Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), reveló cómo el militar se constituyó en una autoridad para los reclusos, ya que le  solicitaban beneficios.

“La Cicig, con el Ministerio Público, puso la mirada en el Sistema Penitenciario en un intento por interpretar y dar respuesta al sentir de la sociedad, que ha visto con perplejidad cómo los centros de reclusión son controlados, no propiamente por las autoridades, sino que en ocasiones por el poder de convictos y reclusos, lo que ha dado lugar a que se realicen acciones de diverso orden, en el que se cobra además por todos los beneficios”, aseveró Velásquez.

Detalló que entre las prebendas otorgadas  reos se encuentran mínimas condiciones de seguridad, comodidades básicas, privilegios incompatibles con un régimen carcelario, así como ingresos y uso de bienes suntuarios, visitas diarias, acceso a teléfonos de última generación y hasta la propia negociación de su traslado a otros reclusorios con controles menos estrictos.

Poder paralelo

Velásquez afirmó que la investigación estuvo centrada en el descubrimiento de los poderes paralelos y su relación con particulares —intermediarios y gestores— y de las propias autoridades de Presidios.

“Se documentó la existencia de una red criminal en la que participa como eje central un privado de libertad, condenado por ejecución extrajudicial —muerte de monseñor Juan José Gerardi, el 26 de abril de 1998—, recluido en Pavoncito, el señor Byron Lima Oliva, quien representa para muchos de los reos la verdadera autoridad y por tanto a él recurren a solicitar y pagar traslados a centros penitenciarios, favores y privilegios”, refirió Velásquez.

Aseguró que Lima Oliva tiene influencia en el Sistema Penitenciario y fuera de este, a tal grado que llega a los ámbitos político y económico.

“Es público que mantiene contactos y recibe visitas de diversas personalidades, de actores públicos que él mismo ha revelado a través de su cuenta de Facebook, haciendo ostentación del poder”, dijo el titular de la Cicig.

También afirmó que dentro del Sistema Penitenciario tiene el control de Pavoncito y somete a los reclusos a sus órdenes.

Desde el 2002

Prensa Libre tiene registrado que, desde el 18 de agosto del 2002, Lima Oliva empezó a tomar acciones para hacerse del poder en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.

El 26 de diciembre del mismo año, los reclusos denunciaron que el militar se estaba apoderando del control de todos los sectores.

Esto se hizo efectivo el 14 de febrero del 2003, cuando el Sistema Penitenciario decidió el traslado de 200 cholos a otras cárceles.

Ya en Pavoncito, Lima Oliva logró consolidar poder y riqueza a tal grado que ha adquirido propiedades, entre estas una casa en la playa, un lote en un condominio exclusivo, vehículos —como una camioneta Suzuki  y una Land Cruiser blindadas,  Porsche y Jaguar—, un spa, y nueve caballos.

Velásquez indicó que solicitarán que el dominio de estos bienes  sea extinguido  a favor del Estado.

Antecedentes

Esta no es la primera ocasión en que las autoridades emprenden acciones para intentar tomar el control de las prisiones.

El 25 de septiembre del 2006, las autoridades llevaron a cabo un vasto operativo para tomar el control de la Granja de Rehabilitación Pavón, que era controlada por un grupo de reclusos. Esa vez murieron siete reos que eran considerados  cabecillas de la red.

En esa ocasión, Prensa Libre logró documentar que  Luis Alfonso Zepeda González —condenado por asesinato— era el líder del comité de orden y disciplina y controlaba ese penal, lo que le representaba ingresos de Q600 mil mensuales, y todo sucedía ante el silencio cómplice de las autoridades de  entonces.

Por este caso ya fue condenado en Suiza Erwin Sperisen, exdirector de la Policía Nacional Civil, por ejecución extrajudicial, y  Carlos Vielmann,  exministro de Gobernación, está pendiente de enfrentar a la justicia española.

En el país ya fue condenado Víctor Soto, exjefe de la División de Investigación Criminal  (Dinc).

Otro hecho criminal ocurrió en febrero del 2007  en la cárcel de máxima seguridad El Boquerón, Santa Rosa,  cuando fueron masacrados cuatro policías involucrados en el caso Parlacén. Extraoficialmente se supo que  un grupo de personas ingresó a esa prisión para matar a los agentes, aunque   las autoridades   atribuyeron el hecho a  pandilleros  recluidos allí.

Un caso reciente  es el de Rigoberto Morales Barrientos, alias Rigorrico, quien formó una red de extorsionistas desde la cárcel de máxima seguridad  el Infiernito, Escuintla, la cual  le generó sumas millonarias bajo el amparo de las autoridades de esa prisión.
Con información de Byron Vásquez, Hugo Alvarado y Jerson Ramos

GOBERNACIÓN

“No tengo  amiguismo”

“Con Camargo no me une ninguna relación ni ningún tipo de amiguismo que parcialice mi opinión”, expresó el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla,  respecto de la captura del director del Sistema Penitenciario, Édgar Camargo.

Indicó que en ningún trabajo ni en  ninguna profesión se puede garantizar que una persona tenga el cien por cien de pureza.

“El tema de confianza es relativo. Busqué una persona con capacidad profesional y la tiene. Qué pasó en el camino, no puedo decirlo”, refirió.

“En este caso —de Camargo— hay una investigación, una formulación de cargos y un debido proceso que servirá para probar el nivel de responsabilidad que pueda tener en lo que se le está sindicando”, dijo.

“Cualquiera puede tener experiencia y fallar voluntaria o involuntariamente; no me compete juzgarlo. Es un tema de investigación”, expuso López Bonilla.

El funcionario explicó que el centro de todo esto se llama Byron Lima Oliva, quien tiene 15 años de estar en la cárcel. “Él es  un privado de libertad que se ha creído el dueño de cuanto ocurre en el Sistema en todos estos años”, expuso.

Byron Lima Oliva

“Mi familia está pagando”
 

“Yo tengo todos los correos electrónicos enviados a mi persona por el ministro de Gobernación, todos los mensajes de texto, todas las fotografías y todos los videos, para ponerlos a su disposición —señor juez—, y que yo pueda  explicar, porque aquí hay una confabulación.

Están planeando eliminarme”, expresó ayer el capitán Byron Lima Oliva, al salir   del juzgado.

“Hay facturas también de la esposa del ministro, y también del director de Inteligencia Civil, Manuel Alvarado Franco, y otras personas”, dijo.

“El Ministerio de Gobernación intentó ponernos a los reos de Pavoncito cuotas de Q100 mil semanales, pero nosotros no accedimos”, expresó.

Lima Oliva indicó: “Casualmente, cada vez que voy a obtener mi libertad, por el beneficio de la redención de pena,  aducen un problema más”. Agregó: “El problema del ministro conmigo es que yo le arruiné un negocio de US$534 millones con la Embajada de Taiwán. Yo mismo hablé con el embajador Adolfo Sun  y le dije que la empresa que se usaba era fantasma”.

Lima Oliva  dijo que si el presidente Otto Pérez  quiere llevar una gestión transparente  debe entregar a las autoridades a López Bonilla, para ser investigado por  señalamientos en  su contra.

CIUDAD DE GUATEMALA- Yujá fue capturado el pasado 5 de junio en la carretera a El Salvador, luego de hacerle un registro al vehículo que conducía, en el cual agentes antinarcóticos supuestamente localizaron 20 colmillos con cocaína.

El 26 de junio último, el juez Eduardo Poitevin, suplente en el Juzgado Sexto Penal, decidió cerrar el proceso contra Yujá, sindicado por delitos relacionados con tráfico de drogas, al considerar que no existían evidencias claras para continuar con el caso.

El juzgador también ordenó al Ministerio Público investigar a los agentes que participaron en ese operativo y determinar las acciones ilícitas en que hayan incurrido.

Édgar Gutiérrez, del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), expuso que la resolución emitida por el Juzgado demuestra la formación deficiente de los agentes policiales.

“Se ha sacrificado la calidad por la cantidad de policías graduados. La formación sigue siendo deficiente. El ciudadano común denuncia, pero su caso se olvida. Esta vez existe una acusación directa en contra de la PNC”, dijo.

Además, el analista del Ipnusac calificó de positivo que el caso se encuentre en los tribunales de justicia. También expresó que el hecho manifiesta una oportuna situación para que los jueces muestren que trabajan con imparcialidad.

DESCARGUE: Declaraciones evidencian que Agentes de la PNC cometen delitos

VENGANZA

Este matutino consultó a Yujá, por la vía telefónica, quien aseguró que el operativo en el cual fue capturado supuestamente fue organizado por Marroquín, quien busca desacreditarlo por haberse negado a declarar contra Campollo.

“Antes éramos seis empleados encargados de la seguridad de la señora. Yo soy el único que no se ha dejado sobornar, a pesar de las intimidaciones que él —Marroquín— tiene en nuestra contra. Él me discrimina mucho. Amenaza a mi familia”, dijo Yujá.

En su relato, el guardaespaldas expuso que ha sufrido cuatro golpizas que Marroquín le ha prominado. La última fue a inicios de este año, y como resultado tuvo que ser internado en un hospital durante cinco días.

La agresión se debió a que el exfuncionario alegaba por la devolución de una motocicleta en que se conducía Yujá, la cual, dijo Marroquín, era patrimonio de su familia.

Cuando la víctima bajó del vehículo, el exinterventor de la EPQ lo golpeó e insultó por sus rasgos indígenas.

HALLAZGO -Pesquisa con irregularidades-

El juez Eduardo Poitevin, suplente en el Juzgado Sexto Penal, explicó que la investigación efectuada contra Leopoldo Yujá presentaba irregularidades. “El expediente venía con una investigación a todas luces anómala. El Ministerio Público detectó que las primeras acciones de la pesquisa no eran creíbles, porque los agentes que participaron en el operativo se contradecían entre ellos”, dijo Poitevín.

MINISTERIO PÚBLICO -“Rechazamos esas situaciones”-

Carlos Ruiz, secretario general del Ministerio Público, rechazó que se estén implantando pruebas en procesos penales. “El Ministerio Público trabaja conforme a la ley y no se va a permitir que se trabaje al margen de esta”, expresó Ruiz. “Se logró establecer que no había indicios —caso piloto— contra la persona, por lo que se pidió que el caso quedara cerrado”, expuso.

PRESO

Yujá permaneció en prisión preventiva durante 22 días, en los cuales estuvo en huelga de hambre para manifestar su rechazo a los señalamientos en su contra.

“Es lamentable que los policías que tienen que cuidarnos cometan acciones ilegales”, afirmó.

De acuerdo con Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads), nuevamente se pone en duda el trabajo de la Policía y la labor de las autoridades de Gobernación para fortalecer el desempeño de esa institución.

“Es inaceptable que la PNC se preste a los motivos personales de un funcionario”, manifestó.

Verónica Godoy, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, indicó que la implantación de pruebas era una práctica recurrente durante la época del conflicto armado.

“Antes se hacía con mayor frecuencia. Ahora es menos escuchado, pero es un fenómeno que todavía existe”, expuso Godoy.

También señaló que es imposible identificar operativos de registro de vehículos irregulares porque la Policía tiene la orden de efectuar esa tarea.

“Lo más recomendable es no detenerse en lugares oscuros y solitarios”, recomendó la analista.

Marroquín renunció a su cargo al frente de la EPQ el pasado 17 de junio y argumentó que su decisión se debía a motivos personales.

Personas allegadas al exinterventor indicaron que la renuncia de Marroquín fue solicitada por autoridades de gobierno, quienes temían una crisis institucional al darse a conocer el caso.

Se buscó la versión del exfuncionario. Sin embargo, no contestó a las llamadas que se hicieron desde la Redacción de Prensa Libre.

CICIG CONTINUARÁ INVESTIGACIÓN

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) continuará apoyando al Ministerio Público (MP) en la investigación relacionada con la implantación de pruebas contra el piloto de la exesposa de Allan Marroquín, exinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal, informó el departamento de prensa del ente internacional.

En primera instancia, la Cicig y el MP determinaron que no había pruebas contra el capturado, por lo que se pidió que se cerrara el proceso penal.

En  la Cicig fue presentada una denuncia para que se investigara el caso del piloto.

Se informó en el departamento de prensa que la Comisión no puede proporcionar más datos porque las pesquisas continúan.

El mandato de la Cicig le ordena apoyar al MP, a la Policía Nacional Civil y a otras instituciones en la investigación de los hechos ilícitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

CAPTURA TRAS DENUNCIA

Una persona que no se identificó llamó a la Policía para alertar sobre una mujer que trasladaba droga.

– El operativo en que fue capturado Leopoldo Yujá se efectuó el 5 de junio pasado, en la carretera a El Salvador.

– Los registros de la Policía Nacional Civil refieren que una llamada anónima ingresó a las 7.01 horas de ese día, en la cual se alertaba del traslado de cocaína.

– La denuncia indica que una mujer transitaba todos los días por esa ruta y que transportaba narcóticos.

– El denunciante afirmó que era en una camioneta agrícola donde  se movían los estupefacientes.

– El automotor en que viajaba Yujá coincidía con las características descritas en la denuncia, informó la PNC.

– A las 7.26 horas fue detenido el guardaespaldas, quien minutos antes había llevado a los hijos de Marroquín y Campollo a un centro educativo del lugar.

PROCESO:
ORP   indaga el caso

Personal  de la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la Policía Nacional Civil  indicó  que investigan al menos a 12 agentes que participaron  en el operativo  el  5 de junio último, cuando  fue detenido Leopoldo Yujá.

Investigadores indicaron que  recibieron instrucciones precisas de Gobernación  para  investigar el caso, por lo que ya se identifico al personal de la Policía que actuó en esa diligencia.

 “Estamos cerca de los resultados y consideramos que  en los próximos días ya tendremos un informe  a detalle y lo daremos a conocer”, dijo una fuente policial.

Expresó que a diario  reciben entre  cinco  y 10 denuncias   falsas contra  policías   por supuestos abusos. Sin embargo, el personal de la ORP se presenta en el lugar  de la detención y evidencia    que lo hacen para tratar de evadir el delito que han cometido, como conducir  bajo efectos de licor o en  un automóvil con documentos alterados. 

La fuente aseguró que  han tenido casos concretos en los cuales se han determinado abusos de policías, pero  se han reducido  este año.

Carlos Ramiro Contreras, Sergio Roberto Lima y Gustavo Adolfo Dubón, titulares de la Sala, se excusaron de continuar a cargo del proceso por genocidio instruido contra los generales Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de Estado de facto y exdirector de Inteligencia Militar en 1982, respectivamente.

El Ministerio Público intentó separar a Contreras, Lima y Dubón, contra quienes se planteó recusación, después de que beneficiaron al exgobernante al otorgarle un amparo provisional que restituyó al abogado Francisco García Gudiel en su defensa. A pesar de que se rechazó la acción de la Fiscalía, los funcionarios decidieron excusarse.

Byron Oswaldo de la Cruz, magistrado de apoyo de la instancia mencionada, asumió el proceso y convocó a dos magistrados vocales suplentes para integrar la Sala.

Aunque se contactó por vía telefónica a 10 suplentes, ninguno dio respuesta positiva y no se logró integrar el órgano colegiado.

De la Cruz envió a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia una carta en que pidió que se nombre una nueva sala para que dé cumplimiento a la resolución de la CC, que dejó sin efecto la condena contra Ríos Montt.

El magistrado De la Cruz también solicitó al tribunal constitucional que se amplíe el plazo de 24 horas señalado para cumplir el fallo emitido el lunes último.

CC actuó mal

La exjueza Yolanda Pérez manifestó su rechazo a la decisión de anular las actuaciones del juicio por genocidio efectuadas a partir del 19 de abril.

“Estoy de acuerdo con los votos disidentes. Existe el recurso de apelación especial”, explicó Pérez, y indicó que la referida acción sirve para señalar los defectos procesales.

En ese sentido, Marco Antonio Canteo, de Seguridad en Democracia, indicó que la decisión de la CC es ambigua porque podría significar el reinicio del debate.

“A partir del 19 de abril se tendrá que retomar el debate. Otra vez a recibir las pruebas”, destacó el analista.

El penalista Jorge Barrios dijo que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo podría continuar a cargo del caso. “Ni la CC lo está resolviendo así”, aseguró.

Decisión oportuna

Francisco García Gudiel, defensor de Ríos Montt, calificó de una “decisión oportuna” la resolución emitida por el tribunal constitucional.

“Como no cumplieron con la orden de suspender el debate, todo lo que sucedió a partir del 19 de abril es nulo de hecho y de derecho”, expuso García Gudiel.

El abogado de Rodríguez Sánchez, César Calderón, indicó que aunque la decisión de la CC perjudica a su cliente debe tomarse como una acción valiente.

“Si el proceso fue mal desarrollado se tiene que retomar el orden y reencauzar bajo control”, dijo.

Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación contra el Terrorismo, aseguró que en la actitud de los magistrados de la Sala Tercera “se puede observar temor hacia la presión que ejercen los grupos extranjeros y de derechos humanos, así como las comisiones diplomáticas que se encuentran en el país”.

Justifica fallo

El magistrado Roberto Molina Barreto, ponente de la resolución que anuló la sentencia contra Ríos Montt, expresó que hay juristas que opinan sobre el fallo, pero no conocen los fundamentos que originaron la decisión del máximo tribunal.

Expuso que la conclusión a la que él y sus homólogos Héctor Hugo Pérez y Alejandro Maldonado arribaron surgió luego de haber analizado cada minuto de los videos de las audiencias del debate.

Se constató que el Tribunal no acató el fallo emitido por la Sala Tercera Penal, que resolvió la restitución de García Gudiel, quien fue expulsado el 19 de marzo del 2013, y dejó en suspenso el debate hasta que el fallo quedara firme.

“No es posible que se incumpla una resolución de un tribunal de amparo y que fue confirmada por la Corte”, aseveró el magistrado ponente.

Solo el 24 de diciembre murieron 17 personas en forma violenta: 15 a balazos y dos por arma blanca. En este caso, según la Policía, 15 fueron por venganzas, uno por problemas personales y uno fue víctima de robo.

El 25 de diciembre perecieron 18 personas. La Policía explicó que 16 casos se relacionan con venganzas, uno por problemas pasionales y otro por ajuste de cuentas. Otras tres personas murieron atropelladas, y cuatro en accidentes de tránsito.

En el Hospital Roosevelt reportaron el ingreso de 12 personas por quemaduras, y en el Hospital General San Juan de Dios, nueve, quienes fueron auxiliadas por bomberos Voluntarios y Municipales.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron del traslado de tres personas a diferentes hospitales.

Operativos

La Policía también informó sobre la captura de 391 personas, entre ellas Wálter Libaniel Arias Jácome, de 30 años, sindicado de violación con agravación de la pena, agresión sexual, maltrato a menores y violencia contra la mujer.

Según Sara Payes, encargada de la Niñez, de la Procuraduría General de la Nación, entre el 24 y 25 de diciembre se activaron cinco alertas Alba-Keneth por menores desaparecidos.

Según las pesquisas, a la fecha a esa organización se le han contabilizado por lo menos 256 estafas. Investigadores de la Fiscalía Metropolitana aseguran que aún se trata de identificar a empleados del Registro de la Propiedad Inmueble y de juzgados que pudieran haber participado en esos ilícitos.

La estafa y la usurpación no son las únicas anomalías por las que se señala a ese grupo. Las pesquisas también han vinculado a los abogados señalados en unas 90 muertes de dueños de inmuebles.

La banda también incluye a más de 70 jaladores, tramitadores o testaferros, que suplantan la identidad de los verdaderos propietarios. Ayer, el MP logró la detención de nueve tramitadores, a quienes encontraron sellos de municipalidades e instituciones gubernamentales.

Esos casos forman parte de los más de dos mil expedientes que conoce la Fiscalía Metropolitana. Los fiscales aseguran que a diario reciben un promedio de tres denuncias por el robo y usurpación de terrenos en diferentes lugares del país.

Las investigaciones han establecido por lo menos tres organizaciones delictivas en todo el país dedicadas a ese tipo de estafas.

Identificados

Gustavo Adolfo Gudiel Valenzuela fue capturado el 14 de septiembre último y, según las pesquisas, podría ser el cabecilla de la banda que desde el 2000 ha despojado de sus bienes a ancianos y migrantes, especialmente.

Solo a Gudiel Valenzuela se le involucra en unos 16 casos.

En apariencia, este se encargó de reclutar a otros 17 abogados, que le prestan sus protocolos y, con documentos falsos, respaldan los traspasos. Entre esos profesionales del Derecho hay dos fallecidos.

El resto de abogados, cuyos nombres se omiten, posee en común que figuran en varias escrituras de compraventa, comparten redes sociales y protocolos, entre otros detalles.

A Edwin Mayén y a Ruth Alvarado, excandidatos a diputados por la Unión del Cambio Nacional y Centro de Acción Social, respectivamente, también se les vincula con esos ilícitos.

Alvarado aseguró que su situación fue aclarada, y negó estar procesada; sin embargo, la Fiscalía está próxima a presentar acusación formal en su contra por dar fe de que conocía al supuesto vendedor de una propiedad, pero su identidad resultó ser falsa.

Mayén, quien tiene tres órdenes de captura en su contra, no contestó las llamadas a su teléfono celular.

El presidente del Colegio de Abogados y Notarios, Fredy Cabrera, indicó que trabajan para unificar los sistemas de informática con el Registro de la Propiedad Inmueble, para controlar a los profesionales que gestionan escrituras.

“Hay personas que llegan como abogados, queriendo inscribir propiedades de manera anómala”, explicó.

Asesinatos

Lo que se inició como una investigación del crimen contra Flor de María Gil Ovalle, jueza de Trabajo y Previsión Social, llevó a la Fiscalía a descubrir una red de estafadores de bienes inmuebles a la que, además, se les contabiliza la muerte de 90 personas que habían perdido sus propiedades.

Por ese hecho está procesado el abogado Roger Mauricio González, quien elaboró la escritura de compraventa a favor de Víctor Asariel Calderón, también ligado a proceso.

Forma de operar

Las pesquisas han detectado diversas modalidades en las que los delincuentes se apoderan de los inmuebles.

En ocasiones logran información de las personas que han extraviado documentos, y suplantan fotografías para que sus testaferros efectúen la transacción. También se ha identificado que hay familiares o personas allegadas que conocen la cantidad de inmuebles que posee la víctima y se lo comunican a la banda.

Cuando se tienen los datos, se realiza una escritura de compraventa donde comparecen testaferros con otras identidades. Estos, a su vez, hacen otra compraventa, pero siempre figuran los mismos abogados, que dan fe de las identidades.

Al final, venden la propiedad, pero el último en adquirirla desconoce que todos los trámites son falsos.

En Tamahú, Alta Verapaz, por ejemplo, simpatizantes portaban pancartas con la imagen del ex presidente Portillo, quien enfrenta proceso legal en el país e investigación en EE. UU. y Francia.

En esa actividad, Mario Estrada, secretario de la UCN, tomó como ejemplo a Portillo, y aseguró que es necesario que el pueblo retome el poder.

Durante una semana, Prensa Libre intentó obtener la versión de Estrada, pero no respondió a llamadas telefónicas a su celular, así como a la sede ucenista.

También se le buscó a través de Sidney Shaw Arrivillaga, secretario general adjunto, y Silvio Florit, encargado de prensa de la UCN, pero no se logró la comunicación; además, se envió una carta en la que se solicita información, pero tampoco hubo respuesta.

Puede participar

Expertos consultados consideran que Portillo no tiene prohibición legal para participar, pese a estar en prisión preventiva. El artículo 59 del Código Penal establece la suspensión de derechos políticos solo para los condenados.

“La prohibición de participar se da hasta que la persona esté condenada, e incluso cuando estén agotados todos los recursos”, explicó Oswaldo Samayoa, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, y agregó que tampoco hay prohibición en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

“Preocupa su participación, porque tiene procesos penales abiertos y los delitos por los que se le acusa son contra la administración pública. Debería quedar inhabilitado de participar en estos procesos electorales”, manifestó Samayoa.

Renzo Rosal, integrante del Foro Guatemala, considera que el ex presidente busca refugio. “No es delito, pero son acciones no éticas ni morales. Políticamente hablando, es una opción para Portillo”, señaló Rosal.

“Estamos sobrepasando los límites del asombro, donde un ex presidente con todos los procesos que tiene quiera lanzarse a diputado”, expresó Marco Antonio Barahona, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos.

Los detenidos fueron identificados como Áxel Gustavo Bolvito Tista, 24 años; Carlos Aníbal Morales Muñoz, 34; Nelson Ribelino Tista Tista, 23; y Sender Noé Durini Chavarría, 29, este último ex inspector de las Fuerzas Especiales de Policía.

Todos son sindicados de conspiración y facilitación de información, y las pesquisas apuntan a que forman parte de un núcleo que opera en el país para los Zetas.

El allanamiento estuvo a cargo de la División de Análisis e Información Antinarcótica, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.

Durante la operación se decomisaron dos fusiles M-16, un fusil AR-15, un fusil Five Seven, con mira telescópica; una escopeta calibre 12, cinco granadas para lanzagranadas M-79, seis explosivos TNT y 400 municiones calibre 5.56, 7.19 y para AK-47.

La Policía incautó cuatro chalecos blindados, 30 tolvas para fusil AK-47, tres pistolas calibre 9 milímetros, en la que se lee “comandante Machucaso Z”, además de un picop con documentación de Tabasco, México, y placas guatemaltecas.

Operaciones de la banda

Según informes de inteligencia, los Zetas comenzaron a incursionar en Guatemala desde el 2008. De acuerdo con la Policía, los miembros de ese grupo pudieron haber participado en al menos 10 acciones violentas como la ocurrida en Zacapa, cuando ultimaron a Juan León, supuesto narcotraficante rival de estos.

Esa banda también ha sido señalada de haber perpetrado la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, México, en la cual murieron cinco connacionales.

Según información de las autoridades antinarcóticas, España se quedó dirigiendo la organización “los Leones” después del asesinato de Juan José (Juancho) León, en marzo del 2008.

Al cierre de esta edición, habían sido identificados Julio Chávez, Napoleón Villagrán Guerra, Léster Mayorga y Alirio Villafuerte, guardaespaldas de España, quienes se conducían en el vehículo Land Cruiser placas 587 DNW.

Los hechos

Testigos relataron que España estaba en las cercanías de su finca cuando cuatro vehículos con un grupo fuertemente armado ingresó por la parte trasera y atacó al supuesto narco.

En el lugar se entabló un enfrentamiento armado en el cual quedaron muertos los cuatro guardaespaldas, y España logró huir, pero debido a la gravedad de las heridas de bala, falleció en el kilómetro 146.5, en el vehículo blindado Land Cruiser placas 762DDF.

El reporte oficial revela que las armas utilizadas en el ataque fueron de grueso calibre, tales como AK 47 y lanzagranadas.

Otra versión es que España y su equipo de seguridad se enfrentaron con desconocidos en una venta de licor en la carretera a Zacapa, quienes se defendieron a tiros. Los guardaespaldas intentaron recuperar el cuerpo de España, pero no les habría sido posible.

Motivos del ataque

Varias son las versiones que se manejan sobre el ataque. Las primeras revelan que España se apoderó de todos los bienes de Juancho León y que parte de la organización se vengó por ello.

Otros aseguran que España manejaba la distribución de vehículos de la familia Stragá, lo que provocó una riña entre ellos.

Además, se asegura que este hizo malos negocios con un grupo de narcos mexicanos, quienes lo atacaron a balazos.

España aparece como propietario de por lo menos dos empresas y socio de una más.

Según investigaciones  de la Policía,  el Ministerio de Gobernación y la Contraloría General de Cuentas, el contrato 220-2008,  suscrito el 25 de noviembre de 2008 entre la PNC y la IM,  reportaba que esta institución  se encargaría de fabricar  uniformes y equipo para las dependencias de Gobernación.

Sin embargo,  durante el programa Gobernando con la Policía efectuado en febrero último,  agentes denunciaron que tenían 13 años de no recibir uniformes.
En esa actividad se denunció que los agentes policiales deben pagar entre Q200 y Q300 por cada uniforme, los cuales  adquieren principalmente en comercios de la zona 6.

 “Los policías tienen unos 13 años de no tener una entrega sistemática de  uniformes. Algunos se adquirieron con  la Industria Militar”, aseguró Carlos Menocal, ministro de Gobernación.

El funcionario explicó que solicitó  la auditoría de todos los contratos efectuados durante los dos últimos años .
“Le pedimos a la Contraloría que durante nuestra administración se lleve a cabo una auditoría concurrente, para que nos acompañen en todos los gastos”, dijo  Menocal.

Carlos Mencos, contralor general de Cuentas, indicó que ese contrato está sujeto a auditoría, con el propósito de establecer si hubo anomalías, lo cual determinará si es o no lesivo para el Estado.
 “Lo que sabemos hasta el momento es que se entregaron más de Q120 millones, y necesitamos establecer en dónde están los uniformes”, detalló.
Este caso también  se encuentra en investigación  en la Fiscalía de Delitos Administrativos.

Simulaban entrega

Durante la administración de Francisco Jiménez en la cartera  del Interior se suscribió un contrato por Q162 millones 102 mil 685, los cuales se ejecutarían en el 2008 y el 2009.
Según el Ministerio de Finanzas, a la fecha  ha pagado a la IM Q124 millones 881 mil 243.19, y el resto lo cancelará este año.
En ese contrato se pidieron 35 mil quepis, pese a que la   PNC  solo cuenta con 21 mil agentes; 10 mil pares de zapatos, la misma cantidad de pares de botas estilo militar, cinco mil pares de botas de hule, uniformes, gorgoritos, ocho mil  literas, 20 mil capas con el logo de la PNC y otros requerimientos que se consignan en el contrato al que Prensa Libre tuvo acceso.

Las pesquisas han  establecido que la IM simuló la entrega del equipo, y  para eso contó con la ayuda de la unidad de  Apoyo Logístico   de Gobernación.
En esa unidad quedó consignado por escrito que se entregaron los implementos, pero en la práctica no fue así.   Por ejemplo, cuando al indicarse el ingreso de un lote de 10 mil uniformes, solo se recibían mil.

Los comprobantes únicos de Registro, del Ministerio de Finanzas, a los cuales Prensa Libre tuvo acceso, dan cuenta de que se efectuaron  20 pagos a la IM desde el 11 de agosto del 2008 al  11 de diciembre del 2009,  y que está pendiente la contabilidad de este año.
Los fondos salieron de una cuenta del Estado, en el Banco de Guatemala, a la   cuenta 3033352537, a nombre de la Industria Militar,  en el Banco de Desarrollo Rural.
Este diario intentó durante una semana obtener la versión de Jorge Vega, encargado de la IM, pero no respondió las llamadas telefónicas.

Antecedentes

El 11 de julio del 2005, este  matutino publicó sobre el fraude de Q31 millones cometido  en la compra de botas, capas y colchonetas a la IM, en la gestión en el Ministerio del Interior de Arturo Soto  y el  viceministro Óscar Montoya, en  el gobierno de  Óscar Berger.
El caso se descubrió después de  que se practicó una auditoría interna  en ese ministerio,  la cual evidenció que Soto y Montoya habían autorizado la compra y que los productos nunca fueron entregados por la IM.

Las declaraciones de Reyes surgieron luego de la firma de un pacto colectivo con empleados del Instituto Nacional de Electrificación, INDE.

Al ser consultado sobre el tema, el vicepresidente aseguró que la embajada estadounidense no había tratado el asunto, por lo que fue un ?invento de alguien?.

Ante la insistencia de un reportero, el funcionario se molestó, y expresó: ?No leyó usted el boletín, caballero, donde la embajada americana dijo que no han tocado ese tema?.

Relaciones tensas

Al ser consultado sobre las relaciones que el Gobierno guatemalteco sostiene con el estadounidense, las calificó de tensas.

Recordó que en el primer año de gobierno, la embajada señaló que no hay libertad sindical ni reformas fiscales, y que si no se superaban esas condiciones, habría problemas para incluir al país en la Cuenca del Caribe.

El vicepresidente prefirió no opinar con relación a que la cooperación de la comunidad internacional podría ser retirada por lo lento del cumplimiento de los acuerdos de paz.

Otra vez contra empresarios

En su discurso a los trabajadores del INDE, Reyes López no desaprovechó la oportunidad para criticar a la cúpula empresarial por los salarios mínimos y pactos colectivos de sus trabajadores.

Rosalina Tuyuc, líder de Conavigua, señaló en conferencia de prensa que se deben agotar las pesquisas para establecer si el plagio fue por motivos políticos o de índole delincuencial; mientras tanto, no se debe descartar ninguna teoría.

La Fundación Myrna Mack exigió a los órganos judiciales competentes respondan aplicando la justicia con prontitud, ante la muerte de un líder de los pueblos indígenas.

La familia del fallecido hizo ver su preocupación porque el crimen quede en el olvido y se juzgue sólo a los autores materiales y no a los intelectuales.

Marta Juana López, de la Asociación Política de Mujeres Mayas -Moloj-, responsabilizó a las autoridades de la integridad de la familia de Pop Caal, a quienes estima se les puede intimidar para que no enjuicien a los acusados.

Agregó que en tres meses se ha dado muerte a cinco sacerdotes mayas más. La Fiscalía señaló que pedirá la pena de muerte contra los sospechosos y que seguirán investigando.

La Policía comenzó ayer el plan mencionado, en el cual participan 20 mil agentes para brindar seguridad durante las fiestas de fin de año, indicó ayer la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la PNC.

Faustino Sánchez, portavoz de la institución, indicó: ?El plan consiste en vigilar todas las áreas donde más se concentra la delincuencia, para proteger a los guatemaltecos?. Señaló que los agentes vigilarán las calles a pie, en motocicleta y vehículos. Además, habrá vigilancia perimetral en mercados, comercios y agencias bancarias.

Recomendaciones

Asimismo, la Policía está consciente de que son necesarias ciertas precauciones. Recomendó guardar las normas mínimas de seguridad, entre ellas, cuando se efectúe cobros en agencias bancarias, procurar no hacerlo solo. Si se hace compras, no llevar más de lo necesario. Si se deja el vehículo en la calle, retirar de él los objetos de valor.

Por su parte, el ministro de Gobernación, Adolfo Reyes Calderón, comentó que para resguardar a la ciudadanía en estas fechas, se desplegó a la mayoría de agentes de la PNC en la capital y los departamentos.

También la Municipalidad se suma a la protección de la ciudadanía, al suspender las vacaciones de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, PMT.

Plan de austeridad

El Plan Navideño de Seguridad comienza en medio de quejas de los trabajadores de la PNC, ya que también se les anunció el denominado Plan de Austeridad.

Este plan que también se pondrá en práctica este mes, contempla rebajar la cantidad de galones de gasolina para las unidades, de 5 a 3 galones, según Verónica Godoy, representante del Monitoreo de Seguridad Ciudadana.

Un veterano miembro de la PNC que prefirió omitir su nombre, aseguró: ?Cuando salen publicadas cifras de aumento delincuencial, lo único que hace el director de la institución es eliminar los descansos y vacaciones; por eso, muchos compañeros son negligentes en su trabajo y recurren a mordidas?. La solución, comentó, sería ?aumentar los salarios?.

Denuncias

Los nuevos PNC estarán tres meses sin cobrar sueldo.

Este viernes se gradúan en la Academia de la Policía Nacional Civil, PNC, 980 nuevos policías. Los graduados serán enviados a sus comisarías de destino en enero próximo, pero no empezarán a cobrar su sueldo, sino hasta tres meses después, según Verónica Godoy, de la oficina de Monitoreo de la Seguridad Ciudadana. La razón: el presupuesto se ha acabado y no tendrán dinero para las nuevas plazas.

La falta de material y personal dentro de la academia contrasta con la devolución de parte del presupuesto, que en el 2001 alcanzó los Q41 millones 420 mil 058, aunque la academia solicitó Q41 millones 607 mil 958.

Lo más extraño del caso es que la PNC sólo gastó Q36 millones 211 mil 456, y devolvió la diferencia, aunque algunos agentes reconocen que no les alcanza el dinero para todo.

Igualmente, los nuevos graduados tendrán que pagarse el alojamiento y la comida en sus destinos, por no existir un presupuesto concertado para ellos hasta marzo.

La oficial e instructora Eva Roldán de Rivera, asegura: ?Sufren de falta de municiones, de personal docente, y las armas son demasiado viejas para la labor que desempeñan?. La oficial Rivera hace énfasis en que ?los delincuentes están mejor equipados de vehículos, armamento y comunicaciones, que la PNC?.

La experiencia práctica de los graduados se limita a 16 días de estancia en las comisarías.

Austeridad o falta de recursos

Implicaciones de los planes navideños:

? Efectivos en la calle. Veinte mil agentes, a los que se incorporarán los nuevos 980 graduados, que no cobrarán su sueldo hasta marzo.

? Descansos. Tanto la PNC como la Policía Municipal de Tránsito han suspendido descansos y vacaciones.

? Gasolina. El Plan de Austeridad rebaja de 5 a 3 los galones asignados.

? Vehículos disponibles. De los 3 mil 140 que posee la PNC, sólo 1 mil 672 están en circulación, debido a desperfectos que no han sido reparados por falta de presupuesto.

Estados Unidos ha revocado la visa a ex funcionarios del Gobierno y allegados al presidente Alfonso Portillo, presuntamente involucrados en narcotráfico o corrupción.

?La visa fue retirada bajo la sección 214 ?b? de la Ley de Inmigración de Estados Unidos. Esta aplica en casos cuando una persona está bajo investigación o tiene la obligación de presentarse ante el sistema judicial de su país de origen?, dijo una fuente diplomática.

Señalados

Callejas y Rojas son señalados de tener vínculos con el narcotráfico, contrabando aduanero y violaciones a los derechos humanos.

Serán investigados por el Ministerio Público, junto a los generales Francisco Ortega Menaldo, Roberto García Catalán, y el coronel Jacobo Salán Sánchez, por su presunta participación en el crimen organizado.

Ortega, Salán y Rojas han asesorado en materia de seguridad al gobierno del presidente Alfonso Portillo.

Quiénes son

Callejas y Callejas fue inspector general del Ejército en 1992. Se le atribuye la creación de ?la cofradía? un grupo de expertos en inteligencia militar con influencia en el Ejecutivo y el Ejército.

Además, en 1980 fue director de Inteligencia, conocida como la G-2, y subjefe y jefe el Estado Mayor de la Defensa Nacional y subjefe del Estado Mayor Presidencial.

Asimismo, estudiante de la Escuela de las Américas y comandante de la zona militar de Petén. Se le vinculó en la muerte del empresario estadounidense Michael Devine.

Rojas es mayor del Ejército en situación de retiro; perteneció a la Dirección de Inteligencia D-2, en 1989.

Vínculos comunes

Los dos militares también están vinculados a Portillo. Además, fueron asesores en materia de seguridad del presidente.

Van 13

Entre los allegados a Portillo a quienes se les ha cancelado la visa figuran César Medina Farfán y Henry Madrid, vinculados en el desvío millonario en Gobernación.

Además, Francisco Alvarado Macdonald, financista de la campaña presidencial de Portillo y principal accionista de los bancos ?gemelos?, y a sus hijos Francisco y Carlos Alfredo ex funcionarios de Gobierno del FRG.

También a Armando Llort y Adolfo Lacs Palomo, ex presidentes del Crédito Hipotecario Nacional, y del Banco de los Trabajadores, respectivamente, se les canceló la visa de entrada a Estados Unidos.

La lista incluye a los generales Francisco Ortega Menaldo y Carlos Enrique Pineda Carranza. Además, a los ex ministros Manuel Maza, de Finanzas, y Luis Rabbé, de Comunicaciones, señalados de corrupción.

Acciona ante tribunales: Denuncia a fiscal y a diplomático

Napoleón Rojas presentó el 30 de octubre último un antejuicio contra el Fiscal General, Carlos David de León, y una denuncia contra el encargado de Negocios de la embajada estadounidense, Stephen McFarland, por calumnia, injuria, difamación y publicación de ofensas.

La acción legal fue interpuesta en el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal, que lo cursó al Ministerio Público.

La denuncia se basa específicamente en declaraciones hechas por el funcionario y el diplomático respecto de la investigación que se inició en contra de Rojas y otros militares por presuntos vínculos con el crimen organizado. Este alega que son imputaciones de delitos falsos que le provocan deshonra, descrédito y menosprecio.

Prensa Libre trató de comunicarse con el Fiscal para conocer su opinión, pero no respondió a las llamadas. Asimismo, la sede diplomática indicó no tener comentario sobre tal acción.

El hermano de Mario García Rodríguez, conocido como ?Marioco?, fue abatido a balazos ayer, a eso de las 7:30 horas, por tres desconocidos vestidos de negro que lo esperaban a dos cuadras de su casa, en la 13 calle ?A? y 7a. avenida, zona 3.

Aún con vida, García fue llevado por familiares a la emergencia del Hospital San Juan de Dios, donde falleció a su ingreso.

A la escena del crimen llegaron investigadores de la Policía Nacional Civil en busca de evidencias. En las paredes de las viviendas con los números 7-36 y 7-46 se observaban orificios de proyectiles AK-47. Además, la Policía, encontró un pantalón de lona azul ensangrentado debajo de un carro blanco.

Durante el ataque hubo disparos de escopeta desde el interior de la casa 7-46, según peritajes policíacos.

Serie de crímenes

Los investigadores de la PNC aseguran que la muerte de García está relacionada con los asesinatos de Jimmy Josué Estrada y Julio Alfredo de la Cruz, muertos a balazos el 3 de noviembre último en el barrio El Gallito.

La Policía afirmó tener indicios de quiénes fueron los responsables de la muerte de García. Las autoridades manifestaron que tras los crímenes continuos que se han dado en los últimos días en El Gallito, hay una disputa entre grupos de narcotraficantes por controlar la venta de estupefacientes en el sector.

Supuestamente, García había tomado el control del narcotráfico en el sector, luego de la muerte de su hermano ?Marioco?, considerado el capo del Cartel de El Gallito desde 1995.

Origen del cartel

En 1980, Héctor Leonel Marroquín, un traficante de ilegales apodado ?El Coyote?, organizó una red de vendedores de droga.

Sin embargo, su liderazgo duró hasta mayo de 1995, cuando fue abatido a tiros junto a sus guardaespaldas en el interior de un automóvil en la entrada a la aldea Chichimecas, kilómetro 16 de la carretera a Villa Canales.

?Marioco? sustituyó a ?El Coyote?, y tuvo como brazo derecho a su primo Omar Alodi Reyes Castellanos, alias Marín.

En 1999, Marín fue acribillado en la 6a. avenida y 13 calle, zona 3. Desde entonces, junto a ?Marioco? surgió una mujer apodada la Viuda Negra y ?Maco?.

Tres años después de la muerte de su primo, ?Marioco? fue asesinado junto a otras seis personas a pocas cuadras de su residencia en la zona 3, y la Viuda Negra y Maco desaparecieron del lugar.

La Policía atribuyó la muerte del jefe del Cartel de El Gallito a una pelea entre narcos por mantener el control de la distribución de drogas en esa zona.

Los investigadores vinculan al narcotráfico las muertes de Héctor Romeo Véliz, Julio de la Cruz Estrada, Jimmy Castro Palacios, Luis Arturo Girón, Jennifer Alejandra Fabián Bautista, Ricardo Godoy Ordóñez y Edgar Manolo Galindo Valdez, así como los hermanos Juan Alberto y Luis Eduardo Aguilar García.

En la diligencia judicial, Miguel Angel Bermejo, fiscal del caso, escuchó a 11 familiares de Gil y Argueta.

Los interrogatorios iniciaron a las 8 de la mañana y concluyeron, aproximadamente, a las 11 horas.

Testificaron la madre de Gil Muñoz, así como su ex conviviente, Sonia Hernández; una hermana y su concuño.

En el caso de Argueta Romero, fueron la madre, dos hermanos, la esposa y familiares, quienes lo defendieron ante el fiscal.

La Fiscalía pidió mantener en reserva los nombres de las personas, para continuar con la investigación del caso.

Bermejo calificó la presencia de familiares de los prófugos de positiva. ?Es algo positivo que se presenten y quieran colaborar?, expresó Bermejo luego de la indagatoria.

Ni vistos ni oídos

Los familiares manifestaron ante el fiscal y auxiliares que les escucharon que no habían ?ni visto ni oído de los prófugos? desde hace más de 15 días.

Las declaraciones son recibidas por la Fiscalía a un mes de haber sido publicado por Prensa Libre el escándalo del desvío millonario de las arcas de Gobernación a cuentas personales manejadas por Gil Muñoz y Argueta Romero.

Insultos y agresión

Los familiares de Argueta Romero se mostraron agresivos contra reporteros de Prensa Libre, por la labor periodística que se realiza.

Jorge Mario y Miguel Armando Argueta Romero amenazaron con quitar el equipo fotográfico al reportero de Prensa Libre si les tomaba fotos.

Asimismo, la esposa de Argueta señaló que ?la prensa sólo hablaba m…?, y pidió retirar a los reporteros del lugar.

Denuncia amenazas

En la indagatoria a Hernández, la ex conviviente de Gil Muñoz manifestó que es víctima de amenazas.

Inclusive, quiso que se dejaran asentadas en el acta de su declaración las amenazas de las que era víctima.

Investigación se extiende

La investigación del caso se extiende a Petén y Retalhuleu. La Fiscalía continúa escuchando a varias personas de quienes Gil Muñoz habría utilizado sus nombres para emitir cheques por cientos de miles de quetzales.

Este dinero habría sido depositado en varias cuentas bancarias a nombre de Gil Muñoz, a pesar de ser no negociables. Según dijo una fuente de la Fiscalía, los cheques no fueron reconfirmados por los bancos, y sin cuestionarlos libraron la compensación.

Jueza: En manos de Junta Disciplinaria

El futuro de la jueza Dora Leticia Monroy se encuentra desde ayer en manos de la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, OJ, luego de que en una investigación se estableció que tuvo responsabilidad en los embargos tardíos de las cuentas de Jarol Axel Gil Muñoz.

La averiguación preliminar fue efectuada por la Supervisión General de Tribunales, SGT, que estableció que las órdenes de embargo se emitieron con fecha 8 de noviembre y se notificaron hasta el 15, lo que permitió que Gil retirara Q60 millones de sus cuentas bancarias.

La presidenta de la Junta Disciplinaria, Isabel Prem, señaló que esta institución estudiará el expediente recibido y emitirá sus conclusiones.

Si la Junta Disciplinaria coincide con la SGT y establece que la jueza Décimo de Primera Instancia fue responsable de que los bancos del sistema tardaran 7 días en recibir las órdenes de embargo, ésta podría ser sancionada con la suspensión temporal de empleo y sueldo o, si la falta se considera gravísima, inclusive con la destitución del cargo.

Tales aseveraciones surgen luego de la polémica resolución de la CC que otorgó un amparó provisional a favor del vicepresidente, Juan Francisco Reyes López, acusado de ordenar la impresión de volantes de desprestigio contra el empresario Jorge Briz.

El fallo del tribunal constitucional automáticamente paraliza la investigación y el antejuicio promovido contra Reyes López.

Extrañeza

La resolución emitida por la CC causó extrañeza entre algunos sujetos procesales del caso.

Briz expresó que era muy raro el que el vicepresidente haya acudido a esa instancia y no al órgano jurisdiccional que correspondía.

?Lo que estamos viendo es que no hay voluntad por parte del Estado de que efectivamente se cumpla la ley, sino de burlarse de la institucionalidad del país y hacer lo que se les da la gana?, agregó el empresario.

Por su parte, Ricardo Silva Cordero, abogado de la ex directora de la Tipografía Nacional, Silvia Méndez, quien interpuso la denuncia contra Reyes López, se mostró sorprendido por la resolución de la CC.

?Me extraña, porque ante una situación como esta el mejor foro para dilucidar el caso es el jurídico, y esto viene a limitar cualquier acción?, indicó.

Para Miguel Angel Sandoval, del Movimiento Ciudadano, la última resolución de la CC deja todo en claro. ?Esto confirma plenamente las severas críticas que hemos hecho a la CC, al considerar que es un bufete importante del FRG?, señaló.

Según el dirigente popular, el FRG y su gobierno ?viven al margen de la ley, y han perdido todo vínculo con el ordenamiento jurídico del país?.

Anabella de León, diputada de UNE, lamentó el hecho de que la CC haya favorecido a Reyes López y ?no a la obligación que tiene de defender la Carta Magna y el estado de Derecho?.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que la CC emite resoluciones favorables al oficialismo.

En el caso de la inconstitucionalidad contra la integración del Congreso interpuesta por el Centro para la Defensa de la Constitución, Cedecon, también se favoreció al FRG, al declarar que la integración del Congreso estaba en ley.

La acción cuestionaba que 22 diputados del FRG acusados de haber alterado la ley de bebidas alcohólicas, Decreto 43-2000, siguieran en su curul.

Además en las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra el alza del 10% al 12 % a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, IVA, ninguna ha sido declarada con lugar, a pesar de que diversos sectores presentaron de forma individual las acciones.

Los sectores consideran que la población no estaba en capacidad de pago para el alza al impuesto, por lo que fue impugnado ante la CC, sin ningún resultado.

Leyes financieras: FRG

espera opinión favorable

Para hoy se espera que la Corte de Constitucionalidad, CC, opine en favor de la consulta solicitada por el Congreso de la República, sobre la posibilidad de dar vía libre al oficialismo para que apruebe leyes financieras sin mayoría calificada.

Una delegación del Congreso encabezada por el vicepresidente, Luis Rosales Marroquín ?visitó? la CC el martes pasado para pedir que se apresurara a dictaminar, en virtud de que ?estaban en juego los intereses del país?.

Extraoficialmente, se conoció que el presidente de la CC, Rodolfo Rohrmoser, recibió a los congresistas.

En virtud de la petición, existe ?compromiso? de enviar hoy al pleno del Congreso la opinión solicitada.

El Frente Republicano Guatemalteco pretende que la CC le faculte promulgar cuatro leyes financieras sin el voto de las dos terceras partes de los diputados.

Sería nefasto

?El pueblo sabrá si los dictámenes de la CC son políticos o de Derecho. Si la opinión es favorable, sería un precedente nefasto, porque abriría las puertas a muchas modificaciones?, opinó el diputado Leonel López Rodas, del Partido de Avanzada Nacional.

Aunque a las 18 horas de ayer la resolución judicial aún no había llegado a Gestión Penal para su notificación, fuentes del juzgado confirmaron que la jueza interina Dora Monroy ordenó la aprehensión de los dos funcionarios de Gobernación.

La orden de captura contra Gil Muñoz se emitió 18 días después de que Prensa Libre publicó este nuevo caso de corrupción en Gobernación. Según Byron Barrientos, titular de la Cartera del Interior, Gil Muñoz renunció del ministerio el 17 de octubre. Se ignora su paradero.

A Argueta Romero se les sindica también del desvío millonario, ya que era el jefe de Gil Muñoz; ambos trabajaban en la Oficina de Registro y Trámite Presupuestario de Gobernación, y manejaban cuentas mancomunadas.

A sus cuentas personales

Luego de una investigación de Prensa Libre, se estableció que Gil Muñoz desvió Q90 millones a sus cuentas personales en varios bancos del sistema.

Gil Muñoz y Argueta Romero habrían girado cheques por Q200 mil, Q300 mil y Q1 millón.

Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, quien pidió el anonimato, refirió: ?En la Corte no se emite un cheque de más de Q20 mil sin la firma del presidente de la CSJ?.

Dichos fondos fueron supuestamente desviados en el transcurso de este año. Gil Muñoz compró al menos seis residencias lujosas, ninguna de las cuales habita.

Simple sospecha

El magistrado comentó que dejaba mucho que desear la actitud de la jueza al haber citado primero a Gil Muñoz, antes de ordenar su aprehensión.

?La aprensión debería ser una medida de seguridad, porque existe indicio de que cometió un delito; se pudo haber girado la orden de captura, para evitar la fuga?, hizo ver.

Con evasivas

A las 20 horas, la jueza y el personal de juzgado aún trabajaban sin dar más detalles a la prensa sobre las órdenes de detención.

También se informó que el fiscal anticorrupción, Ramiro Coronado, a cargo del proceso, solicitó al juzgado a cargo del caso el secuestro de documentos bancarios que inculpan a los sindicados, y el acceso a sus cuentas en bancos del sistema. Dichas peticiones serán resueltas hoy por la jueza.

Coronado habría aportado mas elementos para que la jueza ordenara la captura de los funcionarios en mención.

Aún labora en Gobernación

Argueta Romero aún labora en Gobernación, informaron secretarias y recepcionistas del ministerio, quienes prefirieron omitir su nombre.

Al preguntar por Argueta Romero, indicaron que no se encontraba, porque estaba de comisión, pero continúa su labor con normalidad.

Serán escuchados

Para hoy se espera que el Ministerio Público escuche a varios legisladores sobre la denuncia interpuesta contra el ministro del Interior, Byron Barrientos, a quien sindican de haber tenido conocimiento de las anomalías en referencia.

Los buscan

Jarol Axel Gil Muñoz y Angel Argueta Romero están sindicados del desvío de Q90 millones de Gobernación a cuentas particulares.

Gil Muñoz era subjefe de la Oficina de Registro y Trámite Presupuestario. Fue contratado bajo el reglón 0-29, y es el principal sospechoso del desvío de Q90 millones de Gobernación a sus cuentas personales.

Según investigación de Prensa Libre, el ex funcionario compró varios inmuebles, los cuales pagó al contado.

Argueta Romero es el actual jefe de la oficina de la cual Gil Muñoz era el subtitular, y también está sindicado del desvío millonario, ya que junto a su antecesor manejaba cuentas mancomunadas de esa dependencia del Interior. Gil permanece desaparecido, mientras Argueta aún funge en su puesto.

Ayer, el Tribunal Supremo Electoral, TSE, resolvió que definitivamente Elmer Morales Fión no podrá reasumir el cargo de alcalde municipal.

Argumentos

El tribunal respaldó la decisión tomada por el Concejo edil en pleno el 12 de octubre último, cuando por unanimidad declaró vacante el puesto de alcalde municipal que ocupaba Morales.

La mencionada acción del Concejo se basó en el artículo 43 del Código Municipal en el inciso b), el cual se refiere a que no puede ser alcalde ?quien tenga litigio o contienda administrativa, contencioso-administrativa o judicial con la municipalidad o cualquiera de sus dependencias?.

Ese artículo, en su último párrafo, da potestad al Concejo para declarar vacante la plaza por estas causales.

En esa ocasión, el Concejo indicó que la decisión se había tomado ?en vista de las anomalías registradas, y porque Morales mantiene un litigio judicial con la propia municipalidad?, se indicó.

Nuevo alcalde

Con el fallo del TSE, el nuevo alcalde de Mixco es René Baldemar García Peñate, quien fungía como concejal suplente.

García, a su vez, sustituye a Víctor Manuel Portillo León, concejal primero, quien suplía a Morales; sin embargo, por afrontar un antejuicio, también fue separado del cargo.

A Portillo se le promovió una acción por haber haber pagado una fianza de Q500 mil a favor de Morales con fondos municipales, lo cual es calificado de error por el concejal separado.

Concejo, satisfecho

Por su parte, el Concejo edil exteriorizó su satisfacción por la resolución del tribunal electoral.

Efraín Avalos, concejal cuarto, indicó que el organismo electoral actuó en ley, dejando al fin la situación en claro.

Portillo León señaló que el nuevo alcalde lo invitó a ser su asesor, lo cual hará con mucho gusto. Además, dijo sentirse tranquilo por la decisión del TSE, que separó del cargo a una persona que ha cometido muchas anomalías.

?Decisión no está firme?

El abogado Francisco García Gudiel, defensor de Morales, manifestó ayer que el fallo del TSE todavía no está en firme, a raíz de que el jueves último interpuso una acción de amparo en la Sala Cuarta de Apelaciones en contra del acuerdo municipal que declaró vacante el puesto de su patrocinado.

“Dicho acuerdo fue el que declaró vacante el puesto de Morales y solicitó al TSE que haga las adjudicaciones correspondientes, lo cual fue la resolución de esa instancia, sin entrar a conocer las razones. Sin embargo, la misma todavía no está firme, porque falta el fallo de la sala”, agregó García.

Según el abogado de Morales, se procede de forma respetuosa de la ley, y si la acción de amparo fuera declarada sin lugar, se interpondrán otras acciones legales. ?Todavía habrá sorpresas más adelante”, puntualizó el defensor del separado alcalde de Mixco.

Delitos imputados a Morales

Elmer Morales asumió la alcaldía en enero del 2000, y a partir de entonces, empezó a ser cuestionado por su forma anómala de actuar.

El comité ad hoc lo acusó de haber despedido a 222 trabajadores de la comuna.

La empresa Multicobros, Financiera Uno y el Concejo edil, cada uno por su lado, promovieron antejuicios contra Morales.

El antejuicio promovido por la financiera fue declarado con lugar en marzo, y Morales tuvo que abandonar el cargo.

El alcalde separado intentó en varias ocasiones reasumir la alcaldía, pero todo fue inútil.

Recientemente, el Concejo de Mixco declaró vacante el puesto de Morales, al argumentar que mientras fungió de alcalde se dieron muchas irregularidades.

Asimismo, lo acusó de alterar actas de sesiones para favorecer a varios contratistas.

La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente analiza iniciar otro juicio contra el separado alcalde, ya que cuando estuvo en funciones se negó a clorar el agua que se distribuye en Ciudad San Cristóbal, zona 8, Mixco.