El percance vial ocurrió en la 14 avenida y 20 calle de la zona 10 capitalina. Según las autoridades de tránsito de la capital, el responsable del accidente fue el conductor del vehículo ya que cruzó la calle cuando el semáforo estaba en rojo.

Agentes de la PMT llegaron al lugar y, debido a que en el accidente resultó una persona herida, alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC) para que se hicieran cargo del caso. El motorista fue llevado a un centro asistencial.

En el video se puede observar cuando el motorista cruza la calle y es embestido por un automóvil gris. En la secuencia se puede apreciar cuando el cuerpo del motorista rompe el parabrisas del automotor.

Cuando ambos salen del rango de grabación de la cámara un automóvil rojo aparece y disminuye la velocidad y se puede observar la sombra del motorista, por lo que se puede apreciar la altura a la que llegó previó a caer sobre el pavimento.

Responsabilidad

Montejo también afirmó que cuando una persona se ve involucrada en cualquier accidente de tránsito debe tomar en cuenta que lo más prudente es quedarse en el lugar y cerciorarse si las otras personas involucradas ameritan atención médica.

Si es necesario se debe llamar a los cuerpos de socorro inmediatamente y procurar el bienestar de las víctimas. Luego, si es posible, se debe negociar con los involucrados para llegar a un acuerdo.

El intendente comentó que lastimosamente muchas personas optan por escapar del lugar, pero generalmente en la capital todos los accidente quedan grabados e incluso hay ocasiones cuando los automóviles dejan las placas tiradas en el lugar del accidente.

“Cuando eso pasa el procedimiento legal es mucho más tardío y más drástico porque al huir de un accidente donde alguien necesitaba auxilio agrava el hecho”, comentó Montejo, quien recalcó que las personas deben tener presente que todo lo que hagan con un vehículo trae una responsabilidad.

Agregó que a diario en la capital se registran unos 35 accidentes de tránsito de todo tipo al día, lo que da un promedio de más de mil accidentes al mes. Además entre esos percances hay unas cinco personas atropelladas.

Contraste

Mientras que la PMT maneja un registro los cuerpos de socorro tienen número más altos, William Gonzáles, portavoz de los Bomberos Voluntarios, dijo que a diario atienden a unas 17 personas atropelladas en distintos sectores capitalinos, de ese promedio dos mueren en el lugar y muchos en el hospital.

Jorge Villagran, portavoz de Bomberos Municipales, detalló que del 1 al 21 de enero, 89 personas fueron atropelladas en la capital, entre ellos, motoristas y peatones, ninguno de ellos murió en el lugar del accidente.

Tanto Bomberos Municipales y Voluntarios coinciden en que la mayoría de personas son atropelladas en la calzada Roosevelt, Trébol, Calle Martí, zona 6, calzada San Juan, avenidas Bolívar y Petapa.

La principal razón por la que un motorista es atropellado, según Villagran, es la imprudencia que cometen al no guardar distancia entre un automóvil o incorporarse a un carril sin calcular su distancia con otro vehículo, aunque señaló que muchos automovilistas tampoco tienen precaución y son los responsables de accidentes.

Coincidieron en que los cambios no son suficientes, pero representan un gran paso para la fiscalización ciudadana y para que la ley se aplique como se debe. Esto último es un reto de todos los guatemaltecos, coincidieron durante el programa Diálogo Libre.

¿Cómo se le explica al ciudadano de a pie la importancia de la reforma de esta ley?

Montenegro: El producto interno bruto de Guatemala es de Q560 mil millones, de los cuales solo el 10 por ciento es lo que al final logra llegar a la población para las necesidades básicas. Hasta ahora, la compra de bienes y servicios con ese 10 por ciento no se ha hecho en un libre mercado, sino en un monopolio del cual se han aprovechado unos cuantos malos empresarios para sobrevalorar todo eso que es necesario para el país. Esas cosas son las que logramos eliminar. Es revolucionario que en Guatemala exista la subasta inversa.

Flores: Lamentablemente, la reforma a esta ley no es un cambio radical, es una primera generación de reformas. El problema es que los mafiosos siempre buscan la forma de burlar la ley. El tema es seguir con el compromiso en el Congreso, y hacer una segunda y tercera generación de reformas. En cuanto a estos cambios, la forma de hacer que se cumpla la Ley de Contrataciones del Estado es que la gente la conozca.

¿Qué le falta a esta ley por avanzar en cuanto al tema de contrataciones?

Montenegro: Falta crear una superintendencia de compras, agilizar procesos y desburocratizarlos. Sin embargo, hay aspectos muy positivos que van a ayudar inicialmente; por ejemplo, el Registro General de Adquisiciones del Estado. Además, a partir de ahora, si un proveedor incumple, va a salir del listado de proveedores del Estado para siempre.

¿Cómo fueron las negociaciones en el pleno? Parecía que la reforma se estancaba.

Montenegro: Creo que cuando se aprobó la mesa para reformar esta ley nunca se imaginaron que íbamos a llegar a esto. Hicimos mucha presión para que se terminara lo más pronto posible, pero con contenidos. Yo quería que se hiciera este año porque sabía que después iba a ser imposible. Hicimos recordatorios a los diputados de los compromisos éticos que habían asumido con la población.

¿Qué es lo más valioso de los cambios y cuáles son las falencias?

Flores: Todo es valioso porque se ha luchado por estas reformas. Lo más destacado es que los contratistas del Estado no financien campañas políticas, porque ese es el círculo eterno de la corrupción. Sin embargo, ahora lo que sigue es averiguar quién financia campañas. La reforma es muy buena, pero el reto es cómo aplicarla.

¿Con esto las demandas de la sociedad han tenido un logro?

Flores: Hay que cantar victoria cuando tengamos a siete alcaldes en la cárcel. El tema es cómo aplicamos la ley. En este país hay demasiada brecha entre el país legal y el país formal; entre el derecho vigente y el positivo. De nada sirve una ley perfecta si nadie la cumple.

Montenegro: Después de lo que se logró hay que presionar a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía contra la Corrupción, a que cumplan con su función. Si no, le podrían encontrar agujeros a la ley a pesar de ser muy buena. Sobre todo debemos ponerle atención al reglamento, pues llama la atención que el contralor ayudara a hacerlo.

¿De quién es la responsabilidad de velar por que esta normativa se cumpla?

Flores: La responsabilidad es de todos. En la medida en que los ciudadanos nos apropiemos de la cultura de fiscalización, conociendo estas reformas, creo que podemos cambiar.

¿Cuál es la percepción sobre los comentarios de la gente?

Flores: El reto es pasar de la ciudadanía que manifiesta en la Plaza de la Constitución a una ciudadanía más activa, que participe, que diga, que use las leyes. Está bien ir a la plaza, pero hay que ir más allá de eso. Hay que empoderarse. De nada sirve que existan las leyes si no se aplican y si no se exigen.

¿Cuánto podría ahorrarse el Estado con estos cambios?

Montenegro: Cifra exacta no hay, porque es mucho lo que se han robado. Pero sí sabemos que cualquier cosa que se haya comprado en el Estado ha sido sobrevalorada. Yo no hablo de cifras, porque hay otras formas de robarle al Estado; por ejemplo, las estructuras paralelas que se descubrieron en el Ministerio de Salud y en las alcaldías. Tengo la esperanza de que se inicie una nueva discusión para más cambios.

¿Se deben esperar autoridades honradas y transparentes antes de un nuevo tributo?

Medina: Es necesario hacer más eficiente el combate de la corrupción y eliminar todo lo que pueda hacer que no se estén utilizando apropiadamente los recursos; pero hay algo que es innegable: este sistema necesita más recursos para seguir adelante.

No implica necesariamente que en este momento se establezca un impuesto. La necesidad es urgente, pero lo que es muy urgente es que la sociedad empiece a discutir cómo va a resolver sus problemas.

Zepeda: Velásquez no hizo una propuesta técnica fundamentada, de consenso; no. Él lanzó un comentario, y ese comentario algunos sectores lo convirtieron en ley. Si realmente hay algo de fondo, hay que sentarse a platicar de qué está hablando.

Debe haber confianza en quienes administran los recursos del Estado. En la medida en que se genere, estaríamos dispuestos a ver qué caminos hay para obtener más ingresos; porque eso de generar un impuesto es lo más fácil, pero no necesariamente es el camino correcto.

¿Este impuesto es el mecanismo más sano en este momento?

Medina: Si lo que queremos es un sistema judicial que cuando termine el mandato de la Cicig vuelva a tener los problemas que tenía, quedémonos igual. Si eso no es lo que queremos, seamos responsables y digamos con cuánto estamos dispuestos a colaborar.

¿El Ejecutivo debe tomar el liderazgo en el tema, o le corresponde al nuevo gobierno?

Zepeda: Es una tarea del próximo gobierno; este es de transición. Es un tema que requiere una discusión más profunda, y no va a dar tiempo en los dos meses mes y medio que le quedan a esta administración.

¿Se debe acelerar el proceso y así aprovechar la coyuntura?

Medina: Es un buen momento para dinamizar esta situación y empezarlo a discutir, y si es necesario, establecer un impuesto. Pero el contribuyente necesita fortalecer la moral tributaria, y eso se hará cuando se observé que el dinero que se está pagando está siendo bien utilizado. El nuevo gobierno debe ser muy cuidadoso con el manejo de los recursos, porque va a tener una buena cantidad de auditores sociales controlando que lo estén usando bien.

¿Cómo recibió el contribuyente la propuesta de Velásquez?

Zepeda: A nivel de la población general, no hay una aceptación en relación a esto. Insisto en que no creo que haya sido algo planificado por el Comisionado, sino que fue una idea que salió del aire y que por ahí se convirtió en casi una ley, pero entonces también pensemos en la seguridad, salud, educación.

Hay que darle mucha profundidad, mucho más orden en todos los sentidos y ver si realmente esa es la intención del comentario. Se debe empezar con la mesa en blanco. Quitemos la palabra impuesto.

Si los empresarios tributaran lo que está establecido, ¿sería suficiente para financiar las necesidades del país?

Zepeda: Si hay un empresario o alguien que no está pagando impuestos, que pague; si hay alguno que no está cumpliendo con la ley, que se le juzgue y se le condene.

No es cuestión de grandes o pequeños, empleados o empresarios, rojos o cremas. Eso es parte del problema que tenemos en Guatemala, hemos vivido en una constante dinámica de señalarnos unos a otros.

Se cree que los impuestos de nuevo caen sobre el mismo grupo y sobre la misma base tributaria. Si cambia esta condición, ¿se podrían obtener más recursos?

Medina: En el sector informal hay un porcentaje de gente muy grande que, aunque se lo formalizara, de todas maneras no se alcanzarían los mínimos que están establecidos en la ley para el pago de impuestos.

Por ejemplo, si la ley del impuesto sobre la renta establece que todas las personas que ganan menos de Q48 mil no deben pagar impuestos, entonces nos damos cuenta que mucha gente en el sector informal no llega a eso, estarían al margen; pero si en el sector informal hay grandes empresarios que evaden el control, en ellos hay que focalizar el esfuerzo.

¿Quién debe asumir la responsabilidad sobre este tema?

Medina: El presidente —Alejandro— Maldonado debe verificar que ese procedimiento culmine, y el nuevo Ejecutivo, con el apoyo del Congreso, debe conducir la discusión y establecer los impuestos que sean necesarios. Pero si nos preocupamos por dotar de más herramientas a la SAT para que haga mejor su trabajo, un impuesto no sería necesario.

¿Cuáles serían algunas alternativas al impuesto?

Zepeda: Eliminemos la palabra impuesto de la mesa. Empecemos por fuentes de financiamiento, y ya veremos cómo evoluciona eso. Cuando estamos en crisis tenemos que ser más creativos.

¿Sería mejor posponer el asunto?

Medina: Es el momento de empezarlo a discutir para llegar a resultados muy pronto.

Zepeda: Debemos sentarnos a dialogar por un interés común, que es el país.