La política exterior a seis meses de la administración de Arévalo

La administración de Arévalo tiene que lograr acuerdos de nación con ambos partidos políticos de EE. UU.

José Echeverría

21 de julio de 2024

|

00:03h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

La victoria política del actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en las elecciones pasadas del 2023 fue una sorpresa para todos. Significó el voto por una oferta política distinta o que refleje un cambio a la clase política tradicional. A seis meses de la alternabilidad en el poder Ejecutivo se puede identificar que la diplomacia juega un rol primordial, pero ¿cómo puede ser de utilidad para los guatemaltecos?

Si entendemos la diplomacia como una herramienta para alcanzar objetivos e intereses comunes entre distintas naciones y no como un fin en sí mismo, puede presentar una oportunidad importante para el país. La relación de Guatemala con Estados Unidos pasa por uno de sus mejores momentos en las últimas décadas. Aproximadamente 20 años atrás, Guatemala tuvo un hito en la relación con Estados Unidos con la firma del tratado de libre comercio que ha significado un desarrollo de industrias exportadoras de gran impacto económico para el país, convirtiendo a Estados Unidos en su principal socio comercial.

El comercio global, así como la dinámica de poder internacional, ha cambiado desde esos 20 años y ahora es un buen momento para replantear cómo se ve el futuro de la interacción económica de Guatemala con el mundo, y tener una alianza fuerte con la principal potencia comercial del mundo puede ser aprovechado por el país.

La posición geográfica y geopolítica de Guatemala está a su favor para el desarrollo de una política comercial más agresiva con su principal socio comercial. El interés de Estados Unidos en tener cadenas de suministros más cerca de su mercado, así como también el incentivo a trasladar fábricas ubicadas en China a Latinoamérica, es una oportunidad que la administración guatemalteca puede aprovechar. Esto, agregado a un componente de seguridad estratégica, al ser Guatemala uno de los aliados más estables con Taiwán, mientras que las inversiones estratégicas de China con control en infraestructura global aumentan en los países latinoamericanos (como el nuevo puerto en Perú).

Traer inversión extranjera al país también ha sido señalado como una de las prioridades del Gobierno, y para ello, poder capitalizar sobre la posición estratégica del país, puede significar la creación de nuevas plazas de empleos, lo cual respondería a una de las principales exigencias ciudadanas en materia de expectativas a la nueva administración.

La administración de Arévalo tiene que lograr acuerdos de nación con ambos partidos políticos de Estados Unidos para construir una visión compartida a largo plazo. México ha sido un país que ha aprovechado la atracción de inversión extranjera y reubicación de fábricas provenientes de China en su plaza. La proximidad con México y convertir a Guatemala en una plaza de ingreso para el resto de Centroamérica es un potencial reconocido por el gobierno en la política nacional de atracción de inversión.

Las expectativas ciudadanas son altas, el deseo de cambio que motivó a la población a votar por algo distinto a la clase política se traduce en desesperación por ver cambios prontos y concisos. Si el gobierno de Arévalo utiliza las herramientas de la colaboración entre distintos países para materializarlas en cambios sustanciales podría atender esa expectativa. El ingreso de Guatemala a la Asociación Americana para la Prosperidad Económica (The Americas Partnership for Economic Prosperity) puede ampliar las herramientas de colaboración comercial y diplomática. Tener una estrategia es el primer paso, y luego, contar con una táctica robusta para alcanzarla.

Las crisis no llegan siempre

La crisis en los puertos que atraviesa el gobierno tiene el potencial de traducirse en un eje estratégico del país.

José Echeverría

23 de junio de 2024

|

00:03h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

La crisis portuaria que atraviesa Guatemala tiene el potencial de convertirse en un eje estratégico para el gobierno si logran materializar una visión y plan que no solo asegure la operatividad, sino también el aumento de capacidades, modernización y seguridad portuaria.

La capacidad y operación de los puertos en el país están al límite y la reciente resolución judicial sobre la terminal de contenedores agrega tensión a la economía del país. Ante esta situación se ha visto una atención prioritaria del gobierno. Esa atención puede ser utilizada para avanzar en cambios sustanciales que mejoren la capacidad portuaria de Guatemala.

Además del gobierno, en cierta parte del Congreso se ha visto un interés y conciencia de la importancia de superar efectivamente las limitaciones que existen los puertos del país. Si esa conciencia se puede traducir a elaborar acuerdos políticos con aprobaciones legislativas, podría significar un avance en una agenda política que mejora la competitividad del país, además de superar el impase político que ha existido en las últimas semanas en el Congreso.

Otro actor que ha mostrado un interés en la crisis portuaria es el sector privado. Los principales actores del comercio en los puertos han expresado su preocupación en relación a las implicaciones económicas que puede conllevar una crisis portuaria para sus operaciones y consecuentemente en el abastecimiento del país. Esto se pudiera materializar en trazar objetivos en común con el sector productivo para impulsar acuerdos sociales y políticos necesarios para impulsar la continuidad y ampliación de puertos en el país.

Durante los primeros meses de gestión del gobierno, uno de las principales enfoques ha sido la diplomacia. Si la diplomacia se hace efectiva como un medio para alcanzar fines y no es únicamente un fin en sí mismo, el gobierno podría acelerar la implementación de soluciones y planes relacionadas al rescate portuario del país.

El diálogo económico de alto nivel entre Estados Unidos y Guatemala puede ser una catalizador para el gobierno en los siguientes meses. Estados Unidos atraviesa una recomposición del comercio mundial con un interés por acercar las cadenas de producción a su país y trasladar inversión estadounidense de China a las Américas, lo cual ha sido plasmado en diversas políticas aprobadas por ellos. El auge de la participación de China en infraestructura logística y portuaria en Latinoamérica también acelera el interés de Estados Unidos en recuperar terreno en la región y Guatemala contando con la herramienta del diálogo puede materializar avances en colaboración con Estados Unidos que signifiquen una mejor infraestructura y logística portuaria en el país.

La recuperación de los puertos del país formaría parte de una política económica coherente en un mundo globalizado y competitivo. Mejorar la capacidad portuaria del país es una condición indispensable para atraer la inversión que Estados Unidos está promoviendo que se traslade de China a las Américas.

La crisis en los puertos que atraviesa el gobierno tiene el potencial de traducirse en un eje estratégico del país. El rezago en infraestructura del país y falta de seguridad ha sido consecuencia de la negligencia de gobiernos anteriores, con lo cual el país sufre con deficiencias económicas y falta de competitividad; la responsabilidad de superar esos desafíos recae en las autoridades de hoy. Esta crisis puede ser utilizada para trazar y alcanzar objetivos comunes para hacer efectivo un mejoramiento en los puertos del país.

Algunos animales son más iguales que otros

Tenemos que hacer valer el principio de igualdad ante la ley, para que no haya unos animales más iguales que otros.

José Echeverría

26 de mayo de 2024

|

00:03h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

La búsqueda de privilegios a través del abuso del poder público atenta contra la igualdad ante la ley. George Orwell, en su novela Rebelión en la granja, retrata una revolución que deriva en una distopía, en donde los animales dejan en manos de unos cerdos una rebelión, quienes, con promesas de venganza hacia el humano granjero e igualdad total entre los animales, justifican su actuar. Paradójicamente el resultado de esa revolución es que unos animales se vuelven “más iguales que otros”, los supuestos líderes abusan de su posición alcanzando privilegios en nombre de la igualdad. Situación similar a Joviel Acevedo, líder del sindicato de maestros.

La negociación del pacto colectivo de educación, así como sus peticiones, debe ser público. Esto, por principio y disposición constitucional en Guatemala. Sin embargo, el Ministerio de Educación, de forma ilegal desde la administración anterior, “aceptó” que dicha negociación fuera confidencial. El líder sindical se excusa diciendo que a él le aceptaron esas condiciones y que su petición, por lo tanto, estaría por encima de la Constitución y la Ley de Acceso a la Información pública. Como los cerdos revolucionarios de la rebelión en la granja, a través de promesas de mejorar condiciones laborales de los maestros se han ido generando privilegios ilegales para unos pocos.

La igualdad ante la ley es uno de los principios constitucionales de la República más valiosos, la evolución histórica del constitucionalismo reconoce que los abusos del poder público derivan en que haya unos ciudadanos más importantes que otros. Y que a esos más importantes la ley y su cumplimiento no les aplica. ¿Acaso Joviel Acevedo es más importante que los ciudadanos guatemaltecos que tienen que cumplir con la ley?

El sindicalismo no es negativo en sí mismo, pero sus abusos y violar las disposiciones constitucionales de un país sí es negativo. La búsqueda de mejoramiento de condiciones laborales es importante y de reconocimiento global, el aumento en el conocimiento y productividad lleva consigo una búsqueda de equidad en el pago de las prestaciones laborales. El futuro de la educación de Guatemala depende en gran medida de la dignificación, profesionalización y herramientas disponibles a los maestros guatemaltecos. Acaparar la representación del sindicato de educación pública para procurar privilegios individuales, acumular poder político y realizar prácticas ilegales degrada la naturaleza de las instituciones de nuestro país.

El primer paso para recuperar la educación del país es tener una discusión nacional sobre el futuro educativo del país, un país que tiene un bono demográfico que es tan deseado por países que tienen población mayoritariamente adulta pero que las tasas de migración y desempleo nos dicen claramente que existe una falta de productividad latente en el país.
“Todos los hombres son enemigos. Todos los animales son camaradas”, una de las citas de la novela mencionada, está cargada de emoción para poder justificar la rebelión. Luego los líderes de esa revolución terminaron siendo el peor enemigo de los animales, quienes fueron oprimidos por el supuesto líder. Así, muchas promesas políticas y revolucionarias terminan siendo nomás la justificación de la búsqueda de privilegios utilizando la injusticia y penuria ajenas.

Como sociedad tenemos que hacer valer el principio de igualdad ante la ley, sin excepciones, para que no haya unos animales más iguales que otros.

El pacto colectivo de educación no debe ser confidencial

Los funcionarios del Ministerio están obligados a ejercer su función de forma transparente y conforme a la Constitución.

José Echeverría

28 de abril de 2024

|

00:03h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El pacto colectivo de educación ha sido controversial en la última década. Bajo la excusa de mejoras salariales y cediendo a presiones políticas, los diferentes ministros de Educación han aprobado privilegios ilegales en dichos pactos, atentando así en contra del principio de legalidad que obliga a los funcionarios públicos a realizar únicamente lo que la Constitución y ley les permite.

Los actos de la administración son públicos. Según la Constitución de Guatemala, todo acto que realizan los funcionarios públicos tiene que ser transparente, y la Ley de Acceso a la Información Pública establece mecanismos para poder ejercer dicho derecho. Desde hace unos meses, el Movimiento Cívico Nacional ha realizado una serie de solicitudes de información pública al Ministerio de Educación para analizar el pacto colectivo; sin embargo, al solicitar la información sobre el borrador del pacto y sus peticiones se negó el acceso a la información, bajo el pretexto de confidencialidad, y se confirmó que el Ministerio ya estaba en negociaciones a escondidas de la población.

En el 2021, el gobierno negó el acceso a la información pública sobre el contenido de la negociación alegando la misma confidencialidad. Causa mucha confusión que este nuevo gobierno, el cual ha delimitado políticas de transparencia y en contra de la corrupción, esté negociando a escondidas con un actor que ha utilizado el pacto colectivo como moneda política e inclusive está sancionado por gobiernos extranjeros como actor antidemocrático y corrupto.

Negar el acceso a la información pública, especialmente en algo tan trascendental para el futuro de Guatemala como la negociación del pacto colectivo de educación, está en contra de la Constitución, Política General de Gobierno 2024-2028 y también atenta contra el fortalecimiento de la gobernabilidad del país.

El acceso a la información pública es un derecho humano. Este derecho está basado sobre los principios de transparencia de la actividad gubernamental, obligando así al Estado a cumplir con dicha obligación. A través del ejercicio de este derecho, la ciudadanía puede desarrollar un pleno ejercicio cívico.

La publicidad del proceso de negociación de un pacto colectivo, así como el acceso y conocimiento público de las peticiones que realiza el sindicato al Ministerio, podría fomentar la rendición de cuentas, así como también habilitar espacios de participación ciudadana. Los funcionarios del Ministerio están obligados a ejercer su función de forma transparente y conforme a la Constitución de la República de Guatemala.

Que la ciudadanía y medios de comunicación puedan conocer los términos y condiciones que se están debatiendo en las instituciones públicas, con los fondos públicos y las condiciones laborales de trabajadores del Estado fomenta el debate para mejores decisiones de las instituciones públicas. Es necesario que los ciudadanos formemos parte del debate público a través de la expresión de opiniones y preocupaciones, enriqueciendo así el diálogo público y fortaleciendo la legitimidad de las decisiones tomadas. Garantizar la transparencia en las negociaciones de pactos colectivos promueve un acuerdo más justo y armonioso con las necesidades de la población y capacidades del Estado.

Si es que el pacto colectivo aún no ha sido firmado, las autoridades del Ministerio de Educación aún están a tiempo de rectificar, así como se ha realizado en otras dependencias del Ejecutivo que han escuchado a la ciudadanía para cumplir con sus funciones de acuerdo con las leyes de nuestro país, en concordancia con el principio de legalidad.

La tarea ciudadana de fiscalizar el Congreso

El mandato constitucional de los diputados radica en tres funciones: legislar, fiscalizar y representar.

José Echeverría

31 de marzo de 2024

|

00:03h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

La política de Guatemala atraviesa una crisis de representatividad desde los últimos años. El Congreso de la República ha sido la institución menos confiable y representativa para los guatemaltecos, cuando paradójicamente tiene el mandato constitucional de representar los intereses de los ciudadanos. La Ley Electoral y de Partidos Políticos hace difícil que los ciudadanos guatemaltecos se puedan sentir representados, debido al sistema de elección para diputados; los guatemaltecos votamos, pero no necesariamente elegimos.

La discusión de reforma a la Ley Electoral es importante, para mejorar la forma de elección y que los guatemaltecos podamos elegir a nuestro representante. Sin embargo, además de la discusión de reforma legal, es importante que los ciudadanos podamos establecer mecanismos claros de cómo medir el trabajo de los diputados para poder exigirles que cumplan con su mandato.

El mandato constitucional de los diputados radica en tres funciones: legislar, fiscalizar y representar. Es importante que los ciudadanos tengamos conocimiento sobre cuáles son las atribuciones de los diputados para poder exigirles que las cumplan de buena manera. Las redes sociales brindan una herramienta de cercanía con los políticos y funcionarios públicos, pero a la vez pueden representar un reto con la desinformación.

La popularidad en las redes sociales representa un peligro de un crecimiento de demagogia digital para generar una mayor interacción, a pesar de que no se refleje en un trabajo legislativo de calidad. La demagogia digital es generar promesas y expectativas falsas, así como abordar problemáticas complejas de una forma simplista e irreal. Esta demagogia digital puede desenfocar la medición del trabajo real de un diputado y puede poner la atención en cuestiones banales y de nulo beneficio para el ciudadano. El mandato de los diputados no es de entretenimiento a la población.

La función de fiscalizar es importante y puede generar impactos positivos para mejorar la calidad del gasto público, así como evaluar la calidad de trabajo de funcionarios públicos de otras entidades del Estado. Este trabajo de fiscalización también debe ser evaluado por la ciudadanía, preguntándonos si realmente hay una mejora o si es una acción para llamar la atención. La fiscalización bien dirigida y estructurada puede ser una herramienta importante para que el ciudadano gane mayor confianza y recupere el sentimiento de representatividad con los diputados.

La calidad legislativa es importante para lograr la paz social y desarrollo. Regularmente, en las redes sociales se juzga la calidad de una iniciativa de ley por su nombre y no se indaga sobre su contenido. Un ejemplo reciente de esto fue la iniciativa de protección al consumidor, que por su nombre cualquiera diría estar a favor e incluso los diputados argumentaban estar impulsando la ley, pero al analizar el contenido se encontraban distintas incongruencias y errores que detuvieron su discusión en el Congreso. Para ello es importante que antes de que una iniciativa de ley llegue al punto de poder ser aprobada, cumpla con el mecanismo de discusión real en las comisiones de trabajo que componen el Congreso. Esto es importante para que el pleno del Congreso no esté lleno de iniciativas que avanzan en su aprobación estando desactualizadas, con errores técnicos o sin socialización de su contenido.

La representatividad del Congreso se refiere a que cualquier ciudadano, sector de la sociedad o empresarial pueda formar parte de la discusión de las iniciativas de ley que pueden afectarle o se desean impulsar. Para ello es importante que esta legislatura inicie un trabajo transparente e inclusivo en las diferentes comisiones de trabajo. De tal manera que se pueda ir recuperando la representatividad en el Congreso, que se ha perdido. La recuperación de la representatividad en el Congreso requiere de buena voluntad política y también de conocimiento ciudadano de sus derechos para exigir el cumplimiento del mandato de los diputados correctamente.

Arreglar los pactos: una obligación

El primer ministerio que afronta esta obligación es el de Educación.

José Echeverría

3 de marzo de 2024

|

00:03h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El actual gobierno ha expresado y prometido cero tolerancia a la corrupción y afronta la obligación de solucionar los privilegios indebidos presentes en el pacto colectivo de educación, ya que representan un mal uso de los recursos públicos del Estado, cláusulas contrarias a la Constitución y con un efecto negativo en la efectividad de la educación pública del país. La educación en Guatemala ha estado capturada por las últimas décadas. A través de negociaciones espurias e ilegales, el sindicato de trabajadores de educación ha procurado exitosamente privilegios que son contrarios a la ley y a los principios constitucionales, los cuales han logrado materializar exitosamente año tras año en los pactos sindicales. Estas condiciones han ido empeorando con cada negociación. El Gobierno tiene la obligación de solucionar este problema que afecta el futuro de acceder a mejores oportunidades económicas y desarrollo de los guatemaltecos.

El primer ministerio que afronta esta obligación es el de Educación. En unas semanas tendrá la importante tarea de negociación de pacto colectivo y la obligación de solucionarlo. Los recursos del Estado y esfuerzos contra la corrupción tienen una importante obligación que cumplir con la ciudadanía y estado de Derecho en Guatemala.

El principio de legalidad establece que el funcionario público puede realizar únicamente lo que la ley le permite. Esto establece parámetros importantes para solucionar los problemas, así como privilegios indebidos presentes en los pactos colectivos, muchos de los cuales responden a intereses corruptos que fueron avalados en pactos aprobados en administraciones anteriores.

El pacto colectivo de educación es uno de los ejemplos más visibles porque la negociación política que ha tenido su dirigente con distintos gobiernos ha sido altamente visible, pero también existen otros pactos colectivos en las otras entidades del Estado que requieren la misma atención de solución.

El compromiso contra la corrupción atiende indudablemente el cumplimiento del principio de legalidad. Los funcionarios del país están obligados a que la negociación, suscripción y vigencia de los pactos colectivos se atienda exclusivamente a lo regulado en la legislación vigente. Todo acuerdo suscrito que esté fuera de las facultades y competencias que la ley delimita a los funcionarios comprometería la integridad y compromiso en contra de la corrupción. Un ejemplo común de ilegalidad en los pactos colectivos es delegar las facultades de contratación y remoción de personal a terceros.

En el marco jurídico guatemalteco e instrumentos de la Organización Internacional de Trabajo existen leyes, reglamentos, resoluciones judiciales y directrices que recopilan los límites para la negociación y legalidad de los pactos colectivos. Estos límites deben ser cumplidos en toda negociación, suscripción de pactos y ser solventados por la vía judicial si se tiene conocimiento de su existencia. Los diferentes ministerios y dependencias del Estado de Guatemala deben cumplirlas a cabalidad y no ceder ante las presiones que busquen privilegios contrarios a la ley, sin importar si estos ya estaban vigentes o fueron otorgados en administraciones anteriores. El esfuerzo que ha emprendido el Gobierno necesita abordar de forma integral la presencia de corrupción y privilegios indebidos en las dependencias del Estado que ocasionan un mal uso de los fondos públicos, teniendo como consecuencias servicios deficientes e ineficaces.

La ciudadanía guatemalteca votó en las pasadas elecciones por un cambio y reflejó un hartazgo a la clase política que no ha materializado sus promesas y ha sido incapaz de hacer eficiente el gasto público. Solucionar los abusos y privilegios indebidos en los pactos colectivos del Estado no es solo una oportunidad, sino una obligación que los funcionarios deben cumplir para hacer efectivo el principio de legalidad establecido en la Constitución.

Dentro de la estructura del Estado se encuentra un número considerable de situaciones a solucionar para erradicar la corrupción que genera privilegios que dañan los servicios del Estado, como en la educación de Guatemala. El pacto sindical de educación ha sido por años una fuente de privilegios para unos pocos, a costa de una mala oferta educativa en el país.

La educación del país tiene que ser prioridad para los guatemaltecos. A través de la educación se pueden ampliar las oportunidades de trabajo y de desarrollo para la población. Esto debe ocupar una atención importante del liderazgo del país, especialmente al tener Guatemala un bono demográfico.
Para poder recuperar la educación de Guatemala se necesita un cambio radical en el pacto colectivo de educación. Este pacto colectivo ha sido utilizado como herramienta política por líderes sindicales a través de los distintos gobiernos. A través de manifestaciones y huelgas han procurado que los políticos de turno aprueben sus demandas sin una evaluación del impacto de estas en el sistema educativo.

Regularmente conocemos de estos problemas en las actividades políticas del sindicato, a través de las manifestaciones en apoyo a gobiernos o en huelgas exigiendo sus demandas. Sin embargo, estas decisiones de los últimos años y el pacto colectivo vigente tienen efectos diarios en la mala educación del país, impidiendo el mérito y desarrollo de los docentes que se traduzca en mejor educación para los niños del país.

Los impactos reales del pacto colectivo de educación y los privilegios que genera no son del todo conocidos, ya que por muchos años estas negociaciones han sido oscuras. Pero algunos de los principales privilegios que generan incentivos perversos y tienen un efecto negativo en la educación son las plazas permanentes, sin evaluación de desempeño o de mérito, de las cuales se estima que hay 168 mil, aproximadamente.

El sistema educativo del país necesita maestros con conocimientos, habilidades de enseñanza y dispuestos a revisar constantemente su desempeño, traducido en el aprendizaje de alumnos. Ser valorado y compensado de manera justa por el trabajo, así como poder ser dueño del esfuerzo individual, es parte de la dignidad humana. Tener una plaza para recibir una remuneración asegurada a cambio de protección de un dirigente, y además teniendo efectos nocivos para la educación y futuro de un país, no es digno. Necesitamos una educación digna para avanzar como sociedad.

En los últimos años, la ciudadanía guatemalteca le hemos puesto más atención a la dinámica política de personajes. Esto es predecible y natural, especialmente al estar en un período de elecciones generales. Ahora que las nuevas autoridades han tomado posesión, es importante ponerle atención y exigir resultados reales en los problemas estructurales que existen en el Estado de Guatemala, especialmente la educación, al ser, de momento, una limitante para el desarrollo en un país en el cual este desarrollo es urgente e importante.

La falta de confianza de la ciudadanía hacia el Congreso radica en la noción que los diputados buscan satisfacer intereses particulares en conflicto o sustitución a los intereses de la nación. Un ejemplo de ello es que por cuatro años el Congreso no buscó alternativas para la elección retrasada del poder judicial; además de la constante aprobación de iniciativas de ley que buscaban ampliar el presupuesto y programas asistencialistas sin promover mecanismos de transparencia y control en el gasto.

En los últimos cuatro años la alianza oficialista en el Congreso ha fungido como una especie de facilitador de recursos, pero ha carecido de establecer mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización para que la ejecución de esos recursos fueran de calidad. La aprobación anual del presupuesto general de la nación ha ido en detrimento con un aumento constante en gastos de funcionamiento y una disminución en la inversión. Además de los múltiples señalamientos de poca efectividad en la ejecución presupuestaria.

La última aprobación de presupuesto fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad temporalmente por violar derechos fundamentales por lo que quedará vigente el presupuesto del año pasado. Estas consideraciones pueden servir como punto de partida para establecer una agenda legislativa que inicie a construir confianza ciudadanía hacia el Congreso. Para ello es fundamental que se aborde la calidad del gasto, que se mejoren los controles de fiscalización así como el aumento de inversión y disminución de gastos innecesarios en el Estado.

Además de retomar el control del gasto público para poder aprobar un presupuesto general de acuerdo a las expectativas ciudadanas hay otras oportunidades para la próxima legislatura. En octubre de este año se elige Corte Suprema de Justicia. El buen funcionamiento del poder judicial estará, en buena medida, en las manos del Congreso ya que tendrán que elegir a los nuevos Magistrados del Organismo Judicial para un periodo de 5 años.

Los diputados que asumirán próximamente tienen la oportunidad de renovar el sistema político. Actualmente la percepción ciudadana con todo el sistema político es negativo y una reforma eficiente a la ley electoral y de partidos políticos que premie la libertad de participación puede dotarle de mayor legitimidad a los representantes e incluso varios de ellos podrían verse beneficiados si realizan un trabajo positivo durante estos años.

Las funciones de los diputados son de representación, legislación y fiscalización. La fiscalización del uso de los recursos públicos no debe ser algo opcional ni deseable sino que debe ser una función esencial en el desempeño de sus funciones. La fiscalización debe trascender de las publicaciones mediáticas y enfocarse en hacer efectiva la fiscalización para que los fondos públicos sean ejecutados eficientemente.

En la próxima alternabilidad de poderes que Guatemala el 14 de enero se vislumbra una ventana de oportunidad para mejorar la dinámica del Congreso y empezar a construir confianza con la ciudadanía. Para ello será necesario que el Congreso deseche las prácticas de facilitación de recursos sin control, que se sostenga discusiones de nivel sobre los problemas trascendentales para aumentar el desarrollo de los guatemaltecos.

Si algo nos ha demostrado la historia es que hay distintas formas de defender nuestras instituciones. Los guatemaltecos gozamos de libertad para organizarnos y exigir el cumplimiento de nuestros derechos. En Movimiento Cívico Nacional hemos elaborado una herramienta para poder visualizar y fiscalizar las acciones públicas en un periodo de gran importancia para los guatemaltecos: de la elección a la transición. Esta herramienta contiene una línea del tiempo con las acciones que han realizado los funcionarios públicos durante el periodo electoral ampliado. Se le ha llamado un periodo electoral ampliado porque incluye no solo el periodo del proceso electoral sino los meses subsiguientes hasta la transición de poder el 14 de enero. Esta herramienta se encuentra disponible en el sitio web del movimiento: www.mcn.org.gt.

Desde la elección general a la transición de poder el próximo 14 de enero han sucedido muchas cosas. Esta herramienta es de gran utilidad para ciudadanos, periodistas y analistas en donde pueden tener acceso en un solo lugar a las acciones y resoluciones de distinta índole para hacer más transparente las acciones de los funcionarios públicos. Además de una breve explicación de las distintas acciones se incluye la resolución pública en la que los funcionarios justificaron su actuar para mejorar la transparencia y rendición de cuentas que los funcionarios deben de brindar a la ciudadanía. Especialmente cuando se trata de algo tan valioso como la soberanía del guatemalteco.

Para posicionar la herramienta: de la elección a la transición, se ha realizado una campaña publicitaria con los días restantes para el 14 de enero con el recordatorio de una de nuestras bases como sociedad: ¡Tiene que haber transición de poder! Esto representa una celebración así como una exigencia que los guatemaltecos somos libres de decidir nuestro futuro y que con esa misma libertad siempre exigiremos que nuestros derechos y libertades sean efectivas.

La materialización de la toma de posesión con las autoridades que fueron electas en unas elecciones democráticas y libres es el cumplimiento de instituciones fundamentales para la República: el poder limitado y transición de poder. Estas instituciones fundamentales representan una protección al ciudadano en contra del abuso del poder público. Evita que los actores políticos puedan traicionar a la población y quedarse en el poder por más tiempo del mandato que les dio la ciudadanía.

“Una república si logran mantenerla” esa fue la respuesta de uno de los principales promotores y referentes de la república moderna Benjamín Franklin cuando le preguntaron que tipo de Estado habían diseñado los padres fundadores en Estados Unidos. El diseño constitucional en Guatemala está basado en un modelo republicano con elecciones democráticas. Es por eso que el cumplimiento de nuestra constitución y sus principios son las bases sobre las cuales debemos construir nuestra sociedad. La destrucción de estas bases sobre las cuales está fundamentada nuestro país no solo son de gran peligro para los derechos los guatemaltecos sino que esa destrucción puede ser de interés para aquellos que buscan satisfacer intereses particulares.

A muchos no les pueden gustar los resultados de las elecciones y eso es válido en una elección democrática. Sin embargo, esas personas deben tener un interés incisivo para que las elecciones libres se respeten a pesar de disgustos, ya que solo si estas son respetadas y garantizadas pueden asegurarse de votar por otras personas en las siguientes elecciones. Vivir en una sociedad en donde podemos tener diferencias de opiniones, ideologías, apreciaciones y visiones es posible solo sí se respetan las bases y fundamentos de una verdadera y efectiva República para garantizar así los derechos de todos los individuos por igual.

El sistema de gobierno constitucional republicano pretende limitar el uso del poder público para que los ciudadanos puedan gozar de libertad y los funcionarios estén sujetos a la ley y puedan hacer solo lo que la Constitución les faculta.

La situación detallada anteriormente responde directamente al principio de legalidad. Este principio es esencial para construir certeza jurídica de las expectativas y actitudes de los gobernantes ante distintas situaciones. Sin embargo, cuando se empieza a disminuir la claridad y obligatoriedad con la que los funcionarios deben cumplir con la Constitución y la ley, estos pueden actuar a su manera y antojo, poniendo a los ciudadanos en una situación de incertidumbre sobre sus derechos, futuro y actividad del funcionario.

Hay tres mecanismos y tácticas que sobresalen contemporáneamente en las consolidaciones de proyectos políticos autoritarios: crear enemigos ficticios abusando del lenguaje, deslegitimar a la oposición y concentrar el poder.

El lenguaje y semántica ha sido una herramienta muy poderosa a través de los años, y los políticos que consolidan proyectos autoritarios lo saben. En Nicaragua, Murillo, la esposa de Ortega, quien es fórmula y figura pública del régimen, constantemente está creando “etiquetas” para que las personas no se atrevan a criticar al régimen.

Constantemente está creando desde el discurso público y oficial señalamientos en donde dirige insultos de carácter moral, animal e incluso religioso en contra de la idea de personas que critiquen al régimen.

Lastimosamente, el discurso público y emitido desde los micrófonos oficiales tiene un efecto y en buena parte de la población estos discursos calan en el inconsciente.

La táctica de abuso del lenguaje y atacar verbalmente a la figura de crítica del gobierno es utilizada para justificar ante el público la deslegitimación total de la oposición. Las asociaciones civiles, partidos políticos, periodistas y empresarios representan una forma de ejercer libertades, y como las libertades son enemigas de los proyectos autoritarios están son censuradas. Recientemente vimos en Nicaragua el cierre de una universidad referente para la región latinoamericana. Como antecedente a esa situación también se ha visto el cierre de empresas, medios periodísticos y asociaciones civiles.

La concentración de poder es tanto el medio como el fin de la consolidación de regímenes autoritarios. La eliminación de cualquier mecanismo de frenos y contrapesos que pueda ordenar o limitar de cualquier manera el poder público. Recientemente, en el caso nicaragüense, la pareja autoritaria desde el Ejecutivo tomó por completo el Poder Judicial a través de despedir ilegalmente a un conjunto de jueces y asumir el control de forma ilegítima.

El filósofo francés Montesquieu identificó la tragedia de concentración de poder claramente hace unos siglos: “Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura, la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad; porque se puede temer que el mismo monarca o senado pueda hacer leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente”.

La situación y solución política en Nicaragua es sumamente compleja. A medida que estas acciones en otros países sean repetidas y pasen desapercibidas, se corre el peligro de transitar hacia la vía autoritaria. Latinoamérica ha tenido una lucha constante para lograr consolidar proyectos políticos que protegen la libertad y permitan el desarrollo de sus habitantes.

El caso de Nicaragua no debe pasar desapercibido para todos los países vecinos, para buscar soluciones y salidas, así también para aprender de las lecciones.

El resultado de las elecciones fue muy claro: la ciudadanía exige un cambio. En los resultados de la primera vuelta, el voto nulo y el voto en blanco representan la gran mayoría del 24% de los votos totales y el siguiente candidato con un 17%. No hay encuesta que demuestre lo contrario, la mayoría de encuestas posicionan la actitud social de frustración y desesperanza con un crecimiento exponencial en los últimos años. Esto bastó para que un candidato “diferente” pudiera colarse al segundo balotaje y posteriormente ganar la segunda vuelta.

Como en cualquier elección de este tipo, hay un ganador y varios perdedores. Un grupo de personas, en rechazo a la ideología que presenta el candidato ganador, empezó a cuestionar el resultado de las elecciones. Hasta aquí, nada extraordinario en las democracias contemporáneas. Sin embargo, la situación se agravó exponencialmente cuando investigaciones penales hacia el partido político ganador de las elecciones y en torno a la adquisición del sistema informático de transmisión de datos causaron alarmas sobre si podían llegar a alterar el proceso electoral a pesar de no tener competencia para ello.

Este descontento genuino hacia la incertidumbre se vio reflejado de varias formas: interposición de acciones legales, manifestaciones y pronunciamientos de diversos sectores. Sin embargo, una narrativa caótica de la situación y acciones poco transparentes en las investigaciones penales fue incrementando cada vez más el descontento, al punto de generar bloqueos que han afectado la libertad de los guatemaltecos por varios días. En este punto es donde nos encontramos hoy en día.

Entender dónde nos encontramos el día de hoy es importante para plantear hacia dónde queremos avanzar. Hay una diversidad de exigencias y solicitudes en el ambiente: renuncias de funcionarios, reformas legales y rechazos a los bloqueos.

Dentro de todo este ruido es importante traer a colación cuál es la causa más importante en este momento de la revisión cronológica, así como la visión del futuro de nuestras instituciones, pareciera que asegurar una transición y alterabilidad de poder con las autoridades electas es una causa común de los guatemaltecos y que asegura nuestra institucionalidad. Diversos sectores han demostrado su preocupación, así como su apoyo a que sí exista una alternabilidad de poderes efectiva y que se respeten los resultados de las elecciones. Esta es una causa central y, además, fundamental para el futuro de nuestra República Democrática.

Los bloqueos a la movilidad afectan la libertad de los ciudadanos. Un derecho que es fundamental y que forma parte de la dignidad. Es difícil convencer a otros quitándoles un derecho. Es importante enfocar las manifestaciones, exigencias y energía de las acciones hacia causas que pueden convencer a otros. Es contraproducente intentar convencer a otros de las ideas a través de la fuerza o coacción, más en un ambiente de descontento social en aumento. Enfocarnos en el principal problema y en acciones que aseguren superar ese problema es indispensable hoy en día.

El diálogo que está moderando la OEA puede tener resultados positivos, pero también se necesita un diálogo ciudadano para encontrar una causa común en medio de la polarización y descontento en el que estamos. Juntos, como ciudadanos, debemos unirnos para defender nuestra República con ánimo cívico y responsabilidad.

Para Guatemala, uno de los principales legados de nuestra independencia es que acordamos como sociedad en vislumbrar ser una república. Una república en donde todos sus habitantes son ciudadanos y cuentan con derechos. En donde la soberanía radica en los individuos de la sociedad.

Para que una república sea funcional necesita que las instituciones cumplan con sus funciones, que los principios fundamentales sean cumplidos y que la ciudadanía goce de libertad. La noción de construir un mejor futuro y que somos nosotros, los ciudadanos, quienes tenemos esa posibilidad es importante para que la esperanza nos motive desde distintos aspectos de la vida.

La posibilidad de construir un mejor futuro no es un concepto vacío. Más bien, es un concepto que puede determinar el rumbo y éxito de una nación. Esta posibilidad se asegura con la existencia de condiciones en donde esta especie de soberanía individual se pueda ejercer. Implica que las instituciones del Estado están al servicio del ciudadano, asegurando las condiciones para ejercer la libertad, tales como condiciones de justicia, seguridad, movilidad, entre varias otras.

La celebración de nuestra independencia es un momento adecuado para que celebremos lo que somos y que nos une como nación. Al mismo tiempo, es un tiempo importante para que reflexionemos sobre qué necesitamos mejorar como sociedad para valorar más la República que como nación nos propusimos ser. Algunas personas tienden a caer en el falso dilema: se celebra o no hay nada que celebrar en la Independencia. Si bien puede parecer válido cuestionar el funcionamiento del Estado y dinámicas sociales en estas fechas, eso no implica que tengamos que esconder nuestra historia. Por el contrario, yo creo que al mismo tiempo que celebramos que somos una nación podemos identificar los retos importantes que tenemos como cualquier otra nación.

Especialmente este año tenemos algo muy importante que celebrar como país, y es la posibilidad de contar con elecciones libres. Con particularidades muy importantes, que no están presentes en todos los países, como el hecho de que las elecciones generales son gestionadas y resguardadas por miles de ciudadanos que participan en las juntas electorales, departamentales y receptoras de votos. Este es un claro ejemplo de cómo los guatemaltecos construyen su propio futuro y colaboran en resguardar instituciones que aseguran sus derechos fundamentales.

Para mí, la reflexión más importante de la Independencia radica en la libertad. La motivación de ser libres de decidir y actuar en torno a nuestro presente y futuro. Para ello es indispensable que resguardemos y materialicemos nuestro acuerdo fundamental de ser una república. Una república que se ve materializada con las instituciones y principios constitucionales que aseguran que el guatemalteco sea libre y que sus derechos están garantizados. Para celebrar nuestra independencia generemos un compromiso en proteger estas instituciones. Para que estén al servicio de los ciudadanos, quienes ganaron su independencia y somos quienes construimos la nación en la que vivimos a través del civismo. Para que la República siga viva se requiere de nuestra participación activa como ciudadanos.

Las mediciones de percepción local arrojan que pocos guatemaltecos confían en que el proceso electoral fue limpio. A pesar de que pueden existir diferentes razones y causas de origen para este pensamiento, es importante recalcar que hoy estamos teniendo elecciones, en gran medida, gracias a la participación de miles de guatemaltecos en las diferentes dinámicas de las Juntas Electorales. A ellos les debemos dar gracias por mantener viva nuestra democracia y protegerla.

De forma inédita, hace unas semanas las Juntas Electorales fueron sujeto de escrutinio y señalamientos infundados. A través de una resolución legal de la Corte de Constitucionalidad se ordenó a repetir una fase del proceso que llevan a cabo las Juntas Electorales. Este proceso se llevó a cabo de forma ordenada y aclarando las dudas que se habían generado. El acompañamiento de la ciudadanía en este proceso y a las Juntas Electorales es indispensable, reconociendo que son ciudadanos que realizan este gran aporte cívico. Este domingo de elecciones reconozca el labor que están realizando estos guatemaltecos en gestionar y cuidar nuestra democracia.

Es importante hacer una invitación a los guatemaltecos a que nos informemos sobre el mecanismo a través del cual se gestionan las elecciones. Mucha de la desconfianza hacia el proceso electoral radica en el desconocimiento de cómo funciona, así también como desinformación que puede circular en el ambiente. Si bien es cierto que existieron irregularidades en el proceso por parte de la judicialización de candidaturas, entre otros aspectos. En términos generales el proceso electoral en Guatemala se ha llevado de buena manera y eso debe ser motivo de gran orgullo para una nación.

El ánimo cívico no es exclusivo ni debe terminar con las elecciones. El sistema de una República descansa en la partición ciudadana a través de diferentes mecanismos, como las asociaciones civiles, así como en la fiscalización del uso del poder público. Es por ello que nuestra participación debe continuar más allá de las elecciones y mucho podemos aprender del ánimo cívico que han demostrado varios de los integrantes de las Juntas Electorales.

En las elecciones generales es inevitable que existan ganadores y perdedores. Es importante que tanto uno como el otro tenga una actitud democrática y cívica. Eso pasa por reconocer la potencial derrota, no buscar revanchismos políticos o personales, y que las instituciones de la República prevalezcan.

¡Acudamos a votar con ánimo cívico! Emitiendo un voto responsable, consciente y libre. Tomando en consideración el futuro que deseamos como nación para nosotros y nuestra familia. Elegir a los gobernantes es una de las formas de participación. Invito a los lectores a que nos podamos seguir involucrando y participando más allá de emitir un voto. La falta de legitimidad de los funcionarios públicos pasa por una severa crisis. Ese descontento e inconformidad deberá ser atendido por los próximos gobernantes, pero también es nuestra responsabilidad como ciudadanía darle una respuesta y solicitudes concretas.

Unamos esfuerzos y opiniones para generar un verdadero diálogo nacional sobre qué sistema político queremos, así como qué cambios a la ley electoral pueden garantizar un sistema político representativo. Proteger y fortalecer las instituciones de la República es sinónimo de mayor libertad, que puede traducirse en un mejor futuro para todos.

Toda sociedad busca formas de organizarse para poder progresar en libertad y paz. La humanidad ha encontrado en las instituciones jurídicas y no formales un orden para regular las normas sociales. El orden constitucional es la máxima expresión de seguir el orden acordado por una sociedad porque existe un convencimiento en que la convivencia en paz y libertad es una situación que no debe afectarse por nadie. El orden constitucional de un país está compuesto por las normas e instituciones que lo rigen, tales como las elecciones constitucionales, los mandatos de los poderes del Estado, los límites al poder y la protección de las libertades individuales. En ocasiones, las sociedades le dan la espalda a sus acuerdos sociales materializados en sus Constituciones e Instituciones. Deciden “aceptar” las afectaciones a este orden constitucional. Es allí donde tenemos que prestar mucha atención al reflejo de los vecinos y cuestionarnos ¿qué sociedades suelen progresar más? ¿Aquellas que respetan sus Constituciones, Instituciones y libertades? O ¿acaso generan mayor progreso y desarrollo las sociedades que deciden aceptar la arbitrariedad y romper con los acuerdos sociales constitucionales? La evidencia y experiencia nos demuestra que son aquellas sociedades en donde el respeto por la Constitución y sus Instituciones alcanzan mayor desarrollo. Y lamentablemente las sociedades que optan por el desorden constitucional fracasan en alcanzar desarrollo y son unos cuantos los que salen beneficiados de tal situación.

Los guatemaltecos acudimos a votar en las elecciones generales el 25 de junio. Una expresión de voluntad que arrojó distintos resultados. Una de las grandes manifestaciones de voluntad del pasado 25 de junio fue el rechazo, ya que el voto nulo obtuvo el primer lugar. La manifestación de rechazo que puede significar un hartazgo hacia la clase política y no sentirse identificado con las opciones políticas se dio dentro de un marco institucional y esto es sumamente importante a resaltar. ¿Qué significa que el rechazo hacia el mismo sistema político sea manifestado dentro del sistema institucional? Para mí, eso significa que el guatemalteco desea un cambio en el sistema político dentro de los parámetros de orden y paz que brinda el orden constitucional vigente en el país. El hartazgo hacia la clase política y la frustración del actuar de los funcionarios públicos podría canalizarse en cambiar la norma electoral para que mejores opciones puedan postularse y sanear los partidos políticos. Es sumamente peligroso y en gran medida contrario a los intereses de desarrollo personal de los guatemaltecos pretender desechar el orden constitucional que nos rige a todos actualmente.

El orden constitucional de Guatemala se asegura y consolida realizando la segunda vuelta electoral el 20 de agosto con los resultados oficializados por el TSEl. Esto debe ser protegido y resguardado por los guatemaltecos que creen en un sistema de orden y paz para poder desarrollarse libremente. Las diferencias políticas se deben dirimir en la contienda electoral. Veamos el reflejo y experiencia de los países vecinos: cuando se mantiene el orden constitucional, los frenos y contrapesos, así como las libertades ciudadanas, existen condiciones para el desarrollo. Cuando se desecha el orden constitucional y los ciudadanos dejan de ser soberanos sobre su futuro se crean condiciones de miseria y poco desarrollo. Algo que puede parecer sencillo tiene repercusiones trascendentales en nuestras vidas.

Esto significa que antes de votar por el Congreso nos informemos de cuál es la función de los diputados, para así encontrar quién puede realizar un mejor trabajo. En el sitio web www.yovotomejor.com hay una pestaña que se llama: ¿De verdad sabes?, en donde se encuentra información sobre las funciones de los organismos a los cuales elegiremos representantes.

El voto es una forma eficiente de canalizar el descontento ciudadano, porque es una manifestación con efectos reales. Con el ejercicio de nuestro derecho de votar y elegir a los próximos representantes estamos materializando nuestra opinión. Hágase dueño de su derecho de voto y ejérzalo libremente. Si está dudando de su participación, es mejor que vote. No se va arrepentir de ejercer su derecho, pero sí puede arrepentirse de no haberlo ejercido.

En los últimos meses se ha visto una campaña intensa incentivando el voto que genera bastantes dudas. El voto nulo no tiene validez real, de no alcanzar la mayoría absoluta, lo cual es casi imposible, según las mediciones y encuestas recientes. Pero hay un riesgo y es que el voto nulo, al no cobrar relevancia, se convierte un voto desperdiciado, el cual puede favorecer a intereses particulares. No se deje engañar: el voto nulo no es una manifestación práctica “en contra del sistema”. Con el voto nulo no está eligiendo y puede desperdiciar el valioso derecho del voto.

Nuestro proceso electoral está resguardado por las juntas electorales, que están conformadas por ciudadanos guatemaltecos sin afiliación política y con un gran espíritu cívico. Como ciudadanos, es importante que manifestemos nuestro apoyo a los integrantes de las Juntas Electorales para que el proceso pueda ser llevado con la mayor eficiencia posible. Ante un descontento generalizado con la política es importante que los ciudadanos participen en estas actividades que son indispensables para mantener viva nuestra democracia.

Llegamos al día de las elecciones con el modelo de votación guatemalteco intacto. Esto es un gran logro de un trabajo importante realizado por diferentes entidades de la sociedad civil el año pasado, en una tarea de fiscalización ciudadana a las acciones del Tribunal Supremo Electoral. La participación ciudadana en este proceso fue valiosa, ya que se crearon espacios de fiscalización, formación y participación ciudadana.

Los espacios de fiscalización ciudadana siguen vigentes con los diferentes programas de observación que se están llevando a cabo. Debemos ser responsables y muy diligentes para proteger nuestro sistema electoral, haciendo una revisión de su funcionamiento adecuado.

La participación ciudadana no finaliza con el voto, hay muchas cosas por solucionar. Hemos visto cómo nuestro sistema político no responde a las demandas de sus ciudadanos y por ellos tenemos que seguir nuestra participación, para exigir un sistema político eficiente con una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos posterior a las elecciones. Hoy asistamos a votar todos con ánimo cívico, para proteger nuestro derecho de elegir libremente.

La Corte de Constitucionalidad tiene la función de resguardar el orden constitucional pero hemos visto que a través de decisiones con poco fundamento se han violado preceptos y plazos constitucionales. Esta es una lección muy importante que tenemos que tomar en consideración, todo funcionario público tiene que estar sujeto a la ley y no puede ser nunca superior a ella.

En el 2019 se argumentó a través de una acción de amparo que por la falta de una evaluación derivada de unas reformas legales tuvo el efecto de suspender el proceso de elección violando así el plazo constitucional. Situación que fue aprovechada por personajes altamente cuestionados para incidir de forma ilegal en el proceso, según una denuncia penal de su momento. A pocos días de diferencia de que todo esto sucedía también se llevaban a cabo las elecciones generales del 2019.

Los problemas institucionales y democráticos deben ser resueltos a través de mecanismos democráticos, apegados a la ley y previstos en la institucionalidad. La experiencia de la falta de elección de cortes al día de hoy nos demuestra que buscar mecanismos no previstos en la Constitución genera desorden y eliminan toda certeza jurídica.

En los momentos de crisis política hay actores que intentan usar esas crisis para beneficios personales. En río revuelto ganancia de pescadores. En las próximas semanas tenemos que tener especial cuidado y estar muy conscientes de que tenemos que proteger la institucionalidad que tenemos. Las elecciones generales de un país son un mínimo institucional democrático de alternabilidad de poder que es requisito para una república funcional.

La falta de certeza sobre las candidaturas, la gran cantidad de partidos políticos, la falta de debates serios y propuestas ponen un reto importante a las elecciones. Un reto que tiene que ser abordado por la ciudadanía de forma responsable. Como ciudadanía debemos defender nuestro voto y una buena forma de hacer defensa de ese derecho es poniéndolo en práctica con especial cuidado. Informándonos de por quién votar y cuáles son las funciones de las instituciones de los puestos que vamos a elegir a los representantes.

La herramienta de www.yovotomejor.com es un esfuerzo colectivo de ciudadanos que buscan identificar quiénes son los candidatos y cuáles son las funciones de las instituciones de nuestro Estado.

Estemos atentos a las propuestas populistas, sepamos identificarlas y rechazarlas. El populismo hace uso de la polarización, la debilidad institucional y el descontento para instalarse con apoyo popular para eliminar todo ente de fiscalización y revisión del poder público.

Uno de los temas más importantes para Guatemala como nación es la falta de elección de Cortes desde el 2019. Todos los partidos políticos que postulan candidatos para diputados han omitido presentar una propuesta seria y comunicarla correctamente a la ciudadanía sobre cómo solventar dicha situación.
La división de poderes es uno de los principios que fundamentan el control del poder público en una República. Todo partido político que tenga una visión de Estado y de Nación, donde el uso del poder público es un medio necesario que debe ser controlado correctamente, debería tener presente y trabajar por una solución, incluso en su labor del día a día, más allá de la época electoral.

Otro reflejo de la falta de política es que parece que el Congreso de la República está en suspenso, sin interés por los temas importantes y solo con algún interés particular en iniciativas de leyes populistas. Muchos diputados que buscan la reelección han usado la presentación de iniciativas de ley como acto de campaña; sin embargo no han trabajado efectivamente como acto de campaña. Esto, a pesar de que el trabajo efectivo como diputados pudiera ser el mejor acto de campaña. Un empleo de ello es el vencimiento de la concesión de la autopista Palín-Escuintla.

Muchos partidos sacaron “publicaciones” en redes sociales presentando una postura, pero no dieron a conocer un trabajo político serio para solventar dicha situación o presentar alguna alternativa.
La regulación electoral vigente parece que obliga a los partidos políticos a intentar “llamar la atención” del votante en poco tiempo para cautivarlo por su voto, y uno de los efectos que está teniendo es la falta de profundidad en la propuesta y el labor constante de hacer política que deberían realizar los partidos políticos. Esto coloca a la ciudadanía en una situación particular y complicada, porque a pesar de estar expuestos a propaganda política superficial, tenemos que informarnos sobre quiénes son los candidatos, así como de sus propuestas.

Hay diferentes actores que tienen que poner de su parte para mejorar y evolucionar el sistema político de Guatemala. Se necesita una reforma electoral que se debe discutir con urgencia posterior al proceso electoral en donde las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos pueden tener un papel propositivo para realizar los cambios necesarios. Pero al día de hoy la ciudadanía debe saber navegar en las aguas turbulentas de la propaganda y a la vez de la falta de información.

El número de partidos políticos y candidatos eleva mucho los costos de información del ciudadano para conocer, siquiera, cuál es la oferta política en relación con candidatos, no se diga en relación con sus propuestas —si es que existen—. La herramienta de yovotomejor.com del Movimiento Cívico Nacional tiene un filtro de búsqueda para conocer los candidatos a diferentes puestos y una recopilación de los planes de gobierno. Un inicio y plataforma para todo aquel ciudadano que quiere llegar a las urnas a sabiendas de quiénes son los candidatos y habiendo reflexionado sobre la decisión de su voto, así como el futuro que quiere para su país.

Esta herramienta de análisis es sumamente útil para encontrar puntos ideales en que las normativas jurídicas que emanan del Estado no sean perjudiciales para los individuos que tienen que acatarlas, sino que sean de beneficio para ellos. Sin embargo, en la región la calidad legislativa y de creación de políticas públicas es sumamente precaria. No es común identificar un análisis económico derivado de las decisiones que toman los políticos e incluso en algunas ocasiones estas decisiones públicas van acompañadas de una carga emocional de afectación a determinado grupo de la población. Y menos aún se ve una responsabilidad política o legal de las decisiones arbitrarias que afectan a los ciudadanos.

En Guatemala, en los siguientes meses, estaremos escuchando muchas promesas en el contexto de la campaña electoral, y debemos evaluar cuáles serían las externalidades y consecuencias reales de esas promesas; ¿si estas ocasionarían un beneficio a la población o serían perjudiciales para la población?

Un ejemplo muy cercano es el de Honduras, en donde la decisión de un nuevo gobernante de eliminar las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) generó consecuencias negativas. Sin entrar a valorar la legalidad, discrecionalidad y arbitrariedad con la que esa decisión se llevó a cabo, desde la perspectiva del análisis económico del derecho se puede evaluar cuáles fueron sus consecuencias. Las consecuencias que resaltan bajo esta perspectiva es que se envía un mensaje de que dicho país no es estable para las inversiones de gran magnitud y que la certeza judicial no está garantizada. Para los inversionistas es un mensaje de fraude desde la perspectiva de que el Estado no está manteniendo las condiciones aseguradas a través de una disposición constitucional, y una consecuencia muy importante a evaluar es que hay ciudadanos que pueden quedarse sin una fuente de ingreso laboral para mantener sus hogares y familias.

Este análisis se puede realizar evaluando paralelamente si existe o no una causa justificada para tomar dicha medida y si las consecuencias —o externalidades generadas— son solventadas. Sin embargo, vemos que las decisiones políticas, tal y como señalábamos anteriormente, muchas veces quedan impunes en relación con la responsabilidad legal y política de las afectaciones que generan a la población.

Como votantes en los siguientes meses en Guatemala, tenemos que prestar atención especial a los candidatos al Congreso, porque es allí donde los cambios legales positivos o negativos para la población pueden suceder. En la herramienta cívica de Yo voto mejor, promovida por el Movimiento Cívico Nacional, se puede conocer quiénes están detrás de los listados a los diferentes distritos que buscan una curul en el Congreso, en qué partidos políticos han participado y cuáles son sus conocimientos, para evaluar quién puede presentar una mejor alternativa. El Congreso, cuando está integrado correctamente, tiene un rol importante de contrapeso que puede detener decisiones que afecten a la población o, en el peor de los casos, también las puede legislar.

En estas elecciones debemos recordar que la población es quien paga el precio de las decisiones públicas.

En las elecciones del año 2023 tendremos aproximadamente 38,000 candidatos. El ciudadano que desee emitir un voto responsable e informado deberá navegar entre una gran cantidad de información para conocer cuál es el candidato que más le represente y atienda de mejor manera sus necesidades. Esto representa un gran costo de tiempo para el ciudadano, además de la dificultad de encontrar toda la información, ya que habrá muchos candidatos.

El sistema político del país enfrenta dificultades debido a las regulaciones restrictivas que tienden a favorecer a los candidatos más conocidos o que han ocupados puestos oficiales en el Estado en relación con los actores nuevos. Recientemente, desde el proceso electoral anterior, la sociedad ha discutido la necesidad de una reforma electoral e incluso se plantearon acciones de inconstitucionalidad en contra de artículos que podrían reñir en contra de la libertad de expresión y participación. Sin embargo, tanto el Congreso como la Corte de Constitucionalidad decidieron dejar de un lado esta importante discusión y, ahora, a la ciudadanía le toca asumir el proceso electoral de una forma restrictiva, con poca información disponible y limitaciones a la libertad de expresión.

La sobresaturación de información puede ocasionar efectos negativos para el proceso democrático. Esta puede aumentar la apatía y el hartazgo hacia el proceso electoral en sí debido a que los ciudadanos se sienten abrumados por el alto costo que implica investigar a cada candidato que existe. Esto también conlleva otro efecto negativo, ya que a medida que el ciudadano es apático para informarse sobre los candidatos acepta, cada vez más, que sean los mismos candidatos quienes informen sobre quienes son ellos.

El hecho de que sean los candidatos una de las principales fuentes de información del debate público y político causa una división, que aumenta cada vez más, entre lo que el ciudadano desea conocer y lo que el candidato ofrece en su campaña política. Quedando así en segundo plano las necesidades y aspiraciones del ciudadano y se coloca como discurso preponderante las aspiraciones y sueños del candidato —en vez de las del ciudadano—.

En una encuesta regional reciente se resalta que Guatemala es uno de los países en donde hay una menor convicción con la “democracia” en comparación con otros países, se señala que aproximadamente 4 de cada 10 considera que la democracia es preferible. Si bien existen teorías políticas sobre la importancia de la democracia para la alternabilidad de poder en una República, no es sorpresivo dicha apreciación en Guatemala, debido a la rigidez de la participación y libertad de expresión que se limitan con las normas del sistema electoral y político.

Cada proceso electoral debiera de suponer un avance para alcanzar el fin último de una República democrática y representativa en donde los derechos individuales, respeto a la ley y el poder limitado este garantizado. Teniendo las reglas que tenemos hoy en día vigentes en la ley electoral y de partidos políticos la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil debemos de enfocarnos en presentar herramientas, soluciones y avances dentro del sistema actual. Reducir los costos de información para conocer quiénes son los candidatos, cuáles son sus antecedentes y cuáles son sus ofrecimientos es un punto básico que como sociedad debiésemos trabajar para alcanzarlo en este proceso electoral.

Es un hecho que afrontamos este proceso electoral con condiciones adversas, la ley electoral y de partidos políticos reformada en el año 2016 representa ventajas a los políticos que tienen más tiempo en el poder. Sumado a eso, la falta de resoluciones por parte de la Corte de Constitucionalidad a las diferentes acciones de inconstitucionalidad a esa ley y la falta de reformas correctivas son factores que han colocado una presión mayor. A lo anterior hay que agregar el componente de descontento con la clase política así como años de alta tensión social por la pandemia e inflación.

Sin embargo, cuando las condiciones son adversas es cuando es más necesario afrontar de mejor manera el proceso electoral y generar unión ciudadana para proteger el sagrado derecho de elegir y ser electo. Hoy por hoy mantenemos vigentes importantes elementos del sistema de elección, como lo son las juntas electorales de votos que representa una participación ciudadana importante en el conteo de los votos el día de la elección.

No podemos permitir que los derechos fundamentales de libertad de expresión y participación política sean menoscabados en este proceso electoral. Y la mejor manera de lograr esto es poniéndolos en práctica. El rol que tendrán las organizaciones cívicas, los medios de comunicación, juntas electorales, observadores electorales y demás entidades que participan con un ánimo cívico en las elecciones será valioso para afrontar de la mejor manera el proceso electoral.

La censura a la libertad de expresión de los partidos políticos y candidatos es peligrosa. Con la regulación actual los candidatos no pueden realizar una campaña política efectiva ni darse a conocer libremente en los espacios que consideren pertinente. Además, dicha regulación tiene un carácter de expropiación para los medios de comunicación que ha generado una falta de incentivo para que estos quieran inscribirse para ser sujetos de publicar pauta electoral. Todo esto ocasiona que existan votantes poco informados o desinformados sobre la oferta electoral, con una tendencia a favorecer a quienes están en el poder público porque son ampliamente conocidos generando poca competencia.

Es por esto que el ciudadano tiene que asumir el proceso electoral con peculiar responsabilidad. Más responsabilidad de lo que asumiría un proceso electoral en condiciones “normales”. Debe estar atento a conocer realmente cuál es la oferta política, informarse sobre los antecedentes y propuestas que presenten los candidatos. Rechazar los discursos populistas que después le pasan la factura al mismo ciudadano y participar en los diferentes espacios que son necesarios para resguardar el sagrado voto de los guatemaltecos. Además de practicar la libertad de expresión con un sano debate.

La realidad es que no afrontamos el proceso electoral con las mejores condiciones y es por eso que nuestro involucramiento ciudadano debe ser con mayor intensidad para resguardar unos de los pilares sagrados de toda república democrática: la alternabilidad de poder ordenada y en paz.

El primer caso fue en septiembre, cuando el TSE realizó un proceso de adjudicación y adquisición plagado de incertidumbres. Diversas organizaciones ciudadanas señalaron los peligros que existían, los puntos señalados daban la impresión de que el proceso estaba dirigido a beneficiar a una empresa en específico y también que podía alterar el modelo de votación guatemalteco. El pleno de magistrados del TSE decidió en esa ocasión dar marcha atrás y declaró nulo dicho proceso.

Unas semanas después, el TSE repitió el proceso. Este consistía en la adquisición de seis “productos” con un plazo mayor al proceso anterior. Sin embargo, el contenido de las bases de licitación era el mismo que el anterior proceso que habían declarado nulo. Por tal razón la sociedad civil, tanques de pensamiento y ciudadanos expresaron su inconformidad, ya que adquirir los productos señalados en esas bases de licitación podría alterar el modelo del voto guatemalteco. Es decir, la razón por la que existía inconformidad desde el primer proceso seguía allí. El pleno de magistrados decidió desistir de tres de los seis procesos. Los tres procesos de los que desistió eran los señalados de que podían alterar el modelo del voto guatemalteco o que eran sumamente onerosos.

Si el TSE quiere remediar la confianza de la ciudadanía para el próximo proceso electoral, tiene que acoger las recomendaciones que distintos grupos y sectores sociales les han hecho llegar. Entre las principales recomendaciones se encuentra el desistir completamente de la compra de los servicios de sistemas satelitales B-GAN y de la compra de identificación biométrica. Ambos servicios y productos son innecesarios y sumamente onerosos. Además, el sistema de identificación biométrica no puede suplir el padrón electoral físico ni la tinta indeleble que se ha encontrado en los centros de votación en las últimas décadas, lo cual lo convierte en un producto con poca o nula utilidad en el modelo de votación y además puede presentar un riesgo grande de confusión el día de las votaciones.

Además de lo anterior, se ha solicitado reiteradamente que el sistema informático para la transmisión de datos que contrate el TSE no debe alterar de ninguna forma el modelo ni la custodia del voto. Y se debe asegurar que las juntas electorales tengan la potestad de contratar y revisar los procesos de verificación de resultados. El TSE emitió un acuerdo para reformar las bases anuladas en donde esto podía verse afectado, pero aún falta determinar cuáles van a ser las bases para adquirir este servicio.

Nos encontramos a aproximadamente dos mes para la convocatoria a elecciones. Si el TSE quiere enmendar la confianza de la ciudadanía con el proceso electoral, tiene que realizar de forma pública y transparente una comunicación sobre las bases que utilizará para resguardar el modelo de votación guatemalteco y anular por completo toda compra que pueda poner en riesgo el modelo o no sea necesaria.

Como ciudadanos debemos estar atentos e involucrarnos en estos procesos preparativos del proceso electoral, para que sean una verdadera fiesta cívica. Y cumplamos con nuestro deber y derecho constitucional de “velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral”.

Hay países en los cuales los procesos electorales son una fiesta cívica, la máxima expresión de las libertades de expresión, participación y debate público. Mientras en otros países las elecciones son un evento que los políticos usan para validarse a sí mismos y hacerse llamar “democráticos”, como lo es caso de Venezuela y Nicaragua, por ejemplo.

Uno de los principios fundamentales para una verdadera república es la alternabilidad en el poder en donde se asegure el resguardo del derecho fundamental de elegir y ser electo.

Esto significa que el proceso electoral debe asegurar que los resultados no puedan ser manipulados ni alterados por nadie. En estos procesos también se asegura que toda persona que cumpla con los requisitos necesarios pueda postularse como candidato, sin decisiones arbitrarias ni discrecionales.

Guatemala, como sociedad, en las últimas décadas posterior a 1986 consiguió tener un sistema electoral que proporciona un adecuado proceso de voto y no podemos permitir que se debilite. Estos mecanismos son importantes de proteger y asegurar que cumplan con su fin último: una verdadera alternancia de poderes. Para ello tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo en estos días en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las decisiones de los siguientes días pueden asegurar que exista un proceso electoral legítimo y creíble.

Rescatar la legitimidad y credibilidad de las elecciones nos conviene a todos los guatemaltecos. Tener procesos de alternabilidad de poder certeros y objetivos son condición necesaria para resguardar los derechos de todos.

Actualmente el TSE está realizando el proceso para adquirir los programas para la transmisión de datos de los resultados electorales, entre otros. Este proceso es una repetición de un primer intento que se declaró nulo porque solo participó un oferente.

Sobre este proceso es indispensable que no se modifique de ninguna manera el modelo de votación que ha funcionado y resguardado la voluntad popular en las últimas décadas. Además, es fundamental que la empresa que sea elegida sea una empresa honesta y con experiencia en el país.

El voto guatemalteco está resguardado por un sistema tradicional palpable y que brinda confianza a la ciudadanía. La participación de las juntas electorales, conformadas por ciudadanos que con ánimo cívico aportan su tiempo y talento para el proceso electoral, debe prevalecer y fortalecerse. Se debe convocar a los líderes cívicos que ya han participado en los procesos anteriores y tienen experiencia invaluable para generar confianza en el proceso.

Durante los próximos días debemos prestarles atención a los procesos y acciones que realice el TSE y también el Registro de Ciudadanos.

Exigir que se resguarden los derechos fundamentales de libertad de expresión así como elegir y ser electo. Que los procesos preparativos de cara a las elecciones sean los idóneos para asegurar unas elecciones limpias.

En los próximos días debemos recordar que solo si exigimos realmente elegimos.

Las sociedades han evolucionado para organizarse de una forma pacífica y controlar el poder público. Guatemala, en los últimos años, ha logrado construir un proceso electoral y de transición de poder público democrático. Sin embargo, los errores del último proceso electoral y la mala gestión de los magistrados de la anterior magistratura pusieron en riesgo este avance y dañaron la credibilidad, ocasionando así una disminución de la confianza de la ciudadanía hacia las elecciones y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los magistrados actuales del TSE tienen la oportunidad y responsabilidad histórica de organizar un proceso electoral que brinde confianza hacia los ciudadanos, y para alcanzar esto es necesario: estricto cumplimiento a la ley, mantener íntegro el proceso y conteo del voto, adquirir sistemas de transmisión de datos confiables y actuar con total transparencia.

El sistema de conteo de votos recae en la ciudadanía que participa en los diferentes órganos electorales. Esto debe mantenerse así y sin ninguna alteración. La tecnología es un vehículo y facilitador, pero bajo ningún aspecto puede, ni debe, sustituir las etapas del voto y su conteo por parte de los órganos electorales. El sistema utilizado en Guatemala está plasmado y resguardado físicamente en papel, lo que nos da certeza y confianza como ciudadanos.

El sistema de transmisión de datos fue uno de los graves errores del último proceso electoral en 2019 que dañó la credibilidad y confianza hacia las instituciones electorales en el país. Actualmente, el TSE anuló un proceso de adquisición en el que solo existió un oferente que ha sido gravemente cuestionado en otros países. La repetición de este proceso de adquisición del sistema de transmisión puede representar una buena oportunidad para construir confianza hacia el TSE y la gestión electoral, esto sucederá solo si se realiza de forma transparente y se asegura que se adjudicará a una empresa con trayectoria reconocida en el país y sin ningún cuestionamiento grave. Después de los errores del último proceso electoral, los magistrados del TSE no pueden permitir que una entidad con cuestionamientos tenga a cargo la transmisión de datos en el proceso electoral.

Para este nuevo proceso de adquisición es de gran trascendencia que se realicen convocatorias previas y publicidad del proceso en el sistema de Guatecompras y en los periódicos de mayor circulación en el país. Esto para asegurar la participación de varias entidades. Otro componente importante es que las bases de licitación en este nuevo proceso deben ser objetivas y científicas y bajo ninguna circunstancia se deben percibir que estén dirigidas para favorecer a alguien en particular. Se deben separar las bases para los distintos productos que se necesiten adquirir para que varias entidades puedan ofertar con precios competitivos y de mercado.

La principal misión y enfoque deben ser unas elecciones confiables y limpias. Para ello, esta fase preparativa en donde se adquieren los productos para la gestión de las elecciones, el actuar del TSE debe ser completamente transparente y construir confianza con la ciudadanía.

Recientemente, la población de Chile votó en rechazo de la propuesta de una nueva constitución. La propuesta de constitución fue promovida y redactada —en su mayoría por una clase política dominante que se autodenomina izquierda y “progresista”.

En muchas ocasiones, los grupos políticos de izquierda se rehúsan a ser identificados y catalogados como una “élite de poder político”, ya que aprovechan el término para su discurso, donde lo emplean de manera despectiva y lo usan como catalizador para su movilización. En la narrativa política de la izquierda latinoamericana, señalan a la élite como la causante de todos los problemas y usualmente catalogan exclusivamente como élite a los grupos adversarios del momento. Así, construyen un discurso narrativo de choque de clases y de reivindicación que se basa en la idea de “ellos contra nosotros”, donde se atribuyen a sí mismos la “representación” del pueblo.

Los movimientos políticos de izquierda buscan alejarse del concepto de élite para evadir así la responsabilidad política de sus propuestas y acciones. Buscan constantemente crear un enemigo ficticio. A través de discursos populares lo “hacen responsable” de los problemas de una sociedad para justificar así el uso de un poder sin límites.

Los actores que redactaron la propuesta constitucional en Chile son una élite política. No identificar a una clase política como una élite trae consigo varios problemas. Cuando un grupo de políticos organizados y con poder público presenta sus acciones como representación absoluta de la población, se tiende a tolerar su voluntad como la última palabra. Así evitan los cuestionamientos y difuminan la responsabilidad política que conlleva el uso del poder público. Esto tiende a prestarse a abusos de poder.

El hecho de que una nueva constitución tenga que ser sometida a una consulta popular para que sea la población quien determine si está de acuerdo o no con lo que propone una élite política es una característica de instituciones democráticas. De esta manera se puede poner a prueba si la élite, que ostenta el poder para redactar la constitución, está actuando a favor de la población y si lo que propone es representativo de lo que la mayoría quiere.

Es particularmente interesante analizar el caso de Chile: el movimiento político que llevó a que se generara la dinámica de proponer una nueva constitución fue una narrativa “popular”. Sin embargo, la población rechazó el resultado de dicho movimiento. El discurso político y narrativo a través del cual se impulsó este evento político no superó la prueba mínima de ser aceptada mayoritariamente.

En Latinoamérica vemos un auge de una élite política de izquierda. Tenemos que considerar que no siempre existe una institucionalidad con suficiente fortaleza que haga valer la voluntad popular y proteja a los ciudadanos del abuso de poder. En varios países latinos, la élite política impone su voluntad en contra de la voluntad de la población. Por eso siempre se debe tener claridad de que toda clase política es una élite. Toda élite política busca satisfacer sus necesidades a través de beneficios y debe ser limitada con la ley y sus instituciones para que no abuse del poder.

En la última reforma del 2016 se aprobaron dificultades a las aportaciones de ciudadanos a los partidos políticos, la limitación de libre comunicación en los medios de comunicación y se establecieron conceptos ambiguos, sujetos a interpretación, como la campaña anticipada. Todos estos elementos se impulsaron bajo un engañoso concepto de “equidad”. Sin embargo, estas reformas han causado que se deteriore el sistema de partidos políticos cada vez más.

Actualmente existen sospechas de que la mayor fuente de financiamiento de los partidos políticos sea el presupuesto público a través de la corrupción en la distribución de obra pública. Lo que tiene un efecto doblemente nocivo: obra pública de mala calidad o inexistente y el divorcio entre los intereses ciudadanos con los intereses de los partidos políticos.

En el último año, diversas organizaciones y entidades han expresado su preocupación por la falta de actividad del Congreso para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp).

Durante más de un año, la excusa de diversos diputados ante entrevistas en medios de comunicación ha sido: falta de voluntad política.

El concepto escurridizo de la “voluntad política” es una forma de esquivar responsabilidades y no darle la cara a la ciudadanía. Los diputados tienen poder para realizar actividad legislativa. Esto se refiere a que tienen todas las potestades que les otorga la Constitución en representación de los ciudadanos para aprobar leyes. Es un hecho que los diputados ostentan este poder y la “voluntad política” no es más que una forma que han encontrado para ignorar las solicitudes que se les hacen desde diversas organizaciones para que hagan su trabajo.

Actualmente la discusión de la ley electoral aún se encuentra en la Comisión de Asuntos Electorales, en donde algunos diputados que la conforman sí se han expresado favorablemente para avanzar con la reforma. Sin embargo, muchos otros que pertenecen a la Comisión brindan excusas constantemente o se escudan bajo el engañoso discurso de la “falta de voluntad política”, cuando son ellos realmente quienes pueden discutir el dictamen y aprobarlo. La voluntad política no es más que una excusa (que suena sofisticada) para cumplir con sus obligaciones de funcionario público.

Muchos diputados en esta legislatura sí han tenido “voluntad política” para aprobar subsidios, ampliaciones presupuestarias y estados de Calamidad en tiempos acelerados. ¿Entonces por qué la falta de voluntad para avanzar en mejorar el sistema electoral y político?

Los partidos políticos que aún tienen deseos de hacer un cambio a favor del país y mejorar la calidad del gasto público deberían no solo prestarle atención, sino actuar para avanzar y quitarles el control del poder público a las mafias que buscan saquear el presupuesto público. Además, una buena reforma puede traer beneficios directos a los partidos políticos y acercarlos a la ciudadanía. Pueden obtener más transparencia y certeza en su funcionamiento, así como rescatar su credibilidad.

El Tribunal Supremo Electoral no debe quedarse de brazos cruzados a la espera de lo que haga o no haga el Congreso. Debe asumir un rol propositivo y activo en solventar los desafíos que le puede presentar la actual Lepp para la gestión electoral, de manera que se asegure un proceso electoral limpio y democrático.

Los diputados que integran la comisión de asuntos electorales son directamente responsables de la calidad del sistema político que tenemos porque tienen la posibilidad de hacer las mejoras al sistema que exigen los ciudadanos. Sin embargo, han obviado repetidamente esta responsabilidad y cada vez encuentran más pretextos que soluciones para atender este grave problema.

Muchos de los diputados se sienten cómodos en su curul y su falta de acción no les representa un costo político. Suponen que conseguirán una posición “ganadora” en una de las primeras casillas de los listados y así se podrán recetar otros cuatro años más en el Congreso. Así es como terminan obviando la responsabilidad que tienen tanto con sus representados como con la democracia.

La factura que nos están pasando las reformas a la ley electoral del 2016 es grave. Estas reformas tienden a concentrar el poder en los partidos políticos establecidos y limitan la competencia y la participación. A medida que transcurra más tiempo sin que se solucionen estos errores, la erosión institucional y democrática será más compleja de resolver.

Entre las prioridades están: eliminar las amenazas a la libertad de expresión a los medios de comunicación, asegurar la libre participación política y mejorar la representatividad y la participación política. Como ciudadanos también debemos exigir a los diputados que ¡den la cara! Que dejen de obviar lo importante y trabajen para mejorar el sistema político del país.

Posterior a las elecciones del 2019 se integró la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came), en la cual se plantearon diversos puntos para mejorar la calidad de la regulación electoral que tenemos en el país. Uno de los grandes problemas de dicha comisión fue no hacer un análisis de los errores del último proceso electoral y sus causas. Probablemente fue porque la pasada magistratura del Tribunal Supremo Electoral (TSE) quería obviar dicha revisión, ya que pudiera derivar en alguna responsabilidad con la gestión del proceso de los comicios, que para muchos ha sido el peor proceso electoral en la época democrática del país.

A pesar de que la magistratura pasada dejó inconcluso el ejercicio de la Came, la actual retomó parte del ejercicio y lo plasmó en una propuesta de ley que fue presentada en febrero del 2021, en la cual el TSE planteó al Congreso de la República cuáles son los cambios y actualizaciones que necesita la regulación electoral para lograr una mejor democracia. Desde esa fecha hasta hoy, los diputados han obviado la responsabilidad que tienen de mejorar el sistema político a través de esa reforma.

Debemos exigirles a los diputados que den la cara. Que atiendan las demandas ciudadanas y mejoren el sistema político. Si a pesar de estas exigencias los diputados no realizan lo que está a su alcance, serán culpables de los desafíos y problemas democráticos que afrontemos en el futuro.

Sin embargo, con el pasar del tiempo la necesidad de estas correcciones a la regulación del sistema electoral y político se están haciendo más latentes y urgentes. Uno de los grandes desafíos que contiene la actual Ley Electoral es que limita la libertad de expresión en distintos ámbitos, creando discreción de sanción, así como falta de certeza.

Una regulación y aplicación electoral bien aplicada debe proteger la libertad de expresión y no restringirla de forma antojadiza. Los medios de comunicación juegan un rol importante en una república democrática. Son instituciones intermedias que representan un contrapeso y también una tribuna para la formación del conocimiento de la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen los medios de comunicación, en las reformas del año 2016 se impusieron restricciones importantes a la libertad de expresión.

Entre algunas de las restricciones que presentan un desafío para la libertad de expresión en medios de comunicación se encuentran las prohibiciones para que los partidos políticos y sus candidatos puedan comunicar libremente y a decisión propia dónde expresar sus ideas. Además de esto, los medios de comunicación son sujetos a que se les pague únicamente un 30% del valor de la pauta comercial. Según la regulación vigente, es un grupo de funcionarios quienes deciden qué mensajes saldrán en qué medio y a qué hora.

Lo antes mencionado se aplica a los medios que decidan “inscribirse” en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Según lo vivido en el último proceso electoral, las reformas del 2016 generaron un nuevo incentivo perverso. Más medios de comunicación que no tienen un alcance significativo o que reciben pauta comercial normalmente buscan inscribirse en el TSE para obtener ingresos provenientes de fondos públicos. Esto afecta, además, la falta de conocimiento y propagación de ideas de los políticos en la contienda electoral.

En el último proceso electoral también se percibieron diversas amenazas a la libertad de expresión y potenciales riesgos para los medios de comunicación. A través de la emisión de reglamentos, el pasado tribunal pretendía regular el contenido de lo que podían hablar los candidatos en los debates y entrevistas. Además de pretender una censura previa al contenido se intentó que estos fueran aprobados previamente por el Tribunal. Ante el rechazo popular y la indignación provocada, la pasada magistratura tuvo que dar marcha atrás y derogar dicho reglamento.

La aplicación de estas regulaciones electorales y muchas otras más que concierne a los medios de comunicación depende en gran medida de cierta discrecionalidad que pueda tener el TSE debido a la falta de claridad en las normas. Esto pone en riesgo la libertad de expresión y la capacidad de comunicar ideas a través de los medios de comunicación. Así que, derivado de las últimas reformas electorales del 2016, conocer las propuestas de nuevos proyectos políticos y la renovación de la clase política se vuelve cada vez más difícil.

Estos antecedentes parecieran suficiente materia para poner mucha atención y construir la voluntad política para corregir la regulación electoral para que se proteja la libertad de participación y expresión. La actual magistratura del TSE no estuvo en la gestión del pasado proceso electoral, por lo que es importante conocer cuáles son las necesidades en materia de actualización y corrección de la regulación electoral para asegurar un proceso electoral en donde se aseguren las libertades y derechos de todos.

La clase política que tenemos en gran medida es resultado de la ley electoral que regula quién y cómo se puede participar en la política. Los malos resultados de algunos políticos han permitido que como sociedad se demonice la política trayendo resultados negativos para la posibilidad de mejorar la clase política.

La última reforma a la ley electoral y de partidos políticos fue en el 2016. Las fuerzas políticas de ese entonces fueron muy hábiles en alinear el malestar ciudadano con los políticos para realizar una reforma altamente restrictiva. Quedando como resultado una ley que prohíbe en muchas formas la participación política y libertad de expresión, prohíbe que los participantes puedan decidir en dónde comunicarse y a qué audiencia dirigirse. Se prohíbe en pocas palabras: hacer política.

¿Por qué se reguló la participación política de una forma tan restrictiva? El beneficio de las fuerzas políticas, de ese entonces, era claro: restringir para que fueran los pactos políticos ya consolidados quienes se beneficiaran de esas reformas. Cayeron en el error de creer que siempre estarían en dicha posición. Incluso muchos de los diputados que fueron promotores y lograron aprobar dicha reforma ahora afrontan una posición diferente y se ven perjudicados en la regulación de participación política que lideraron en su momento.

La mejor regulación del sistema electoral es aquella que permite y promueve la libertad de participación en todas sus expresiones. No podemos esperar tener nuevos políticos si la libertad de expresión de personas que quieran postularse está amenazada. No podemos esperar promover más fiscalización ciudadana hacia sus representantes si la forma de elección es oscura y los candidatos se esconden detrás del logo de un partido. No podemos esperar sanear el origen de los fondos que apoyan proyectos políticos si estos se prohíben, y así la lista sigue. Algunos políticos están muy cómodos con la regulación actual ya que no tienen mayor competencia y creen que eso “les permite” seguir en el sistema. Sin embargo, deben verse en el espejo de sus antecesores que aprobaron dicha reforma restrictiva y ahora ven amenazada su participación política.

Los ciudadanos debemos de unirnos en torno a promover más y mejor participación política. El primer paso es exigir que se eliminen las restricciones de la participación política que se encuentran en la ley electoral, así como cambiar la forma de votación de los diputados para que sean los ciudadanos quienes elijan de forma directa y más libre.

Reformar la ley electoral de una forma con los correctos incentivos para mejorar la participación política es una importante para poder solucionar los problemas de la coyuntura política que vemos y se discuten constantemente sin encontrar una solución real a dichos problemas. Reformar la ley electoral además puede ser un ejercicio de discusión y debate ciudadano que pueda ayudar a aliviar la polarización social que vivimos, esto requiere de liderazgos que piensen en mejorar el futuro del país.

Mejoremos la clase política.

Una serie de acciones planteadas para entorpecer el proceso, intentos de manipulación, resoluciones perjudiciales de la Corte de Constitucionalidad y la falta de voluntad política de los diputados del Congreso nos tiene al día de hoy en esta situación.

Para tener condiciones que permitan la generación de más oportunidades en el país es indispensable contar con un sistema judicial funcional y efectivo. El no cumplimiento de plazos y estipulaciones constitucionales en una elección afecta la certeza jurídica pues es una falta a la Constitución en sí misma, la cual tiene como función delimitar el poder público (además de proteger los derechos individuales de los ciudadanos).

Esta situación y su prolongación en el tiempo es cada vez más alarmante. A medida que transcurre más tiempo se vuelve más compleja la solución. El plazo en el que los Magistrados de las cortes están en su cargo es de 5 años y este plazo es determinado por la Constitución y el cargo y no cuando se nombra a la persona. Por lo que los “nuevos” magistrados estarán desde que se nombren hasta octubre del 2024.

Como ciudadanos y sociedad debemos afrontar con responsabilidad el reto de solucionar los desafíos institucionales que tenemos. La falta de elección de Cortes es uno de esos grandes retos que puede ser el inicio para un enfoque de fortalecimiento, mejora y progreso en las condiciones de la Justicia del país.

La preocupación por este tema, que se ha repetido en diferentes ocasiones, es que muchas veces es olvidado. Si tuviéramos un plazo prolongado en alguno de los otros poderes del Estado como el Organismo Ejecutivo con la Presidencia o el Organismo Legislativo con los diputados la alarma social sería mayor y mucho más evidente. Es por ello que se debe recalcar que el Organismo Judicial es uno de los poderes del Estado y la falta de su elección nos debe de ocupar a encontrar una solución.

Ya sabemos el diagnóstico del problema de la falta de elección de Cortes y sus orígenes, es momento de dedicar energía y esfuerzos en construir las soluciones para salir de este impasse así como generar las condiciones para que esta situación no se repita en ninguna otra elección constitucional o de alguno de los poderes del Estado. Esto es condición necesaria para poder generar más oportunidades en el país.

En una República Democrática los ciudadanos tienen la responsabilidad en participar en las decisiones públicas. Bien dijo Benjamin Franklin en una ocasión cuando le preguntaron cuál era el modelo de gobierno que estaban promoviendo “una república, si es que son capaces de mantenerla”. Adaptando ese mensaje a nuestro contexto sí deseamos vivir en un modelo de gobierno en el cual se respeten los derechos debemos ser capaces de construirlo.

El escenario político a través de los años ha estado permeado por luchas de utilizar el poder coercitivo del Estado para “luchas reivindicatorias”. El populismo ha evolucionado a crear tribalismos. Tribus a través de las cuales se genera fraccionamiento de la sociedad y una lucha por ser la tribu dominante con control sobre las otras, que es hábilmente utilizado por los populistas. Estas tribus pretenden ser impuestas previas al individuo afectando su libertad y responsabilidad.

La reciente iniciativa de ley 5272 “Ley para la protección de la familia y la vida” pretendía crear un reconocimiento tribal al definir y establecer, por medio del poder obligatorio del Estado, una moral ideal. Esto con la justificación que era lo practicado por la “mayoría”. ¿Debe tener el Estado está facultad? Estas políticas o leyes colectivistas tienden a generar un impacto abrumador y abusivo sobre el individuo: la minoría más importante, que antecede la idea y concepto de Estado.

Como sociedad tenemos que asegurar que no se vulnere o afecte el principio de igualdad ante la ley, es decir todos somos iguales ante la ley en derechos, obligaciones, libertades y responsabilidades. La creación y reconocimiento de tribus (mayoritarias o minoritarias) desde la ley deriva en una lucha constante para alcanzar el poder público y establecer una dominación de una tribu hacia la otra.

El concepto de un Estado “paternalista” que pretende imponer creencias, conductas o privilegios a los individuos con la intención de orientar sus vidas y comportamientos afecta directamente la igualdad ante la ley y tiende a generar privilegios arbitrarios.

La ley en mención no entrará en vigencia, de momento, ya que el presidente Giammattei solicitó que se archivara en el Congreso porque él no la sancionaría. Pero a pesar de esto, todo este proceso arroja algunas luces preocupantes. ¿Por qué esta iniciativa de ley avanzó en el Congreso sin ninguna revisión seria sobre las implicaciones constitucionales? ¿por qué no existe una respuesta eficiente ante estas amenazas dentro del Congreso? y ¿en relación con qué prioridades está definida la agenda legislativa del Congreso?

El Congreso de la República es una de las peores instituciones calificadas en relación con la confianza ciudadana por lo que urgentemente debemos trabajar por que este funcione correctamente. Debemos impulsar reformas que puedan rescatar la representatividad modificando la forma de votación para que el voto ciudadano pueda ser ejercido como un control y delimitar claramente cuál es el poder del Estado sobre nosotros. al fin y al cabo “el precio de la libertad es su eterna vigilancia”.

Como ciudadanos debemos estar atentos sobre la manera en que se está utilizando el poder público, realizar un ejercicio constante de fiscalización y delimitar cuál es la función de este poder. El poder público debe estar dirigido a proteger al individuo para que este pueda desarrollarse de una forma libre de acuerdo con sus propias convicciones.

El primero de ellos tiene que ver con la legalidad del mismo. Las personas que dirigen y están al frente de una institución tienen un tiempo límite para ocupar dicho puesto, esto porque en el diseño de un Estado moderno se busca que exista alternabilidad en el poder público como mecanismo de límite y control al mismo. Es por ello que cada cierto tiempo se realizan procesos de elección. Ahora bien, una primera parte es que se cumpla con el proceso de elección y la otra importante es cómo se lleva a cabo.

Lo más básico en los procesos de elección constitucional es que se cumpla con las normas y regulación que están aprobadas en la Constitución y leyes que rigen al momento en el que estos se efectúan. También es importante que los órganos encargados de resolver impugnaciones y acciones que puedan existir durante los procesos lo realicen de una forma objetiva y responsable respetando la Constitución, para que no existan manipulaciones ni maniobras que resulten en alteraciones al proceso.

El segundo elemento importante al cual debemos tener atención en estos procesos de elección es la evaluación objetiva y justa. La elección de fiscal general está determinada por una calificación y preselección que realiza un grupo de abogados en la llamada “comisión de postulación”. El punto clave a prestar atención en este aspecto es que los instrumentos de evaluación —los requisitos que deben presentar los postulantes— sean evaluados de una forma objetiva acorde a la necesidad de la institución.

La evaluación también va acompañada por el proceso de selección, ya que una vez evaluados y calificados los aspirantes se procede a seleccionar a aquellos (6) que a opinión de los comisionados puedan realizar un mejor trabajo dirigiendo el Ministerio Público. Luego de que la comisión elige a la nómina de 6, el presidente elige dentro de esas opciones.

El tercer elemento importante para un buen proceso de elección es el punto más importante del mismo, y es: la calidad de los postulantes. La capacidad, experiencia y visión de las personas que se presenten al proceso es fundamental. En el proceso se debe seleccionar dentro de las personas que participen en este. De momento, que del 11 al 21 de febrero veremos quiénes son las personas con la intención de participar en este proceso.

Como ciudadanía, debemos estar atentos a estos elementos, ya que en los procesos de elección constitucional hay quienes tienen algún interés directo y pretenden un resultado de beneficio particular. También hay quienes promueven estos procesos de forma alarmista como la “última oportunidad” de los cuales en los últimos años siempre se escuchan esas “últimas oportunidades”. Este proceso de elección es una oportunidad más para la construcción del estado de Derecho y alcanzar un Estado moderno: republicano y democrático. Para que sea una experiencia satisfactoria en ese sentido, hay que ponerle atención al cumplimiento de estos elementos: cumplimiento de las reglas del proceso, evaluaciones objetivas y calidad en los aspirantes a los puestos.

Independientemente del resultado final del proceso, debemos exigir y trabajar para que se construya y fortalezca la institucionalidad del Ministerio Público, que es entidad fundamental en la administración de la justicia y la cultura de legalidad en el país.

La elección del Jefe del MP se realiza a través de un proceso de comisión de postulación. Este consiste en un grupo de profesionales preestablecidos que llevan a cabo reuniones públicas para calificar a aquellas personas que se postulen al cargo y elegir una nómina de 6 candidatos. De esa nómina de 6 candidatos el Presidente elige al próximo Fiscal.

La tarea y trabajo que tiene bajo su responsabilidad dicha comisión es de gran importancia para el país. La comisión de postulación en este caso se conforma por: el presidente del Organismo Judicial, los decanos de las facultades de Derecho, el presidente del Colegio de abogados y presidente del Tribunal de Honor. Y se integra por un plazo aproximado de 3 meses en los cuales reciben, revisan y califican los expedientes de los profesionales que postulen a dicho cargo.

Cuando se propuso dicho modelo se hizo con la intención que el Presidente de la República pudiera elegir dentro de una nómina de 6 candidatos dentro de cuales todos tuvieran las competencias suficientes para dirigir el Ministerio Público. De tal forma que califica las aptitudes profesionales y éticas de los profesionales que aspiran a dicho puesto. Los modelos de elección varían en diferentes países, por ejemplo en Estados Unidos la designación de Fiscal General es realizada directamente por el Presidente con sugerencias del Senado.

Mayoritariamente los integrantes de la comisión de postulación tienen una reconocida trayectoria profesional y están en la comisión por su experiencia y conocimiento de dirigir instituciones académicas por varios años. Sin embargo, existen casos de creación de facultades de derecho con el objetivo de poder incidir en dichos procesos. De igual forma ha sucedido con los cuerpos del Colegio de abogados y sus elecciones, en donde han involucionado a ser concebidos como un espacio para tener poder de incidencia dentro de las comisiones de postulación.

Esto ha provocado que a nivel de opinión pública se hagan muchas generalizaciones y críticas injustas, para la ciudadanía los mejores integrantes de la comisión son aquellos que no buscan estar allí para incidir en el proceso si no que son invitados a participar en la comisión por su experiencia y conocimiento al ejercer un cargo dentro de otra institución con trayectoria.

Los profesionales que ocupan están comisión en ocasiones pasadas han estado sujetos a presiones e intimidaciones de grupos e intereses particulares que buscan incidir en dicho proceso. Las presiones se han visto de distintas formas, desde difamaciones, intimidaciones hasta amenazas para intentar condicionar sus calificaciones y votos.

Durante este proceso, como ciudadanía tenemos una tarea importante, dejar de lado las generalizaciones y polarización y mejorar nuestra capacidad de pensamiento crítico para identificar a quienes sí están haciendo un trabajo objetivo e íntegro en la comisión con la valentía de no ceder a presiones. Los comisionados que realicen dicha labor de forma objetiva y profesional merecen el apoyo de la ciudadanía. Guatemala lo vale y este es una oportunidad para construir una mejor Institucionalidad en el país.

El 2022 estará marcado por una gran carga política ya que es año preelectoral, lo que conlleva que los distintos partidos del sistema político finalicen de consolidarse y dejen de lado acuerdos coyunturales entre otros partidos y se enfoquen en fortalecer su presencia de cara con el electorado.

Finalizando este año vemos algunos componentes que nos pueden dar una buena imagen de las dinámicas que estarán ocurriendo el otro año. La cancelación del partido UCN y UNE. El primero se visualiza más cercano en el tiempo que el segundo, pero de materializarse la cancelación del partido UNE se estaría dando fin a una era política que pudiera oxigenar el sistema político.

Además de todos los cambios entre partidos políticos que veremos el otro año —que poco efecto tendrán en un cambio de fondo del sistema electoral/político porque la falta de reforma en la ley electoral sigue— tendremos elecciones de Fiscal General, Procurador de Derechos Humanos, Contralor General de Cuentas y Procurador General de la Nación.

La situación del sistema judicial en el país sigue en deterioro. La falta de alternabilidad de poder en unos de los poderes del Estado debe ser atendida en cuanto antes, la verdadera oportunidad radica en que además de tener una elección de Cortes nos adentremos a una discusión seria y esfuerzo en mejorar el modelo de elección y gestión del sistema judicial.

El presupuesto general de la nación requiere de un enfoque urgente. Los riesgos de tener un presupuesto general sin rumbo claro de inversión, con pocos mecanismos de calidad de gasto, con aumentos injustificados y con mayor deuda pública no solo es inmoral de cara al desperdicio de los fondos si no que se convierte en el botín de los políticos populistas para mantenerse en el poder.

Reenfocar y rescatar la herramienta del presupuesto general de la Nación como mecanismo de calidad de gasto, prioridad de políticas públicas de urgencia (como la desnutrición crónica) y asegurar una infraestructura de calidad para la población es una tarea fuerte que tenemos como sociedad.

Cerrando el año 2021 Guatemala tendrá un positivo crecimiento del producto interno bruto al rededor del 7% gracias a la resiliencia temporal, así como condiciones y con factores extraordinarios. Este crecimiento económico puede ser un motor político para superar las limitantes institucionales que tenemos para contar con un crecimiento acompañado del desarrollo de forma sostenible.

Lograr esto requiere tener un rumbo claro de nación. Contar con un rumbo de nación es de gran beneficio para los ciudadanos e incluso para los políticos (serios) de un país. Guatemala necesita que diversos actores y sectores puedan contestar la pregunta ¿hacia dónde va el país? de manera unísona y estén comprometidos a lograrlo. Se vislumbran esfuerzos que inician a ser impulsados en esta vía. El 2022 pudiera ser un año clave para definir materializarlo. Así entrar al año electoral 2023 con un rumbo claro y no reaccionar a la coyuntura de momento sin rumbo definido.

En gran medida, motivado por la pandemia del covid-19, el gasto público se aumentó de forma exponencial, pero esto sucedió con objetivos y enfoques distintos a lo largo del mundo. Algunos países aumentaron su gasto público para motivar la producción y distribución de la vacuna contra el covid-19, otros países aumentaron la red hospitalaria temporal con efectos de inversión a posterior y lamentablemente otros países siguieron la misma dinámica de aumentar el gasto público, pero sin tener una política pública concreta ni eficiente dentro de sus prioridades.

Tener un Estado eficiente y con presencia en el país tiene un costo, el cual debe ser lo más controlado y limitado posible. Además del costo monetario que tiene el mantenimiento del Estado es importante determinar qué tipo de Estado se está financiando ¿Un Estado moderno y eficiente o un Estado entrometido con las libertades, corrupto y burocráticamente ineficiente?

El crecimiento eficiente de un Estado moderno y limitado se puede determinar en gran medida en identificar de forma concisa dónde está su inversión y el retorno que esta tiene para la ciudadanía. Regularmente identificar esta prioridad es fácil porque es parte del debate nacional y los ciudadanos tienen una noción de cuál es el enfoque de inversión pública para los siguientes años.

El financiamiento de infraestructura de calidad es de beneficio directo para los costos movilidad, transporte y transacciones. Así como lo puede ser el financiamiento de presencia de seguridad ciudadana.

El financiamiento de políticas públicas de necesidad y beneficio como lo puede ser un programa educativo para potenciar las aptitudes laborales de la mayor parte de la población o la eliminación de la desnutrición crónica.

Los Estados no limitados están plagados de corrupción y burocracia ineficiente, se entrometen en la mayor parte de los aspectos que deberían permanecer en la esfera privada de los ciudadanos. Y suelen crecer y aumentar sus recursos rápidamente en detrimento de la ciudadanía.

Con el aumento de gasto público que hemos tenido en los últimos años y que tuvimos recientemente con la aprobación de un nuevo presupuesto nacional es importante contestar las siguientes preguntas: ¿Qué estamos pagando? ¿Está siendo el presupuesto general de la nación una herramienta de enfoque y financiamiento de políticas públicas con beneficio directo para la población? o ¿Estamos pagando un gasto público sin beneficio concreto para la población?

Año tras año el presupuesto general de la nación cobra relevancia en los últimos meses del año, pero puede que sea muy tarde para redirigir el enfoque del tipo de gasto que necesita el país. La medición de la calidad y sobre el tipo de Estado que tenemos debe ser constante. Esto se hace indispensable si queremos lograr un Estado que genere prosperidad y oportunidades para su población.

En los últimos meses, la maquinaria de poder público nicaragüense dirigida por los esposos Ortega ha arrestado y detenido arbitrariamente a líderes políticos, empresariales y periodistas. Esto sumado a la represión a la que ha sido sujeta la población que ha expresado su inconformidad con el régimen. Todo esto con el intento de asegurar la continuidad en el poder público ante las próximas elecciones que se celebrarán en noviembre.

La situación previamente descrita se suma a la historia reciente de Nicaragua plagada de abusos de poder para asegurar el control de la coerción pública. La historia política contemporánea de Nicaragua contiene resoluciones judiciales que eran ilegales pero favorables a Ortega, una reforma constitucional para asegurar su continuidad en el poder, la inscripción de su esposa como vicepresidente, violaciones de libertades empresariales y de asociación, así como asesinatos y censura a quienes exponen inconformidad con su mandato. Todas estas acciones son posibles por contar con un Estado sin una institucionalidad consolidada, sin límites ni división del poder público.

La situación en Nicaragua es lamentable y sumamente preocupante para los ciudadanos nicaragüenses, quienes no tienen garantía alguna de que sus derechos y libertades serán protegidas. Este régimen no es solamente un vecino incómodo para la región, sino que además es un promotor de impunidad, corrupción, narcotráfico y totalitarismo.

Nicaragua ofrece para los criminales internacionales un paraíso donde sus operaciones y dineros ilegales son protegidos de la persecución penal e imperio de la ley de sus países.

El régimen de Ortega ha mantenido una estrecha relación con gobernantes vinculados con el narcotráfico como Nicolás Maduro, también ha defendido públicamente a los gobernantes de Cuba y así la lista de sus cercanos levantan grandes sospechas de la operación dictatorial latinoamericana vinculada con el crimen regional.

Ante esta situación preocupante, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución para exigir la liberación de presos políticos, así como el inicio de una reforma electoral que libere y rescate el deterioro de los derechos políticos en Nicaragua. Guatemala se abstuvo de votar, en compañía de Argentina, Barbados, Bolivia, Honduras, México y San Vicente y las Granadinas.

Esta situación vergonzosa para los guatemaltecos que sí condenan las violaciones a los derechos de Nicaragua y el peligro que representa para la región; se suma también la reciente solicitud de apoyo de la Cancillería a Venezuela para pedir su voto para la candidatura de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) por parte de Guatemala.

El gran problema de tener políticos sin valores definidos es que su marco para establecer sus acciones se basa en sus intereses y no en la consecuencia de una serie de principios y valores. La degeneración de la democracia en totalitarismos ocurre paulatinamente, y la única salvaguarda contra ello es contar con un sistema de instituciones fuertes que aseguren el límite, control y alternancia del poder público.

Para alcanzar esto es importante contar con una sociedad civil con capacidad de propuesta y acción. Ya que sin esa consolidación institucional podríamos encontrarnos ante la merced de los caprichos de los gobernantes de turno.

La maratónica e inquietante sesión del Congreso de la República en la cual conocieron el Estado de Calamidad hace unos días es una muestra de la desconfianza que la ciudadanía y diversos sectores tienen con el actuar del Congreso (con las excepciones importantes que hay). Esto nos demuestra que sí hay un problema en común entre diversos sectores de la sociedad guatemalteca.

Uno de los desafíos con la construcción de voluntad política es identificar y priorizar el problema a solucionar. Actualmente pareciera que la precariedad del sistema político que tiene como resultado un Congreso poco representativo y poco confiable es un problema que preocupa a gran parte de la sociedad. Por lo que podría ser un punto inicial para la agenda de rescate del sistema político.

La experiencia del pasado proceso electoral en 2019 es un escenario que los guatemaltecos no quisieran volver a repetir. Los desafíos y la amenaza de repetir los mismos problemas siguen presentes y no se han esfumado con el cambio de Tribunal Supremo Electoral.

Una agenda mínima para mejorar el sistema político del país y mejorar el evento electoral debería pasar por los siguientes puntos de reforma en la Ley electoral y de partidos políticos: Hacer los ajustes necesarios para la gestión eficiente y transparente del proceso electoral, solucionar las reformas ambiguas del año 2016, modificar la forma de elección de diputados, democratizar y facilitar la participación política.

Si el problema está identificado y pudiéramos percibir un acuerdo generalizado en solucionarlo, ¿Cuáles son los desafíos que nos impiden avanzar en esa causa? La polarización social en la cual estamos sumergidos hace que existan altos niveles de desconfianza entre diversos sectores. Esto lo que ocasiona es una falta de entendimiento que la motivación y aceptación de participación política es generalizada y destinada para toda la ciudadanía y no solo para determinados grupos. Este elemento de polarización se puede abordar con liderazgos serios y con credibilidad que puedan explicar los beneficios de mejorar el sistema político.

Otro de los desafíos es que la reforma a la Ley electoral y de partidos políticos se debe realizar en el seno del Congreso de la República. Muchos ánimos reformistas decaen al recordar que las reformas tienen que suceder en el Congreso; sin embargo, creo que aún existen liderazgos con credibilidad y legitimidad en el Congreso que pudieran impulsar una reforma de este tipo y puedan navegar en contra corriente acompañados de una opinión pública favorable a través de liderazgo ciudadano. Esto sería beneficioso no solo para la reforma en sí sino para motivar nuevos liderazgos ciudadanos a participar en las siguientes elecciones y sanear cada vez más el sistema político del país.

Un ejemplo de un grave problema que nos afecta a todos es la desconexión entre los diputados y sus representantes, cada vez es mayor, ocasionando que los intereses que representan y por los cuales trabajan los diputados del Congreso no son en aras de mejorar las condiciones de los ciudadanos de sus distritos. Esta falta de vinculación ha ocasionado que se erosione la representatividad dando cabida a intereses particulares a través de la distribución de obra pública y de presupuesto dentro del Congreso.

La mayoría de partidos políticos, salvo unas pocas excepciones, han dejado de ser canales y espacios participación ciudadana hacia la política y se han convertido en canales que buscan hacerse con el presupuesto público del Estado. Esta dinámica peligrosa ha ido avanzando paulatinamente. Las consecuencias no solo es una mala calidad política sino también una mala calidad del gasto público, ya que la búsqueda de estos fondos públicos son ejecutados de mala calidad; y los proyectos que pudieran ser ejecutados por empresas de reconocida calidad no se materializa, afectando así al ciudadano.

La importancia de reformar el sistema político es el gran ausente en el debate y opinión pública. La pandemia -convertida en una “normalidad”- ha envuelto tanto a gobierno, políticos y ciudadanos en discusiones coyunturales olvidando el mediano plazo que cada vez parece alcanzarnos.

Hay varios escenarios sobre lo que puede deparar un mal sistema político para el ciudadano. Desde un esfuerzo político reformista que solucione los actuales incentivos del sistema político, consolidación de un régimen dictatorial, un impasse político prolongado en donde todo sigue igual por algún tiempo, el surgimiento del populista “salvador del pueblo”, un estallido social que derive en un proceso constituyente sin partidos institucionalizados, por mencionar algunos.

Es la impresión de muchos ciudadanos que pueden tomar liderazgos que estamos en un momento importante en el país para provocar el escenario reformista de mejoramiento del sistema político. Un esfuerzo común de reformas importantes al Estado. La gran pregunta es ¿Cómo encontrar la voluntad política para realizarlo? La voluntad política y esfuerzos reformistas puede surgir con la madurez, voluntad y visión de los lideres sociales de distintos ámbitos sociales, academia y empresariales.

Muchos momentos importantes de la historia política han contado con condiciones menos favorables y más polarizantes que la situación en la cual nos encontramos actualmente. Ante la llegada del bicentenario es un buen momento para identificar las buenas ideas y propuestas que puedan mejorar el sistema político, un esfuerzo para no desperdiciar el bono demográfico y brindar más oportunidad que promuevan el desarrollo libre y en paz.

El populismo utiliza y busca aumentar el nivel de problemas sociales para manipular a la mayor parte de la población, usando el odio y la división entre sectores de la sociedad. Se alimenta del miedo y del resentimiento, buscando motivarlo. Este escenario de caos social es favorable para el populista. Este escenario caótico puede tener algunos elementos reales así como también puede ser ficticio o alimentado por el populista y sus allegados.

El populismo también hace uso del liderazgo carismático, a través de la elaboración de un discurso polarizante se crea la vinculación de un supuesto líder que encarna la voluntad del pueblo en contra de un enemigo —creado— en “común”.

El fin u objetivo del populismo es avanzar en la concentración y acumulación del poder público sin límites. Para lograr dicho objetivo el populismo rechaza y destruye las Instituciones que puedan representarle cualquier límite o contrapeso a sus acciones.

La búsqueda de una consolidación de régimen populista ataca la división e independencia de las distintas Instituciones de poder público. Pero a su vez también ataca, divide y coopta a las instituciones de la sociedad para que no pueden representarle un contrapeso. Toma control de la prensa, del empresariado organizado, sociedad civil y la academia.

El populismo es un grave problema que erosiona y obstaculiza el progreso de los individuos. No tiene respeto alguno por los derechos y libertades individuales y busca generalmente beneficios, revanchismos políticos, acumulación de riqueza y poder; todo esto durante un proceso del cual goza de cierta credibilidad y aprobación popular. Porque ejerce el poder en contra de unos a los cuáles ha denominado los enemigos del pueblo.

El descontento ciudadano con el sistema político, la desvinculación o poca credibilidad con los partidos políticos, la corrupción y la pobreza es caldo de cultivo para el resurgimiento de un régimen populista. La frustración ciudadana en cualquiera de sus expresiones puede ser utilizada por aquellos líderes que se autodenominan los Mesías del pueblo para resolver estos problemas complejos a través de soluciones irreales y que suenan fáciles.

La solución al auge y fuerza de los regímenes populistas se encuentra en dos factores trascendentales. El primero de ellos es la existencia y desarrollo de una institucionalidad pública fuerte e independiente. El segundo elemento importante es una población con una gran dosis de pensamiento crítica que sea capaz identificar a tiempo las muestras de populismo en los políticos y en el ejercicio del poder público.

Los movimientos populistas emergen de las mismas democracias y son alimentados del descontento social con la intención de acumular y concentrar el poder público sin límites para imponer una forma de gobierno autoritaria.

Con el pasar de los años, en la época democrática de Guatemala el sistema político y electoral no ha logrado responder de forma adecuada a las necesidades ciudadanas. Los eventos antes mencionados y muchos otros incrementaron más esa desconfianza. Las mediciones de las encuestas de calidad democrática relacionadas a confianza con el sistema político, partidos políticos y sus representantes se encuentran en decaimiento. Según últimas encuestas, uno de los datos más alarmantes es que solamente un 11% confía en los partidos políticos.

En Guatemala, durante el año 2015, se generó una pasión y actividad cívica extraordinaria. El escenario ideal era aprovechar dicho impulso para efectuar reformas sustanciales y eficientes, para mejorar el funcionamiento del Estado.

En el año 2016 se hizo una serie de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que lamentablemente no alcanzaron cambios sustanciales para mejorar la calidad del sistema político del país. La visión detrás de dichas modificaciones era empoderar a los partidos políticos existentes; sin embargo, no motivó la participación ciudadana, no mejoró la representación de los diputados con los ciudadanos y tampoco facilitó la creación de nuevos partidos políticos.

La Ley Electoral debe ser dinámica y responder a las necesidades de una sociedad cambiante y evolutiva. Esto significa que después de cada proceso electoral se debería revisar y reformar, para que responda cada vez más y de mejor manera a las necesidades democráticas de los ciudadanos.

Posterior al proceso electoral se creó la Comisión de Modernización y Actualización Electoral (Came). Una de las deficiencias que tuvo esa actividad fue que no se hizo una evaluación del proceso electoral en sí mismo y cuáles habían sido las deficiencias o elementos a mejorar del mismo. Los magistrados del TSE que integraron esta comisión eran los mismos que habían tenido serias dificultades en la administración del último proceso electoral.

La intención de la Came es que el TSE presente una iniciativa de ley al Congreso que recoja los elementos por mejorar en la Ley Electoral, y hace unos meses se presentó. Dicha propuesta tiene elementos importantes, como mejorar la certeza del financiamiento de los partidos políticos, modificar la forma de elección de diputados, para que sea de forma más directa y representativa, entre otros. También contiene aspectos que se deben mejorar, como aclarar las donaciones en especie, así como la transparencia de los partidos políticos, con la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas. Pero en forma general es un buen punto de partida para una discusión sobre el sistema político que merecemos los guatemaltecos.

Nos encontramos a escasos dos años del próximo proceso electoral y la reforma a la ley, para mejorar un sistema político que está al borde del colapso, debe ser una prioridad para el país.

La brecha de representatividad con los diputados que se evidencia en las últimas encuestas, en donde el 83% de los ciudadanos no confían en el Congreso, presenta no solo una crisis de legitimidad de la clase política, sino también una crisis a la calidad de trabajo y decisiones que se toman en el Congreso.

La crisis de representatividad de los diputados se traslada a los partidos políticos y, consecuentemente, al sistema democrático del país. Si los ciudadanos no tienen confianza en las decisiones que son tomadas por el poder en donde recae la soberanía del pueblo, hay un problema alarmante a ser resuelto.

Contar con una buena clase política (jueces, diputados, alcaldes, etc) trae innumerables beneficios para una población. El Estado y su clase política debe ser un elemento que facilite el progreso y el desarrollo libre y en paz de los ciudadanos, y no un impedimento para ello.

En la actualidad, el sistema político guatemalteco carece de una normativa efectiva que permita a los partidos políticos tener una verdadera representatividad y legitimidad. Los sistemas electorales deben responder a las necesidades y cambios que tienen las sociedades conforme el paso del tiempo.

La falta de representatividad podemos analizarla a la luz de las últimas acciones alarmantes del Congreso.

La aprobación del presupuesto general 2021 a finales del año pasado generó la primera crisis política del Ejecutivo y de una gran mayoría del Congreso, quienes, en teoría, deberían gozar de legitimidad y representatividad a menos de 12 meses de haber tomado posesión. Sin embargo, como pudimos observar en tal situación, los intereses que representaron los diputados a la hora de aprobar el presupuesto distaban alarmantemente de los intereses de los ciudadanos.

La elección del secretario y subsecretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) a inicios de este año también refleja de forma alarmante la falta de representatividad. Guatemala es un país en donde la comunidad de migrantes tiene un rol sumamente importante; sin embargo, a pesar de esto, muchas asociaciones de migrantes desconocían y estaban en contra de dicho nombramiento. De esta forma vemos cómo las decisiones que toman los actuales diputados no están representando a quienes deberían.

Estamos a semanas de la elección de la Corte de Constitucionalidad y la gran pregunta de la ciudadanía es a qué interés representará dicha decisión. Al interés ciudadano de tener cortes independientes que juzguen de forma objetiva e imparcial, al interés de mafias que buscan protegerse entre ellas mismas o a intereses espurios de utilizar la justicia como medio para lograr fines ilegítimos e ilegales.

La ciudadanía tendrá que jugar un rol preponderante en las siguientes semanas, pero no debemos olvidar que el gran problema y el origen de muchos de los males sigue sin resolverse. Si no resolvemos el problema de la representatividad de los diputados, no habrá rendición de cuentas que alcance para construir una verdadera república.

La Corte de Constitucionalidad se integra con cinco magistrados titulares, con su respectivo suplente, y duran en sus funciones cinco años. Estos magistrados son electos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario de la Usac y la Asamblea del Colegio de Abogados.

Los requisitos constitucionales, así como legales, de la elección son mínimos, lo que representa un mayor reto para las instituciones que realizan los nombramientos de magistrados de poder efectuar un proceso con mecanismos de transparencia y publicidad. Esto para procurar un proceso en donde se promueva la legitimidad y credibilidad.

El primer paso que deben dar las entidades en las próximas semanas será elaborar un proceso de selección y evaluación que sea claramente definido, con plazos y requisitos específicos, así como la elaboración y publicación de un cronograma que asegure el nombramiento de magistrados en el tiempo debido (antes del 15 de marzo del 2021).

Establecer un cronograma con los plazos, así como un proceso que asegure la correcta evaluación de los aspirantes en la mayoría de entidades que nombran a los magistrados no está señalado en la ley, por lo que representa una acción importante de exigencia por parte de los ciudadanos, como medida de buena práctica para asegurar un mejor proceso.
Realizar un cronograma público con plazos por cumplir es un paso importante en la forma como se llevará a cabo este proceso de elección de Cortes, pero la legitimidad y credibilidad ciudadana demandan más que eso.

Este proceso de elección de CC ocurre en un contexto con antecedentes preocupantes, que no había sucedido previamente, la falta de elección por más de un año de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de apelaciones. Lo primero por considerar es que no se deben repetir los mismos vicios que sufrió el proceso de elección de CSJ. Es por esto que se deben establecer claramente los plazos a cumplir, así como velar por la independencia y credibilidad del proceso en sí. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que la independencia judicial y la credibilidad que conlleva el proceso sean minadas.

Un elemento trascendental para la independencia judicial es que el juez demuestre su independencia, tanto en su actuar jurisdiccional como en su actuar fuera de su despacho. Este mismo principio para los postulantes debe ser requerido para quienes evalúan a los postulantes de las magistraturas.

Otro punto importante que debemos considerar es que el proceso de elección se realizará con la normativa vigente. Pretender reformar un proceso de elección por medio de acciones legales que retrasen o interrumpan el proceso no fortalecerá ni resultará en un mejor proceso. Si como sociedad deseamos modificar ya sea el plazo en poder o forma de elección tendremos que realizarlo después del proceso, para que exista certeza jurídica en todo el proceso.

La crisis judicial y la falta de confianza hacia el sistema de justicia ha venido creciendo a pasos agigantados en el último año. El proceso de elección de Corte de Constitucionalidad debe ser un proceso que empiece a solucionar el enredo en el cual nos encontramos como país y no lo agrave. La participación ciudadana, la postulación de buenos juristas y la decencia de la función pública serán trascendentales en este importante evento.

Lo interesante es que ambos indicadores están interrelacionados. Cuando analizamos la corrupción debemos hacerlo desde dos perspectivas: el sistema judicial y el diseño institucional. Usualmente solo se habla de contar con un sistema judicial fortalecido y eficiente ya que es un disuasivo para disminuir la corrupción a través del castigo penal, aunque no es suficiente. También se necesita de un diseño institucional que limite adecuadamente el poder público para evitar la discrecionalidad y el abuso de poder que conlleva la corrupción. Cuando el Poder Judicial es una función del Estado se hace eminente que esté en constante evaluación, análisis y progreso para asegurar a todos un acceso a la justicia objetiva, pronta y cumplida.

Desafortunadamente parece que la justicia guatemalteca seguirá desgastándose, nuestro sistema enfrenta grandes retos visibles e invisibles. En primer lugar, el reto visible que afronta la justicia es la integración de las altas cortes de país. Por un lado, la Corte de Constitucionalidad (CC) por diversas situaciones imprevistas no cuenta con todos sus integrantes en el cargo, y por el otro, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones llevan más de un año de retraso en la renovación de sus magistrados. Esta situación se ha vuelto un problema político debido a que la CSJ nombra parte de los integrantes de la CC, institucionalmente la elección de una corte no debe condicionar políticamente la conformación de la otra por las graves consecuencias que eso significaría para la justicia. Verlas como condicionantes implica crear una situación peligrosa de negociaciones espurias, opacas y no reguladas en la Constitución. Cada proceso de elección debe seguir su propia regulación y no adentrarse a lo ámbito de lo irregular o ilegal.

La solución para la elección de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones pasa necesariamente por enmendar la plana de la forma de votación que indicó la CC. El Congreso puede reformar el acuerdo legislativo realizado por la misma institución y hacer un compromiso político de dedicar sesiones específicas para ello. Esto es una idealización con dos dificultades: la baja confianza que existe de la ciudadanía hacia el Congreso, y la polarización social. Lo anterior dificulta que pueda existir un acompañamiento de sectores ciudadanos a este importante ejercicio de alternabilidad del poder. Sin embargo, la situación crítica amerita altura política y social para solucionar un problema grave.

Por otro lado, es importante encontrar una solución para la designación de magistraturas ausentes en la Corte de Constitucionalidad, es vital para dotar de legitimidad y cuidar el orden constitucional del país. El riesgo de no tener todas las magistraturas en la CC a media pandemia sanitaria y crisis judicial es alto. La CC es clave para el control del poder público y la defensa del orden constitucional, situaciones que se materializan a través de la protección de derechos individuales y el control cruzado del poder público.

Por último, es importante mencionar un reto para la justicia del país no tan visible: la ausencia de herramientas adecuadas para el sistema. La crisis sanitaria que vivimos este año ha saturado los juzgados dificultando —aún más— el acceso a la justicia en el país. Este es un momento oportuno para impulsar reformas y mejoras en la administración de la justicia como la notificación electrónica (entre otras).

Ante estos retos tan diversos, es urgente solucionar el problema político de las cortes, modernizar el sistema judicial e impulsar una serie de reformas institucionales que eliminen la discrecionalidad y abuso del poder público. No podemos esperar otros 10 años.

Se ha observado un desfile de actores y personajes que intentan repetidamente incidir en el proceso de elección (algunos con intereses legítimos y otros no). Organizaciones y actores políticos deteniendo el proceso, la Corte de Constitucionalidad (CC) avalando suspensiones y repeticiones, Gustavo Alejos (implicado en casos de corrupción) reuniéndose con candidatos a Magistrados y diputados, el Ministerio Público solicitando la anulación de una sentencia de la CC y el Congreso posponiendo y dejando la elección rezagada en el último punto de la agenda legislativa.

El proceso de elección de Cortes en el país se ha (lo han) convertido en un evento político en sí mismo de gran magnitud. En países como Guatemala el concepto poder tiene mala fama y en gran medida es porque los ciudadanos asociamos el poder público con abusos, corrupción y arbitrariedades. Las personas que ocupan puestos públicos están sujetos a la ley; porque los funcionarios públicos pueden hacer única y exclusivamente lo que la ley les indica.

El Congreso ha estado postergando el inicio de la elección y en gran medida se debe a que la CC le otorgó el argumento sobre una forma inviable de llevar a cabo votación. En la última sentencia de la CC (en relación a este proceso) se indicó que cada diputado (160) debe votar a viva voz por los postulantes (296) hasta integrar las cortes. Las partes del amparo en donde la CC estableció dicha forma de votación presentaron diversos recursos como la aclaración y hasta nulidad de la sentencia. Sin embargo, en el momento oportuno en el cual la CC pudo enmendar los errores, que había cometido, decidió dejar en firme la sentencia, incentivando así, hasta el día de hoy, la falta de elección de las Cortes en el país. Esta forma inviable de votación ha sido la excusa del Congreso para no elegir Cortes y de paso han hecho poco o nada por solucionarlo, teniendo las facultades para hacerlo.

Los Magistrados de la CC o los que están actualmente en funciones tienen la responsabilidad de velar por el orden constitucional del país, sin embargo podrían cometer un grave error al pretender modificar los errores que cometieron en la sentencia pasada. Una sub-sanción podría generar precedentes de gran peligro para el país en un futuro e inclusive acarrearles responsabilidad penal y administrativa, agravando así el conflicto institucional existente entre las mismas Cortes del país.

Es indiscutible la necesidad de tener procesos de alternabilidad del poder público de forma ordenada y certera. Estos procesos forman una parte esencial de una república democrática por lo que la solución a este embrollo en el que nos encontramos es urgente. El Congreso puede reformar el acuerdo legislativo que regula la forma de votación para establecer plazos realistas y métodos transparentes; sin embargo, por la extrema poca confianza que acarrean los diputados tendrían que hacer esa solución de forma precisa y transparente.

Como sociedad debemos hacer una seria reflexión sobre el rol que cumplen las Cortes y sobre la funcionalidad del poder jurisdiccional. El poder de hacer cumplir la ley. De esta complicada situación debemos aspirar a fortalecer nuestro sistema de justicia. Idealmente, la discusión académica e intelectual debería de persistir, sin importar a los vociferantes que atacan o defienden irrestrictamente a unos u otros.

Los precedentes acumulados de no poder realizar elecciones de Cortes de forma ordenada e independiente debe servir para mejorar el sistema, no debemos tolerar dichas acciones en futuras elecciones. Estos precedentes no deben de ser útiles para quienes juegan a la creación de crisis para capitalizar el poder y complicar futuros procesos de alternabilidad del poder público. Es necesaria una discusión honesta sobre la solución, de análisis de problemas de fondo y no de porras de determinados bandos.

No pretendo en este espacio realizar una revisión filosófica e histórica sobre cómo la humanidad llegó a determinar que organizarse a través de un Estado con poderes legítimos y controlados enfocados en proteger y asegurar la protección de los derechos ciudadanos. Lo que sí pretendo es hacer una reflexión ciudadana y llamado a la consciencia sobre el ejercicio del poder público y sus límites, para que por omisión o desconocimiento no permitamos gravemos errores que nos conduzcan a un retraso social.

La Constitución de un país pretende limitar del poder a través de distintos mecanismos. Cómo se organiza el Estado, qué poderes lo componen, cómo se eligen, cuáles son sus funciones, etc. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto un desfile de abusos de poder pasar en frente de nosotros.

El hecho que Cocodes o municipalidades decidan de forma arbitraria limitar, casi al punto de eliminar, derechos fundamentales como la propiedad y la libre locomoción es sumamente alarmante.

La falta que el Organismo Judicial asegure un debido proceso en su ejercicio jurisdiccional es igual de preocupante. Inocentes acusados están más de una década en prisión preventiva en lo que se determina si son culpables o no. Los contagios del virus covid-19 entre los privados de libertad, la suspensión de labores en juzgados afectando directamente el acceso a la justicia a los habitantes del país, por mencionar algunos abusos de poder que se están dando actualmente en el Organismo Judicial.

¿A qué funcionario le corresponde el rol de defensa de los derechos de los ciudadanos? Una de las grandes figuras ausentes en cumplir su función constitucional de defensa de derechos individuales es el actual Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas. Quien parece que confunde su rol constitucional con defender a funcionarios públicos de cierto espectro ideológico con cumplir la tarea de defensa de los Derechos Humanos que la Constitución garantiza.

Actualmente, mientras escribo esta columna en el Congreso de la República se discute la prórroga del estado de calamidad. Es impresionante que muchos diputados desconocen que ellos tienen la potestad de determinar cuál es la forma en que el Poder Ejecutivo aplicaría un estado de calamidad y fiscalizar su cumplimiento. De momento la discusión en el pleno del Congreso es se aprueba o no se aprueba, sin discutir qué mecanismos aprueban para que este sea efectivo para la población.

La actual magistratura de la Corte de Constitucionalidad, quien tiene el mandato de resguardar el orden constitucional, ha sido ineficiente e imprudente en sus acciones u omisiones. Conoce algunos casos de forma inmediata y otros no los conoce, a pura conveniencia personal. Tuvo una decisión importante en resguardar la elección de las Cortes y falló en el intento y ahora nos afrontamos ante una incertidumbre no saber cuándo se renovará el poder judicial.

El abuso de poder público no debe ser tolerado por parte de los ciudadanos. Tenemos una tarea importante de encauzar el poder público hacia el cumplimiento de sus funciones constitucionales básicas para que los derechos individuales puedan asegurarse y podamos desarrollarnos libremente.

La situación política entró en una tensión cuando tres Magistrados de la CC tomaron parte en la decisión de resolver el amparo para impedir el trámite de Antejuicio en su contra. Esto a simple vista es una decisión sumamente cuestionada porque los Magistrados emitieron un fallo a favor de ellos mismos, habiendo más Magistrados del mismo tribunal que hubieran podido conocer la causa si se hubieran inhibido. En pocas palabras: los Magistrados fueron juez y parte en la decisión que emitieron.

Hay varios abogados que han buscado justificaciones para defender la actitud y acción de los Magistrados de la CC de conocer una causa en la que ellos tenían interés personal. Desde teorías, tratados internacionales hasta señalar que la ley dice “podrán inhibirse” y eso no los obligaba expresamente, en un intento de encontrar defensa hacía ellos. Pero, ¿es esa la calidad de Magistrados que deberían estar a cargo de la Corte de Constitucionalidad?

El problema principal suscita en una visión del cumplimiento y materialización real del mandato constitucional, la calidad moral y ética que debe tener todo juez. Si la ley les permitía a los Magistrados de la CC a inhibirse (declinar de conocer) porque tenían un conflicto de interés y en consecuencia otros Magistrados de la CC hubieran integrado el tribunal ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué uno de los Magistrados de la CC sí se inhibió y los demás no?

La protección del orden constitucional es superior al interés personal de un juez. La inhibición de los cuatro Magistrados (y no de solo uno) hubiese demostrado a la ciudadanía que el interés de proteger el orden constitucional es genuino y real. Cumplir con una normativa que es opcional pero que su aplicación brinda más legitimidad a las decisiones judiciales y a la vez evita un conflicto político debió ser el actuar deseado de un juez probo y ético.

Esta situación bajo ningún punto de vista debe dar paso a cometer arbitrariedades por parte de otros funcionarios. Así como tampoco debe ser aceptada como una actitud normal de un juez probo y ético.

Si la denuncia que dio origen a este antejuicio no tiene un sustento real debe dilucidarse en su proceso adecuado, si la integración de la Corte Suprema de Justicia que dio trámite tiene irregularidades de igual forma se debe dilucidar por los mecanismos legales; estas situaciones no deben de ser justificaciones para que Magistrados de la CC actúen de forma poco ética cuando tienen mecanismos adecuados para cumplir con su mandato constitucional de proteger el orden institucional y constitucional del país.

Nadie es superior a la ley. Todo funcionario público está sujeto a la ley y debe rendir cuentas de sus actividades y actitudes que puedan ser actividades ilícitas. Las arbitrariedades de los funcionarios públicos se combaten con sujeción a la ley, con procesos en donde se sigue un debido proceso y se determinan responsabilidades. La arbitrariedad no se combate con más arbitrariedad.

Los ciudadanos debemos tener una actitud de rendición de cuentas de los funcionarios públicos y no pretender proteger a toda costa a unos u otros funcionarios. Lo primero fortalece un régimen democrático y republicano, lo segundo lo destruye.

Uno de los casos paradigmáticos de la crisis en la justicia del país, es la elección misma de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones; siendo una elección de uno de los poderes del Estado, pero a la vez la elección constitucional más ignorado y accidentado.

El proceso de elección de Cortes se ha suspendido 3 ocasiones, tiene más de 7 meses de retraso y no hay certeza de cuándo se renovará el poder judicial. ¿Se imagina usted el nivel de indignación y estallido social, si los diputados de la legislatura pasada siguieran en el Congreso y no tuviéramos una fecha cierta para su cambio? Pues eso está sucediendo en otro de los poderes del Estado.

La Constitución de un país prevé los mecanismos y normas para limitar el poder público y uno de esos límites es la alternabilidad, ponerle una fecha límite al ejercicio del poder público para que quienes lo ostentan no se eternicen en el poder. De esta forma establece también mecanismos para asegurar elecciones libres de injerencias que puedan manipularlas. En la elección de Corte Suprema de Justicia del 2019, aún pendiente de finalizar, a través de acciones legales planificadas se entrampó para repetir el proceso retrasando así el cumplimiento de la fecha límite para realizar la elección; lo que conllevo a que actores señalados de corrupción como Gustavo Alejos tuvieran el tiempo y posibilidad de reunirse con algunos (10) aspirantes a Magistrados.

Sin entrar a mayor detalle técnico, el Ministerio Público, bajo el liderazgo de la Fiscal General Consuelo Porras debe entregar al Congreso de la República un informe con pruebas fehacientes, que demuestren de una forma indudable los hechos de candidatos con una independencia cuestionable. Este informe es de gran trascendencia para el futuro de la justicia del país y sobre los hombros de la Fiscal General recae dicha responsabilidad; teniendo que cuidar no violar la Constitución o sus principios. Una experiencia como exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) le puede ser útil para ello, luego de la cuestionada sentencia que emitió los actuales Magistrados de la CC en ese sentido.

Es sumamente importante entender el problema que tenemos con la Justicia del país. Una vez electos los magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones aún no habremos solucionado el problema de fondo. La falta de independencia judicial, falta de criterios uniformes y sobre todo la falta de seguridad jurídica en el país afectan en gran manera la paz de los ciudadanos, el crecimiento económico, la inversión local y la inversión extranjera. La crisis del covid-19 está lastimando fuertemente la economía y para reactivar y estimular la economía será necesario arreglar la crisis judicial que se viene gestando desde hace años atrás.

Además del defectuoso funcionamiento del sistema judicial, actualmente aún contamos con magistrados en el cargo de forma extraordinaria; cinco meses después de la fecha en que los nuevos magistrados debieron asumir su cargo. Esto, debido a las múltiples suspensiones y repeticiones que han existido en el proceso de elección de magistrados del Organismo Judicial que dio inicio el año pasado y aún no culmina, ni hay fecha cierta de su finalización.

Actualmente, uno de los poderes del Estado está atravesando una crisis seria, que para muchos no termina de ser evidente, mientras otros están conscientes de ello y pretenden utilizar la crisis para su fines particulares. La falta de elección de nuevos magistrados, con la prolongación de función de los actuales, la suspensión indefinida sin certeza del proceso de elección y el deficiente funcionamiento de justicia debe ser razón suficiente para que los distintos sectores sociales y políticos lleguen a acuerdos mínimos para trazar una solución basada en la institucionalidad e independencia judicial.

De esta crisis puede derivar una oportunidad para mejorar o un lamentable empeoramiento. Un punto de partida importante debería ser el acuerdo en que la prolongación de funciones que estamos viviendo en el Organismo Judicial es contrario a un sistema republicano y que debemos solucionarlo de forma inmediata, y no aceptar que dicho precedente se repita en otra ocasión ni en otro poder del Estado. El otro problema que debe ser atendido de forma seria es la falta de independencia y eficiencia del Organismo Judicial; a través de las correspondientes reformas que distintos actores y sectores han señalado.

Guatemala necesita con urgencia fortalecer las instituciones para realmente consolidar el sistema democrático y republicano que aspiramos a ser en nuestra constitución. Una de las funciones esenciales de cualquier constitución es regular adecuadamente el poder público, para que los funcionarios que ostenten el poder lo realicen de una forma limitada, ordenada y predecible. Las soluciones a la situación que atraviesa el Organismo Judicial deben estar basadas en principios republicanos de independencia y poder limitado.

Las condiciones actuales son favorables para que como país logremos mejorar el Organismo Judicial. Sin embargo, no perdamos de vista que hay pescadores de río revuelto que intentarán aprovechar la situación actual para lograr sus fines particulares, corruptos e ideológicos, acaparando y menoscabando la justicia del país. Es necesario trazar una hoja de ruta seria que vele por una ordenada elección del Organismo Judicial, el fortalecimiento institucional, la limitación del poder público, la independencia del Organismo Judicial y la construcción de una verdadera república.

Nos encontramos en un pulso entre el fortalecimiento institucional y las mafias que buscan controlar la justicia para sus fines particulares.

¿Por qué el 76% de la población guatemalteca no confía en el TSE? Esto es algo que no debemos tomar a la ligera. Basta con hacer una breve revisión de los distintos desafíos que se desarrollaron en el último proceso electoral para encontrar luces de estos problemas y sus orígenes, problemas que trascienden a un descontento generalizado con la democracia.

Por ejemplo, varios candidatos fueron inscritos, aunque tenían impedimentos constitucionales. Fueron inscritas personas condenadas en el pasado por delitos relacionados con el narcotráfico, candidatos presidenciables vinculados con estructuras de robo de energía eléctrica y diputados tránsfugas. Además, se cometieron errores graves que nunca se habían presentado en la gestión electoral, como las fallas en la presentación de resultados electorales en el sistema de cómputo. Y finalmente, la libertad de expresión, un derecho fundamental para el buen desarrollo democrático, fue amenazada durante el proceso electoral con medidas de censura a través de reglamentos emitidos y desconocidos por el mismo TSE. Una regulación de pauta electoral sumamente cuestionable. Así como una confusión generalizada sobre el financiamiento a partidos políticos y la aplicabilidad del voto nulo.

Estos problemas son solo algunos de los desafíos en el pasado proceso electoral que merecen un diagnóstico serio sobre sus causas. Algunos de ellos habrán sido causados por mala gestión o interpretación, mientras otros tienen una causa en una mala regulación del sistema electoral en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El TSE, como señala la Constitución, tiene la facultad de iniciativa de ley, justamente para proponer al Congreso las reformas legales que consideren que pueden mejorar el sistema electoral. Además, poder sugerir reformas al Congreso, el TSE también tiene la facultad de instalar una Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came) justamente después del proceso electoral, con el objeto de “evaluar el proceso electoral finalizado y, de ser necesario, presentar propuestas de reformas que fueren procedentes a la presente ley”.

Esta semana se cumple la tercera sesión de la Came coordinada por el Instituto Electoral del TSE, donde se ha realizado un importante trabajo de recibir propuestas de distintas organizaciones y establecer una metodología de organización. Si bien es plausible el trabajo realizado por el momento, la gran tarea aún pendiente y no del todo fácil de la Came es hacer un diagnóstico crítico del proceso electoral pasado. Solo así podrán encontrar los orígenes del descontento democrático. Antes de promover el sistema electoral que queremos, establezcamos las causas por las cuales el sistema electoral que tenemos es deficiente y no responde a las expectativas ciudadanas de una democracia funcional.

Estamos en el inicio de la elección de nuevos magistrados del TSE; sin embargo, sin reformas estructurales que solucionen los errores de fondo del sistema electoral no lograremos consolidar nuestra república democrática y representativa.

El descontento del guatemalteco con lo que asocia con el término democracia es el resultado de una pésima gestión del poder político y de un Estado sin un poder realmente limitado o enfocado en solucionar los problemas que aquejan al país. Lo contradictorio de la democracia en “ruinas” es que los mismos mecanismos democráticos pueden servir para fortalecerla o destruirla. Pero la democracia, como sistema de elección de gobernantes, no es realmente una garantía para solucionar los problemas sociales y económicos. La destrucción de la democracia a través de la democracia se puede originar con propuestas antisistemas —populistas— que capitalizan el mismo descontento de la democracia para proponer algo diferente. Hemos visto a lo largo de la historia cómo la implementación de estas políticas concluyen en la destrucción de las pocas instituciones funcionales de un país e inclusive con la eliminación de los mecanismos democráticos como forma de elección popular.

El descontento con la oferta política y la democracia es utilizado hábilmente por algunos para incentivar odio, división y destrucción. Lo irónico de esto es que pretenden destruir la democracia como modelo de elección a través del mismo voto democrático. Esto nos debe hacer reflexionar en si es realmente nuestra democracia lo que está en ruinas.

El descontento que se ve reflejado con lo que se asocia con la palabra “democracia” —que, dicho sea de paso, hay elementos pendientes por mejorar, como la representatividad— no es necesariamente una molestia con el sistema democrático, en todo caso es un descontento con la pobreza, la falta de oportunidades o la violencia. Estos problemas no le competen, necesariamente, al sistema democrático de elección popular, sino a las instituciones sociales y políticas que son manejadas por las autoridades electas.

Guatemala no tiene realmente una democracia en ruinas, pero está propensa a estarlo si los problemas de fondo del país no son resueltos; paradójicamente esto podría suceder a través de la misma democracia. Para que la democracia sea funcional y deje de ser la representación de las frustraciones del país, necesita de un poder político limitado, dividido y disperso.

Por otro lado, recordemos que a través de los siglos la organización del Estado ha encontrado necesario límites al poder delegado democráticamente. Estos límites al poder que el pueblo delega a sus gobernantes son un mecanismo trascendental para que el poder público se utilice para las causas adecuadas, como asegurar la aplicación de la ley y la seguridad. Cuando un Estado tiene poder delegado por el pueblo de forma democrática y ese poder público tiene límites, contrapesos y está disperso en instituciones funcionales, estamos frente a un Estado republicano y democrático. Esta es la aspiración de un Estado moderno. Un Estado que tenga poder público específico para las tareas que le competen y se limite el uso del poder público para corrupción y prebendas de unos pocos que intercambian favores para enriquecerse.

Seguramente habrá escuchado la frase que el Estado de Guatemala es una república democrática, frase que es una aspiración pero no una realidad. Una aspiración necesaria y urgente de ser construida para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos.

* presidente ejecutivo Movimiento Cívico Nacional