La imagen y los objetos que se utilizan en su culto suelen ser candelas, veladoras e incluso objetos devocionales que son sacados de todo su contexto y significado.

Investigadores del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) han encontrado altares dedicados a la Santa Muerte en viviendas donde se escondían pandilleros y bandas delictivas.  

Sin embargo, algunos “guías espirituales”  piden que no se asocie “a la Niña”  con el  “mal”, sino con la fe.  “Porque   si alguien le solicita  trabajo, se lo da”, dice una persona relacionada con el culto a esta efigie

Protección

La primera vez que las autoridades reportaron esta imagen  fue en marzo del 2008, cuando capturaron en Zacapa a un grupo de mexicanos ligados a los Zetas —recién   separados del cartel del Golfo—  que habían participado en el mortal ataque contra Juan León, líder de una red de narcotraficantes locales.

En esa ocasión,  la PNC les encontró a varios de los mexicanos capturados artículos relacionados con la  Muerte, como    cadenas con dijes, playeras, tatuajes, fondos de pantallas y estampillas  en su billeteras.  

Tiempo después investigadores encontraron en casas de supuestos sicarios relacionados con  la Mara Salvatrucha (MS) un altar dedicado a  la Santa Muerte con  los nombres de quienes se cree que eran sus próximas víctimas.

Un detective de la unidad contra pandillas dijo  que en una entrevista efectuada  a un marero este le explicó que ellos pedían “protección”  sobrenatural cuando salían a matar a alguien.

“No sé si les servía de protección o si les funcionaba, pero según dijo ese pandillero ya se había salvado en dos oportunidades”, indicó el investigador, quien afirmó que  otra petición usual es no ser capturados por las autoridades y no obstante, caen.

Sacrificios

En el asentamiento La Isla, Villalobos, zona 12 de Villa Nueva, detectives encontraron en un reducto de pandilleros otro  altar dedicado  a la Santa Muerte y un cadáver que creen que le fue ofrecido como sacrificio.

Al final las autoridades encontraron los restos de otras tres personas en el patio de la casa.

Sin maldad

Carlos se define  como    “guía espiritual”, aunque en internet afirma  que es   “brujo”. Ofrece sus servicio como intermediario con la Santa Muerte y promete ayuda para supuestamente obtener    amor, dinero y salud.

Carlos explica, vía telefónica —no aceptó una reunión—,   que la Santa Muerte cumple con lo que se le solicita  si se hace con fe. “Si le piden cosas buenas, da cosas buenas; si piden cosas malas, pues allá  cada quién”, refiere el entrevistado, quien   prefiere no dar su nombre completo y solo dice que tiene su “consultorio” en la zona 9 capitalina.

“Trabajo con energía positiva, pero recuerdo que me pidieron que un hombre dejara a su esposa y que a alguien le fuera mal en su negocio. En otra ocasión alguien pidió protección de los disparos cuando hacía sus negocios”, relata Carlos.
 Rechazo católico

Los obispos de México  —donde se encuentra muy extendido el culto a la Santa Muerte— emitieron una declaración recientemente, en la cual definen a los seguidores de este  movimiento  como “secta satánica” y que “quienes caen en este  culto son personas que están  desesperadas, pero no por una crisis económica, sino por una crisis de fe”.

“Quienes caen en este tipo de culto deben saber que es un pecado grave: idolatría (devoción sin ningún soporte doctrinal ni justificación teológica)”, refieren.

Según los obispos mexicanos, “esto no es un juego, ni la muerte es una deidad divina. Detrás de este culto hay algo diabólico y la gente debe tener mucho cuidado”.

“La Iglesia Católica alerta sobre el peligro que representa adorar a la Santa Muerte, dado que   trae como consecuencia pérdidas de algún familiar o desgracias en los hogares. Detrás   está el reino del maligno, y la gente puede ser víctima de una posesión diabólica”, apuntan.

Pastores evangélicos consultados también rechazaron esta idolatría.

CULTO IDOLÁTRICO

El culto se habría iniciado y desarrollado en Veracruz, México.

Quienes han estudiado el tema dicen que su origen se remonta a la  época prehispánica y con el tiempo ha ido evolucionando.

Hay varias versiones de su origen, pero la más certera es la que se relaciona con el Mictlantecuhtli, el dios de la muerte en la mitología azteca, a quien se representaba con un esqueleto y una calavera.

También se asegura que en el siglo XIX en Orizaba, Veracruz,  un brujo comenzó los oficios religiosos a la Santa Muerte con el ofrecimiento de favores a quienes la adoraran.

Otra versión refiere  que a principios del siglo XX en   Hidalgo, Michoacán, esta imagen comenzó  a cumplir favores a algunas personas del lugar y de esta manera se extendió la devoción a otros estados mexicanos.   

Iglesia católica

No tiene fundamento

“La Santa Muerte no es de la Iglesia Católica, es una aberración”, afirma el sacerdote Hugo Estrada, de la Parroquia Divina Providencia. “La gente que le rinde culto está confundida y la trata como si fuera San Francisco u otro santo. Nada de eso tiene bases bíblicas”, expresa.

Iglesia evangélica

Se invoca a Satanás

“Es algo negativo porque se invoca a Satanás”, señala César Vásquez, presidente de la Alianza Evangélica. “El resultado es la maldición para el país y la familia. El plan es hacer el mal y se invoca a las tinieblas para buscar venganzas contra posibles enemigos”, indica.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que patrullaban el lugar escucharon los disparos, y al acercarse observaron que tres individuos y una mujer descendieron rápidamente del taxi y escaparon.

Después de  perseguirlos por varias cuadras, los agentes lograron capturar a los presuntos responsables del ataque.

A los detenidos se les encontró una pistola 9 milímetros con la que, según la Policía,  le dispararon a Aguilar Hernández.

Un compañero de la víctima refirió que cada semana deben entregar Q300 a una supuesta asociación de taxistas para poder trabajar “en paz”, aunque dijo desconocer si el ataque  está ligado a ese pago.

Los aprehendidos, según investigadores de la Policía, son integrantes de una célula de la Mara 18 que delinque en Mixco. Entre ellos se encuentra una menor de 13 años, informó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar.   

Antecedente

La menor  ya había sido detenida el 26 de junio del 2014, en la colonia La Florida, zona 19, durante un allanamiento.

En esa ocasión también fueron capturadas su madre, Rosa Guisela Rivera, 45, y su hermana Nahomi Johana Rivera, alias la Negra.

En esta residencia la Policía  encontró  una subametralladora, una pistola,  una granada y municiones para diferente tipo de arma.  Además, un listado de supuestos comerciantes a quienes pretendían exigir dinero.

Otra prueba que encontraron los fiscales en esta acción es la foto de un ayudante de autobús que fue desmembrado en mayo último.

Dato

4 meses estuvo en correccional la menor de 13 años.

CIUDAD DE GUATEMALA- El Hospicio San José fue fundado en Guatemala en 1985 como una organización no gubernamental de ayuda a niños con VIH. La primera sede se estableció en la Ciudad de Guatemala, años después se trasladaron a San Lucas Sacatepéquez y en el 2007 se instalaron en  el kilómetro 28.5 de la carretera a Bárcenas, Villa Nueva.

Patricia Santiz, administradora del hospicio, explicó que atienden a 67 infantes. “Hay atención a niños desde meses hasta adolescentes de 18 años”, explicó Santiz. “La mayoría de niños atendidos  son abandonados en hospitales o con familiares por el hecho de que tienen VIH.

Otros quedan huérfanos y son remitidos hacia acá donde se les da apoyo”, explicó Santiz.

Indicó que en esa institución no solo tienen el cuidado médico, sino también ayuda psicológica, para que aprendan a convivir con su situación. “No solo es que se les dé una pastilla, y ya.  Hay un acompañamiento integral, porque es nuestro fin”,  indicó Santiz.

Agregó que el costo del tratamiento por cada menor de los 67 que hay en el hospicio asciende a Q110 mil o Q120 mil por año. “Un caso no es igual a otro, y acá se trata diferente”, explicó.

Maudie González, médica  del Hospicio, señaló que los pacientes con VIH  siempre están expuestos a enfermedades oportunistas. “Los medicamentos tienen efectos secundarios, como diarreas, vómitos, cambios en la piel. Además, pueden tener problemas renales, de colesterol”, afirmó  González.

Abandonada

Una niña fue abandonada a inmediaciones del Hospital Roosevelt, en el 2012. Los bomberos dijeron que la  menor tenía laceraciones, donde ya había gusanos. La llevaron al hospital   y descubrieron que tenía VIH. Del nosocomio llamaron al Hospicio para darle a conocer la situación.  “Como llegó sin nombre, a la niña se le puso Ana Sofía,  por la gimnasta  que es  un orgullo para el país”, indicó Santiz.

Ana Sofía ahora tiene poco más de 2 años, y corre por los pasillos del inmueble.  Se muestra cariñosa con sus compañeros, los abraza  y besa. Toma de la mano a otra niña y caminan hacia el comedor.

“Cuando tienen atención médica y psicológica desde pequeños es más fácil llevar su condición”, expresó la psicóloga Lucía Grajeda.

Agregó que  con los jóvenes es más complicado. “A ellos no les gusta depender de nada ni de nadie. Entonces, depender de medicinas toda la vida lo toman a veces mal”, dijo Grajeda.

Mientras,  Jennifer   confía en cumplir sus sueños. “No me afecta mi situación, porque debo ser feliz”,  expresó la adolescente.

Ayude a ayudar -Tratar a personas con VIH tiene un alto costo-

El Hospicio  San José atiende a 67 niños con VIH. El costo de atención de cada niño es de entre Q110 mil y Q120 mil cada año.

Además, dan atención a pacientes externos que llegan por  medicina. En total son cerca de 700 personas que atienden de forma constante.

El Estado  hace un aporte   y reciben ayuda de otras instituciones, pero no es suficiente.  Las personas que deseen colaborar con el Hospicio  pueden comunicarse en los teléfonos 6624-4700 o 3002-6393.

“La mayoría de niños atendidos son abandonados en hospitales o con familiares porque tienen VIH, pero acá se les da atención”.  Patricia Santiz, administradora del Hospicio San José.

“A ellos no les gusta depender de nada ni de nadie. Entonces, depender de medicinas toda la vida lo toman a veces mal y les afecta”. Lucía Grajeda,  psicóloga del Hospicio San José.

Los fondos, por alrededor de Q3 mil millones, servirían para ampliar de dos a cuatro carriles  más de 140 kilómetros de Cocales, Suchitepéquez, a Tecún Umán, San Marcos. El único requisito del banco brasileño fue que ellos indicarían qué empresa haría la obra.

Carretera a la carta

La obra, que figura en el proyecto de mejoramiento de la red vial para el 2017, comenzó en el 2013.  El presidente Otto Pérez Molina y el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, inauguraron los trabajos.  El segundo refirió que pensaban hacer de esa parte del país “un centro logístico” que iba a unir fronteras  y puertos “para la facilitación del comercio”.

Pérez Molina explicó  que construirían 76 puentes. Lo que no dijeron ese día era que la obra costaría Q3 mil siete millones y que se había  adjudicado a dedo a la empresa brasileña Norberto Odebrecht de Guatemala.

Esa compañía es subsidiaria de la gigante brasileña que ahora es investigada junto a la constructora OAS por sobornos para ser contratada por la petrolera estatal de Brasil Petrobras.

La policía brasileña  encontró en la oficina del presidente de OAS, José Aldemario Pinheiro Filho, un documento en el que se indica que supuestamente otorgó US$1 millón a Sinibaldi a través del asesor político Antonio Solá. La entrega del dinero se habría hecho en 20 pagos de  US$50 mil cada uno.

Odebrecht fue inscrita en el Registro Mercantil en febrero del 2011. Desde esa fecha a diciembre del 2012, o sea casi dos años después, obtuvo el primer y único contrato.  Su capital inicial fue de Q100 mil. Desde el 2012 no ha vuelto a participar.

No son lo mismo

Sinibaldi declaró que Odebrecht no tiene nada que ver con OAS. “Son competencia,  no tiene ninguna relación; por consiguiente, descarto cualquier relación entre dichas empresas. Compiten en todas partes del mundo”, explicó.

Sin embargo, en la misma página de Odebrecht se menciona un proyecto construido en conjunto con OAS en Brasil y tienen otros  para autopistas en Perú.  

Otros préstamos

El pasado 27 de mayo, el Congreso aprobó otro préstamo por US$280 millones para concluir un tercer tramo de la carretera que unirá las fronteras de El Salvado y México.  

En ese caso es el tramo  de Escuintla a  Ciudad Pedro de Alvarado, con  extensión de 108 kilómetros.

El préstamo fue otorgado por el BCIE y la obra fue adjudicada a Sigma Constructores, que no recibía un contrato desde el 2011.  La ampliación tiene un costo de Q1 mil 965 millones.

Costo por US$679 millones

Unir las fronteras de El Salvador y México y volver el lugar un centro logístico  tendrá un elevado precio.  

En el 2012  el Congreso aprobó dos préstamos por US$399 millones para un tramo de 140 kilómetros que unirá Suchitepéquez con San Marcos.

En el 2014 se aprobó otro préstamo por US$280 millones, para crear el trayecto de Escuintla a Jutiapa, que es de 108 kilómetros.  

El Banco Centroamericano de Integración Económica otorgará US$399 millones y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil dará otros US$280 millones.

Después, el técnico debe dar aviso a una unidad operativa para que intente dar alcance al automotor con las autopatrullas que se disponen en el área de la alerta.

Dos mil “ojos”

Según el comisario  Danilo Lorenzana, jefe del Departamento de Recepción de Análisis y Estadística de la Policía Nacional Civil (PNC),  el conjunto de dos cámaras  cuenta con un sistema de reconocimiento de placas (LPR, en inglés)  que ha permitido recuperar decenas de vehículos.

“Nosotros no tenemos el dato de cuántos automóviles,  porque el proceso es solo dar la alerta a las unidades operativas y estas tienen a su cargo la ubicación, pero pocas veces no les dan alcance”, explicó Lorenzana.

“Al identificar una placa, el sistema hace el cotejo en milésimas de segundo con la base de vehículos robados y con la base de vehículos que hay en el país”.

Si el sistema identifica que una placa no corresponde al automotor también alerta a los técnicos.  “Le pongo el ejemplo: si una placa X le pertenece a un carro sedán rojo, pero la lleva una camioneta blanca, también nos avisa”, explicó Lorenzana.

Para tener mayor eficacia, se solicita a los ciudadanos que si son víctimas de robo de vehículo denuncien  de  inmediato, porque entre más rápido se tiene la información, aumentan las oportunidades de capturar a los delincuentes.

“Si usted avisa de inmediato el robo al 110, podemos ingresar la placa al sistema y hay posibilidades reales de recuperarlo”, aseguró.

En investigaciones

Además, el sistema de videovigilancia ha servido en investigaciones sobre robos, homicidios, violaciones y otros delitos.

 El Ministerio Público (MP) hace 50 requerimientos de grabaciones de recorridos de vehículos, ya que el sistema registra hora y lugar, si pasa frente a alguna cámara.  “Esto ha servido mucho para resolver otros crímenes”, explicó Lorenzana.

Un investigador de la Unidad de Robos de la PNC señaló que lograron dar con una banda que robaba en comercios, gracias al apoyo de la videovigilancia.  

“Vimos recorridos de automóviles e identificamos que en dos casos usaron los mismos carros. Se puso una alerta, y cuando uno de esos carros pasó por  una cámara avisó  a los técnicos. Así llegamos a ellos y se capturó a parte de la banda”, indicó.

Lorenzana dijo que el próximo mes se dará un paso importante: se comenzará a usar el sistema de reconocimiento de rostros. Las cámaras grabarán, y el sistema cotejará con la base del Registro Nacional de las Personas.

Placas y rostros

Más de dos mil cámaras están habilitadas.

Placas de  automóviles son reconocidas por un sistema que  alerta a la central.

Los rostros  también serán identificados.

Ya está  en desarrollo la  segunda fase del sistema.

CIUDAD DE GUATEMALA- El estudio fue efectuado durante 18 meses, y se visitaron  a 96 familias con las que  investigadores convivieron durante nueve semanas.

Las familias residían en comunidades con altos índices de desnutrición en  Huehuetenango,  Sololá, Chimaltenango,  Jalapa,  Alta Verapaz, Quiché, Totonicapán, Suchitepéquez, Guatemala y Chiquimula.

Luis Pedro Chang, investigador principal del estudio, explicó que las personas sabían  del valor nutricional de frutas y verduras, pero preferían comer tortillas.

Tortillas y maíz

“Todas  las familias saben que las frutas son buenas, pero prefieren las tortillas y el maíz,  porque ya son parte de su vida”,  explicó Chang.

En el estudio se hace énfasis en que por lo menos tres cuartos de las familias entrevistadas dijeron que prefieren vender los productos que producen, como leche o queso, o  las frutas y verduras que recolectan antes que consumirlos.

Con el dinero compran otros alimentos o comida que no aporta a la nutrición. “Sin embargo, de estos alimentos, los únicos que son comprados son  el pan dulce, las gaseosas y la comida chatarra”, consigna el informe.

El documento también hace mención que las familias están conscientes del valor nutricional de la carne de res, cerdo y pollo, pero no les  es posible comprarlos  por su alto precio. En cambio, dicen que las pastas, sopas instantáneas y galletas sí están al alcance de su bolsillo, y son preferidas porque “llenan”.

Alimentos preferidos

La Sesan entrevistó a 96 familias en áreas de desnutrición para saber su preferencias alimentarias.

La tortilla  es más valorada que las frutas y las verduras.

Prefieren vender  leche, queso y frutas antes que consumirlas.

Sodas, pan dulce y galletas  son preferidas al consumo de frutas y verduras.

Los organizadores explicaron que participaron 20 agrupaciones, de las cuales fueron seleccionadas cuatro.  Un consejo formado por la Unesco, el Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) y el Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito seleccionaron a los ganadores.

Educación y baile

Entre los grupos que fueron seleccionados para finalistas estaban dos que trabajan en Jalapa y el Occidente del país en la educación de jóvenes para prevenir embarazos no deseados en adolescentes.   

También para afrontar problemas locales y tratar de hacer campañas para educar a la población sobre los problemas. Ya han formulado propuestas contra el alcoholismo y violencia intrafamiliar.

Otro de los proyectos finalistas trabaja en la reforestación  y el último,  enseña baile a jóvenes en áreas de riesgo.

Los ganadores

El primer lugar fue para el Colectivo de Protagonismo Infanto Juvenil (Copij), de Jalapa, que defiende los derechos de la juventud. El segundo fue para la Asociación Paz Joven, que trabaja en el occidente para evitar embarazos no deseados en adolescentes.  

El tercer lugar fue para Plantemos Mil Árboles, y el cuarto puesto para la Asociación Los Piezas,  que enseñan hip hop a niños y jóvenes en San Miguel Petapa y Villa Canales,  con enfoque de respeto y paz.

“El progreso  físico es del 24 por ciento”, informó el ingeniero técnico  Carlos González.      

Marcha bien

El inicio del proyecto se logró 10 meses después de que Sinibaldi y Pérez Molina lo anunciaron.  Fue exactamente el 10 de marzo del 2014 que la maquinaria empezó a abrir una carretera de 11.50 metros de ancho por 13.5 kilómetros de longitud.

González, encargado del ambicioso proyecto, por parte de la   Constructora Nacional, S.A. (Conasa), indicó que actualmente se han invertido Q14 millones de los Q100 millones  proyectados para  este tramo del Anillo Regional.

DESCARGA- Vea el PDF los pocos avances en la construcción del anillo regional.

“Vamos con retraso, según la programación inicial. Hemos encontrado materiales rocosos en las excavaciones que nos han demorado”, aseguró.

Marlin Calderón, arquitecta de la obra, indicó que no se debe perder de vista que es un proyecto nuevo. “Se está abriendo brecha para una carretera  nueva que pasará a formar parte del bien nacional. Lleva tiempo”, explicó.

González aseguró que hasta ahora se ha llegado a ocho kilómetros de los 13  del proyecto. “Todo tiene una base estabilizada con cemento. Está  lista para echar concreto, que puede empezar a hacerse el próximo mes”, añadió.

Obras complicadas

El primer tramo del Anillo Regional consta de tres fases “complicadas”, dijo González. Una de ellas, y la que más tiempo les llevará, es la construcción de un puente de 98 metros de longitud,  para sortear un abismo de más de 60 metros de ancho  porque no permite que la carretera siga su rumbo normal.

“Estamos por construir los pilotes de 18 metros donde descansarán los sostenedores del puente, que tendrá dos carriles”, refirió González. Antes  la   constructora había encontrado otro inconveniente: una montaña de más de 60 metros, en la cual abrió paso.

Otra construcción que  retrasa  el proyecto es una “bóveda” de concreto que se debe edificar  para desviar un río que pasa en el área de la ruta.

La última parte   del proyecto que se construirá es un viaducto, en el kilómetro 38.4 de la ruta Interamericana, a fin de que los automovilistas se integren de forma directa a la nueva carretera.

“El paso a desnivel se hará para que quienes vienen del occidente del país se integren. Aún se está trabajando en el diseño y debe tener la aprobación del Ministerio de Comunicaciones. Esperamos que la obra esté terminada para marzo del 2016”, señaló Calderón.

Otro obstáculo

El  10 de agosto último, un montacargas que se utilizaba en la construcción de la carretera, valorado en US$250 mil, fue incendiado por desconocidos.

La Dirección General de Caminos aseguró  que en la madrugada de ese día un grupo de personas ingresó en el campamento de la empresa constructora para intentar destruir parte del equipo.

La reacción de la Policía Nacional Civil y de trabajadores impidió la destrucción del resto del equipo. Pobladores de varias comunidades de San Juan Sacatepéquez, a donde llegará  la carretera, han mostrado  inconformidad por la construcción de este tramo.

La denuncia de inconstitucionalidad fue interpuesta por Juan Tiney, dirigente de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), en representación de un grupo de pequeños caficultores, y cuenta con el apoyo de otros productores del aromático.

Según la argumentación del abogado de Conic, Abraham Girón, los artículos 4, 6 y 15 violan el derecho de libre asociación.

“Ahí se explica que todos los caficultores deben ser parte de Anacafé y a nadie pueden obligarlo a ser parte de algo que no se quiera pertenecer”, indicó Girón. Además, los productores de café deben aportar el 1% del precio de venta por quintal, lo cual les resta competitividad.

“En el artículo 7 de la Ley se dice que ellos —Anacafé— pueden regular los precios de venta y la producción, y eso viola el principio de libertad de comercio, por lo que formulamos la solicitud de inconstitucionalidad”, indicó Girón a los magistrados de la CC.

Italo Antoniotti, de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café, explicó al final de la audiencia que como terceros interesados en el proceso apoyan la solicitud de inconstitucionalidad.

“Nos resta competitividad tener que dar el 1% de las ventas de forma obligatoria para que funcione Anacafé. Debería ser optativo ser parte o no”, aseguró Antoniotti.

no están obligadosEl presidente de Anacafé, Miguel Medina, negó que se viole el principio de asociación porque aunque se representa a todos los caficultores, cada quien puede abandonar esa agrupación.

“El que no quiera estar en Anacafé lo puede pedir; así de sencillo. En 54 años que existe Anacafé ninguno de los agremiados ha pedido retirarse”, insistió Medina, en declaraciones al final de la audiencia.

En cuanto al argumento de que viola el principio de libre mercado al regular precios de venta, exportación y cantidades de producción, explicó que no es así. “Anacafé lo único que hace es emitir certificado de origen del café y es por tratados internacionales, y eso se le emite a cualquier persona que lo solicite, siempre que cumpla con los reglamentos que el país requiere”, explicó Medina.

Agregó que la normativa da la potestad de regulación, pero que se hizo porque la dinámica de los mercados cuando se redactó la Ley era diferente y era un recurso que podía utilizarse en determinado momento, pero hasta ahora no lo han utilizado y no piensan hacerlo.

La denuncia de inconstitucionalidad fue  interpuesta por Juan Tiney, dirigente de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), en representación de un grupo de pequeños caficultores, y   cuenta con el apoyo de otros productores del aromático.

Según la argumentación del abogado de Conic, Abraham Girón, los artículos  4, 6 y 15 violan el derecho de libre asociación.

“Ahí se explica que todos los caficultores deben ser parte de Anacafé y a nadie pueden obligarlo a ser parte de algo que no se quiera pertenecer”,  indicó Girón. Además, los productores de café deben aportar el 1% del precio de venta por quintal, lo cual les resta competitividad.

“En el artículo 7 de la Ley se dice que ellos —Anacafé— pueden regular los precios de venta y la producción, y eso viola el principio de libertad de comercio, por lo que   formulamos la solicitud de inconstitucionalidad”, indicó Girón a los magistrados de la CC.

Italo Antoniotti, de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café,  explicó al final de la audiencia que como terceros interesados en el proceso apoyan la solicitud de inconstitucionalidad.

“Nos resta competitividad tener que dar el 1% de las ventas de forma obligatoria para que funcione Anacafé. Debería ser optativo ser parte o no”, aseguró Antoniotti.

No están obligados

El presidente de Anacafé, Miguel Medina,  negó que se viole el principio de asociación porque aunque se representa a todos los caficultores, cada quien puede abandonar esa agrupación.

“El que no quiera estar en Anacafé lo puede pedir; así de sencillo. En 54 años que existe Anacafé ninguno de los agremiados ha pedido retirarse”, insistió Medina, en declaraciones al final de la audiencia.

En cuanto al argumento de que viola el principio de libre mercado al regular precios de venta, exportación y cantidades de producción, explicó que no es así.  “Anacafé lo único que hace es emitir certificado de origen del café y es por tratados internacionales,   y eso se le emite a cualquier persona que lo solicite, siempre que cumpla con los reglamentos que el país requiere”, explicó Medina.

Agregó que la normativa da la potestad de regulación, pero que se hizo porque la dinámica de los mercados cuando se redactó la Ley era diferente y era un recurso que podía utilizarse en determinado momento, pero hasta  ahora no lo han utilizado y no piensan hacerlo.

Dato

54 años tiene Anacafé, y según su presidente,  nadie ha renunciado.

En el numeral 7 del fallo donde la CC avaló, hace dos días, la elección de magistrados, que había sido impugnada,  instó  al Congreso a ver la necesidad de hacer cambios a la Constitución, para que no se repita la lluvia de acciones legales que solicitaban la nulidad del proceso.

“Es oportuno exhortar al Congreso para que se examine la posibilidad de convocar  a un diálogo abierto que discuta sobre las posibles reformas, tanto constitucionales como de leyes ordinarias, que garanticen la calidad e independencia del Organismo Judicial”, dice la CC.

Además, sugiere que si se concreta  la iniciativa se aprovechen las elecciones generales del 2015 para someter los cambios a   consulta popular.
El presidente de la CC, Roberto Molina Barreto, dijo que la reforma constitucional para aclarar el proceso de elección de magistrados no puede esperar.

“El sistema, como está diseñado, nos ha demostrado en dos ejercicios de elección —de magistrados de Cortes— que provoca confusión, no es claro, es ambiguo y tiene muchas falencias. Está colapsado.  Es imperativo e impostergable  la reforma constitucional”, afirmó.

Molina Barreto enfatizó  en que la reforma constitucional debe enfocarse únicamente en seguridad y justicia, y no en otros ámbitos que harían fracasar el intento por impulsar cambios.  

“Si se va a hacer reforma, debe nacer de las entrañas. Para tener independencia,  los cambios  deben  provenir de profesionales capaces, de análisis técnicos jurídicos, para llegar a consulta popular efectiva”, explicó el presidente de la CC.

Agregó que se podría aprovechar que el próximo año hay elecciones generales para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) llame a una consulta popular. Así se evitaría una “gasto mayor” y se utilizaría la misma logística.

Sin intención

El jefe de bancada del Partido Patriota, Juan José Porras, indicó que las reformas al sistema de justicia es “ineludible, no solo porque venga de una sentencia”.

Porras explicó que no es un tema nuevo y que ya hay algunas propuestas en el Congreso para reformar la Ley de Carrera Judicial, pero, afirmó: “Creo que por la coyuntura no es viable, por espacios y tiempos, pero seguro tendrá relevancia el próximo año”.

Leonardo Camey, subjefe del bloque de Libertad Democrática Renovada, indicó que es importante que empiece el debate en audiencias públicas, aunque aclaró que ve complicado que se conozca el próximo año, por ser electoral.

“El riesgo que vemos es que no se centre solo en el tema de seguridad y justicia, sino se busquen otros tipos de cambios y afectar el TSE, por ejemplo”, expuso Camey.

Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que hay aspectos positivos y negativos en tratar de hacer cambios constitucionales el próximo año.  Recordó que  efectuar una consulta popular aprovechando la elección podría  facilitar el ahorro de Q250 millones, pero por otro lado se podría “contaminar” ese proceso.

“El escenario preelectoral es  muy contaminado. Creemos que deben avanzar —la consulta popular y elecciones— de forma independiente”, expresó.   

Apoyan reformas

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha convocado  a diversos sectores sociales  a comenzar el diálogo e  identificar las prioridades para  definir una agenda mínima a fin de hacer  cambios al sistema de elección de magistrados.

El próximo miércoles, el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, invitará a académicos, organizaciones sociales, centros de investigación, jueces, magistrados, fiscales, diputados y autoridades gubernamentales para alcanzar acuerdos al respecto, a fin de que con esos aportes se promuevan reformas a leyes relacionadas con el sector de justicia, señaló esa instancia internacional en un comunicado de prensa.

Lorena Escobar, abogada  de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, señaló que hay una iniciativa de reformas constitucionales en materia de justicia en el Congreso que no avanza, y que esta sería la oportunidad para retomarla. “Este proceso confirmó la necesidad de reformas y aquellos que se opusieron, ahora están convencidos que es mejor modificar la Constitución  a permanecer  en este sistema”, añadió.

Lizandro Acuña, investigador del área de Justicia y Seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, opina que debe tomarse la decisión de si se hace una cirugía mayor a la justicia en el país o solo retoques.

“La propuesta A sería realizar cambios de fondo, y con esto una reforma constitucional. El plan B puede ser modificaciones a la Ley de Comisiones de Postulación y de la Carrera Judicial”, señaló  Acuña.

Propuesta

Una propuesta de reformas a la La ley de Comisiones de Postulación está archivada  en el Congreso.

La diputada  Nineth Montenegro presentó en el 2012 la iniciativa 4471 para reformar la Ley de Comisiones de Postulación, que quedó engavetada en el Legislativo.  

Se  propone  que la convocatoria para integrar comisiones se haga ocho meses antes del cambio de funcionarios.

Que el  tribunal electoral de cada colegio fiscalice los fondos que reciban los aspirantes a integrar una comisión.  

Se establece   una nota para cada aspecto: méritos académicos, 35 puntos; profesionales, 40; proyección  humana, 10; y éticos, 15.

Entre las novedades que se presentarán figura   un teleférico  de  10 metros de altura y  una extensión de cien metros.

Además, se integrará el área de la Concha Acústica, donde se ofrecerán conciertos cada dos horas. También habrá  juegos de nieve, un tren, el tobogán congelado y la pista de patinaje. La comuna proporcionará internet gratis para los asistentes al festival.

Ella optó por denunciar y alquilar una residencia  en una colonia cercana. Días  después le dejaron un papel bajo la puerta, con una amenaza: debía pagar Q20 mil o la mataban.  Ella lo hizo del conocimiento de las autoridades.

Romelia es parte de las casi 50 mil personas que han sido víctimas de extorsión  en los últimos 10 años y  han denunciado.

Pagar por vivir

Según  el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el 70% de las denuncias por extorsión presentadas en el Ministerio Público (MP), en los últimos cuatro años, fueron por amenazas que llegaron a las residencias: debían pagar para poder seguir viviendo en estas.

Esto  motivó a que el Cien efectuara el estudio “Las extorsiones: un fenómeno  más complejo de lo que parece”.

Corinne Dedik, investigadora del área de seguridad de esa institución y quien participó en el estudio, indicó que las extorsiones solo se han abordado desde el área criminal y no en las consecuencias que conllevan. “Debido a las extorsiones se dan migraciones internas”, explicó.

Después de residencias, son los negocios los más   afectados por las extorsiones.  El 23% de las denuncias son presentadas por dueños de comercios, quienes han dicho que les han exigido dinero a cambio de dejarlos  seguir con su trabajo.

En tercer lugar, con el 6% de denuncias, se encuentran propietarios de  transporte de pasajeros y de carga, quienes se han visto afectados por ese fenómeno criminal.

Delito en aumento

Obtener datos exactos  de la incidencia de la extorsión en el país es “imposible”, según el estudio del Cien, debido a la cantidad de “cifra negra”  del delito  y por falta de una encuesta de victimización nacional.

El documento   refiere que, del total de quejas, el departamento de Guatemala  concentra el 61% de denuncias   a escala nacional. Villa Nueva tiene el 8%  y Mixco, el 7%, al igual que Quetzaltenango.  

En la capital, la zona 18 es la que más denuncias presenta, con el 5% del monto nacional.  

Recientemente se presentó un estudio, pero solo para la capital. Uno de los datos que surgió de este era que siete de cada 10 personas que fueron víctimas de un delito no presentaron la denuncia en el MP o a la Policía Nacional Civil (PNC).

“Hace falta investigar más a profundidad el fenómeno, conocerlo mejor, saber si está relacionado  a otros delitos”, indicó Wálter Menchú, investigador  del Cien.

Agregó que hace falta que las entidades se pongan de acuerdo porque la PNC y el MP manejan diferentes datos sobre el número de denuncias.

Las cifras muestran que hasta el 2004 las extorsiones no eran de los delitos más denunciados por la población en el país. La Policía contabilizaba 803 casos y el MP no tenía ningún registro. Al siguiente año el número empieza  a ser diferente, porque mientras este órgano investigador reportó 972 hechos, la PNC dijo que había recibido  730.

En tres años se observa un crecimiento moderado de denuncias, pero a partir del 2009 las cifras casi se triplican, cuando  el MP llegó a registrar cinco mil 207 casos. Al siguiente año las querellas penales llegaron a nueve mil 448.

“No sabemos por qué la cifra llegó a esos niveles. Hay varios factores, como que ese año se implementaron los métodos especiales de investigación —escuchas telefónicas— y además se empezaron a utilizar las nuevas figuras   de la Ley contra la Delincuencia Organizada, pero  eso es especulación; no sabemos a ciencia cierta”, dio a conocer Menchú.

Casos en tribunales

En los últimos 10 años han ingresado al Organismo Judicial ocho mil 315 casos por extorsión, aunque a partir del 2010, con la modificación legal, se tipifican como delito de obstrucción extorsiva de tránsito, que se aplica a quienes exigen dinero a transportistas.  

De estos casos, en el 26%  hubo  sentencias condenatorias y en  7% fueron absueltos los procesados.

Avances

El Cien reporta que en los últimos años se han visto avances para intentar frenar las extorsiones, aunque no han sido suficientes. Van desde una reforma del Código Penal para ampliar la pena de seis a 12 años hasta la creación de nuevas figuras legales en la Ley contra la Delincuencia Organizada,  para afrontar el fenómeno.
Además se aprobaron nuevos métodos de investigación especial como las escuchas telefónicas y unidades específicas y fuerzas de tarea para ese delito.

Investigación

Cifras reales de extorsión

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, explicó que aunque no demerita el estudio efectuado por el Cien, no puede comentarlo porque no lo conoce.

“Ni yo, que soy el  ministro, me puedo aventurar a dar porcentajes  porque el delito es muy complejo para hacerlo”, dijo.

Agregó que trabajan con  el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Instituto Nacional de Estadística para crear un centro de estadísticas criminales. 

Integración

Estudiar la extorsión

Wálter Menchú, investigador del área de seguridad del Cien, opina que las autoridades deben ver la extorsión desde un punto de vista más complejo.   “Las extorsiones están ligadas a otros delitos y sus efectos son muy grandes en la sociedad”, afirmó.  

Agregó que las extorsiones están relacionadas con la migración interna, efectos psicológicos de la población, efectos económicos y la falta de confianza en las autoridades cuando los casos no se resuelven.  

MP en números rojos

Si el Ministerio Público fuera una empresa y su rentabilidad se midiera por los casos que resuelve estaría en números rojos si solo se tomaran en cuenta las denuncias por extorsión que superan más de 23 mil. En tres años su promedio de efectividad o casos que han llegado a sentencia no supera el 3 por ciento; el resto sigue en la impunidad.

CIUDAD DE GUATEMALA- Después de varios días de cotejo de denuncias con los artículos encontrados, se determinó que el grupo había robado en por lo menos ocho casas en carretera a El Salvador y en las zonas 14 y 15.

DESCARGUE: Planeación del robo a viviendas.

SUSTRACCIÓN

En enero del 2014, María(*) regresaba a su casa luego de la jornada laboral. Al llegar, observó que la puerta principal estaba entreabierta. La vivienda se ubica en un residencial de la carretera a El Salvador, y eso le daba cierta tranquilidad, pero esa supuesta seguridad se había esfumado en un instante.

Llamó a la policía privada del complejo para que la acompañaran a revisar. Al entrar encontró algo que no creía: buena parte de sus pertenencias habían desaparecido, como electrodomésticos, joyas, ropa, perfumes, dinero y un celular de funciones avanzadas. Más de Q40 mil se habían ido en un día.

María pasó del temor a la indignación, después al enojo, pero nunca dio el último paso, es decir: la resignación. Recordó que el teléfono podía ser ubicado en un mapa digital, porque así estaba configurado.

Al siguiente día fue a la empresa que le prestaba el servicio de telefonía, y pidió ayuda. Así se ubicó la señal del aparato en Chimaltenango. María vio eso como un logro, y se lo hizo ver a los investigadores, quienes frenaron su optimismo al explicarle que el sistema de posicionamiento global (GPS) del aparato no era del todo preciso, pero que era una ayuda.

Al otro día, siguieron esa pista. María los esperaría en la capital mientras los investigadores viajaban al occidente del país en busca del teléfono. La señal los llevó a Pastores, Chimaltenango. Habían acordado que al llegar al punto más cercano ella llamaría a su número.

Los detectives llegaron frente a una casa donde sospechaban estaba el teléfono. Tocaron el timbre. Salió un hombre, y le dijeron que necesitaban hablar con él. Al ingresar, le consultaron si él había comprado un iPhone en los últimos días. Respondió que no. María llamó a su teléfono, y el aparato empezó a sonar sobre una mesa.

Los investigadores preguntaron sobre el teléfono, mientras un agente respondió y escuchó la voz de María. Al interrogarlo sobre de quién era el aparato, el hombre indicó que de su yerno, pero que había salido.

Horas después solicitaron el allanamiento, lo cual se concretó al siguiente día. Encontraron artículos que habían sido robados en siete residencias de las zonas 14 y 15 y carretera a El Salvador, así como documentos varios. Con todo ese material se solicitaron órdenes de captura que aún no han sido tramitadas por el Ministerio Público.

“No damos identidades, porque  esperamos las órdenes de captura”. Detective de la unidad de robos de la PNC.

DATO

(*) Nombre ficticio

A las menores se les daba de desayuno un  pan  y café; almorzaban una bolsita de frituras y una gaseosa, y  para la cena, cuando les iba bien, recibían pan con  frijoles.

Ellas eran parte de los 55 niños  rescatados por las autoridades el  10 de septiembre recién pasado, en un hotel de paso en la avenida Bolívar, zona 3. Todos eran obligados a ofrecer baratijas en semáforos o a pedir limosna.

Eran de occidente

Érick Cárdenas, procurador de la Niñez y Adolescencia, explicó que de los 55 niños  rescatados ese día, 42 ya han regresado con sus padres o abuelos. “En los albergues  aún se encuentran 13 menores que están pendientes de resolver su situación”, explicó Cárdenas.

“La mayoría proceden del occidente del país, como  Quiché, Sololá, Huehuetenango y Quetzaltenango”, comentó. Cárdenas agregó que los menores que regresaron quedaron bajo “terapia psicológica”, y sus encargados deben acudir a la escuela de padres.

Tortillas y sal

Rosa y  Marta debían pagar Q25  al mes   para tener un espacio de un metro cuadrado, un pedazo de cartón y una sábana.

Cuando llegaron al albergue de la  Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet) no se sentían bien.

“Cuando llegaron les dimos cereal, panqueques y jugo de naranja, pero no quisieron comer. Lo apartaron; se negaron a probarlo.  Pidieron tortillas y sal. Y eso comieron”, explicó Franklin Azurdia, subjefe de la Svet.

Añadió que durante el tiempo en que los menores permanecieron en ese albergue debieron cambiar el menú, porque solo aceptaban huevos, frijoles y tortillas.   También se proporcionó ayuda psicológica para que el impacto en los niños fuera mínimo.

De acuerdo con la investigación, en algunos casos  los padres cobraron por entregar a sus hijos a personas en la capital para que vendieran artículos varios en  semáforos o pidieran limosna.

Cárdenas explicó que las responsabilidades penales serán determinadas por el Ministerio Público.  Por ese caso son procesados Rudy Doroteo
Lajpop Ambrosio, de 23 años,  y   Pablo Rolando Marroquín Chaj,  41, acusados   de trata de personas.

Dato

13 niños de los 55 rescatados siguen en albergues.

Sin embargo, las autoridades no explicaron por qué las capturas se lograron hasta ahora.  

La desaparición

El 13 de noviembre del 2007, Ramos Trujillo decidió registrar una pistola que había adquirido. En compañía de dos familiares fue al Departamento de Control de Armas y Municiones (Decam) —ahora Digecam— para efectuar el trámite.

Cuando ingresaron en un parqueo, ubicado en la 12 avenida y 30 calle, colonia San Pedrito, zona 5, fueron sorprendidos por seis policías que se desplazaban en un autopatrulla.

En el parqueo les dijeron que   Ramos Trujillo  tenía problemas  con la ley, pues sobre él pesaba una orden de captura por comercio,  tráfico y almacenamiento ilícito de drogas.  

Su nombre aparecía en una investigación sobre una estructura de narcotráfico que supuestamente distribuía droga en varias zonas de la capital.

Los agentes que se acercaron a Ramos Trujillo —refiere la investigación efectuada por la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP)  de la PNC— lo seguían de tiempo atrás, pero no eran parte de la unidad antidrogas, sino de la División de Investigaciones Criminalísticas  (Dinc), ahora llamada Deic.

Después, los policías lo subieron al autopatrulla y supuestamente lo llevarían a la Torre de Tribunales, donde sería escuchado por un juez.  Los familiares llegaron al juzgado, pero  pasaron las horas y nunca llegó.

Entonces, decidieron que los buscarían en la Comisaría 13, con sede en la zona 13, pero tampoco apareció. Entonces, presentaron la denuncia.

Pesquisa atrasada

Según los investigadores de Asuntos Internos de la PNC, meses después del hecho le fueron presentados los resultados a la Fiscalía, donde se daban a conocer los datos de quienes serían los responsables de  la desaparición de Ramos Trujillo. Sin embargo, fue  hace unos meses cuando se reactivó la investigación.

“Nosotros no sabemos por qué tardaron. Nos ordenaron que se actualizara la investigación y que se hicieran las capturas”, indicó un investigador.

El 22 de octubre pasado, un juzgado ordenó la captura de los presuntos responsables, y ayer las autoridades efectuaron varios allanamientos en Jutiapa, Quetzaltenango, Santa Rosa y la capital, para capturar  los sindicados del hecho.

De los seis agentes que participaron, cuatro aún estaban de alta en la PNC. El exoficial Obdulio Santiago Rojas Rojas, de 35 años,   fue detenido en  Ciénaga Grande, Cabricán, Quetzaltenango.

En la zona 6 de la capital fue aprehendido el expolicía José Ronan Ortega Aguilar; en Moyuta, Jutiapa, el agente Luis Barrera Cruz, 47; en Jalpatagua, Jutiapa, el agente Víctor Lima Olivares, 36; en la zona 1 capitalina, Víctor Lima Olivares, 36; y en la zona 2, Cruz Otoniel Hernández Maeda.

Según los investigadores de Deic, la segunda fase de la pesquisa es averiguar el paradero de Ramos Trujillo.

Investigación

Auto lo tenía registrado

El nombre de Misrael Ramos Trujillo salió a luz pública dos años antes de su desaparición. El 19 de septiembre del 2005 agentes antidrogas se enfrentaron  a disparos con Óscar Revolorio Orantes y Alexánder de Jesús García Pérez en la  zona 3.  Los agentes encontraron en el vehículo donde viajaban los detenidos un kilo de cocaína.

Después de la investigación efectuada se determinó que el automóvil donde se conducían los capturados estaba a nombre de Ramos Trujillo.

La mayoría de agresiones habría provenido de criminales que supuestamente no recibieron la extorsión o de grupos que de esa manera anunciaban que iban a comenzar a exigir ese pago ilícito.   

Solo en 18 ataques no hubo víctimas; en el resto, por lo menos una persona resultó con heridas de bala.

Víctimas

En 162 ataques armados, 247 personas resultaron heridas. Varias de ellas murieron en el lugar o en un hospital horas después.  

DESCARGA- Vea el PDF de las acciones criminales contra el transporte público.

La Policía solo hace el seguimiento de los pacientes 24 horas, por lo que si fallecen después de ese tiempo no se reporta en los informes oficiales.

Según los registros, de cada 10 heridos, tres murieron. El número  de víctimas mortales ascendía  a 74 hasta el 22 octubre; de estas, 45 eran pilotos,  10 ayudantes y 19 pasajeros.   

En cuanto a los heridos, se dividen en 65 pilotos, 22 ayudantes y 86 pasajeros. Estos números no coinciden con los que reporta la Defensoría de los usuarios del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos  de 88 pilotos y 26 muertos en el año. Sin embargo este dato lo obtienen de  reportes de medios de comunicación y no de fuentes oficiales como la PNC.

En la metrópoli

El 60% de casos en los que  las personas resultaron heridas ocurrieron en el área metropolitana. Los demás en    la provincia.  

Varias  agresiones  sucedieron mientras  unidades  extraurbanas salían del departamento de Guatemala.

Algunos ataques se perpetraron en la calzada Roosevelt y rutas al Pacífico y al Atlántico. En los departamentos, las agresiones sucedieron en la mayoría de casos cuando los buses salían de las comunidades, aunque también en carreteras.

En aumento  

El promedio de ataques a buses en nueve meses —de enero a septiembre— fue  de 17 casos por mes. Sin embargo, los datos demuestran que se ha dado un incremento de casos mes por mes.  Solo hubo  tres excepciones en   febrero, mayo y julio, cuando hubo un caso menos que el mes anterior.

Este año empezó con  nueve ataques, y aunque en febrero disminuyó a seis, en marzo  se duplicó y se situó en  13.  

El fenómeno no se detuvo y, al contrario, se incrementó  en casi todos los meses. Sin embargo,  fue en septiembre cuando más ataques se registraron: 29, triplicando la cifra de enero. Agosto fue  el segundo mes, con 24.

Las cifras demuestran que los buses que van a Mixco y la zona 6 capitalina han sido los más atacados.  

La ruta 70, que cubre el trayecto de la colonia Primero de Julio, zona 5 de Mixco, hacia la zona 1, es la que más ataques ha reportado en el año: 10.

Le siguen la ruta 3, que va de la zona 6  a  la zona 5, con ocho agresiones.  

En tercer lugar está la ruta 203, que circula  de la zona 6 hacia la Universidad de San Carlos,    con seis casos.

En cuarto lugar  se encuentra la ruta 71, que también parte de  la Primero de Julio.

El área de mayor peligro era hasta junio pasado la que recorría  la ruta Maya, de la zona 18 a la zona 1. En seis meses murieron cinco personas en unidades de ese transporte, en cuatro ataques. Desde hace cuatro meses ese sector es cubierto por el Transurbano.   

La segunda ruta en la que  más personas han muerto es la 4,  con cuatro casos.

En cuanto a los   buses de los municipios del departamento de Guatemala —excepto Mixco—, los que parten de Santa Catarina Pinula han sido los más atacados, con seis casos, seguidos de los de Palencia, con cuatro.

Asopagua

Hechos planificados

Jorge García, integrante de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua), declaró que los ataques contra las unidades no son obra de la casualidad, sino planificados por personas interesadas en que los autobuses rojos dejen de funcionar.  “Si en Mixco y en la zona 6 son los más atacados, es porque allí quieren que entre otro tipo de transporte”, explicó.

PNC

Habrá más  policías

El director general de la Policía Nacional Civil, Telémaco Pérez, declaró que aumentarán el número de investigadores que trabajan en casos de extorsión, para tratar de reducir al máximo el número de ataques. Sin embargo,  declaró que es difícil  anticiparse a todas las agresiones. “Vamos a mejorar la calidad de la investigación y a poner más agentes en la seguridad de buses”,  dijo.

Transurbano

Coordinar seguridad

Sergio Vásquez, vocero del Transurbano, declaró que en el año se han registrado cinco ataques a sus unidades de transporte, y todos fueron perpetrados en la zona 18, cuando comenzaron operaciones en ese sector.  “La clave para evitar más ataques ha sido la coordinación entre la Policía y nuestro sistema de seguridad. Para eso tenemos reuniones cada mes, para coordinar operativos y prevenir”, indicó.

Ayer se efectuaron 54 allanamientos en seis departamentos, que terminaron con la detención de 30 personas, entre integrantes de la banda y personas que obtuvieron documentos falsos, indicaron las autoridades del Ministerio Público (MP) en conferencia de prensa.

La investigación contra el grupo comenzó el pasado 10 de abril, cuando un grupo élite de la División Especializada de Investigación Criminal (Deic) capturó a una pareja al momento de salir de una  entrevista para solicitar  la visa estadounidense.

La persona que los entrevistó detectó incoherencias. Supuestamente llevaban más de 10 años casados y con un hijo, pero no conocían sus gustos.

Así que después de que los investigadores los capturaron, supieron la verdad: no eran pareja, ella era salvadoreña con un hijo de 10 años y pretendía llegar a Estados Unidos con documentos guatemaltecos falsos. El hombre era  miembro de la banda.

La mujer, después de tres meses de haber estado en prisión, accedió a ser colaboradora eficaz a cambio de que se suspendiera la persecución penal en su contra. El MP aceptó, y ella proporcionó nombres, lugares y fechas.

En  sótano

La casa de Teresa Sosa Ramírez, alias Doña Mary, se encuentra en San Cristóbal, zona 8 de Mixco.  Desde afuera no se observa nada extraño, según los fiscales. Sin embargo, adentro hay un sótano acondicionado como una habitación más. A ese lugar llegaban centroamericanos que pretendían obtener documentos falsos. Allí los entrenaban, según indicó la fiscal Tamara de León.

“En un sótano les enseñaban el himno, chistes y símbolos patrios. Tenían que decir  que eran de Jutiapa. En su  mayoría eran personas de El Salvador y Honduras”, explicó De León.

La fiscal indicó que en el grupo que  lideraba Sosa Ramírez había   trabajadores del Registro Nacional de las Personas (Renap), que obtenían certificaciones de nacimiento falsas con las que se tramitaba la obtención del documento personal de identificación (DPI).

Cuando ya tenían ese documento, solicitaban visa en la embajada estadounidense.

Todo el trámite tenía un costo de US$5 mil. Las autoridades aún no cuentan con el detalle de  cuántas personas contrataron el servicio que ofrecía el grupo de Sosa Ramírez.

Allanamiento

Ayer, la Fiscalía efectuó 54 allanamientos en seis departamentos —Quetzaltenango, Suchitepéquez, Chiquimula, Jutiapa,  Petén y Guatemala—.  En los operativos fueron capturadas 30 personas, entre integrantes del grupo y otros que  obtuvieron documentos falsos.

El viceministro de Gobernación Edi Juárez indicó que la investigación duró seis meses, pero reconoció que el aporte de la colaboradora eficaz  hizo más fácil las pesquisas. Agregó que hubo seguimiento de varios de los integrantes del grupo.

“Iban a traer a las personas a la frontera con  El Salvador, las llevaban a la casa de Mixco y allí las preparaban”, detalló.

Entre los capturados se encuentran dos extrabajadores del Renap que fueron destituidos en junio pasado, cuando ese caso  se investigaba.

Así funcionaba la estructura criminal

Delegados del  grupo en Centroamérica, especialmente en Honduras y El Salvador, ponían en contacto a los interesados con la estructura de Doña Mary.  

Al ponerse  de acuerdo, integrantes los recogían en la frontera y después los llevaban por un mes a la casa de Doña Mary, en la zona 8 de Mixco.  Allí los alojaban en el sótano  y  les enseñaban sobre la cultura del país, símbolos patrios, himno y chistes de Guatemala, para que les creyeran que eran guatemaltecos.

Les concertaban las citas en la Embajada de Estados Unidos, a donde llegaban con una nueva identidad y en algunos  casos se inventaban una familia para que optaran a la visa.  Las  personas lo hacían para poder viajar a Estados Unidos y quedarse a trabajar.

El precio  del servicio, según las autoridades, era de  US$5 mil —unos Q40 mil—.  La Fiscalía indicó que hay por lo menos cinco órdenes de captura más pendientes por ese caso.

Dato

US$5 MIL cobraba el grupo por tramitar documentos.

Dávila Yumán se encontraba en un vehículo en  la 8a. avenida y 8a. calle, colonia La  Florida, zona 19, cuando recibió los disparos que acabaron con su vida.

“No podés dejarme”

Ayer iban a celebrar los actos de clausura  en el colegio Sunny Side,  colonia Primero de Julio, zona 5 de Mixco, por lo cual Dávila Yumán decidió colaborar con los preparativos, porque dos de sus hijos son los dueños de ese establecimiento.

Como parte de la clausura, había un acto en el que los maestros representarían a piratas. Sin embargo, una maestra había olvidado las botas en su vivienda, por lo que la Dávila Yumán se ofreció a llevarla.

Los dos salieron hacia  La Florida, donde reside la docente.  Yumán Dávila manejó el vehículo, y al llegar, se estacionó frente a la casa de la profesora, mientras ella recogía el calzado. Seguidamente apagó el motor del carro.

Según datos que recabó la Policía, sujetos que se desplazaban en un automóvil café se acercaron y  le dispararon en varias ocasiones.  El Ministerio Público (MP) encontró tres casquillos en el lugar.

Tenía arma

Según Bomberos Municipales, la víctima tenía dos heridas de bala en la cabeza. También una pistola en una mano y un celular en la otra.

“Él no estaba amenazado. No hacía daño a nadie.  Era piloto privado”, dijo su hermana Sandra Dávila.  Minutos después, llegaron al lugar los hijos de Dávila Yumán, aún disfrazados.

“Papá, papá, tú nunca me has dejado sola. Jamás me has dejado sola. No puedes hacerlo ahora”, gritó su hija Madelin Dávila.

Los fiscales no encontraron evidencias de que Dávila Yumán hubiese activado su arma. Tenía todas sus pertenencias, por lo que investigadores creen que no se trató de un robo sino de un ataque directo, aunque aún no tienen una hipótesis final del caso.  

Familiares coincidieron en afirmar que la víctima era un buen padre.

La permanencia de estas familias en la línea férrea depende del avance del proyecto de transporte de pasajeros.  

El primer plan que existe es crear un tren de cercanías que una la Central de Mayoreo, zona 12, con  Centra Norte, zona 18, a través de un tren de pasajeros y una autopista.

Julio Héctor Estrada, director de la Agencia Nacional   de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), informó que la obra tendrá un costo de más de US$400 millones  y se espera que a principios del 2016 empiece el proceso de licitación internacional.

Miguel Ángel Samayoa, gerente de operaciones de Fegua, indicó que la obra  ha despertado  interés de “grandes” empresas expertas en ferrocarriles.

DESCARGA- Vea el PDF del proyecto del tren superficial.

A la expectativa

Los vecinos de por lo menos 10 asentamientos que están en el trayecto del tren están a la expectativa de qué sucederá en torno a la vía férrea.

“La gente puede estar feliz por un tren, pero nosotros estamos tristes y con miedo”, dijo Azucena de González, que vive desde hace 14 años a la orilla de la vía férrea. “Son 14 años de vivir aquí;  es la vida de mis hijos”, señala González.

Domingo Hernández,  de la Coordinadora Nacional de Asentamientos de Líneas Férreas, explicó que cada año aumenta el número de personas que viven alrededor de la línea férrea.  

“Los hijos tienen familia y se quedan allí”, dijo.  Agregó que muchas personas se establecieron sobre la línea del tren porque Ferrovías “tuvo el error de dar un contrato a la empresa eléctrica para que instalara postes  y muchas personas pensaron que podían instalarse allí”.

Hernández afirmó que el Gobierno hizo un estudio sobre que podría prescindir de 10 metros alrededor de la vía.

“El Estado tiene 30 metros de vía para el tren, pero el estudio dice que con 20 metros puede seguir funcionando”, expresa.

Portillo indicó que ayudó a crear  el asentamiento Kerns en la zona 18, uno de los   10 asentamientos donde habitan 268 familias y  con los que Fegua negociará su reubicación.   

“Hay un plan piloto para crear una especie de condominios de bajo costo donde estas personas podrían vivir, a bajo precio”,  expuso  Samayoa
 Portillo   entiende que los podrían desalojar, pero pide que les avisen con tiempo. “Me quiero llevar estas láminas viejas porque para ellos son basura, pero para mí valen oro,  pues por ellas no me mojo”, afirmó.

Proyecto

Historia de abandono

Para que el tren vuelva a funcionar falta mucho tiempo. En 1997 el gobierno de Álvaro Arzú lo dio en usufructo  a la compañía estadounidense  Railroad Development Corporation (RDC),  que no invirtió en su funcionamiento. En el 2006 el gobierno de Óscar Berger declaró  lesivo ese contrato.

Un año después,  el Estado de Guatemala fue demandado,  y en el 2012 el  Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ordenó pagar más de US$14 millones por daños.

En el 2013 Guatemala pagó esa cifra y desde esa fecha busca inversionistas extranjeros para reactivar el tren de carga y pasajeros.

En la actualidad existe un proyecto de crear un tren que alivie el transporte y que una el sur con el norte de la capital.

Guerra participó en el programa Diálogo Libre, que se transmite por Prensalibre.com, junto a Álvaro Folgar, presidente de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala, quien atribuyó la falta de denuncias a la desconfianza hacia las autoridades.  

¿Cuál es la situación que vive el transporte urbano de pasajeros ahora?

Guerra: Alarmante. Llegamos a extremos de violencia insospechados y el Estado ha sido incapaz de garantizar eso que la Constitución obliga:  el derecho a la vida y la integridad física.

Hablamos de datos dramáticos que han venido creciendo en los últimos ocho años por  el negocio de la extorsión, que se ha convertido en algo sin precedentes en Guatemala. En Latinoamérica no hay precedente relacionado al transporte tan dramático como en Guatemala.

¿Qué ha generado la escalada tan alarmante?

Guerra: El dinero, obviamente. Las cantidades han ido creciendo. Históricamente se ha visto que inicialmente se extorsionaba al propietario de autobuses y luego se trasladó hacia los pilotos.

A su vez, esa necesidad ha sido trasladada a los usuarios, que han pagado de manera directa e indirecta con el aumento a la tarifa, que en teoría es un quetzal, pero en la realidad hay una presión de los pilotos por hacerse de recursos para poder pagar parte de la extorsión que les toca, que en ocasiones es de Q250, Q400 o Q500 por autobús, a veces por semana. Varía de acuerdo a extorsionistas.

¿Cuál es el efecto de las extorsiones que no se ve, más allá de las muertes de pilotos y usuarios y las cantidades que pagan?

Folgar: El daño en el usuario. Me subo o no me subo al autobús, es una zozobra diaria.  Esto trae otras consecuencias, como la falta de personal para trabajar. Obviamente, ningún piloto quiere trabajar sabiendo que a la cuadra un desquiciado le va a meter un balazo  o le va a segar la vida.

Cuando es asesinado un piloto, queda  una familia en la orfandad. Esto contribuye a que prolifere la delincuencia, porque niños crecen en hogares disfuncionales, porque la esposa debe contribuir al sustento diario. Yo creo que el enfoque habría que verlo en cómo se inicia la extorsión y cómo se puede evitar.

¿Y cómo cree que se puede evitar?

Folgar: Hay una plataforma sistema prepago, que es estatal. Fue comprada con  los Q380 millones que el Gobierno entrega a la Asociación de Empresas de Transporte Urbano para implementar el sistema prepago en tres mil 150 buses del Transurbano.

Pero  solo hay 450 unidades de los buses azules por la sobrevaloración que se hizo.  Queda la plataforma prepago porque dejan un remanente de los millones. Entonces estamos exigiendo que se provea esa plataforma para implementarlo a los buses rojos.   Así evitaríamos la muerte de muchos pilotos y  de mucha gente inocente, porque esa plataforma no permite el manejo de efectivo.

Guerra: El uso de tecnología es urgente. Traería beneficios incluso en el tema del adulto mayor, que algunos pilotos no aceptan  porque no han pagado subsidio, no reciben, y es más, maltratan a los adultos mayores, y eso que la Ley de las Personas de la Tercera Edad garantiza el uso del transporte gratuito.

¿Cómo perciben las medidas y planes del Gobierno para proteger a pilotos y usuarios?

Folgar: Mensualmente se eroga una cantidad de Q8 millones dentro del subsidio al transporte urbano. En los convenios se acordó contratar a dos mil agentes de seguridad privada.

Desgraciadamente nunca se han contratado todos los agentes. Se han hecho mediciones y la semana que más ha habido son 400 agentes en todos estos años.

Se están perdiendo Q6 millones allí y no hay nadie que dé razón y cuenta de eso. Si se hace medición en los buses rojos, hay cero presencia de policía privada, cero de Policía Nacional —Civil—. Si hace medición en los buses del Transurbano, a lo mejor hay cien policías.    

¿Cuáles son los peligros para los usuarios?

Guerra: Según estadísticas, se superan los cien asaltos diarios en el transporte público y algunos terminan con secuestro de los buses y violaciones. Hay carencia de investigación y de sentencias. Hay psicosis hasta por quién va sentado a la par. El Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público deben actuar de oficio, no solo por denuncias.

Hay información porque algunos usuarios dan características y formas de operar de los asaltantes, pero al final no hay voluntad verdadera de nivel operativo.

Por la falta de actuar van  80 pasajeros muertos, según las estadísticas, por balas perdidas en ataques a pilotos y otra por oponerse a ser asaltado en autobuses.

Hay casos extremos donde no han fallecido los usuarios por balas, sino se lanzan del autobús, pensando que así van a resguardar su vida y termina en  tragedia.

¿Cómo está el  subregistro de denuncias?

Guerra: Es gravísimo. La gente no denuncia por la falta de credibilidad en la institucionalidad del Estado. Hemos visto a agentes de Policía Nacional Civil que están envueltos en asaltos.

Algunos forman parte de grupos delincuenciales y  ese tipo de desgaste y la Oficina de Responsabilidad Profesional tiene la responsabilidad de ver qué agentes no funcionan o no sirven.  

¿Los empresarios tienen confianza en denunciar las extorsiones?

Folgar: No hay confianza. El año pasado, 26 de julio, fue asesinado nuestro presidente, Amílcar Cruz, en condiciones que no se han esclarecido, y persiste la impunidad.  Amílcar Cruz había denunciado a la Unidad de Extorsiones de lo que estábamos siendo víctimas.

¿De cuántos casos de pilotos asesinados  saben si se han resuelto?

Folgar: Nosotros tenemos conocimiento de que de cien asesinatos, tal vez en 3 por ciento se ha llegado a esclarecer el móvil y capturar al autor material e intelectual.

Incluso  en el asesinato de Amílcar se detuvo a dos jóvenes de 14 y 15 años, los que lo asesinaron, pero los dejaron en libertad y en proceso de investigación. Es muy poco el avance para saber de dónde viene el crimen.

Cada vez más ataques

En los últimos 33 meses han muerto 448 personas, entre usuarios y pilotos del transporte público.

En 2012, según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), murieron  58 pilotos y 63 usuarios del transporte público, en hechos armados. Además resultaron heridos ocho pilotos y 95 usuarios.  

En 2013, el número de pilotos muertos ascendió a 78 y el de pasajeros llegó a 84. Además resultaron heridas 139 personas, entre pasajeros y conductores.

En nueve meses del 2014, es decir hasta el pasado 30 de septiembre, el número de pilotos muertos llegó a 80, y el de usuarios, a 85. La cantidad de heridos subió hasta 275.  Según estas cifras, en 33 meses han muerto 448 personas y 517 han resultado lesionadas.  

Después de seis meses de análisis,  la Comisión Nacional para la Reforma de Políticas de Drogas presentará el próximo miércoles  un diagnóstico sobre los logros   y   consecuencias de la actual política de drogas, que se basa en la prohibición y aborda el tema desde el punto de vista policial y judicial.

Anuncio sorpresa

En febrero del 2012 el presidente Otto Pérez Molina sorprendió cuando dijo que propondría la “legalización de las drogas” a los demás presidentes de Centroamérica porque se quitaría “el lavado de dinero, el contrabando, el tráfico de armas y la corrupción que ha penetrado a fiscales, jueces, policías e instituciones completas en el Gobierno”.

Aunque vendió la idea como la panacea contra el narcotráfico, solo la entonces presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, tomó la iniciativa como una opción, mientras el resto de países ni lo llegaron a considerar.

En enero pasado, Pérez Molina creó la Comisión Nacional para la Reforma de Políticas de Drogas, que delegó en académicos y expertos en seguridad y políticas públicas.

Sin embargo, al margen del análisis, en marzo pasado declaró en Panamá, después de haber participado en el Foro Económico Mundial, que podría “legalizarse” el consumo de mariguana y regularizar el cultivo de amapola en la frontera con México si así lo propusiera la Comisión.

Informe

El diagnóstico que presentará la Comisión contempla las consecuencias y los logros de lo que ha sido una lucha frontal y hasta por la vía de las armas, como en México, que en ocho año contabiliza más de 60 mil muertos.

“Ahora los resultados se miden en incautaciones y personas capturadas, y  si estas estadísticas suben y bajan. No se ve nada de si los consumidores suben o bajan”, dijo Carlos Mendoza, coordinador de la Comisión para la reforma de Políticas de Drogas.  Afirmó que tampoco se observa si baja la violencia  relacionada con el narcotráfico porque los datos de la Policía Nacional Civil (PNC) no son claros.

“Después realizaremos varias reuniones con la sociedad civil, academia  y otros actores para elaborar una serie de recomendaciones al Gobierno para que puedan mejorarse las políticas actuales que responden al modelo prohibicionista”, refirió.

Después de estas reuniones, que terminarán en diciembre próximo, presentarán un informe  con recomendaciones al mandatario sobre si hay condiciones en el país  para empezar el camino de regulación, despenalización o legalización de la mariguana y cultivo de amapola.

Mucho diálogo

Uruguay fue el primer país que regularizó el uso “recreativo” de la mariguana. Los consumidores podrán adquirirla próximamente en cuotas establecidas por mes y el Estado llevará un control, porque será el distribuidor de las farmacias.

“En farmacias podrán adquirir hasta 10 gramos de cannabis al mes. Es una forma de balancear la oferta y la demanda. La artillería pesada perdió contra el narcotráfico”, explicó Augusto Vitale, coordinador del Área de Prevención en la Junta Nacional de Drogas de Uruguay.  

Aseguró que antes de tomar una decisión efectuaron 40 debates  en todo el país para que las personas pudieran opinar.  

Mendoza expuso que la situación geográfica de Guatemala complica las cosas porque es un país de paso, lo cual no ocurre en Uruguay, pero que debe esperarse hasta diciembre para saber qué recomendaciones darán a conocer.

ONU con dudas

La intención de Pérez Molina acarrea dudas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El representante regional de la Oficina contra la Droga y el Delito, Amado Philip de Andrés, explicó que la experiencia ha indicado que, a mayor disponibilidad, mayor consumo.

“La despenalización facilita la disponibilidad para el consumo.  La legalización está subiendo un 50 por ciento” el consumo. aseguró.

Según el experto, antes de tomar iniciativas hay que observar las experiencias en otros países que han tomado un camino similar. “En España, por ejemplo, uno de cada cuatro consume cannabis. Es decir a, mayor disponibilidad, mayor consumo”, por lo que pide que toda la región debe tomar en cuenta estos datos.

Sanciones

Situación nacional

En Centroamérica solo Costa Rica no tiene  penalizado el consumo de mariguana.   

En  Guatemala se contempla en el artículo 39 de la Ley contra la narcoactividad, que lo sanciona con penas de  cuatro meses a dos años de prisión y multas de Q200 a Q10 mil.

“Se entiende que es para su propio consumo cuando la droga incautada no exceda de la cantidad razonable para el consumo inmediato”, refiere la Ley, que deja a criterio de las autoridades definir la “cantidad razonable”.

Según datos del Organismo Judicial, de enero a julio del presente año han ingresado 598 acusaciones en tribunales por el delito de posesión para el consumo de droga.  En el mismo lapso,  pero en casos de años anteriores, fueron condenadas 92  personas por ese delito. En contraparte, solo una fue declarado absuelta.

La Comisión Nacional para la Reforma de Políticas de Drogas incluirá en su informe de diciembre próximo un capítulo sobre las recomendaciones en el área judicial, para determinar si se mantienen las penas por consumo o si  ayudan para afrontar el tráfico de drogas.

Juan Carlos Garzón, politólogo y asesor del Ministerio de Justicia de Colombia, declaró que debe darse una modernización en la ley de drogas en toda la región porque a su criterio parece que atacar el consumo desde el punto de vista judicial y no ha dado los  resultados esperados.

“Si el enfoque judicial que privilegia la represión no ha dado resultados en el mercado de drogas. ¿Cuál es la alternativa? Debe buscarse la estrategia con menor costo”, indicó Garzón.

Cifras

598 Procesados de enero a julio, por posesión de estupefacientes.

 92 Condenados de enero a junio por portación para el consumo.

 2  años es la pena máxima por este acto ilícito.

 4 meses es  la pena mínima por el delito de posesión. 

 Q10 mil es la multa máxima por  posesión.

 10 gramos de mariguana es lo permitido por mes en Uruguay.

En diciembre del 2010, las autoridades encontraron más de 250 armas, granadas y lanzagranadas en una finca de Cobán donde se refugiaban presuntos zetas.  

Ese fue el decomiso  más grande de armas que se ha efectuado en la última década. La Policía incautó  41 mil 575 armas de fuego, además de dos mil 238 artefactos explosivos, incluidas granadas y minas antipersonales.

Arsenal

Del 2004 al 2013, la Policía ha incautado  varias armas de fuego, entre ellas  cinco lapiceros adaptados para disparar munición calibre 0.22; cuatro de esos, en febrero del 2011, a Rudy Acuña López, en la zona 18.

Las pistolas son las que más decomisa la Policía. En total han sido 23 mil  267.

En 10 años, el número de pistolas incautadas casi se duplicó. En el 2004 fueron  mil 574 y en el 2013 llegaron a  dos mil 914, aunque fue en el 2009 cuando se decomisaron dos mil 944.

La socióloga  María Eugenia Villarreal  prepara  un estudio sobre el impacto de  la falta de ley de armas y municiones   en las muertes violentas que del 2003 al 2013 sumaron  más de 55 mil víctimas. El 80% fue por arma de fuego.

“Después de la firma de la paz, la violencia no   se transformó en nuevas estructuras. Surgieron empresas privadas de seguridad y empezaron a traer armas, pero sin  una ley de armas y municiones, la cual se creó  hasta 15 años después de la firma de la paz. Mientras tanto, hubo tiempo para que se armaran como quisieran. Antes de la ley, una persona podía traer hasta 20 mil municiones por mes”, explica Villarreal.

“El país es un polvorín, porque imagine que solo lo decomisado son 41 mil armas, y  muchas más   circulan en el país”, dice Villarreal.

Según el informe Armas de fuego y municiones en Guatemala, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el país  es el sexto comprador de armas en Latinoamérica y el primero en Centroamérica.

Datos de la Organización de las Naciones Unidas señala  que Guatemala importó después de la firma de la paz a la fecha poco más de US$112 millones  en armas y municiones, el 68 por ciento de esa cifra corresponde a los últimos 10 años.

Para la guerra

Cuando Inteligencia Civil presentó el informe  en el que  se advertía de la capacidad de armamento de los Zetas, hizo mención a que ese grupo tenía en su poder varios lanzacohetes.

El fiscal contra el Crimen Organizado, Rony López, declaró que la primera vez que vieron la utilización de ese armamento fue en el ataque a un automóvil blindado en Cocales,  Escuintla.

La Policía reporta que ha decomisado siete lanzacohetes: uno en el 2008, dos más en el 2009 y cuatro en el 2011.

A partir del 2009, las autoridades empezaron a decomisar lanzagranadas M79, de las que usa el Ejército. De esa fecha para el 2013, las autoridades aseguraron 18 unidades.

También se encontraron a partir de ese año  41 ametralladoras M60   utilizadas por las fuerzas armadas.    Un investigador policial  informó que varios militares llegaron a los operativos donde se incautaba el armamento para verificar si les pertenecían.

“Revisaban  y confirmaban que eran del Ejército; también lo hacían con las granadas que encontrábamos”,  explicó el agente, quien solicitó no ser publicar su identidad.

Del 2004 al 2008, la Policía incautó un promedio de 90 granadas por año, pero solo en el  2009 el número aumentó a mil 365 granadas.

En los últimos 10 años, las autoridades decomisaron a criminales dos mil 238 granadas. En el 2009, las autoridades también hallaron minas Claymore que podían detonarse a distancia,  además de dinamita y granadas mortero.

En cuanto a fusiles, se   incautaron en la última década  437  AK47, 121   M16, 122   Galil  y 115   AR15.

López comentó  que las bandas del crimen organizado procuran ese armamento, “porque así es como logran conseguir lo que desean con violencia, utilizando el factor  miedo”.

Seguridad

Dudas por la custodia

Según la Ley de Armas y Municiones, debe ser la Dirección General de Control de  Armas y Municiones, que depende del Ejército de Guatemala, la que  resguarde el armamento que es incautado por las fuerzas de seguridad.

El vocero del Ejército, Ismael Cifuentes, explicó que hasta la fecha  ellos resguardan 50 mil 828 armas que están sujetas a  proceso penal. Algunas están bajo su resguardo desde hace más de 15 años, sin que hasta ahora se haya tomado una decisión.

Carmen Rosa de León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, indicó que las autoridades deben buscar una salida rápida, para no tener esa gran cantidad  de armamento en un solo lugar.

“Hay que evitar tener arsenales almacenados. Ya vimos que no hay un buen manejo por parte del Estado. Hubo robos en bodegas del Ejército”, refirió de León.

Por lo menos las autoridades han dado a conocer  tres casos de robos de armas de las  bodegas el Ejército en años anteriores, en Jalapa, Petén y la  capital.  El caso de la base militar Mariscal Zavala fue el  más grave y del que menos información se tiene.

Según la denuncia presentada en el Ministerio Público,  fueron más de 500 armas e igual número de granadas  las que desaparecieron de la armería de la base militar ubicada en la zona 17.

 De León explicó que, según convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, las armas que son incautadas por estar vinculadas con un hecho ilícito deben ser destruidas.

Dato

112 millones de dólares en armas se han importado  desde  1996.

Jorge se ha tecnificado: desde hace un tiempo utiliza las herramientas de internet para organizar la logística de trasladar a un promedio de cien personas al mes hacia Estados Unidos y estar en contacto con integrantes de su grupo en México y Estados Unidos.

“Si uno compra una tarjeta de 20 pesos en México solo alcanza para hablar un minuto a Guatemala, por eso tienen al hombre más rico del mundo, ese Carlos Slim”, explica Jorge, quien para ahorrar costos prefiere monitorear a los grupos de personas y sus respectivos jaladores en ruta a Estados Unidos por Facebook.

GPS en el camino

Así también se vale del sistema de posicionamiento global instalado en teléfonos inteligentes que tienen todos los integrantes de su organización para saber la ubicación exacta de las personas que trasladan y están bajo su responsabilidad.

“Es mi nombre, la gente me conoce y si les pasa algo vendrán conmigo a reclamar. Yo soy el que pongo la cara”, explica, por esto tiene comunicación varias veces al día con la persona encargada del grupo de migrantes.

Justo en el momento de la entrevista, efectuada en algún lugar de San Marcos, recibe una notificación en su teléfono. Es un mensaje por el chat de Facebook: “Ya llegaron todos al punto. Estamos listos para el brinco” decía el mensaje. Tal brinco significa cruzar la frontera de Estados Unidos.

El grupo que vigila ahora Jorge está listo para cruzar por la región de Altar, Sonora, México. Ciertamente es uno de los desiertos más grandes para cruzar, pero con menos vigilancia por lo que, para él, da más probabilidades de éxito.

DESCARGA- Vea el PDF peligro de viajar a EE. UU.

Jorge dice que se tomó la decisión de usar los métodos que la tecnología permite porque desde hace unos años, los secuestros de migrantes aumentaron. De todos modos él asegura que su grupo tiene la protección de los Zetas en la frontera con Estados Unidos a cambio de una cuota.

Explica que para ellos es un “gana-gana”: “Ganan ellos porque van a Estados Unidos y ganamos nosotros porque de eso vivimos”, afirma Jorge, que lleva 18 años dirigiendo a personas hacia Estados Unidos.

No es el único que aprovecha las redes sociales, asegura. Opina que estas han facilitado su trabajo y reducido costos en comunicación y seguridad para los guías y los migrantes.

No cualquiera puede

Jorge se denomina como el encargado de la logística para el traslado de las personas hacia Estados Unidos porque tiene contactos y rutas establecidas desde años atrás.

Empezó a trasladar a personas desde 1996, pero trabajaba para alguien más y explica que allí no era un coyote, por eso pide que se borre la imagen de que el coyote es quien acompaña a los migrantes. “Porque ahora hay jaladores o guías. Los coyotes somos quienes estamos más arriba, los que coordinamos el traslado de las personas y los lugares donde descansarán. Y los guías son quienes los llevan”, expresa.

Ganancias

Jorge cobra Q50 mil por cada persona que traslada. Señala que son 25 personas en promedio por semana: unas cien por mes.

Esto generaría un ingreso de Q5 millones al mes y unos Q60 millones al año, según podría calcularse.

Jorge indica que pagar ese precio da seguridad para que las personas lleguen a Estados Unidos, porque ellos, como coyotes, deben “invertir” para procurar la seguridad de las personas que llevan.

“Parece mucho, pero es que el viaje es seguro. Van a hoteles seguros y no les pasa nada en la frontera, porque se paga la protección”, afirma Jorge.

Agrega que quienes viajan solos, regularmente lo hacen por tren, son quienes resultan secuestrados por grupos criminales o son víctimas de asalto donde pueden morir.

“También están los que van solos con guías, pero que no tienen respaldo de nadie, entonces pueden ser secuestrados por bandas o capturados por la migración de México”.

Jorge dice que ellos pagan en cada puesto de registro hasta 2 mil pesos por cada migrante que llevan. “Lo más fuerte es después de Tapachula, donde hay por lo menos tres puestos. Nosotros los pasamos en vehículos sin que caminen. Los guías que no tienen conexión alguna los hacen caminar y esconderse”, explica.

Jorge expone que el secreto para tener mayor ganancia es hacer que el viaje dure lo menos posible para no invertir en hoteles ni en comida. Explica que la última prueba es antes de la frontera con Estados Unidos donde deben pagar US$200 a los Zetas para tener “seguridad”.

“Si uno lleva 10 les dice aquí está el dinero de estos 10. Y uno se va seguro que no le pasará nada”, expone. Jorge dice que llevar a alguien solamente a la frontera entre Estados Unidos y México tiene un costo de US$2 mil 500.

“Algunos piden eso porque creen que les saldrá más barato, pero, por ejemplo, en Tijuana, el brinco les sale en US$4 mil porque si logran pasar en media hora están en San Diego y en hora y media ya están en Los Ángeles”, lugares que Jorge conoce muy bien porque varias veces ha estado en ese lugar a donde ha llegado en avión porque él tiene visa americana vigente.

REUNIÓN BILATERAL

Programa Paso Seguro

México presenta hoy su programa Paso Seguro, con el cual busca regular la migración desde Centroamérica mediante datos biométricos de quienes viajen y facilitar su tránsito, aunque no se dará vía libre hacia EE. UU.

Si bien aún no se detalla cómo será el registro migratorio para obtener la información biométrica, sí se asegura mayor control en la frontera con Guatemala.

El presidente Otto Pérez Molina tiene previsto viajar hoy a Palenque, Chiapas, México, donde junto a su homólogo Enrique Peña Nieto, inaugurarán el  programa y 15 guatemaltecos recibirán las “tarjetas” de esa iniciativa.

Autoridades mexicanas han intentado explicar que el Paso Seguro tendrá información biométrica de guatemaltecos, hondureños   y beliceños para “facilitar” su tránsito por su país, mientras la Secretaría de Gobernación se encarga de “ser más vigilantes en la frontera sur  con Guatemala”.

Pérez Molina y Peña Nieto harán una demostración del programa y discutirán sobre el problema por la oleada de niños no acompañados que cruzan México para llegar a  Estados Unidos.

Pérez Molina será acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Fernando Carrera; de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el embajador de Guatemala en México, Fernando Andrade, señaló la Cancillería en un comunicado.

López Bonilla dijo ayer que, en la reunión de la comisión de alto nivel integrada por Guatemala, El Salvador y Honduras, se acordó buscar integrar una “fuerza” como la que se tiene con México, de coordinación entre las inteligencias y los ministerios públicos para lograr mayor seguridad.

Registro

47 Mil  menores han llegado a EE. UU. desde octubre del 2013.

Ayuda gratuita a migrantes

Huyen de la violencia

El sacerdote brasileño, Ademar Barilli, dirige la Casa del Migrante en Ciudad Tecún Umán,   frontera entre Guatemala y México que acoge a todas aquellas personas que buscan llegar a Estados Unidos, pero que tienen complicaciones en su viaje.

Barilli ha visto cómo en los últimos meses ha aumentado el número de menores que viajan hacia EE. UU, solos o con  sus padres,  tratando de huir de la violencia y la falta de oportunidades en los países del triángulo norte de Centroamérica.

“Hay que dejar claro que muchos niños que viajan hacia Estados Unidos no viajan solos como se ha dicho. Lo que pasa es que vienen familias completas que huyen   de  la violencia que hay en sus países, las extorsiones están provocando la migración”,  explicó Barilli.

Más menores

Según Barilli,  de mayo a  junio  últimos  han  aumentado hasta en un 170 por ciento los casos de menores albergados.

“El 60 por ciento de estos menores son hondureños y en segundo lugar están los guatemaltecos. Repito,  son por casos de violencia porque están amenazados o porque los estaban extorsionando y no se iban a quedar para morir”,  expresó.

Agregó  que los gobiernos centroamericanos deben tomar medidas urgentes para procurar darle seguridad a sus ciudadanos,  porque en caso contrario el éxodo de los pobladores  continuará y los menores que no logren llegar a  Estados Unidos podrían ser reclutados por organizaciones del crimen organizado.

Además explicó  que Estados Unidos debería cerrar la frontera de lo que sale de su país y no de lo que entra.  “Deberían cerrar la frontera, pero de las armas que vienen de allí hacia nuestros países, eso debería procurarse,   porque son usadas por los jóvenes de acá”.

Conceptos

Coyote

Es el líder de un grupo de traficantes de personas que coordina los viajes.

El brinco

Es buscar el momento oportuno para cruzar la frontera de Estados Unidos.

Guía o jalador

Es la persona contratada por los coyotes para trasladar a los migrantes hacia EE. UU.

Ratoneras

Lugares donde se resguardan los migrantes antes de cruzar la frontera con Estados Unidos.

Nicolás no dejaba de sorprenderse con los amaneceres en África cuando el zumbido de las balas le recordó a qué había llegado.

A su lado estaban los soldados Valerio Rax y Orlando Herrera, el radioperador. Nicolás trataba de hablar con Herrera para coordinar con el resto del grupo de 70 kaibiles, cuando una bala destrozó el radio de Herrera, le entró por un costado y le destrozó la clavícula al salir. Nicolás intentó arrastrarlo a un lugar seguro, mientras Rax los cubría, pero cayó abatido. Al mismo tiempo, Nicolás sintió un pinchazo en el estómago, y después, que el vientre se le desgarraba por dentro. No podía respirar. Vio el cadáver de Rax, que días antes había confesado que no quería morir en aquel país.

“Creo que nos mandaron a nosotros los kaibiles por lo que dicen de nosotros, que somos de hierro, que somos máquinas, pero no es así, algunos compañeros sólo fueron a morirse”, expresó Nicolás, quien debido a las lesiones no pudo continuar en el Ejército.

Si retrocedo, mátame…

Nicolás, Herrera y Rax eran parte de la cuarta sección de las fuerzas especiales del Ejército. Se conocían desde hacía siete años. Integraban el contingente militar de la ONU para la estabilización de la paz en la República Democrática del Congo que partió de Guatemala en octubre del 2005.

Al principio les dijeron que su misión era resguardar a poblaciones de civiles de ataques guerrilleros. Un mes después fueron reunidos por un comandante de la ONU en el campamento para decirles que tenían otra misión.

“Habló en francés, con traductor. Decía: ‘A este señor, y mostró una fotografía, lo queremos vivo o muerto. Esa será su misión'”, dijo Nicolás. Era Vincent Otti, segundo al mando del movimiento rebelde Ugandés Ejército de Resistencia del Señor.

Nicolás afirmó que uno de sus superiores le dijo que ellos también desconocían ese plan, pero que debían seguir órdenes. “‘Vamos a cumplir una misión arriesgada, es posible que alguien vaya a perder la vida’, eso nos dijeron”, refirió Nicolás, en su sencilla casa de Jutiapa, donde empezó una nueva vida, sin indemnización ni pensión alguna.

Después de la Navidad del 2005 partieron en avión. Luego, en helicóptero los llevaron a la sabana. “No aterrizaron, debimos lanzarnos desde ellos”, aseguró. Les dieron raciones para 15 días, el tiempo calculado para la misión.

“Caminábamos de cinco de la tarde a 9 de la noche. Descansábamos y seguíamos otra vez”, expuso Nicolás. Por radio recibían pistas de dónde podía estar el objetivo. Enviaban un escuadrón para explorar e informar. Así pasaron 20 días. Decidieron dividir el grupo para ampliar la búsqueda.

“Mientras cruzábamos un pantano, el agua nos llegaba al pecho, Rax se detuvo y le dijo al comandante: ‘Si quiere, métame un tiro, comandante, pero yo no camino más’. El comandante le dijo que no fuera araña y que siguiera caminando”, afirmó Nicolás.

El último día

El domingo en la mañana acamparon. Avisaron que llegarían helicópteros por ellos. A las 16 horas, el comandante avisó que habían localizado un campamento enemigo. Enviaron a los exploradores y a eso de las 22 horas volvieron para confirmar que allí estaba Otti. El otro equipo de 35 kaibiles estaba lejos, pero intentaría llegar.

“Entramos al área del campamento, había unos 200 elementos. Un guardia empezó a disparar y así comenzó la balacera, que duró dos interminables horas”, explicó Nicolás, quien, herido, resistió el combate junto a otros compañeros. Sin embargo, los helicópteros llegaron tres horas después.

“Allí entendí que nos mandaron de cacería sin ayuda ni apoyo de nadie. Estábamos solos en medio de esa nada. Fue como meterse a la boca de lobo. Ellos conocían el terreno y a nosotros no nos dieron chalecos ni cascos”, afirmó Nicolás, quien cuestiona por qué no los apoyaron a tiempo.

La ONU indemnizó a las familias de los soldados que murieron, pero en su caso, Nicolás no recibió nada. “Yo no pude seguir en el Ejército. Era de las fuerzas especiales, pero por mi herida ya no pude seguir. Tuve que irme ilegal a Estados Unidos, donde estuve cuatro años y medio. Ahora siembro café y al menos estoy vivo para contárselo a mis hijos”, dijo.

“Creo que nos mandaron a nosotros los kaibiles por lo que dicen de nosotros, que somos de hierro, que somos máquinas, pero no es así, algunos compañeros solo fueron a morirse y otros resultamos heridos”. Selvin Nicolás, exmilitar. que perteneció a Fuerza de Paz de la ONU.

Colaboración -Operación secreta-

Guatemala se integró al grupo de países que ayudan a la misión de paz en la República Democrática del Congo desde el  2005, cuando envió el primer contingente de militares que regresó  al país sin ninguna novedad. Hasta ahora han ido 10 contingentes.

Al segundo grupo de soldados se le asignó la  misión de búsqueda de un líder guerrillero, la cual terminó con la muerte de ocho soldados y cinco heridos.

Este hecho hizo despertar una polémica sobre las atribuciones de las fuerzas de paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el Congo.  

La ONU explicó una semana después que la muerte de los kaibiles ocurrió cuando  fueron emboscados mientras resguardaban a una comunidad.

El secretario general de la ONU, Kofi Annan, aceptaría después  que los militares guatemaltecos fueron designados para la búsqueda de un líder del movimiento rebelde ugandés Ejército de Resistencia del Señor.  Personal de la ONU declaró tiempo después a periódicos extranjeros que se trataba de una operación secreta, por lo que fue designado un grupo de fuerzas especiales formado solo por kaibiles.

DATO

10 GRUPOS de militares guatemaltecos han ido al Congo.

Por otra parte, advierte de que la anunciada reparación de los daños no se le debe encargar a un albañil cualquiera, pues se trata de una obra de arte cuyo precio es incalculable.

¿Cuál es la magnitud del daño que se ocasionó en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias?

Todavía se está midiendo ahorita. Pero lo que se debe ver es que existe una legislación en Guatemala que se debió haber respetado, en la cual dice que usted no le puede hacer daño, sea poco o sea mucho a un patrimonio cultural.

La ley dice que el daño puede ser parcial o total, pero una vez exista daño, por mínimo que sea, las personas que lo causaron deben ser sancionadas.

¿Y los daños ocasionados pueden catalogarse como severos?

De acuerdo con lo que he visto, parte del Centro Cultural fue dañado en las áreas de caminamiento, pero lo más importante en cuanto a daño severo fue en el área del Teatro al Aire Libre, según lo que he visto y lo que he leído. Aunque no es el edificio como tal, forma parte del complejo de ocho manzanas que fue declarado como patrimonio cultural en el 2012.

Hay que tomar en cuenta que el área del Teatro al Aire Libre está en funcionamiento mucho antes que el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias.

Hay quienes han dicho que se han sobredimensionado los daños causados.

Puede que a la vista de una persona que no sabe sobre el patrimonio cultural el daño a unas gradas no tenga mayor importancia, pero sí lo tiene. Puede ser que los daños en las áreas peatonales sean menores, pero el daño que se le ocasionó, porque dice que hay aceite quemado tirado y también se quebró parte del escenario del Teatro al Aire Libre, eso sí puede provocar que el daño sea mayor. Hay que ver cómo se va a restaurar. Incluso no cualquiera lo puede restaurar, no puede llegar alguien con una cuadrilla de albañiles y decirles: Miren, me componen las gradas y me limpian: la ley le marca a usted que deben ser expertos en restauración de monumentos los que deben evaluar los daños y decir cómo los van a reparar.

¿Y quiénes son los responsables de los daños?

Hubo muchos responsables en mayor o menor grado. Según lo que marca la ley, hay responsabilidad de parte de las autoridades que permitieron que se realizara una actividad en el patrimonio cultural, aunque eso en sí no es un delito, pero lo que conllevó esa actividad sí hizo que se violara la ley. En segundo lugar, los organizadores, porque si usted me pide permiso para hacer una actividad, el hecho de que le dé el permiso no lo autoriza a usted para causar un daño; ellos son corresponsables.

¿Y los partici- pantes?

Ellos también, porque fueron al final quienes hicieron el daño. Por eso digo que aquí es muy complejo, se debe analizar, investigar y saber cómo se debe aplicar la ley, porque hay muchas personas involucradas.

El Estado es obligado, y aunque tiene sanciones administrativas, eso no los exime de presentar una denuncia para que se investigue realmente si sus empleados o personeros incurrieron en algún delito o en alguna violación a una ley.

¿Y la ley de Guatemala es drástica en ese sentido?

Dice la ley que todo aquel que dañe parcial o totalmente un patrimonio cultural está cometiendo un delito, y la pena va de seis a nueve años de prisión, y justo es para que sea inconmutable, además de una sanción económica del doble del valor del bien que se dañó, entiéndase bien, del bien que se dañó, no sobre el valor de los daños.

Según usted como experta, ¿cuánto cuesta este edificio?

Es muy difícil ponerle un precio. El Teatro Nacional no tiene precio, porque es un bien único; el valor cultural no puede ser calculado monetariamente.

Si alguien destruye el teatro no puede volver a hacerlo, es único en su clase, no existe otro. Si lo perdemos no lo vamos a recuperar porque, sobre todo, quien lo construyó, el maestro Efraín Recinos, ya murió. Por eso la importancia de los patrimonios culturales, lo que los hace únicos, y de ahí la importancia de cuidarlos.

Cuatro jóvenes, dos hombres y dos mujeres, supuestamente provenientes de Canalitos, zona 24, llegaron ayer por la tarde a Agua Tibia, Palencia, para entregar un teléfono celular a pilotos de mototaxis que prestan servicio en ese lugar.

“Era el inicio de la extorsión”, dice un piloto que no quiso identificarse. Así que uno de los conductores no lo recibió. Entonces, le dispararon. Otro conductor que llegó en su ayuda también fue herido de bala.

Agregó que eso hizo que el resto de pilotos y parte de la población los siguiera, y al darles alcance, a tres de ellos, cerca de una gasolinera, los golpearon e hirieron con machete. Después, les rociaron gasolina y les prendieron fuego.

Los Bomberos Municipales Departamentales trasladaron a tres personas al Hospital General San Juan de Dios, incluidos pilotos de mototaxis, uno de ellos identificado como Jairo Mijangos Cruz, de 19 años, y el otro, solo como Milton, quien murió horas después. El presunto extorsionista Eddy Giovani Alonzo, 18, murió horas después en el nosocomio.

Los cuerpos semicarbonizados de dos jóvenes mujeres quedaron en el interior de una vivienda, en donde intentaron refugiarse de quienes las perseguían.

Una de ellas fue identificada como Heidy Azucena Escarate Corado, 16. La madre de la menor, Eugenia Escarate, indicó que su hija había escapado de su casa hace un mes y “tenía malas juntas”, pero no atendió sus llamados para volver con ella.

“Se fue un día antes de que cumpliera los 16 años. Ella cumplió años el 21 de mayo, pero el 20 se fue de la casa y no supe más de ella. Le hablé varias veces y le pedí que regresara, pero solo vino por algo de ropa”, explicó.

La otra joven no fue identificada. Algunos pobladores del cantón indicaron que ya se habían dado intentos de extorsión por parte de grupos ajenos a la población local, pero no los habían agredido como ayer.

“Esta vez vinieron y sí atacaron a gente de acá, y por eso la población hizo lo que hizo”, expresó uno de los vecinos.

“Si vienen más, les pasará lo mismo; nosotros no estamos jugando”, aseguró otro poblador que tampoco se identificó.

Marroquín, quien ocupa el cargo desde enero del 2012, se ha visto inmerso en una serie de escándalos, entre los cuales el más fuerte es la concesión de un amplio terreno a una firma subsidiaria de España para construir otra terminal de contenedores.

Según la fuente, que habló con la condición de que no se citara su nombre, el presidente Otto Pérez Molina tomará una decisión hasta la próxima semana, debido a que ahora está concentrado en la reunión que tendrá mañana con el vicepresidente de EE. UU., Joe Biden, en su visita al país.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas, expuso: “Oficialmente no hay nada, por lo menos hasta este momento no tenemos ninguna noticia de esto”.

Marroquín fue nombrado interventor de la EPQ una semana después de que Pérez Molina asumió la presidencia, y también ha sido cuestionado por viajes y se ha enfrentado con sindicalistas.

“Buscábamos un pueblo limpio, tranquilo, pacífico y acogedor para que nuestros hijos crecieran”, explica Santos. Sin embargo, desde hace aproximadamente seis meses son objeto de agresiones verbales e insultos racistas que se han agravado en los últimos días, ya que han llegado a los golpes, por parte de un grupo de pobladores que les exige que se marchen, pese a que no infringen ninguna ley.

La situación se agudiza porque la Municipalidad le pidió una lista de las personas que profesan el judaísmo, con el pretexto de que quieren tener un registro de los visitantes; aunque no lo hacen con otros turistas. Santos teme que la situación esté tomando un rumbo peligroso de antisemitismo irracional, impulsado por algunos pobladores.

¿Cómo llegaron al pueblo?

Llegamos hace seis años. Vivíamos en la zona 1 de la capital, pero queríamos un lugar tranquilo para vivir y desarrollarnos.

Al venir no teníamos mucho dinero y empezamos a vender rellenitos, paches, dobladas. Así llegamos a San Pedro La Laguna, donde a veces había turistas israelitas que nos preguntaban: ¿dónde hay una sinagoga? Como no había, les dije: vengan a mi casa. Así fue como empezaron a venir judíos a San Juan.

¿Cuándo empezaron los problemas?

Hace unos siete meses vinieron visitantes a celebrar el año nuevo judío acá. Una familia mexicana se quedó por cinco meses. Solo eran dos familias las que estábamos, y un señor del pueblo empezó a mostrar su malestar por nosotros. No éramos muchos, solo dos familias, pero él quería que nos fuéramos.

¿Por qué decidieron quedarse?

Sí, buscábamos un lugar tranquilo, y San Juan lo es. La gente dice que somos judíos, pero hay que aclarar que en mi caso todavía estoy en proceso de conversión al judaísmo, aunque algunos lo son de nacimiento.

En todo caso, ser judío no tiene nada de malo porque es como cuando viene un pastor cristiano a formar una iglesia, o pasa un testigo de Jehová enseñando su doctrina. Nosotros no hacemos alboroto ni cosas contrarias a la ley de Guatemala, solo ejercemos nuestra libertad de credo. A nadie le hacemos mal.

¿Por qué cree que hay rechazo a su presencia?

Falta de información. Yo me pongo en su lugar y tal vez tienen razón de sentir cierto temor porque antes éramos dos familias y ahora hay 10. Y al vernos con nuestra vestimenta tradicional, que es negra, por devoción y humildad, por las calles, quizá causa temor. Aunque creo que alguien está dirigiendo esto. Porque tiraron unas hojas fotocopiadas debajo de las puertas, con mala información.

Inclusive, en una página de internet subieron fotos de Hitler y decían que nos metieran a hornos de cremación. Pedían que nos sacaran del pueblo porque decían que secuestrábamos niños, y encendieron más el fuego al decir que el pueblo iba a ser invadido por judíos. Esto hizo que se levantara cierto grupo de la población. Pero nosotros somos gente de paz.

Hasta que llegó la violencia…

Hace 15 días, tres amigos estaban en un local de internet y otros fueron a comprar recargas para teléfono. Llegó un grupo de jóvenes que los persiguió hasta la otra punta del pueblo. A los que estaban en el internet los sacaron a empujones y les tiraron piedras. Nosotros llegamos, les preguntamos por qué hacían eso.

Incluso, entre los agresores había un policía que estaba de particular. Entonces llamamos a la Policía Nacional Civil y todos se fueron. Esto causó malestar y temor. Varios de nosotros nos queríamos ir esa noche porque hemos escuchado de lugares donde la gente lincha a otros. Al siguiente día yo vi en una página de internet comentarios racistas y fotos totalmente antisemitas, hablando cosas bien feas.

¿Qué pasó después de la agresión?

Se sentía en el ambiente algo nada positivo. La gente, con sus miradas, y los pilotos de los tuc tuc diciendo palabras cuando pasan.

Un día, mi esposa caminaba con una amiga, y dos niños de no más de 10 años les dijeron: “Váyanse a la v… los judíos”. Después de esa noche empezaron a tirar piedras en las casas donde alquila el resto de nosotros; quebraron vidrios. Acá, cerca, tiraron una bomba pirotécnica. Empezó a empeorar la situación.

También se enteraron de que muchos de nosotros no hemos tenido perros y que nos dan temor. Entonces ahora les lanzan los perros a ciertos amigos. Les decían “jule jule”, y cosas así. También vamos caminando y algunos pilotos de tuc tuc empiezan a ladrar como perros. Es un acoso, pues lo hacen porque somos judíos, incluso nos han gritado: ¡Ustedes mataron a Jesús! Y está claro que no es así. Además, han puesto rótulos fuera de las casas donde vivimos y la Municipalidad nos ha pedido un listado de todos los judíos que viven en San Juan. Esto es discriminación.

¿Para qué les pidieron una lista?

No nos dijeron. Afirman que por el turismo, pero ellos no piden la lista de otros turistas. Nosotros accedimos a dar el listado, aunque consulté con abogados y nos dijeron que no era legal si no había una solicitud de juez. Somos 32 personas y hay 13 extranjeros; el resto somos guatemaltecos.

¿Ven una persecución contra ustedes?

No lo sé. Hay inconformidad por nuestra presencia aquí. Dicen que por nuestra vestimenta, pero el sacerdote parroquial se viste similar a nosotros. Dicen que queremos quitarles su cultura y robar su patrimonio, pero nosotros no andamos de puerta en puerta tratando de convencer a la gente que se una a nosotros. Tampoco hemos comprado ningún terreno acá, para que digan eso.

¿Han buscado apoyo?

Sí, en organizaciones de derechos humanos. También algunos miembros pusieron denuncias contra quienes los agredieron y fue la misma población que dio los nombres, porque no toda la gente quiere que nos vayamos; solo es un grupo. Redacté una carta pidiendo una reunión urgente con el alcalde de San Juan y los consejos comunitarios de Desarrollo, para hablar sobre la agresión y que se nos proteja. En esa reunión se presentó una señora con 300 supuestas firmas, pidiendo que nos fuéramos del pueblo.

¿Cómo se sienten con que les pidan que se vayan?

Tristes, porque este es nuestro hogar desde hace seis años. Mis hijos crecieron aquí, con varios niños del pueblo.

¿Irse sería ceder a la presión?

Mucha gente no quiere que nos vayamos, han venido a pedir que no nos vayamos. Los papás de los amigos de mis hijos, por ejemplo. Son gente cristiana, que vive sus valores. El problema es que ya hubo agresión y quisiera que el alcalde hiciera algo. Hay un dicho que dice: “Quien ensució que limpie, y deberían ser esos jóvenes que inventaron cosas e hicieron esos carteles que lo arreglaran”. Pero si no hay solución, nos iríamos. Incluso hay quien dice en son de broma que San Juan Bautista, el patrono del pueblo, es judío, y si nos echan de aquí deberíamos llevárnoslo porque también es judío.

“Un mes y medio para que se vayan”

El alcalde de San Juan La Laguna, Rodolfo López, indicó que le dio a la comunidad de judíos que viven en el municipio un mes y medio para abandonar el pueblo, porque ese fue el tiempo que ellos dijeron que estarían. “La población está esperando un mes y medio para que ellos se retiren del municipio. Es la población que da el dictamen. El alcalde solo es como el árbitro”, explicó Pérez, quien no respondió respecto de las agresiones racistas que han sufrido los miembros de la comunidad judía.

“Queremos saber si están registrados legalmente en el país y también para pedir protección a los derechos humanos”, explicó López sobre el listado solicitado a esas personas, sin aclarar el porqué de la intolerancia a esa comunidad religiosa.

Agregó que él no puede decir si hubo agresión a los judíos o no. “Cada quien puede denunciar lo que quiera y no es mi función determinar si es cierto o no”, afirmó.

Añadió que él no puede prohibir a nadie que visite el pueblo, una vez esté conforme a las leyes del país. Pero dijo que si hay guatemaltecos que invitan a extranjeros a venir al país deberían “explicarles cómo funcionan las costumbres de Guatemala”.

“Cuando se compra una cosa en la tienda, ellos piden que la pongan sobre la mesa o en el suelo. Deben acatar las costumbres como se trata a la gente en San Juan. Si yo voy a Estados Unidos debo adoptar lo que hace el gringo”, expuso López.

En un mes se efectuará otra reunión para analizar la situación de la comunidad judía..

Carlos, un policía antidrogas, cayó en el campo magnético de la bella Magdalena, que cinco años antes estuvo a punto de representar a Ecuador en Miss Universo.

Carlos se acercó para un chequeo de rutina que se realiza al azar a viajeros. En realidad lo hizo más por la sensual figura de María que por ser sospechosa. Cuando la miró a los ojos encontró el miedo característico de quienes esconden algo.

Él estaba entrenado para eso. Así que lanzó un ataque de preguntas que María no resistió. Carlos pidió revisar su maleta, ella se opuso, pero tuvo que acceder. Despuésde varias horas de conteo el Ministerio Público contabilizó US$435 mil 762 escondidos en el equipaje que María llevaba a Panamá.

Según datos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (Sgdaia), desde el 2010 hasta el 2013 fueron incautados US$9.9 millones que pasajeros de diversas nacionalidades y perfiles intentaban sacar del país sin declarar por el Aeropuerto Internacional La Aurora.
El último caso reportado es el del técnico del Deportivo Coatepeque, Richard Alexis Preza Herrera, quien fue capturado cuando llevaba US$14 mil 600. El juez lo ligó a proceso, le fijo una fianza de Q60 mil y le prohibió salir del país.

De los últimos cuatro años fue el 2011 cuando más dinero trasegado cayó: la cifra llegó a los US$5.7 millones. Un año antes, es decir en el 2010, el dinero decomisado alcanzó los US$2.2 millones. En el 2012 la cifra descendió a los US$859 mil y en el 2013 llegó a los US$969 mil.

DESCARGA – La ruta del dinero

Las formas

Esos US$9.9 millones han sido incautados a 67 personas, un promedio de US$147 mil cada una.

Sin embargo, la realidad es que la cifra que llevaba cada persona varía de US$12 mil a US$1 millón.

Así de variables son las técnicas que utilizaban para intentar sacar el dinero escondido: desde billetes pegados a cuadernos o libros, escondidos dentro de tacones de zapatos, en cinturones rellenos o pegados al cuerpo y sostenidos por medias o cintas adhesivas.

También lo intentan en latas de frijoles, en maletas con doble fondo y envueltos en papel carbón, e incluso en el estómago, tras tragarlos en cápsulas de látex. “El techo es la imaginación”, explica el fiscal contra el Lavado de Dinero, Rolando Rodenas.

Afirma que hay otras formas de intentar sacar el dinero del país sin necesidad de esconderlo. Aunque estas formas al final dejan un patrón de evidencia suficiente para ser ubicados y capturados con el tiempo.

“La ley faculta a que pueden movilizarse hasta US$10 mil sin declarar. Entonces hay personas que viajan con US$9 mil 700 u US$9 mil 800, al filo de la ley”, asegura Rodenas, pero al observar a grupos completos y darles seguimiento han desmantelado al menos dos grandes bandas que se dedicaban a llevar el dinero a Panamá, el principal destino.

Otra de las formas para llevar el dinero, según Rodenas, era simulando que quienes llevaban el dinero eran gerentes o encargados de negocios que viajaban para cerrar negocios o realizar compras. Después de meses de investigación se determinaba que las empresas eran de papel y no tenían movimiento financiero alguno. De hecho, sigue ocurriendo.

“Así es como más nos están sacando el dinero. Hacen lo que la ley les permite”, refiere Rodenas, quien no se atreve a dar una cifra aproximada del dinero ilegal que logra ser sacado del país. “Es difícil dar una cifra, hay que realizar un estudio”, dice el fiscal.

El jefe de la Sgdaia, Élmer Sosa, declinó dar una entrevista para este reportaje. Sin embargo, personal a su cargo en el Aeropuerto Internacional La Aurora calcula que lo que se incauta representa el 10 por ciento del dinero que sale en maletas, “escondido o declarado, pero que no tiene sustento legal”, expone un agente que solicitó el anonimato.

Un informe del Global Financial Integrity (GFI) considera que Guatemala mueve el 10 por ciento de dinero sucio de toda Centroamérica, que en total puede alcanzar US$14 mil millones. El país se encuentra en el cuarto puesto de la región al calcular que moviliza US$1 mil 300 millones, por detrás de Costa Rica, que mueve US$4 mil 300 millones; Panamá alcanza los US$3 mil 900 millones; Honduras, US$2 mil 800 millones; El Salvador, US$1 mil millones, y Nicaragua, US$700 millones.

“Hace dos años más o menos, unos compañeros identificaron a unas 45 personas que viajaban con US$9 mil 800 o US$9 mil 700 en un mismo vuelo hacia Panamá!” explica el agente.

Un cifra que parece verosímil después de la captura de integrantes de una banda que el Ministerio Público bautizó como los Pitufos, liderada por David Cervantes Urízar. Según la Fiscalía, solo este grupo realizaba 20 viajes a Panamá y lavaba al mes un aproximado de US$3 millones.

Otra de las bandas capturadas por el MP fue la llamada Véliz-Palomo, por los apellidos de sus integrantes. El MP determinó que por más de un año, desde el 2010 hasta el 2011, organizaban 20 viajes por semana para llevar dinero hacia Panamá. En el 2012 un tribunal condenó a 48 integrantes de este grupo a penas de entre tres y 56 años de prisión.

María Magdalena Stahl fue a prisión por decisión de un juzgado de turno que inició un proceso penal por el delito de lavado de dinero.

Después de unos días, el juez Adrián Rolando Rodríguez Arana, del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, la dejó en libertad mientras continuaba la investigación. El 29 de marzo del 2011, Rodríguez Arana decidió clausurar el caso en forma definitiva y devolver el dinero a Stahl. Por ese fallo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala solicitó una investigación contra el juzgador.

LA RUTA DEL DINERO

Según los itinerarios de las personas detenidas, hay dos rutas claras en el trasiego de dinero desde el aeropuerto. El primero es Guatemala-Panamá. Según los registros de la Policía, 37 personas llevaban hacía ese país US$7.5 millones. De hecho, algunos fueron obligados a regresar a Guatemala, donde fueron capturados a su arribo. “Tenemos cooperación con autoridades de ese país porque es recurrente que intenten llevar dinero a ese país”, declaró Rodenas.

La segunda ruta es Guatemala-Colombia, a donde pretendían viajar 11 personas que llevaban US$1.2 millones.
La tercera es Guatemala-Costa Rica, donde fueron capturados ocho viajeros con US$224 mil, a pesar de que se intentó trasladar más dinero a Venezuela, pero solo fue en un caso.

Las autoridades de El Salvador han dado la voz de alerta porque han capturado a varios guatemaltecos que han logrado burlar los controles del aeropuerto La Aurora, pero han sido detenidos en los controles del aeropuerto de El Salvador al intentar salir hacia Panamá. En cuanto a las nacionalidades de los 67 capturados, el 37 por ciento son guatemaltecos; el 20, colombianos, y el 10, mexicanos.

TRASIEGO , El Salvador es otra escala clave

En el aeropuerto internacional de El Salvador han sido decomisados más de US$3 millones en los últimos cinco años y han sido capturadas 69 personas.

Según datos de la Policía salvadoreña, de los detenidos 48 son extranjeros, la mayoría guatemaltecos y mexicanos.
Según los itinerarios de vuelo de los detenidos, hay dos rutas claras para quienes intentan sacar el dinero de El Salvador. La más frecuente  es que salen de Guatemala, hacen escala en El Salvador y después parten a Panamá.

La segunda ruta utilizada parte de  México, hace escala en El Salvador y tiene como destino final Colombia.
Es Panamá a donde más intentaban llegar los detenidos,  con el 38 por ciento de los capturados. Mientras el 11 por ciento se dirigía a Colombia.

“Si se va moviendo para el sur, quiere decir que es dinero que se va movilizando para el pago de la droga que ha sido enviada o que se va a comprar. El destino final es Panamá porque es el gran centro financiero del mundo, hay muchísimos bancos. Creemos que es porque ahí es el punto más conveniente tanto para narcotraficantes establecidos en Panamá o en Colombia para recibir dinero y ponerlo en bancos”, indica Marco Tulio Lima, jefe de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

El experto en lavado de dinero Daniel Rico, del Wilson Center, un tanque de pensamiento con sede en Washington, explica que las organizaciones delictivas que utilizan el contrabando de efectivo en los pasos fronterizos, incluidos los aeropuertos, son “organizaciones criminales pequeñas que necesitan mover efectivo con urgencia para hacer pagos”.

Rico asegura que el trasiego de efectivo en los aeropuertos es “el sistema de lavado —de dinero— más primitivo y vulnerable”, al cual únicamente recurren las organizaciones que no cuentan con la capacidad financiera y logística de utilizar mecanismos más sofisticados como la creación de “empresas fachada” o el lavado de activos por medio de entidades financieras.

Los decomisos en el aeropuerto salvadoreño son intuitivos. “Se analiza el origen de las personas, la nacionalidad, la forma de pago del billete, el tiempo de estadía, el destino que lleva. Las unidades nuestras se basan en perfiles aleatorios, no se hacen registros completos de la aeronave”, explica el jefe de la unidad antinarcótica de El Salvador y agrega que no han encontrado estructuras que muevan el dinero y que las que existen son de otros países.

Este reportaje fue realizado en el marco de la iniciativa de periodismo de investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS. Con información de Jessica Ávalos y Nelson Rauda (La Prensa Gráfica,
El Salvador).

Solo en los últimos tres días, en el regreso del asueto de Semana Santa, por esa autopista circularon unos 80 mil automotores que, como mínimo, pagaron Q15 por pasar rumbo a la capital.

Según cifras proporcionadas por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), encargado de recibir la regalías, esa empresa se ha llevado a sus cuentas bancarias, desde el 2000 hasta el primer trimestre del 2014, Q905 millones 563 mil 454. 89. El contrato de concesión es del uno por ciento de regalías.

El Estado ha recibido en ese mismo tiempo Q9 millones 55 mil 634.52. Por ello, en el Congreso de la República se discutió la necesidad de declarar lesivo el contrato, por el poco dinero que recibe el Estado, además del poco retorno de capital comparado con lo que se invirtió en 1997 por la construcción de esa arteria, que ascendió a más de Q334 millones.

No es mucho

En los primeros días de abril, la empresa concesionaria, Marhnos, depositó a una cuenta del Estado Q82 mil 764.75. lo que cual representa el uno por ciento de lo que recibió por pago de peaje de marzo último, que ascendió a Q8 millones 276 mil 476.48.

El viceministro de Comunicaciones, Rubén Mejía, explicó que es la primera concesión hecha en el país y por eso se cometieron algunos errores que deben entenderse, “porque sucedieron en otra época” y en otras condiciones.

“Lo que vemos es que es una concesión que debe respetarse, debe tomarse como experiencia para que en las futuras —concesiones— se consideren mejor los términos”, agregó.

Mejía indicó que hay que tomar en cuenta que la concesión ha permitido tener una carretera “en excelentes condiciones” y que recibido aceptación de la población, porque, aunque hay opción de tomar un camino en el que no se paga, un “buen número” de automovilistas decide usar la autopista.

Según estudios del Micivi, la autopista capta el 92 por ciento del tránsito hacia la Costa Sur, mientras que la antigua carretera, el 8 por ciento, debido a las malas condiciones de esta y el tiempo que conlleva recorrerla, de casi una hora, y en la primera son unos 12 minutos.

“Si hay que sacar lecciones, son que estos proyectos —las concesiones— son de interés, son rentables y se pueden tener mayores beneficios para el Estado”, afirmó Mejía, y reiteró que debe respetarse la concesión.

El diputado del Partido Patriota Luis Contreras solicitó en forma oficial, en el 2013, que el contrato fuera declarado lesivo, por la inversión que hizo el país y porque la empresa no desembolsó más de lo que Guatemala invirtió.

“El país gastó más de Q350 millones —Q334 millones, en realidad—, y ellos construyeron una carretera —de Escuintla a Puerto Quetzal— que dicen que invirtieron Q180 millones, pero son precios sobrevalorados, porque esa carretera no pasó de Q100 millones”, dijo Contreras.

Según el contrato de concesión de 1998, firmado entre el Estado y Marhnos, el país le entregaba la autopista por 25 años, pero esta firma debía, a su vez, construir una carretera de dos carriles, de 43.8 kilómetros, entre Escuintla y Puerto Quetzal, y además entregar un uno por ciento de los ingresos.

“No estoy en contra de la concesión, sino de la forma como se le dio a ellos. Marhnos debió hacer obras por un valor igual al que invirtió el Estado. Pero le regalamos Q250 millones para que ellos hicieran pisto. Eso fue con el dinero de contribuyentes que están pagando un servicio por el que ya pagaron, y no alcanza con la carretera a Puerto Quetzal”, señaló Contreras.

Se intentó obtener la postura de la empresa Marhnos, para lo cual fue contactado el subgerente de Operaciones, Félix Pérez, quien indicó que debían enviársele las dudas por correo electrónico, y luego él respondería. El mensaje se envió el miércoles 9 de abril y hasta el cierre de esta nota no se había recibido respuesta de las autoridades de la empresa.

¿Quién gana?

La concesión de la autopista Palín-Escuintla es un caso atípico. Lo normal es que la empresa que gana el proyecto diseñe, construya y opere una obra durante un tiempo que le permita recuperar su inversión y obtener utilidades para después entregar la obra al Gobierno.

En este caso fue el Estado el que construyó la autopista por Q334 millones y la entregó en 1997 a Marnhos en concesión por 25 años.

Para ello hizo un préstamo de US$50 millones al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Según la tesis de Édgar José Reyes para obtener el grado de maestro en Formulación y Evaluación de Proyectos, por la Universidad de San Carlos de Guatemala, al final de la concesión la empresa tendrá ganancias y el Estado de Guatemala, pérdidas.

“El proyecto, en su conjunto, tiene un valor positivo que explica por qué fue rápidamente negociado en concesión. La distribución de los beneficios se sesga completamente a favor del operador”, indican los resultados del estudio de Reyes, en los que calcula las ganancias para Marhnos en Q209 millones.

La tesis sostiene que la concesionaria solo tuvo dificultades financieras en los primeros años, cuando debió construir la carretera entre Escuintla y Puerto Quetzal, la cual tiene una longitud de 43.88 kilómetros y requirió una inversión de Q168.8 millones. Además, debió amortizar un préstamo con el BCIE, de US$10 millones.

“La rentabilidad del proyecto es del 37 por ciento, la cual resultó muy robusta”, explica Reyes en su estudio.

¿Quién pierde?

Al final de la concesión habrá pérdidas para el ciudadano. “El contribuyente resulta afectado con excedente negativo de Q115.9 millones; el consumidor no obtuvo una ganancia importante, no obstante la magnitud de la obra”, se indica en la tesis.

Según el estudio, los contribuyentes terminaron subsidiando a la empresa privada.

“La evaluación desde la perspectiva del contribuyente es negativa, porque implica un subsidio del contribuyente al operador privado muy gravoso para el país”, indica Reyes, quien analiza que, debido a que la inversión física ya se había ejecutado, no se explica la necesidad de la concesión, y atribuye el escaso beneficio a que no fue bien negociado el porcentaje de la cantidad que debe ganar el Estado.

Es documento agrega que se puede tomar como beneficio la construcción de la carretera que construyó Marhnos entre Escuintla y Puerto Quetzal, pero “es probable que una evaluación de los beneficios sociales del tramo Escuintla-Puerto Quetzal eleven de manera importante los beneficios sociales del usuario. Pero siempre queda la duda sobre el valor económico de las externalidades ambientales que producen ambas inversiones en infraestructura”.

La estructura, cuentan los vecinos, se hizo en forma “provisional” a principios del 2006 porque la tormenta Stan barrió con el anterior. La obra “formal” nunca llegó y la estructura que era para unos meses se quedó por unos años y ahora pende de un pedazo de tierra.

“Eso es lo que ha significado y significa Ciudad Peronia para los alcaldes de Villa Nueva: abandono. Solo vienen en época de elecciones y después se van”, dice Alfredo Caná. Él es uno de los impulsores del sueño de algunos habitantes de Ciudad Peronia: convertirse en un municipio al que tentativamente bautizarían como “Gran Ciudad Peronia”, expresa Caná, quien tiene 75 años y 28 de vivir en ese lugar.

Habían pasado solo diez años desde el terremoto y Caná fue uno de los primeros que llegaron cuando el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1991) ofreció un plan de vivienda que nunca se efectuó.

Al final todo quedó en palabras y ellos terminaron siendo invasores. “Acá se ofreció terrenos a trabajadores del Estado: de Correos, Caminos, Salud, pero nadie quiso porque estaba lejos y sin un camino en condiciones, pero nosotros nos instalamos y fundamos la Ciudad Peronia”, afirma Caná, quien desde hace 15 años se autoproclamó alcalde auxiliar.

Sueños independentistas

Hace cinco meses un grupo de vecinos que estaban en comités de desarrollo se unieron y presentaron a comunidades la propuesta de convertirse en municipio y así poder llevar “más desarrollo el pueblo porque si dependemos de otros no avanzaremos”, refiere Pablo Ramírez, otro de los vecinos que impulsan el sueño independentista.

Así crearon el Movimiento Ciudad Peronia, que buscó las más de 20 mil firmas que presentaron hace seis meses a la Gobernación Departamental.

Según el Código Municipal —que norma los procedimientos para la creación de un municipio—, se debe presentar una solicitud con la firma o huella dactilar de más del 10 por ciento de los vecinos con “ejercicio de sus derechos”. Acto seguido, el gobernador tiene 30 días para dar una audiencia si se cumplen los requisitos.

“En la actualidad el expediente de solicitud está en el Instituto Nacional de Estadística, para establecer la cantidad de población”, refiere Ramírez.

El gobernador departamental de Guatemala, Luis Alfonso Palma, indica que están en la investigación y comprobación de los datos en la solicitud hecha por los vecinos de Ciudad Peronia, para establecer la veracidad de lo entregado. De ser así, pasará al Ministerio de Gobernación, que tomará en cuenta todos los estudios realizados por las diferentes entidades del Estado y la oposición de entidades o municipalidades a que se cree un nuevo municipio. De ser autorizado, pasará a la Presidencia, donde el Ejecutivo puede presentar una iniciativa de ley para que sea el Congreso de la República el que autorice la creación de un nuevo municipio.

Este procedimiento puede tardar años o más de una década, aclara.

“Yo no me opongo”

Según el Código Municipal, las autoridades deben tomar en cuenta a quien se oponga a la creación de un nuevo municipio. En la mayoría de ocasiones, si no en todas, el municipio del que se separan siempre presenta argumentos para evitar perder territorio. Al final de cuentas es como un divorcio, donde quedan cuentas pendientes. En este caso, el alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, explica que no se opone a la separación de Ciudad Peronia, pero cree que es mala idea tratar de separarse si no se tiene las condiciones necesarias para subsistir.

“Es una ilusión querer separarse. Entiendo su descontento porque por años fueron abandonados por los anteriores alcaldes y ese es un motivo para querer hacerlo, pero ahora sí estamos apoyándolos, estamos invirtiendo millones en ese lugar”, afirma Escobar, quien tiene proyectado instalar una mini sede municipal para facilitar trámites e integrarlos más.

Según datos de la Municipalidad de Villa Nueva, en el 2009 y el 2010 no hubo ni un centavo en inversión en Ciudad Peronia. En el 2011 la inversión llegó a Q1.2 millones; en el 2012 aumentó a Q1.6 millones; el año pasado subió a Q6.4 millones y para este año se tienen proyectados Q11.8 millones.

“Si quieren separarse, está bien, pero deben esperar la inversión de su hermano mayor, que es Villa Nueva. Cuando tengan todos los servicios básicos, pueden irse si quieren, porque por ahora no llenan los requisitos. ¡Ni tienen una agencia bancaria!”, exclamó Escobar.

“Nos asustan, dicen que no vamos a poder sobrevivir sin Villa Nueva, pero si tenemos nuestros propios recursos podemos administrarlos y enfocarlos donde más necesitamos”, expresa Ramírez, quien acusa a Villa Nueva del poco desarrollo del lugar.

Escobar ve poco futuro al potencial municipio “que no paga impuestos. Ellos deben más de ocho años de Iusi —impuesto único sobre inmuebles—, deben pagar sus impuestos, porque si no, no sobrevivirán”, explica el alcalde, quien calcula el situado constitucional en unos Q3 millones anuales.

El diputado Selvin García, experto en asuntos municipales, cree que por la población de Ciudad Peronia podría obtener más recursos que los que calcula Escobar. “A los nuevos se les asusta con que no recibirán dinero, pero por la población que tiene recibirían unos Q17 millones, más los ingresos propios. Ahora, el presupuesto las alcaldías lo manejan de una forma política, y entonces se castiga a algunas municipalidades”, afirma.

Perjudicial
“No más municipios”

El  presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades  (Anam), Isaías Martínez, explica que debe analizarse hasta dónde se debe llegar con el fraccionamiento del país. “Hay municipios muy pequeños que al dividirlos quedan mucho más pequeños y dejan a otros municipios ya sin las condiciones de ser municipios, es una ironía”.  Martínez  indica que respeta la petición de las comunidades, pero hay que empezar a preguntarse “¿hasta dónde conviene fraccionar más al país? ¿A quién benefician? Porque todo esto es por intereses políticos y no de la comunidad”.

Economía
Solidez económica

La diputada  Gloria Sánchez, quien apoyó la creación del municipio San José  La Máquina, Suchitepéquez —el 338 del país—, indica que cuando una comunidad tiene una economía fuerte y no es apoyada por el municipio al que pertenece debe buscar la separación, pero en cambio si una comunidad no tiene industria ni fuentes de ingresos debe continuar con el municipio.  “No deben ser solo por población que deben separarse, deben tener ingresos, deben ser comunidades fuertes económicamente y tener posibilidades de desarrollo”, explica Sánchez, quien asegura que en caso contrario nacerían como en “coma”.

Proyectos
Más inversión

Según el alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, para el 2014 se tiene programada una inversión de Q11.8 millones en obras para mejorar la vida de los vecinos de Ciudad Peronia. Una de ellas es la construcción de un nuevo puente en la entrada a la colonia. Además de la contratación de 17 policías municipales de Tránsito que ayudarán en la movilidad en el lugar, un nuevo pozo de agua para que los vecinos tengan agua potable, y el proyecto más grande es la construcción de una minimunicipalidad, para que realicen sus trámites, como pago de impuestos, y no tengan que viajar hasta el centro de Villa Nueva.

Municipios y aspirantes

Los últimos  municipios aprobados por el Congreso de la República son:

La Blanca, San Marcos, que se separó de Ocós.

San Jorge, en Zacapa, que tomó su territorio de la cabecera departamental.

El Chal, en Petén, que se independizó de Dolores.

San José La Máquina, Suchitepéquez, que dejó  a Cuyotenango.

El Congreso tiene otras solicitudes para crear nuevos municipios:

Sipacate, Escuintla, que quiere separarse de La Gomera.

San Vicente Buenabaj, Totonicapán, hasta hoy parte de Momostenango.

El Cerinal,  Santa Rosa, quiere separarse de Barberena.

Toquián Grande, San Marcos, busca desligarse de Tajumulco.

Petatán, Huehuetenango, desea dejar de ser parte de Concepción Huista.

San Benito, Alta Verapaz, actualmente forma parte de Cobán.

Aseguró que es socio de una empresa seria. Que administra cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter. Algo común en la actualidad.

También tiene otro servicio: una colmena de falsos perfiles que puede crear el suficiente ruido para desviar la atención de un tema, atacar a una persona o bien elogiarla, todo bajo el disfraz de parecer una interacción espontánea.

Afirmó que ya han trabajado con partidos políticos. “Con nosotros hay total discreción. Jamás nadie se enterará quién eres”, indicó.

Quién sigue a quién

Cuando Óscar Ismatul, subsecretario de Comunicación de la Presidencia, acudió a una citación con diputados el 24 de enero recién pasado, terminó por aceptar que en el piso 13 del edificio del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) tenían una oficina dedicada al trabajo en redes sociales. “Hacemos monitoreo de las cuentas institucionales de los medios”, dijo.

Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, una de las bancadas que citaron al funcionario, explicaron que las declaraciones de Ismatul eran un eufemismo y que lo que realmente ocurría en esa oficina era seguimiento a líderes políticos y de opinión, pero también un intento, mediante perfiles falsos en Facebook y Twitter, por generar opinión pública favorable al Gobierno al alabar las decisiones del Ejecutivo, o peor aún, atacando a la oposición o contratacando potenciales comentarios críticos.

Todo fue negado un día después por el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas, quien al tratar de aclarar la situación desautorizó a su subalterno.

Todos lo hacen

Manuel Pulido, experto en manejo de redes sociales y catedrático en la Universidad Francisco Marroquín, opina que monitorear en redes sociales lo que se habla del Gobierno no es malo, sino una cuestión común de evaluación de opinión pública.

“Todas las grandes empresas o compañías lo hacen. Es una especie de inteligencia: saber qué se está hablando de la marca”, dijo Pulido. Agregó que incluso tratar de generar opinión tampoco es malo, pero depende cómo se haga. “En España, por ejemplo, se maneja la marca España para tratar de obtener más turismo. Lo que no es ético, y no se puede ni debe hacer, es suplantar identidades, crear perfiles falsos para tratar de generar comentarios positivos”, expresó Pulido.

Antecedentes

Óscar Mota, quien desarrolla páginas web, descubrió en el 2011 cientos de perfiles falsos en Facebook que apoyaban al Partido Patriota y que atacaban a sus contrincantes políticos. “Pues empezó porque me enviaron una invitación a Facebook. Era una mujer que no conocía, pero que tenía varios amigos en común. Al revisar descrubrí que era un perfil falso. Busque más y encontré cientos. Todos tenían algo en común: seguían cuentas ligadas al Partido Patriota”, refirió Mota.

Explicó que hay empresas que prestan el servicio de manejo de redes sociales con opción de obtener a usuarios zombis que llenan las redes de mensajes de apoyo o ataque contra alguna marca o persona.

“Campesinos” web

En el caso de la compañía de Arrivillaga, el costo mensual por mantener viva la marca de una figura pública cuesta hasta Q40 mil, en tiempos normales. En época en campaña presidencial “los precios aumentan y llegan hasta el triple”.

“Si empezamos a trabajar ahora podemos mantener el precio, y es más, podemos aumentar a más cuentas que ahora estamos incubando. Porque nosotros somos como los campesinos: sembramos y cosechamos las cuentas. Las trabajamos bien”, indicó Arrivillaga, muy convencido, aunque se negó a dar más detalles si no había un pago a cambio, pues se le contactó en busca de un supuesto servicio para un político.

No obstante, según Mota, estos usuarios son detectados rápido. “Es imposible personalizar cada cuenta y darles imagen de una persona real. Entonces hay patrones que los delatan”, afirmó. De acuerdo con Pulido, si un partido político intenta comprar este servicio puede tener efectos contrarios. “Si los descubren tendrán serios problemas”, advirtió.

Internet

Ningún partido reconoce uso externo

Tanto  miembros del Partido Patriota (PP) como   Libertad Democrática Renovada (Líder) y  Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) afirman que no utilizan el servicio de manejo externo de redes sociales y    menos   perfiles falsos en redes sociales como parte de su estrategia de comunicación.

Juan José Porras, jefe de bloque del PP, indicó que nadie de esa agrupación utiliza las redes sociales con otros fines que no sean la de promocionar la imagen del partido oficial.

Roberto  Villate, secretario general adjunto de Líder, explicó que ellos tienen información de que el PP  hace uso de recursos del Estado para utilización de redes sociales a fin de  posicionar a gente del partido.  “Nosotros no lo hacemos”, aseguró Villate.   

Fridel de León, secretario de Comunicación de  Líder, señaló que ellos no utilizan perfiles falsos. “Solo se trabaja en las cuentas de Facebook, Twitter y  Youtube del doctor Baldizón”, dijo.

Según Orlando Blanco, diputado de la UNE,  hacen uso del manejo de redes sociales, pero   no para atacar a otro personaje. Explicó que tampoco utilizan recursos del Estado como sí lo hacen otros.

El grupo ya hizo el Estudio de Impacto Ambiental y solo espera la resolución del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que debe dar el visto bueno si el proyecto cumple con el cuidado ecológico en la Bahía de Amatique, en el Caribe del país.

La empresa Grunerde, S.A., creada el 20 de noviembre del 2013 y representada por Carlos Alberto Pérez Monroy, figura como impulsora de la construcción y operación de la nueva terminal portuaria.

Pérez Monroy es el responsable de enviar el 31 de diciembre último al MARN el estudio de impacto ambiental para su evaluación y aprobación.

También se identifica como gerente de Logística de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), y el número telefónico que proporcionó para ser contactado es el de la oficina de la CGN.

Al llamarlo, confirmó que la CGN es una de varias empresas interesadas en el puerto, pero prefirió no mencionar cuáles podrían participar en financiar la edificación de la obra. Se limitó a indicar que todas están ligadas con la minería en el norte del país.

Qué se pretende

Se prevé construir el nuevo puerto en el kilómetro 294 de la carretera al Atlántico, en la calzada Justo Rufino Barrios, frente al Cementerio Municipal de Puerto Barrios, según copia del estudio ambiental presentado.

La terminal tendría un área de 4.1 hectáreas de terreno.

El tiempo de construcción calculado es de poco más de un año y tendría capacidad para funcionar 30 años, aunque con modificaciones tecnológicas podría ampliarse el plazo de operaciones hasta 50 o 60 años.

“La empresa Grunerde, S.A., está en las últimas etapas para la construcción y operación de un puerto de carga y descarga de materiales a granel que se denominará puerto San Martín y que se ubicará en la Bahía de Amatique, en Izabal”, explica la compañía en la solicitud de aprobación del estudio de impacto ambiental enviado al MARN.

Los objetivos de esta firma son tener una terminal con capacidad de recibir buques con características similares a los que atracan en los puertos Santo Tomás y Barrios, y contar con un sistema de barcazas que trabajen con buques de “mayor calado y que con normalidad no entran en el Puerto Santo Tomás”, explica el documento.

La inversión referida para que funcione la terminal es de US$27.5 millones —poco más de Q216 millones—, e incluye la construcción del muelle, el dragado para barcazas y para dársena de maniobras de los buques que atracarían lejos del muelle.

También se prevé la compra de remolcadores, grúas, apiladoras de material y cargadores, así como una planta de tratamiento de agua.

El costo de operaciones es de unos US$9.4 millones anuales. Con la obra se espera generar al menos 150 nuevos puestos de trabajo. En el documento también se alude a una inversión de US$20 millones —unos Q160 millones— por parte del Estado de Guatemala.

Sin embargo, el ministro de Energía y Minas, Érick Archila, señaló que si bien el Estado es accionista minoritario de la CGN, no tenían conocimiento de la obra.

Archila recordó que existe para próximos años una inversión de capital ruso para el país, por unos US$1 mil millones.

Níquel y carbón

Según el estudio de impacto ambiental, en el puerto San Martín, que sería exclusivo para el transporte a granel, se espera trasladar al año un millón de toneladas de carbón mineral y medio millón de toneladas de níquel.

Se considera que durante los primeros años llegue al menos un barco por mes, y que el tiempo de carga y descarga con una flota de seis barcazas sea de seis días por buque.

“Guatemala necesita puertos”

Según Mario Orellana, presidente de la Gremial de Industrias Extractivas, Guatemala necesita más salidas.  “Nos hacen falta puertos buenos y que acepten barcos de mayor calado, para mejorar la competitividad. Ahora, en El Estor vuelve a arrancar una empresa de níquel que estuvo activa en Guatemala cuando el precio estaba bien y necesita exportar”, añadió.

 “Requieren salida de materiales”

El ministro de Energía y Minas, Érick Árchila, informó que la CGN invertirá más dinero en el país.

“No estamos enterados de si están haciendo esta inversión, pero ellos necesitan salida de materiales e importación de carbón. Están preparando su plataforma de exportaciones. Tienen  un plan de inversión de US$1 mil millones”, aseguró Árchila.

Un gerente que dejó a la CGN

Carlos Alberto Pérez Monroy se identificaba en Facebook como gerente de Logística de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), del 1 de julio del 2012 a la fecha.

Pero según los documentos, también era el representante legal de la empresa Grunerde, S.A.

Para contactarlo dio el número de su oficina, en la  central de la CGN, y cuando se le llamó,   la asistente administrativa, Katia Pérez, indicó que él sí trabaja allí, pero que en ese momento estaba en El Estor, Izabal.

Al llamar a la oficina de la CGN, en el Estor, se confirmó que sí  se hallaba en ese  lugar. Luego,  Pérez Monroy explicó que ya no trabajaba para la CGN desde octubre del 2013,  pero que aún los “asesoraba” y por eso se encontraba en las oficinas.  Además, negó que el nuevo  puerto sea un proyecto exclusivo de la CGN y aseguró que varias empresas mineras  están detrás de la obra.

“El proyecto obedece a que hay varias compañías del tema minero, que están empezando a evaluar  cómo van a manejar sus distintos productos o materias primas, —entonces— surge la idea de la terminal portuaria. La CGN sería un usuario más. En la región se están desarrollando varios proyectos mineros que podrían usar el puerto”, comentó Pérez Monroy, quien ofreció más detalles de la inversión para la próxima semana.

Este viernes vence el plazo para presentar oposición al proyecto en el Ministerio de Ambiente.

Costo calculado del plan

Así se invertirían los US27.5  millones que costaría el nuevo puerto

El sistema de anclaje tendría un costo de US$200 mil.

La construcción del muelle, con una profundidad de seis metros,  costaría US$3 millones.

Una grúa corta para operaciones de puerto por  US$6 millones.

Las cuatro barcazas,  US$4 millones.

Los remolcadores, US$2 millones.

La apiladora podría tener  un valor de US$1.3 millones.

27.5 millones de dólares se invertirán en el puerto

1 millón de toneladas de carbón podría transportarse

Así que decidió realizar un documental que tratara desde otro punto de vista este fenómeno.

Para ello se apoyó en un grupo que daba asistencia a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, quienes buscaban rehacer su vida.

Quince mujeres empezaron un taller de teatro de un mes como parte de la terapia. Canale hizo su documental sobre cómo ellas luchaban por dejar atrás un pasado de golpes, improperios y humillaciones.

Al terminar el proyecto, Canale regresó a España. Unas semanas después, cinco de las mujeres que participaron en el proyecto le dijeron que querían seguir actuando.

Cuando Canale regresó, empezó integrar un grupo dramático que tomó el nombre de Las Poderosas.

“Cuando regresé casi no hablamos del dolor de sus experiencias más duras. Querían hacer esto para mostrar a otras mujeres que sí se podía salir de la violencia”, indicó Canale.

Le motivó cambiar la visión de que a la mujer que había sufrido se le seguía viendo como una víctima sin futuro.

“Hay un prejuicio: que la mujer que sufrió violencia, toda su vida va a estar marcada siempre. Se piensa que no se transforma y que no lo supera. La sociedad las pone en el lugar de víctimas. Ellas dicen: Nosotras no somos víctimas, fuimos víctimas un tiempo, pero ya no somos víctimas de nadie”, afirma el dramaturgo.

Nueva vida

La obra de teatro empezó a presentarse a mediados del 2009. Hubo giras en todo el país y charlas de las cinco actrices que se representaban a sí mismas, pero ya no desde el plano de víctimas.

“Una mujer que estaba presa recreaba el diálogo con su hijo, otra le escribe una carta a la madre; una mujer que perdió un brazo a manos de su esposo dice basta, y una más recrea la conversación con su perro, a quien le hablaba y contaba lo que sufría. Pero todo desde un plano de ver hacia adelante”, explica Canale.

Giras

Las Poderosas fueran invitadas a dar una gira por todo el país, luego para presentar la obra en toda Centroamérica y después tuvieron una invitación para presentarse en España y Venezuela. “Fue bonito viajar y conocer nuevas culturas, nueva gente. Ahora soy muy feliz”, dice Edelma, una de las actrices.

Canale está convencido de que el teatro ha ayudado a sanar las heridas que les dejaron años de agresiones.

“Lo que pasa con las obras de teatro es que nos abrimos y hacen que las personas hablen. Todos tenemos un montón de dolor, pero no lo sacamos, y eso genera mucha violencia. Nosotros creemos que cuando uno expresa el dolor, cuando uno lo habla, lo sana. Se forma una persona fuerte y en el dolor está la fuerza”, expresa Canale.

Nuevo proyecto

El grupo Las Poderosas prepara una nueva obra de teatro que continuará con el tema de la violencia.

“Ahora se hablará de la violencia sexual, por ejemplo, pero también de todos los tipos de violencia. De cómo se pierde la identidad indígena y temas parecidos”, indicó Canale. Aún están en la fase de pulir el texto para comenzar los ensayos.

La obra de Canale

Marco Canale nació en 1977 en Buenos Aires, Argentina.

Es creador  escénico y audiovisual. Sus obras han sido presentadas en Argentina, México, Guatemala, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Portugal, España, Marruecos y Colombia.

En el 2009  se convirtió en director teatral del colectivo Las Poderosas,  con la que se estrenó  la obra homónima en Guatemala y en España, en el
XXVI Festival Iberomericano de Cádiz, en el  2011, donde recibieron  la distinción La Glo.

Jóvenes

Imparten talleres  

El grupo de mujeres que participan en la obra de teatro Las Poderosas han realizado talleres de creación con jóvenes. En la actualidad, participan con estudiantes del colegio Julio Verne  y  jóvenes de áreas marginales.

Así se contabilizan decenas de casos donde hospitales, carreteras, puentes, mercados, terminales de autobuses, comisarías de la Policía Nacional Civil, escuelas, extensiones universitarias y todo tipo de obras han quedado sin terminar por la corrupción y la mala planificación de los consejos de Desarrollo, municipalidades o el Gobierno.

Descontrol

Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana y quien se dedica al estudio e investigación de la corrupción, explicó que por lo menos la mitad de obras que no fueron terminadas se debe a casos de corrupción.

“Otras son por temas presupuestarios, adjudicaciones irregulares que son impugnadas, con lo cual se paraliza el proceso o porque hay casos de corrupción, donde las empresas encargadas de las obras desaparecen y no cumplen los contratos con el Estado”, indicó Marroquín.

Aseguró que la mayoría de casos donde las obras no se concluyeron fue porque las municipalidades o los consejos de Desarrollo contrataron a organizaciones no gubernamentales para efectuar los trabajos.

“Esos edificios quedarán allí como monumentos a la corrupción que existe en el país”, dijo Marroquín.

Marvin Flores, también de Acción Ciudadana, afirmó que no hay un número específico de obras inconclusas, porque no existe alguna institución del Estado que se encargue de darle seguimiento.

“Debería fortalecerse la Contraloría General de Cuentas, porque actualmente lo único que hace es una auditoría de papel y no una inspección real de las obras que se ejecutan. No tienen ningún control”, expresó Flores.

Francisco Cárdenas, diputado y experto en temas municipales, manifestó que, además de los casos de corrupción municipal o de los consejos de Desarrollo, figura la de los encargados de otorgar los recursos.

“Muchas veces los alcaldes no tienen los fondos porque el Estado no los entrega en forma ágil. Se sabe que a veces se pide dinero para que los fondos lleguen rápido a los alcaldes o Cocodes, y si los fondos no llegan, la obra no se puede continuar y queda abandonada”, expuso Cárdenas.

Hospital

Dilapidación de recursos

En el 2009 hubo  fiesta en San Pedro Necta, Huehuetenango, porque comenzaron los trabajos de un hospital distrital. Cuatro años después, en ese nosocomio, o lo que hay de él, nadie se cura,   a pesar de que la inversión inicial fue de Q38 millones, que el Ministerio de Salud trasladó al Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).  La obra contó con un ampliación presupuestaría de Q3 millones para ser entregada en diciembre del 2011. Sin embargo, los trabajos fueron suspendidos  en julio del 2011 con un avance   del 44%.  A la empresa encargada de la obra  se le pagaron Q20 millones. Actualmente  se asignaron  Q15 millones más para terminar la obra, pero los trabajos aún se encuentran paralizados.-Mike Castillo

Viaducto

Siete años de espera   

Hace siete años se comenzó  en Quetzaltenango  la construcción de un moderno viaducto que ayudaría a resolver los problemas de congestionamiento vehicular, al menos ese fue  el argumento.

Después de más de 80 meses y Q169 millones,  aún no se tiene certeza de cuándo estará lista la obra que tiene como objetivo comunicar a Salcajá con Quetzaltenango.  

“El atraso se debe a un inconveniente que surgió con el propietario de un terreno que es necesario utilizar para finalizar el viaducto”, dijo el alcalde de Salcajá, Miguel Ovalle, quien aseguró que se retomarán las obras.-Por Alejandra Martínez

Mercado

Hierro oxidado

Lo que sería un mercado moderno en Ixcán, Quiché, terminó siendo un esqueleto de hierro oxidado. La obra se empezó en el 2003  a  un costo de Q17 millones.  Se pagó a la empresa Garavito, S.A Q14 millones, un 82%, pero  el avance fue menos de un 30%.  Cada año el Infom quita Q3 millones por el préstamo que se hizo al Banco Interamericano de Desarrollo. Al final el costo   será de Q61 millones.-Por Óscar Figueroa

Puente

Poco interés

En el 2005,  el  presidente  Óscar Berger inauguró los trabajos de un puente que aseguró que  era de suma importancia porque comunicaría a Sayaxché con La Libertad, Petén.

La construcción tendría un costo Q30 millones. En el tercer año de la  administración de Álvaro Colom se recobró  el interés por continuar con la obra, por
su  importancia,  pero de nuevo   la edificación  quedó inconclusa.-Por Rigoberto Escobar

Planta

Instalación sin uso

Pese a la inversión de Q6 millones y un avance de la obra de  un 98%, una planta para tratamiento de aguas servidas  en Chiquimulilla, Santa Rosa, quedó abandonada.

La obra se inició en octubre del 2006,  pero un año después se suspendió la construcción.

Tres lagunas de sedimentación y todas las instalaciones para recibir el agua están finalizadas, pero nunca se les dio uso y tampoco se han dado las razones.-Por Oswaldo Cardona

“Hoy es el último día, debemos rematar todo lo que sea de Navidad, por eso bajamos los precios”, expresó María Jolom, quien desde principios de diciembre atiende un puesto en los campos de futbol de la calzada Roosevelt.

Marcela Bala, quien desde hace cinco años vende en ese lugar, explicó que este año la venta de árboles y arreglos de pinabete cayó, por los controles y operativos de la Policía Nacional Civil.

“La Policía hizo la vida imposible para los compradores, porque ellos adquirían su arbolito; sin embargo, ahora que salían de acá, la Policía se los quitaba con el pretexto de que era ilegal”, dijo Bala, no obstante que los árboles que vendían eran legales.

“Tenían su marchamo, pero nosotros creamos nuestros árboles con sus ramas porque no toda la gente quiere árboles grandes, sino pequeños”, dijo.

Rebajas

Según datos de la Policía Municipal de Tránsito, ayer fue el día más congestionado en la ciudad. Eso se vio reflejado en los mercados La Terminal, zona 4; El Guarda, zona 11; y la Central de Mayoreo (Cenma), zona 12.

En La Terminal, zona 4, la afluencia de personas fue masiva.

Varios llegaron por frutas para ponche y porque los ingredientes que compraron para hacer tamales no les alcanzaron.

Los precios del musgo, aserrín, arreglos navideños y otros productos también cayeron ayer.

“Yo vine a comprar otra caja de tomates porque vendo tamales y me aumentó el pedido. Me encuentro con la sorpresa de que hoy —ayer— está mas barato que el sábado. Me la dieron a Q140, y el sábado, a Q180”, dijo Josefina Cahuec.

Ernestina Guamuche comentó: “En las vueltas se me olvidó comprar cibaque, cuando iba a hacer los tamales me di cuenta de que no tenía. Hoy —ayer— está más barato. La próxima vez voy a esperar los días más cercanos a la Navidad, para ahorrar”.

En lugar de frutas para ponche o ingredientes para tamales, algunos compraban útiles escolares, a fin de evitar aglomeraciones en enero.

Tránsito

Masiva carga vehicular

De acuerdo con autoridades de Tránsito de Guatemala, ayer fue el día que se registró  mayor circulación de vehículos en la capital.

Cerca de un millón 150 mil automóviles salieron a las calles en la víspera de Noche Buena, lo cual significó varias  complicaciones para transitar por  las principales vías de la ciudad.

Los mayores atascos  se registraron  en las cercanías de los 33 centros comerciales y los cuatro principales mercados de la capital.

“Además de los turnos ya asignados, extendimos el horario de muchos de los agentes de Tránsito, para poder solventar el hecho de que  muchos comercios se mantienen abiertos hasta medianoche”, indicó Amílcar Montejo, intendente administrativo de la Entidad Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), quien agregó que los horarios de mayor circulación de vehículos  fueron de 10 a 13 horas, y de 16 horas en adelante.

Más de 1 millón de  vehículos circularon por  las calles de la capital.

Q75 Precio de árboles de pinabete en mercados.

Según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en los primeros 10 meses del 2013 ocurrieron en Escuintla 565 muertes violentas comparadas con las 553 del año pasado.

Si se mantuviese la misma tendencia finalizaría el año con 678 crímenes y una tasa de 93 muertos por cien mil habitantes.

En el 2012, Chiquimula ocupó el primer lugar con una tasa de 98 muertos por cien mil habitantes y aunque ese departamento logró reducir sus números, en Escuintla, la violencia mantuvo el paso.

Vecino problemático

Escuintla es el cruce clave del país: en su cabecera se encuentran las rutas de frontera a frontera y de costa a costa. Padece los efectos de su estrecha relación con la capital, cuyas dinámicas tienen un efecto directo en este departamento donde se genera el 43% del producto interno bruto.

Amanda Morán, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Ceur), elaboró la investigación Las Ciudades intermedias y el desarrollo regional, en el cual destaca que Escuintla y Guatemala integran la zona económica más importante del país y la de mayor desarrollo, pero entre los dos departamentos concentran la mitad de los delitos ocurridos en el territorio nacional, según cifras de la Policía Nacional Civil (PNC).

Efecto “globo”

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, afirmó en una reciente entrevista que por mejorar la seguridad en el área metropolitana se había descuidado la seguridad de los departamentos del país, y que ahora, en una nueva fase, se trabajaría en esos lugares.

Las cifras de criminalidad, de acuerdo con López Bonilla, disminuyeron en la capital y en el área metropolitana, pero hubo un incremento en Escuintla, que es una ciudad importante más próxima, según el gobernador de ese departamento, Lewis Logan.

“Las bandas que se vieron afectadas se corrieron hacía acá. Lo podemos ver en la cantidad de las capturas que hay”, dijo Logan.

Esto es lo que expertos en criminalidad llaman “efecto globo”: se presiona en un lado, pero se expande por el otro.

“El efecto globo ha implicado que se corran de un lugar a otro. En la capital hubo una reducción del 10 por ciento de homicidios. Eso causó repuntes en algunos departamentos. Guatemala —departamento— registraba el 47% de todas las muertes del país, lo que no logramos es que eso no se trasladara a otros territorios”, indicó el viceministro de Prevención del Delito, Arkel Benítez.

Jorge González es un comerciante desde hace 20 años. Tiene negocios desde Escuintla hasta Villa Nueva y había recibido solo dos llamadas de extorsión en los últimos años: le exigían dinero a cambio de no matarlo. “En los dos casos eran unos patojos de aquí de Escuintla que querían empezar a hacer sus cosas, pero la Policía me alertó, y no pasó nada”, relató González. Pero en los últimos meses a su celular ingresaron decenas de mensajes de texto en los que le exigían Q50 mil a cambio de no matarlo a él, a su familia o trabajadores.

“Me pedían que fuera a dejar el dinero cerca de la cuesta de Villalobos y me advertían que ellos sabrían si le avisaba a la Policía y conocían los carros de los investigadores porque trabajaban con ellos”, indicó González.

Un detective expuso que los delincuentes sabían que al sacar del territorio de Escuintla la denuncia por extorsión, debía ser procesada por personal del departamento de Guatemala y se retrasaría la investigación.

“Es una táctica: sacar de la jurisdicción territorial, según ellos, para tener ventaja, pero nosotros nos coordinamos entre departamentos. Retrasa un poco, sí, pero tampoco es determinante”, explicó.

El jefe de la Comisaría de Escuintla, Armando Samuel Barrios, tiene tres meses de haber llegado para hacerse cargo de la seguridad del departamento. “Estoy realizando un análisis sobre la situación, pero le puedo decir que hay personas que vienen de Villa Nueva a delinquir acá, eso no es secreto”, afirmó.

Sicarios

Lucas José Santiago, un electricista en Escuintla, fue el hombre que en mayo del 2009 disparó contra el abogado Rodrigo Rosenberg, cuyo caso escandalizó al país.

Santiago era parte de una banda que fue subcontratada por otro grupo para llevar a cabo el crimen. Este y otros casos sirven, de acuerdo con los investigadores de la División especializada en investigación criminal (Deic), para confirmar que bandas criminales aprovechan la cercanía entre la capital y Escuintla —58 kilómetros de distancia— para “operar en ambos departamentos”.

Jorge Cuja, jefe de investigadores en Escuintla, explicó que el intercambio de territorio de grupos es una teoría que se ha fundamentado en investigaciones que llegaron a juicio. Un ejemplo claro es la condena contra los asesinos del abogado Rosenberg.

“Las extorsiones y los homicidios son los delitos que más se reportan aquí. Hay información real que dice que por una muerte cobran Q3 mil 500”, dijo Cuja.

Reportes de la Policía arrojan que las cifras de capturas en “flagrancia” por muerte ascienden a 41 personas y las armas incautadas, hasta septiembre, eran 298, la cifra más alta fuera del departamento de Guatemala.

Carlos fue parte de una pandilla, pero no de la Mara 18 ni Salvatrucha, sino de un grupo que asesinaba por encargo y su principal cliente era un grupo que vendía droga al menudeo en Puerto San José. Desde hace dos años Carlos cambió. Aseguró que dejó el puerto y su antigua vida, aunque reconoce que hay muchos sicarios disponibles.

“La opción allá era pescar o ir a trabajar a algún ingenio. A nosotros nos daban Q5 mil por “quebrarse” (matar) a alguien. Eran relajos entre ellos (vendedores de drogas) y después te desaparecías un rato y cuando regresabas, otro se iba” relató Carlos, quien reiteró que ya no es parte de ese crimen.

Limitación

En Escuintla hay asignados 17 investigadores que deben dividirse en dos turnos y a los que se descuentan quienes están de vacaciones.

En resumen hay siete investigadores por turno que deben hacerse cargo de los 10 delitos que suceden todos los días. Hasta septiembre, cada investigador tenía asignados en promedio 161 casos, entre muertes, robos de motocicletas y vehículos, extorsiones y robos de todo tipo.

En cuanto a personal uniformado la situación es similar. En Escuintla se tienen asignados mil 27 agentes que deben dividirse en tres turnos: un promedio de 342 policías que deben resguardar a una población, según una proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 731 mil 326 personas. Es decir que cada agente debe resguardar a dos mil 138 vecinos o bien, si se repartiera el territorio departamental, cuidar 13 kilómetros cuadrados.

En la capital se prepara actualmente un grupo de 40 investigadores que formarán un equipo especial de homicidios para tratar de reducir la violencia, informó el viceministro de Gobernación, Eddy Juárez.

“Por ahora trabajan desde la capital, por la vulnerabilidad de las instalaciones, pero el próximo año estarán en aquel lugar”, expresó Juárez.

Se usará el mismo modelo que se utilizó con la unidad de homicidios de la capital. Buscarán formar un equipo con el Ministerio Público (MP), a fin de desarticular bandas completas de sicarios, y no casos aislados.

Más prevención

Consciente del aumento de la criminalidad en Escuintla, Benítez afirmó que se trabaja en un plan para realizar más acciones de prevención de delito y afirmó que el próximo año trabajarán en escuelas seguras.

El obispo de Escuintla, monseñor Víctor Hugo Palma, explicó que los escuintlecos deben trabajar en identidad y organización, para ponerle un alto a la delincuencia.

“Deben trabajar unidos, como pueblo, porque pareciera que el escuintleco no existe, solo es una creación literaria. Deben trabajar más en la unión como vecinos”, manifestó el obispo.

Más fuerzas de tarea contra el crimen

El gobernador de Escuintla, Lewis Armando Logan, comentó que después del “éxito” que han tenidos las fuerzas de seguridad en el área metropolitana, las bandas criminales se han movilizado  hacia las ciudades intermedias, incluida Escuintla.

“Hay que hacer notar la cercanía que hay entre Escuintla y la  capital —58 kilómetros—. La presión que las fuerzas de seguridad han hecho motivó la migración de delincuencia que pasó a operar en Escuintla, se nota en la cantidad de capturas que se han realizado”, indicó Logan. 

Agregó que han   tomado medidas desde hace algunos meses por la violencia.

“El Gobierno nos ha dado más agentes; además, se envió al noveno escuadrón, con 508 soldados, que vino a trabajar a Escuintla y Suchitepéquez. Si no se estuviera trabajando, estaríamos igual  que la  capital —en cuanto a número de delitos—”,  afirmó  el funcionario.

Puntualizó  que esperan más ayuda del Gobierno central para revertir  el incremento de criminalidad, pero aclaró que sí hay acciones para revertir esa situación.

“Se espera que se dé la creación de la nueva fuerza de tarea contra el sicariato, similar a la que se implementó en la capital, ese es uno de los ofrecimientos que hay,  porque Escuintla es el segundo departamento más violento”, indicó Logan.

El gobernador explicó que esta percepción tiene que ver con el nivel de violencia que hay en un algunos municipios,  como Nueva Concepción, Puerto  San José y Tiquisate.

La ceremonia se efectuó en la residencia del embajador de España, Manuel Lejarreta, quien en su discurso destacó el trabajo que Sandoval Samayoa ha realizado a lo largo de sus años como periodista, académico y “constructor de la democracia en el país”.

El diplomático explicó que la Orden se entrega a personas que han desempeñado un papel activo en estrechar los lazos de amistad entre Guatemala y España, y que fue aprobada por el Rey Juan Carlos, en julio último.

El homenajeado se declaró orgulloso de recibir la distinción y afirmó que continuará en la misma línea.

Alta distinción

La Orden de Isabel la Católica fue creada por el Rey Don Fernando VII, el 14 de marzo de 1815.

Según el reglamento, emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la Orden “tiene por objeto premiar los comportamientos extraordinarios de carácter civil realizados por personas españolas y extranjeras que redunden en beneficio de la Nación o contribuyan de modo relevante a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de España con el resto de la Comunidad Internacional”.

Uno de los aportes de Sandoval Samayoa ha sido desde la Academia Guatemalteca de la Lengua, de la cual es director, desde donde ha mantenido una permanente defensa del español y su uso correcto.

DESTACADA TRAYECTORIA

Breve perfil del periodista homenajeado:

Mario Antonio Sandoval Samayoa es vicepresidente del Consejo de Administración de Prensa Libre y presidente de Guatevisión.

Empezó su carrera periodística en este diario en 1966, donde hizo labor reporteril  hasta llegar a ser director editorial  en 1992. 

Es  director  de la Academia Guatemalteca de la Lengua.

En dos ocasiones ha    presidido  la Asociación de Periodistas de Guatemala.

Catalejo es el nombre de su columna en este diario, la cual se publica tres veces por semana desde hace  tres  décadas.

Con mano de hierro impuso los precios —menores de lo que pagaban otras recicladoras— de lo que los recolectores obtenían en todo el día.

Quien se negaba a vender los desechos ya clasificados a López Col debía abandonar el lugar; el que lo desafiaba era amenazado y quien intentó enfrentarlo murió a manos de alguno de los ocho sicarios que tenía a su disposición.

Roland sembró el terror durante dos años dentro y fuera del relleno sanitario.

Sus inicios

Quienes conocen López Col dicen que puede ser el hombre más tranquilo del mundo, y un minuto después, el más agresivo. Está acusado por la Fiscalía de dirigir un grupo que intentó dominar por la fuerza el mercado del reciclaje.

Roland es el dueño de la más grande de las seis recicladoras ubicadas en las afueras del relleno sanitario.

Algunos de los recicladores conocieron a Roland en los tiempos en que debía ensuciarse para encontrar lo que se podía reciclar.

Cuentan que después conoció a alguien que lo reclutó para distribuir droga en las cercanías de las zonas 3 y 8. Operó un par de años, hasta que obtuvo dinero suficiente para montar su recicladora.

“Ya tiene tiempo. No sé cuántos años. Era buena gente, cuando quería”, dice uno de los recicladores. El único que se atrevió a hablar. Todos los demás guardan silencio cuando se les pregunta por Roland, que se encuentra prófugo.

El operativo

Después de seis meses de investigación, fiscales de Delitos contra la Vida decidieron ir tras los integrantes de la banda.

El pasado 23 de agosto, durante un operativo en el que participaron más de 60 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron capturados 18 integrantes del grupo. Entre ellos su lugarteniente, Byron Alexánder Campos, alias Chocolate.

Los fiscales solicitaron las orden de aprehensión al Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal después de haber escuchado decenas de testimonios sobre la presión de la banda de López Col para que los recolectores le vendieran todo a él, pero a un precio menor del que pagaban otras recicladoras.

“Él trataba de quebrar a las otras recicladoras para quedarse con el negocio, que es muy rentable. Además, como pagaba menos por el producto, tenía más ingresos”, expresó uno de los fiscales que participó en la investigación.

López Col empezó a encontrar resistencia de quienes querían más por su trabajo.

“Algunos guajeros comenzaron a enfrentarlo porque querían que les pagaran más, lo cual determinó que fueran agredidos y asesinados”, explicó el investigador.

Según la investigación del Ministerio Público, la banda es responsable de por lo menos la muerte de 10 recicladores que habrían desafiado a Roland al vender su producto a otras recicladoras.

Seguridad

Extorsiones a camiones recolectores

La Fiscalía   logró ubicar a una banda que  extorsiona a los propietarios de  camiones recolectores de basura que funcionan en el área metropolitana.

Según la investigación del Ministerio Público,  la gavilla es dirigida por el   nicaragüense Martín de Jesús Areca Ordóñez, quien se encuentra recluido en el Centro Preventivo  de la zona 18.

Según la Fiscalía, Areca exigía el dinero a los empresarios. Pedía hasta Q25 mil por camión para no atacar a los trabajadores.

Los investigadores tenían identificados por lo menos 17 casos en que participó Areca y otros integrantes del grupo. Después, les entregaban a los recolectores  un teléfono celular con el cual negociaba  la cantidad que debían pagar: Q25 mil, Q20 mil o Q12 mil.

La banda interceptó varios camiones recolectores de basura que trabajaban en la capital, en particular en la zona 11   y  en Villa Nueva y Villa Canales.

Los ataques  comenzaron  en junio último, y continuaron en julio. Al menos 168 recolectores de basura dejaron de trabajar por  temor a ser atacados durante varios días.

Expediente

Las víctimas

Según la investigación de la Fiscalía, que consta en el expediente 187-2013 del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, a López Col se le acusa, junto con ocho  de sus presuntos sicarios, de haber participado de forma directa en la muerte de 10 recicladores del relleno sanitario, zona 3, entre marzo del 2012 y junio del 2013.

Los investigadores indicaron que aún continúa la investigación, para determinar si hay más crímenes en los que pudiera estar involucrada la   banda.

La Fiscalía   tiene información de que el grupo extorsionaba a  comercios  cercanos al relleno sanitario, y  también en la zona 8.

La acusación detalla que la primera víctima de López Col fue Érick Ernesto López Mateo, quien murió el 6 de marzo del 2012. Después siguieron los crímenes contra   Robin Eduardo López,  César Alberto López Lorenzo,  Marco Antonio Hernández Morales, Miguel Ángel Socoxot y César Genaro Cruz,  todos  el año pasado.

En el 2013, según la Fiscalía, la banda mató a  Wálter Jacobo Jumiquel, el 26 de marzo; Brandon Juan Sánchez Zamora, el 18 de abril;  Wilson Enrique Aguilar, dos días después; y Rudy Alexánder Paz,  el 12 de junio último.

Detrás de cada caso siempre hay una historia de desamparo, abuso sexual, violencia doméstica, diagnóstico clínico o simple conveniencia.

“Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral”, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2271.

Algunos países de Latinoamérica —Uruguay, el más reciente— permiten el aborto en las primeras 12 semanas sin que la mujer alegue más motivo que su decisión. Lo mismo en Cuba, Puerto Rico y el Distrito Federal de México.

Todo lo opuesto ocurre en El Salvador, Honduras o Panamá, que lo prohíben por completo. Guatemala está en la lista de los países donde la ley tiene una excepción: si la vida de la madre corre grave riesgo.

Según el Observatorio de Salud Reproductiva, en el país cada año ocurren unos 65 mil abortos inducidos, por fármacos o practicados en clínicas privadas que ponen anuncios en periódicos, entregan publicidad en la calle o simplemente ganan fama a base de rumores.

Resolución de última hora

El caso de Mariana

“Necesito tu ayuda. Sé que estás haciendo un reportaje de abortos. Mi amiga quiere sacarse a su hijo”, dijo  Roberto. Se refería a Mariana, una chica morena, delgada, que tenía novio y planes de casarse, pero que tras una noche de pasión con otro joven,  quedó embarazada.

Ella accedió a ser acompañada a la clínica de abortos,  en la zona 3. En el camino habló poco,  dijo que no podía tener al bebé  porque  botaba sus planes.
“No puedo, de verdad.  Si fuera de mi novio, sería otra cosa”,  explicó. Además, dijo que su padre, expolicía,  había jurado matar al que la embarazara antes de casarse.  Al llegar a la clínica se le pregunta a Mariana:  ¿Está segura?  “Sí, estoy  segura”.

En la dirección indicada hay un letrero de clínica dental. Es una casa pintada de morado. Adentro, en un escritorio, un hombre de unos 50 años, con  bata blanca de médico, le pregunta cuánto tiempo tiene. Le explica que a las nueve semanas  no ha crecido —evita decir bebé—.

“Será rápido,  tendrá un poco de dolor, sangrará algunos días, pero no pasa a más. He hecho muchas veces esto. Créame, no pasa nada”, explica fríamente.

Mariana paga los Q1 mil 200 que cobran. El supuesto médico anota el nombre y apellido de Mariana en un cuaderno parecido a los de actas.  Se le pregunta si tiene los nombres de todas las que han llegado, y dice que sí. Se nota que a ese lugar han llegado cientos  de mujeres.

“¿Ya está lista?” Ella dice que sí. Llega una mujer vestida de enfermera. “Sígame”, le dice.  Ella sale de la casa que simula ser  clínica dental, y entra en la casa contigua.  Donde debía ser el garaje, hay una sala de espera improvisada con bancos de plástico. Tres jóvenes, de entre 17 y 19 años, esperan. Llaman a una de ellas. Las otras dos solo la acompañan.

 La joven que llegó a abortar es llevada a una habitación.  Mariana está nerviosa, y empieza a dudar.  “¿Qué hago?”, dice.  Las amigas de la joven que ingresó en la habitación están preocupadas. Tras  media hora,  sale llorando, apoyada en la enfermera. Se le nota débil y es auxiliada por sus dos amigas. Una de ellas le pregunta si está bien. Ella responde entre sollozos: “Vámonos, vámonos”.

Diez minutos después, llegan por Mariana, pero ella le dice que quiere hablar con el facultativo.  No es el señor de 50 años. Es otro. Mariana le dice que decidió que no va a abortar. El supuesto médico le dice que es su decisión. Mariana le pide de vuelta el dinero, pero le contesta:  “Usted es la que se está arrepintiendo, no yo.  Puede venir la otra semana, si quiere. Después ya es más caro”, le dijo antes de dar media vuelta y regresar al cuarto de abortos.

Víctima

“No se lo dije a nadie”

Carmen puso fin en abril a lo que había empezado en febrero: su hijo. Carmen tenía 19 años, y trabajaba en una venta de comida rápida en el turno de la tarde. Al salir, siempre la acompañaba un compañero de trabajo que vivía cerca. Ambos tomaban un taxi.

La  noche del 13 de febrero del 2012, todo se alineó para su mala suerte: su amigo no trabajó por enfermedad y el taxista que   los llevaba había tenido un viaje fuera de la capital. Carmen decidió tomar el primer taxi que encontrara.  El primero que pasó le dio mala espina, y dejó que siguiera. Detuvo al segundo. Acordó la cuota, y subió.  Unos minutos después, el taxista le dijo que solo vería algo en el motor.

Luego, dos jóvenes detuvieron el taxi. El conductor dijo que   eran conocidos. Ambos subieron.  Cuando el taxista tomó otro rumbo, ella empezó a hacer preguntas y sintió un golpe en el ojo derecho, que no fue lo suficientemente fuerte para desmayarla, pero sí para  desconcertarla.

Después, la llevaron a un lugar desolado en la ruta al Atlántico, y la violaron los tres. Cuando se enteró de que estaba embarazada, no pensó que era su hijo, sino una continuación de la violación. Sentía odio por lo que llevaba adentro. Posteriormente pensó que era su hijo, pero nuevamente, las dudas y el miedo.

“Dos meses después, sin pensarlo, fui a una clínica que me recomendó una amiga. Solo ella sabía que estaba esperando un hijo. No le dije a nadie”, expresa.

Quedó marcada

Por presión

Clara llegó a una clínica de abortos por recomendación de una compañera de trabajo. “Allí, cerquita del Conservatorio Nacional de Música, está”, le dijo.  Clara decidió  que abortaría cuando su novio le dijo que no quería “estorbos”.

“Yo lo podía tener, estoy segura de eso. Pero  en ese momento mi novio era todo, y me mató con lo que me dijo”, explica Clara.  Según un estudio, tres de cada 10 mujeres que abortan son hospitalizadas por problemas posteriores.  Clara fue una de ellas. Tuvo hemorragia severa.

Según un estudio del Ministerio de Salud sobre mortalidad materna, en el  2000 murieron 444 mujeres. El 10 por ciento fue después de un aborto. Clara estuvo a punto de ser una estadística. Sobrevivió.

“Seré sincera. La verdad, lo que más me afectó fue   estar cerca de la muerte.  Me dije que no podía extrañar algo que no conocí. Hay que ser dura para que la vida no te afecte”, dice.

Confiesa que aún no se hace la idea de tener un hijo y que hay momentos en que se arrepiente de haber abortado, pero entiende que no sería buena madre.

“Trato de no pensar en eso”, explica. Dice que desde de que abortó, no ha tenido  pareja  estable, han aumentado  el consumo del alcohol.
“A lo mejor estoy bloqueando lo que siento; quién sabe”, confiesa.

Dilema

Celeste decidió

Un diagnóstico sacudió las  ilusiones de Celeste y su esposo. Poco antes del tercer mes de embarazo, un malestar la llevó anticipadamente a la consulta médica y al hospital.

“Tiene rubeola”, le dijeron. Y le explicaron las probables secuelas que tendría esa enfermedad viral en el bebé. Posible ceguera, problemas cardíacos o en la formación de algunos órganos.

La sintomatología confirmaba el pronóstico médico. Celeste se encontró ante la disyuntiva de abortar o tener al niño.

Lo haría por temor a los efectos de la enfermedad sobre su hijo, pero era muy probable que el procedimiento quirúrgico de aborto dañara gravemente su matriz, o incluso tendrían que extirpársela.

Por otra parte, aún y cuando la conservara, a los 35 años era poco probable que volviera a quedar embarazada.

Con un hijo de un matrimonio anterior, ella sabía de la ilusión que el bebé había creado con su actual cónyuge, quien le dijo que la apoyaría en la decisión que tomara.

Pidió una segunda opinión. Otro médico le ordenó  nuevos exámenes.

En efecto, se dictaminó con certeza que no se trataba de la temida  enfermedad. Su bebé está a salvo y ella se ha recuperado de la urticaria que padeció por varios días. Se alegra de haberlo pensado tanto.

Riesgo alto

Negocio disfrazado de ayuda

Al hacer una búsqueda en internet se encuentran páginas que simulan apoyar a mujeres que intentan abortar. Explican que son oenegés que busca ayudar a que  las mujeres tengan un “aborto seguro” y  que tienen médicos asociados en cualquier parte del mundo que darán asesoría. Ofrecen pastillas para tener un aborto y piden €90  de “colaboración”.  Solicitan los datos de la tarjeta de crédito.   Antes hacen que las interesadas contesten un cuestionario, con la intención de que crean que se preocupan por su situación, pero en realidad no tienen médicos en Guatemala, solo un distribuidor de pastillas abortivas.

El ginecólogo Roberto Estuardo Carrera advierte de que eso es riesgoso. “Ahora se distribuyen pastillas que eran para la gastritis, pero al consumir una dosis alta, hace que se dilate el cuello de la matriz y facilita la expulsión hasta las 14 o 16 semanas de embarazo”, explica.

El médico comenta que debería controlarse ese medicamento. “Antes, la caja tenía un costo de Q60, y ahora llega a Q3 mil. Es un negocio”, manifiesta Carrera, quien considera que la práctica de abortos en clínicas también resulta muy lucrativa y no hay quien garantice la seguridad de tales procedimientos.

UN DATO

Q900 puede costar un medicamento abortivo por internet.

65 mil abortos inducidos ocurren al año en Guatemala.

20% tasa de  embarazos que termina en aborto en América Latina.

29 millones de abortos van en 2013, según  abortioncounter.org.

En las calles lo que sobraban eran muestras de pésame y moñas negras, incluso en las viviendas de vecinos que no perdieron a ningún familiar, pero que estaban dolidos por la tragedia.

El accidente del bus de Transportes Sanmartineca cayó en un abismo de unos 200 metros, la mañana del lunes recién pasado, en el kilómetro 64, San Martín Jilotepeque. El saldo fue de 46 personas muertas y 41 heridas.

“Yo no perdí a nadie, fue el pueblo el que perdió”, dijo Carmen Batz, quien lloraba en la puerta de su casa.

Las moñas negras invadieron la localidad: taxis, autobuses, mototaxis y negocios colocaron una para solidarizarse con las familias de las víctimas.

Todos tenían algo que decir. Todos caminaban al velatorio de alguien que conocían.

“Élmer era mi amigo, nuestro amigo; por eso le pusimos moñas al tuc tuc”, refirió José Puac, conductor de uno de esos vehículos.

Sorpresa

La Municipalidad de San Martín Jilotepeque colocó en el frente del edificio una lista de las víctimas y heridos. Desde la mañana, las personas se aglomeraban y se sorprendían con los nombres que veían. Si no conocían a la víctima, conocían al hermano, al padre o al hijo. Todos tenían alguna conexión con los afectados.

Algunas calles del municipio fueron cerradas por el paso del cortejo fúnebre de algunas víctimas.

Familiares de los fallecidos abarrotaron la sede del Registro Nacional de Personas (Renap) de ese municipio, en busca del documento que certifica la muerte de sus seres queridos, un requisito para poder sepultarlos. Quienes lograron el trámite sepultaron a sus parientes ayer por la tarde, bajo una fuerte lluvia, en el cementerio de la localidad.

Algunos no corrieron con esa suerte. Félix González, de 54 años, no logró obtener el acta de defunción de su esposa, Rogelia Zet Chavix, 51, porque el nombre en su documento de identificación estaba cambiado, por lo que pasó toda la tarde tratando de resolver el problema con personal del Renap.

A pedido de las familias afectadas, los féretros recorrieron calles y avenidas del pueblo, y pasaron frente a la municipalidad y la iglesia.

“Me quedé solo”

María Teresa Chávez, 56, escuchó las sirenas y supuso que algo andaba mal. “Lo sentí aquí, aquí”, decía mientras se tocaba el corazón. Ella estaba en su trabajo cuando escuchó las ambulancias. Salió a la calle y minutos después le dijeron que un bus se había accidentado.

“Pensé en mis nietos y mi nuera, porque habían tomado el bus a las siete y media. Me entró la desesperación”. Pidió permiso en su trabajo y se fue al lugar del accidente.

“Como pude bajé—al barranco donde quedó el bus—. Me regresó la Policía, pero busqué otro camino y llegué. A la primera que vi fue a mi nuera, Ofelia. Estaba bajo el bus. Después encontré a mi nieta, Verónica, de 6 años; estaba también bajo el bus”. Chávez continuó buscando entre todos los cuerpos, pero no encontró a su otro nieto, Alexánder, de 5 años.

“Al final, cuando pensé que talvez estaba vivo y lo habían llevado a un hospital, me acerqué a un señor y mostró las fotografías de los muertos, y allí estaba Alexánder”.

Nery Paredes Chávez, 25, se enteró de la muerte de su esposa y sus dos hijos porque su madre lo llamó para contarle.

“No puedo creer que me quedé sólo. El domingo estuvimos jugando y éramos los más felices del mundo. Mirá cómo la vida juega con uno, pues”, se lamentó Paredes, quien también perdió a su suegra, su cuñada y un sobrino. Todos fueron llevados a la aldea Chipastor, a una hora de distancia de la cabecera municipal.

Identifican a víctimas

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó a 41 de las víctimas del accidente. Solo al conductor le fue practicada la necropsia, ya que el Ministerio Público solicitó que le hicieran una prueba toxicológica, para verificar si conducía ebrio.

Según Sergio Rodas, jefe del Departamento Técnico-Científico del Inacif, en este tipo de muertes no es necesario practicar necropsia, pues se sabe el motivo de la muerte, por lo que la morgue móvil instalada en el lugar se ocupó en identificar los cuerpos y entregarlos legalmente a sus familias.

Rodas detalla que hasta ayer habían sido identificados los cuerpos de nueve niños, de los cuales cuatro son mujeres y cinco varones; 19 mujeres adultas y 13 hombres adultos. Agregó que otras cinco personas que pudieron haber muerto en hospitales no habían sido reportadas como víctimas del accidente.

De los cuerpos identificados, 40 ya fueron entregados a sus familiares, y un hombre no identificado sigue en la morgue de Chimaltenango, según Rodas.

Édgar Gómez, encargado de una funeraria contratada por el seguro del autobús, indicó que entregaron 34 ataúdes para las víctimas. “Los demás contrataron servicios funerarios privados”, explicó.

 LARGA RECUPERACIÓN ESPERA A SOBREVIVIENTES

“Solo por un milagro estamos vivos”

Ninguno de los sobrevivientes puede creer que esté con vida, pero a pesar de los golpes, fracturas y cuadros clínicos complicados, todos agradecen al cielo el haber sobrevivido a la mayor tragedia en el servicio del transporte colectivo de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.

“Solo la mano de Dios hizo que estemos con vida”, dice Ramiro López, quien recuerda que dos  kilómetros antes de que el autobús cayera en el precipicio, comenzaron  a notar que  se desplazaba  muy rápido. “Nos empezamos a poner nerviosos,   ya que el piloto a cada momento se le quedaba viendo al ayudante, y al llegar a una curva quiso detener el avance tirándose hacia el paredón,  pero en lugar de parar el vehículo hizo que perdiera el control y cayéramos al abismo”, relata López.

“Las personas empezaron a caer unas encima de otras y los gritos de pánico se apoderaron del interior del automotor. Yo quedé atrapado entre unos sillones y calculo que tenía encima a unas cuatro personas, las cuales me causaron  fracturas en los tobillos, cadera y fémur”, cuenta el afectado, que ahora necesitará placas de platino e inmovilizadores durante  varios meses. No sabe cuándo podrá retomar sus estudios de Economía en  la Universidad de San Carlos.

 Teme que nadie lo indemnice. “Hasta el momento, la aseguradora del bus no se ha hecho presente. En estos buses no dan un ticket para que uno pueda accionar legalmente y hacer que la aseguradora lo apoye a uno en la recuperación, pero haber quedado con vida es suficiente, por lo que le doy gracias al  Creador”, enfatizó.

VIVENCIA ANGUSTIOSA

Esteban Balán se encomendó a Dios cuando el bus iba en el aire.  Pensó que iba a morir. “Al caer al fondo se escuchó un gran estruendo y segundos más tarde estaba cubierto de sangre. Intenté moverme, pero no podía, ya que uno de mis brazos no me respondía. Con el otro brazo toqué  mi cuerpo para sentir si estaba completo. Sufrí  fracturas en el brazo derecho y la pelvis, por lo que tardaré varios meses en recuperarme. Lo importante es que seguimos vivos”, expresó.

FAMILIARES

Bernarda Lorenzo Tuy  contó  que su esposo, Sebastián, y su hijo José iban  en esa unidad. El primero está internado, y al segundo  le dieron de alta, aunque  la noche del lunes último  se le inflamó el estómago y  lo llevó a un sanatorio, donde le detectaron una herida en el hígado.

“Tengo poco dinero  y no me alcanzará para tantos gastos médicos. Queremos que la aseguradora nos responda”, expresó Tuy.

María Cristina Díaz afirmó  que está consternada con lo sucedido, ya que en su hogar Leopoldo Xanxavín, de 23 años, tendrá que ser operado porque tiene fracturas en  el 60 por ciento  del cuerpo, y uno de los riñones le dejó de funcionar.  Bernardino Xanxavín, de 24 años, murió al llegar al Hospital Roosevelt.

“La Municipalidad de San Martín nos dijo que gestionan para que  la aseguradora se haga responsable, ya que hasta  el momento no se han acercado con nosotros. Somos de escasos recursos”, añadió Díaz.

Actualmente hay 10 personas internadas en el Hospital Nacional de Chimaltenango, informó  Henry Girón,  director de esa institución. Cinco necesitarán placas de platino y clavos. “Ninguno deberá realizar ningún gasto en la compra de este material médico quirúrgico, ya que el ministro —de Salud— se comunicó y nos indicó que el Ministerio correría con los gastos”, dijo Girón. Otros siete pacientes fueron trasladados a los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, por la gravedad de las lesiones.-Por José Rosales.

Trámite

Pagarán seguro

Aseguradora La Ceiba, empresa que cubre el seguro del  autobús accidentado el lunes último, informó que se instalará en la Gobernación de Chimaltenango o en la Municipalidad de San Martín Jilotepeque a partir de hoy, para comenzar el trámite de pago a las familias de las víctimas.

Alejandro Beltranena, gerente general de Aseguradora La Ceiba, dijo que las familias de las víctimas recibirán una  cantidad, según  la tabla establecida  para  fallecidos y  heridos.

Beltranena comentó que aún no han definido el lugar adonde se trasladarán, “por el tiempo que sea necesario”, para pagar a las familias.

Los tres requisitos para quienes reclamen el pago es presentar el documento personal de identificación, el acta de defunción de la víctima y la certificación que compruebe su relación: el certificado de matrimonio,  en caso de esposo o esposa, y  de nacimiento, para los hijos.

Para los heridos se debe conocer la lesión y tiempo de incapacidad.

Tránsito

Endurecer sanciones

El Gobierno se propone reformar el reglamento de transporte extraurbano, para  ser “mucho más estrictos” con las sanciones que impondrían a quienes sobrecarguen un autobús o excedan velocidad,  dijo el jefe de la Dirección General de Transportes, Ricardo Goudbaud.

Además, la unidad accidentada hace dos días no  había sido revisada desde hacía tres años.

Dato

Saldo del accidente del autobús:

46 personas muertas.

41 lesionadas.

Quien se llevó a la bebe fue una mujer que simuló ser una médica y aprovechó los últimos minutos de la hora de visita para tomarla y llevársela.

El Ministerio Público (MP) comenzó una investigación que incluye a personal médico y de seguridad del hospital, para determinar responsabilidades.

Testigos dijeron que la supuesta médica pasó con otras pacientes preguntándoles lo mismo, pero no a todas les ofreció pastilla. Una testigo dijo que Tziac fue la única que no recibió visita esa tarde.

Cerca de las 16.30 horas, regresó la misma mujer. “Yo estaba dormida, pero desperté cuando sentí que alguien se topó con la cama: era la misma mujer que me dio la pastilla. Tomó a mi bebé y la cargó. Le dije que para dónde la llevaba, me dijo que iban a hacerle un examen y regresaría. Yo confié en ella, pero a los 15 minutos que no regresó, les pregunté a las enfermeras, y ya no apareció mi nena”, relató la madre, en medio del llanto.

Agregó que vio uno de los videos que grabaron cómo la mujer se llevaba a su bebé. “Ya se había cambiado. La bata, como de médico, la uso para envolver a mi hija. Dijeron que se fue al lugar donde estaba el gas, y que allí no había salida”, dijo. Sin embargo, personal de seguridad aseguró no haber encontrado a nadie. El MP sospecha del personal médico y de seguridad.

Jorge lo hizo porque sospechaba de que su esposa le era infiel. Miguel, porque creía que su socio lo estafaba con sobreprecios. No tenían forma de comprobarlo hasta que consiguieron intervenir los teléfonos.

Ambos cometieron un delito que no amerita cárcel a menos que hagan público el contenido de la información, según el artículo 219 del Código Penal guatemalteco.

Escuchas por Q10 mil

Luis, director de una empresa, ante la sospecha de que escuchaban su teléfono, ordenó apagar los celulares y dejarlos fuera de su oficina antes de entrar a una reunión importante.

Algunos diputados y políticos sospechan lo mismo. Lo denuncian. Es una paranoia que afecta a muchas personas y que no se reduce solo a la comunicación telefónica, sino también a correos electrónicos.

Sin embargo, antes, cuando se hablaba de escuchas telefónicas, las miradas señalaban al Gobierno y a grandes compañías privadas que tenían el poder económico para adquirir tecnología para ese fin.

Ahora este “servicio” ilícito se ofrece a un costo promedio de Q10 mil y hasta se puede pagar con tarjeta de crédito en 12, nueve, seis y tres meses, este último a precio de contado, sin recargo.

Además dicen que el servicio es garantizado y presumen de haber hecho trabajos para algunas instituciones de gobierno, pero se reservan los datos.

“Esto es ilegal”

Una de las empresas que ofrece el servicio de “espiar teléfonos” se encuentra a inmediaciones del Paraninfo Universitario, en la 2a. avenida y 12 calle, zona 1. Es una oficina pequeña, en el segundo nivel de una casa antigua donde se rentan oficinas.

La empresa que ofrece el servicio de “espionaje” también vende cámaras de seguridad y otro artículos de vigilancia.

Quien atiende el negocio advierte desde el principio de que “nadie más hace el servicio porque es ilegal”. Él lo tiene claro. Y lo dice para explicar que debe ser algo que queda entre ellos y el cliente, una especie de pacto no explícito, pero que hace patente para evitar malentendidos o reclamos posteriores.

Una vez acordado el precio, pide que le lleven un teléfono. Es un celular nuevo: un Nokia N97, que tiene en el mercado un precio de poco más de Q2 mil.

El vendedor explica que ese teléfono tiene un programa “que no es identificado por nadie” y que permite escuchar llamadas. Para ello debe configurarse con otro número que recibirá mensajes de texto informando si del teléfono Nokia se envían o reciben mensajes, y si se realizan o reciben llamadas.

“Para escuchar la llamada —entre el teléfono vigilado y otro— usted debe llamar al número de donde provienen los mensajes. Tapa o remueve el micrófono, para que ellos no escuchen, y listo”, indicó el vendedor.

Refirió que también se podrán leer los mensajes de texto que entren y salgan. Hasta ese momento no habla de precios. Usa la táctica del buen vendedor: primero expone las ventajas del aparato y después habla de precios.

“Si paga en efectivo son Q8 mil 800, si paga en 12 visa cuotas sube a Q10 mil”, afirmó.

“Nadie más lo hace. Hay otra empresa internacional, creo que es argentina, pero como están lejos no tiene la garantía de que funcione”, indicó el vendedor.

Contó que ha vendido el servicio a esposos y esposas que desconfían.

“Funciona así: usted regala el teléfono, que esa persona lo use y ya, listo”, afirmó.

Se le pregunta si funciona con cualquier teléfono y responde que no, que debe ser el teléfono que ellos dan. “Si usted quiere traer el teléfono —Nokia N97—, está bien. Por instalar el programa cobramos Q5 mil”, dijo.

Servicio asegurado

Sergio también vende el servicio de escuchas telefónicas. Aseguró que no tiene oficina y que trabaja a domicilio, instalando micrófonos o cámaras. La cita la hace en un café. Es directo. Aclara que no necesita tener el teléfono físicamente. Solo necesita obtener el número de identificación internacional del celular —IMEI, en inglés— y con eso basta.

Presume de que tiene contactos en algunas empresas telefónicas.

“Yo te doy un teléfono espejo. Al celular le quito el micrófono para que no escuchen si hacés ruido. No tenés que responder. Si la otra persona contesta, verás el reloj de la llamada iniciarse”, refirió.

Indicó que el servicio es seguro y que la ventaja de su “producto” es que no necesita conocer a la otra persona.

“Solo necesitás un minuto para obtener el Imei. En cambio, ¿cómo le hacés llegar un teléfono a otra persona para que lo use?”, preguntó.

Sergio no explicó, a diferencia del otro vendedor, el método que utiliza para que un aparato intercepte la comunicación entre dos teléfonos.

“Nosotros, que estamos en el servicio de seguridad privada, no decimos nuestros secretos”, dijo.

Hasta ese momento afirmó que es de una empresa de seguridad privada.

Expresó que el precio es de Q12 mil al contado, que no hay rebajas ni pagos por abonos. Que el servicio es “asegurado” y que no habrá rastro de su trabajo.

Vulnerabilidad
Programas para intervenir teléfonos

En internet existen varios programas para espiar teléfonos celulares, pero dependen del modelo y el sistema operativo que tengan.  El más famoso es el Spyfone, que funciona con Android. También con celulares Samsung, HTC, Motorola, LG, Sony y Nokia.  En la página explican que están trabajando para adecuar el programa para que sea funcional con el sistema operativo del iPhone.

Un programa de espionaje cuesta un promedio de US$300 a US$600.

Las “funciones” ofrecidas son escuchar llamadas, leer mensajes de texto que salen y entran, y monitorear lugares donde ha estado la persona, por medio del sistema posicionamiento global  que está instalado en el móvil, que envía información cada
30 minutos.

Además se puede entrar en una página de internet del programa donde queda guardado todo el registro de llamadas que se realizan o reciben. Tener control de las páginas web que se han visitado desde el teléfono y de los contactos guardados en el celular.
En el mercado existen otros programas que ofrecen casi las mismas funciones, por ejemplo Spybubble, Flexispy, Mobile Spy, Call Track. Algunos no funcionan con todos los teléfonos celulares.

Q10 MIL es el promedio que cuesta el servicio de espionaje.

12 MESES hay planes para pagar hasta en un año el servicio.

300 DÓLARES cuesta en internet un programa de espionaje.

Ley
Intercepción
El artículo 19 del Código Penal de Guatemala indica: “Intercepción o reproducción de comunicaciones. Quien, valiéndose de medios fraudulentos interceptare, copiare o grabare comunicaciones televisadas, radiales, telegráficas, telefónicas u otras semejantes o de igual naturaleza, o las impida o interrumpa, será sancionado con multa de cien a un mil quetzales”.

Ley
Agravación
Las sanciones señaladas para los hechos delictuosos definidos en los tres artículos que preceden serán de prisión de seis meses a tres años en los siguientes casos: 1) Si el autor se aprovechare de su calidad de funcionario o empleado de la dependencia, empresa o entidad respectivas; 2) Si se tratare de asuntos oficiales; 3)   Si la información obtenida, el autor la hiciere pública, por cualquier medio.

Sin ley contra escuchas ilegales

Rolando Alvarado, experto en asuntos tecnológicos y jurídicos,  y  coautor del libro Ciber Crimen, explicó que en Guatemala no hay una ley que regule el “ciber espionaje”  y que podría aplicarse a las intervenciones de teléfonos celulares que no solo se limitan a llamadas, sino a datos de todo tipo. 

“Con relación al acto de escuchar una conversación telefónica sin autorización, sin importar el tipo de información obtenida o revelada, y de conformidad con la legislación guatemalteca, existe el delito de interceptación o reproducción de comunicaciones regulado en el artículo 219 del Código Penal”, indicó  Alvarado.

Afirmó que dependiendo de qué información se dé a conocer, así será la pena impuesta.

“Por ejemplo, la información podría tener relación con aspectos de seguridad del Estado, caso en el cual podría aplicarse la pena de seis meses a dos años de prisión. También  para conocer secretos empresariales o para cometer actos de competencia desleal o de violación de derechos de autor, caso en el cual estaríamos ante un “concurso de delitos con penas que podrían llegar a cuatro años de prisión y multa de hasta Q500 mil”, afirmó.

Alvarado dijo que por eso es necesaria una ley sobre  ciberespionaje.

No obstante, al visitar la referida zona lo primero que salta a la vista es el terreno desigual. “No lo vemos conveniente. Hay lugares más adecuados, como la Costa Sur, terrenos donde la topografía no tenga tanto relieve”, dijo Carlos Valladares Cerezo, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos.

El plan municipal de aeropuerto fue uno de los proyectos que más interés despertaron entre inversionistas durante el Investment Summit, el 30 y 31 de mayo, pero generó suspicacia en el sector inmobiliario del país.

Delegados de la empresa de tecnología Philips mostraron interés, al igual que el conglomerado brasileño Odebrecht, especializado en ese tipo de obras, aunque los detalles del proyecto todavía son vagos.

Aún así, fue la única mesa que agotó todas las citas de negocios previstas en el Summit, por lo que se programaron reuniones extra para dar detalles, informó Susana Asensio, directora de Planificación Urbana de la comuna capitalina.

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¿Adiós a la aurora?

El anteproyecto municipal estima que la construcción de este nuevo aeropuerto costaría entre US$500 a US$750 millones, a los cuales habría que sumar US$129 millones para un periférico de acceso, de 32 kilómetros.

Para esta vía habría dos opciones: una vía en terrenos capitalinos o una que siga el trayecto del anillo metropolitano del departamento de Guatemala, en el cual la comuna aún no ha aclarado su participación.

Asencio explicó que parte de la inversión saldría de la “recalificación” de los terrenos donde actualmente se encuentra el aeropuerto La Aurora.

En el proyecto presentado se explica que trasladar el aeropuerto ayudaría a liberar las áreas donde no se pueden construir más de cuatro metros de altura en las cercanías del actual, lo cual incluye las zonas 4 y 9.

El sector de bienes raíces ve este movimiento como una forma de apoderarse de los terrenos del aeropuerto La Aurora, a fin de venderlos para la construcción.

Lo califican de aislado

“Me parece que es un negocio de la tierra. Es un proyecto al gusto y huele a que puede ser el negocio del siglo, al lotificar el aeropuerto”, dijo el urbanista Alfonso Yurrita, quien criticó que la Municipalidad debe priorizar la solución de problemas como el agua y drenajes antes de embarcarse en proyectos tan ambiciosos donde debe participar todo el Estado, por su complejidad, costos e implicaciones.

Yurrita subrayó que la propuesta municipal del aeropuerto no va ligada a un plan nacional ni metropolitano de desarrollo urbano, pues pretende hacerlo sin el concurso de los otros municipios con los que colindaría la obra y sobre los cuales tendría impacto directo.

Lomas y árboles

La zona 25 es una de las menos pobladas de la capital y aún tiene uso agrícola. En ella hay lomas, arboledas y hondonadas, y se llega por una carretera empinada.

Cuando presentaron el proyecto del aeropuerto a inversionistas, los empleados de la Municipalidad resaltaban que la obra significaría el desarrollo del sector y un nuevo potencial económico para las áreas próximas a La Aurora.

Manuel Salguero España, ingeniero experto en avalúo, ve el aeropuerto como una cortina que no permite el crecimiento inmobiliario de zonas como la 4 y 9, que podrían crecer “hacia arriba”.

“Por ejemplo, al ya no estar el aeropuerto en la ciudad se podrían construir edificios de 20 pisos. La tierra se revaluaría”, dijo España, quien, por otra parte, considera difícil que se dé el traslado, y si ocurriera faltaría ver en qué se usaría el terreno de La Aurora.

“Así como está ahora la vara cuadrada, a unos US$250, pero sin aeropuerto puede subir a unos US$600 solo el terreno” aseguró Salguero.

Historia
El inicio de la terminal aérea

En 1926 se empezaron a construir los primeros hangares en la avenida Hincapié. Diez años después,   Jorge Ubico    construyó el edificio donde funcionó el aeropuerto y que ahora son oficinas de la Fuerza Aérea Guatemalteca. En 1942 se amplió la pista a dos mil  metros y se pavimentó.  La actual terminal aérea fue inaugurada en 1968 por el presidente Julio César Méndez Montenegro, después de tres años de trabajos y una inversión de Q4.7 millones.

Escuintla
La mejor ubicación

En el 2005, un estudio a cargo de la cooperación japonesa descubrió el mejor terreno para construir un nuevo aeropuerto. Según expertos, este debía estar a un costado del kilómetro 89 de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal y tendría un costo de US$600 millones, sin contar los terrenos. El proyecto fue presentado al presidente Óscar Berger, que prefirió  invertir en la ampliación del actual aeropuerto, la cual aún es objeto de críticas por deficiencias y falta de transparencia.

Requerimientos internacionales

La Agencia Federal de Administración Aérea de EE. UU. (FAA, en inglés) establece criterios para el diseño de un aeropuerto  internacional. Estos son algunos:

Que la pista tenga  la longitud adecuada para el despegue y aterrizaje seguro de aeronaves de todo tamaño. El actual aeropuerto, La Aurora, tiene una pista de tres mil metros. Lo ideal serían cinco mil metros. 

Estudios confiables sobre la dirección predominante del viento y su relación con la orientación de las pistas de despegue.

Distancia de visibilidad en diversas épocas y condiciones climáticas  del año.

Análisis del impacto ambiental que tendrá sobre las poblaciones cercanas, así como estudios de especies de aves que habiten la zona. De existir, tiene que haber mecanismos para ahuyentarlas, a fin de evitar accidentes. (Con información de la página de la FAA).

Terreno
¿Por qué en la zona 25?

La zona 25 es una de las que  menos desarrollo urbano tienen y se encuentra  dentro de las cinco  con menor población —19 mil 620 habitantes—.  Su terreno es sinuoso y la mayoría es utilizado para la agricultura.

Para llegar a esa zona aún se utiliza la ruta al Atlántico, donde suelen registrarse atascos en horas de alta demanda.

Para Óscar Peláez Almengor, director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Ceur) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), la zona 25 es el último lugar que le queda al alcalde Álvaro Arzú para proponer un proyecto así, y considera que lo hace para no perder el aeropuerto, que tarde o temprano deberá ser trasladado, debido a los riesgos y costo de oportunidad que representa. 

“Quiere mantener el aeropuerto dentro de los límites de la ciudad y, de paso, reactivar el sector económicamente”, dijo Peláez.

Sin embargo, el área no es la ideal para construir un aeropuerto, indicó el decano de la Facultad de Arquitectura de la Usac, Carlos Valladares Cerezo.

“Donde quieren construir el aeropuerto no lo vemos conveniente. Hay lugares más adecuados, como la Costa Sur, terrenos donde la topografía no tenga tanto relieve”, dijo Valladares Cerezo.

La zona 25, aunque tiene pequeños valles, también está rodeada de pequeñas montañas y barrancos.

El ingeniero Manuel Salguero, experto en avalúo, explicó que en la actualidad la vara cuadrada en el sector cuesta unos US$8 o US$10.

Los aspirantes debían pasar controles médicos y sus ojos no funcionaban bien. Así que, antes de pasar el examen de la vista, se aprendió el orden de las letras en el cartel. Así comenzó su carrera en el Ejército.

El tercero de 12

Ríos Montt nació el 16 de junio del 1926. Fue el tercero de 12 hermanos. En dos de los libros que se han escrito sobre él explicó que desde niño quiso ser militar. Jugaba a marchar como soldado.

Además, fue por su abuela que empezó en el camino religioso. Ella le pagaba un centavo de quetzal por leerle la biblia y por acompañarla a los servicios religiosos.

Toda su familia estaba involucrada y, de hecho, uno de sus hermanos, Mario, se ordenó sacerdote.

Ríos Montt cumplió su sueño y fue director de la Escuela Politécnica, y se le recuerda como uno de los más severos.

En 1972 fue ascendido a general. Así llegó a ser jefe del Estado Mayor del Ejército. Su carrera iba en ascenso hasta que lo enviaron a Washington DC a estudiar.

En 1973 renunció a su puesto y empezó a hacer política. Un año después fue nominado candidato presidencial por el Frente Nacional de Oposición, que había sido formado por el Frente Unido de la Revolución y la Democracia Cristiana Guatemala. Su compañero de fórmula fue Alberto Fuentes Mohr. Perdió las elecciones de 1974 frente al general Kjell Eugenio Laugerud García. Hubo alegatos de fraude. Ríos, al ser visto como un enemigo, fue enviado como embajador a España. Regresó al país en 1977. Fue hasta el 23 de marzo de 1982 cuando apareció en escena nuevamente, cuando fue parte de la junta militar que tomó el poder después del golpe de Estado contra Romeo Lucas García. Tres meses después se declaró presidente y disolvió la junta. En una comparecencia ante la Prensa dijo: “Gracias, Dios mío, estoy aquí”.

Un ejemplo de esta carencia es que solo hay 26 comisarios, en tanto que se necesitarían unos 80 para cubrir puntos importantes del país. Igualmente faltan subcomisarios, inspectores y oficiales a cargo de operativos, los cuales ahora efectúan agentes.

Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), proporcionados al Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el déficit de mandos medios afecta la administración de los agentes.

En la actualidad hay mil 70 mandos medios —entre oficiales, subcomisarios y comisarios— que administran a 24 mil 113 efectivos. Se necesitarían mil 414 mandos más para tener un balance, señala el informe.

Falla

El operativo de rescate debía ser efectuado por una unidad de agentes vestidos de particular, pero antes llegó un autopatrulla con agentes uniformados y sin oficial a bordo.

El oficial encargado de la estación a la que pertenecían los efectivos tampoco se encontraba en el lugar, así que los policías decidieron actuar. Llegaron con las luces encendidas y sirena abierta, por lo que fueron recibidos a balazos.

Los delincuentes huyeron, pero antes le dispararon a una de sus víctimas.

“Eso pasa cuando no hay un mando con criterio. Situaciones como esta pasan a diario y a una escala mayor”, explicó un oficial de investigación criminal que tenía a su cargo la operación de rescate que fracasó.

Estructura necesaria

Los oficiales y comisarios reciben el apoyo de los mil 96 mandos primarios, que son subinspectores e inspectores, quienes aunque tienen don de mando no tienen la capacidad de los oficiales.

El subdirector de Personal de la PNC, Ernesto Aldana, refirió que al menos se necesita medio centenar de comisarios. “Cincuenta comisarios es un número razonable. En junio habrá ascensos, y poco a poco tendremos los mandos que se necesitan”, afirmó Aldana.

La comisionada para la Reforma Policial, Adela de Torrebiarte, expuso que la falta de mandos es un tema que se ha arrastrado por años y siempre afecta, pero se han dado pasos importantes para llenar ese vacío.

“Se creó la Escuela de Oficiales, donde hay dos promociones —160 nuevos oficiales— en marcha. Además, a finales de junio se graduarán 600 nuevos mandos, entre oficiales y comisarios. Todo esto va acompañado por una universidad”, aseguró De Torrebiarte, quien aclaró que los aspirantes a nuevos mandos han tenido que superar pruebas de polígrafo, académicas y psicológicas.

Las depuraciones

En la PNC se han efectuado procesos de depuración, por corrupción y otros delitos. En abril del 2007 fueron destituidos 561 policías, entre agentes y mandos medios. No se tocó a comisarios ni comisarios generales.

En septiembre del 2008, en el primer año del gobierno de Álvaro Colom, las autoridades anunciaron el despido de 17 comisarios y comisarios generales. En junio del 2010 fueron despedidos los nueve comisarios generales.

Si las personas fueran sepultadas por su edad, el cementerio de jóvenes estaría lleno. Según datos de la Policía Nacional Civil, el 49 por ciento de muertes es de personas de 13 a 29 años.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que toma en cuenta todas las causas de muerte de jóvenes de entre 15 y 29 años —incluidas enfermedades crónicas y accidentes—, la violencia sigue siendo la principal causa de decesos, con el 37 por ciento.

Si a ello se agrega el porcentaje de algo que la OPS llama “eventos de intención no determinada”, esas muertes alcanzan el 57 por ciento.

Muy atrás quedan las muertes por influenza y neumonía, con 3 por ciento, y los suicidios, 2 por ciento.

En guerra

Una característica, entre otras, para declarar que un territorio vive en un guerra civil es tener una tasa de 80 muertos por cada cien mil habitantes.

En Guatemala, la cifra es de 39. Pero si se consideran solo los datos de jóvenes, el número aumentaría a 150 muertos por cada cien mil habitantes jóvenes. Es decir que afrontan una guerra invisible, pero con efectos reales: en el 2012 murieron, en promedio, siete jóvenes cada día.

Según un estudio desarrollado por el Central American Business Intelligence (Cabi), el rango de edad en el que más alta era la tasa de homicidios en el 2011 era el de 21 a 25 años, con 171 muertos por cada cien mil habitantes. Le seguía el rango de 26 a 30 años, con 167 por cada cien mil habitantes, y después el de 16 a 20 años, con 99 por cada cien mil habitantes.

Verónica Godoy, de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, dijo que lo peor es que los victimarios también están en los rangos de edad de las víctimas. “Se están acabando”, expresó Godoy.

Además, explicó que el impacto es mucho mayor porque el país pierde a ciudadanos en edad productiva.

“Los índices de asesinatos se concentran en esa población, y es una población en edades productivas. En su mayoría tienen hijos, entonces el impacto que genera no solo afecta a la persona que murió, sino también a quienes deja. Imagínese la cantidad de niños huérfanos que hay”, manifestó Godoy.

Miedo a pandillas

En el 2011 se efectuó la Encuesta Nacional de la Juventud. Los jóvenes entrevistados dijeron que le tenían miedo a las pandillas y a ser víctimas de la violencia —homicidios—.

Por ejemplo, el 17 por ciento de jóvenes, entre 15 y 20 años, indicaron que lo que más los afecta son las “amenazas o presiones de grupos delincuenciales para unirse o colaborar con ellos”.

El segundo temor de los jóvenes son los homicidios y los asaltos violentos.

El grupo de jóvenes de entre 22 y 25 años aseveró que tenían mayor temor a los homicidios. En ese rango de edad se ubica la tasa más alta de homicidios por cada cien mil habitantes: 171.

La encuesta también dio un dato revelador: los jóvenes no solo están muriendo, también se están privando de utilizar los espacios al aire libre, por miedo.

Hace seis semanas el Ministerio de Gobernación recibió de las autoridades de seguridad de El Salvador una solicitud de ayuda urgente: sus servicios de inteligencia habían ubicado en Guatemala a quien ellos consideran uno de los mayores narcotraficantes de ese país.

Ulloa Sibrián había salido de Guatemala el 19 de febrero pasado por la frontera de Valle Nuevo, pero no había registro de su ingreso en su país. Un grupo de investigadores empezó a buscarlo en las propiedades que tenía en Guatemala, Jutiapa y en la ruta a El Salvador.

La captura

En la semana última, los detectives vigilaron residenciales Santa Anita 2, en el kilómetro 18.5, Santa Catarina Pinula. El viernes por la noche, los investigadores vieron salir a Ulloa Sibrián en un picop.

Los agentes dieron aviso y recibieron las órdenes de detenerlo a su regreso. Junto con él fue detenida Ana Lorena Pérez Velasco.

“Es uno de los narcotraficantes más buscados de El Salvador. Ayer mismo se tuvieron los contactos con las autoridades de ese país”, afirmó el presidente Otto Pérez Molina.

Las autoridades de El Salvador acusan a Ulloa Sibrián de haber ayudado a transportar hacia Estados Unidos 16 toneladas de cocaína junto con Julio César Bonilla, que también tenía casas en Guatemala y se identificaba como Wilfredo Peña Funes. Ambos enviaban droga a EE. UU. en camiones que usaban para traer vehículos hacia Centroamérica.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, explicó que esos salvadoreños trabajan para un grupo que trafica droga por el Pacífico. “Estamos investigando con qué grupo de Guatemala estaban relacionados”, agregó.

Ulloa Sibrián fue trasladado en helicóptero.

Pesquisas

Bienes registrados Jorge Ulloa Sibrián, según pesquisas policiales, tiene registrados dos inmuebles en Guatemala. Uno es la Hacienda Vista al Mar, en el km 133.5, Moyuta, Jutiapa. Y el otro es la casa del km 18, en Santa Catarina Pinula. Además, seis vehículos, entre ellos un Porsche 911 turbo y dos camiones, y constituyó tres empresas: fábrica de block Vista El Mar, gasolinera Vista al Mar” y Mallas Metálicas y Ornamentales Ulloa. Las autoridades investigan más inmuebles de socios de Ulloa.

En las nuevas instalaciones se construiría un polígono de tiro para quienes aspiran a tener su primera licencia y la bodega central donde se resguardarían todas las armas decomisadas y los archivos de las más de 400 mil armas registradas en el país, algo que según la Asociación Nacional de Importadores y Distribuidores de Armas y Municiones (Anidam) sería peligroso tener tan cerca de las prisiones.

“En Guatemala hay importadores que traen mil o dos mil armas. Y si pasan para allá a la Digecam, imagínense llevar todas esas armas, para su registro. Es peligroso”, señaló Carlos Moguel, presidente de la Anidam.

Traspaso

El presidente Otto Pérez Molina firmó el 21 de diciembre del 2012 un acuerdo gubernativo que oficializó la entrega al Ministerio de la Defensa de un terreno de 39 mil 552 metros cuadrados, ubicado a un costado del complejo de cárceles de máxima seguridad, en Fraijanes.

El acuerdo, publicado en el diario oficial el 3 de enero de este año, determina que parte del terreno que pertenece a la Radio Nacional TGW le será trasladado a la Digecam, para que construya sus nuevas instalaciones.

El área se encuentra a un costado del Centro de Orientación Femenino, la cárcel de máxima seguridad Fraijanes y cerca de la Granja de Rehabilitación Pavón.

De manera oficial aún no se confirma que la Digecam, situada actualmente en la zona 5, pase a los terrenos de Fraijanes.

Sin embargo, el director de la Digecam, Érick Fernando Melgar Padilla, les informó a varios propietarios de armerías que a finales del 2013 se trasladarían a sus nuevas intalaciones en Fraijanes.

“Eso nos han comentado algunos agremiados, estamos esperando la confirmación”, explicó el presidente de la Anidam.

Vecinos del lugar dijeron que personal del Ejército llegó a medir el terreno el mes pasado.

Érick Escobedo, vocero del Ejército, informó que por ahora están en evaluación y aún no se ha tomado una decisión final, aunque confirmó que sí se toma en cuenta el terreno de Fraijanes como uno de los lugares para construir las nuevas instalaciones.

“Hay una comisión específica haciendo el análisis de campo para determinar si el lugar es apropiado. Debe ser un lugar con accesibilidad, porque se pretende integrar todos los servicios que presta la Digecam”, indicó Escobedo.

El propietario de una armería que prefirió omitir su nombre por temor a respresalías comentó que el director de la Digecam le dijo que, aunque había algunos problemas con el terreno, se iban a trasladar hacia Fraijanes “sí o sí”.

Se intentó contactar con el funcionario, pero se informó que está fuera del país en una comisión.

Todos los servicios

Cuando el presidente Pérez Molina ordenó que se entregara el terreno al Ministerio de la Defensa, especificó que debía ser exclusivamente para las instalaciones de la Digecam.

El artículo 3 del acuerdo gubernativo 354-2012 establece: “Se otorga en adscripción al Ministerio de la Defensa Nacional, con la finalidad de que en ella funcione la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) en el municipio de Fraijanes. En el entendido que, con el cambio de destino para el cual se otorga la adscripción, se dará por terminada la misma”.

En el artículo 4, del referido documento, se especifica que deberá darle mantenimiento al inmueble.

Actualmente, en el lugar se encuentra un edificio de cuatro pisos que fue construido para la TGW, pero que jamás utilizó, y donde ahora duermen agentes de la Policía Nacional Civil.

Escobedo confirmó que las medidas del terreno sí llenan las condiciones que se buscan para construir las instalaciones de la Digecam, porque se pretenden integrar todos los servicios, entre estos un polígono y una bodega para resguardar todas las armas decomisadas y los registros de las armas con licencia.

“El espacio debe ser suficiente para tener todo: trámites administrativos, pruebas teóricas, psicológicas y prácticas. Para eso es necesario instalar un polígono, además del espacio para el almacén. Así se harían en el mismo lugar todo los procesos”, explicó.

Ven riesgo

Según Moguel, varios agremiados a la Anidam han mostrado su sorpresa porque el lugar, además de ser alejado de la ciudad, está cerca de las cárceles.

“Imagínese un polígono para realizar práctica a las personas que trámitan su primera licencia, allí cerca de la cárcel”, expresó.

Moguel agregó que el área no es la ideal para que funcione la Digecam, porque es un sector en el que funcionan varias prisiones.

El 29 de enero último, el Ministerio de Gobernación emitió el acuerdo gubernativo 40-2013, que declara al complejo de Pavón área estratégica de seguridad nacional y pide a la Dirección General del Sistema Penitenciario que haga lo necesario para resguardar el sector, incluidas amenazas externas.

Fulgencio Bolvito Pérez se hacía pasar por especialista en revisión de vehículos. Aseguraba que era capaz de establecer si un automotor era robado con tan solo verlo. Lo decía con detalles técnicos que hacían creer a dueños de ventas de vehículos en Quetzaltenango que tenía razón cuando afirmaba que había encontrado evidencias de automóviles con reportes de robo.

Sin embargo, luego de que visitó cinco predios de la misma familia y dijo lo mismo, además de haber pedido más de Q70 mil para no reportar a las autoridades los hallazgos, los afectados decidieron denunciar la situación en la Inspectoría General de la PNC.

Las pesquisas para encontrar a los responsables de ese fraude se extendieron a varios departamentos del país.

Los capturados son acusados de falsedad material, abuso de autoridad y simulación de delito.

El caso

Según la acusación de la Fiscalía de Delitos Administrativos, la auxiliar fiscal Liz Omaira Morales Gallardo estaba en contubernio con el grupo y fue ella quien tramitó todas las solicitudes de allanamiento. Además, acompañó a los policías para validar los supuestos hallazgos que Bolvito Pérez les explicaba a los afectados.

Ayer, agentes de la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) capturaron a Bolvito Pérez en la División Especializada de Investigación Criminal (DEIC) de Zacapa, adonde había sido trasladado para que no interfiriera en la investigación.

“Fue cambiado de Quetzaltenango porque queríamos que estuviera lejos de la investigación interna que realizábamos”, refirió Byron García, jefe de la Inspectoría.

La misma táctica utilizaron con los otros dos agentes. Enio David Valencia estudiaba en la Escuela de Oficiales de la capital porque fue seleccionado para ascender a oficial, y Selvin Molina López fue trasladado a la sede de la DEIC de San Marcos. Morales Gallardo fue detenida en Quetzaltenango.

Ayer trascendió que la capturada es prima del fiscal contra el Crimen Organizado, Rony López, pero no lo confirmó la oficina de prensa del MP, que se limitó a decir que no había evidencia.

Bolvito Pérez había sido especialista en revisión de vehículos, pues durante dos años fue uno de los encargados de evaluar automóviles en la sede central de la DEIC, en la antigua aduana, barrio Gerona, zona 1 de la capital.

CIUDAD DE GUATEMALA – Minutos después de haber salido  de su oficina, la abogada penalista  murió baleada en un ataque perpetrado por dos hombres que viajaban en  moto.

Los atacantes aprovecharon que el vehículo  en el que viajaba la víctima y su piloto,   quedó varado por el tránsito, en una intersección del carril auxiliar de la Avenida de La Reforma y 8a. calle, zona 9.

Cuando el conductor Noemis Segura Avendaño, 74, activó su pidevías derecho para cambiar de carril, los agresores se adelantaron y le dispararon 14 veces a De León, quien viajaba en el asiento del acompañante.

Segura Avendaño resultó herido de gravedad y fue trasladado por los Bomberos Voluntarios a la sala de urgencias del Hospital Roosevelt, donde fue operado de inmediato. 

Edin Hernández, esposo de la víctima, al llegar al lugar del crimen, exigió que se esclarezca el hecho y se capture a los responsables intelectuales y materiales.  

De acuerdo con  la versión  de  investigadores de la  Unidad de Delitos contra la Vida de la Policía, los responsables del ataque,  ocurrido aproximadamente a  las 17.30 horas,  huyeron a toda prisa  rumbo a El Obelisco.

VIDEO – Abogada fue víctima de un ataque directo

Crimen organizado

Anoche, en conferencia de prensa, la fiscal general Claudia Paz y Paz, en compañía del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, a la pregunta de reporteros sobre los señalamientos contra un fiscal por la muerte de De León, explicó que el 5 de febrero último la abogada presentó una nota en donde manifestó que tenía diferencias procesales con el fiscal Rony López.

Las diferencias ocurrieron dentro del caso  Valat, en el que fueron estafadas unas  75 personas.

Desde su Twitter, la  vicepresidenta Roxana Baldetti dijo que espera resultados de la investigación de este hecho en 48 horas.

VIDEO – Abogada era vigilada

Consternación

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Gabriel Medrano, lamentó la muerte de la profesional del Derecho.

“Lamento una situación como esta y una condena por ese asesinato de una profesional destacada en el campo del Derecho”, dijo Medrano.

Fredy Cabrera, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), manifestó que el gremio de juristas se encuentra de luto y exigió el esclarecimiento del crimen.

“Estamos consternados con este crimen y pedimos que se investigue, y que no quede en la impunidad como muchos casos”, expresó Cabrera.

Michel de Leal, de Madres Angustiadas, lamentó la muerte de  De León.  “Lamentamos mucho que sigan sucediendo esas cosas, además nos solidarizamos con su familia”, manifestó.

El director de la Cámara de Industria, Javier Zepeda, expresó su rechazó por este hecho.

“Nos preocupa, por los altos niveles de impunidad, no solo por este caso, sino por los que a diario suceden”, afirmó.

En el perfil de Facebook de la abogada De León, amigos, abogados y personas particulares mostraron su rechazo y consternación por su  muerte y exigieron que se esclarezca el caso,  además de trasladar su pésame a la familia de la víctima…

Procesos y entidades a cargo de la profesional

Lea Marié De León  tuvo a su cargo al menos ocho casos de impacto en el país.

Valat: representante de la financiera Valat International Holdings, Ltd, señalada de estafas millonarias.

Caso Portillo: querellante por parte de  Financiera de Negocios Corporativos, S. A., por el desvío de Q120 millones.

Bancafé: defensora de Eduardo Alberto Palomo Mahr, exdirectivo de la institución bancaria, acusado de  estafa por más de US$204 millones.

MDF: abogada del Banco Uno, como tercero civilmente demandado, por desvío de Q82 millones.  

Rosenberg: defensora de Rodolfo Ibarra, señalado de  impulsar  campaña de desprestigio contra la Cicig.

Renap: defensora de Mauricio Radford, por el contrato con Easy Markenting.

Rivera y Pavón: abogada de la exasistente de Víctor Rivera, acusada de  muerte de un reo. 

Mandataria de la Embajada de Estados Unidos en el país.

Condenan  ataque armado

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Medrano,  condenó la muerte de Lea De León.

“Mi reacción es de condena a este nuevo asesinato y reitero, como presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, mi condena a tan vil asesinato”, dijo.

Seguirán todas las líneas

La fiscal General, Claudia Paz y Paz, aseguró anoche que se seguirán todas las líneas de investigación para esclarecer este caso.

“Se van a realizar todas las acciones que sean  necesarias para que este caso criminal  sea esclarecido a la mayor brevedad posible”, aseguró.

Suficiente evidencia

Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, indicó anoche que en la escena del crimen se logró recabar suficiente evidencia balística. “Lo que hemos encontrado en el análisis de la escena del crimen es suficiente evidencia balística, testimonios y cámaras”, manifestó.

Su perfil

La abogada Lea Marie De León Marroquín era abogada y notario, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en grado Cum Laude, graduada de la Universidad Francisco Marroquín.

Tenía una Maestría en Derecho Petrolero (Ministerio de Energía y Minas)

Hablaba español, inglés y fránces, y su área de especialidad era el Derecho Penal.

Se desempeñó como asesora jurídica de entidades estales como la Oficina de Control de Áreas de Reserva Territoriales del Estado (Ocret).

Fiscal especial del Ministerio Público.

Asesora externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asesoró al Congreso en las Comisiones de Turismo y de Recursos Hídricos.

Fue miembro del claustro de examinadores de la Universidad Francisco Marroquín en el área de Derecho Público.

Catedrática titular del Curso de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la universidad mencionada.

Se quedó, y desde esa fecha formó un grupo criminal que ha ido creciendo y perfeccionando junto a 12 de sus excompañeros.

Después de dos años de investigación, la Fiscalía por fin presentará cargos contra Morales Barrientos y el resto de la estructura. El próximo 18 de febrero serán citados al Juzgado Segundo del ramo Penal.

Ayer y ahora

Rigorrico fue jefe de Agosto Negro, una de las bandas de secuestradores más temidas en la historia reciente del país. Actualmente cumple una condena de 50 años de prisión por ese delito, después de que la Corte Suprema de Justicia le anuló la pena de muerte.

Investigadores y fiscales siempre han vinculado a Morales Barrientos con bandas de secuestradores —aunque no han llegado al nivel de Agosto Negro— que han causado zozobra en el centro y el occidente del país, pero jamás han logrado establecer un vínculo que termine en una acusación penal.

Sin embargo, ahora fiscales aseguran que tienen pruebas suficientes, que presentaron en el Juzgado, para señalar en forma directa a Morales Barrientos y a su hermano Fernando.

El grupo lo integrarían 11 reos más que supuestamente dirigen una red de extorsionistas que funciona con diferentes niveles en su estructura y que ha alcanzado el punto máximo con operaciones en otros países del continente.

Pruebas

La acusación contra Morales Barrientos y su grupo llegó después de dos años. Aunque se basa en las denuncias de víctimas, tiene el respaldo de los nuevos métodos de investigación criminal: escuchas telefónicas y un colaborador eficaz. “De otra forma sería imposible dar con ellos, por la forma como está organizado el grupo”, explicó un investigador.

Hace un par de meses la Fiscalía le presentó al juez segundo Penal, Carlos Aguilar Revolorio, la estructura completa de esa mafia, que incluye a cerca de 140 personas que cumplían diferentes funciones.

Unos no se conocían con otros. Todos tenían tareas puntuales, desde el que llamaba para pedir dinero hasta el que compraba chips de teléfonos. Sí caía una parte del grupo, el resto no temblaba, pero las escuchas telefónicas y un exintegrante de la banda les dieron la estocada final.

El eslabón

Jenny Roxana López dio a luz a los 17 años a una niña, hija de Rigorrico.

El padre de López es parte del grupo y ahora también es suegro de Rigorrico. López fue capturada el miércoles último junto a su madre, Carmen Mayén Duarte, en un sector de Villa Nueva.

Según la acusación de la Fiscalía, a la madre de López la llaman la Patrona porque era la encargada de dirigir a los cobradores, quienes se encargaban de retirar del banco el dinero de las extorsiones.

Supuestamente también dirigía a quienes debían ir de visita a la cárcel para entregarle el dinero a Rigorrico y a todos sus socios. En la medida de lo posible, López y su madre no debían participar en la estructura, pero al triangular depósitos bancarios los investigadores encontraron coincidencias entre quienes visitaban la prisión y quienes cobraban los giros.

Ayer, en la audiencia de primera declaración, el abogado de las acusadas, Wálter Robles, trató de desvirtuar la tesis de la Fiscalía al decir que el único delito de López era amar a Rigorrico, y el de Mayén, ser su suegra, pero los depósitos las delataron.

López fue enviada a prisión por extorsión, y su madre, por asociación ilícita, conspiración para la obstrucción extorsiva de tránsito y extorsión.

El juez Carlos Aguilar, en su razonamiento, explicó que él mismo supervisó algunas escuchas telefónicas contra el grupo.

“Estoy sorprendido de cómo están organizadas más de 140 personas. Solo lo había visto en las pandillas”, indicó el juez.

Durante 11 meses, de enero a noviembre del 2011, el oficial abusaba de la menor, hasta que esta aprovechó que su propia madre, quien la vendió a Florián, se olvidó de colocar el candado a la puerta, y escapó.

Este fue el relato del Ministerio Público (MP) en el Tribunal Segundo contra Femicidio, donde ayer comenzó el juicio contra Florián Lemus, acusado de violación con agravación de la pena, violencia contra la mujer y aborto sin consentimiento.

De ser hallado culpable, podría ser condenado a una pena máxima de 37 años de prisión.

Luis López Marroquín, defensor del oficial, lo ve poco probable, debido a la debilidad de las pruebas y la poca capacidad de los peritos que presentó la Fiscalía, aseguró.

La captura

Florián Lemus fue capturado el 16 de agosto del 2012, casi nueve meses después de la fuga de la menor. En ese momento estaba asignado al serenazgo de Lomas de Santa Faz, en la zona 18, a donde había sido trasladado a solicitud de la Oficina de Responsabilidad Profesional, que empezó una investigación contra él; debía estar lejos de donde ocurrieron los hechos. Al principio se especuló que el oficial pertenecía a una banda de explotación sexual. Después de entrevistas con la afectada, el MP determinó que Florián la tenía solo para él.

“Él pagó por ella a su madre, que es una trabajadora del sexo. La violaba poniéndole la pistola en la boca”, dijo la fiscal Doris Rodríguez.

Según las pesquisas, la mujer vivía cerca de la Comisaría y conoció al oficial. Este le ofreció dinero por la menor —la Fiscalía desconoce el monto—, y ella lo aceptó.

Peritos y pruebas

Ayer se celebró la primera audiencia del juicio. Aunque estaba programada la declaración de la menor, en la sede de los juzgados de Femicidio, en la zona 10, no está habilitada una cámara de Gesell, por lo que el juez decidió adelantar con los testimonios de peritos.

Mientras la médica del Inacif Íngrid Ordóñez explicaba las lesiones en el cuerpo de la menor, las hijas de Florián Lemus, que se encontraban en la sala de audiencias, se tomaban de las manos con fuerza. Ellas, antes, habían escuchado la descripción de las violaciones y cómo, supuestamente, su padre obligó a la niña a tener relaciones sexuales con un perro por cuatro días seguidos.

Ordóñez explicó que, según los exámenes médicos realizados a la víctima, no se comprobó que haya sufrido un aborto —el MP aseguró que la niña había sufrido un aborto, después de haber sido brutalmente golpeada—. En cambio sí encontraron indicios sobre la violación.

“Hay evidencia de que hubo penetración anal y vaginal. Aunque ya las heridas estaban cicatrizando. Del aborto, como casi había pasado un año, clínicamente no pudo establecerse si existió o no”, añadió Ordóñez.

Una niña lista y sumisa

El MP propuso a un segundo perito, la médica y cirujana con especialidad en psiquiatría Karen Juárez, quien declaró que, después de las entrevistas con la menor, no encontró señales de un testimonio falso.

“Tiene un relato espontáneo, fluido, lleno de detalles. No tiene la formación ni la educación para poder explicar tan detalladamente lo que fue obligada a realizar, lo que la tiene muy mal”, expresó Juárez.

La experta, además, explicó que la menor tiene estrés postraumático y ha desarrollado una actitud “poco agresiva, sumisa”.

Añadió: “Es una niña muy lista, solo con el tiempo se podrán evaluar las verdaderas consecuencias”.

El acusado declinó declarar. Su abogado, puso en duda la idoneidad de los peritos y solo validó el informe que descartaba el aborto.

“La acusación es débil, los informes y las personas que los hicieron no son las mejores, no creemos que estén capacitadas para lo que se le pide”, dijo López.

El juicio fue suspendido hasta el próximo lunes, cuando la menor declare en la cámara Gesell, en la Torre de Tribunales, en donde hay un lugar adecuado.