M. Hernández y J. Ramos | Página 1 | Prensa Libre

Juez decidirá si citar o capturar a Pérez Molina

Wed, 02 Sep 2015 05:16:42 +0000

Luego de que el Congreso retiró ayer la inmunidad de funcionario a Pérez Molina, se hizo posible que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) investiguen al mandatario por supuestos vínculos con la red de defraudación aduanera denominada La Línea.

Una vez el juzgado que controla el expediente sea notificado sobre el retiro de la inmunidad del mandatario, la judicatura quedará pendiente de cualquier solicitud de la Fiscalía, ya sea citar o capturar a Pérez Molina para que comparezca a una audiencia de primera declaración.

El caso por defraudación aduanera es controlado por el juez Miguel Ángel Gálvez, quien dirige el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, quien el pasado 26 de agosto ordenó que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti esté en prisión preventiva.

Escenarios

El abogado César Calderón, defensor del mandatario, dijo que la primera acción que dirigirá será entregar un memorial al juzgado, en el cual se haga del conocimiento de Gálvez que Otto Pérez Molina se pone a disposición de la justicia, con el objetivo de evitar que se ordene su aprehensión.

“Estamos conscientes de que el hecho de ofrecer que el presidente se pone a disposición de la justicia no anula la posibilidad de que se gire su captura, porque lo que se quiere es hacer un espectáculo de este caso”, dijo Calderón.

Calderón no descartó que luego de una audiencia de indagatoria, Pérez Molina pueda ser beneficiado con el archivo del expediente por falta de mérito a los cargos que se hacen en su contra, y quedar en libertad.

El abogado penalista David Pineda, al referirse al caso, dijo: “Será decisión del MP si lo va a capturar o lo cita para una audiencia de primera declaración. Son los dos únicos caminos que tiene”, aseguró.

El profesional añadió: “Si él fuera citado a primera declaración y en esa diligencia le dictaran auto de procesamiento, pero no auto de prisión preventiva, puede seguir ejerciendo su cargo. Pero si le dictan auto de prisión preventiva, tiene que dejar el ejercicio de su función de forma inmediata. La Ley de Antejuicio así lo establece”, explicó.

El penalista Francisco Gallardo subrayó: “Ahora enfrentará un proceso como cualquier persona común y corriente, como cualquier ciudadano, y estaría en manos de la justicia común. Hay que esperar que este trámite continúe. Ahorita lo que se está autorizando es que el MP realice la investigación y que un juez de Primera Instancia tenga el control jurisdiccional sobre la investigación”, enfatizó.

Comprobar culpa

El abogado constitucionalista Carlos Molina Mencos aseguró que el mandatario es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad ante un juez.

“Los que lo acusen deben probar, sin lugar a dudas, la culpabilidad de esa persona, debido a que es una garantía constitucional de toda persona”, expresó Molina Mencos.

El entrevistado consideró que existe la posibilidad de que Pérez Molina deje el cargo luego de que se ordene auto de procesamiento en su contra.

“Al ser ligado a proceso, deberá dejar el cargo de presidente de la República, porque al estar siendo procesado él ya no podrá atender sus funciones como corresponden, por estar pendiente de su proceso judicial”, dijo.

El analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos Lizandro Acuña indicó que al declarar el Congreso con lugar a formación de causa, el presidente sigue y permanece en el cargo, desempeñándose como mandatario, aunque careciendo de la legitimidad y del apoyo de la población.

“La Ley establece que se cesa en su función o empleo a la persona cuando se emite un auto de prisión preventiva por un juez competente, y eso llevaría su tiempo, y aun así, estaríamos hablando que hasta que se emita una sentencia condenatoria él sería separado definitivamente del cargo de presidente, porque se puede alegar el principio de presunción de inocencia”, afirmó Acuña.

El MP informó que el juzgado que controla el caso contra el mandatario decretó el arraigo de Pérez Molina, como medida precautoria para asegurar su permanencia en el país.

El gobernante —quien según su vocero no descarta el escenario de una renuncia— es señalado por asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación tributaria.

Surgen dudas por la participación de 56 candidatos

Sat, 15 Aug 2015 04:59:49 +0000

Los magistrados, en los próximos 21 días, deben resolver 38 recursos que fueron planteados tras las negativas de registro —entre ellos de nulidad y revisión—, y así definir las listas finales de aspirantes que estarán incluidos en las boletas.

Atraso

En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se continúa el trámite de tres acciones legales relacionadas con el proceso electoral, en las cuales candidatos impugnan la negativa del Registro de Ciudadanos a inscribirlos como aspirantes a cargos públicos para la próxima administración.
El amparo presentado por Zury Ríos Sosa, del partido Visión con Valores (Viva), continúa en análisis en la CSJ, del cual aún falta que se emita la resolución en definitiva.
El pasado 22 de julio, la entidad amparó de manera provisional a Ríos Sosa, fallo que fue impugnado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN).
Para el próximo 18 de agosto se tiene programado que en la sala de vistas de la CSJ se efectúe una vista pública en la cual abogados del PAN manifestarán por qué rechazan la candidatura de Ríos y por qué se debe mantener la decisión del Registro de Ciudadanos de no inscribirla.

Portillo intenta

El exmandatario Alfonso Portillo planteó un amparo para que se declare sin efecto la decisión del Registro de Ciudadanos de no permitirle participar en los comicios porque se considera que no cumple con los requisitos que la Constitución establece para optar a cargos públicos, como capacidad, idoneidad y honradez.
La decisión que la CSJ emitió el 6 de agosto último fue no otorgar el amparo provisional, la cual contó con el voto unánime de los magistrados para avalar el argumento que señala que Portillo no cumple con los requisitos.
Portillo impugnó el fallo de la CSJ en la CC, la cual tampoco le dio la razón y devolvió el expediente para que concluya el trámite del amparo.
La agrupación recurrió a la CC, la cual ordenó a la CSJ admitir el trámite del amparo solicitado por Todos, porque sí se cumplió con los requisitos de forma.

Pero mientras no se terminen de resolver los recursos presentados tras el rechazo de inscripción de las candidaturas, el comienzo del proceso de impresión de papeletas está detenido por carecer de listas finales de aspirantes.

El presidente del TSE, Rudy Pineda, explicó que se prioriza en la sesiones en pleno resolver los recursos pendientes para evitar problemas de exclusión de postulantes que pudieron haber resuelto antes del 6 de septiembre —día de las votaciones— algún requisito necesario para autorizar su participación.

“Nosotros estamos trabajando en largas jornadas por conocer y resolver los recursos que se interpusieron por postulaciones que no fueron avaladas”, manifestó.

Preocupación

La fiscal del Partido Patriota, Anabella de León, señaló que hay retraso en la impresión de papeletas, y eso solo origina incertidumbre para el proceso electoral.

“Necesitamos saber quiénes son los candidatos que van a quedar excluidos del proceso electoral; queremos que los magistrados resuelvan lo antes posible los recursos, para estar informados de las listas finales de postulación”, exigió.

La fiscal del partido Encuentro por Guatemala, Alejandra García, dijo que hasta el momento desconocen el lugar en que se ubican los candidatos a alcaldes de la organización, por el atraso en la definición de las listas de postulados.

El magistrado Julio Solórzano explicó que pese al atraso por definir las candidaturas que fueron rechazadas, aún hay suficiente tiempo para imprimir las boletas de votación.

“Lo ideal es que ya estuviera todo listo, pero como no está por la serie de recursos planteados, el Tribunal debe ejecutar una estrategia de impresión de papeletas, la cual consiste en hacer la impresión de quienes tienen en firme su inscripción y posponer el proceso de quienes están pendientes por acciones”, expresó.

Solórzano explicó: “Todo esto tiene una complicación, pero en las elecciones pasadas hemos terminado de imprimir el día viernes —tres días antes de las votaciones—, y hemos cumplido. Lo fundamental es que los centros de votación estén abiertos, y las mesas receptoras de votos, constituidas”.

Antecedente

La preocupación por no tener a tiempo definidos los listados de candidatos también se genera por excluir a aspirantes.

En los comicios del 2011, en Nebaj, Quiché, se registró un problema porque el alcalde en esa época, Bernal Guzmán, quien buscaba la reelección, no fue incluido en la papeleta de votación.

Las elecciones fueron repetidas dos años después, en enero del 2014.

Rechazo

Las 56 postulaciones no fueron inscritas por no haber cumplido con algunos requisitos. Entre las causas más frecuentes por las que no se incluyó a candidatos figura obtener a través de órdenes judiciales, pese a reparos, la constancia transitoria de inexistencia de reclamos, más conocida como finiquito.

La base de datos del TSE registra 18 postulaciones no avaladas por tener finiquitos con reparos por malos manejos de recursos públicos señalados en informes por la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Hacen propaganda

Pese a no tener certeza de quedar inscritos para participar en la contienda electoral y ser incluidos en papeletas de votación y planillas, algunos candidatos efectúan propaganda electoral.

Entre los candidatos a quienes se les ha visto hacer campaña pese a no tener en firme su inscripción están Salvador Gándara, quien busca participar con la coalición Compromiso, Renovación y Orden-Unionista por la Alcaldía de Villa Nueva, y Sonia Lily Rivera, del Partido Patriota, quien busca la reelección.

Retrasan procesos

La politóloga Geidy de Mata considera que es un abuso querer judicializar las inscripciones de candidatos que no llenaron requisitos establecidos. Sin embargo, las instancias jurisdiccionales deben hacer un esfuerzo para agilizar los procesos, porque afecta la logística.

“No puede incluirse a alguien que no llene las calidades en la boleta, y todo proceso que es de la Contraloría General de Cuentas, como funcionarios, si tienen reparos en algunas situaciones. Y si tenían interés de reelección, debieron haberlo resuelto con mucha antelación, para no generar este tipo de inconvenientes”, dijo.

El politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) Javier Brolo considera que esas candidaturas que aún no están definidas generan presiones para el máximo tribunal electoral, tomando en cuenta que quedan pocos días para llegar al evento.

El experto es de la idea que cuando se tengan que imprimir papeletas, se hará con los que están.

El peor de los casos es cuando se deba excluir a alguien que se incluyó, y se tendrá que tomar un procedimiento por parte de los magistrados. Lo que no se puede hacer es incluir a alguien que haya quedado fuera, sostuvo.