda las exigencias de la mayoría —empleo, seguridad, probidad, garantía de derechos sociales, en particular de las mujeres—, respete la institucionalidad democrática, tolere la crítica y logre un acuerdo fiscal de gran calado que fortalezca la administración pública, con más recursos y mejores capacidades.

En síntesis, los próximos cinco años pueden ser de avances si Bukele honra la confianza ciudadana y si el FMLN y Arena descartan sus viejas prácticas y ejercen una oposición madura y democrática.

Esta creciente y desbocada desigualdad es causa y efecto de un modelo económico que no genera suficientes empleos, impulsa bajos salarios para la mayoría de la población mientras se mercantilizan los derechos humanos. El modelo imperante de desigualdad, otorga poder político en función de la riqueza que lo que abre las puertas a la impunidad y la corrupción. La desigualdad en el mundo es una amenaza grave a la economía, al ambiente natural y a la vida en democracia, y su prevalencia o mitigación, es resultado de decisiones políticas y económicas.

Cambiar el modelo económico requiere de profundas reformas en el mercado laboral y en la política fiscal, materia en la que el informe de Oxfam ahonda, revelando que con un incremento efectivo del 0.5% del impuesto a las riquezas del 1% más rico de la población mundial, los Estados tendrían capacidad, por medio de la producción servicios públicos, de escolarizar a los 262 millones de niñas, niños y adolescentes que están fuera de la escuela, así como proveer los servicios sanitarios que salvarían la vida de 3.3 millones de personas que mueren anualmente por causas prevenibles. Asimismo, llama a los Estados a trabajar por el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, relacionado con la reducción de las desigualdades.

Centroamérica es un buen reflejo de lo que acontece a nivel global, así es que el informe llega en buen momento, cuando miles de personas migran forzadamente, huyendo de la violencia y la falta de oportunidades, y mientras grupos económicos, criminales y políticos confabulan para debilitar la democracia y gozar de mayores privilegios económicos y fiscales. Estas son señales inequívocas de que el istmo —principalmente Guatemala, Honduras y Nicaragua—, camina rápidamente hacia un retroceso tal que pronto estará en los años setenta, sumido en conflictos políticos para los que la debilitada institucionalidad democrática no tendrá solución. Este deterioro ya está teniendo consecuencias económicas y sociales que se acentuarán y afectarán cada vez más incluso a Costa Rica y Panamá.

Ante este panorama, es precisa una respuesta desde los organismos de integración regional, los partidos políticos, la academia y los movimientos sociales: se debe cambiar radicalmente el rumbo actual de Centroamérica por medio de una agenda de igualdad que contemple acciones para dinamizar el crecimiento económico y el empleo, universalizar la protección social y ambiental, blindar la administración pública frente a intereses privados, elementos básicos para fortalecer la democracia y evitar el autoritarismo. Una agenda así obliga a plantear cambios torales en la política fiscal centroamericana, hasta ahora pensada para la sobrevivencia de muchos y la riqueza de pocos, hacia una diseñada para el bienestar colectivo, basada en la equidad, la transparencia y la suficiencia. Esta es una tarea tan compleja como urgente.

Morales contaba con una frase pegajosa para el momento político, “ni corrupto, ni ladrón”, con apoyo financiero ilícito —de malos empresarios y otros criminales organizados— y con un plan de gobierno de cinco exiguas páginas que contenía vagas propuestas en materia de empleo, educación, salud, transparencia y combate a la corrupción, sin metas, costos ni fuentes para su financiamiento.

Su primer año de gobierno puede resumirse en una palabra: improvisación, resultado de conformar un Gabinete que más que responder a experiencias profesionales, servía para afianzar los intereses de sus financistas. Los últimos dos años de gobierno pueden sintetizarse en una frase: destrucción de la democracia. Resultado de acciones arbitrarias: el desacato a la Corte de Constitucionalidad y maniobras espurias para impedir la continuación de procesos de investigación en su contra. A pesar de estas ilegalidades, Morales ha sobrevivido gracias a que la alianza criminal de la que es parte se ha servido de sus afiliados en los diferentes partidos políticos que conforman el Congreso de la República —Todos, Movimiento Reformador, Creo, UCN, PAN, Viva y Unionista—, además del oficialista FCN-Nación.

Ahora que estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral, esta alianza criminal está operando la puesta en escena de partidos políticos que continuarán lo que Morales deje a medias. Basta escuchar los discursos antidemocráticos y charlatanes desde el partido Unionista —cuyos dirigentes parecen un remedo de Torquemada—, pasando por los partidos Valor, Vamos, Todos y el Partido Liberal de Guatemala, por citar algunas maquinarias electorales organizadas para que Guatemala no cambie. Con la mayoría de partidos bajo el financiamiento y el discurso de esta alianza criminal, el objetivo será llevar al Congreso tantos diputados como sea posible para que, en las votaciones relevantes —elección de magistrados, más privilegios fiscales y cambios legales para arraigar el sistema de corrupción, impunidad y autoritarismo— operen en conjunto, como una aplanadora.

Es por ello que los pocos partidos políticos prodemocráticos, de diversa ideología —Encuentro por Guatemala, Winaq, URNG, Libre y Semilla, entre otros—, deben concentrar sus fuerzas y limitados recursos financieros en disputar a la alianza criminal las curules en el Congreso. Esta estrategia tiene varios dividendos. Primero, disminuir estructuralmente el poder de la alianza criminal en el Legislativo, empujando una agenda democrática en temas como justicia, igualdad, probidad y elección de altos funcionarios. Segundo, ejercer control del Ejecutivo e iniciar la construcción de una institucionalidad pública desparasitada de las prácticas corruptas actuales. Tercero, constituirse en una voz legítima para los ciudadanos y movimientos sociales, en especial de aquellos que están oponiéndose al intento de implantar una tiranía. Cuarto, iniciar el largo pero necesario proceso de legitimación de la política: toca cimentar partidos democráticos con la agenda y el financiamiento ciudadano.

Esa es la única forma de salvar la democracia.

A pesar de no haber conseguido expulsar al investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desobedeciendo una orden de la CC —gracias a ciudadanos y colectivos sociales que salieron a las calles a protestar y al trabajo eficaz de la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público y los cuatro magistrados de la CC, quienes, en el marco de la ley, impidieron el Moralazo— no se debe menospreciar la estrategia antidemocrática impulsada por Molares, la que sin ninguna duda tiene incluidos otros intentos en el futuro cercano (hoy, mañana, pronto) y en el tiempo que les queda en el Ejecutivo.

Una de las consignas de este fin de semana fue “¿A qué le tienen tanto miedo?”, no solo por los cientos de policías apostados en el aeropuerto —para protegerlo de los ciudadanos que manifestaban en paz y del investigador de la Cicig— sino por la torpeza de sus acciones. Morales y sus aliados están temerosos de perder ese poder heredado de la trampa, de los privilegios y de violar y hacer leyes a su medida.

Este nuevo intento de lograr el Moralazo sirvió para comprender con mayor precisión quiénes están avalando esta empresa insensata. El silencio es una respuesta, y este fin de semana actores importantes por su peso político se quedaron callados, como lo hacen los cómplices. Entre estos destaco algunos: la candidata presidencial del partido más grande (dizque) de oposición, Sandra Torres; los voceros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), voceros porque cada vez queda más claro que no representan al sector empresarial. La gran mayoría de iglesias, los sindicatos, las universidades privadas y los colegios de profesionales permanecieron callados. Esperable el silencio de la gran mayoría de los diputados del actual Congreso de la República.

Por el contrario, fueron alentadoras las acciones de los diputados del Frente por la Transparencia, de las organizaciones estudiantiles de diferentes universidades, de movimientos indígenas y campesinos y de organizaciones sociales que desde la justiciabilidad luchan por el respeto al orden democrático. En la arena política fue tranquilizadora la postura en contra del Moralazo, del Movimiento Semilla, de Winaq y del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Estos partidos, si logran construir una agenda con comunes denominadores, podrían ganar adeptos y ser representantes, en la próxima legislatura, de mayorías ciudadanas cada vez más conscientes sobre la necesidad de cambios estructurales. Una agenda con cuatro puntos mínimos: consolidar el marco legal e institucional para acabar con la corrupción y la impunidad; terminar con los nefastos monopolios económicos y mediáticos; eliminar en toda la institucionalidad pública el rasgo fascista y pro corrupción de tener representantes empresariales tomando decisiones sobre lo público; y proponer una agenda moderna para la protección social y la reactivación económica, urbana y rural, con una política fiscal justa.

Florecerás, Guatemala. Sí.

jmenkos@gmail.com

Señores representantes de la Cámara del Agro, en días pasados brindaron una conferencia de prensa en la que solicitaron, entre otras medidas, la congelación del salario mínimo para el sector agrícola y la reducción del impuesto sobre la renta del 7 al 3%, aduciendo la situación económica del país y de los sectores que representan.

La economía no anda del todo bien, es cierto: en 2018 crecerá en términos reales 3%, mejor que en 2017 (2.8%), pero lejos todavía de regresar al crecimiento potencial (3.5%). Sin embargo, las medidas que ustedes proponen debilitarán más la economía y la gobernabilidad democrática general, afectando el bienestar de la mayoría de empresarios y de los trabajadores, porque el consumo de los hogares ?antecedido por el pago de salarios en el empleo formal y la recepción de remesas familiares? es lo que ha ayudado a activar la economía, en particular este 2018, al convertirse en el consumo de productos y servicios que producen y venden diversos empresarios ?pequeños, medianos y grandes? en el mercado local. Mantener fijo el salario mínimo provocará menor consumo (menos negocios) y menor bienestar social en 2019.

Además, ustedes, la élite de este sector, son empresarios de exportación y en 2018, según el Banco de Guatemala, las exportaciones de café, azúcar, hule y cardamomo (los sectores agrícolas más poderosos) sumaron USD1,622.3 millardos, cifra nada despreciable aunque menor a lo que lograron en 2017, cuando exportaron USD1,855.5 millardos. Los precios del azúcar, el hule y el café reportaron caídas, mientras el del cardamomo aumentó. Al observar dentro de su sector, actividades que producen algún valor agregado adicional, como frutas frescas, secas o congeladas, legumbres y hortalizas y preparados de carne, estas actividades reportan aumentos de precio y similares o mayores ventas. Esto es un llamado de atención para ustedes: en el mundo actual no pueden seguir vendiendo los productos que sus antepasados plantaron: o modernizan la finca, se diversifican, innovan y agregan valor a sus productos o su negocio desaparecerá. Ese es su verdadero y estructural problema.

Los guatemaltecos (trabajadores y empresarios) ya no queremos que esta siga siendo la patria de sus abuelos, la patria del criollo: ustedes pregonan las virtudes del libre mercado y son desvergonzados para reclamar medidas que les benefician solo a ustedes y en el corto plazo, pero que hunden en más pobreza a los trabajadores y con ello a otros empresarios y al país.

En julio de 1933, Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, hacía un llamado a los empresarios que ustedes deben advertir ahora: «[…] Podemos obtener un aumento general de los salarios y una reducción de las horas de trabajo, de manera que los trabajadores puedan comprar y usar lo que producen. […] es obvio que sin unidad de acción, ciertamente unos pocos hombres egoístas en cada sector seguirán pagando salarios de hambre y exigiendo largas jornadas de trabajo. La concurrencia deberá escoger si seguirlos en la vía de la explotación o cerrar el negocio».

No propongan medidas económicas que empobrecerán más a los guatemaltecos y dificultarán los negocios de los pequeños y medianos empresarios. Súmense a la exigencia por políticas económicas y fiscales que incentiven la innovación, el empleo, el mercado doméstico y la competitividad sistémica. Las peticiones para que todos paguemos por el derecho a su codicia particular, en medio de la tragedia social del hambre y la incertidumbre de la mayoría, hace cada vez menos legítima su voz frente a la sociedad.

jmenkos@gmail.com

Nos estamos acercando al siguiente proceso electoral sin mayor expectativa de transformación. Han comenzado a surgir los eslóganes y los partidos que invitan al cambio sin que sus dirigentes cambien nada. Al contrario, hemos visto a los políticos cínicos como siempre, obstaculizando la participación de partidos que podrían romper la tradición electorera marcada más por las canciones que por los planes de gobierno. También han aparecido políticos lanzando carteritas de fósforos a sus asambleístas, vistiéndose con el traje de aquellos a los que sus antepasados asesinaron ayer, arrojando diatribas frente a la lucha contra la corrupción y la impunidad, y ofreciendo rebajas de impuestos para los sectores económicos que les financiarán la compaña electoral.

Los viejos rostros de la política, que abren y cierran partidos en cada proceso electoral, vuelven a aparecer, junto a políticos que intentarán una vez más ganarse el favor de los votantes, ya que el de los financistas todavía lo conservan. Los nuevos rostros que surgen en las fórmulas presidenciales, son viejos mayordomos de intereses particulares y empresariales que han servido en la captura de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso, el Registro Nacional de las Personas (Renap), el Colegio de Abogados y Notarios, algunas cámaras empresariales y ministerios de Estado, entre otros. El mismo veneno que ha matado la débil democracia, pero servido en frascos más obscuros.

Toca reconocer que el político promedio —fruto de este sistema electoral y de partidos políticos— no cambiará a menos que, en primer lugar, cambiemos los votantes. Para ello es necesario dejar la apatía y comenzar a cuestionar a los políticos hasta obligarlos a salirse de ese fastidioso guion, vacío de contenido, con el que se sienten cómodos. Le propongo diez preguntas que sería bueno utilizar para interpelar a cualquier candidato a elección pública.

Primero, ¿de dónde salen los recursos para financiar su campaña? Segundo, ¿podría mostrar públicamente su estado patrimonial y explicar cómo lo hizo, sea este poco o mucho? Tercero, ¿quiénes son las personas que lo rodean y por qué?

Cuarto, ¿renovará usted el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) o mantendrá lo dispuesto por el gobierno de Jimmy Morales? Quinto, ¿cuál es su plan (con objetivos, metas y mecanismos para evaluar su cumplimiento) para acabar con la corrupción y la impunidad en Guatemala? No se valen canciones ni frasecitas simplonas como “yo tampoco soy corrupto ni ladrón”.

Sexto, ¿podría explicar su plan de gobierno, con metas a alcanzar anualmente, costos y forma de financiarlo? Séptimo, ¿tiene pensado rebajar impuestos a algún sector económico y cuenta con estudios que evidencien la efectividad de esa “política”? Octavo, ¿cuál es su plan para que el Estado garantice los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes? Queremos escuelas e institutos, centros de salud, oportunidades de empleo, pero no queremos fantasías sino un plan real, con los pies sobre la tierra. Noveno, ¿qué hará para avanzar en la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada? Sin verdad y sin justicia, no habrá paz nunca. Finalmente, ¿podría detallar la agenda legislativa, económica, social y fiscal de su partido político? Si usted gana la elección, sobre estas agendas se le juzgará en el futuro, en las urnas y en las calles.

De las respuestas que los candidatos den a estas preguntas, el votante sabrá si está frente a un charlatán, un corrupto o una persona honesta y un partido comprometido con la nación.

jmenkos@gmail.com

La semana pasada, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Guatemala hizo público su informe Las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Un camino hacia la dignidad, en el que hacen un recuento de los trágicos hechos que terminaron costando la vida de 41 niñas, el 8 de marzo de 2017, y proponen algunas medidas para que estos no vuelvan a repetirse.

El informe, por medio de documentos y diversas entrevistas con testigos, logra reconstruir los hechos, desde la crisis del día 7 de marzo, cuando las niñas denunciaron nuevamente ser víctimas de maltratos y deplorables condiciones de atención, pasando por la decisión de las autoridades de trasladar, en la madrugada del 8 de marzo, a 56 niñas para encerrarlas, bajo candado y custodiadas por agentes de la Policía Nacional Civil, en un aula en la que posteriormente se inició el incendio. Una de las sobrevivientes recuerda que “pedíamos auxilio, pero no nos hicieron caso”. Según testimonios, los Bomberos Voluntarios tuvieron que esperar 40 minutos para poder entrar a las instalaciones, ya que cuando llegaron se les negó el permiso de entrada.

Al momento del incendio las instituciones estatales y las autoridades a cargo del Hogar Seguro Virgen de la Asunción (HSVA) no tenían información sobre el número exacto de niñas, niños y adolescentes que estaban en el lugar y, muy probablemente, tampoco llevaban control sobre los motivos de su llegada a este centro. No es de extrañar, otro informe de la Oacnudh revela que entre septiembre y noviembre de 2016, 55 niñas, niños y adolescentes “desaparecieron” de las instalaciones de esta institución. El Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana había recibido denuncias relacionadas con el HSVA sobre hacinamiento y malas condiciones de vida, falta de recursos y atención especializada para las niñas, niños y adolescentes, así como por trata de personas y explotación sexual. Seis de las víctimas del incendio eran parte de los denunciantes de estos atropellos.

Otro elemento importante para el análisis es la bruta institucionalización de los niños, niñas y adolescentes y la torpemente homogénea capacidad de respuesta, sin políticas públicas que enfrenten adecuadamente las causas de su vulnerabilidad ni mucho menos que intenten protegerlos desde el seno de sus hogares, sus familias y sus comunidades. Según el informe de la Oacnudh, en el HSVA convivían niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza; con adicciones; niñas embarazadas; víctimas de abandono; víctimas de abuso físico y sexual y personas con discapacidad, incluyendo 50 adultos. Asimismo, los familiares afirmaron sentirse impotentes frente a la institucionalización de sus hijas e incapaces de poder sacarlas de este centro, pues requieren conocimientos sobre los procedimientos, recursos y tiempo.

No hemos aprendido la lección: lo sucedido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción podría volver a suceder. La Oacnudh concluye en que continúan pendientes los urgentes cambios estructurales al modelo de protección de las niñas, niños y adolescentes guatemaltecos que permitan garantizar sus derechos. Asimismo, se debe continuar la investigación y sanción a los responsables de estos hechos. También es importante que el Estado logre una reparación digna, transformadora e integral para las 15 niñas sobrevivientes y para las familias de las 56. Es bueno que todos tengamos presente que un Estado que no protege a sus niños, niñas y adolescentes no puede aspirar a la democracia o la paz.

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Hace algunos días releí el texto de Bertolt Brecht (1898-1956),  Balada del consentimiento a este mundo, que el autor finalizó en 1932 antes de huir de la Alemania gobernada por el fascismo nazi. En esa obra, Brecht asume la voz de una persona acomodada a lo que sucede en su entorno. Hoy se encuentran posturas así en muchos guatemaltecos que viven inadvertidos de la lucha política actual entre unos, que intentan conservar Guatemala como ha sido hasta ahora, y otros que desean avanzar hacia un Estado democrático.

Con un poco de ironía le presento un decálogo con posturas que cínicamente defienden ideas y acciones que podrían asfixiar el débil proyecto democrático que es Guatemala.

Primero, no me preocupa que algunos dirigentes de la Cámara de la Industria quieran apropiarse de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) para eliminar los libros que nos les gustan. Por ejemplo, no desean que leamos Crimen de Estado. El caso Parlacen (F&Editores, 2011), que trata sobre las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el gobierno de don Óscar Berger, mientras el ministro de gobernación era Carlos Vielmann, expresidente de la Cámara de Industria. Yo confío en que estos empresarios, que han logrado que Guatemala esté como está hoy, nos digan qué debemos leer. Además, supongo que algunos de ellos han dado su apoyo —y recursos, aunque de manera ilícita— al gobierno a Jimmy Morales. ¿Por qué desconfiar de su buen tino?

Segundo, he visto a los miles de centroamericanos que huyen a Estados Unidos como resultado de la violencia, la desigualdad y el estado lamentable de las administraciones públicas del Triángulo Norte Centroamericano sometidas por el flagelo de la corrupción. Los veo caminar descalzos, hambrientos y asoleados, pero no me conmueven porque no son como yo, que tengo visa y me endeudo para ir a Disney.

Tercero, sé que ciertas camarillas de empresarios están forzando a los medios de comunicación —con el poder financiero que les da el comprarles publicidad— a cerrar sus puertas a voces contrarias al Pacto de Corruptos. A mi juicio, el que paga la fiesta, decide las canciones, pues no entiendo que los medios de comunicación aunque sean privados, cumplen una función pública.

Cuarto, reconozco que hay 45 mil desaparecidos por el conflicto armado, pero no debemos remover el pasado. ¿Qué ganamos con saber quiénes lo hicieron y cuál es el paradero de sus víctimas?

Quinto, me gusta eso de la competitividad y el libre mercado, aunque esas palabritas me las dijo el patrón para dejarme sin seguridad social ni prestaciones —facturo por servicios— y con un ingreso que solo alcanza para “fingir” que soy clase media. Ni me atrevo a reclamar porque no tengo un centavo en donde caer muerto.

Sexto, soy un buen empresario, respetable. Genero muchos empleos. Por eso tengo derecho a abrir empresas y holdings en España, Holanda y en paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos. Eso no es inmoral, es inteligencia financiera.

Séptimo, hablando de derechos, los derechos humanos solo sirven para defender asesinos y ladrones. Los derechos humanos son para los humanos derechos.

Octavo, el diputado que impulsa un día para la oración, no es tan malo aunque esté siendo investigado por corrupto.

Noveno, estoy en contra de la corrupción porque noto como esta mata niños y hace fuerte a los viciosos, pero el pastor asegura que Jimmy Morales es el ungido de Dios. Me callo y oro.

Décimo, los bienes públicos no sirven para garantizar derechos, son el premio de consolación para aquellos que no pueden adquirirlos en el mercado.

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El tiempo marcha rápidamente y pronto estaremos en el siguiente proceso electoral. Esta vez, el gobierno de Jimmy Morales y sus aliados en el Pacto de Corruptos están construyendo un escenario que deja espacio para pensar que están tramando elecciones fraudulentas con el fin de restablecer el autoritarismo como forma de gobierno: legislación pro impunidad; presupuesto exagerado para el ejército; asfixia financiera a las instituciones de justicia y a la Universidad de San Carlos; mensajes contra la Corte de Constitucionalidad; desmantelamiento de la Policía Nacional Civil; la construcción de un discurso contrario a la lucha contra la corrupción abanderado por políticos, medios de comunicación parcializados y algunos malos militares y empresarios.

A quienes hoy abanderan el Pacto de Corruptos, les ha golpeado tanto la lucha contra la impunidad y la corrupción que están dispuestos a poner su voz y su rostro con tal de detener este esfuerzo democrático. No es descaro, es preocupación: tienen demasiados muertos y negocios turbios debajo de la alfombra. Están asustados. Ahora hay en Guatemala una probabilidad muy alta de limpiar y cerrar la cloaca —ese mercado de compra venta de poder público—, en la que políticos, narcotraficantes y empresarios criminales transan la administración del Estado.

Vemos los resultados de esta forma de administrar Guatemala en la carencia de empleos y en la vida de pobreza e incertidumbre laboral en la que viven muchos trabajadores, en la mercantilización de la educación, la salud y la seguridad; en el inexistente derecho a la seguridad social; en la discriminación, la desigualdad y la incertidumbre sobre el futuro, y en los privilegios fiscales otorgados al que más tiene y en las políticas públicas débiles para atender a las grandes mayorías.

¿Está usted dispuesto a vivir en la Guatemala que ellos quieren mantener? ¿Cómo cree que será la vida de sus hijos y sus nietos en un país así? ¿Está pensando en migrar o en tomar acciones para cambiar Guatemala? No se enoje ni se frustre más al responder estas preguntas, porque desde ahora hasta las próximas elecciones será un buen momento para mostrar el hartazgo a este sistema de gobierno y tocará poner las fuerzas en tres campos de una disputa que debemos ganar los ciudadanos.

Primero, por el reconocimiento. Todos los guatemaltecos tenemos derechos que el Estado debe garantizar. Están en la Constitución de la República, marcan las garantías de nuestra vida civil, política, económica y social. Segundo, la representación. Tenemos la obligación de exigir políticos que nos representen: hoy los ladrones y corruptos están sobrerrepresentados en el Congreso. Exijamos a los partidos políticos gente honrada, con sentido común y empatía como fruto de su experiencia de vida. No más depravados que abogan por un día de oración, ni contratistas del Estado ni mayordomos del rancio sector empresarial. Finalmente, en el campo de la distribución. Construyamos propuestas en nuestra comunidad y exijamos a los políticos planes para aumentar el empleo, mejorar los salarios y lograr una reforma fiscal que distribuya mejor los frutos que se producen en Guatemala. No más niños famélicos golpeados por robar pan; no más jóvenes sin trabajo ni escuela y no más adultos mayores pidiendo limosna en la calle. ¿Se puede tener un país que busque el bien de todos? Sí, pero requiere sumar al enojo y a la frustración, el compromiso, la acción política, partidista o no, para sacar del poder y garantizar que no regrese esta gavilla que sobrevivirá solo si ganan las elecciones del 2019.

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Las universidades públicas, en particular en contextos de procesos democráticos, son un elemento fundamental para la transformación social: transitar de la guerra a la gobernabilidad democrática, restituir el diálogo como forma de compresión de la realidad y llevar adelante acciones para mantener y garantizar la paz requiere substituir las armas por libros, aulas, laboratorios y maestros que ayuden a preparar profesionales con vocación y capacidades para empujar el futuro.

Infortunadamente, el proyecto de presupuesto público de 2019 le otorga Q2,702.7 millones al Ministerio de la Defensa Nacional y a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) le asigna Q1,662.3 millones. ¿Qué nos quieren decir los diputados de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda al proponer esta distribución de los recursos públicos que el Estado tiene gracias a nuestros impuestos?

En los últimos años, la Usac se ha visto obligada a negociar anualmente con los organismos ejecutivo y legislativo de turno, recursos extraordinarios a los que recibe como parte de la asignación constitucional y que han sumado en promedio cerca de Q340 millones anuales, esto quiere decir que los recursos constitucionales están siendo insuficientes para compensar el aumento de la cobertura y la extensión universitaria ?en 2010, la matrícula era de 146,000 estudiantes y en 2016 superaba los 200,000?.

Pero también existen dos fenómenos que afectan la asignación constitucional. Primero, un marco normativo impreciso para esta concesión: los ciudadanos y la Usac desconocemos cómo el Ministerio de Finanzas calcula el “Ingreso ordinario”, variable que resulta de restar a los Ingresos tributarios algo, una caja negra cada año más cuantiosa, llamada “disponibilidades propias del gobierno”. Los Ingresos ordinarios son la base para el cálculo del 5 por ciento garantizado para esta casa de estudios. En segundo lugar, ante la incapacidad (o dolo) gubernamental para captar ingresos tributarios, la asignación para la Usac se está viendo disminuida año tras año por este efecto. En 2015 la asignación representaba el 0.30% del PIB, mientras en 2018 ya solo equivalía al 0.26%. En contraste, un Acuerdo Gubernativo, el 216-2011, asigna anualmente el 0.33% del PIB al Ministerio de la Defensa Nacional. Esto quiere decir que, el ejército tiene garantizados automáticamente más recursos mientras la economía crezca, algo que siempre pasa.

Los últimos cien años de historia de Guatemala, por no ir más lejos, han estado marcados por dictaduras, violencia y opresión. Nuestra universidad pública ha sobrevivido a la larga lista de dictadores que desearían cerrarla o reducirla a su mínima expresión, gracias a una sociedad que la reclama como propia. La comunidad universitaria ?egresados, estudiantes, docentes, personal administrativo y directivo? debe buscar una solución de largo plazo para que la Usac no sea presa de las hordas criminales que hoy tienen capturado el poder público.

Si nuestra apuesta es por la democracia, la Usac debe tener asegurados por lo menos más recursos que el ejército. Puede ser el 0.35% del PIB (Q2,215.0 millones en 2019), algo que se puede conseguir sin reformas constitucionales. Por su parte, quienes administran estos recursos deben quedar comprometidos con esfuerzos de transparencia, rendición de cuentas y democratización interna.

La Usac es no es perfecta, pero es trabajo comunitario, es oportunidad de cambio, es ciencia y conciencia puesta al servicio de las mayorías. La Usac es vital para la sociedad y salvarla de los lobos, es ayudar a salvar la democracia.

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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso presentó la semana pasada su dictamen al proyecto de ley de Presupuesto general de Ingresos y Egresos del Estado para el 2019. Este dictamen podría llamarse coloquialmente una chequera para satisfacer los deseos de corruptos y extorsionistas.

Mientras la legitimidad de la administración pública está por los suelos y somos testigos de la crisis de los migrantes como consecuencia de los problemas de desarrollo siempre desatendidos, la mayoría de los diputados de esta Comisión, que han firmado el dictamen —entre los que figuran Javier Hernández (FCN), Rudy Castañeda (UCN), Alejandra Carrillo (Independiente), Joel Martínez (FCN), Domingo Trejo (FCN)— han decidido que el bienestar de los guatemaltecos no es tema de su interés y que tampoco es suficiente utilizar el dinero de los contribuyentes para comprarse cafeteras finas, pagarse celulares de lujo y seguros de vida, tener vehículos último modelo y remodelar sus oficinas con recursos públicos. Ahora resulta que el presupuesto de 2019 debe posibilitarles la extorsión y la corrupción.

En el ámbito de la extorsión encontramos recortes presupuestarios a instituciones que batallan en contra la corrupción y la impunidad. El Ministerio Público sufre en la propuesta de la Comisión un recorte de Q588.4 millones respecto al presupuesto recomendado por el Ejecutivo, es decir, una reducción de 57% en el aporte extraordinario y de 20% en el aporte institucional para esta entidad. Asimismo, al Organismo Judicial los diputados le disminuyen Q667.5 millones respecto al presupuesto recomendado por el Ejecutivo. Este recorte significa una reducción de 55% en el aporte extraordinario. A la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), le recortan Q341.3 millones respecto al presupuesto recomendado por el Ejecutivo, en particular, reducen en tres cuartas partes el aporte extraordinario para esta casa de estudios, cuyos estudiantes han asumido el liderazgo político de plantar cara al pacto de corruptos que aglutina al presidente Morales y su Gabinete, congresistas, empresarios y militares. Los diputados desean que la reducción del presupuesto de estas entidades las obligue a regresar al Congreso, hecho que aprovecharán para negociar aportes extraordinarios a costa de silencio e impunidad. Por ejemplo, el diputado Manuel Conde (PAN) expresó en julio pasado que el anterior rector “dejó mucho que desear porque organizó marchas y pidió la renuncia del Congreso”. Callados nos vemos mejor.

La chequera para corrupción cuenta con rubros amplios y entidades de comprobada falta de probidad y transparencia. Los diputados incrementaron Q330.7 millones el presupuesto ya desmedido que había recomendado el Ejecutivo para el Ministerio de la Defensa Nacional, por lo que este gozará de un aumento de Q619.0 millones (29.7%) con respecto al presupuesto vigente en el 2018. Este es el paso previo a elecciones fraudulentas, como revelan las acciones en Honduras: más dinero para el ejército, más despotismo y violencia. También han incrementado Q260.2 millones al Ministerio de Desarrollo Social, pues se les ocurrió, sin planificación previa, que 2019 es un buen año para “hacer” plantas de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, los Q6,584.4 destinados al Ministerio de Comunicaciones continúan siendo un camino llano para la corrupción.

Los diputados y el gobierno dicen hacerlo en representación del pueblo, pero ningún pueblo elige representantes para hacer fechorías. No permitamos que los corruptos usen nuestro dinero para sus infames antojos.

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Entre las recomendaciones rescato cinco. Primero, ajustar las proyecciones de ingresos, en especial la de tributarios (Q65.2 millardos), a una proyección de cierre realista para 2018 y al escenario macroeconómico más reciente. De acuerdo con las estimaciones del Icefi los ingresos tributarios en 2019 podrían ser como máximo de Q64.0 millardos (10.0% del PIB). Este cambio incluye dar seguimiento al Plan de Recaudación, Control y Fiscalización para 2019 que elabore la Superintendencia de Administración Tributaria.

Segundo, se deben suprimir los incrementos injustificados en el presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional. Hay cerca de Q380 millones adicionales al presupuesto vigente en 2018 destinados a Equipo Militar y de Seguridad, entre otros rubros opacos y sin argumentos válidos.

Tercero, se debe corregir el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), con el fin de suprimir los incrementos y asignaciones abultadas para las actividades identificadas como Servicios de Apoyo, que suman más de Q840 millones, partida que en la historia presupuestaria suele ser utilizada como un camino fácil para la corrupción. Por otro lado, se debería dejar con el mismo presupuesto vigente o aumentar los recursos destinados para los programas de prevención de la mortalidad de la niñez y la desnutrición crónica; de prevención de la mortalidad materna y neonatal; el programa para la prevención y control de infecciones de transmisión sexual (ITS) y del VIH/Sida; y el de prevención y control de las enfermedades vectoriales y zoonóticas. Estos programas sufrieron recortes en el proyecto de presupuesto elaborado por el Ejecutivo.

Cuarto, también se debe corregir el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, ya que presenta las mismas anomalías que el del MSPAS: un bolsón de Q100 millones en el turbio rubro de Servicios de Apoyo a los Programas Sociales.

Quinto, incluir en el decreto de aprobación un artículo en el que el Congreso demande al Ejecutivo la elaboración de una metodología para el cálculo contable de la inversión pública en niñez y adolescencia. Siempre en el ámbito de la niñez y adolescencia, será vital revertir la disminución de metas observadas en el proyecto y que afectan resultados en la dotación de alimentación complementaria para niños de 6 a 24 meses, dejando de atender a cerca de 60.5 mil niños; el monitoreo de crecimiento a la niñez menor de 5 años, que dejaría fuera a aproximadamente 479.2 mil niños; así como los menores resultados esperados en cobertura educativa y dotación de textos escolares, un fenómeno contrario al esperado ante el incremento presupuestario al Ministerio de Educación de Q2.6 millardos.

Es importante aprobar el presupuesto para 2019, pero se debe aprobar un presupuesto que sea útil para el desarrollo y no para la corrupción. El dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda nos permitirá saber cómo quedará el presupuesto para 2019 y si hay todavía alguna posibilidad de aprobarlo cerrando los caminos al abuso de lo público en tiempo electoral.

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La muestra lleva por nombre “Los nudos de mi memoria”, revelándonos un fenómeno que se repite en la mayoría de películas que la componen: el intento de las generaciones de la posguerra por recuperar la historia, esa que quienes ostentan el poder han pretendido que sea borrada de libros y mallas curriculares, de los medios y de la vida política, e incluso, y por suerte inútilmente, de la justicia y de los recuerdos que nos habitan en lo individual y lo colectivo.

La mayor parte de las películas son dirigidas por mujeres que crecieron durante la guerra y, por medio del cine, nos hacen reconocer todo lo que llevamos dentro, aún ahora, como fruto de la violencia ejercida por un Estado que encontró aliados, fuerzas y justificaciones para matar a su pueblo. Algunas de ellas rinden un homenaje póstumo a los seres que perdieron y nos abren la puerta a la dimensión más íntima de la repercusión de cualquier conflicto armado: los cambios en la vida de quienes sobreviven.

Toda la Muestra nos recuerda que tenemos heridas que solo cerrarán con el rescate de una memoria basada en la verdad y la justicia, pero quisiera recomendarle especialmente “La asfixia”, dirigida por Ana Bustamante ?que se presentará el jueves 25 de octubre, a las 18:00 horas?. Ana desarrolla un relato autobiográfico y además se sumerge en la memoria de otros para intentar encontrar a su padre, Emil Bustamante, desaparecido por el ejército de Guatemala, el 13 de febrero de 1982, meses antes de que ella naciera. A lo largo de la historia aparecen conversaciones con los hermanos de Emil, incansables en la búsqueda de justicia, así como otros personajes, entre ellos el general retirado Ricardo Bustamante, primo de Emil y quien al parecer lo vio cuando ya estaba en manos del ejército, en el Cuartel General de Matamoros. El general Bustamante, según varias notas de prensa, estuvo a cargo del centro de torturas “La isla”; trabajó con Otto Pérez y, actualmente, es miembro de “la juntita” que asesora a Jimmy Morales.

En la confianza de los diálogos de Ana con su madre se descubre el dolor que ha dejado la ausencia de Emil en ambas y las muchas preguntas que no encontrarán respuesta hasta que la justicia acceda a archivos y fuentes militares que revelen su destino y den con su cuerpo ?y el de los 45,000 desaparecidos?. Yo, al conocer la historia de Emil, encuentro a alguien comprometido con su tiempo y su pueblo. Reconozco que ha sido una persona valiente, que pudiendo continuar su vida en Costa Rica, lejos de la violencia y la miseria, decide regresar a Guatemala para servir como catedrático en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), para desarrollar programas de capacitación para campesinos y también organizar la gran marcha de mineros de Ixtahaucán.

Hace un año, entre aclamaciones y aplausos, la USAC le otorgó a Emil un doctorado Honoris Causa In Memoriam, reconociéndolo como un imprescindible, un héroe que luchó toda la vida y habló con el ejemplo. Su hija ahora nos descubre al hombre de carne y hueso que muere mientras vive, que deja viuda y huérfanas; nos presenta al individuo cuya ejemplar vida y posterior ausencia da fuerzas para buscar la justicia, pero también provoca un gran vacío.

Los mártires se imitan, sí, pero también se lloran.

Nos vemos en la Muestra.

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La semana pasada, en la primera parte de esta reflexión, hacía un breve análisis sobre el relato dominante, un conjunto de ideas y acciones que hoy sirven para mantener y normalizar la impunidad y la corrupción; construir una aceptación general sobre la desigualdad, la pobreza y el racismo, mientras el fundamentalismo religioso fomenta que la vida en sociedad se conserve, sin discusión, como hasta ahora.

A la par de este discurso, quienes dominan la vida económica y política promueven acciones para privilegiarse con el pago de menos impuestos, la imposición de su visión religiosa, la mercantilización de la salud, la educación y la seguridad; y la prostitución y deterioro de las instituciones vitales para la democracia: organismos del Estado, medios de comunicación, sindicatos y partidos políticos. En síntesis, se construye una administración pública efectiva para atender a ciertas camarillas y desastrosa para garantizar el bienestar de todos. Abanderados de este discurso son hoy en día el presidente Morales y su fiel canciller, Jovel, diputados oficialistas y próximos, empresarios con poder económico; miembros de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, del Colegio de Abogados y la Alianza Evangélica de Guatemala, entre otras muchas organizaciones.

Por el otro lado, en contraposición con el mensaje dominante, se encuentra la visión de aquellos que exigen construir un Estado democrático con instituciones independientes, capaces de dirimir los viejos conflictos relacionados con la tierra, la guerra y los desaparecidos, la propiedad de la tierra, las diferentes formas de ver y querer el mundo; y con fuerza suficiente para responder a los problemas que aquejan a la mayoría: desempleo, inseguridad, pobreza e incertidumbre sobre el futuro. Cobijan este relato contra hegemónico algunos estudiantes de las principales universidades de Guatemala, la actual Asociación de Estudiantes Universitarios, algunos grupos de empresarios que han comenzado a proponer una postura contraria a la propuesta usual de los gremios empresariales, algunos diputados aglutinados en el Frente Parlamentario por la Transparencia, así como movimientos sociales en favor de los derechos humanos y la solidaridad social.

Si el discurso contra hegemónico tuviera más espacio en los medios de comunicación y en las escuelas, entonces, este sería el discurso dominante, porque representa el sentir de las grandes mayorías: campesinos sin tierra, clase trabajadora empobrecida, clase media que lucha para no caer en la pobreza, jóvenes y universitarios sin empleo, sindicalistas con conciencia de clase, y pueblos indígenas nunca escuchados, entre otros.

Ahora que el futuro del país se debate entre el autoritarismo, la violencia y la militarización orquestada por Morales y sus aliados, y la lucha contra la impunidad y en favor de la democracia, son los guatemaltecos los llamados a tomar conciencia: mantener todo como está y caminar al precipicio económico y político siguiendo a Honduras y Nicaragua, o unificar una agenda contra hegemónica para construir un frente común, que gane en el discurso, de casa en casa, con una agenda económica, política y social clara, que convoque a las mayorías y que haga frente a tres disputas: por el reconocimiento, la representación y la redistribución.

En la tercera parte y final profundizaré sobre estos tres elementos. Por el momento es bueno reconocer, como diría Louis A. Blanqui (1805-1881) ?activista político francés y organizador del movimiento estudiantil parisino?: «el capítulo de las bifurcaciones sigue abierto a la esperanza».

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Todas las sociedades están basadas en relatos, es decir, elementos materiales e inmateriales con los que se procura que la mayoría de sus miembros se sientan parte o se adapten a ella. El relato dominante se basa en las ideas de quienes poseen el poder —económico, religioso y político— e impregnan todo con el fin de conservar el estado de las cosas.

El relato dominante construye una narrativa sobre qué derechos protegerá la sociedad, qué valores éticos se promoverán y hasta cómo y para qué se financia lo público. A la par del discurso se toman acciones: por ejemplo, las coberturas y calidades de los servicios públicos, las ideas y agendas de los partidos políticos, la independencia judicial y de los medios de comunicación, la estructura tributaria, la distribución de la riqueza y el rol de lo público y lo privado.

Todos los fenómenos sociales están influenciados por el relato dominante, y siempre hay relatos en disputa, formas de ver el mundo que se enfrentan en la arena política. Estas disputas son normales en toda sociedad y, regularmente, quienes dominan logran crear en los ciudadanos, mediante la ignorancia, la violencia o el temor al cambio, condiciones favorables para que su relato sea hegemónico frente al resto. Sin embargo, desde 2015, la lucha contra la corrupción ha abierto una pequeña grieta para que los guatemaltecos observen cómo el relato vigente favorece a unos pocos empresarios, políticos y militares, por la vía de la corrupción, el privilegio, la impunidad y la precarización de la mayoría. Por este nuevo conocimiento social es que hoy tenemos una disputa entre dos grandes relatos: el dominante —neoliberal, racista y fundamentalista— y el democrático y disruptivo.

Quienes han construido el relato dominante actual, en sus inicios lograron que la administración pública invisibilizara a la población indígena, campesina y rural, convirtiéndolos en “los otros”, mientras les robaba las tierras comunales e intentaba acabar con su identidad. Después, el relato promovió la guerra contra el enemigo interno: cualquier voz contraria al statu quo, mientras se masificaban los dogmas individualistas y clasistas impulsados desde el neopentecostalismo y el Opus Dei. Con el correr del tiempo, ese mismo relato creó las condiciones para la privatización de lo público, bajo el fetichismo de la libre elección, cercenando las posibilidades de construir una administración pública efectiva para la democracia y consolidando caminos para un sistema de gobierno basado en la corrupción.

Hoy en día, el relato dominante pretende defender la corrupción y la violación del marco democrático. Los que dominan fortalecen a un presidente corrupto que intenta restituir el orden de las cosas hasta antes de 2015; se intimida a jueces y defensores de derechos, mientras se aumenta la militarización de las calles; y se tocan las emociones básicas: los valores de una familia idílica e inexistente, la soberanía, el temor ante los grandes cambios de época; la idea infundada de que la lucha contra la corrupción nos daña a todos. No es extraño que los defensores de este relato estén en las cámaras de la Industria y del Agro, principales accionistas del pacto de corruptos con el que se han enriquecido a lo largo del tiempo, y al que han sumado religiosos rancios, militares genocidas y políticos corruptos.

Quienes dominan emplean ahora las más sucias estrategias con tal de que los guatemaltecos no se sumen al otro relato: al que exige democracia, igualdad y justicia mediante la construcción de un Estado en el que quepamos todos, sin privilegios.

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Ayer murió de hambre la niña que iba a ser nuestra primera astronauta. La mitad de los niños menores de cinco años padece desnutrición. Hace dos días, su hermana mayor, de 13 años de sobrevivencia y tres de escuela, fue unida forzosamente a un patojo de 17. Él trabajará una tierra prestada y estéril hasta que se le doble la espalda; ella parirá cinco hijos y hará los oficios de la casa el resto de su vida. Nunca serán lo que quisieron: un ingeniero agrónomo y una médica. Antes de que termine este día, 79 niñas y adolescentes quedarán embarazadas, algunas como fruto de una violación, otras como resultado de una cultura conservadora y miope que limita la educación sexual y reproductiva.

Hoy, un niño de nueve años partió hacia la frontera. No le acompaña ningún adulto. Sobre la desgastada playera de “la sele” aún siente las tibias lágrimas de los abuelos que le han cuidado desde la cuna. Si se queda morirá en las manos asesinas de las maras. Si lograra sobrevivir, si se encontrara con sus padres en Estados Unidos, cumpliría su sueño de ser un futbolista famoso. Infortunadamente, los Zetas interrumpirán su viaje. Otro güiro, de 13 años —sin instituto ni biblioteca, ni frijoles en la mesa—, hoy se sumará a una de las maras del lugar, pasará la prueba de extorsionar y matar, y vivirá dos años más. Antes, cuando soñaba, quería vivir para ayudar: ser bombero, policía o cuentacuentos.

La corrupción, un modelo económico sádico basado en exprimir a las personas, y un Estado fundado para la riqueza de pocos y el hambre de muchos están matando el presente y el futuro de las niñas, niños y adolescentes de Guatemala, y con ello también exterminan el presente y el futuro de este país. Aproximadamente, uno de cada diez niños, de entre siete y 14 años realiza actividades económicas, insertándose de manera temprana al trabajo, sacrificando su niñez y limitando la capacidad de construir el proyecto de vida que desea. No es difícil comprender por qué hoy no están inscritos en la escuela 1.9 millones de niñas, niños y adolescentes, de entre cinco y 18 años, si sabemos que siete de cada diez ausentes viven en condiciones de pobreza.

Ayer se celebró el Día del Niño y la próxima semana, el 8 de octubre, se celebrará el Día de la Niña. Sin embargo, el contexto de indefensión en el que viven millones de ellos no nos permite una festividad completa. Abracemos a aquellos que tenemos cerca, pero no olvidemos a los que están alejados del hogar tibio, de la escuela, de la mesa servida, del juego y la sonrisa.

Guatemala puede y debe avanzar hacia políticas —económicas, sociales y fiscales— que protejan a todos los niños y adolescentes: salvar el maíz tierno requiere universalizar la educación, la salud y el agua, al tiempo en que se aumenta la infraestructura económica y social, se generan empleos para los adultos y se induce una rápida transformación productiva de las pequeñas y medianas empresas. Es necesario que los hogares cuenten con un mínimo de recursos —una renta básica universal— para satisfacer sus necesidades esenciales y provocar una mayor demanda de productos y servicios locales, que dinamice la economía y de certidumbre. Es vital un sistema de justicia que garantice los derechos y juzgue como manda la ley al infractor y al corrupto. Es toral acabar con las mafias que han capturado el sistema político.

Animémonos a exigir cambios substanciales y responsabilicémonos por la protección de todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes. En ello reside la fuerza para un país cohesionado, vivible y democrático.

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Nueva York, septiembre 25, 2018.

Señor presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, señores delegados de los 193 Estados miembros, el pueblo de Guatemala les comunica que aquellos que hoy ocupan la mesa asignada a la delegación de Guatemala  no nos representan. Quien ocupa el sitial de honor, Jimmy Morales, ha pervertido su mandato constitucional y ha hecho oídos sordos a nuestro clamor por justicia, paz y desarrollo.

Morales, cuyo partido político solo puede definirse como una organización criminal, junto a una pandilla de vividores de la impunidad y la corrupción —empresarios, políticos, fundamentalistas religiosos, militares y narcotraficantes— ha hecho retroceder al país a los años ochenta, época de indefensión, incertidumbre y confrontación. Por ejemplo, 56 niñas quemadas en un centro de la administración pública encargado de cuidarlas. De ellas, 41 murieron, mientras las demás vivirán marcadas por la negligencia y el abuso de poder. Asimismo, este año se registran 21 asesinatos de defensores de derechos humanos, mientras muchas comunidades están siendo amenazadas con violencia y artificios legales por empresarios que, contra el derecho al desarrollo, imponen la explotación de recursos naturales.

Durante la administración Morales se registran menos estudiantes en las escuelas y muchísimo más dinero asignado al ejército; menos protección social, menos empleos y más hambre; la ingobernabilidad va en aumento al tiempo que, con soldados y narrativas falsas en el monopolio de televisión nacional, se intenta minimizar las marchas ciudadanas.

No les extrañe que miles de nosotros caminemos ahora mismo a la frontera con México. Nuestra única alternativa es llegar acá: padeceremos hambre, frío, malos tratos y hasta la muerte, incluso en manos de autoridades, con tal de una oportunidad. Asumir estos riesgos revela cuán desesperados estamos.

Delegados, esos que ustedes observan con el nombre de nuestro país enfrente, están destruyendo los avances democráticos que aunque exiguos nos han costado tanto. Morales y su canciller, Jovel, han intentado por todos los medios, legales e ilegales, desarticular a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Morales, Jovel y su camarilla han cometido ilícitos que desean mantener bajo la alfombra de la impunidad. Tienen miedo, pues la justicia los está alcanzando.

Morales hablará ahora. Su voz representa el pensar de aquellos que se han hecho millonarios prostituyendo la administración pública. Les rogamos no crean ni una sola palabra de lo que diga, aunque le aplaudan las delegaciones de Honduras, Nicaragua e Israel —cómo se cuidan los lobos de la misma camada—. Más importante aún, les pedimos que condenen a Morales por sus innobles actos.

Los guatemaltecos queremos políticos que sean artesanos de la democracia, y nos empeñaremos por ese enorme cambio. La gente honesta es infinitamente más que la industriosa gremial de corruptos y no desfallecerá hasta que estos sean juzgados por sus actos.

Amigos de las Naciones Unidas, pueblos del mundo, queremos construir el postergado rompecabezas que compone un Estado para la democracia y el desarrollo: cumplir la Agenda 2030 significa para nosotros garantizar a todos, todos sus derechos; modernizar la economía para generar más empleo, bienestar e igualdad; transformar la política fiscal para que la responsabilidad individual esté en sintonía con los retos colectivos. No queremos ser una carga para el mundo, queremos ser un ejemplo. No nos dejen solos en esta noche oscura que es Morales y sus huestes.

Muchas gracias.

jmenkos@gmail.com

La semana pasada, Jimmy Morales, expresó que la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) es “una universidad carísima”. Esta vez su superficialidad y limitada capacidad para tratar la realidad le valió que el Consejo Superior Universitario lo declarara non grato, a él y a Jafeth Cabrera, su vicepresidente y ex rector de la Usac.

Afortunadamente, lo asignado a esta casa de estudios está establecido en la Constitución de la República (Artículo 84), y no depende de la inteligencia y la razón de quien gobierne. Por otro lado, el mensaje de Morales alentó la discusión sobre el impacto de nuestra universidad en la vida social y política del país: los estudiantes y profesionales de la Usac son la fuerza impulsora del sector público, privado y social de Guatemala. La Usac por mucho es la mayor formadora de profesionales, quienes sin esta opción no tendrían la oportunidad de estudiar. Yo me cuento entre ellos.

Sobre su financiamiento público, toca reconocer que los recursos que llegan a la universidad, en su mayoría han sido aportados por personas que ni siquiera han aprendido a leer y a escribir y que seguramente pasan hambre muchas noches, porque en este país, el que menos tiene es el que más paga impuestos. Los que más tienen pagan pocos tributos, tienen privilegios fiscales y si de dar dinero se trata, prefieren darlo ilícitamente a los partidos políticos. Por aquellos que aportan a nuestra “U”, es que es valioso tener conciencia política. Se estudia y se trabaja para transformar la realidad y lograr avances que nos encaminen a la democracia política y económica.

Al revisar el Proyecto de Presupuesto para 2019, resulta que nuestra Usac contará con Q2,013.6 millones, con un incremento de 13.9% con respecto a 2018. Poco para todo lo que queda por hacer. Al continuar revisando dicho proyecto, se puede advertir los siete elementos realmente carísimos que contiene. Primero, al ministerio de la Defensa Nacional se le están asignando Q2,372.0 millones, 24% más de lo asignado en 2018. No cabe duda que Morales prefiere más soldados que estudiantes. Segundo, para la Seguridad presidencial y vicepresidencial, se están asignando Q178.6 millones. Tercero, para los cada vez más vergonzosos Servicios de política exterior, se asignan Q219.2 millones. Cuarto, para financiar los cada vez menos democráticos Servicios de Inteligencia Civil e Inteligencia Estratégica, se tienen Q122.0 millones. Quinto, en el ministerio de Economía, se asignarán Q3.3 millones para ayudar a empresas de maquila y zonas francas a que califiquen y sean exoneradas del pago de impuestos: dinero puesto por contribuyentes para que algunos accedan a privilegios fiscales. Sexto, el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda será de Q6,581.4 millones, con un incremento de 57%, con respecto a 2018. Una maña típica en un año electoral. Séptimo, el Congreso de la República contará con Q735.4 millones. Salvo algunos pocos diputados que trabajan por Guatemala, la gran mayoría continuará con estos fondos dando vida al Pacto de corruptos.

Pero lo más caro para cualquier nación es tener “dignatarios” y funcionarios que aprovechándose del poder público osan poner sus particulares intereses antes del bien común. Carísimo nos ha salido un sistema de gobierno impulsado por unos pocos para garantizar su riqueza e impunidad, que desoye la angustia cotidiana del que no tiene empleo, del que está enfermo o desnutrido, del que vive inseguro, del que migra forzosamente.

Carísimo para la democracia está siendo el sórdido gobierno de Morales.

jmenkos@gmail.com

Mientras le pone una bandera de Guatemala a su carro; mientras se prepara para portar una antorcha y recorrer con entusiasmo por la Ciudad de Guatemala para celebrar su “independencia”; o mientras canta el himno nacional, vale la pena que medite sobre la crisis política actual, cómo hemos llegado hasta ella y qué haremos para enfrentarla.

Recuerde que todos los Estados cargan con el peso de su pasado. Lo vivido en el ayer, los conflictos y los acuerdos sociales, continúan marcando el presente: el racismo y la discriminación, el robo de tierras a sus legítimos dueños, la militarización y una narrativa conservadora contraria a la solidaridad, la cooperación y la igualdad; la arquitectura política basada en el clientelismo y en la venta del poder público al mejor postor privado, junto a la construcción de una administración pública, débil para satisfacer las necesidades colectivas, pero apropiada para defender y consolidar el poder y la riqueza de unos pocos. He ahí la historia de esta patria. Pero en la línea del tiempo también se observan intentos de hacerla más humana, más nuestra: el Código de Trabajo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), una universidad pública y autónoma, y muchas fuerzas ciudadanas empeñadas por vivir sin reprensión.

Así las cosas, no le extrañe que nuestra patria, ese terruño al que estamos ligados por recuerdos y esperanzas de futuro, sea la Guatemala del desempleo, la migración forzada y la pobreza, la de las niñas calcinadas en un “hogar seguro”, la del millón de niños desnutridos, la de los cuatro millones de patojos fuera de la escuela. Nuestra patria, la de empresarios poderosos aglutinados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) que financian ilícitamente partidos políticos, que han convertido la vida diaria en negocio, y hoy aplauden las infamias de su títere de ocasión, Jimmy Morales.

La Guatemala de hoy, la que tiene miles de familias que reclaman saber el paradero de sus desaparecidos; la de los patronos que además de pagar salarios de miseria se huevean impunemente la cuota que los empleados aportan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y los matan si reclaman, como a don Eugenio López —finca San Gregorio Piedra Parada—; esta Guatemala de hoy es la finca de los deshonestos, la de los padres violadores de la patria, como Galdámez, Arzú, Linares, Hernández, Alejos, Sandoval y demás canallas. Reconozcámoslo: nuestra patria, donde yacen los restos de abuelos y padres, donde encontramos el amor y la ternura y crecen nuestros hijos, continúa siendo la patria del criollo, la nación de las infamias.

Este mes patrio es decisivo, porque los miembros del pacto de corruptos —empresarios y políticos tramposos, narcotraficantes y militares asesinos—, cuyo vocero es Jimmy Morales, quieren conservar una Guatemala esclava. Por eso, más que alzar una bandera o cantar el himno, precisamos salir a la plaza y demostrar que juntos somos más fuertes que quienes ganan con el actual y podrido sistema político. La participación consciente y masiva es el antídoto contra los corruptos y el sustrato de la democracia.

Si piensa que todo está perdido, no se desanime, levántese. No nos han vencido, porque en la vida de una nación, ninguna victoria es absoluta. Anímese, imagine que mañana, cuando estos sinvergüenzas sean juzgados, nosotros diremos patria y nos sabrá a caldo de frijoles, a tortilla, a ternura, a libros y escuelas, a igualdad, a trabajo digno y salud, a justicia, a democracia. Pero, hoy toca alzar la voz y levantarse.

jmenkos@gmail.com

El viernes pasado, Jimmy Morales y su camarilla demostraron la intención de regresar al oscuro pasado: despliegue militar por las calles de la Ciudad de Guatemala, asedio a la sede de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y una conferencia de prensa, rodeado de militares y policías, en la que anunció la decisión de no ampliar el mandato de dicha Comisión, suscribiendo el discurso de los corruptos sobre una “persecución judicial selectiva” y la corrupción de las instituciones de justicia.

Las acciones y esta perorata de Morales recuerdan la estrategia que los grupos de poder en Honduras —narcotraficantes, políticos y empresarios corruptos— han llevado adelante para poner y mantener en el gobierno al actual jefe de Estado, Juan Hernández, violando artículos de la Constitución, comprando medios de comunicación y lanzando campañas fundamentalistas en su favor, haciendo cruzadas de lobby en Washington, mientras minan el trabajo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), prostituyendo a la policía y aumentando recursos al ejército para comprar lealtades. El plan también ha incluido amedrentar jueces y magistrados e, incluso, aumentar la violencia y el terror para imponer un orden represivo militar y, finalmente, garantizar su continuidad política mediante elecciones fraudulentas.

Muchos de los fenómenos anteriores están pasando en Guatemala. Si ese es el mismo plan solo nos falta ver cómo Morales y sus aliados intentan capturar o sumar mayoría, por medio de alguna argucia legal en la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos. El siguiente paso podría ser anunciar que el cercano proceso electoral seguirá su curso. Ya ha anticipado Morales: “Nuestro gobierno quiere elecciones libres”, así como alguna vez dijo “ni corrupto, ni ladrón”. ¿Quién le cree?

Morales no está solo en esta campaña proimpunidad ni son sus antejuicios los que más pesan. Hay otros agradecidos con su intento de poner bajo la alfombra toda la pestilencia de la corrupción antigua y presente: destaco entre otros, el presidente del Congreso, Alvaro Arzú, y los miembros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) que tienen el poder para que esta organización, ante la crisis política, solo exprese ser respetuosa de las decisiones del presidente.

Morales y sus cómplices están caminando por un piso muy frágil, que se mueve y agita con cada paso que dan. Están temerosos de perder ese poder heredado de la trampa, de los privilegios y de violar y hacer leyes a su medida. Un autogolpe podría ser parte de sus insensatas herramientas. Sin embargo, en el contexto actual, nacional e internacional, esta medida no les durará mucho. Solo conseguirán unir las fuerzas sociales dispersas actualmente y acelerar el inevitable acuerdo para un Estado democrático: trabajadores, indígenas, campesinos, estudiantes y empresarios. En el Ejército y la Policía, como en el empresariado, también hay hartazgo y división.

Finalmente, de poco servirá a los corruptos sus intentos de atraer a la comunidad religiosa. El Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala ha enviado un mensaje contundente: “reprobamos que se utilice discursos polarizantes como justificación para defender la impunidad y la corrupción o como excusa para evadir responsabilidades frente a la justicia”.

Estamos en un momento crucial, Guatemala se la quedan los corruptos o la ganan los demócratas. ¿De qué lado está usted?

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El mercado de trabajo en Guatemala no tiene la capacidad para disminuir las brechas de bienestar y desarrollo. Por el contrario, refuerza factores (territoriales, étnicos y de género) que potencian el aumento de la desigualdad social al no garantizar una distribución más eficiente y equitativa de los ingresos e incumplir los derechos laborales.

La más reciente Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, realizada en los meses de noviembre y diciembre de 2017 (Enei 3-2017), revela que los salarios son bajos, las fuentes de empleo son pocas y una buena cantidad de los hombres y mujeres en edad de trabajar solo ha podido insertarse en el mercado informal de la sobrevivencia. De la población económicamente activa (PEA), que sumaba aproximadamente 7.1 millones de personas, cerca de 125,000 estaban desocupadas. Sin embargo, el 69.7% de las personas ocupadas trabajaba en el sector informal de la economía: ocho de cada diez trabajadores rurales y trabajadores indígenas laboraban en el sector informal, y siete de cada diez trabajadoras mujeres.

Por su parte, la agricultura, el comercio y la industria absorbieron casi al 83.0% de la población ocupada informal. Además, el 68.2% de los asalariados no tiene contrato de trabajo, y solamente tres de cada diez —concentrados principalmente en el área urbana metropolitana— indicó estar afiliado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), mientras que siete de cada diez asalariados expresaron no haber recibido bono 14 o aguinaldo.

La Enei 3-2017 revela que el ingreso promedio de los trabajadores (formales e informales) era de Q2,150 mensuales, y el ingreso promedio del 20% más pobre apenas llegaba a los Q340 mensuales. A nivel nacional, con excepción del promedio de ingresos de los “directores y gerentes”, en el resto de ocupaciones los ingresos no son suficientes para cubrir el costo de la canasta ampliada de alimentos y servicios (Q8,246.46) para una familia.

Guatemala es el país de América Latina con las peores condiciones para el empleo y para los trabajadores, según el Índice de Mejores Trabajos elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que le asigna 44.9 puntos sobre un máximo de cien. Entre otros elementos, el indicador evalúa cuánto empleo está registrado en la seguridad social y cuántos trabajadores reciben ingresos suficientes para superar la pobreza. Desde su primer cálculo, en 2010, y con excepción de 2012, Guatemala siempre ha ocupado la última posición.

Los bajos salarios, además de profundizar la desigualdad, debilitan la posibilidad del desarrollo humano y económico de Guatemala al no permitir la generación de niveles de bienestar que fomenten un círculo virtuoso entre la demanda de más educación, más ahorro e innovación tecnológica, la generación de una mayor actividad económica y más y mejores empleos.

La precarización de los trabajadores, públicos y privados es peligrosa para la sociedad porque fomenta, entre otros fenómenos, la pobreza, el trabajo infantil (aumentando la deserción escolar y la posterior inserción de jóvenes en un mundo de informalidad del que difícilmente saldrán), y provoca una baja demanda de productos y servicios, lo que merma la inversión y el empleo. Todos estos fenómenos finalmente se traducen en niveles de insatisfacción social que abren la puerta a la ingobernabilidad.

Ante esta realidad, lo sorprendente no es que los médicos del sistema público de salud estén en pie de lucha, sino que no haya más empleados, públicos y privados, exigiendo mejoras salariales y el cumplimiento de sus derechos laborales.

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La forma en que se financia un Estado y el monto y destino de los recursos con los que cuenta son un reflejo de los imaginarios económicos y políticos de quienes han ostentado el poder. En su libro El Estado. Pasado, presente, futuro, Bob Jessop señala tres formas para estudiar la austeridad.

Primero, cita las políticas de austeridad coyunturales, que se introducen como medidas de respuesta frente a problemas de corto plazo. Cuando la coyuntura vuelve a ser favorable, estas políticas se eliminan. En segundo término, menciona las políticas de austeridad perdurable, las que supuestamente se fomentan para dar respuesta a una crisis “crónica”, real o inventada, en el ámbito económico y fiscal. Esta política de austeridad perdurable lleva consigo una reorganización más duradera de ciertas élites económicas que se benefician con las medidas, en deterioro de acciones para proteger a las personas y a la economía en general.

Finalmente, describe el sistema de gobierno de austeridad, el cual es producto de una reorganización institucional y continuada de las relaciones entre lo económico y lo político. Este sistema puede ser resultado acumulativo de políticas de austeridad perdurable, que van agravando las crisis económicas y fiscales, obligando a nuevas y mayores reducciones. También puede ser parte de una estrategia premeditada por aquellos sectores que ganan al subordinar la administración de lo público al apetito del mercado. Para quienes propugnan por un gobierno de austeridad, siempre es momento de reducir el gasto público, evitar el pago de impuestos o privatizar funciones que la cada vez más mermada administración pública es incapaz de ejecutar exitosamente.

El sistema de gobierno de austeridad no solamente tiene efectos cuantitativos, de corto plazo, en el gasto público, también induce cambios cualitativos y estructurales al provocar que áreas cada vez más grandes de la vida social terminen supeditadas a la lógica del mercado y de la acumulación. La reestructuración y reorientación del gasto público convierte los derechos de las personas y colectivos en privilegios a los que solamente se accede si se tiene dinero en el bolsillo: La mercantilización de la vida diaria.

En un sistema de gobierno de austeridad, se fomenta la disminución de la capacidad de lo público y se promueve la mercantilización de los derechos —salud, educación, seguridad, por ejemplo—; con ello se facilita la infiltración empresarial —manos privadas tomando decisiones públicas— que abre el camino para la corrupción generalizada de lo público. Además, se disminuyen las posibilidades de empleo y se fomenta la idea de que solo el que trabaja tiene derecho al bienestar. Los salarios y los puestos de trabajo disminuyen al tiempo en que las utilidades y la desigualdad social aumentan. Se promueven valores que avalan la estratificación social y una competitividad sádica, en contraposición a la solidaridad y la igualdad.

Guatemala tiene un sistema de gobierno de austeridad. Sus bastas raíces han crecido y se han multiplicado desde la colonia hasta la actualidad. Cambiar este modelo de sociedad requiere reformas profundas que deben comenzar reivindicando el papel protagónico de la administración pública —y de la política fiscal— en la vida democrática del país. También implica blindar lo público de intereses particulares; construir mecanismos de probidad y rendición de cuentas sobre lo gastado, así como una nueva arquitectura tributaria pensada para la equidad horizontal —a igual ingreso, igual impuesto— y vertical —a más ingreso, más impuesto—.

Las tendencias económicas, sociales y políticas de Guatemala no son nada halagüeñas. Por un lado, hay una creciente población en edad de trabajar, con poca educación, y pocas oportunidades de empleo, que pervive —desesperada y precariamente— en medio de un contexto de violencia y marginación social y económica. Por otro lado, la protección de las personas frente a la pobreza, el hambre o la enfermedad es tan mínima como desigual.

El modelo económico actual está exhausto, pues tiene problemas estructurales que van limitando el crecimiento y la sostenibilidad ambiental: bajas inversiones, públicas y privadas; insuficiente modernización y transformación productiva, y una base agrícola en donde la falta de acuerdos sobre la propiedad y el sentido de la tierra y los recursos naturales está siendo una fuente de conflictividad social. A esto se suma la falta de una política económica, social y fiscal que, con visión de futuro, plantee el camino a recorrer, los desafíos a enfrentar y los logros que podemos cosechar colectivamente.

Como si eso no fuera suficiente para encender las señales de alerta, en lo político, los continuados defectos de no construir un Estado democrático, transparente y efectivo —que por lo menos cumpla las funciones que la Constitución de la República le ha otorgado— están cobrando mayor relevancia: retorno al autoritarismo y la militarización; muertes selectivas de líderes campesinos; intentos de acallar voces que desde la sociedad civil cuestionan las rancias formas de ejercer poder; debilitamiento de instituciones públicas; y partidos políticos que continúan capturando el Estado con fines de corrupción y privilegios particulares.

Todo lo anterior está minando los objetivos básicos de la vida en democracia, como la legitimidad del Estado, el logro de mayor bienestar económico y social, y la construcción de una identidad colectiva que valore y garantice la igualdad en medio de las diferencias.

La ruta que llevamos nos conduce a un precipicio del que será difícil salir, y a muchas personas no nos gusta esta realidad, pero en este contexto decir no, no basta. Los guatemaltecos debemos comprender tres cosas. Primero, que el camino por el que transita Guatemala lleva a la barbarie y no a la democracia. La mayoría perderá con este futuro. Segundo, que es posible cambiar esas tendencias, pero requiere de nuevos límites y compromisos entre lo que compete al mercado y al Estado. Finalmente toca aceptar que nadie, ningún grupo o sector social —campesino, sindical, empresarial, político, académico, entre otros—, tiene tanto conocimiento, habilidades y legitimidad como para lograr un cambio sustancial sin buscar acuerdos políticos con el resto.

Es momento de aprender y ejercitar una nueva forma de relacionamiento basado en la empatía y el conocimiento. No es una renuncia a las ideas particulares, es más bien la obligación de tener un acuerdo social para la construcción de ciertos elementos que estén siempre garantizados para todos: educación, salud, cultura, empleo, seguridad y justicia.

Pero eso solo puede pasar si nos conocemos y hablamos, principalmente, con aquellos que percibimos opuestos a nuestras ideas, y que son nuestros adversarios, no nuestros enemigos. Por ejemplo, es urgente un diálogo, lejos de tribunales y cámaras, entre el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). Ambos comités son importantes para construir un mejor país, en ambos hay personas inteligentes y conciliadoras. Decir no, no basta.

jmenkos@gmail.com

En los últimos meses ha habido en los medios de comunicación “analistas” que irresponsablemente han asegurado que la lucha contra la corrupción está teniendo un impacto dañino sobre la economía. De hecho, durante la visita a Guatemala del vicepresidente de los Estados Unidos, a finales de junio, estos analistas intensificaron su aparición en medios, asegurando que la economía está deshecha por los esfuerzos anticorrupción, y lo único que aumenta en estas circunstancias es la migración.

Probablemente querían enviar el doloso mensaje al gobierno estadounidense de que su apoyo al trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) tendría como consecuencia más guatemaltecos yendo ilegalmente a su país. Los comentarios de estos analistas, vacíos de rigor y sentido económico no son creíbles, pero sí han despertado la necesidad de saber más sobre los fenómenos que están afectando la economía guatemalteca.

En ese sentido, hoy, en la sede —Washington— del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés) se presentará el estudio El impacto económico y fiscal de la lucha contra la corrupción en Guatemala, elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). En este trabajo —elaborado con base en estadísticas oficiales—, se concluye que existen seis fenómenos que explican el menor crecimiento económico de Guatemala durante el 2017, y la lucha contra la corrupción no es uno de ellos.

El primer fenómeno que ha afectado el crecimiento económico en el 2017 es la austeridad del gasto público. El presupuesto del Estado se ha contraído en los últimos años, pasando de representar el 13.9% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2014 a tan solo 12.8% del PIB en el 2017. Si además de presupuestar poco gasto se ejecuta poco —segundo fenómeno—, el impacto sobre el crecimiento económico será mayor. En el 2017, por ejemplo, solamente se ejecutó el 55% de los recursos destinados a la inversión pública.

La cada vez menor capacidad de recaudación de la SAT es el tercer fenómeno que afecta la actividad económica, pues limita los recursos para ejecutar gasto e inversión pública. Mientras en el 2014 la carga tributaria equivalió al 10.8% del PIB, en el 2017 había caído a tan solo el 10.2%. El cuarto factor ha sido la inflación, que en el 2017 llegó a ser de 5.7%. Los precios más altos redujeron la capacidad de consumo de los hogares, siendo el consumo el principal componente de la economía guatemalteca. Por su parte, la apreciación del tipo de cambio —menos quetzales por un dólar—, que pasó de Q7.60 por un dólar a Q7.40, afectó el crecimiento económico, creando desventajas a las exportaciones de productos nacionales.

El sexto fenómeno que afectó el crecimiento fue el menor dinamismo del crédito bancario. Los inversionistas fueron más cautelosos y demandaron menos crédito bancario, debido a la inestabilidad política que provocó la hostilidad del gobierno de Morales hacia la lucha contra la corrupción.

Finalmente, el estudio presenta un modelo econométrico que explica el crecimiento económico por medio de ciertas variables, incluyendo la corrupción. La principal conclusión del modelo es acorde al sentido común: a mayor corrupción, menor crecimiento económico y menor inversión. Aunque el informe trata sobre la actividad económica de un año, 2017, recalca que hay factores estructurales que frenan el crecimiento. En todo caso, luchar contra la corrupción y cerrar la puerta al poder de decisión de los corruptos es estratégico para el avance económico, social y democrático de Guatemala.

A lo largo de la historia algunos han cargado en su espalda la pesada posibilidad de ser asesinados por su trabajo, sus ideas o sus convicciones: defensores de derechos humanos, del territorio y los recursos naturales, líderes campesinos y sociales, políticos que ejercen su trabajo con dignidad, empresarios honestos, trabajadores y universitarios que luchan por elevar el bienestar social, e incluso, aquellos que simplemente hartos de sentirse impotentes se atreven a ser los primeros en abanderar la indignación colectiva y el hartazgo frente a la opresión de la codicia.

Frente a cualquier intento de emancipación, los dominadores, los dictadores del invierno contra la primavera, tienen muchas respuestas: gobernantes-títeres que replican sus mensajes y prostituyen lo público; medios de comunicación que difunden una narrativa contraria a la democracia y al disentimiento; universidades y centros de investigación fundamentalistas que recalcan el carácter idílico del mercado y el individualismo como respuesta a los males sociales. Pero, si todo esto no sofoca los fuegos de la emancipación, entonces recurren a ejércitos, públicos o privados, que emprenden campañas de terror y violencia contra la población en general, o hacia aquellos que osan contradecir el mensaje dominante y proponer una alternativa.

Juana también participaba en el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), una organización que en los últimos meses ha sufrido una ola de asesinatos: seis, entre mayo y julio. Toca reconocer que la violencia contra Codeca es selectiva y dejó de ser verbal y narrativa —llevamos años escuchando que roban energía sin que esto se compruebe en los tribunales— para pasar a lo físico. Hasta el momento la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Guatemala, Norma Torres y otros 28 congresistas estadounidenses, han expresado su preocupación por estos ataques. En Guatemala, la Procuraduría de Derechos Humanos ha repudiado estos asesinatos, y ha exigido al Ministerio Público investigar, identificar y enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos. Mientras tanto, Jimmy Morales, que en mayo lanzó sus diatribas contra Codeca hoy se disfraza de soldado, y el sector empresarial organizado no se ha pronunciado al respecto de esta violencia selectiva.

Podemos estar a favor o en contra de las proclamas del MLP y de las acciones de Codeca —así se construye la democracia—, pero todos los ciudadanos debemos rechazar la muerte arbitraria de adversarios ideológicos. De lo contrario, estamos destinados a volver a caminar por la dolorosa senda de la guerra civil.

Entre el 23 de julio y el 16 de agosto del 2018 se llevará a cabo la recogida de información que dará vida al XII Censo Nacional de Población y al VII Censo Nacional de Vivienda. Cerca de 14 mil censistas, junto a 3,500 supervisores, estarán en esos días desplegados por todo el territorio nacional, tocando la puerta de cada hogar, para hacernos 70 preguntas que permitirán conocer cuántos somos, con quién vivimos y bajo qué condiciones, de dónde venimos, cómo nos autoidentificamos, entre otras cuestiones clave para conocernos y para mejorar nuestra comprensión sobre los retos que debemos enfrentar colectivamente.

Los censos son una valiosa herramienta de apoyo para la planificación del desarrollo económico y social. A partir de sus estadísticas podemos definir hacia dónde vamos y cómo llegaremos ahí. Por ejemplo, la información censal —acompañada de una institucionalidad pública funcional y efectiva en la búsqueda del bienestar social—, puede ayudar a quienes hacen políticas públicas a comprender la evolución demográfica del país, su realidad socioeconómica y cultural, y a partir de ahí diseñar y poner en marcha programas de educación o salud pública que aumenten la cobertura hasta llegar a todas las personas, sabiendo además en dónde viven, qué idioma hablan y cuáles son sus necesidades insatisfechas.

El diseño de programas más exitosos en la promoción del empleo, la lucha contra la pobreza y la desigualdad también requiere de estadísticas más actualizadas y puntuales como las proveídas por el censo. En el ámbito local, el censo puede suministrar información para un mejor ordenamiento territorial, ayudando a comprender la demanda actual y futura de servicios de agua, electricidad y saneamiento ambiental, así como de transporte, seguridad, recreación y empleo. Para un sector empresarial dinámico, moderno y con capacidad de planificación, toda la información estadística proveída por el censo será útil para tomar decisiones sobre inversión y empleo.

Asimismo, los resultados del censo permitirán reiterar el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe de Guatemala, una nación con cuatro pueblos —mestizo, maya, garífuna y xinka—, 22 comunidades lingüísticas y 25 idiomas nacionales, y así fomentar la construcción —mediante políticas sociales, culturales y económicas— de una sociedad más abierta y empática frente a la diversidad.

Ahora mismo el mayor reto del censo radica en que las personas estén dispuestas a abrir la puerta de sus hogares y ayudar con su información a lograr alimentar un sistema estadístico confiable sobre las características de las personas, sus viviendas y servicios básicos, tras 16 años del último censo nacional. Una vez finalizada esta etapa, el siguiente reto será el procesamiento de la información y la difusión de sus resultados. Finalmente, el mayor desafío consiste en que todo este esfuerzo trascienda de ser meramente la producción de estadísticas para convertirse en una fuente vital para el debate social sobre cómo estamos hoy y la toma de decisiones sobre cómo queremos estar en el futuro: una sociedad más igualitaria, con mejor crecimiento económico y más bienestar. La información del censo debe ser el punto de partida para la planificación social, política y económica del país. Si tiene tiempo visite www.censopoblación.gt, ahí hallará toda la información que el Instituto Nacional de Estadística y sus aliados están generando para hacer de este un trabajo exitoso y útil para los guatemaltecos. Por lo pronto, abramos la puerta y dediquemos entre 30 y 50 minutos a este esfuerzo nacional.

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La propaganda es a la democracia lo que la cachiporra al estado totalitario, afirma acertadamente Noam Chomsky en el libro Cómo nos venden la moto, escrito en conjunto con Ignacio Ramonet. De ahí que a lo largo de la historia contemporánea se haya desarrollado técnicas de persuasión que buscan la manipulación informativa y la construcción de narrativas como medio para conseguir, conservar y acrecentar el poder de un grupo particular.

De acuerdo con Chomsky, la manipulación de la información convirtió a los estadounidenses de una sociedad pacifista en una “histérica y belicista” que quería acabar con todo lo alemán. Para ello, el Comité de Información Pública —encargado de la propaganda gubernamental—, difundió su mensaje por todos los medios. Aún en los actuales libros de historia se conservan hechos fabricados con el afán de “dirigir el pensamiento de la mayor parte del mundo”.

No es que los dirigentes nazis no fueran racistas, extremadamente violentos y tuvieran ambiciones imperialistas, es que los estadounidenses fueron manipulados para crear en ellos, por medio del terror, un entusiasmo patriota y bélico que ha sido útil para aceptar que muchos de sus jóvenes sacrifiquen sus vidas combatiendo en Europa, Vietnam, Irak, Afganistán y Somalia, entre otros lugares. Puede ser que la escalada de violencia de los diferentes bandos haya terminado por convertir la guerra en el único instrumento para lograr cierta gobernabilidad global. Puede ser que la propaganda, impulsada por quienes fabrican armas y ganan con la muerte, haya permeado tanto como para no reconocer caminos para vivir en un mundo con diferencias ideológicas y sin violencia.

Lo que sí es claro es que los métodos empleados para allanar el camino hacia la aceptación irrefutable de la violencia y la guerra se han utilizado en el mundo para construir el “miedo rojo”, una suma de argumentos flojos por los cuales si una persona o un colectivo aboga por derechos individuales y sociales —incluida una democracia plena— se le tilda de comunista. Así se ha conseguido a lo largo de la historia el cierre de sindicatos y de servicios públicos, la regulación de la libertad de prensa y la persecución política.

Con la técnica perfeccionada, suministrada por medios de comunicación y net centers, utilizando incluso voces que tienen cierta legitimidad frente a la sociedad, en Guatemala aquellos codiciosos que creen ganar con la pérdida de derechos de los ciudadanos —neoliberales y corruptos— tratan de implantar en la opinión pública ideas tales como: “lo público debe minimizarse”, “los universitarios deben estar en las aulas y no en las calles”, “los que abogan por derechos humanos son chairos”, “a los pobres se les debe enseñar a pescar, no dar el pescado”, “nadie debe tener un ingreso mínimo garantizado”, “los que —sin motivo justificable— toman las carreteras, nos generan pérdidas económicas”, “la lucha contra la corrupción es mala para la economía”, “nos quieren convertir en Venezuela”, “hay que bajar salarios e impuestos para ser competitivos”, entre otros. Estos mensajes, simples y vacíos de razonamiento democrático, político o económico, lamentablemente convencen a quienes viven como espectadores, “el rebaño desconcertado”, incluso a aquellos afectados por esta forma de concebir la vida en sociedad.

Los ciudadanos deben analizar las noticias, las columnas, las opiniones de terceros desde su realidad y conciencia, y aceptarlas o no, según la concepción del mundo en el que quieren vivir. Por favor, lea, vea, escuche, pero reflexione y no se deje manipular.

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Recientemente se publicó el estudio Desarrollo de una propuesta técnico fiscal para la prevención y atención del VIH en Guatemala (2017-2026), realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en asocio con el Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo (Hivos), en el que además de analizar la situación actual de esta epidemia se exploran los mecanismos, costos y fuentes de financiamiento para acabar con la misma antes de 2030.

Se estima que en 2016 vivían en Guatemala 46,000 personas —adultos y niños— con VIH/sida, lo que representa una prevalencia aproximada de un habitante por cada 400. En la Ciudad de Guatemala se estima una alta prevalencia concentrada en algunos grupos particulares como son las mujeres trabajadoras sexuales, con una infectada de cada cien; los hombres que tienen sexo con hombres, 11 de cada cien; y, las mujeres trans, con 24 de cada cien.

El Estado guatemalteco ha asumido (2014) el compromiso internacional de mitigar la epidemia de VIH/sida a más tardar en 2030, con una estrategia cuyos resultados para 2020 se resumen en las denominadas Metas 90-90-90: «Que el 90 por ciento de las personas que viven con VIH conozcan su diagnóstico; que el 90 por ciento de las personas que conocen su diagnóstico reciban tratamiento antirretroviral; y que el 90 por ciento de las personas en tratamiento tengan supresión viral». El cumplimiento de este compromiso requiere estudiar lo que se está haciendo actualmente y aumentar los recursos —materiales, financieros y humanos—, además de mejorar la gestión.

Al analizar los presupuestos más significativos asignados desde lo público, se observa que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) destina más de Q110.0 millones al año a la atención del VIH/sida. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) cuenta con el Programa nacional de prevención y control de infecciones de transmisión sexual, VIH/sida (PNS). Este programa, entre 2007 y 2016, tuvo asignados Q669.9 millones para acciones relacionadas con VIH, utilizando solo Q564.5 millones —84.3% de ejecución—, con consecuencias negativas en sus resultados. El PNS, al mes de junio de 2018, registraba un nivel general de ejecución de tan solo el 26.1 por ciento de los Q113.8 millones de presupuesto vigente. En particular, la ejecución de las donaciones externas —que suman Q10.8 millones—, apenas alcanzaba el 0.8 por ciento.

Otro elemento que resalta la investigación es el elevado costo de los medicamentos antirretrovirales con patentes protegidas por acuerdos comerciales que impiden adquirir genéricos. Estudios citados refieren que, como resultado de lo anterior, el MSPAS está comprando los principales antirretrovirales a un precio entre tres y 10 veces más alto que en el mercado internacional y de genéricos.

De acuerdo con el estudio, el combate del VIH/sida requiere una administración pública más protagónica y con visión de derechos para ampliar la cobertura y calidad en la atención de la salud; universalizar la educación para la salud sexual y reproductiva; conseguir mejores precios en la adquisición de medicamentos antirretrovirales y garantizar su provisión ininterrumpida a los pacientes, entre otros. En un contexto ideal de atención, prevención y gestión por resultados, en 2020 el PNS necesitará un presupuesto de Q272.4 millones, y en 2026, cerca de Q388.9 millones anuales. Los costos de acabar con esta epidemia están muy por debajo de los costos que traería la inacción y la baja efectividad. Los gobiernos deben tener muy claro esto.

La sociedad mexicana ha elegido a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), del Partido Movimiento de Regeneración Democrática (Morena), para dirigir el destino de esta nación por los próximos seis años. Los mexicanos llamados a votar superaban los 89 millones. De ellos, aproximadamente 29 millones (53% de los votantes) optaron por AMLO y, según las cifras preliminares, convirtieron a Morena en el grupo parlamentario mayoritario en la Cámara de diputados y en el Senado, lo que simplificará el avance de la agenda legislativa que permita concretar el plan de gobierno.

Es la primera vez que una opción política de izquierda triunfa abrumadoramente en este país. Su contundente victoria obliga a diversas reflexiones. Destaco tres. Primero, Morena es un movimiento político organizado para tomar el poder y ofrecer una alternativa democrática de cambios estructurales en favor de la igualdad y el desarrollo económico, en total contraposición con los partidos políticos tradicionales mexicanos (Partido de Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional), amalgamados por una agenda neoliberal cuyo fin ha sido desmantelar el Estado de bienestar mexicano, reducir los derechos de los ciudadanos, promover privilegios fiscales y económicos en una cultura de clientelismo, y entregar los recursos naturales a manos privadas. Morena no es un movimiento pensado para poner resistencia al neoliberalismo represivo y corrupto de la derecha, o para acomodarse a este, sino para derrotarlo visibilizando ante los ciudadanos sus contradicciones para la vida democrática.

Segundo, la propuesta económica y social de Morena, es viable fiscal y económicamente, y responde a las principales preocupaciones de los ciudadanos (pobreza y desigualdad, corrupción y violencia), siempre desatendidas por lo gobernantes tradicionales cuando no aprovechadas para beneficios particulares. En uno de los documentos con el programa económico de AMLO —Pejenomics: hacia una economía para todos—, aparecen sus principales líneas de trabajo, entre las que destacan aumentar y diversificar las exportaciones y favorecer programas universales que detonen el consumo y las economías regionales. La inversión en los jóvenes es un elemento estratégico, al igual que el fomento de la innovación mediante laboratorios e investigación; lograr la soberanía alimentaria y el apoyo a pequeños productores y empresas medianas con financiamiento, infraestructura y programas para la creación de capital; frente a la violencia, no más represión sino el combate de la desigualdad y la pobreza. Finalmente, erradicar la corrupción y la impunidad como misión principal.

Tercero, pudo más la racionalidad de los ciudadanos ante el “más de lo mismo” ofrecido por los rancios partidos de derecha que las campañas sucias intentando imponer el miedo frente al cambio. “Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación”, ha dicho AMLO en su mensaje tras conocer su victoria electoral, en un gesto apaciguador y sin reclamos. También recordó la famosa frase de Benito Juárez: “nada por la fuerza, todo por la razón y el Derecho”.

El plan de gobierno de AMLO y Morena así como su legitimidad ciudadana permiten ser optimistas: el México que se viene es mejor que el actual, y eso es bueno para los mexicanos y para el resto de América Latina. México es la segunda mayor economía de la región, puede ser un buen ejemplo para partidos y gobiernos progresistas, y un Estado protagónico en el concierto internacional para nuevos acuerdos sobre desarrollo (migración) desde una óptica de igualdad y respecto a los derechos humanos.

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Mister Pence, el jueves 28 estará usted en Guatemala. Ha dicho que es una visita de “buenos vecinos”. Desconozco su agenda, pero los buenos vecinos aprovechan estos encuentros para hablar de aquello que les alegra, preocupa e incomoda. Como sé que el presidente Morales le dirá lo bueno que es tenerlo por acá, le dará sus bendiciones e intentará parecer una sardina obediente —recordando la hermosa fábula de Juan José Arévalo—, yo me adelanto a darle la bienvenida y a poner sobre la mesa de la buena vecindad el trato que están dando a los migrantes.

Su administración junto a Donald Trump, con el fin de ganar algunos votantes entre los obreros y la población fundamentalista religiosa, ha desarrollado, peligrosamente, una narrativa antiinmigrante racista que alienta la violencia. A vecinos que migran buscando el “sueño americano”, el presidente Trump les ha llamado incluso “animales”, y a Estados vecinos, como Honduras y El Salvador, les ha dicho “países de mierda”. Ustedes tienen razón en algo: entre la captura de la administración pública por grupos criminales (en Guatemala y Honduras), la desigualdad y la pobreza, la impunidad, los resabios de la Guerra Fría y la violencia provocada por los proveedores de drogas para el pujante mercado estadounidense, vivir en Guatemala, El Salvador y Honduras es una desgracia para la mayoría.

Sin embargo, hay innumerables hechos históricos que permiten afirmar que lo que se vive hoy en Guatemala, Honduras y El Salvador es resultado, en buena medida, de decisiones que se han tomado en Washington. Desde cambios en tratos comerciales y de inversión, consensos para la reducción del rol de la administración pública que han limitado el desarrollo económico, hasta la fuerza de ustedes y de sus empresas para incidir en la política de estos países, con apoyos pendulares —según sus intereses— que van del autoritarismo y la guerra interna, a la paz y la democracia. Otro fuerte lazo que define nuestra relación es el familiar, forjado por migrantes que dejaron estas tierras para buscar un mejor futuro y poner sus fuerzas y conocimientos en la construcción de la enorme economía que ustedes ostentan.

En ese sentido, ustedes han decidido cerrar las fronteras, pero los buenos vecinos deben ser empáticos. ¿Ha escuchado el llanto de los más de dos mil niños centroamericanos que su administración ha separado de sus padres? ¿Puede imaginar a sus hijos en esta situación? ¿Puede suponer el temor de Claudia Gómez, huyendo y percibiéndose tan sola e indefensa antes de ser asesinada alevosamente por un agente de la patrulla fronteriza? Inadmisible. Ningún migrante debería ser tratado como ustedes están tratando a sus vecinos, mister Pence. Comprenda que mientras la gente siga viviendo entre miseria y violencia, su discurso del muro y de medidas más duras contra los migrantes, lejos de disuadirlos, está motivándolos a llegar lo antes posible a Estados Unidos.

Toca reconocer que Estados Unidos, en su posición de líder mundial, está llamado a encontrar soluciones estructurales a la migración forzada por pobreza y violencia. Si quiere ayudar, ayude en el diseño y puesta en marcha de planes nacionales que busquen, como mínimo, el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 2030: con reformas económicas y fiscales que aumenten la riqueza y la distribuyan mejor; que universalicen el alimento, la educación, la salud y el trabajo.

No más muros ni jaulas. Ayudar a salir del rezago económico y social, eso es lo que debe hacer un buen vecino que no quiere más migración, mister Pence. Ojalá así lo vea.

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Recuerdo las vacaciones de fin de año en 1990, con 15 años y varicela. Los libros fueron la mejor compañía posible para pasar de la desesperación —por la picazón y la vergüenza de las ampollas en el rostro— al disfrute. Tuve la oportunidad de dedicar mucho tiempo a leer los libros que habitaban mi hogar: desde Ombres contra Hombres —de Efraín De los Ríos, publicado en 1969—, hasta La isla misteriosa y La vuelta al mundo en ochenta días, de Julio Verne, pasando también por Don Quijote de la Mancha y novelas de Gorki —La madre— y Dostoievski —Crimen y castigo y El jugador—, así como un libro de historia  del que no recuerdo el nombre ni el autor, en el que conocí a William Wallace mucho antes de que saliera la película Corazón valiente. También revisité a José Milla, ya sin la obligación de leerlo me pareció fantástico.

En retrospectiva, aquellas vacaciones constituyeron mi ritual de iniciación en el camino hacia la construcción de alguien consciente de su pasado, su realidad y su espacio y responsabilidad en la civilización: un ciudadano. Después he caminado siempre con un libro en la mano y mantenido algunos en mi mesa de noche —más de 45, según el último conteo—. Leer nos da alas —más que cualquier bebida energizante—, nos transporta a otros mundos, tiempos e ideas, nos entretiene, nos enseña, nos inspira, nos ayuda a comprender y a ver con los ojos de otros y, finalmente, todo eso nos hace más libres y más colectivos.

Además, los libros son ventanas por donde se cuela ese aire fresco que no ayuda a mantener la esperanza y el optimismo en medio de la asfixia que imponen los muros, los fundamentalismos, la violencia y los gobiernos fallidos. Es por esto que los libros son el mayor tesoro de la civilización actual y su producción, difusión y lectura la mayor apuesta para una sociedad plena. De ahí la importancia de las ferias de libros y, este año, del 12 al 22 de julio se celebrará, en el Fórum Majadas, la XV edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua), con una agenda tan amplia como atractiva.

El invitado de honor será Francia, país que ha aportado al pensamiento global innumerables libros y escritores, y un ambiente literario fecundo: en 2017, en el país se publicaron 78 mil títulos nuevos, se vendieron más de 357 millones de libros, en 25 mil puntos de venta, y se prestaron 280 millones en sus 16 mil bibliotecas públicas. Francia cuenta con más de cuatro mil editoriales activas y la industria editorial genera 80 mil empleos. A lo largo de la feria habrá mesas redondas, talleres, presentaciones de libros y muchas actividades para conocer escritores, editores, ilustradores, fotógrafos y bibliotecarios franceses.

Filgua tendrá 157 estands con novedades editoriales guatemaltecas y del resto del mundo. Como siempre, las actividades para niños serán parte importante de la feria, así como los espacios dedicados a la promoción de la lectura por medio de la formación de maestros, estudiantes y padres de familia. Del 18 al 20 de julio se llevará a cabo la II Conferencia Internacional sobre Literatura Centroamericana Contemporánea con más de 20 escritores que presentarán sus libros y platicarán con el público sobre la literatura y su relación con la globalización, la multiculturalidad y la memoria, entre otros fenómenos relevantes.

Además de la fiesta de libros, la agenda incluye cine y música a partir de las ocho de la noche. Y, el viernes 20 de julio, será la venta de medianoche. Ahí nos vemos para disfrutar esta fiesta de 15 años. Mientras tanto, ¿usted qué está leyendo? ¿Qué se le antoja leer?

El sábado pasado, los estudiantes del movimiento “Usac es pueblo”, al que se sumaron otras organizaciones sociales, invitaron a las y los guatemaltecos a una marcha para exigir respuestas al gobierno de Jimmy Morales ante la larga lista de dejadeces, torpezas y opacidad de esta administración, cuyas acciones e inacciones están llegando al extremo de cobrar vidas.

Muchas personas asistimos, con amigos y en familia, al llamado de estos estudiantes que, para la esperanza colectiva, están dando la altura frente a una clase política y algunos miembros de la élite empresarial con una agenda particular —autoritaria, proimpunidad y criminal en muchos casos— que vacía de contenido democrático el quehacer de la administración pública al tiempo en que deslegitima más su función frente a la sociedad.

La consigna inicial fue “seamos luz”, recordándonos que para ello hay que dejar la indiferencia, la pereza y ese querer con desgana que en muchas ocasiones entumece a los ciudadanos —incluso a aquellos que sobreviven sin empleo, sin seguridad, deprimidos y sin esperanzas en el futuro— y los inhibe de salir a la calle y exigir y ser parte de un cambio, aun a sabiendas de que las cosas no van por buen camino. A la consigna inicial se agregó la petición de renuncia de los funcionarios más incompetentes y contrarios a la sociedad de esta administración, entre los que están el presidente Morales y la canciller Jovel.

En la parada que la manifestación hizo en el Congreso de la República se dejó claro que la ciudadanía está al pendiente de los diputados y, en particular, de aquellos que aprovechando el duelo por las masivas muertes relacionadas con el Volcán de Fuego descaradamente están impulsando más impunidad, tal el caso de los reincidentes diputados Arzú, Linares Beltranena, Galdámez, Carrillo y Lau, entre otros.

Uno de los momentos más emotivos de la marcha fue el minuto de silencio frente al Palacio Nacional, por las personas que murieron en las faldas del Volcán de Fuego. Ese minuto fue suficiente para reflexionar que aquellas personas no murieron por el volcán, sino por la negligencia; así como muchas mujeres se mueren no por dar vida, sino por ser pobres, dejando a muchos niños huérfanos de su abrazo, de su esperanza y de su escuela.

Un minuto de silencio fue suficiente para recordar que en este país de contradicciones muchos trabajadores jamás se han saciado con el fruto de su trabajo, mientras el presidente Morales desayuna salmón y almuerza lomito con nuestros impuestos; recordar que la lluvia arrasa las chozas, cultivos y vidas de los que tienen menos, año tras año, quedando para los sobrevivientes solo los salones comunitarios para refugiar sus lágrimas, esperando sin esperanzas el invierno del próximo año; para recordar que hay 4.1 millones de niñas, niños y adolescentes que no han saboreado un libro en su idioma materno en el seno de una escuela; para no olvidar que los jóvenes de este país están siendo la carne de cañón de la violencia, que nos obliga a despedirnos cada mañana de nuestros seres queridos sin tener ninguna certeza de si volverá a su cariño cuando regrese a casa.

Seamos luz para decir basta, para desobedecer aquellas voces que nos llaman a la calma mientras Guatemala se hunde en el autoritarismo. Seamos luz para proponer cambios que nos permitan construir una tierra de todos, una sociedad. Seamos luz para cimentar una conciencia colectiva que promueva la igualdad y no permita atajos para que la voracidad de unos cuantos viole el básico y universal derecho de disfrutar dignamente nuestra humanidad.

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El domingo pasado, los habitantes de las faldas del Volcán de Fuego —ubicados principalmente en las comunidades La Reunión, El Porvenir, Candelaria y Las Lajas— sufrieron su fuerza e, infortunadamente, comprobaron una vez más la debilidad estructural, tanto de la regulación sobre los lugares habitables como del adecuado sistema de protección social, que no da una respuesta contundente frente a los riesgos naturales, climáticos y económicos.

Los medios nacionales e internacionales captaron a cientos de personas escapando del siniestro. Sus lágrimas se diluyeron entre lluvias y cenizas, algo que no pudieron hacer sus gestos de desesperación, temor e incertidumbre. Aunque las catástrofes naturales no tienen preferencias, lo cierto es que sus efectos son más evidentes en aquellos ciudadanos que sobreviven bajo condiciones de pobreza. No solo les arrebata todo su patrimonio —un terreno, una casa de lámina, una estufa, unas gallinas— y su cosecha, sino también el derecho a la vida.

La primera tarea ante un evento de esta magnitud es intentar poner a salvo a todos los ciudadanos vulnerados y proveerles un espacio confortable en donde pasar la tragedia. Hemos visto policías, soldados, bomberos y voluntarios demostrando coraje frente a la situación y empatía con los socorridos. Asimismo, de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), se ha trasladado a los albergues habilitados a más de tres mil personas, mientras se abren centros de acopio para el apoyo a los damnificados.

Ahora bien, la segunda tarea —la más difícil— es reconstruir. Y esto requiere no dejar las cosas como estaban, sino mejorarlas. Porque las muertes por este suceso natural, los damnificados y el cúmulo de pérdidas económicas, en buena medida, son el resultado de un estilo de desarrollo que normaliza la exclusión, la inseguridad y la pobreza de muchos: con la misma facilidad se muere por hambre o por frío que por dar a luz o por intentar migrar para buscar mejores oportunidades; que por una correntada de aguas, un deslave o una masa de lava y lodo. No hay un sistema de protección social que vaya más allá de la caridad ante la tragedia y promueva un piso de garantías sociales que evite estas muertes tan atroces como prevenibles.

Por eso es que, en esta segunda tarea, todos tenemos una gran responsabilidad. No se trata de gastarse sin sentido ni control los recursos públicos predestinados para estos eventos —Q195.1 millones asignados al día de ayer— para chapucear las escuelas y los puestos de salud que se habrán perdido. Tampoco se debe planificar un programa de viviendas idóneo, que termine sin concretarse porque los recursos solo alcanzan para maquillar las carreteras destruidas; o buscar que los sobrevivientes tengan un terreno para cultivar en la falda de otra montaña. Mucho menos que el Gobierno piense que ha cumplido su labor al entregar a la persona que perdió un familiar un cajón de pino donde acomodarlo.

No. Este desastre es la oportunidad para recordar la Guatemala que ambicionamos, esa en la que las personas no mueren por la furia esperable de un volcán, pero tampoco de hambre. En la que hay trabajo para el que levanta cenizas y escombros y también para el que es maestro, contador o ingeniero. Esa en la que los habitantes son ciudadanos responsables de los demás, en medio de los desastres, pero también en el día a día. Construir esa Guatemala, la diferente, requiere de un diálogo social que se traduzca en acciones económicas, políticas y éticas que den un nuevo rostro a nuestro futuro colectivo.

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El tiempo pasa y gran parte de quienes lideran la administración pública parecen estar desconectados de los objetivos públicos que deben perseguir o, en el peor de los casos, simplemente haciendo lo que más les conviene para sus intereses particulares.

Llame usted al Ministerio de Relaciones Exteriores, rector de las relaciones bilaterales o multilaterales de carácter político, social, cultural. Pregúntele si más allá del pésame están haciendo algo tras la muerte arbitraria de Claudia Gómez, o si tienen algún plan para reducir la migración de los cientos de menores no acompañados que cada día salen del país. No, no hay quien atienda, porque en este momento están concentrados en pensar cómo continuarán justificando internacionalmente su descontento con el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y buscando qué excusa darán para no renovar la visa de Iván Velásquez, jefe de dicha Comisión. También dedican tiempo a encontrar alguna justificación que fundamente la petición de pedir el cambio de los embajadores de Suecia y Venezuela, porque lo de la “soberanía” no suena bien cuando resaltan el apoyo recibido por congresistas de Estados Unidos. Es muy probable que continúen entretenidos armando alguna artimaña para, contrario a las leyes, evitar publicar los nombres de quienes financiaron el viaje a Israel encabezado por Jimmy Morales, su familia y un amplio séquito de funcionarios.

Qué tal si prueba comunicarse con el Ministerio de Energía y Minas —rector de la producción, distribución y comercialización de la energía y los hidrocarburos— y pregunte si están haciendo algo, aunque sea analizar, con respecto al incremento del precio de las gasolinas. Cuénteles que a usted sí le impresiona que haya días en que las gasolineras tienen el mismo precio, sin importar la empresa comercializadora y contrario a las ideas de “competencia y libre mercado” que tanto pregonan. Seguro una contestadora le dirá que si marca uno le explicarán por qué el país está perdido con el cierre de la Mina San Rafael; si marca dos, le pueden profundizar en esa idea basándose en argumentos poco técnicos. Si marca tres, regresa al inicio del menú.

Ahora intente hablar con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, entidad que vela porque se cumpla el régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país, así como el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Si le llegan a contestar no se extrañe escuchar el sonido del viento, es que les gusta andar en helicóptero. No le atenderán ningún reclamo sobre ríos contaminados o desviados. Ahora mismo están tratando de quedar bien con exesposas y alcaldes afines al partido oficial. Ni llame al Ministerio de Gobernación porque ahí están jugando a ser soldados, mientras en el de Salud están viendo cómo se traen al traste los logros del ministro anterior, y en el de Economía estudian los mensajes para que “tengamos fe” en los privilegios fiscales y plan para la prosperidad.

Finalmente, usted ya molesto se anima a llamar a la Presidencia de la República, quien debe velar porque la administración pública se desarrolle en armonía. Si tiene suerte le pondrán algún mensaje presidencial con risas grabadas. De lo contrario, espere alguna diatriba contra el Procurador de los Derechos Humanos o contra la Cicig; algún sermón mal dicho o un mala moraleja. En tres palabras: no hay gobierno, solo gente con poder para empujar sus propios y antisociales intereses.

El gobierno de Jimmy Morales y el partido FCN-Nación, al igual que el del partido Patriota, debe ser reconocido por los ciudadanos como una estructura criminal que ha cooptado el poder público por la vía de las urnas con el objetivo de impregnar su agenda —de corrupción e impunidad— en leyes, decretos, políticas, entidades públicas y espacios internacionales.

Las noticias y los procesos de investigación del Ministerio Público nos alertan que esta gavilla utiliza el poder conferido por el pueblo para conseguir ventajas económicas y penales, tanto para ellos como para sus aliados, por medio de bonos, negocios con la administración pública, exoneraciones de impuestos y cuotas de impunidad, entre otros. Todo esto mientras mezclan en su discurso un fundamentalismo religioso y militar rancio, con el objetivo de obtener cierta simpatía frente a la población menos reflexiva de un país con muy poca educación y mucha hambre. Mencionan a Dios en todos sus actos públicos, se regodean igual con la Alianza Evangélica de Guatemala que con los militares, a quienes les han dado prioridad en el presupuesto de la Nación.

Otros actores de esta estructura criminal son fuerzas oscuras que llevan a cabo campañas de desprestigio, con una narrativa propia de la guerra fría, contra movimientos y organizaciones sociales, medios de comunicación, jueces y fiscales, cooperantes, Procuraduría de Derechos Humanos y contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig). Las recientes muertes de líderes campesinos deberán ser investigadas en este contexto de polarización y violencia que el gobierno de Morales está cimentando.

Está siendo de gran ayuda para este gobierno, cierta parte de la élite empresarial que, por un lado, anuncia la puesta en marcha de programas de formación en transparencia y anticorrupción y por el otro le dan espaldarazos al gobierno ante acciones que reafirman su carácter antidemocrático, como el vergonzoso anuncio de pedir el retiro de los embajadores de Suecia y Venezuela. A esto se agrega el apoyo por Q15 millones que de manera ilícita le dieron algunos empresarios durante la campaña electoral.

A nivel internacional, desconocidos financian un trabajo de cabildeo en Estados Unidos, con dos objetivos: limpiar el sucio rostro al gobierno de Morales y manchar la labor de la Cicig. Los testaferros del primer cabildeo, por Q14.4 millones, fueron los diputados Jaime Regalado —ahora embajador en Nicaragua—, Óscar Quintanilla, Julio Lainfiesta y Fernando Linares Beltranena. Este último reconoció que el dinero provino de empresarios, pero no quiso dar sus nombres. Un cabildeo más reciente, también anónimo, por 960 mil dólares, ha permitido a Morales platicar 15 minutos con Donald Trump. Con el afán de ganar aliados el gobierno trasladó a Jerusalén la embajada de Guatemala en Israel, contrariando resoluciones de Naciones Unidas. Probablemente Morales quedará bien con Benjamín Netanyahu, el gobernante israelita, también señalado de corrupción, pero ha agregado más piedras al difícil camino hacia la paz entre israelíes y palestinos.

Hoy, la sociedad libra una batalla contra la corrupción y la impunidad. Los criminales están haciendo su esfuerzo para ganar, adentro y afuera de Guatemala. La gente honesta debe advertir todo lo que está en juego. Toca indignarse, tomar postura por la justicia, organizarse, salir a las calles, ayudar a construir una agenda colectiva e involucrarse en la vida política. El gobierno de Morales debe ser el último engendro nacido de la prostitución de lo público y lo privado.

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La lucha por las mejoras del Magisterio Nacional se puede leer desde diferentes perspectivas. Primero, en términos de derechos y reivindicaciones laborales, es justo el reclamo de los maestros, por lo menos de lo que se sabe hasta ahora: 5% de incremento al salario, un bono anual de Q2,500.0 y licencia de maternidad de 80 días.

Ahora bien, estas mejoras se exigen al mismo tiempo en que el Ministerio de Educación está retrocediendo en sus tasas de escolarización de educación primaria y sin que la sociedad conozca, de parte del ministro, si el incremento salarial es parte de una estrategia más integral —más y mejores instalaciones, libros y útiles escolares, alimentación y supervisión— para poder mejorar la calidad educativa e intentar llevar y retener en las aulas a los 4.1 millones de niñas, niños y adolescentes que hoy están fuera.

En términos políticos, el Magisterio Nacional siempre ha sido una fuerza que ha empujado la democratización. Sin embargo, y muy infortunadamente, llevamos muchos años de un liderazgo magisterial oportunista, que vende la fuerza del Magisterio al mejor postor —sea este Otto Pérez, Álvaro Colom o Jimmy Morales—, convirtiendo al movimiento magisterial en una masa que se mueve para buscar la aprobación de préstamos o para “demostrar” que gobiernos corruptos cuentan con su respaldo. Algo deben hacer los maestros para que también a su gremio le llegue la hora de cambiar rostros y formas para participar con legitimidad y crédito en la vida nacional.

En lo económico, si bien los salarios —aunque para nada exorbitantes— de los 134,000 trabajadores del Ministerio de Educación constituyen un motor que dinamiza el consumo en sus territorios y garantiza cierto bienestar material en miles de hogares guatemaltecos, en lo fiscal, cada aumento salarial, por mínimo que sea, obliga a buscar significativos recursos para su financiamiento. Ahora, en el Congreso se está debatiendo una ampliación al presupuesto de ingresos y gastos del Estado (iniciativa 5438), por Q961.8 millones, que permita este año financiar el costo del Pacto Colectivo del Ministerio de Educación. En ese sentido, la autoridades fiscales esperan que la baja meta de recaudación impuesta para este año sea superada, lo que seguramente se cumplirá con un excedente de aproximadamente Q1,500.2 millones. Sin embargo, las rigideces legales (destinos específicos) que tienen los ingresos tributarios, suman cerca de Q887.7 millones. Como resultado, los recursos que podrían utilizarse para la ampliación del presupuesto con el objetivo de financiar la mejora de sueldos, salarios y otros beneficios para los trabajadores y funcionarios del Ministerio de Educación serán aproximadamente Q612.5 millones, quedando pendientes de financiar Q349.8 millones.

Los maestros han decidido reiniciar las clases, tras tres semanas de haber cambiado las aulas por las calles y la Plaza de la Constitución, pero todavía no hay solución para sus exigencias. Para encontrar soluciones al reclamo magisterial, a pesar de la debilidad técnica y política del gobierno actual, esta coyuntura debería servir para lograr un Pacto educativo nacional de largo plazo, con un horizonte de 20 años por lo menos, con respuestas concretas para aumentar la cobertura, calidad y pertinencia educativa, mejorar la calidad de vida de los maestros, continuar su profesionalización, y acordar un plan de financiamiento. Este Pacto debería ayudarnos a comprender lo vital que son la educación y los maestros en la construcción de una sociedad democrática y con oportunidades para el desarrollo.

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Hoy asume en Costa Rica el gobierno que liderará Carlos Alvarado —Partido de Acción Ciudadana, PAC—. Estarán al frente los próximos cuatro años, con un plan de gobierno ofrecido a los ciudadanos, Creer y crear la Costa Rica del siglo XXI: compromiso país (188 páginas), que contiene los grandes retos del Estado y cómo los enfrentarán con la búsqueda de un crecimiento económico sostenible e inclusivo, la construcción de una mayor igualdad y un Estado más efectivo.

Las principales propuestas económicas están dirigidas a la estabilidad económica del país (control de inflación y tipo de cambio) y revertir la dolarización del sistema financiero. En materia de competitividad, el nuevo gobierno se ha impuesto extender la capacitación en idiomas extranjeros, impulsar la investigación científica y tecnológica, fortalecer el sistema nacional de empleo, promover la infraestructura pública, incentivar el sector de turismo, crear cooperativas y buscar su incorporación a los mercados internacionales, esperando atraer inversiones y potenciar las ventajas de cada territorio para el desarrollo de núcleos industriales, productivos y de servicios. También han propuesto asignar más recursos, financieros y tecnológicos, para la mejora de la seguridad comunitaria y la vigilancia aérea y marítima.

En lo social, entre las medidas más importantes está cumplir con la obligación constitucional de presupuestar el 8% del PIB para educación, y con ello extender la atención a la primera infancia, los planes de estudios de primaria y la educación para jóvenes y adultos. Asimismo, se han propuesto desarrollar obras de infraestructura y servicios culturales descentralizados, impulsar la creación de un régimen especial de aseguramiento para los trabajadores de la cultura y estimular los sectores culturales, entre ellos, la producción de contenidos locales y nacionales. El gobierno espera universalizar programas de protección para la población en extrema pobreza (5.7% de la población total), así como ampliar la cobertura del Régimen no contributivo de pensiones, y otras acciones para proteger a la población indígena, jóvenes y adultos mayores.

Al haber gobernado en el período anterior, las propuestas para la reforma del Estado plantean la continuidad de procesos: implementación de un sistema único de remuneraciones para compensar con justicia las cargas de trabajo y responsabilidades que existen en la Administración Pública, y vincular incentivos por desempeño al cumplimiento de objetivos institucionales. Además, buscarán avanzar en la ejecución del modelo de gestión por resultados.

En síntesis, el nuevo gobierno tiene un buen plan —que llevado a la práctica logrará que los costarricenses celebren el bicentenario en condiciones envidiables de desarrollo—, pero las finanzas públicas son su talón de Aquiles. Por ello, han anticipado medidas para controlar el gasto y aumentar los ingresos por medio de cambios al impuesto de renta y la transformación del actual impuesto de ventas en un Impuesto al Valor Agregado (IVA) con medidas para mitigar su regresividad.

No cabe duda que el gobierno electo llega con suficiente legitimidad —más del 60% de los votos en la segunda vuelta— para proponer estos cambios, pero solo con 10 de los 57 diputados que componen el Legislativo. Sin reforma fiscal únicamente se avizora deterioro social y económico. ¿Podrá Costa Rica lograr un acuerdo fiscal integral? No hay certeza. Sin embargo, con ese hecho se podrá evaluar, en 2022, la madurez y visión democrática de aquellos que ahora tomarán las decisiones políticas.

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El próximo 17 de julio se cumplirán 40 años de la salida de Nicaragua  del dictador Anastasio Somoza Debayle. Se fue en medio de las sombras de la madrugada, cargando maletas atiborradas de dólares y los cadáveres de su padre y su hermano. Pesaba sobre las espaldas de la “dinastía” Somoza —que regentó el Estado desde 1936— la construcción de una Nicaragua bipolar: masas de pobres explotadas para el beneficio de unos cuantos millonarios; la censura de los medios, la tortura y represión del pueblo y el intento de asfixiar cualquier oposición. Los Somoza también cargan con el alevoso asesinato (1934) de Augusto César Sandino, líder guerrillero que había logrado, meses antes, la salida de las tropas estadounidenses.

Como causa y efecto de aquella cadena de abusos surgió, en los años sesenta, una fuerza intelectual, político y militar cimentada en el legado nacionalista y antimperialista de Sandino. Este movimiento, cuyo nombre terminó siendo Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), logró derrocar a Somoza con el impulso de movimientos estudiantiles, obreros y campesinos, llevando al poder a una junta de Gobierno, formada por dos empresarios, Alfonso Robelo y Violeta Barrios de Chamorro, y tres sandinistas, Sergio Ramírez, Moisés Hassan y Daniel Ortega, este último con funciones de coordinador y presidente.

Algunos historiadores destacan que el gobierno sandinista liderado por Ortega, más que socialismo buscaba conciliar las diferencias de clases mediante una economía mixta, con libre mercado y un sector público con acciones en la economía. Esto requirió abanderar la alfabetización, hacer reformas que garantizaran la educación y salud gratuitas, la seguridad social y programas de lucha contra el hambre. En lo económico, el sandinismo emprendió una reforma agraria, la nacionalización de la banca, y tomó acciones para modernizar la economía: carreteras, hidroeléctricas y apoyos al rezagado sector industrial; en medio del bloqueo económico —Ronald Reagan—, el financiamiento de grupos armados antisandinistas, los “contras”, y un mayor desencanto entre el sector empresarial que había apoyado la salida de Somoza esperando conservar su poder.

En 1986, Salman Rushdie llegó a Nicaragua para el séptimo aniversario del triunfo sandinista. Sus reflexiones y conversaciones con los protagonistas de la revolución constan en el libro La sonrisa del jaguar. Un viaje a Nicaragua: Aparece el sombrero de Sandino, ícono de la revolución. Ahí resuena, entre los muros de aquella Managua lastimada, la consigna de Sandino: “Patria libre o morir”, los versos de Hasta que seamos libres, de Gioconda Belli, y las canciones de los Mejía Godoy.

Ortega hizo posible aquella revolución que apasionó a obreros, campesinos, poetas, políticos y estudiantes nicaragüenses y de todo el mundo. Desde que regresó al poder (2006) está siendo su verdugo: manteniendo un contubernio con las élites más rancias de Nicaragua y Centroamérica, convirtiendo lo público en su negocio particular, ensuciando elecciones para mantenerse en el poder, reprimiendo las protestas y cerrando medios de comunicación.

Pero Sandino continúa dando frutos y una nueva revolución se acerca: en estas últimas semanas, el pueblo nicaragüense está en las calles, como tantas veces en su historia, luchando por su libertad. Los jóvenes han tomado el liderazgo: Al principio pedían dar marcha atrás a las nocivas reformas a la seguridad social. Ahora, después de la violencia de Estado, exigen la salida de Ortega. Cuarenta años después, Ortega y Somoza parecen tener el mismo rostro.

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Hay una élite económica mafiosa en Guatemala cuyo poder político, desde la colonia, es como un río subterráneo que siempre está corriendo —con nuevas aguas e inmundicias— y socavando los débiles pilares que sostienen la democracia y el desarrollo.

En los tiempos modernos esa élite rancia ha boicoteado el juicio por genocidio llevado a cabo contra Ríos Montt, recordándonos que aquel fue su aliado, su mayordomo, y que a pesar de haber sido un rebelde debían ayudar tanto como cuando le ofrecieron sus aviones y sus fincas para la guerra sanguinaria contra el pueblo, y sus conexiones políticas y empresariales para terminar con el aislamiento internacional. Después, la paz les pareció buen negocio porque, en contubernio con Arzú, terminarían reconfigurando el Estado para hacerlo efectivo en la garantía de sus particulares privilegios, y desmembrando el sector público para repartirse sus mejores partes: telefonía, electricidad, banca, educación, salud, seguridad, entre otras.

La oligarquía también ha obstaculizado reformas constitucionales en pro de la igualdad, reformas fiscales para contar con una administración pública más efectiva frente al reclamo social y menos dependiente de ellos. Ahora financian cancerberos, en las redes y en sus medios de comunicación, que ladran contra cualquiera que les critique o a quien abogue por los derechos humanos, la justicia y la memoria histórica. Defendieron a Otto Pérez tanto como pudieron; le han dicho públicamente a Jimmy Morales que es un estadista, que no es un político corrupto. Hablan maravillas de Honduras y Nicaragua, países en donde han encontrado estabilidad para hacer negocios; importándoles poco la violencia, la corrupción y el autoritarismo que sustenta estos modelos.

El financiamiento electoral ilícito proveniente de estos grupos de la élite empresarial —al igual que la captura de instituciones públicas, su desmesurada influencia mediática y el conflicto de intereses— es una de las corrientes más importantes de ese río subterráneo de poder privado que hasta ahora no había sido escudriñado por instituciones democráticas, y que les ha permitido organizar un modelo de crecimiento económico concentrador de la riqueza y sin interés por el bienestar social. El río no ha sido tan visible para los ciudadanos, pero sus consecuencias sí: pobreza, desempleo y bajos salarios, desigualdad, privilegios fiscales, impunidad y un sistema político y electoral corrompido.

Un grupo de estos empresarios se ha disculpado públicamente. Es de suponer que no son ni los únicos que han estado involucrados ni son los más deshonestos. Otros estarán accionando para que el Congreso les otorgue impunidad ante estos actos, mientras los peores estarán aconsejando a Jimmy Morales para que «resista» y aúnen todas las fuerzas que les quedan —políticos, sindicalistas y militares investigados por hechos de corrupción y violencia— para detener a cualquier precio la lucha contra la corrupción.

Más allá de las disculpas, lo cierto es que el río subterráneo de poder privado continúa ahí. Secar ese río de inmundicias requiere que los amos permitan a la justicia conocer sus caminos y desembocaduras. ¿Estos empresarios arrepentidos estarán dispuestos a algo así? Secar el río demanda definir un marco institucional que fomente un poder político democrático, mejor distribuido y más representativo; y lograr que el Estado sea el único financista de los partidos, para evitar su prostitución y fomentar organizaciones formales, transparentes, diversas en ideas y con capacidad de diseñar y plantear planes de gobierno.

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La participación ciudadana en la consulta popular celebrada el pasado domingo, en torno al 25% del padrón electoral, revela el poco interés que despierta en los guatemaltecos la discusión de un tema importante para la gobernabilidad, el orden y la paz del país, de Belice y de Centroamérica. No es de extrañar la apatía ciudadana, pues los problemas que aquejan a la mayoría, esos de los que se platica en cada reunión familiar —inseguridad y violencia, desempleo, impunidad y corrupción, entre otros-, no están siendo tratados por quienes toman decisiones al administrar lo público.

Si efectivamente la consulta popular costó Q300 millones, esto representa tres veces el presupuesto que el Estado destinará a la educación diversificada en 2018, un nivel educativo que solo llega a cubrir a uno de cada cuatro adolescentes con edad para cursarlo. ¿Quién decidió por qué es más importante invertir en una consulta popular que utilizar los recursos para ampliar la cobertura educativa, reestructurar el enfermo subsistema de salud pública o atender los problemas de violencia e inseguridad?

No se trata de estar en contra de este proceso político. Más bien, ahora que ya pasó, el mismo permite comprender la poca madurez política, no de los ciudadanos, sino de quienes toman decisiones, y abre la puerta para reconocer que la transición democrática en Guatemala es algo inconcluso. Antes de proponerle a la ciudadanía responder sobre temas que le son tan abstractos y lejanos (quizá no lo sean tanto para quienes viven en la frontera con Belice), el Estado debe procurar que la participación ciudadana, como el voto, se haga con el estómago y la cabeza llenos, el primero de alimento, el segundo de conocimientos sobre historia, cultura, derechos y democracia.

Democracia no significa únicamente que los ciudadanos sean convocados a las urnas periódicamente. La democracia, la que pone al centro al ciudadano para decidir el rumbo de la organización social, política y económica se sustenta, además de en el voto, en la persecución de la igualdad y el bienestar de todos, mediante el trabajo, el ingreso mínimo de cada persona para subsistir, la protección social y la universalización de bienes públicos tales como la educación, la salud y la justicia.

Para concluir la transición hacia la democracia en Guatemala se deben cortar instituciones que hoy marcan la vida del país para dar paso a nuevas: el racismo y la discriminación deben cambiarse por la solidaridad y la igualdad; la persuasión, mediante la fuerza y el poder económico y mediático —un ejemplo actual es la campaña a favor de la minería—, por el consenso y la persuasión democrática; del estado de bienestar residual actual que permite miseria, ignorancia y migración forzada, hacia un sistema de protección social que se fundamente en la igualdad y aumente la eficiencia económica; de un modelo de negocios corporativista, que beneficia principalmente a corruptos, a un modelo que asegure, mediante el mercado y el Estado la satisfacción de las necesidades de la población, cuide su ambiente natural y, mediante el control social, ceda al mercado la asignación de recursos, pero garantizando los derechos de las personas y comunidades.

Finalmente, una democracia más integral requiere de un sector público efectivo, bien financiado, transparente y blindado ante cualquier intento de captura. Solo así podrá cumplir las funciones que promueven identidad nacional, legitimidad política y certidumbre, mediante políticas de crecimiento económico, política fiscal, protección social y gobernabilidad democrática.

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Hoy llegará la caravana de migrantes a la Ciudad de México, marcha que, con el apoyo del grupo Pueblo Sin Fronteras, intenta por quinto año visibilizar el drama que conduce a una migración ilegal hacia Norteamérica. Los participantes —entre mil y  mil 500, según noticieros mexicanos— iniciaron su viaje en Tapachula, el pasado 25 de marzo, y en su mayoría provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras, Estados en los que se concentra el 80% de los pobres y el 85% de los pobres extremos de toda Centroamérica; con tasas de homicidios por cada cien mil habitantes que en 2017 fueron de 32 para Guatemala, 42.7 para Honduras y 60 para El Salvador.

Los participantes en la caravana exigen su derecho a un trabajo digno y a ser tratados como refugiados al partir de sociedades violentas y excluyentes. No desean privilegios fiscales, solo quieren utilizar sus fuerzas y conocimientos para garantizar el bienestar de sus familias. También reclaman el fin de la corrupción e impunidad en sus naciones, y acabar con la violencia contra las mujeres y con el reclutamiento de adolescentes y jóvenes por las maras. Al Gobierno de Estados Unidos le piden terminar con los abusos y la represión contra los inmigrantes y que cesen las deportaciones que destruyen familias y sueños.

Sin embargo, el rumbo de la política de migración estadounidense parece tener como objetivo un trato más duro hacia los migrantes ilegales. En la última década, el presupuesto de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos se ha casi duplicado. En 2017 alcanzó los USD3,805.2 millones, equivalentes a 12 veces el presupuesto destinado a la cooperación que este país envía hacia los tres países del norte centroamericano. Con esto la Patrulla Fronteriza mantuvo 16,605 agentes concentrados en la frontera sur de los Estados Unidos; es decir, el 85% del total de agentes que laboran en esta institución. En 2017 fueron detenidas 71,145 personas provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, por cruzar la frontera de forma ilegal. Lo más preocupante es que de este total, 31,754 fueron menores migrantes no acompañados. Aunque este número es inferior a los 51,705 menores que fueron detenidos durante 2014, la cifra sigue siendo apremiante y da muestra de la difícil situación que se vive en estos países centroamericanos.

Por otra parte, la intención de construir un muro fronterizo, el anuncio de terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador —con lo que 200 mil salvadoreños enfrentan la posibilidad de deportación—, y el discurso del presidente Trump obligan a pensar que la posibilidad de solución por medio de una reforma migratoria es poco probable.

En todo caso, la “caravana de migrantes” debe ayudar a todos los Estados involucrados a reflexionar sobre las condiciones que generan la migración y el trato que reciben los migrantes en su intento de buscar una vida digna. Estados Unidos debe comprender que el muro y el cierre de fronteras serán políticas costosas e inefectivas. Sería más barato y efectivo apoyar esfuerzos para que Guatemala, Honduras y El Salvador avancen en la implementación de agendas concretas de nación para cumplir metas —como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030— que eleven el bienestar social y consigan un sólido e inclusivo crecimiento económico. Los empresarios, los trabajadores y los ciudadanos de estos países deben tomar conciencia de que sin reformas profundas y democratizadoras en lo económico, lo fiscal y lo político es imposible pensar en sociedades exitosas y competitivas, y tampoco en disminuir la migración forzada.

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Las bebidas azucaradas —gaseosas, jugos empacados, atoles líquidos y algunas presentaciones de leche— tienen un efecto nocivo para la salud, además del aumento de peso. Estudios publicados en revistas científicas especializadas muestran que estas bebidas aumentan el riesgo de obesidad, diabetes, síndrome metabólico, caries e hipertensión. Un estudio clínico realizado en la Universidad de California Davis refiere que las bebidas endulzadas con jarabe de maíz, de alta fructuosa, aumentan en la sangre el porcentaje de partículas que contienen “colesterol malo”, incrementando los niveles de ácido úrico y riesgo de enfermedades cardiovasculares. En Estados Unidos, las bebidas azucaradas han sido responsables de al menos dos millones de casos nuevos de diabetes en los últimos 10 años.

Un reciente trabajo realizado por investigadores de la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala (Unicar) advierte de que el país enfrenta una doble carga de malnutrición, al convivir en los hogares altos grados de desnutrición y obesidad. De acuerdo con el estudio, se estima que el 37% de los adolescentes guatemaltecos tienen sobrepeso u obesidad; el 80% consume aguas gaseosas por lo menos un día a la semana. Asimismo, el consumo más alto se da en hogares pobres, en aquellos con menos acceso a agua potable, y en las escuelas públicas.

Tomando la información proveniente de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2014 y utilizando el Sistema Casi Ideal de Deaton —metodología que calcula elasticidades controlando las diferencias en la calidad de los bienes—, los investigadores de Unicar determinaron, entre otras, tres conclusiones valiosas para el debate nacional. Primero, la bebida en la que más gastan los hogares pobres y no pobres son las gaseosas. Segundo, un aumento del 10% en el precio de las gaseosas disminuiría su consumo en un 13.9%. Tercero, los resultados sugieren que la implementación de un impuesto a las bebidas azucaradas reduciría su consumo, especialmente de bebidas gaseosas.

Muchos países han tomado este camino para reducir el nocivo consumo de bebidas azucaradas, por lo que existe mucha evidencia a favor de un impuesto con tal objetivo. Por ejemplo, en México se puede constatar que el 100% del impuesto (1 peso por litro) recayó sobre el consumidor, lo que explica la caída en la demanda de estos productos, que se redujo entre un 6 y 12%. También se constatan reducciones en la prevalencia de obesidad.

Nueve estudios relacionados con la aceptabilidad de la medida —resumidos en una publicación de la revista Medwave, 2017. Septiembre/Octubre—, reportan niveles de apoyo a una medida fiscal sobre las bebidas azucaradas, que van del 36 al 60% de la población en general. Al estudiar la opinión de los actores involucrados, principalmente tomadores de decisión, la aceptación baja un poco respecto de la opinión general. Estos actores adujeron la necesidad de contar con estudios que profundicen en los impactos de dicha medida, sobre la economía, el empleo y la salud.

En Guatemala está vigente un impuesto a la distribución de bebidas. Desafortunadamente este impuesto no busca disminuir el consumo de bebidas azucaradas como estrategia de salud. Toca estudiar cómo implementar un impuesto para reducir el consumo de estos dañinos productos, pudiendo lograr otros dividendos como una recaudación destinada a mejorar el acceso a agua potable, fortalecer la salud pública y apoyar la reconversión de la industria de bebidas azucaradas hacia alimentos más sanos, buscando garantizar la inversión y los empleos de este sector.

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Los Estados centroamericanos han establecido en sus constituciones el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, han firmado y ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), entre otros muchos instrumentos de derecho internacional tales como convenios, pactos, tratados y planes de acción, relacionados con esta materia.

Para concretar los compromisos asumidos, los Estados del Istmo han desarrollado un marco legal e institucional enfocado en la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y, específicamente, de los derechos de las mujeres. Sin embargo, en la práctica, mujeres centroamericanas, por el hecho de ser mujeres, continúan siendo discriminadas en todas las esferas de su vida: económica, social, cultural, civil y política. Estas manifestaciones, que abarcan los ámbitos público y privado, y se acentúan en mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y en condiciones de pobreza, además de deteriorar o anular el disfrute de sus derechos, tienen un efecto negativo en toda la sociedad.

Las observaciones realizadas en los últimos diez años por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, a pesar de revelar algunos avances, hacen hincapié en la necesidad de continuar mejorando el marco legal para que este incorpore ampliamente y prohíba todas las manifestaciones de discriminación contra la mujer. Asimismo, advierte sobre el poco conocimiento y compresión que la sociedad centroamericana tiene sobre los derechos de las mujeres, lo que dificulta cambiar actitudes estereotipadas y normas culturales que asignan roles en función del género, dentro de la familia, en el lugar de trabajo, y en la vida política y social. Evidencian también la obligación de modernizar las instituciones públicas para que respeten y garanticen los derechos de las mujeres.

Afortunadamente, dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 asumida por los Estados centroamericanos se han establecido metas que giran en torno de la construcción de sociedades basadas en la igualdad de género: desde la eliminación de prácticas nocivas y violentas, hasta el acceso a recursos económicos (tierra, herencias, crédito), pasando por empleo y educación, igualdad de oportunidades, derechos reproductivos, protección social y responsabilidades compartidas en el hogar y la familia.

Concretar las recomendaciones y los objetivos de desarrollo mencionados anteriormente, requerirá de una profunda reforma estructural de la política fiscal, siendo esta la columna vertebral que sustenta y expresa el proyecto de nación y el modelo de sociedad. Al hacer referencia a una política fiscal feminista, se asume que las decisiones, políticas y económicas, que definen el diseño, la ejecución y la evaluación de las acciones del Estado, la forma de recaudar los impuestos, ejecutar el gasto público y los mecanismos para rendir cuentas a la ciudadanía, obedecen a la búsqueda de una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres.

Una política fiscal feminista busca, mediante la justicia, elevar el bienestar de la sociedad en su conjunto desmantelando todas las formas de poder basadas en la exclusión. Asimismo, precisa reconocer la indivisibilidad del desarrollo tanto de las mujeres como de los hombres, con el progreso de su hogar, su familia, su comunidad, las empresas y, en general, el medio económico, político y natural en que se enmarca.

Lograr una fiscalidad feminista no es una tarea fácil, pero es urgente si se ambiciona una democracia plena.

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Hoy, Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, llegará al Congreso de la República para aclarar al Pleno si participó en una manifestación llevada a cabo el pasado 8 de marzo. Según el juicio de los siete diputados que han firmado la moción para exigir la presencia del ombudsman, esta procesión —llamada por sus organizadoras, “de la poderosa vulva”— irrespetó la religión católica al satirizar un desfile religioso.

Este grupo de diputados está compuesto por Delia Bac, Javier Hernández, Estuardo Galdámez, Luis Hernández Azmitia, Felipe Alejos, Marco Pineda y Julio Lainfiesta. Entre estos hay tránsfugas, contratistas del Estado, acusados de diferentes delitos: intentar sobornar a periodistas, violencia, coacción y tráfico de influencias. Además, hay un cabildero del pacto pro impunidad en Estados Unidos, y seis aprobaron, en septiembre de 2017, las reformas en favor del financiamiento electoral ilícito y la conmutación de penas, que les favorecían a ellos y a su camarilla.

Si fueran tan devotos, seguramente llevarían existencias más apegadas a los principios cristianos, como ordenan los mandamientos. Sin embargo, su vida pública no da cuenta de esto. Más bien parece ser que ese rancio fervor católico es la fachada para intentar destituir a un procurador que les ha sido incómodo al hacer de la mejor manera posible el entrampado trabajo que la Constitución de la República le manda: “la defensa de los derechos humanos”. En particular, puede ser que estos diputados, y los 85 que votaron a favor de la citación del procurador Rodas, estén intentando cobrarle la defensa de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en particular, del comisionado Iván Velásquez, y la denuncia de acciones gubernamentales que limitan o violan los derechos de los ciudadanos.

En todo caso, aún los más viles, depravados y corruptos diputados tienen la potestad legal para cuestionar al procurador, incluso para solicitar al Pleno la cesación de sus funciones, lo que no tienen es legitimidad. Además, en el ámbito legal, resulta que han viciado el proceso que requiere, antes de llevar la discusión al Pleno, un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso —en la que participan todos los partidos políticos—, fundamentando las causas para pedir la remoción del procurador. Estas pueden ser: incumplimiento de sus funciones, participación material e intelectual en actividades de política partidista, ausencia inmotivada del territorio nacional por más de 30 días consecutivos, haber sido condenado en sentencia firme por delito doloso, o incurrir en incompatibilidad conforme lo previsto en la ley. Ninguna causa que pueda fundamentarse en este momento.

La Conferencia Episcopal de Guatemala ha dicho que parece sospechosa, mal intencionada e incorrecta la manipulación de los hechos del pasado 8 de marzo, alentada por algunos diputados firmantes del Pacto de Corruptos, probablemente con el fin de acallar una voz que por razón de

su cargo tiene prestigio y autoridad. De cualquier forma, algunos inocentes, sorprendidos en su buena fe y en su ignorancia, han firmado una petición —casualmente organizada de forma anónima— para exigir al Congreso la destitución del procurador. Un espectáculo tan inverosímil como encontrar ovejas limándoles los colmillos a los lobos.

Si los lobos consiguen 105 votos, se desharán del procurador Rodas y tendrán un actor menos en contra de sus fechorías. Los diputados no lo hacen por devoción —a menos que sea la devoción de los lobos— sino por el Pacto, el de corrupción e impunidad.

Hace algunos días terminé de leer Precariado. Una carta de derechos, de Guy Standing, profesor de la Universidad de Londres. Standing desarrolla una definición sobre lo que considera una nueva clase social, el precariado, caracterizada por la inseguridad crónica y con derechos cada vez más limitados. He aquí doce preguntas para que usted evalúe si es parte de esta clase social.

1) ¿Tiene usted un empleo inseguro; es decir, con un contrato de trabajo por tiempo definido? 2) ¿Ha pasado o está pasando por un período largo de desempleo (más de seis meses) buscando trabajo, pero sin encontrarlo? 3) ¿Ha necesitado la ayuda económica (préstamos o donaciones) de familiares y amigos para subsistir mientras encuentra empleo? 4) ¿Experimenta la sensación de que todo en su vida laboral es temporal? 5) ¿Por necesidad, ha tenido que tomar empleos impredecibles, “de lo que sea”, alejados de su profesión? 6) ¿Su patrón le exige trabajar tiempo extra sin remuneración? 7) ¿Trabaja sin derecho a seguridad social, vacaciones pagadas, aguinaldo y bono 14? 8) ¿Trabaja por un sueldo menor al salario mínimo? 9) ¿Factura por su trabajo, ocultando la relación de dependencia que tiene con su patrono? 10) ¿Piensa que su situación económica no mejorará en los próximos dos o tres años? 11) ¿Está sobrecalificado para el trabajo que ha tenido o tiene? Y, finalmente, 12) ¿Carece de ahorros o algún seguro para enfrentar más de dos meses de desempleo?

Si respondió afirmativamente a seis de las doce preguntas planteadas, entonces usted es parte del precariado guatemalteco, el cual es resultado, en buena medida, de las políticas neoliberales que han puesto en marcha un Estado ambivalente: débil cuando deja a la mano invisible —al “libre” mercado— todo lo relacionado con el bienestar de las personas (salud, nutrición, educación, vivienda, seguridad, empleo, prestaciones laborales), y fuerte para regular la vida de las empresas más grandes o de aquellas cercanas al poder político: otorgándoles privilegios fiscales, disminuyéndoles los salarios de los trabajadores, buscándoles nuevos mercados en el exterior o garantizándoles su poder de monopolio.

Romper con la nociva tendencia a precarizar a los trabajadores y, por ende, a sus familias, requiere redefinir el mercado laboral, garantizar el derecho a trabajar y el rol del Estado en su cumplimiento. Standing propone una carta de derechos, con 29 artículos, para poner fin al precariado. Entre los que mejor se adecuan a nuestra realidad están el reconocimiento a todas las formas de trabajo, incluidos aquellos no remunerados relacionados con la reproducción y el cuidado familiar. Asimismo, fortalecer la negociación colectiva y colaborativa; rechazar la pérdida de derechos laborales; promover una protección social moderna y universalista; desmercantilizar la educación y la política, para enseñar empatía y no oportunismo; poner fin a los subsidios que fomentan la caridad en menoscabo de la acción pública para el bienestar social, y avanzar hacia una renta básica universal. Estos cambios requieren de un Estado con políticas públicas bien definidas y financiadas, con objetivos y resultados claros, y con una tributación justa y equitativa.

Si puede envíeme su respuesta a las doce preguntas planteadas para seguir tratando este tema y haga que su enojo e indignación por esta realidad se transforme en valentía. Las personas en el precariado no son una masa sin esperanza: son una fuerza social para el cambio, con potencia para empujar una agenda de nación que elimine la incertidumbre laboral y defienda la igualdad.

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El próximo jueves, 8 de marzo, se conmemorará el Día Internacional de la Mujer. Este día sirve para hacer un homenaje a las mujeres, hermanas e hijas, madres y abuelas, maestras y estudiantes, obreras y científicas, profesionales y cuidadoras, políticas y empresarias que al luchar por sus derechos, han promovido las garantías de todos a tener voz y voto, educación y salud, vivienda, trabajo, tierra, justicia y seguridad social, entre otros. También es vital para reivindicar el derecho a la igualdad, contrario a los patrones patriarcales y machistas que continúan fijando formas de comportamiento, de pensar y de actuar, así como tipos de educación, trabajo y recompensa según seamos hombres o mujeres.

En Guatemala, esta rancia forma de ver el mundo ha provocado que la mayoría de mujeres terminen participado en la economía, aportando sus conocimientos y sus fuerzas sin remuneración, pesando sobre sus espaldas el sistema de protección social para la reproducción y el cuidado del hogar. Solamente en 2014, el trabajo no remunerado representó el 18.9% del producto interno bruto (PIB) y el 80% es atribuible a las mujeres. En el caso de las tareas domésticas realizadas por niñas, niños y adolescentes, la participación de las mujeres es más del doble que la de los hombres, y el trabajo femenino en el hogar no disminuye, aun cuando ellas también laboren en alguna actividad económica fuera del hogar.

En la actualidad, más de dos millones de niñas y adolescentes se encuentran fuera de la escuela, constituyendo el 52% de la población excluida de la educación y reforzando el círculo vicioso entre matrimonios prematuros, poca educación formal, muerte materna por causas prevenibles y pobreza. En ese sentido, las estadísticas oficiales advierten de que, en 2014, la pobreza y pobreza extrema afectaban al 71% de las mujeres en la primera infancia, al 68.2% de las niñas y al 64.3% de las adolescentes. Por su parte, en el mercado laboral guatemalteco, siete de cada diez mujeres trabajan en la informalidad, desprovistas de contrato de trabajo, prestaciones o seguridad social, mientras su salario es, en promedio, 14% menor que el de los hombres. Así, no es de extrañar que tres de cada cuatro hogares en pobreza extrema estén encabezados por una mujer, principalmente maya, xinka o garífuna.

En el ámbito de la salud, entre enero y junio de 2017, se inscribieron 34,685 infantes cuyas madres tenían entre 15 y 19 años de edad. Además, existen numerosos registros de niñas y adolescentes casadas de manera forzosa con sus violadores o dejadas bajo su tutela y fuera de la escuela. Sobre la mortalidad materna, baste decir que el 92% pudo ser evitable con aumentos de cobertura y mejora en la calidad de los servicios de salud. Estas estadísticas tienen sentido al observar las bajas inversiones públicas en las mujeres. Entre 2007 y 2014, por cada quetzal que el Estado ejecutó en un hombre, invirtió 88 centavos en una mujer. La muerte de las niñas del Hogar Seguro también es reflejo de un Estado misógino.

En lo político, como efecto de las barreras antes explicadas, las mujeres ocupan pocos espacios de poder. Por ejemplo, nunca ha habido una mujer presidiendo el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales y Financieras (Cacif) o el organismo Ejecutivo; solamente hay 9 alcaldesas de 340 municipalidades y 26 diputadas de un total de 158 curules.

Las mujeres juegan un papel central en la sociedad. Este 8 de marzo sumémonos, alcemos la voz, movilicémonos en favor de la lucha política por la igualdad y seamos consecuentes con nuestras acciones.

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Transparencia Internacional ha publicado recientemente la edición número 25 de su índice sobre la percepción de la corrupción (IPC). El estudio, que comprende la evaluación de la percepción de la corrupción en 180 países, se basa en diversas fuentes de datos que registran indicadores de gobernanza, ambiente de negocios y apreciaciones de expertos.

Siendo la corrupción un fenómeno que supone el ocultamiento deliberado de actividades ilícitas, las percepciones sobre la corrupción, en buena medida, son el resultado del conocimiento que los ciudadanos obtienen a partir de escándalos, investigaciones —académicas o propias de los órganos de investigación judicial—, y procesos judiciales. De acuerdo con este IPC, Guatemala —con un punteo de 28 sobre 100— es el cuarto país con mayor percepción de corrupción en América Latina y el Caribe, solo superado por Nicaragua, Haití y Venezuela. A nivel global, Guatemala está entre los 40 países con mayor percepción de la corrupción.

En contraste, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, Singapur y Suecia ocupan las primeras posiciones en el ranquin global. Estas naciones han logrado obtener a lo largo del tiempo, punteos en el IPC que oscilan entre 84 y 92 puntos sobre 100. Lo primero que tienen en común es que en estas naciones hay un sistema económico y social que eleva el bienestar de toda la población, que genera igualdad. Esto dota a los ciudadanos de una sólida identidad social, les proporciona confianza sobre su entorno y, en especial, sobre la justicia, lo que favorece su participación en la comunidad.

Estos países también comparten cuatro elementos en su lucha anticorrupción. Primero, la transparencia en la gestión de la administración pública, aunada a una constante veeduría ciudadana sobre la relación entre actores públicos y privados. Segundo, la institucionalización de la ética por medio del sistema educativo y, puntualmente, en la construcción de una cultura de servicio civil basada en el respeto de la ley. Asimismo, son Estados que cuentan con marcos legales y de conducta que indican a las personas y empresas cómo actuar para evitar actos de corrupción (conflictos de intereses, tráfico de influencias, fraude, entre otros).

Tercero, una administración pública con controles precisos para lograr el buen funcionamiento de la administración pública y una fiscalización efectiva sobre la utilización de recursos públicos, realizada por contralorías de cuentas, procuradurías de derechos humanos u oficinas anticorrupción. En ese sentido, la institucionalidad pública anticorrupción es el cuarto elemento. Esta puede tomar la forma de agencias independientes o unidades específicas dentro de las fiscalías generales, teniendo como fin investigar y llevar ante la justicia cualquier hecho de corrupción.

En Guatemala, la lucha contra la corrupción aún está en una primera fase, la de conocer los casos y enfrentarlos ante la justicia. Sin embargo, consolidar una cultura que desprecie y castigue la corrupción requiere avanzar en reformas profundas: un piso de protección social que aleje a todas las personas de la incertidumbre y les garantice una ciudadanía social; reparar y mejorar el sistema de justicia y el servicio civil; políticas que mejoren la gestión y transparencia de los asuntos públicos; institucionalizar el rol de la ciudadanía, fortalecer el papel de la Procuraduría de Derechos Humanos y modernizar la Contraloría General de Cuentas. La tarea no es sencilla, requiere una reforma fiscal, y por consensos ciudadanos y políticos. Por ello es vital comenzar ahora.

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La Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 20 de febrero como el Día de la Justicia Social, con el objetivo de valorar los esfuerzos de las sociedades en la lucha contra la pobreza y el desempleo, la discriminación y la desigualdad social. Pero también para reconocer que todas las personas —ciudadanos, trabajadores, empresarios y gobernantes— tenemos el urgente compromiso de construir un modelo económico y social, basado en principios de justicia, igualdad y sostenibilidad ambiental.

Esa sociedad más justa se respalda en tres pilares. Primero, un crecimiento económico que fomente la transformación tecnológica, la inversión privada y el pleno empleo, con salarios que garanticen el bienestar de todos los hogares y una mejor distribución de la riqueza. Otro elemento vital es la protección del ambiente natural y el derecho de las comunidades a decidir qué hacer con los recursos naturales.

El segundo pilar está relacionado con la construcción de la igualdad, lo que se puede lograr, en buena medida, protegiendo, garantizando y promoviendo los derechos individuales y colectivos. Esto significa la provisión universal de bienes y servicios públicos con pertinencia, tales como la salud y el saneamiento ambiental, la educación, la seguridad social, la vivienda y la justicia; pero también requiere la puesta en marcha de políticas económicas y sociales que garanticen el empleo, la igualdad de género, étnica y de territorio, la participación política, la libertad de pensamiento, de expresión y de culto.

El tercer pilar está relacionado con el mantenimiento de una administración pública efectiva. Esto significa, instituciones públicas laicas y democráticas que cumplan su misión en función del bienestar social y de su mandato constitucional y, como consecuencia, diseñan, planifican, ejecutan, evalúan y rinden cuentas para y con los ciudadanos. Garantizar este pilar requiere un servicio civil profesionalizado e independiente de los cambios de gobierno; así como de partidos políticos que representen la voz de los ciudadanos, sin financiamiento ilegítimo, que cuenten con personas probas y aptas para gobernar, y con planes de gobierno técnicos, sustentados en metas, resultados medibles y un plan fiscal que los concrete. Otro elemento importante lo constituyen las instituciones de justicia, de regulación económica, la controlaría y la administración de las finanzas públicas. Si estos organismos del Estado fallan o están capturados por intereses particulares, se debilita la gobernabilidad democrática y se pierden los equilibrios políticos que consiguen concretar la justicia social.

El Estado guatemalteco está muy lejos de perseguir este fin. Por citar algunos ejemplos, cerca de un millón de niños menores de cinco años padecen desnutrición, más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes no asisten a la escuela, mientras el Congreso discute sin rigor técnico más privilegios fiscales. El 67 por ciento de los asalariados carece de contrato de trabajo y ocho de cada diez no tiene acceso a la seguridad social. Todo esto en un contexto de corrupción, cada vez más visible, en la administración pública.

Hoy es un buen día para recordar que estamos obligados, desde nuestros ámbitos de trabajo, a reformar totalmente la sociedad en la que sobrevivimos. La justicia social es un factor determinante para la identidad nacional, la paz y la democracia, al convertirse en certidumbres: trabajo y comida en la mesa, hijos educados y sanos, abuelos con pensión, oportunidades lícitas de negocio y promoción de la diversidad, entre otras.

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El pasado 1 de febrero, la canciller Sandra Jovel sostuvo una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, señor António Guterres. De acuerdo con la ayuda de memoria, elaborada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (MInex) —y publicada por elPeriódico el 5 de febrero—, en dicha reunión la canciller expresó que “Guatemala apoya la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) pero no al comisionado Velásquez”.

A lo largo de la reunión, de acuerdo con dicha ayuda de memoria, la canciller Jovel, el embajador Jorge Skineer-Klée, representante permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Estuardo Roldán, hicieron una defensa oficiosa de por qué están en contra del comisionado Iván Velásquez. La señora Jovel habló de extralimitación de sus funciones, de violaciones a los derechos humanos de los sindicados y de la minimización de las instituciones del sector justicia, al tiempo que aseguró que el presidente Morales ha estado en la primera línea del combate contra la corrupción. ¡Por favor!

El embajador Skinner-Klée, por su parte, destacó que no existe supervisión de la labor del comisionado Velásquez y que este ha hecho una estigmatización de las personas sindicadas, dando a entender que hay un enfoque especial hacia personas con pensamiento de centro-derecha; mientras el vicecanciller Roldán ha afirmado que el impacto de la Cicig ha sido negativo en la economía nacional, teniendo un impacto perjudicial en el producto interno bruto. ¿Qué estudios tiene el vicecanciller Roldán para decir esto?

Puesto que estas declaraciones no las brindaron a título personal y tomando en cuenta que estos funcionarios reciben un salario y viajan con los impuestos que pagamos, lo menos que podemos exigirles es que publiquen los documentos técnicos, informes u otros elementos que den sustento a las afirmaciones realizadas ante el secretario general de las Naciones Unidas. El día de ayer hice al Minex la petición de esta información por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública.

¿A quién beneficia el discurso anti Iván Velásquez que la canciller Jovel y sus acompañantes han llevado a Naciones Unidas? Voceros de quién son estos funcionarios que manejan un discurso similar al que pronuncian el presidente Morales, Otto Pérez, Mauricio López, Roxana Baldetti y otros muchos implicados en los casos de corrupción que hoy se investigan. Muy parecido también al discurso del alcalde Álvaro Arzú y del diputado Felipe Alejos, aunque estos dos últimos con tonos de más odio e incitación a la violencia. Voceros de la impunidad y del pacto de corruptos.

En el pulso por la impunidad, debemos tener por seguro que no solo está el discurso sino el intento de capturar totalmente diversas instituciones públicas, tales como la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la Nación, la Universidad de San Carlos de Guatemala y otras instituciones vitales para llevar ante la justicia a los corruptos. La captura total del Ejército también está en juego, pues de este dependerá el poder de represión con el que cuenten los corruptos.

Los discursos que abonan a la impunidad representan a unos pocos, pero con tanto poder como para intentar que el país retroceda en la lucha anticorrupción. Toca acuerpar el trabajo de la Cicig y del comisionado Iván Velásquez. Si volvemos a la Plaza será para decir #YoNoSoyImpunidad.

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Este es un espacio para que la cultura de la legalidad y la probidad se conviertan en la base de un proyecto de nación compartido y defendido por las mayorías. Para que no se olvide que los corruptos, casi siempre, toman valor cuando los ciudadanos callan, están desunidos y desinteresados.

Pase por acá. En esta sala encontrará la larga historia de los atropellos que, por el bien de los corruptos, el Estado consumó contra los guatemaltecos: vea las fotos de los campesinos recogiendo los alimentos que nunca probaron; mire los rostros de los estudiantes, periodistas y defensores de derechos humanos que fueron secuestrados y asesinados con el fin de ocultar la verdad o matar la ternura; y esas imágenes crueles de niños famélicos y de niñas quemadas bajo la tutela del Estado; no deje de pasar por esa sala de hospital, en escala real, con enfermos sin medicamentos como resultado de las compras anómalas. Acá observará el vídeo de los jóvenes migrantes que perdieron la vida, no buscando el sueño americano, sino escapando de la pesadilla de la violencia y la indefensión que privaba en este país.

Aquí está nuestro anti-parnaso. Observe los retratos de aquellos que fueron presidentes y vicepresidentes, líderes religiosos, ministros, diputados, grandes empresarios y sindicalistas. Ingratos ¿verdad? Habiendo podido hacer tanto por su país… Ahora son un recuerdo de la mayor miseria e inmundicia humana. Con esta aplicación de celular puede acceder a los veredictos del juez que los condenó. También encontrará elementos emblemáticos de estos corruptos: vea los icónicos lentes Carolina Herrera y una foto familiar en el Mariscal Zavala de cuando se hizo huésped; vea esta boina de kaibil y un corbatín, de aquellos congresistas. La señora acá es la que decía «rebonito». Este era el que incitaba a la «guesha». Aquel era millonario y cobraba por trámites exprés en la administración tributaria, junto a un diputado que llamaba a usar corbata azul, allá por 2018. Ahora que se ha hecho justicia se ven más cómicos de lo que parecieron en aquel tiempo en que los honrados sentían que perdían la batalla.

Este salón nos infla el pecho. Vea qué diferencia. Esta foto es de maestros enseñando democracia. Estas son de familias que manifestaron contra el pacto de corruptos. Vea esa foto aérea tan hermosa: miles de ciudadanos frente al palacio exigiendo justicia. Ese día lo celebramos como el de independencia. Aquí están las leyes que el pueblo exigió a los diputados que se aprobarán: electoral y de partidos políticos, entre ellas. Venga, acá, este es quizá el juez con la mayor estatura que hemos tenido —¡y ha habido muchos!—, adormitaba un poco con sus extendidos argumentos, pero nunca se rajó luchando por la justica. Su rostro está en los libros de historia, como los de estos fiscales y el del comisionado Velásquez. Allá, al fondo, están las fotos de nuestros verdaderos dignatarios. A la par encuentra su estado patrimonial.

No deje de ver este vídeo, de 2018. Recuerda a las personas que se juntaron y dijeron públicamente «basta ya de tanta corrupción». Si ellos hubieran perdido la esperanza, el pacto de corruptos sería hoy una tiranía.

Bueno, le dejo en esta sala que trata sobre lo que hemos construido juntos desde entonces. Se parece un poco a la patria que, como tantos, ansiaba Julio Fausto Aguilera, la que es casa, justicia y pan; la que no conoce méndigos ni privilegiados: «democracia opulenta: eres racimo, gajo de azúcar, fruto sazonado. Beso de miel tu comunión de hermanos, tu popular, tu colectivo abrazo».

¡No desfallezcamos!

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El más reciente caso de corrupción revelado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), demominado «Traficantes de influencias», vuelve a revelar cómo algunos empresarios y funcionarios se han aprovechado de la corrupción y la impunidad para hacer negocios. El caso revela una estructura criminal que «agilizaba trámites» para la devolución del crédito fiscal que hace la Superintendencia de Administración Tributaria a los exportadores.

De acuerdo con la investigación, los encargados de ofrecer este «servicio» eran Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo, Mario Leal Castillo y Felipe Alejos. El primero, es un empresario de origen mexicano, involucrado en otros casos de defraudación tributaria. El segundo, Leal Castillo es un millonario guatemalteco que, según diversas fuentes, ha formado parte de las juntas directivas del Grupo Cayalá y del Ingenio Magdalena; además, su familia es propietaria de los supermercados La Torre. Fue el secretario de asuntos específicos de Otto Pérez (Partido Patriota) y candidato a vicepresidente de Sandra Torres (Partido UNE). Finalmente, el tercer tramitador, Alejos Lorenzana, pasó por las filas de la UNE, fundó el partido Todos, y actualmente es el vicepresidente del Congreso de la República.

Hasta el momento, las autoridades han divulgado los nombres de nueve empresas, que fueron clientes de esta estructura criminal: Aceros de Guatemala, Industria de Tubos y Perfiles, S. A., Maya Quetzal, MAG Alcoholes, Ingenio Magdalena, Productos y Servicios Azucareros, Producción y Negocios Industriales, Reforestadora de Palmas de El Petén, S. A. y el Ingenio Palo Gordo.

Además de haber logrado debilitar y capturar la administración pública para sus fines personales, las acciones de esta estructura criminal y de sus clientes, tienen un impacto sobre el sector empresarial. ¿Qué piensan los empresarios honestos que respetan las leyes? ¿Qué piensan los accionistas de Tropigas, o de los ingenios Madre Tierra o Pantaleón? Seguro estarán recapacitando sobre cómo los empresarios corruptos han montado mercados, productivos, financieros y comerciales, basados en la competencia desleal.

La corrupción y la impunidad afectan negativamente la actividad económica y no la lucha contra ellas. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad —de la Universidad de las Américas Puebla—, Guatemala es un país con alta impunidad, y una sociedad así tiene dificultades para la atracción de inversión extranjera y turismo. Asimismo, la encuesta a empresarios guatemaltecos, publicada en el Reporte de Competitividad Global de 2015-2016 del Foro Económico Global, y que para el país cuenta con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), demuestra que la corrupción es el segundo factor más problemático para hacer negocios en Guatemala, solo superado por el crimen y el robo. La corrupción en carreteras que no se construyen, corta las venas por las que debería fluir el comercio y la producción nacional. La corrupción de evadir impuestos y contrabandear productos quiebra el comercio de los empresarios honestos. La corrupción roba oportunidades y vidas, al eliminar recursos para educación, salud, justicia y seguridad.

Ustedes, empresarios honestos, que poseen una abarrotería, una fábrica o un comercio, también deben hacer suya la lucha contra la corrupción, porque esta es una barrera para el crecimiento económico, el desarrollo social y la democracia. Urge que fijen postura pública y se distancien de los empresarios corruptos.

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Guatemala está atravesando una crisis social cuyo desenlace determinará el desarrollo de un Estado democrático o la consolidación de un Estado autoritario, sustentado por la corrupción y la impunidad. Infortunadamente, esa minoría que gana con el segundo modelo  —compuesta por una amalgama de políticos, militares y empresarios— está envalentonada como resultado del aparente éxito que han tenido sus similares en Nicaragua y Honduras.

Los diferentes casos llevados a tribunales por el Ministerio Público desde 2015, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ayudan a comprender la gran carretera por la que transitan los miembros del Pacto de Corrupción: una vía sin ideología, en la que se corre muy rápido por el impulso del dinero proveniente de negocios turbios. Una carretera en donde las únicas reglas son no dejarse atrapar y enquistarse en el poder público. En ese sentido, la consolidación de este modelo requiere tener a su servicio, o hacer socios, a aquellos que toman decisiones o influyen significativamente en el imaginario social: presidentes de los organismos del Estado, partidos políticos, representantes sindicales, empresariales y religiosos, así como medios de comunicación.

De ahí que un primer paso para romper este Pacto de Corruptos sea fijar una postura pública y tomar acciones consecuentes con esta. La Conferencia Episcopal de Guatemala lo hizo la semana pasada con un mensaje contundente: «el sistema político vive bajo la dictadura de la corrupción». Todavía falta ver una posición así de tajante desde la academia —universidades y centros de pensamiento—, del sector empresarial —cámaras y asociaciones—, del sector sindical —público y privado—, de los medios de comunicación, de los movimientos sociales y de las demás iglesias. El silencio ante la gravedad de esta crisis solo suena a complicidad.

Los comunicados son valiosos como punto de partida, pero una vez fijada la postura pública toca que las personas y entidades contrarias al Pacto de Corruptos promuevan una instancia para la búsqueda de acuerdos sociales que fortalezcan el Estado democrático. Hay muchos temas, urgentes y estructurales, pero se debe dar un sentido de proceso al blindaje de la democracia. Primero, vigilar y promover la elección de un fiscal general probo, que dé certidumbre a la ciudadanía. El proceso estará en manos de la comisión de postulación, y la decisión final la tomará el presidente Morales.

Segundo, delimitar la agenda pro democracia que la sociedad debería exigir al Congreso, aun cuando este no tenga como mayoría a los diputados más idóneos. En esta agenda destaca la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Asimismo, se debe impedir cualquier intento de legislar a favor de la impunidad y la corrupción, nuevos privilegios fiscales o alguna artimaña para limitar el trabajo de la Cicig.

Para que esto funcione se requiere de conocimientos y experiencias diversas, otro motivo para actuar de manera colectiva. Otros dirán que hay más temas en la agenda y es cierto, pero los planteados pueden ser un buen punto de partida.

El primer escollo en esta búsqueda de consenso reside en algo tan inicial como determinar quién convoca: por influencia social, por credibilidad o por espacio político. El reto bien puede recaer sobre la Conferencia Episcopal, el Consejo Ecuménico, la Universidad de San Carlos, Naciones Unidas o los tradicionales países amigos. Lo que sí está claro, es que salvo que seamos cómplices del Pacto de Corruptos, no nos podemos quedar ni callados, ni quietos, ni separados.

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El domingo pasado, el presidente Morales presentó en el Congreso su segundo informe de gobierno. Cerca de cuatro mil efectivos del ejército y de la policía cerraron las calles cercanas para evitar a los ciudadanos acercarse al lugar. Si el país y la gestión gubernamental estuvieran tan bien como lo describe el informe, probablemente los ciudadanos se acercarían al Congreso a celebrar el buen trabajo.

Los informes de gobierno deberían contener tanto lo que está bien hecho como lo que el Ejecutivo debe mejorar. Si solo se publica lo “bueno”, sin equilibrarlo con los retos y lo que no se ha logrado, el informe pierde sustento y legitimidad, mucho más en un país con latente hambre, violencia, desempleo y corrupción. Para muestra la sección sobre política fiscal (páginas 204-215), en la que se exalta como logros elementos coyunturales y contados a medias, mientras se plantean desafíos triviales. En realidad, la política fiscal en 2017 continuó siendo manejada para la sobrevivencia, con opacidad y sin mayores vínculos al desarrollo.

La recaudación de impuestos fue de Q56.5 millardos, haciendo que la carga tributaria cayera al 10.2% del producto interno bruto (PIB), por debajo del 10.4% conseguido en 2016, y esto a pesar de los Q1.2 millardos logrados por una amnistía tributaria. Según las cifras oficiales, aunque preliminares, en 2017 el Gobierno ejecutó un gasto de Q71.2 millardos (12.8% del PIB), lo que representa una ejecución del 91.8% del presupuesto. Aunque es similar a años anteriores, sí que es preocupante la baja ejecución observada en los ministerios de Desarrollo Social (58%) y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV, 71%). Asimismo, todo el año hubo quejas sobre lo difícil que era ejecutar cumpliendo los controles establecidos en la Ley de Contrataciones. Sin embargo, en diciembre se registró una aceleración inusual en el ritmo de ejecución por cerca de Q2.5 millardos.

De la inversión pública destinada directamente a las niñas, niños y adolescentes, dejaron de ejecutarse cerca de Q2.5 millardos. Después de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la cual murieron 41 niñas, el Gobierno aumentó en Q58 millones el presupuesto de la Secretaría de Bienestar Social. Pero, antes de finalizar el año le redujeron Q54.8 millones. Con esta medida recortaron casi en su totalidad diversos programas de asistencia a niños y adolescentes en diferentes riesgos. Además, las estadísticas oficiales sobre matriculación (que no se encuentran en el informe) revelan una reducción de 206,671 alumnos en las aulas.

En materia de transparencia, valga recordar el intento de declarar no grato al comisionado internacional contra la Impunidad en Guatemala, lo que posicionó al Gobierno como un actor a favor de la corrupción y la impunidad. A esto se suman hechos como el injustificado bono recibido de manera opaca por el presidente y de las principales autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional, y denuncias en contra de funcionarios que tienen dos o más contratos de trabajo con el Estado.

Quedan dos años de gobierno y los ciudadanos deben exigirle una agenda fiscal integral basada en una mayor y más justa recaudación mediante la lucha contra la evasión; el diseño y ejecución de un gasto público que persiga metas de desarrollo medibles; una verdadera transparencia en todo lo público; y una efectiva rendición de cuentas a los ciudadanos.

Ojalá que el tercer informe no incluya militares en las calles, sea menos un pasquín y más una evaluación sobre lo bueno, lo malo y los desafíos estructurales del Estado.

Hoy hace un año fallecía Zygmunt Bauman, dejando un amplio legado de conocimiento sobre la realidad actual y cómo los ciudadanos la pueden afrontar. En 2014, Bauman publicó el libro ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?, en el que desarrolla los pilares de la desigualdad social, y nos recuerda la gran contradicción que existe entre la realidad que afronta a diario la mayoría de personas y esa idea de que “la mejor manera de ayudar a los pobres a salir de su miseria es permitir que los ricos sean aún más ricos”, narrativa construida por una minoría poco democrática que vive del fundamentalismo del mercado y profesa la ideología del derrame asentada en opiniones y argumentos fraudulentos y engañosos.

Bauman analiza lo que denomina “principios de injusticia” —la normalidad de la exclusión, el elitismo eficiente, el fundamentalismo del crecimiento económico y la competitividad, y la inevitabilidad de la desigualdad— que sustentan el camino a la casi irreflexiva sumisión de muchas personas a la desigualdad social. Para comprender Guatemala, a estos principios es preciso agregar el racismo y los votos a favor de la impunidad. En las sociedades basadas en la injusticia se ha terminado normalizando, por ejemplo, el desempleo y los salarios de hambre, la pobreza, la discriminación racial y de género, el empobrecimiento democrático de los contenidos educativos, la transformación de los derechos en privilegios para quien pueda pagarlos en el mercado, e incluso, la naturalidad con que se pactan negocios turbios entre agentes privados y la administración pública, sean estos construcción de carreteras, compras de bienes y servicios o privilegios fiscales.

La riqueza lograda valiéndose de la injusticia no nos beneficia a todos. Por el contrario, aumenta la desigualdad y, en el mediano plazo, tampoco beneficiará a aquellos que hoy se enriquecen. Los bajos salarios son un lastre para las familias, además impiden dinamizar la actividad económica y ampliar la base tributaria. La baja carga tributaria de la que disfrutan, y por la que siguen pujando en este país, algunos de quienes más recursos poseen, impide fortalecer las políticas públicas que mejoran el bienestar social y la infraestructura económica, e incluso aquellas que garantizan un mejor sistema de justicia y probidad. Como recuerda Bauman, “la primera víctima de esta profunda desigualdad será la democracia, a medida que todos los bienes necesarios, cada vez más escasos e inaccesibles para la supervivencia y para llevar una vida aceptable se conviertan en objeto de una rivalidad encarnizada (y quizá guerras) entre los que tienen y los que están desesperadamente necesitados”.

Por el bien de la sociedad y de los individuos se debe repartir la riqueza de forma más justa. En ese sentido, el libro cierra con una reflexión sobre la necesidad de no cesar en el empeño de buscar reformas políticas que permitan sustituir el modelo actual por uno basado en “el anhelo humano de la coexistencia que conlleva la cooperación amistosa, la reciprocidad, la generosidad, la confianza mutua”, entre otros valores urgentes para la vida en democracia, y que se deben reflejar en el mercado laboral y en una política fiscal moderna y justa: más ingresos públicos recaudados con efectividad y justicia (quien más tiene, más paga); un gasto público con metas de desarrollo e inclusión evaluables; más transparencia y probidad en el actuar de la administración pública; cerrar los caminos a la corrupción, pública y privada, y aumentar la participación de los ciudadanos en la gestión de lo público.

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Muchas veces he pensado que debería prohibirse la utilización del nombre de Dios en los actos públicos del Estado guatemalteco. Sin embargo, parece ser que esta es la mejor señal para descubrir qué tan corruptos, hipócritas y cínicos son aquellos que tienen un poder otorgado por el pueblo, un tipo de medidor de sepulcros blanqueados —relucientes por fuera, pero corruptos por dentro (Mateo 23:27)—.  Veamos algunos ejemplos.

El presidente Morales no deja de mencionar a Dios. Fue lo primero que hizo en su discurso de toma de posesión: «Gracias Dios mío por el privilegio que me has dado de servir a mi pueblo y a mi nación […]». Después vinieron los Q50,000 mensuales que se recetó de forma opaca con el apoyo del ministro de la defensa; el pacto de corruptos con el intento, por un lado, de expulsar al señor Iván Velásquez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, y por otro, de aprobar un presupuesto público que en 2018 sería su botín. Más recientemente ha tomado la irreflexiva decisión de trasladar a Jerusalén, la embajada guatemalteca en Israel. En el nombre de Dios.

Cincuenta diputados, ignorantes en muchos temas incluidos el derecho internacional y la historia, apoyaron la decisión tomada por Morales sobre el traslado de la embajada guatemalteca a Jerusalén. En el nombre de Dios. Sus voceros, quizá los más presentables de esta camarilla, fueron los diputados Juan Díaz-Durán, Aníbal Rojas, Marcos Yax y Fidel Reyes. De acuerdo a notas de prensa, el primero, está involucrado en el escándalo de los Panama Papers, con un bufete de abogados especializado en ocultar el nombre de los verdaderos dueños de las empresas que inscribe. El segundo, puede considerarse uno de los padrinos del pacto de corruptos, al empujar en su bancada la aprobación por urgencia nacional, el pasado septiembre, de las leyes pro impunidad. El tercero, ha propuesto una iniciativa para contar con un día nacional de la amistad entre la República de Guatemala y el Estado de Israel y otra relacionada con la «reactivación de la pena de muerte». En el nombre de Dios.

En la página del Congreso aparece que el diputado Augusto Reyes es ponente de una iniciativa con la que se dispone aprobar la lectura, enseñanza e instrucción bíblica en los establecimientos de educación. El mismo diputado, hace unos meses, fue sorprendido por los vigilantes en el parqueo de las oficinas del Congreso teniendo relaciones sexuales con una muchacha, según señala el reporte que agrega que dicho diputado casi no podía caminar de lo borracho que andaba. El diputado también está siendo investigado por delitos de estafa y lavado de dinero. Al parecer habría sido parte de actos de corrupción en la municipalidad de Samayac, cuando era representante legal de la oenegé «Destino al paraíso». En el nombre de Dios.

Ha visto usted cómo muchos de los involucrados en actos de corrupción llegan al juzgado con una biblia en la mano. Responden a los medios diciendo que en el nombre de Dios esperan se haga justicia; se ponen de rodillas y levantan las manos implorando a su dios, mientras miran de reojo a las cámaras para saber si se está transmitiendo su patético show a la sociedad.

Las personas que tienen una vida espiritual sana la fortalecen sin decir en vano el nombre de Dios, sin convertirlo en un eslogan publicitario. Además, son empáticas con las diferentes visiones de los demás y respetan el rol de lo público como un espacio laico para el bien de la democracia. Si son cristianas, saben que su fe se demuestra con actos, sin buscar el mérito o la aprobación pública.

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Una mañana del pasado noviembre, por la zona de los museos, observé a una mujer asumiendo el riesgo de bajarse de la banqueta para tomar entre sus manos a un zanate que hacía un inútil esfuerzo por volar y escapar de la marabunta de carros que le pasaban cerca.

En estos tiempos en que todo lo que se suele reconocer como importante lo es porque aparece en las redes sociales, es bueno ver más allá de lo que sale en la pantalla del celular o de la computadora, acercarse más a la realidad. Llevo muchos años en este ejercicio y, por fortuna, podría llenar varias páginas poniendo las pequeñas y excitantes acciones que he visto a lo largo de mi vida. En un viaje en bus por La Habana (2005), me topé con una mujer que iba con su hija y llevaba una bolsa de pan. Muy cerca de ellas, un hombre reprendía a su hijo, de unos 5 años, por tocar esta bolsa. La mujer entonces la abrió y le ofreció un pan al pequeño, mientras le recordaba al padre que ningún niño tiene que tener hambre, aun cuando esta pueda ser solo pasajera. Gracias compañera, le dijo el hombre. En Nueva York (2008), en un teléfono público, un muchacho ecuatoriano me obsequió una moneda de 25 centavos para completar una llamada. Lo hizo al darse cuenta de que yo buscaba infructuosamente en mi bolsillo. Le agradecí muchísimo y él sonrió. En Guatemala (2017), en una mañana de tráfico, un hombre agradeció a un niño el que le haya limpiado el vidrio delantero de su carro y le entregó un pan y una manzana. Los dos se vieron a los ojos, se sonrieron y siguieron su camino. Todos los domingos, un maestro de las Verapaces, guarda la revista D y retazos de periódicos para acrecentar la biblioteca de su escuela. Los lunes, los patojos exploran qué hay nuevo.

Zygmunt Bauman y Leonidas Donskis, en su libro Ceguera moral. La pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida, hablan sobre la «adiáfora» término con el que explican esa actitud de indiferencia hacia lo que acontece en el mundo que nos rodea. La vida apresurada y las redes sociales, explican, podrían estar dejando poco tiempo para prestar atención a temas de importancia, corriendo el riesgo de perder la sensibilidad ante los problemas de los demás. Y usted, ¿ha intentado salvar a un zanate? ¿Ha sacrificado algo para ayudar al que tiene hambre o frío? ¿Ha pensado cómo ha sido la vida de los patojos de Las Gaviotas y de las niñas del Hogar Seguro? ¿Ha hecho algo al respecto? Y usted, ¿se ha sentido acompañado en sus luchas?, ¿quiere vivir en una sociedad de indiferentes?

La ceguera moral ha banalizado tanto el sufrimiento de los demás como lo que está mal hecho. De ahí que algunos políticos y líderes económicos digan que la lucha contra la corrupción solo ha arruinado el crecimiento económico, mientras abogan por reducir salarios, privatizar la seguridad social o disminuir el pago de impuestos. Entre esas voces hay sinvergüenzas que no son ciegos, pero otros tantos puede ser que nunca hayan intentado salvar un zanate.

Desde 2015 estamos batallando porque la impunidad y la corrupción no sean la fuerza que mueve esta sociedad. Debemos cambiar muchas instituciones, políticas y organizaciones, pero nos hace falta construir una consciencia popular basada en valores tales como la solidaridad, la empatía y simpatía; plantear como nuestros los problemas que aquejan a la mayoría: pobreza, desempleo, incertidumbre e inseguridad. La sociedad puede cambiar si muchas personas trabajan en ello y reconocen que las pequeñas hazañas tienen el poder de marcar los grandes cambios. Para empezar, ¡atrevámonos a salvar un zanate!

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está persiguiendo la aprobación de una reforma para reducir los impuestos a los millonarios estadounidenses. Sin embargo, su idea se enfrenta hoy con un adversario que no tomó en cuenta: más de 400 millonarios que han enviado una carta al Congreso pidiendo que rechace este nocivo plan fiscal.

La carta lleva el membrete de Riqueza Responsable y Voces para el Progreso, dos grupos de personas adineradas —ubicados en el 5% de la población más rica de este país— que abogan por políticas progresivas. En la misma, los millonarios dicen estar «profundamente preocupados de que la pérdida de ingresos públicos conduzca a recortes significativos en servicios críticos como la educación, Medicare y Medicaid (servicios de asistencia y seguridad social), y que obstaculice la capacidad de nuestra nación para restaurar las inversiones en nuestra gente y nuestras comunidades». Por su parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que los recortes de impuestos a los millonarios incrementarán el déficit fiscal, entre 2018 y 2027, hasta por 1,414 billones de dólares. En el mismo estudio estiman que, como resultado de recortes en programas de asistencia social, habrá entre cuatro y 13 millones de personas que se quedarán sin seguro de salud.

El plan tributario de Trump busca, entre otras medidas, reducir el impuesto sobre la renta, derogar el impuesto al patrimonio y reducir la tasa impositiva máxima de traspaso (herencias). En síntesis, esta propuesta significaría que las personas adineradas puedan pagar una tasa impositiva más baja que la clase media, e incluso, transferir sus enormes herencias sin pagar impuestos. Los millonarios inconformes aducen que «tales propuestas exacerbarían la actual disparidad de riqueza en los Estados Unidos, donde el 1% de los hogares tienen el 42% de la riqueza».

Estos millonarios contradicen la idea de que la exención de impuestos es la clave para crear más y mejores empleos y una economía sólida. Por el contrario, esto se logra con la inversión en los estadounidenses. Por ello han llamado al Congreso para que «aumente nuestros impuestos a fin de generar los ingresos necesarios y restaurar las inversiones en servicios vitales. Hacerlo ayudará a crear empleos, fortalecer la clase media y garantizar el éxito económico de Estados Unidos».

Robert Crandall, uno de los firmantes, dice que «[…] Se ha demostrado una y otra vez que el goteo no funciona. ¡Lo único que estimulará una masiva reducción de impuestos para los ricos es más contribuciones de campaña a los políticos que votan por ellos!». También el profesor Neva Rockefeller ha dicho que «[…] Los ricos no se sentirán más felices con un recorte de impuestos que les da más dinero; en su lugar, sufrirán junto con el resto de la sociedad por los males que conlleva una mayor desigualdad: reducción de la cohesión social, menos confianza, más miedo». Por su parte, Mike Lapham ha expresado que «[…] Estos recortes de impuestos propuestos no se tratan de estímulos económicos o creación de empleo, sino simplemente de avaricia.». Finalmente, la cineasta Abigail Disney ha dicho: «[…] La riqueza de mi familia se construyó con la ayuda de la inversión pública: educación, infraestructura, investigación, etcétera. Sin esas cosas, no habría Walt Disney Company. Ahora es el momento de que nuestro país invierta en trabajadores calificados y en infraestructura para un futuro fuerte y sostenible, con una prosperidad ampliamente compartida».

¿Qué pensarán de esto los millonarios guatemaltecos y centroamericanos?

El próximo 10 de diciembre de 2018, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) cumplirá setenta años. Esta celebración se dará en medio de los enormes problemas que hoy se están multiplicando en el mundo: la pobreza y la desigualdad, el cambio climático, la migración desprotegida y como resultado de la violencia y el hambre, la prostitución de lo público en favor de intereses privados, nuevas manifestaciones de esclavitud, el afán guerrerista de algunos grupos y gobiernos y otros fenómenos que representan un desafío para los ciudadanos de este tiempo, en cualquier parte del mundo.

En ese contexto, los esfuerzos porque sobreviva a este tiempo la premisa de que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos» requiere del concurso de la mayoría de ciudadanos. Es imposible pensar en que este será un esfuerzo de todos porque siempre hay sicópatas y grandes ganadores con esa idea de que el mercado con su mano invisible puede solucionarlo todo. Basta verlos molestos cuando se habla de combatir la pobreza y la desigualdad, o cuando se critica su religión: El neoliberalismo. Suficiente con leer sus calumnias y escuchar sus insulsos argumentos para saber quiénes son y qué piensan sobre el respecto a la vida del otro y a su dignidad. En buena medida, es por ellos que el mundo de hoy parece haber convertido todo en mercancías para la compra del mejor postor. Por ellos, el mundo actual tiene ese rostro de odio y frustración, y ese sabor a incertidumbre sobre el futuro.

No, no contamos con ellos, y aun así defenderemos sus derechos humanos, porque hoy más que nunca es importante y decisivo reivindicar el contenido de la DUDH: todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Tenemos derecho a la educación, la salud, la vivienda y a condiciones laborales que permitan el logro de una vida decente alejada del temor sobre el mañana. Tenemos derecho a vivir libres de cualquier discriminación, a expresar nuestras ideas y nuestra forma de ver el mundo sin ser objeto de vejámenes. Tenemos derecho a participar en la toma de decisiones sobre lo que afecta y beneficia a todos. Nadie debe ser víctima de la tortura o el arresto arbitrario. Tenemos derecho a un juicio justo. En síntesis, y recordando al poeta guatemalteco, Otto René Castillo: aquí sólo queremos ser humanos.

Los derechos humanos —imperceptibles cuando están garantizados y terriblemente extrañados cuando se han perdido—, deben ser el hilo conductor en esta época y deben ser la base para impulsar los cambios políticos y económicos de los Estados. En particular, debemos comprender que su garantía, protección y realización dependen en buena medida de la política fiscal: un gasto público mayor y mejor planificado y ejecutado, con el cual se puedan construir las escuelas y los centros de salud que hagan falta para atender a todos al tiempo en que ayuda a propiciar el empleo por medio de la transformación productiva para un crecimiento económico sostenible ambientalmente y sostenido, así como un ingreso mínimo que garantice la existencia material. Una tributación recaudada con justicia, en cantidad necesaria para cumplir con el mandato del Estado proveniente, y sin espacios para la evasión y el privilegio; cero tolerancia a la corrupción y un manejo sostenible de la deuda pública. Finalmente, urge construir una política fiscal transparente, con objetivos validados por los ciudadanos y con rendición de cuentas sobre sus resultados. Los derechos humanos son la base para para vivir en sociedades modernas, justas y democráticas.

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Tanta legitimidad han perdido con sus actuaciones Jimmy Morales, su partido y sus aliados, que cuando intentan empujar algo, lo primero que muchas personas hacemos es desconfiar. Al indagar más, saltan las razones para no fiarnos de ellos. Tal es caso del dictamen del proyecto de presupuesto para 2018 emitido por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM).

Es claro que todos los gobiernos requieren contar con un presupuesto actualizado y mejor calzado con la realidad, los proyectos e incluso el financiamiento que tendrán. De ahí que sea tan importante su aprobación, pues de lo contrario se corre el riesgo de que se entorpezca el proceso de ejecución del presupuesto y producción de bienes y servicios. Sin embargo, en esta ocasión es mejor que el Congreso no apruebe el presupuesto y que el gobierno ajuste sus acciones en función del vigente para 2017. No es una cuestión antojadiza, es que de aprobarse el presupuesto 2018 este será el aceite para los engranajes del continuado pacto entre corruptos. He aquí algunos hallazgos.

Primero, en el dictamen de la CFPM se adicionó el artículo 94, con el cual el Congreso “pre-autorizaría” una ampliación presupuestaria destinada al pago de las obras de arrastre de 2017 de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), sin especificar monto o techo para esta ampliación. Aprobar esto permitirá al gobierno ampliar el presupuesto de gastos para este fin sin ningún límite. Probablemente aquí se cobren los empresarios, los alcaldes y los diputados esos espaldarazos que le han dado a Morales.

Segundo, el dictamen reduce los recursos destinados a los programas de preprimaria, por Q169.8 millones; en primaria, por Q56.1 millones; en el nivel diversificado, por Q37.8 millones, y el aporte a la Comisión Nacional de Alfabetización se reduce en Q140 millones. Con esta decisión es seguro que continuará cayendo la cobertura y la calidad educativa.

Tercero, en el caso del Ministerio de Salud Pública, el dictamen recorta Q40.2 millones al programa de salud preventiva y Q700 millones al programa de recuperación de la salud. Sin embargo, en el dictamen se agregan Q300 millones para mantenimiento, remozamiento y reparación de infraestructura; otros Q200 millones para el programa de construcción, mejoramiento de infraestructura, y Q100 millones para equipamiento y otros bienes. Los casos de corrupción que se conocen hoy tienen como punto de partida la infraestructura y la adquisición de equipo. No ha habido cambios legales que cierren las puertas a esta infamia.

Cuarto, el dictamen reduce los recursos que estaban presupuestados en el proyecto de presupuesto para la Contraloría General de Cuentas, por Q30 millones, y para la Universidad de San Carlos de Guatemala, por Q200 millones, resultado de un aporte extraordinario. Asimismo, en el dictamen ya no aparecen visibles los Q130 millones que aparecían en el proyecto de presupuesto destinados para la Procuraduría de Derechos Humanos. El gobierno y su camarilla tienen en el presupuesto la mejor forma de presionar a los detractores del pacto entre corruptos: ahogarlos financieramente.

Los hallazgos anteriores revelan que el presupuesto de 2018, lejos de ser un instrumento para el desarrollo, será un contrato para que los corruptos sigan operando: consiguiendo la elección para la junta directiva del Congreso, haciendo negocios con la salud, la educación y la infraestructura y promoviendo el silencio de las entidades contraloras de sus actos. Por todo esto, toca exigir a los diputados la no aprobación del presupuesto 2018.

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En 1928, John M. Keynes ofreció una charla —Las posibilidades económicas de nuestros nietos— en la que discutió cómo imaginaba, según su conocimiento, qué sería la vida en los siguientes cien años. Keynes sostenía que “el problema económico no es —si miramos hacia el futuro— el problema permanente del género humano. […] Todas las clases de costumbres sociales y prácticas económicas que afectan a la distribución de la riqueza y de las recompensas y sanciones económicas, que ahora mantenemos a toda costa por muy desagradables e injustas que puedan ser en sí mismas porque son terriblemente útiles para promover la acumulación del capital, serán desechadas por fin”. Keynes daba un sentido de gradualidad al paso de una sociedad en la que abundaba la codicia, la usura y la cautela, hacia una en la que los problemas  económicos se eliminaran progresivamente.

Cabe ahora la pregunta de qué está saliendo mal en el camino hacia una sociedad con un mayor bienestar generalizado, más democracia y derechos mejor garantizados. A lo largo del tiempo se han cumplido muchos de los vaticinios de Keynes: aumento de la productividad, mayor acervo de conocimiento y tecnologías y más capital. Sin embargo, a Keynes le fue imposible prever que en el camino ha sucedido una gran desconexión entre la economía y las personas, lo que ha provocado el incremento de la desigualdad.

A partir de los años setenta, los promotores del libre mercado se encargaron —como bien apuntó el economista John K. Galbraith— de “la búsqueda de una justificación moral para el egoísmo”, construyendo una narrativa mediática sobre lo bueno del neoliberalismo y de los efectos de la teoría del derrame, si bien es cierto en las revistas económicas especializadas no se encuentran discusiones robustas sobre esta teoría. El neoliberalismo, como instrumento de política del Estado, ha impulsado el desmantelamiento de las ayudas sociales y de los sindicatos, mientras nos habla de competitividad. Ha eliminado la progresividad de los impuestos, mientras ha estimulado la actividad sin trabas del capital. Incluso ha logrado organizar desde el Estado la propia retirada de este. De ahí las ideas de focalización y asistencia a los más vulnerables, en cuanto a la educación, la salud o la protección social, en contraposición con la concepción de universalidad de los bienes públicos. El neoliberalismo ha estado arrebatando la certidumbre a los trabajadores, a la gran mayoría de nosotros, y un pueblo sin esperanza es incapaz de luchar por la democracia.

Hoy encontramos voces importantes levantándose en contra del neoliberalismo. Warren Buffet, el segundo hombre más rico del mundo, el senador Bernie Sanders, el político más popular de Estados Unidos, y el Papa Francisco no solo se oponen a la fe ciega en el mercado y en la bondad de quienes detentan el poder económico, sino que coinciden en que es tiempo de buscar más justicia. Pero los esfuerzos por avanzar hacia una economía menos desigual no están ganando la batalla. Los continuados planes de reducción de la administración pública, los intentos por impulsar nuevos privilegios fiscales y los planes de “consolidación fiscal”, son ejemplos del refuerzo de políticas neoliberales. Es indispensable plantear cambios en la política económica, y reformas para lograr un piso de protección social que garantice la reproducción de relaciones sociales que potencien la democracia. Las personas que exigen la protección de sus derechos son la única energía que le queda a la civilización para oponerse a un neoliberalismo asesino y predador.

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Apreciado Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, es muy oportuna su visita esta semana a Guatemala. Aquí le dejo algunos datos que le serán útiles para sus reuniones con funcionarios y empresarios.

Guatemala tiene el cuarto peor índice de desarrollo humano de América Latina y el Caribe (0.64), y es una de las 10 naciones más desiguales del orbe: Los ingresos del 1% más rico de los guatemaltecos, año tras año, han equivalido aproximadamente a la suma de los ingresos del 40% de los más pobres. Como esto ha sido el pan de cada día, algunos amasan riqueza y poder y otros mezclan pobreza y desventura. En la actualidad, el 92% de los pequeños productores ocupan el 22% de la tierra, mientras el 1.9% de los productores comerciales utilizan el 57%. Entre 1990 y 2010, la superficie para la producción de caña de azúcar se incrementó en un 110%, superando las 225 mil hectáreas, mientras la superficie cultivable de palma africana se incrementó 1,000%, pasando las 50 mil hectáreas.

La desigualdad social está cargada de una fuerte dosis de discriminación étnica, territorial y de género: las mujeres, los indígenas y quienes habitan en lo rural tienen peor garantizados sus derechos. Por ejemplo, la desnutrición crónica afecta al 46.5% de los niños menores de 5 años (1.1 millones de niñas y niños), siendo una de las cinco tasas de prevalencia más altas del mundo. Al desagregar la información, la incidencia de la desnutrición crónica afecta al 58% de los niños provenientes de hogares con padres indígenas. En educación, cuatro millones de niñas, niños y adolescentes no asisten a la escuela; el 52% son mujeres, mientras el 72.8% vive en situación de pobreza. Las inversiones públicas diarias promedio por niño rondan los Q7.5 diarios y Q3.2 en el caso de personas indígenas.

En el mercado laboral, las mujeres reciben en promedio 14% menos ingresos que los hombres; solo hay 25 diputadas de 158 curules, y nueve alcaldesas de 340 municipios. Nunca en la historia ha habido una mujer presidenta del país, y nunca ha habido una mujer en la directiva del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales y Financieras (Cacif), desde su fundación en 1957. Por cierto, encontrará empresarios haciendo campaña a favor de la explotación de recursos naturales, una de las fuentes de mayor conflictividad, polarización y violación de derechos humanos. Las estadísticas oficiales reportan que la minería representó, entre 2010 y 2015, tan solo el 0.7% del producto interno bruto (PIB) y generó 4,919 empleos formales. Por su parte, los impuestos y regalías aportados fueron cercanos a los USD53 millones anuales, lo que sirvió para financiar el 0.7% del presupuesto de gastos del gobierno central.

La política fiscal de Guatemala está hecha para la sobrevivencia y no para la promoción de los derechos humanos. La carga tributaria del país (10.4% del PIB) es la segunda más baja a nivel mundial y privilegia con el no pago de impuestos a quienes ostentan más riqueza. El gasto público es insuficiente para generar bienestar y, además, una parte se va en bonos ilegítimos, tratos oscuros con el sector privado y otros actos de corrupción. Solamente en 2015 la corrupción pudo significar la pérdida de Q4.2 millardos, equivalente a cuatro veces el presupuesto del Ministerio Público.

Hay mucho más, las niñas asesinadas en el Hogar Seguro, el pacto de corrupción e impunidad, las organizaciones criminales que mutaron a partidos políticos, el intento de acallar la protesta ciudadana. En todo caso, bienvenido a este paraíso desigual, señor Zeid.

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El día de hoy en Honduras se espera una multitudinaria manifestación, a pesar de la criminalización de la protesta social aprobada en febrero pasado en el Congreso de la República, dominado por el oficialista Partido Nacional. Razones para que los ciudadanos salgan a manifestar hay, y muchas.

Primero, la candidatura para la reelección del actual presidente, Juan Orlando Hernández, después de que la Sala de lo Constitucional cometiera el ultraje de declarar inconstitucional el artículo pétreo (irreformable) número 239 de la Carta Magna, en donde se prohíbe la reelección. Los constituyentes, previendo la clase de políticos que están surgiendo, incluyeron en dicho artículo que “el que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública”.

Bueno, pues no ha pasado nada. Por el contrario, todo hace suponer que Hernández y sus adeptos están detrás de una campaña anónima de panfletos, repartidos de casa en casa, que invitan a “tener fe en todo lo bueno que vendrá” y exhortan a respetar la autoridad pública porque “no hay autoridad que Dios no haya dispuesto”. En un país basado en la creación de empleos precarios, en donde tres de cada cinco personas padecen pobreza, el mismo panfleto alaba el poder que tendrán a futuro las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Este experimento libertario empujado por el gobierno actual y un grupo de estadounidenses y europeos —incluido un hijo de Ronald Reagan y una economista hayekiana y ultraderechista, Barbara Kolm—, permite la concesión de territorios, incluyendo a sus habitantes. Los empresarios son los gobernantes e imponen sus propias leyes, pueden expropiar tierras y crear policías y juzgados, y no tienen que pagar impuestos. Parece una distopía, pero no, es lo que están viviendo nuestros vecinos, y es el tipo de país que intentan construir en Guatemala algunos miembros de la más rancia y corrupta élite económica.

Segundo, el hartazgo por la violencia. En lo que va del año, ha sido asesinada una mujer cada 18 horas. Las maras y las organizaciones criminales —en el país operan el cartel de Sinaloa, el del Golfo y los Zetas— viven al amparo de las fuerzas de seguridad hondureñas. Pero no solo ellos están cerca del poder público, también lo están aquellos que desean silenciar las voces defensoras de los derechos humanos, como Berta Cáceres. Un informe independiente refiere que su asesinato no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia promovida por la empresa Desarrollos Energéticos, S. A., apoyada por funcionarios y aparatos de seguridad del Estado, con el fin de violentar el derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo lenca. La estrategia incluía campañas de desprestigio, amenazas y sicariato.

La corrupción, otro motivo para manifestar, es el cemento que funde a funcionarios y políticos con empresarios, narcotraficantes y otros delincuentes. Investigaciones profundas revelan un sofisticado entramado mediante el cual se ha capturado lo público para privilegiar el interés de camarillas políticas y económicas particulares con graves impactos en el ambiente, la igualdad y la gobernabilidad.

Imagine que la casa de su vecino se está quemando. Le toca ayudar a sofocar el fuego, por solidaridad y porque su propia casa está en peligro. Estemos pendientes del pueblo hondureño y esperemos que esta manifestación sea un paso firme para evitar la muerte por asfixia de la democracia.

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Guatemala tendrá en trece años aproximadamente 21 millones de habitantes y, a menos que haya un acuerdo político, económico y fiscal que permita el diseño y la puesta en marcha de un modelo de desarrollo transformador, incluyente y sostenible medioambientalmente, el 2030 nos encontrará peor que hoy. ¿Cómo se imagina usted el futuro de Guatemala? Permítame presentarle tres posibles escenarios con sus principales características.

Escenario 1. Todo sigue igual. El pacto de corruptos gana la batalla. Los políticos y los grandes empresarios no tienen legitimidad frente a la ciudadanía. El Estado continúa capturado: más privilegios fiscales, alianzas público privadas con el Estado como socio tonto, más narcotráfico, más impunidad y más violencia, incluso contra voces disonantes. Los medios de comunicación son cooptados o silenciados. Cerca del 50 por ciento de los habitantes continúa en la pobreza y el cambio climático hace estragos en todo el territorio. La migración continúa, en condiciones más riesgosas. Las calles se desbordan con niños y ancianos pidiendo limosna. La mayoría de jóvenes, sin libros pero con fusiles, protegen, secuestran o asaltan a los pocos privilegiados en esta sociedad. La carga tributaria continúa siendo del 10% del Producto Interno Bruto (PIB). No hay ninguna garantía para la democracia.

Escenario 2. Acuerdo a medias. Gobiernos y empresarios dialogan y logran algunos acuerdos al margen de la sociedad civil. Se aumenta el IVA y otros impuestos indirectos para apoyar la inversión en carreteras. Se continúa privatizando la salud y la educación públicas. Se aprueban salarios diferenciados que abaratan la mano de obra. El país crece económicamente al tiempo que aumenta la desigualdad. La conflictividad social está relacionada con la continuada corrupción y la explotación privada de recursos naturales. Algunos casos de corrupción tienen castigo. No hay cambios sustanciales en el sistema electoral. Un 45 por ciento de la población continúa viviendo en pobreza. La carga tributaria es del 14% del PIB, la ingobernabilidad impera.

Escenario 3. Más ética, más desarrollo. Se acuerda socialmente y se pone en marcha un pacto social de largo plazo que tiene como norte los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, y se basa en metas de crecimiento económico y generación de empleo; construcción de la igualdad por medio de bienes y servicios públicos universales; y un Estado efectivo: planificador, ejecutor, evaluador y rendidor de cuentas. La corrupción es prevenida y castigada. La pobreza extrema es eliminada y la general se reduce significativamente. El país es competitivo por su educación, su salud, su seguridad. El ambiente natural es cuidado y respetado, al tiempo que se mitigan los daños del cambio climático. El imperio de la ley acerca a todos los ciudadanos al desarrollo y logra disminuir la delincuencia común y organizada. Todos participan más en la vida política, habiéndose logrado reformas estructurales al sistema electoral. La carga tributaria es del 20% del PIB y quien tiene más, aporta más.

Todo parece indicar que quienes tienen el poder económico y político conducen el país hacia el catastrófico escenario 1 o, como mucho, al escenario 2. Pero las tendencias se pueden cambiar, planificando, coordinando y evaluando el camino a seguir. Los cambios que allanan el camino al escenario 3 son complejos pero necesarios: apoyar la lucha contra la corrupción, organizar espacios legítimos de discusión social, reivindicar el rol de lo público y nuestro papel como agentes de cambio.

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Los flujos financieros ilícitos son corrientes de dinero que fluyen entre países, y que han sido ganados, transferidos o utilizados de manera ilegal. De acuerdo a los estudios específicos, estos flujos se originan principalmente por actividades comerciales y delictivas, e incluyen recursos obtenidos por defraudación tributaria, evasión y elusión de impuestos, corrupción, narcotráfico y trata de personas, entre otras.

El más reciente informe de la organización Global Financial Integrity, publicado en enero de 2017, revela que, entre 2005 y 2014, los flujos financieros ilícitos a nivel global, crecieron anualmente entre 8.5 y 10.1 por ciento. En ese período, el 87 por ciento de dichos flujos se debieron a la facturación fraudulenta del comercio con fines de evasión de impuestos. Para Guatemala, el estudio estima un promedio anual de 2.4 millardos de US dólares en flujos financieros ilícitos relacionados con actividades comerciales y otros 187.0 millones de US dólares calculados por concepto de Hot Money, es decir, movimientos de capital ilegal calculados por medio de la Balanza de Pagos. Si se aplica a estos dos flujos ilícitos la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) vigente ?25%?, el Estado ha dejado de recaudar anualmente hasta el 1% del Producto Interno Bruto por su evasión.

Si en 2017 se conservara el mismo nivel de evasión del ISR como resultado de flujos financieros, entonces el Estado estará perdiendo aproximadamente 5.6 millardos de quetzales, que representan casi el 10% de la meta total de recaudación de impuestos. También equivalen al 40% del presupuesto destinado al Ministerio de Educación, al 80% de los recursos destinados al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y cerca del 100% del presupuesto del Ministerio de Gobernación. Los recursos de ISR evadido representan, 8 y 10 veces el presupuesto del Estado destinado a los ministerios de Trabajo y de Cultura y Deportes, respectivamente.

Los flujos financieros ilícitos son otro instrumento utilizado por quienes hacen negocios en la opacidad, y los caminos para hacer esta fechoría se simplifican con la apertura de empresas fuera de plaza (off-shore). Estas empresas no son ilegales e incluso pueden ser manejadas como una herramienta en el proceso de expansión e internacionalización de las empresas. Pero, mal utilizadas pueden ayudar a garantizar la impunidad y el anonimato de aquellas personas y empresas que violan leyes, tanto para evadir el pago de impuestos sobre ganancias generadas lícitamente, como para trasladar a otros países recursos conseguidos de manera ilegal. Los paraísos fiscales —Estados sin acuerdos para el intercambio de información con otros Estados, con secreto bancario y facilidades para mover dinero— en donde la mayoría de empresas off-shore están localizadas, constituyen la otra pieza clave en el ajedrez de la impunidad y la corrupción internacional.

Para la lucha contra la impunidad y la ruptura del actual pacto de corruptos en Guatemala —que convoca a empresarios millonarios, políticos y funcionarios corruptos, narcotraficantes, líderes religiosos obscuros y otras personas con mucho poder político y económico—, se debe estudiar e investigar los flujos financieros ilícitos. El dinero que sale del país ilegalmente alimenta un dinámico círculo vicioso de corrupción y poder. Además, constituye una barrera al desarrollo al desviar recursos que pudieron ser útiles para aumentar las inversiones privadas lícitas o para ejecutar programas públicos en favor del crecimiento económico y el bienestar social.

Ayer se celebró el Día Mundial de la Alimentación y hoy es el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza Extrema. Probablemente no sea coincidencia la cercanía de estos eventos de carácter global, pues el hambre y la miseria van de la mano y constituyen dos de los mayores retos que enfrenta la civilización actual en el camino hacia la construcción de sociedades inclusivas, pacíficas y democráticas.

En mis primeros años de escuela, allá en la clasemediera colonia Ciudad de Plata de los años ochenta, conviví con niñas y niños de muy escasos recursos, provenientes de los asentamientos de la zona 7. No conozco en carne propia el hambre que cotidianamente padecen 815 millones de personas en Guatemala y el mundo, pero en la Escuela Oficial Urbana Mixta Número 85 a la que asistí, observé desmayarse por hambre a muchos de aquellos niños. Ser parte de esa realidad hacía que los niños que llevábamos nuestro pan para refaccionar en el recreo lo compitiéramos a diario y sin pensarlo mucho. En esos años, para fortuna nuestra, la escuela ofrecía todos los días una taza de atol bien caliente que se entregaba a todos por igual. Después, en la universidad y en el trabajo, he participado en viajes de estudio y voluntariado por diversos territorios: lugares con sequías, tierras poco fértiles y siglos de olvido estatal y discriminación; con hombres y mujeres de ojos muy tristes, y niñas y niños con sonrisas que lograban borrar un poco lo doloroso que era ver sus estómagos inflados, los plomizos colores de sus harapos y sus pies descalzos y enlodados.

Después de lo que he visto, se lo digo claro: Guatemala está perdiendo la lucha contra el hambre y la miseria, y con ello está reduciendo cualquier posibilidad de edificar una democracia plena y una sociedad desarrollada. Es por ello que es urgente diseñar, legitimar ante la sociedad y poner en marcha políticas públicas innovadoras, bien financiadas y mejor ejecutadas. No es suficiente la caridad privada ni la masiva construcción de carreteras; son chocantes las ideas de reducir salarios e impuestos, y depravadas las acciones que intentan seguir reduciendo la administración pública.

El Fondo Monetario Internacional, en su más reciente informe sobre política fiscal, se ha sumado a la discusión de una renta básica universal (RBU), un monto de dinero que el Estado asigna sin condiciones a cada persona por el simple hecho de ser ciudadano: su impacto es significativo en la reducción de la desigualdad y la pobreza al tiempo que su ejecución dinamiza la actividad económica y genera empleo.

Un ejercicio de investigación en el que he participado y que se presentará en el mes de noviembre permite observar que con una RBU mensual de Q175 por persona, Guatemala podría eliminar la pobreza extrema. Entre 2019 y 2030, esta medida podría aumentar el crecimiento potencial de la economía hasta en un 50% y generar nuevos empleos que, para 2030, sumarían cerca de 4.7 millones (33% de la población en edad de trabajar en ese año), repartidos en todo el territorio nacional y en los sectores agrícola, industrial y comercial. Con una mirada fiscal moderna y una reforma profunda en este ámbito, el país podría contar con recursos para financiar la RBU y otros programas públicos destinados a educación, salud y alimentación, desarrollo rural y transformación productiva, acceso a crédito, vivienda y servicios públicos, seguridad y justicia. Sí es posible un mundo sin miseria, pero se requiere una política económica, fiscal y social para el beneficio de todos, con nuevas responsabilidades entre lo público y lo privado.

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Transparencia Internacional publicó recientemente el estudio “Barómetro global de la corrupción”, trabajo que sintetiza los resultados de una encuesta realizada, entre mayo y diciembre de 2016, a más de 22 mil personas en 20 países de América Latina y el Caribe, entre los que se incluyen las naciones centroamericanas. El objetivo ha sido conocer experiencias directas de corrupción en los servicios públicos y las percepciones acerca de la magnitud de la corrupción.

Una de las principales conclusiones del estudio es que la mayoría de personas en la región, cerca del 62% de los encuestados, consideran que la corrupción aumentó en el transcurso de los 12 meses previos a la encuesta. A nivel centroamericano esta afirmación fue hecha por el 53% de los entrevistados, siendo Costa Rica, El Salvador y Honduras los países con la peor percepción.

Al preguntar sobre cuán corruptos se perciben diversos grupos de poder en cada país, los resultados indican que el 47% de las personas encuestadas sostienen que la mayoría o todos son corruptos en la Policía y en el Congreso. El porcentaje baja un poco al evaluar a los gobiernos locales (45%), a los funcionarios que dependen del presidente (43%) y jueces y magistrados (40%). Finalmente, el 36% de los entrevistados cree que los ejecutivos de empresas son sumamente corruptos. En cuanto a la lucha contra la corrupción, más de la mitad de los ciudadanos (53%) considera que su gobierno está haciendo mal esta tarea.

El estudio afirma que casi la tercera parte de usuarios de servicios públicos pagó soborno en los últimos 12 meses, lo cual equivale a casi 90 millones de personas en los 20 países encuestados. Aproximadamente una de cada cinco personas que asistieron a hospitales y escuelas pagaron soborno, dieron un regalo o hicieron algún favor al funcionario o empleado público para conseguir acceso al servicio requerido. Sin embargo, solamente el 9% de quienes pagaron sobornos denunciaron el hecho ante las autoridades. De este limitado número de personas, el 28% sufrió consecuencias negativas, mientras que en uno de cada cinco casos denunciados se tomaron medidas contra el autor.

En Centroamérica, entre un 24 (Costa Rica) y 38% (Panamá) de los entrevistados afirmó haber pagado sobornos. Dentro de los datos más reveladores están el que más del 51% de los entrevistados en Honduras, que utilizaron el sistema de justicia, afirmó haber tenido que pagar soborno. Entre 21 y 30% de los encuestados en El Salvador, Honduras y Panamá debió pagar sobornos para acceder a servicios públicos de educación o salud. Por su parte, Guatemala tiene el más alto porcentaje de sobornos en el Istmo —entre 21 y 30% de los encuestados— pagados a la Policía.

El estudio preguntó a los encuestados si consideran que las personas comunes pueden hacer la diferencia frente a la corrupción y el 70% dijo que sí. En Centroamérica, el porcentaje se situó en 73%: las personas tienen confianza en que su participación activa y la denuncia de los hechos de corrupción ayudan a luchar contra este flagelo. El estudio agrega, entre sus recomendaciones, la necesidad de fortalecer las instituciones que participan en la detección, investigación y condena de delitos de corrupción. Asimismo, recomienda eliminar la inmunidad política en los casos de corrupción; proteger a los denunciantes, tomar medidas para reducir los sobornos en los servicios públicos y sanear la institución policial. La corrupción, como mecanismo de ejercicio del poder, es un cáncer que está matando la democracia, si queremos un mejor futuro, nos toca enfrentarla.

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Los porrazos del gobierno español hacia los catalanes, la ley que castiga la protesta social en Honduras, y el financiamiento ilícito de los partidos en Guatemala, obliga a reflexionar sobre todo lo que se han alejado los partidos políticos de la ciudadanía al ejercer el poder que esta les ha otorgado. ¿Podrán los partidos volver a ganarse al pueblo al que tanto le han fallado? Probablemente, solo aquellos que planteen, desde sus raíces, cambios profundos. Hace dos años esbocé estos principios que, llevados a la práctica, serían pertinentes para un partido político democrático.

Uno: Las personas van primero. El fin de la vida en sociedad es el bienestar de cada uno de los ciudadanos. Los medios son el crecimiento económico sostenible y bien distribuido, con salarios justos y lucros regulados; la construcción de la igualdad entre sexos, territorios e identidades étnicas. Promovemos un Estado que responda efectiva y democráticamente a las demandas ciudadanas.

Dos: Sí hay un mejor futuro. Hay muchos hechos deleznables que quedan en la impunidad, pero hay muchas personas luchando por la justicia. Miles de empleados públicos se convierten en héroes al luchar contra la muerte, la ignorancia y la inseguridad. Son parte de un mejor futuro en construcción, como los trabajadores y campesinos que se fajan diariamente. Igual que aquellos empresarios contrarios a los que luchan por mantener todo igual. Estamos en política para lograr un mejor futuro colectivo. Estudiamos y nos preparamos para ello.

Tres: Temas urgentes. 1) Luchar contra la impunidad y la corrupción; 2) Apoyar la inserción de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas en la vida económica y política; 3) En cada hogar, empleo e ingreso digno y garantizado; 4) Todas las niñas, niños y adolescentes a la escuela; 5) Reforma política para garantizar una sociedad multiétnica y democrática; 6) Reforma económica para el crecimiento con sostenibilidad, pertinencia cultural y equidad y, 7) Reforma fiscal para la transparencia, efectividad y progresividad (quien tiene más, paga más).

Cuatro: Un partido laico. Los discursos basados en la fe intentan esconder vacíos ideológicos y de contenido, y denotan un mesianismo contrario a la democracia y al carácter laico que debe tener la cosa pública. La religión, de tenerla, la conservamos íntima, para nuestra vida en familia y en comunidad.

Cinco: Dialogamos con todos para lograr una agenda política en la que las personas van primero. Debatimos con argumentos técnicos y políticos. Vamos a donde nos inviten a debatir, excepto a las casas de miembros de camarillas empresariales —adscritos o no al crimen organizado—, malacostumbrados a imponer el lugar de reunión y la idea de que los medios van primero y las personas después.

Seis: Mientras menor sea el monto del financista, mayor será su aporte a la democracia. No queremos ser los mayordomos de quienes pueden financiar una campaña millonaria pidiendo a cambio la prostitución de lo público. Este partido es para los ciudadanos, les toca financiarlo.

Siete: Asamblea Pública de Vecinos en cada distrito electoral, para la elección de candidatos y para la aprobación del plan de un gobierno, que incluya metas, costos financieros, fuentes de financiamiento e impacto esperado en la sociedad.

Ocho: Se necesitan ciudadanos que arrimen el hombro, que participen en política. Toca ayudar a organizar y definir las propuestas que sirvan para proteger lo que es de todos. En este partido no organizamos teletones ni días felices: más que su dinero o aprobación, queremos su interés y su compromiso.

Hoy se presentará simultáneamente en El Salvador, Guatemala y Honduras el libro La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano. Elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el trabajo identifica los principales caminos de la corrupción: 1) legislación desactualizada; 2) institucionalidad débil; 3) sistemas de administración de justicia con limitadas capacidades y recursos; 4) sistemas electorales y de partidos políticos sin el rigor democrático; 5) acceso deficiente a la información pública; 6) participación ciudadana escasa; 7) conflictos de intereses; y 8) impunidad.

Para ilustrar estos caminos, el libro recopila numerosos casos relevantes de corrupción en los países estudiados, en los que se muestra tanto el debilitamiento de la administración pública —resultado de la profundización del neoliberalismo—, como la presencia sistemática de actores privados involucrados en la mayoría de los casos analizados. Actores con suficiente injerencia económica y política como para intentar asegurar que la corrupción y la impunidad continúen garantizándoles importantes y nocivas cuotas de poder.

El proceso de investigación nos ha permitido identificar los espacios de mayor corrupción en los países analizados: adquisiciones y obras públicas, gestión del sector salud, creación de plazas fantasma, y una opaca utilización de fideicomisos y mecanismos paralelos. La corrupción es más aguda en el gobierno central de Honduras, en contraste con El Salvador, en donde esta se concentra más en los gobiernos locales. En Guatemala, la corrupción es un cáncer presente en todos los niveles de gobierno.

Con una metodología que permite aproximar los costos de la corrupción, el estudio advierte de que en Honduras los casos documentados de corrupción produjeron una pérdida estimada del 4.3% del PIB (a precios de 2015). El 95% de estas pérdidas provienen del constante saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social. En El Salvador, los casos de corrupción produjeron una pérdida estimada de recursos equivalentes al 2.1% del PIB (a 2015), relacionados con obras públicas y la opaca «Partida secreta presidencial». En Guatemala, a pesar de la poca información, se pudieron identificar los rubros presupuestarios más vulnerables a la corrupción (obras públicas y medicamentos), y se estimó que la pérdida por esta rondaría, en 2015, los Q4.2 millardos, cerca del 0.9% del PIB.

El libro concluye identificando una agenda anticorrupción que reivindica el rol de lo público y que ataca el problema desde sus cimientos: 1) implementar políticas nacionales para la transparencia, combate de la corrupción y gobierno abierto; 2) contar con una política fiscal que priorice la transparencia; 3) asegurar la probidad de los funcionarios y empleados públicos y su rendición de cuentas; 4) garantizar el acceso a la información pública; 5) facilitar la participación ciudadana con espacios de colaboración con la administración pública; 6) incorporar el análisis de la responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción; 7) enfrentar la relación entre corrupción y sistemas político electorales; y 8) reformar el sistema de justicia para fortalecer sus capacidades en la lucha contra la corrupción.

La demanda actual de la ciudadanía podría ser un detonante para hacer avanzar esta agenda con significativos desafíos técnicos y políticos para su implementación. Todos debemos tomar conciencia de que la corrupción es un lastre para la democracia y el desarrollo.

jmenkos@gmail.com

Este 15 de septiembre, por primera vez en mis 42 años de vida, celebré con júbilo. Fuimos con mi esposa y mis hijos a protestar contra ustedes y contra lo que representan. Lo hicimos frente al Palacio de Gobierno y en las puertas del Congreso de la República. No tengo, como otros ciudadanos, buen acento para las malas palabras, pero les grité a todo pulmón lo que ustedes son a mi juicio: ¡Traidores del pueblo! ¡Sinvergüenzas! ¡Proxenetas y asesinos de nuestra democracia niña!

Me alegró mucho encontrarme en las calles con las personas y familias que siempre hemos coincidido desde 2015, pero me animó mucho más ver caras nuevas, de personas desconocidas con quienes hemos unificado consignas que hoy son la semilla de una nueva voz colectiva. Seguramente, como siempre, están ocupados en sus negocios, en sus transas y en sus financistas privados, ustedes, los políticos lejanos no han advertido que en 2015 dejamos de tragarnos callados y de mal modo el enojo cotidiano por todos los atropellos que suceden en este país —hambre y desempleo, violencia e inseguridad, muertes arbitrarias, impunidad y corrupción— y nos decidimos a explotar hacia fuera, a tomar las calles y sumarnos a una plaza con personas de todas la edades, razas y clases sociales, que contagian una esperanza y alegría que enchina la piel. En esa Plaza lo que tenemos claro es que de ahí no saldremos hasta que florezca una democracia verdadera.

Ustedes, los políticos lejanos, sin ideología, solo se representan a sí mismos y a los pocos satisfechos con esta realidad, una gavilla de mafiosos. Se han olvidado del pueblo, de las personas que les han confiado con su voto —de manera consiente o basado en la ignorancia— la poca esperanza que les queda entre penas e incertidumbres. Ustedes, desde el Ejecutivo y Legislativo, desde los gobiernos locales, construyen una nación basada en la corrupción y la impunidad. Amparados en la opacidad, han hecho de lo público su negocio privado. Descarados, se recetan bonos que los hacen más indignos frente a tanta pobreza. No han hecho nada para proteger a las niñas, niños y patojos. Nada por el ciudadano común.

Siempre lejanos, invocan a Dios mientras maquinan nuevos caminos para prostituir el poder público que les dimos. Incluso han intentado destruir la lucha por la justicia. Con mañas de tramposos, han intentado declarar non grato para el Estado a quien por mandato tiene que limpiar las alcantarillas en las que ustedes, junto a sus familias y secuaces, han decidido vivir. Cínicos como son, han llamado terroristas a quienes en paz y respeto hemos tomado las calles en los últimos días para exigir lo que es nuestro: la patria, esa tierra mejor y sin harapos por la que tantos han gastado la voz, los años y hasta la vida.

Ustedes creyeron que nada cambiaría. Que lejanos también están los estudiantes, las amas de casa, los obreros, los académicos, los campesinos y los empresarios. Pensaron que en nuestras distancias sería difícil encontrarnos semejantes. Pero calcularon mal, porque este miércoles 20 nos sumaremos al paro nacional. Caminaremos cercanos en los pasos, en el enojo y en las ideas. Próximos en la esperanza. Compartiremos el agua, la sonrisa, el abrazo y el himno, como lo hemos hecho desde que salimos a la calle para defender la democracia. Dejaremos vacías las oficinas y fábricas, los institutos y las casas para arrimar el hombro a los que estén cansados. En esa patria nueva no caben ustedes, traidores. El miércoles pediremos el fin de la inmunidad para algunos y la renuncia para otros. Así vamos a empezar.

jmenkos@gmail.com

La corrupción no solo es el robo de recursos o la utilización abusiva del poder público para fines privados, es también el sacrificio de la libertad y el bienestar de todas las personas en cualquier sociedad. La corrupción desvanece la relación de confianza entre “nosotros” y las “instituciones” sociales descalabrando así los pilares de la democracia: cohesión social e identidad colectiva, igualdad, certidumbre económica y social y legitimidad del sistema político.

Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelan el alto grado de prostitución de algunos dignatarios de la nación, funcionarios y empleados públicos, alcaldes, operadores de justicia, líderes de movimientos y partidos políticos y empresarios, en casos que van desde defraudación aduanera y tributaria, hasta la captura de instituciones, pasando por corrupción judicial y municipal, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

En 2015, un estudio del Icefi y Oxfam evidenciaba que la corrupción en el presupuesto de ese año pudo haber sumado cerca de Q4.2 millardos de quetzales, lo que significaba cuatro veces el presupuesto del MP, casi el cien por ciento del presupuesto del ministerio de Gobernación y cerca del 75% del ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En aquel entonces, los rubros más proclives a ser objeto de corrupción eran el listado geográfico de obras, las adquisiciones de medicamentos y los fideicomisos. Los casos de corrupción que conocemos en la actualidad, reiteran que estos rubros continúan siendo los espacios por donde los corruptos hacen sus principales fechorías.

Las manifestaciones de 2015 representaron una ruptura de la tolerancia social a la corrupción e impunidad. Muchas personas en las calles dijeron basta a la cultura que argumenta la corrupción como algo “normal”, pues “muchos también lo hacen” o como algo que “aceita la economía”. Hoy, nos encontramos nuevamente en una crisis de Estado, con un presidente sobre el que pesan indicios de haber cometido delitos penales. El diseño del Estado actual reproduce las condiciones para la existencia de corrupción y corruptos, por lo que ha llegado el tiempo para que la sociedad de un paso más y profundice la lucha contra la corrupción.

Una agenda de cambios estructurales debe incluir tres elementos. Primero, el fortalecimiento del MP y del Organismo Judicial. Estas entidades están colapsadas ante la mayor demanda de investigación y justicia, por lo que se requiere de un aumento del presupuesto de entre Q2 y Q4 millardos anules para extender su cobertura y mejorar su eficiencia. Segundo, la puesta en marcha de una política nacional de transparencia y gobierno abierto que prevenga la corrupción por medio de formas modernas de ejecución de los ingresos y gastos públicos, de autonomía política y meritocracia al Servicio Civil, fortalezca la Contraloría de Cuentas en sus acciones ex ante, institucionalice la participación ciudadana en la discusión sobre el quehacer público, y contenga controles de probidad hacia los funcionarios y actores privados que tienen relación con el aparato público. Tercero, la urgente reforma a la Ley electoral y de partidos políticos que limite el financiamiento privado de partidos, transparente a sus financistas y de fuerza a los tribunales electorales. El mandato de la Cicig tiene dos años por delante. Bien haríamos en aprovecharlo para construir una agenda de cambios estructurales. ¡Debemos comenzar ya!

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El pasado 1 de septiembre, el gobierno presentó al Congreso el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Nación para 2018. Con gastos que rondan los Q87.9 millardos —14.6 por ciento del PIB— y con ingresos tributarios en torno a Q63 millardos —10.5 por ciento del PIB—, este presupuesto, aún ejecutándose en su totalidad, continuará sin cambiar las tendencias económicas, políticas y sociales de Guatemala.

El magro presupuesto público del Estado guatemalteco nos está haciendo avanzar peligrosamente hacia la consolidación de una sociedad de personas que enfrentarán su adultez sin haber tenido la oportunidad de educarse, sin empleo y sin protección social; en un modelo económico altamente dependiente del exterior y que basa su competitividad en la reducción del pago de impuestos de los exportadores y en el pago de salarios insuficientes para consumir la canasta básica. A esta realidad toca agregar la rápida urbanización y el descuido del ámbito rural que están provocando migraciones internas a las ciudades; y la mala distribución de la riqueza del país que induce más pobreza y desigualdad.

En lo institucional, la baja credibilidad en los partidos políticos y en los órganos del Estado, aunada a expresiones bien financiadas que promueven la reducción de lo público y la polarización política, aumentan la crisis de democracia que tiene su relación más concreta en los hechos de corrupción, en la impunidad, en la muerte de niñas y niños, por hambre o por fuego, y en la cotidiana incertidumbre económica que sobre el futuro tienen las grandes mayorías de guatemaltecos.

El 2018 será otro año con un magro presupuesto público. Toca reconocer que el Estado guatemalteco no está dando soluciones a los problemas que provocaron la guerra civil; por el contrario, la reducción de lo público a la más mínima expresión no solo limita la producción de bienes y servicios públicos que cohesionan y construyen una identidad colectiva y proveen algún mínimo bienestar, sino que allana el camino para un Estado incapaz de responder a su mandato constitucional, con menos capacidades burocráticas e infraestructurales, más fácil de capturar y con menos legitimidad.

Una pregunta importante es: ¿Podemos cambiar de ruta? La respuesta es sí, a pesar de todas las dificultades y problemas políticos actuales. Pero, cuánto cuesta esa mejor sociedad y cómo la hacemos. Primero, un cálculo somero sobre cuánto costaría cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable a 2030, indica que al llegar a ese año deberíamos haber aumentado en 18 por ciento del PIB las inversiones públicas destinadas a salud, educación, orden público y seguridad, protección del medio ambiente y otros gastos sociales. Segundo, cómo. Esta mejor sociedad solo se puede hacer con otros políticos y otros gobernantes. Liberar a la administración pública de sus diversos captores —sindicalistas indecentes, empresarios proprivilegios fiscales y corruptos— es un reto mayúsculo que requiere de una sociedad madura que no cese en su lucha contra la impunidad. También requerirá nuevas reglas de juego, desde un servicio civil independiente hasta un cobro de impuestos más efectivo, pasando por cambios en contraloría de cuentas y nueva regulación para los partidos políticos. Afortunadamente, cada vez hay más ciudadanos que comprenden lo imperativo de la protesta y la propuesta y lo indispensable de participar en la vida política del país. O aprovechamos la crisis para empujar cambios estructurales o la crisis se llevará consigo los pocos signos de democracia que aún tiene este país.

Jimmy Morales publicó dos videos el fin de semana recién pasado, a hurtadillas de los ciudadanos y de la prensa, para evitar cuestionamientos. El primero, una letanía de artículos y leyes pero sin suficientes argumentos, y oscuro para ir a tono con lo que anunciaba: la expulsión de Iván Velásquez, jefe de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). El segundo, entre banderas, interpretando a un busto que lee un mensaje con el fin de convencernos de que sus acciones, temerarias y antidemocráticamente proimpunidad, son por el bien de la Nación.

En esta trama política, él siempre ha sido un actor secundario, con personalidad mesiánica, un extra del que las fuerzas oscuras —que lo acompañan y lo catapultaron al gobierno— pueden prescindir en cualquier momento, con finales tales como su salida precipitada del Ejecutivo, su llegada al Mariscal Zavala, o un posible giro en la historia para intentar convertirlo en un efímero dictador latinoamericano. Obviamente, Morales, al intentar sacar al comisionado Velásquez, devela también sus intereses personales en favor de la impunidad, pues pesa sobre su hijo y su hermano un juicio, y sobre él, un proceso que podría quitarle la inmunidad y provocar, si las pruebas son contundentes, su destitución.

Pero los mayores ganadores de este capítulo, dedicado a luchar por la impunidad, son las estructuras que han capturado al Estado y cuyos accionistas y operadores siguen siendo Otto Pérez y Roxana Baldetti, Alejandro Sinibaldi, Douglas Charchal y Vladimir Aguilar, Armando Melgar, Edgar Ovalle y Ortega Menaldo, Marvin Montiel el Taquero, Erick Archila, Jack Cohen y Gustavo Alejos, y otros muchos. Espacio particular merece Ángel González, financiador ilícito de partidos políticos y cuyo poder mediático es tal que sus canales y radios tergiversaron el sentido de las manifestaciones del fin de semana, sosteniendo que se trataba de muestras a favor del presidente. He aquí una fauna particular de militares, asesinos, jueces y abogados de la impunidad, narcotraficantes, políticos y empresarios crecidos por la prostitución de lo público y con mucho poder. Los sindicatos de trabajadores públicos callados están siendo sus cómplices.

Del otro lado de la historia, multitud de personas se han estado gastando la voz y los zapatos desde 2015, exigiendo justicia y no más impunidad. Sumadas a las organizaciones campesinas, que llevan años en esta lucha, los ciudadanos están tomando las calles con la madurez para defender el trabajo del comisionado Velásquez, mientras exigen que se avance en los cambios estructurales que cierren la puerta del poder público a los delincuentes: reformas profundas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, al Sistema de Justicia, y a la forma en que el Estado distribuye el bienestar entre sus ciudadanos. También hay que dividir a los mafiosos del Mariscal Zavala y atrapar a los prófugos que apoyan y financian esta crisis.

Lo cierto es que lo que hoy está en disputa es la democracia. O nos unimos en contra de la impunidad y exigimos estos cambios o los criminales nos hacen retroceder hasta los años setenta. No se valen las medias tintas: empresarios, trabajadores, académicos, estudiantes, los ciudadanos debemos pronunciar un no rotundo a la impunidad. Morales debe comprender el contexto histórico en el que está e intentar corregir sus pasos y enfrentar decorosamente el proceso de antejuicio. Aún tiene tiempo. De lo contrario, su personaje terminará tras las rejas más temprano, como un Nerón moderno y trastornado, diciendo: ¡Qué gran artista sucumbe conmigo!

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El pasado junio falleció a los 89 años, Simone Veil, sobreviviente del holocausto y la primera mujer en presidir el Parlamento de Estrasburgo (1979 a 1982). En 1975, siendo la ministra de sanidad francesa, logró liderar la aprobación de una ley que incluía la despenalización del aborto, tanto por razones médicas como por la propia voluntad de la mujer (inducido) en el primer trimestre del embarazo. Francia se convirtió así en el primer país católico que no encarcelaba a las mujeres por abortar, lo que a Veil le valió insultos como asesina, demoníaca, libertina y otros peores provenientes de sectores obscuros de la iglesia católica, de los judíos ortodoxos e incluso de miembros de su derechista partido oficial. Ella los soportó convencida de que la ley pondría fin a una injusticia y aportaría una solución humana a uno de los problemas más difíciles de estos tiempos.

En un histórico discurso al parlamento, la entonces ministra mencionó tres elementos que debemos comprender al abordar este problema. Primero, “El aborto debe seguir siendo la excepción, el último recurso para situaciones sin salida (…) Ninguna mujer recurre gustosamente al aborto. Basta con escucharlas. Es siempre una tragedia y seguirá siendo una tragedia”. Segundo, “La mayor parte de ustedes saben que no pueden impedir los abortos clandestinos y que tampoco se puede aplicar la ley penal a todas las mujeres a las que cabría imponer su rigor”. Tercero, “Saben que la misma mujer, si tiene dinero y sabe informarse, se irá a ciertas clínicas de un país vecino o incluso de Francia y podrá, sin correr ningún riesgo ni penalidad alguna, poner fin a su embarazo. Y esas mujeres no son necesariamente las más inmorales o las más inconscientes. Son 300,000 cada año. Pasamos a su lado todos los días sin conocer nunca su desamparo y sus dramas”.

En Guatemala ?el aborto solo se avala en caso de que la vida de la madre esté en peligro?, el estudio realizado por investigadores del Guttmacher Institute (2006), estima que cerca de 65,000 abortos inducidos ocurren anualmente. El embarazo no planeado fue la causa principal. Esto evidencia que los impedimentos legales no disuaden a las mujeres que han tomado la decisión, pero sí aumenta sus riesgos. Tres de cada cinco mujeres que tienen un aborto inducido sufren complicaciones que requieren hospitalización. Las mujeres indígenas, rurales y pobres, tienen tres veces más probabilidad de utilizar los servicios más inseguros. Cuando hay complicaciones, tres de cada cuatro deben recurrir a instituciones de salud estatales.

También hay documentadas demasiadas historias de niñas convertidas en madres. Algunas sin comprender qué pasó pero habiendo sido sometidas a violaciones sexuales por familiares, maestros y vecinos; otras casadas con sus abusadores o dejadas a su amparo y fuera de la escuela. Ellas también sufren los efectos de leyes y políticas públicas fundadas en creencias, alejadas del conocimiento científico y de la realidad.

Ante esto y para evitar la sobreutilización del aborto, el aumento de riesgos a las mujeres o su castigo penal, el Estado debe garantizar con recursos humanos, materiales y financieros el acceso universal a educación científica e integral en materia sexual y reproductiva, a servicios de planificación familiar y salud materna, así como la atención sanitaria y sicológica del embarazo, del aborto y del parto. El aborto inducido durante el primer trimestre debe integrarse a las políticas públicas. Guatemala debe edificar un sistema de protección y asistencia social respetuoso, moderno y laico.

Hoy que se celebra la fiesta patronal de esta ciudad colapsada por el caos urbano, el tráfico, el desempleo, la inseguridad y el enmohecimiento de la gestión municipal tras 13 años de la misma dirección, me he puesto a buscar cómo estamos con respecto al resto del mundo.

El índice, Cities in Motion, elaborado por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de la Universidad de Navarra, en su edición para 2017, revela que la Ciudad de Guatemala se encuentra en el puesto 149 de 180 ciudades evaluadas. Nueva York, Londres, París, Tokio y Berlín aparecen en los primeros lugares, mientras que en el contexto latinoamericano las mejor posicionadas son Buenos Aires (83), Santiago de Chile (85) y Ciudad de México (87).

El índice es la suma de 68 variables priorizadas a partir de la revisión de ciudades exitosas, así como de entrevistas con planificadores urbanos, empresarios, académicos y expertos vinculados con el desarrollo de ciudades. Las variables evaluadas están divididas en diez dimensiones: capital humano, cohesión social, economía, gestión pública, gobernanza, medioambiente, movilidad y transporte; planificación urbana, proyección internacional y tecnología.

La posición de la Ciudad de Guatemala en cada una de estas esferas con respecto a las 180 ciudades evaluadas es: Gestión pública (97), Medioambiente (103), Cohesión social (117), Gobernanza (121), Tecnología (125), Economía (134), Planificación urbana (158), Proyección internacional (162), Movilidad y transporte (165) y Capital humano (175). Valga decir que las dos esferas en las que peor le va a la Ciudad de Guatemala es en aquellas que se refieren a la gestión de la educación de los vecinos, así como la existencia de museos, bibliotecas y otras formas de ocio y recreación. La otra peor evaluación es la que se refiere al desplazamiento por la ciudad de personas y productos.

Los resultados de las ciudades, en cada una de las dimensiones, nos recuerda que no hay centros urbanos perfectos y que estos no son únicamente resultado de una buena gestión municipal: las relaciones humanas, económicas y políticas sobre las que se fundamenta cada ciudad determinan su presente y su futuro. Por ejemplo, la ciudad más cohesionada es Helsinki, capital de Finlandia, pues tiene una baja tasa de desempleo, un distribución de ingresos equitativa y un alto porcentaje de mujeres en puestos de responsabilidad. La mejor evaluada en tecnología es Tokio, con un 90% de usuarios de banda ancha.

Por su parte, Ottawa (Canadá) es la ciudad con la mejor gobernanza, destacando los índices de fortaleza en los derechos legales y la baja percepción de corrupción. En materia de movilidad y transporte es Londres la ciudad en el primer puesto. La capital de Inglaterra y la mayor ciudad de la Unión Europea, con 8.9 millones de habitantes, cuenta con un sistema de transporte público que integra metro y trenes, buses, taxis y bicicletas. El peaje urbano, un cobro que desincentiva el uso de vehículos privados, ha generado recursos para ampliar vías y horarios de la red pública de transporte, aumentar la seguridad y mejorar los espacios públicos y recorridos a pie y en bicicleta.

Lo cierto es que la Ciudad de Guatemala debe crecer con más bibliotecas, teatros y museos; más bicicletas y mejor transporte público. Debe construirse sin muros, con servicios públicos universales y de calidad. Debe recordarnos a nuestros héroes, no a los tiranos. Debe basarse en el respeto, el diálogo, el empleo y la seguridad para todos. No es tarea fácil, pero solo así pasaremos de la actual decepción a un compromiso vecinal renovado.

El 6 de agosto de 1945, a las 8.14 de la mañana. un avión del ejército estadounidense, piloteado por el coronel Paul Tibbets, lanzó sobre Hiroshima a Little boy, una bomba atómica de cuatro toneladas de peso y un corazón de 50 kilos de uranio. A las 8.15, 600 metros antes de tocar tierra, Little boy obtuvo el deshonroso título de ser la primera bomba atómica que explotaba en una guerra y sobre civiles. Cerca de 70 mil personas murieron de manera inmediata y otro número similar falleció en los siguientes años por sus consecuencias. El mito de la disuasión nuclear, enseñado en las escuelas, es que aquellas bombas terminaron con la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, una revisión exhaustiva de los hechos revela que la rendición de Japón se debió en mayor medida al ataque soviético iniciado el 9 de agosto.

Tibbets, quien murió el 1 de noviembre de 2007, siempre afirmó no sentirse arrepentido. En una nota recogida por El País de España, aseveró: “Mi interés principal era hacer el trabajo lo mejor que pudiera, así podría acabar la matanza lo más rápido posible”. En 2015, acompañado por el primer ministro japonés, Shinzo Abe, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó Hiroshima. En su discurso tampoco pidió perdón por lo sucedido durante la guerra. Sin embargo, fue la primera vez que un presidente de este país visitó Hiroshima y se reunió con los hibakushas ?como se les dice a los sobrevivientes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki?. Además, Obama hizo públicamente la pregunta sobre ¿cómo es que tan fácilmente aprendemos a justificar la violencia a favor de un coste mayor? Hoy sabemos que, en parte, aquellas bombas ayudaron a justificar el enorme gasto del programa nuclear de Estados Unidos, y a consolidarlo como la nación más poderosa bélica y económicamente de ese tiempo.

Este año, en el que se ha conmemorado el 72 aniversario de la bomba atómica, he podido visitar Hiroshima y conocer algunos de los hibakushas. Ellos se dedican cotidianamente a platicar sobre lo sucedido y a recoger firmas para luchar contra las armas nucleares en el mundo. En el Museo Nacional de la Paz me sorprendieron los objetos y las fotografías que cuentan sobre aquel 6 de agosto de 1945. Pero mi mayor sorpresa fue conocer al señor Takashi Teramoto, quien a sus 82 años no deja pasar la oportunidad de relatar su historia marcada por la muerte y la discriminación, pero también por la esperanza.

Cuando se camina por el pasado y el presente de Hiroshima se logra tener una idea clara sobre la capacidad de destrucción que tiene el ser humano. Pero también, quien ha escuchado a los sobrevivientes notará en ellos la capacidad humana para cambiar el odio y el deseo de venganza —que ha servido de excusa a tantas guerras y genocidios—, a la lucha por la paz. Como dice el señor Teramoto, la paz corresponde a cada ser humano.

El mundo actual está lleno de bombas nucleares —más de 15 mil— y de locos con autoridad para hacerlas explotar. De hecho, cien bombas lanzadas sobre grandes ciudades podrían precipitar nuestro final. Es por esa realidad que la historia de Hiroshima y el poder de sus sobrevivientes para luchar por la paz no deben olvidarse. La paz de este tiempo requiere que los nueve Estados que ostentan el arsenal nuclear acuerden no utilizarlo. Pero la paz también debe lograr que los avances científicos y productivos se conviertan en herramientas para el bienestar de todos, en cualquier parte del mundo. El hambre y la ignorancia, la pobreza, la inseguridad, la corrupción y la codicia son bombas nucleares que matan a diario.

jmenkos@gmail.com

El 22 de abril de 2015, se firmó la sentencia a muerte de la democracia hondureña. La Sala de lo Constitucional de este país revolvió ese día declarar inconstitucional el artículo 239 de la Carta Magna en el que se prohíbe la reelección presidencial. Esta sentencia, considerada por los expertos constitucionalistas como una violación al ordenamiento jurídico, admite la reelección indefinida, lo que ha permitido al actual presidente, Juan Orlando Hernández, lanzarse al proceso electoral y, probablemente, mantenerse en la presidencia hasta el 2022.

Dentro de los principales fenómenos en la historia reciente de Honduras y que dinamitan las bases de su democracia vale la pena mencionar cuatro. Primero, el golpe de Estado de 2009, que ha acelerado el debilitamiento de los organismos del Estado, cada vez más sordos ante el clamor social y con mayor opacidad para la rendición de cuentas. Segundo, la violencia contra defensores de derechos humanos. En el contexto de impunidad prevaleciente, son elevadas las intimidaciones y las tasas de asesinato de defensores de derechos humanos —como Berta Cáceres, Juan Carlos Flores y Nelson García—, periodistas, sindicalistas, líderes indígenas y activistas medioambientales y de la comunidad LGBTI. De acuerdo con la organización Global Witness, Honduras es el país del mundo más peligroso para el activismo ambiental. Entre 2010 y 2016 “más de 120 personas fueron asesinadas por oponerse a empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente”.

Tercero, la militarización social y las prácticas de limpieza social. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló recientemente su preocupación por prácticas de limpieza social y otras ejecuciones que implican a las fuerzas de seguridad, así como por el alto número de desapariciones forzadas sin resolver. También mostró inquietud por denuncias e informaciones sobre tortura y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de policía, fuerzas armadas y otros funcionarios. Entre 2010 y 2017, el presupuesto de Defensa creció 153%, mientras los de Salud y Educación aumentaron en menos del 15%.

Cuarto, la prostitución de lo público en favor de intereses gremiales. Ejemplo de esto ha sido que sin un debate técnico y público se apruebe la creación de ciudades modelo —espacios productivos con autonomía administrativa y jurídica (un país dentro de otro)—, así como la concesión en condiciones poco ventajosas y hasta por 30 años de recursos del Estado. Ahora, en plena campaña electoral, el Gobierno ha propuesto una iniciativa de ley para apoyar al sector turístico. Además de nuevos y opacos privilegios fiscales se introduce la creación del Fondo de Turismo, muestra de corporativismo del Estado, en donde intereses privados podrán manejar recursos y decisiones públicas. La iniciativa también incluye la posibilidad de expropiar tierras que hoy son de propiedad privada o comunitaria, con el fin de promover inversiones turísticas. Esta medida podría legalizar el desalojo forzoso de pueblos indígenas y afro-hondureños de sus tierras, hoy en disputa frente a empresas e instituciones públicas.

Recientes estudios de InSight Crime y de la Carnegie Endowment for International Peace permiten comprender que la corrupción y la impunidad son el sistema operativo de Honduras, pues sobre estos se articulan actores de los sectores público y privado en estrecha conexión con redes criminales. Hay en Honduras un “pacto de élites” para la consolidación de una cleptocracia moderna, cuyo éxito asfixia la democracia y el desarrollo de las y los hondureños.

El pasado 27 de mayo, el Papa Francisco pronunció un discurso en una fábrica siderúrgica en tierras genovesas, ante empresarios y miles de obreros. Ahí recordó dos cosas fundamentales. La primera, muy personal, acerca de su origen migrante, pues su padre alguna vez salió del puerto de Génova hacia Argentina. La segunda, sobre el trabajo y los empresarios.

En cuanto al trabajo, señaló que el mismo es como un alumbramiento, por los dolores y cansancio y por la posterior alegría de generar algo colectivamente. Trajo a colación que al trabajar nuestros principales rasgos de humanidad florecen, por lo que en el centro del pacto social se encuentra el trabajo. Si no hay trabajo, si el pacto social falla, entonces la democracia está en crisis.

El Papa Francisco hizo la distinción entre lo que es un empresario y un especulador: «el verdadero empresario conoce a sus trabajadores, porque trabaja junto a ellos, trabaja con ellos. No olvidemos que el empresario debe ser antes que nada un trabajador. […] el especulador es una figura semejante a la que Jesús en el Evangelio llama “mercenario”, para contraponerlo al Buen Pastor. El especulador no ama a su empresa, no ama a los trabajadores, sino que ve a la empresa y los trabajadores sólo como medios para obtener provecho».

¿Ha notado usted cómo se comportan los empresarios y los especuladores en Guatemala? Los primeros trabajan en empresas que están cerca de la gente; se preocupan por lo que sucede en su comunidad y se inquietan casi por las mismas cosas que el resto de nosotros: por la falta de seguridad y educación, lo mal que anda el empleo, la informalidad, y lo que significa, para la sociedad y su negocio particular, el que los salarios sean tan bajos. Hablan sobre lo terrible de la corrupción y lo fatal que están las carreteras. Una inquietud particular de estos empresarios es la limitación para acceder a crédito que les permita ampliar su empresa.

Por su parte, los especuladores intentan hacer que la economía no tenga rostro humano y gire en torno a la inversión. Impulsan la rebaja de salarios y evitan pagar la seguridad social. Influyen en las instituciones públicas para tener licencias legales, pero ilegitimas. Financian diputados en el Congreso, mayordomos que firman contratos opacos para hacer lobby en Estados Unidos, o abanderan iniciativas de ley para más privilegios fiscales. Los especuladores también tienen comentaristas en un sinfín de medios vendiéndonos la idea de la libertad, señalando que hablar de desigualdad es querer ser Venezuela y que la existencia de lo público es malo para los ciudadanos, mientras ellos se hacen ricos cooptándolo.

En el momento actual, la cúpula que dirige el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) debe preguntarse si desea ser recordada como un grupo de empresarios honestos, que comprendió su papel ante el clamor social, o como una camarilla más de especuladores. Demostrar que son empresarios requiere que comprendan y actúen para solucionar los problemas de un pueblo que les ha enriquecido con su trabajo y consumiendo sus productos. Los empresarios deben comprometerse socialmente con la transformación del Estado guatemalteco. Esto significa, un pacto social y fiscal para blindar la institucionalidad pública frente a la cooptación, y devolver su rol protagónico para aumentar la protección social y potenciar el trabajo y desarrollo de todos. De nada sirve hoy un nuevo eslogan, “soy correcto, no corrupto”, que suena tan vacío y demagógico como “ni corrupto, ni ladrón”.

Recientemente, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en colaboración con el Mecanismo de Apoyo a Pueblos Indígenas Oxlajuj Tz’ikin, desarrolló una metodología para medir cuánto del presupuesto de las instituciones públicas, con beneficio directo en la ciudadanía, se destinó en 2015 a garantizar, promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas.

El estudio, denominado Atlas de la inversión pública en pueblos indígenas, identificó que de un total de Q42.6 millardos ejecutados con el objetivo de mejorar el bienestar social de toda la población, solamente Q10.6 millardos (2.2% del producto interno bruto) tuvieron relación con la población indígena. Respecto de la distribución de las asignaciones de recursos destinadas a los pueblos indígenas, el 42.8% fue dirigida para educación, principalmente al programa de educación bilingüe intercultural, de primero a tercer grado primaria. Un 18.8% fue para asuntos económicos, como el desarrollo de la micro y pequeña empresa y la ayuda alimentaria. Otro 15.5% se destinó al primer nivel de atención del sistema público de salud —programas de maternidad y seguridad alimentaria—. El restante 22.9% se ejecutó en diversos programas, entre los que destacan algunos relacionados con protección social, vivienda y servicios comunitarios, así como a la protección del medio ambiente.

En términos per cápita, por cada quetzal del presupuesto invertido en una persona no indígena, el Estado invirtió en 2015 solamente cuarenta y cinco centavos en una persona indígena. Al analizar las inversiones públicas a nivel territorial, se encontró que en aquellos municipios en los cuales más del 90 por ciento de la población es indígena, el máximo nivel de inversión diaria en una persona fue de Q4.40. En contraste, en los municipios con un 10% de población indígena, los montos invertidos en cada ciudadano para diversas finalidades llegaron incluso hasta los Q21.90 diarios.

A lo largo de la historia, las personas indígenas han sido forzadas a trabajar gratuitamente. Se les ha empujado a la servidumbre doméstica, a los empleos peor pagados y a las labores más duras, ante la inexistencia de mejores oportunidades. Han sido acalladas sus exigencias de justicia y su reclamo por una sociedad multicultural que incluya sus voces, sus conocimientos y su forma de ver el mundo.

En la actualidad, la discriminación de la población indígena continúa siendo notoria en lo económico, en lo político y en lo social. Los pueblos indígenas siguen siendo marginados del desarrollo, lo que se revela en altas tasas de pobreza, en menor acceso a educación, salud y al trabajo formal. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2014 revelaba que más del 60% de los pueblos ch’orti e ixil vivían en pobreza extrema, casi triplicando el promedio nacional. En ese mismo año, solo el 12.5% de los adolescentes indígenas con edad para cursar el ciclo diversificado estaban matriculados.

Estos datos corroboran que el racismo es la institución más exitosa en este país y que las políticas públicas actuales y el gasto público que las sustenta promueven la discriminación racial. Guatemala hoy en día podría reconocerse como la Sudáfrica del apartheid previa a la presidencia de Mandela. Para el desarrollo y la democracia, los ciudadanos, indígenas o mestizos deben ayudar a construir un Estado respetuoso y promotor de la diversidad. Por ello es urgente incorporar la pertinencia cultural a las políticas públicas, ampliar la inversión pública en las personas y evaluar sus resultados en función del cierre de brechas entre grupos étnicos.

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La explotación de recursos naturales es una de las fuentes de mayor conflictividad y polarización, en especial la minería. Basta ver las campañas mediáticas que llevan a cabo las empresas mineras y los discursos que en su favor pronuncian empresarios y funcionarios de gobiernos de turno. En contraste, las protestas ciudadanas en los lugares de explotación son una alerta sobre la ingobernabilidad generada por esta actividad.

En la discusión actual se dejan de lado los datos concretos sobre la actividad minera. Primero, sobre la dimensión social y política. La minería no se genera al margen de los habitantes y de sus creencias, y tampoco está por encima del marco legal que garantiza a los ciudadanos el derecho a decidir sobre la utilización de los recursos naturales. En 2010, de los cien municipios que contaban con licencias mineras, se reportaban conflictos sociales en 77. Las principales fuentes de conflicto estaban relacionadas con el deterioro ambiental —agua y deforestación— y con la percepción de que las instituciones públicas relacionadas con recursos naturales son ilegítimas para mediar ante los conflictos, pues se perciben como promotoras de su explotación y opacas en la difusión de información.

En la dimensión económica, pocas personas saben que la actividad minera representó, entre 2010 y 2015, tan solo el 0.7% de la producción total de bienes y servicios de Guatemala y los empleos formales generados al final de 2015 sumaron 4,919. La minería es un sector independiente que está desvinculado del resto de la economía, así es que las empresas llegan, explotan los recursos y se van, por lo que la mejor forma de trasladar algo de su actividad a la sociedad es por medio del pago de impuestos. Sin embargo, entre 2010 y 2015, los impuestos y regalías aportados fueron cercanos a los 53 millones de dólares anuales, lo que sirvió para financiar tan solo el 0.7% del presupuesto de gastos del gobierno central guatemalteco.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en Chile y Colombia, por cada dólar de utilidades de la actividad minera, el Estado recibe cerca de 36 centavos. En Bolivia este indicador aumenta a 58, mientras en Guatemala es de 12.2 centavos. Pero no se trata solamente de cobrarles más impuestos, pues en Perú se cuadruplicó el pago de regalías mineras sobre la producción, lo que aumentó significativamente los recursos del Estado, pero no disminuyó la conflictividad social. Eso sí, se acentuó el perverso papel de los gobiernos como promotores y no reguladores de esta actividad.

Finalmente, en la dimensión institucional, el marco legal vigente para la regulación de esta actividad no está en sintonía con las complejidades de la minería. Por ejemplo, no está bien regulado el proceso de cierre de las minas: las mineras no están obligadas a elaborar un plan de clausura ni de asumir los costos de implementación de dicho plan. Se estima que, de acuerdo a la vida de los proyectos mineros actuales, en los próximos años —entre 2023 y 2038— el costo de reclamación promedio por mina puede oscilar entre el 0.02 y el 0.21% del PIB; montos superiores a los aportes tributarios totales de la minería recaudados entre 2009 y 2015.

Ante todo lo anterior, el Estado de Guatemala debe establecer un procedimiento para la suspensión en el otorgamiento de cualquier tipo de licencia minera e iniciar un proceso de consulta, diálogo y consenso nacional en el que, con base en información objetiva, se acuerde si la minería a gran escala debe formar parte, o no, del modelo de desarrollo del país.

Los libros, como diría Jorge Luis Borges, son una extensión de la imaginación y la memoria. Y se parecen mucho a nosotros, pues los hay altos y bajitos, gordos y delgados, románticos y desabridos, famosos e ignorados. Los hay pesados y llevaderos, alegres y pesimistas, subversivos y mainstream, religiosos y laicos, comprometidos, mentirosos y sinceros, científicos y fantasiosos. También están los proletarios y los aburguesados, los humildes en blanco y negro y los suntuosos de colores; los que tienen hambre de ortografía y gramática y los bien editados. Todos, en su diversidad, son indispensables para la civilización.

Leer es un derecho que acrecienta las capacidades de aprendizaje y mejora el rendimiento escolar, al tiempo en que aumenta la motivación personal, la participación social y las competencias en la vida adulta. En lo colectivo, los libros abren puertas que trasladan al lector hacia el pensamiento y los hechos de una época y espacio particular. También ayudan a la difusión de nuestras preguntas y respuestas sobre la democracia, el desarrollo, la vida en sociedad y la cultura misma.

Por eso es tan importante aplaudir los espacios para encontrarse con los libros, y este año, del 13 al 23 de julio, se celebrará en el Fórum Majadas la XIV edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua). El invitado de honor será “el mundo de Asturias”, en conmemoración del cincuentenario del Premio Nobel de Literatura otorgado a Miguel Ángel Asturias.

En 2016 visitaron Filgua cerca de 45 mil personas, y seguro este año se romperá ese récord, pues los organizadores han preparado muchas actividades y espacios para que los visitantes la pasemos muy bien. Habrá 140 estands con la creación editorial guatemalteca, centroamericana y del resto del mundo. Entre las actividades más importantes estará el ciclo de conferencias sobre la obra de Miguel Ángel Asturias, que se llevará a cabo el lunes 17 y el martes 18, en horas de la tarde. Los días jueves 20 y viernes 21, escritores de muchas latitudes de América realizarán lecturas de su obra, y todos los días habrá eventos para dar a conocer novedades editoriales. Habrá tres días con dedicatoria especial y eventos particulares: el sábado 15 será el Día de Francia; el viernes 21, el Día de México, y el domingo 23 el Día de las Mujeres. Además, cada día de esta fiesta de libros cerrará con una actividad musical, a partir de las ocho de la noche.

Tome en cuenta que el costo de la entrada por adulto será de cinco quetzales; menores de 12 años y adultos mayores entrarán gratis; los mayores de 12 años pueden entrar gratis si presentan su carné escolar. Recuerde que en algunos estands le harán un descuento de cinco quetzales al presentar los tiquetes de ingreso. Por otro lado, los organizadores de Filgua apoyarán con transporte la visita de estudiantes residentes en lugares alejados de la Ciudad de Guatemala. Los interesados en organizar grupos de estudiantes para asistir a la feria deben escribir a visitasfilgua@gmail.com para solicitar el apoyo con el transporte. Busque más información en www.filgua.com.

Si desea leer un libro entretenido, le recomiendo Bajo el mismo día. Cuentos trípticos, obra de este su servidor. Estará en la feria y es el único libro centroamericano participando en el premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez, otorgado por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia. Bueno, que nunca falten los libros y que esta fiesta en su honor logre atraer y alegrar a todos los guatemaltecos. ¡Nos vemos en Filgua!

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Vano terminó siendo el esfuerzo de don Eugenio López, de 75 años de sobrevivencia, quien fue asesinado por reclamar su derecho pagado a la seguridad social. Un montón de perdigones se le apelmazaron en el pecho, el pasado viernes 23 de junio, mientras manifestaba en la entrada a la finca San Gregorio Piedra Parada. Un disparo salió de adentro de la finca y su cuerpo de abuelo cayó al suelo antes de que cayera el sol de ese día.

Resulta ser que cuando don Eugenio y otros trabajadores de esta finca fueron a tramitar su jubilación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), les dijeron que su patrono no había trasladado las cuotas correspondientes. A cerca de 200 extrabajadores de esta finca, localizada en Coatepeque, Quetzaltenango, les descontaron de sus magros sueldos, durante 25 años, la cuota laboral para aportar al IGSS, pero esta nunca llegó a pagarse.

En octubre de 2015 se publicó en este diario una nota que reportaba que —de acuerdo con datos del IGSS— 271 patronos del sector municipal, 9,845 del sector privado y 89 entidades descentralizadas han dejado de pagar las cuotas patronal y laboral. Cualquier trabajador puede denunciar a su patrono cuando este no traslada las cuotas. Lo puede hacer ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) o en el propio IGSS. En el artículo 272 del Código Penal se tipifica el delito de apropiación y retención indebidas. Cualquier patrón que se quede con las cuotas laborales comete este delito, que tiene una sanción de seis meses hasta cuatro años de prisión y una multa de cien a tres mil quetzales.

En el acta número 14-2016 de las sesiones de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, del 12 de julio de 2016, se recoge una reunión sostenida por los diputados de dicha comisión para tratar sobre los extrabajadores de la finca San Gregorio. En la misma participaron representantes de la PDH, del Mintrab, del IGSS, de los extrabajadores y de los dueños de la finca. En síntesis, el Mintrab señaló que el IGSS no había actuado como es debido, pues tuvo que presentar las denuncias penales. El presidente de la Comisión, diputado Ronald Arango, cerró el acta recomendando al IGSS trabajar conforme a derecho y con conciencia hacia los trabajadores, a quienes en su momento les fue descontada la cuota correspondiente. ¿Qué hicieron las instituciones encargadas de dar seguimiento a la denuncia de los extrabajadores de esta finca? ¿Y qué están haciendo ahora mismo?

Veo una foto en la noticia sobre la muerte de don Eugenio: sus botas de hule enlodadas, su pantalón negruzco gastado de tanta injusticia, pobreza y discriminación. Noto en su mano, huesuda y agrietada por el tiempo y el azadón, manchas de una sangre roja que se sumará a tanta sangre derramada en este país. Don Eugenio, con sus 75 años a cuestas, quizá sin saber leer ni escribir, con el estómago cotidianamente vacío, murió pensando que en este país se puede hacer justicia.

Sin embargo, cada vez es más difícil imaginar que Guatemala llegue a ser una sociedad en paz: acá un muerto, allá en Petén militares desalojando comunidades pobres; en Santa Rosa, la policía abusando de su fuerza con la población que manifiesta contra la minería. Las niñas calcinadas. Mientras tanto, los que ganan con esta miseria colectiva le pagan a lobbistas en Estados Unidos, y otros presionan por pagar menos impuestos y salarios más bajos. ¡Cuántas infamias están permitidas en el país de la impunidad!

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La semana pasada tuve la oportunidad de ver Finding Óscar (Encontrando a Óscar), producida por Steven Spielberg. Este documental nos regresa a los días más amargos de la guerra civil guatemalteca, al período en que Efraín Ríos Montt y sus secuaces hicieron de la perversidad y de la aniquilación selectiva una política pública. Un tiempo en el que, como ahora, se utilizaba el lenguaje del desprecio, odio y temor al “comunismo” para ocultar la codicia por la tierra y los recursos naturales, y el añejo racismo hacia los pueblos indígenas.

La historia nos lleva hasta la masacre de Las Dos Erres. En el informe, Guatemala: Memoria del Silencio, se documenta esta masacre como el caso ilustrativo número 31: más de 200 personas murieron o desaparecieron la madrugada del 7 de diciembre de 1982 en las manos inhumanas de una fuerza de kaibiles. Los niños fueron ejecutados a golpes en la cabeza, mientras a los más pequeños los estrellaban contra muros y árboles. El teniente a cargo abrió la posibilidad de violar a las mujeres. La ejecución terminó como a las cinco de la tarde, cuenta un kaibil, en dicho informe, y después de cerrar el pozo “quedamos listos para ir a cenar”.

Sin embargo, la cinta se centra en contar lo que sucedió con un niño superviviente, Óscar, quien fue secuestrado y criado por la familia de uno de los soldados que participó en la masacre. El motivo para salvarlo: sus ojos verdes. Casi 30 años después, Óscar, convertido en un inmigrante ilegal más en Estados Unidos, se entera de su origen y de que su madre, cinco hermanas y dos hermanos fueron asesinados por el ejército. Llegar hasta ese momento costó muchos años de trabajo de expertos forenses, abogados y asociaciones de víctimas y de la fiscal del Ministerio Público, Sara Romero, cuyo trabajo ha sido ejemplar, pues encontrarlo a él permitió presentar una prueba contundente sobre la participación del gobierno en esta masacre. El 2 de agosto de 2011, la justicia guatemalteca condenó a más de seis mil años de prisión a los cuatro acusados.

El ser humano tiene tanta capacidad de hacer el mal como de hacer el bien, y eso queda demostrado en este documental: La barbarie del ejército de Guatemala, apoyado por Estados Unidos durante la administración del republicano Ronald Reagan, frente a la decisión y valentía por encontrar la verdad y luchar contra la impunidad: magistrados, jueces y fiscales, personas particulares, abogados y grupos como la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), entre otros.

La guerra y la enajenación en este país han dejado 45 mil desaparecidos, personas amadas y extrañadas por familias que hoy continúan buscándolos. Es por ello que, Encontrando a Óscar, nos recuerda la obligación y el derecho que tenemos como sociedad de conocer la verdad y hacer justicia.

El 18 de enero de 2007, el Pleno del Congreso conoció la iniciativa de ley 3590, “Ley de la comisión nacional de búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición”, la que crea un ente público, autónomo, con una vida inicial de 15 años. Entre sus funciones está la administración de un registro nacional de víctimas de desaparición forzada, la coordinación con el Ministerio Público y la producción de informes sobre el tema.

A esta iniciativa le falta la tercera lectura: ¡Diputados, quítense la corbata otra vez y aprueben urgentemente y por unanimidad esta iniciativa de ley!

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Esta semana se reunirán en Miami los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, y el vicepresidente de Estados Unidos. La cita servirá para relanzar el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN), iniciativa surgida ante la crisis migratoria provocada por los más de cincuenta mil niños, niñas y adolescentes que en 2014 salieron hacia Estados Unidos sin compañía de un adulto y que fueron detenidos en sus fronteras.

La migración es producto de la pobreza, la desigualdad y la impunidad. El 80 por ciento de los pobres centroamericanos —16 millones de personas— sobreviven en el Triángulo Norte, en donde el 20 por ciento de población más rica concentra más de la mitad del ingreso nacional. Intentar llegar a Estados Unidos constituye una oportunidad para alejarse de la violencia impune y la falta de bienes y servicios públicos básicos como educación y salud. La reunificación familiar es el otro factor que motiva la migración. En 2013 vivían en Estados Unidos, de acuerdo con estadísticas oficiales, 2.7 millones de personas que partieron alguna vez del Triángulo Norte.

La violencia persigue a los desterrados en su camino hacia Estados Unidos. De acuerdo con Médicos sin Fronteras, 7 de cada 10 migrantes atendidos entre 2015 y 2016 relataron haber sido víctimas de vejámenes en México: robos, violencia física y abusos sexuales perpetrados por miembros de organizaciones criminales y agentes de las fuerzas de seguridad mexicanas.

Infortunadamente, el PAPTN no es la solución porque la definición de su contenido ha estado marcada más por la agenda de algunos sectores empresariales cercanos al poder que por objetivos de desarrollo nacional. Esto ha provocado que las discusiones sobre lo estructural —inversiones públicas sociales, reforma fiscal y acceso a trabajo decente con remuneraciones justas— queden disminuidas. De los USD16,660 millones que costará el plan, entre 2016 y 2020, según rubros identificados por los gobiernos del Triángulo Norte, el 65 por ciento está destinado al estímulo del sector productivo —alianzas público privadas para infraestructura, diversificar matriz energética, mejorar corredores de logística y el ambiente de negocios, principalmente—, 30 por ciento para desarrollo de capital humano y 5 por ciento para mejorar la seguridad y justicia. Por cierto, las remesas familiares hacia estos países sumaron en 2016 cerca de USD15,700 millones.

Tan lejano de los ciudadanos está este plan como los gobiernos del Triángulo Norte. En El Salvador, incluso, se ha reducido en los últimos años el gasto social. En Honduras se ha ampliado el presupuesto para defensa y seguridad, al tiempo que aumentan los recursos para programas de asistencia social que son utilizados para la campaña electoral del actual presidente. En Guatemala, el intento de reforma tributaria del Gobierno, basado en un impuesto a los combustibles, era una obtusa apuesta por más pobreza e ingobernabilidad. En concreto, nada fiscal a favor del bienestar social. Por el contrario, en los tres países se han aprobado amnistías y privilegios fiscales que destruyen la moral ciudadana y refuerzan la idea de que lo público está cooptado por el poder privado.

Finalmente puede que el plan para la prosperidad lo sea para algunos, pero falta un plan que haga prosperar a todos: que fije metas, acciones y compromisos compartidos para un crecimiento económico sostenible, un piso mínimo de protección social universal y una administración pública con fuerza fiscal, inteligencia y legitimidad para marcar un nuevo norte.

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Esta semana se está llevando a cabo la Conferencia sobre los océanos, un espacio mundial en el que se espera que los gobiernos, la comunidad internacional y los representantes del sector privado y otras organizaciones de la sociedad civil, acuerden acciones para cuidar la salud de los mares. Además, es la primera reunión global de alto nivel después de que Estados Unidos —el segundo mayor emisor de gases contaminantes— anunciara su salida del Acuerdo de París, un pacto firmado en 2015 por cerca de 200 naciones y cuyo objetivo es reducir las emisiones que están provocando el cambio climático.

El agua es vida y los océanos son el corazón que la bombea por el planeta. Los océanos constituyen el 75 por ciento de la superficie del mundo, contienen el 97 por ciento del agua de la Tierra y han proveído no solo las condiciones ideales para el origen de la vida, sino también para su evolución y mantenimiento. Tomando en cuenta que aún conocemos muy poco de los océanos —menos del 10 por ciento—, se han identificado cerca de 200,000 especies, y de acuerdo con datos de las Naciones Unidas, más de tres mil millones de personas dependen de la diversidad biológica marina, mientras se emplean en la pesca, directa e indirectamente, unos 200 millones de trabajadores.

El rol de los océanos en el clima global es vital, pues estos generan oxígeno y absorben el 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, contribuyendo en la reducción del impacto del calentamiento global. Hoy sabemos que la lluvia y el agua dulce, las condiciones atmosféricas, el aire y gran parte de nuestros alimentos e, incluso, medicinas, provienen de los océanos o son regulados por estos. Es por ello que debemos preocuparnos por los cambios climáticos provocados por los crecientes gases de efecto invernadero en la atmósfera, pues están conduciendo a cambios en los océanos, incluyendo el incremento del nivel del mar y su acidificación. Esto pone en peligro la vida como la conocemos y, si no hacemos algo, en el 2050 habrá más plástico que peces en los océanos.

El estudio “La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe. Algunos hechos estilizados” de la Comisión Económica para América Latina, revela que los costos asociados con el cambio climático son heterogéneos, crecientes en el tiempo y provocan pérdidas irreversibles. Las proyecciones nos dicen que si no hacemos nada para mitigar el cambio climático, y salvar los océanos, esto podría provocar en Centroamérica, entre otros efectos, significativas pérdidas de biodiversidad, sobre todo en regiones boscosas y tropicales, así como pérdida de la barrera coralina y el incremento de eventos climáticos extremos.

Cierre los ojos e imagine por un momento cómo será Guatemala en 2050, si nos quedamos de brazos cruzados frente al cambio climático: 28 millones de habitantes, un aumento de la temperatura de dos grados centígrados, mayor número e intensidad de los huracanes y tormentas, poblaciones costeras obligadas a migrar tras las inundaciones, menos pesca, trabajo y turismo y más ingobernabilidad y pobreza. ¡Nada alentador!

Estos días son determinantes para comprometernos en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”. Suena complicado y hace falta voluntad política, conocimiento y recursos financieros. Pero no olvide que salvar los océanos también significa salvarnos a nosotros mismos.

Hace algunos días tuve la oportunidad de participar en Paraíso Desigual, iniciativa de varias organizaciones y personas, puesta en marcha con el fin de reflexionar sobre la desigualdad social en Guatemala y las herramientas para mitigarla. Como en todo el mundo, uno de los principales instrumentos para este fin es la política fiscal. Sin embargo, pronto salen a luz muchos mitos que se repiten constantemente y se remachan tanto que al final parecen ser verdades absolutas o dogmas incuestionables. Aquí algunos mitos y su realidad.

El primer mito dice que “somos muy pocos los que pagamos impuestos”. De acuerdo con información oficial, en 2013 había 689,852 contribuyentes efectivos, es decir que pagaban algún impuesto. Lo malo de esta estadística es que esconde a cerca de 2.5 millones de contribuyentes también efectivos. Hay 500 mil empleados en relación de dependencia y pequeños negocios que pagan su impuesto sobre la renta por medio de retención, pero la estadística oficial solo toma en cuenta al agente retenedor. De igual forma, en los impuestos indirectos —al valor agregado, a los combustibles o a la distribución de bebidas— solo aparecen como contribuyentes los agentes que cobran el impuesto y emiten la factura, y no los dos millones de personas que en realidad lo pagan de su bolsillo.

El segundo refiere que “el aumento de base —número de contribuyentes— es la mejor medida para incrementar los impuestos”. En Guatemala, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2014 (Encovi 2014), hay un 5% de población que se queda con el 20% del ingreso total que se genera en el país. Sería más eficiente y ético comenzar por cobrar bien a este selecto y privilegiado grupo de ciudadanos y a las empresas. Para ampliar la base, primero hay que distribuir más equitativamente la riqueza, pues el ingreso promedio mensual de los trabajadores está entre Q341 y Q5,082.

El tercer mito dice que “las empresas en Guatemala pagan más impuesto sobre la renta (ISR) que en el resto de América Latina”. En Guatemala, de cada quetzal de ganancias que conseguía una empresa, destinaba 7 centavos en promedio a pagar el ISR (7.2%). De acuerdo con el estudio Estimación de la carga tributaria efectiva sobre la inversión en América Latina, elaborado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, en la región solo Venezuela y República Dominicana reportaban un indicador menor. El promedio regional era de 10.8%.

El cuarto dice así: “Todo el dinero se lo roban”. En un estudio realizado por Oxfam e Icefi se advertía que en 2015 bien pudieron perderse Q4 millardos de quetzales como fruto de la corrupción. Sin embargo y afortunadamente no todo se lo roban, pues déjeme contarle que el 79% de las personas que estudian en este país, desde la preprimaria hasta su doctorado, es decir unos 4.5 millones de guatemaltecos, lo hacen en escuelas, institutos y en la universidad pública. De acuerdo también con la Encovi 2014, más de la mitad de los partos son atendidos por el sector público. ¿Ha disfrutado usted o algún familiar o amigo de estos bienes públicos? Están más cerca de nosotros de lo que pensamos.

El mito más famoso: “no es buen momento para hacer una reforma fiscal”. La política fiscal, como la sociedad, es algo que siempre estará en construcción y debe ir ajustándose a los intereses colectivos de bienestar y desarrollo. Hoy el presupuesto público (ingresos y gastos) de Guatemala está entre los tres más pequeños del mundo. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? Una de injusticias, sacrificios e ingobernabilidad.

¿Qué otro mito se le viene a la mente?

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De acuerdo con mediciones internacionales, Guatemala es uno de los 10 países más desiguales del mundo: hay acá quienes lo tienen todo, mientras otros tienen casi nada o nada. La información que se puede obtener de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2014 revelaba que los ingresos del 1% de los guatemaltecos más ricos sumaban más que el total de ingresos del 42% más pobre de la población guatemalteca.

En 2016, el 80% de los salarios de Guatemala oscilaban entre los Q414 y Q2,709 mensuales. Las diferencias en la calidad del trabajo y en el salario son los factores que más determinan la desigualdad en Guatemala. Sin embargo, hay otros componentes. Cuando hablamos sobre la desigualdad social nos referimos a cómo grupos de población reciben un trato diferente, por cualidades particulares —ingreso, raza, idioma, lugar de nacimiento, género— al momento de distribuir los recursos económicos, los bienes y servicios públicos e incluso los espacios de poder en una sociedad. La desigualdad es resultado de prejuicios que configuran una cultura dominante que los aprueba y reafirma tanto en lo público —educación, salud, empleo, participación política, por ejemplo— como en lo privado —relaciones jerárquicas, privilegios fiscales, entre otros—.

La desigualdad puede observarse en lo concreto. En el caso de la educación, la pobreza fue la causa que obligó al 67% de las niñas, niños y adolescentes a no inscribirse en el sistema educativo en 2014. Asimismo, en las pruebas de lectura realizadas anualmente en castellano, los niños indígenas tienen entre cinco y 10 puntos menos de entrada que sus pares no indígenas. La desnutrición crónica y la mortalidad materna e infantil también se ensañan más con la población indígena.

La política fiscal puede ayudar a disminuir las desigualdades por medio de la ejecución de políticas públicas. Sin embargo, estudios revelan que el Estado guatemalteco invierte muy poco en las personas y lo hace de manera desigual. Por ejemplo, por cada quetzal ejecutado en hombres, el Estado destina consistentemente solo 87 centavos en mujeres. El limitado tamaño de la administración púbica —menos del 15% del producto interno bruto— y una visión acotada para atender a población urbana, no indígena, es decir una práctica discriminatoria indirecta, ha hecho que esta focalice sus inversiones en cuestiones básicas e insuficientes para combatir la desigualdad: educación primaria, paquete básico de salud para mujeres embarazadas, atención a los primeros mil días de los recién nacidos. La política fiscal guatemalteca es tan débil que su impacto en la disminución de la desigualdad es mínimo.

En síntesis, la persona que tiene menos educación, menos salud y está más desnutrida; la que se insertó al mercado laboral de manera temprana y sin contrato de trabajo; la que es mujer, indígena y vive en el área rural, está destinada a ocupar los peores trabajos y los salarios más míseros, a no tener voz ni voto en la sociedad y a transmitir su pobreza y desigualdad a las siguientes generaciones. Y el círculo nocivo continúa.

Guatemala es un paraíso desigual. La desigualdad es un lastre para la democracia y la economía. Toca mitigarla. Esto requerirá importantes cambios. Distribuir mejor la riqueza —mejorar salarios—; universalizar y mejorar los bienes públicos; cobrar impuestos de manera más progresiva —quien tiene más, paga más—; y eliminar el juego sucio de los privilegios. Los guatemaltecos deben exigir un cambio en el modelo económico y fiscal actual hacia uno que promueva más igualdad.

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Hay un poema de Otto René Castillo que siempre me ha conmovido. Es ese intitulado “Lo más importante de todo”, que trata sobre unos ferrocarrileros a quienes el ejército nacional les ha desbaratado la huelga por más pan. Algunos de los obreros que aparecen a lo largo de la historia han perdido tanto la esperanza en que sus fuerzas puedan superar la opresión, que terminan derrotados, afirmando que nada puede dolerles más de lo que ya les duele; otro dice que será mejor callar y ahorrar para el entierro, mientras alguno habla sobre el destino: “nos ha tocado ser pobres. Y seguiremos siendo pobres hasta la consumación de todos los siglos”.

Ayer platiqué con una mujer de ojos apagados, que murió hace diez años cuando la mara del vecindario en el que vivía mató a su único hijo. El domingo leí en Prensa Libre el reportaje sobre el atleta Ken Israel Franzua, quien compite con los zapatos que le presta su colega Ronald Ramírez, pues ni la Federación de Atletismo ni el Comité Olímpico Guatemalteco hacen algo para apoyarle. Se suman los cuatro millones de niñas, niños y adolescentes que no pueden acceder a las escuelas, o de las niñas asesinadas en el Hogar Virgen de la Asunción. Y los patojos urbanos que han sido la carne de cañón de la inseguridad, la violencia y la discriminación, o los jóvenes rurales que son el insumo más barato y desechable de las fincas. ¡Estamos acostumbrados a sufrir tanto!

Mientras en muchos muppis se anuncian las irresistibles ofertas de vehículos desde USD50,000, las estadísticas sobre el empleo y los salarios son alarmantes. La más reciente encuesta nacional publicada sobre empleo (septiembre de 2016), advertía que el 68.4% de los asalariados no tiene contrato de trabajo; aproximadamente dos de cada tres no recibieron Bono 14 y Aguinaldo. El 80% de los guatemaltecos asalariados tienen un ingreso promedio menor de Q2,710 mensuales, lejísimos de los Q7,551 mensuales que costaba en abril la canasta básica vital de una familia promedio. Con razón la pobreza ronda al 59.3% de los guatemaltecos. ¡Es el destino. Nos ha tocado ser pobres!

Muchos congresistas ahora mismo discuten leyes que aumentan los privilegios a sectores económicos que seguramente les financian sus opacas campañas electorales. También están aprovechando el silencio de la ciudadanía para detener las reformas que independicen el sistema de justicia de los poderes obscuros que hoy lo dominan; mientras una camarilla de alcaldes empuja en el Congreso una iniciativa de ley para abrir nuevos caminos a la corrupción. Por su parte, el gobierno actual ha otorgado una nueva amnistía fiscal para quedar bien con contribuyentes morosos.

Mientras todo esto pasa, la mayoría de guatemaltecos no dice nada. Quizá en su desconsuelo los ciudadanos piensan que no se ha logrado mucho después de sacar a un gobierno corrupto. Quizá nos inflamos en la protesta y nos desinflamos en la propuesta y el seguimiento. Pero, lo que más me gusta del poema de Otto René, es que, finalmente, un trabajador alza su voz y recuerda que el hombre no tiene destino, tan solo tiene manos y lo que haga con ellas será su biografía. Eso es precisamente lo más importante de todo. Hoy la democracia y el desarrollo siguen lejanos y solo podrán lograrse con un nuevo pacto social y fiscal, que sea el sustrato material —nuevas obligaciones repartidas justamente para materializar nuevas garantías— a nuestras ideas de protección social, educación, salud, trabajo, seguridad, justicia e identidad. No un pacto de élites, ni de mafias, sino de personas.

La maternidad en un entorno de bienestar constituye un tiempo de alegrías e ilusiones tanto para los padres como para el núcleo familiar y de amigos. Los bebés son retoños de esperanza y, probablemente, el voto más importante de nuestra confianza sobre cómo mejoraremos en el futuro. En contraste, en contextos de vulnerabilidad —cuando hay carencias afectivas, violencia y faltan recursos para el alimento y la vivienda—, la maternidad es un camino desolador, lleno de espinas, que puede llevar hasta la muerte de la madre.

En un estudio realizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y cuyo nombre lleva el título de esta columna de opinión, se apuntaba que en el país se producen diariamente 1,000 nacimientos y con ellos una muerte materna. La razón de mortalidad materna (RMM) nacional, es decir las muertes maternas ocurridas por cada 100,000 nacidos vivos, fue de 140 entre 2008 y 2015.

Los condicionantes de una muerte materna son diversos, pero pueden agruparse en tres grupos que se interrelacionan. Primero, fenómenos de naturaleza individual, relacionados con causas médicas, como una preeclampsia o una hemorragia postparto que no han sido tratados en los servicios de salud. Segundo, las circunstancias de vida de la madre. Los recursos económicos con los que cuenta para vivir, su entorno físico y social y el acceso a servicios de educación reproductiva y salud, determinan la posibilidad de decidir cuándo embarazarse. Finalmente, el tercer grupo se refiere a causas estructurales económicas y sociales, entre las que destacan, la tradición política y religiosa, el racismo, la discriminación y la pobreza. En las peores condiciones, el embarazo termina siendo un destino y no una decisión.

Lo anterior ayuda a explicar por qué las muertes maternas suceden con mayor frecuencia en los extremos de la vida reproductiva y en condiciones de vulnerabilidad económica y social. Las mujeres de menos de 14 años —niñas y adolescentes cuyos embarazos constituyen una violación sexual de acuerdo a la ley— registran una RMM que es casi el doble de la media nacional y se triplica en el grupo de mujeres de 40 a 44 años. Asimismo, el 66% de las muertes maternas acontecen en el área rural, revelando el impacto de la desigualdad económica, étnica y territorial que se vive en Guatemala.

La muerte de una madre es una tragedia para el hogar y la sociedad. Está documentado cómo esto incrementa el riesgo de los hijos de padecer desnutrición, abandono escolar y desintegración familiar. Pero, la tragedia es mayor cuando sabemos que muchas madres podrían vivir si hubiéramos mejorado el sistema de salud pública: la hemorragia es la principal causa de muerte materna, y el 80% de esas muertes ocurre en tránsito hacia el servicio de salud.

Mañana, mientras celebramos y recordamos a nuestra mamá, no olvidemos a aquellas personas, principalmente las niñas, niños y adolescentes que nos reclaman: ¡Quiero crecer con mamá! Nos urge aumentar las inversiones gubernamentales destinadas a la salud, para mejorar su cobertura y calidad. ¡Tenemos un sistema público de salud con capacidad para atender a la población que existía hace 70 años! Urge planificar y gestionar mejor los recursos para la salud pública y evaluar resultados. Es imperativo aumentar programas públicos para: educación reproductiva, cuidados pre y post natales, transporte de las madres hacia los servicios de salud, parto seguro y limpio y, para la atención a emergencias obstétricas. Urge que ninguna mujer muera por dar vida.

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Tenemos derecho a tomar las calles. Cuando padecemos hambre, enfermedad o nos faltan espacios para educarnos bien. Cuando carecemos de empleo o los salarios son de hambre; cuando no tenemos tierra suficiente para cultivar el alimento y nuestras preocupaciones no son escuchadas por quienes nos gobiernan. Tenemos derecho a tomar las calles, cuando se roban los recursos del Estado que deben servir para construir lo colectivo o cuando algunos se atreven a romper las instituciones democráticas.

Tenemos derecho a tomar las calles porque ahora mismo estas son la única propiedad del pueblo. Otros tienen el poder de tomar nuestros ríos, nuestras montañas y nuestros minerales. Otros han tomado el sistema de justicia y la administración pública para sus fines particulares. Los peores han tenido el poder de tomar arbitrariamente la vida de nuestros seres queridos para garantizarse un modelo de sociedad basado en la omisión de nuestra identidad multiétnica, la dominación y la depauperación de las personas. Por todo esto, no solo tenemos derecho a tomar las calles, estamos obligados a hacerlo ante tanta infamia.

Porque al tomar las calles logramos atraer la atención de quienes, en una vida cómoda y alejada de la realidad de la mayoría, se limitan a preocuparse exclusivamente por el tráfico, o sus negocios, olvidando que las limitadas conquistas sociales que disfrutamos hoy son fruto de innumerables manifestaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Ninguna mejora del bienestar, ni derecho realizado, ni fortalecimiento democrático se ha logrado utilizando una nueva aplicación tecnológica para el celular, manejando un carro a toda velocidad o quedándose cómodamente sentado en un sillón.

Observar personas manifestándose en las calles, exigiendo de manera pacífica que hayan cambios para mejorar sus condiciones de vida, son la mejor garantía de que no todo está perdido. Aquellos con un poquito de ciudadanía corriendo por sus venas, deberían acompañar las manifestaciones, o por lo menos empatizar con las luchas de sus iguales y sumarse a la exigencia de que las autoridades den respuesta al clamor de las grandes mayorías.

La desalmada reacción de Jabes Meda Maldonado, ante la manifestación de los estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales número 2, que exigían mejores condiciones educativas y maestros, y como consecuencia el asesinato de Brenda Domínguez Girón es una manifestación de cómo ha ido calando ese discurso de odio en contra de los manifestantes. Mensajes posteriores de algunos cómplices de que Guatemala esté más cerca de la barbarie que de la civilización, veían en la muerte de Brenda una oportunidad para alertarnos que es mejor quedarse en casa para “no meternos en problemas”.

Si renunciamos a nuestro derecho y obligación de manifestarnos ante la injusticia, entonces estamos renunciando también a la construcción de la democracia. Brenda, el miércoles pasado, con sus apenas 16 años se sumó a la larga lista de mujeres y hombres que han entregado su vida en una manifestación. Reclamemos justicia por su asesinato.

Hoy, uno de cada dos adolescentes es pobre; uno de cada cuatro embarazos lo vive una adolescente; uno de cada cuatro adolescentes rurales solo tiene sexto grado primaria aprobado, mientras nueve de cada diez adolescentes trabajadores lo hace sin derecho a la seguridad social. Hagamos nuestros los problemas que enfrentan cada uno de los 4.75 millones de adolescentes guatemaltecos, a los que el Estado asigna apenas nueve centavos de cada quetzal ejecutado en el presupuesto público.

Recientemente participé en el programa ¡Juntos! —del Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón—, lo que me ha permitido conocer algunas instituciones públicas y privadas de este país, e intentar comprender cómo puede una sociedad alcanzar el éxito, entendido este como un alto nivel de desarrollo, gobernabilidad democrática y confianza en el futuro.

Japón es la tercera economía más grande del mundo (USD5,100 millardos) y la sexta más competitiva. Con un ingreso per cápita anual de USD40,000 y una población de 126.4 millones con la mayor esperanza de vida al nacer (84 años), este país ocupa el puesto 17 entre las naciones con mayor desarrollo humano. Si usted se pregunta cómo lo hacen, permítame darle algunas ideas.

Noción de grupo y sentido de responsabilidad sobre lo colectivo. Japón es una sociedad basada en la confianza entre las personas, así como en un gusto por hacer bien las cosas y contribuir en las tareas sociales. Por ejemplo, encontré personas que ayudan desinteresadamente como guías en lugares turísticos y en el transporte público. Además, voluntarios que apoyan a su municipalidad (proyecto Nanohana) dedicando tiempo a recolectar y transformar el aceite utilizado para cocinar en jabón ecológico. Otro ejemplo ha sido el comité de vecinos del barrio Harie, quienes trabajan en la preservación de los manantiales de agua pura y su particular método de canalización y limpieza (sistema Kabata).

Una sociedad sostenible, sustentada en tres pilares: baja emisión de carbono, orientación al reciclaje y en armonía con la naturaleza. Pude conocer el plan básico ambiental y la política contra el cambio climático 2030, ambas basadas en reforzar la cooperación entre la ciudadanía, los gobiernos locales y central y el sector privado. En la actualidad, el Japón recicla el 95% de su basura, bajo la premisa: “si se mezcla es basura, si se clasifica es un recurso”. Sin embargo, sus metas son ambiciosas, entre ellas, amplios programas de investigación dirigidos a crear productos ecológicos, mejoras en la conservación del ambiente y la biodiversidad, y optimización de la energía renovable.

Empleo seguro y bien remunerado. Contrario a las ideas de flexibilización laboral y salarios de hambre del modelo occidental, en Japón los trabajadores están contratados con el compromiso de empleo de por vida. Los ascensos y el salario dependen de la antigüedad, relacionados con la experiencia ganada y la capacitación recibida. Este modelo comprueba su éxito en la mejora de la productividad y la mayor lealtad de los trabajadores para con la empresa. A nivel social, esta certidumbre laboral abona a la confianza en quienes dirigen, en lo público y lo privado, el destino del país.

Una administración pública efectiva. Con un presupuesto de gastos que representa aproximadamente el 42% del producto interno bruto, la administración pública tiene capacidad para incidir sobre el crecimiento económico y el bienestar, y la fuerza para liderar el cambio tecnológico y la innovación. Por otro lado, el servicio civil es independiente de los vaivenes políticos, con burócratas que suelen avanzar a lo largo de su vida profesional dentro de un mismo ministerio.

En definitiva, Japón nos demuestra que sí se puede, pese a todas las adversidades, avanzar hacia un futuro con bienestar, desarrollo, democracia y sostenibilidad ambiental. Pero ese futuro requiere que desafiemos la comodidad del desacuerdo y la pereza ciudadana, y activamente busquemos un contrato social que reequilibre las responsabilidades del sector privado, del gobierno y la ciudadanía.

jonathan.menkos@icefi.org