Decidí defender la naturaleza, pues creo que destruirla es un error imperdonable; incluso, que es prueba de imbecilidad (dle: retraso mental moderado) en la especie humana, envenenar el único lugar que tiene para vivir. No puedo desentenderme pues lo que muere ante mí es la abundancia, la generosidad y la belleza del sistema de vida de la Tierra. “Guatemala es uno de los países más ricos del mundo en naturaleza, pero la está perdiendo irreversiblemente. La heredamos, cuidarla es nuestra obligación por el bien de todo el mundo”, fue mi plataforma. En 1983 fundamos Defensores de la Naturaleza y yo conduje la declaratoria de la Sierra de las Minas como reserva de la biósfera, lograda en 1990.

En 1996 fundamos el colectivo MadreSelva, y me invitan a escribir en Prensa Libre. Colocamos la agenda ambiental en el debate político. Denunciamos el caso de la forestal Simpson y el Río Dulce se salvó de ser vía de arrastre comercial, con “La barcaza no pasa”. En 1998 hicimos la primera denuncia legal contra la industria petrolera en Guatemala, por contaminación en la Laguna del Tigre. “Selvas sí, petróleo no”. La fiscal “no pudo” comprobar la contaminación, pero la petrolera Basic no logró la ampliación del contrato 1-92. Se impulsó la declaratoria de Visis Cabá como reserva de la biósfera ante las pretensiones del gobierno de Arzú, de repartir tierras que pertenecen a los chajulenses. “Los delfines al mar, los traficantes a la cárcel”, “Las plantaciones no son bosques”, “Yo protejo mi manglar” fueron campañas de una etapa de intenso activismo ecologista. Con el cambio de siglo denunciamos la introducción de los transgénicos y la expansión de los monocultivos.

La llegada de las transnacionales mineras mostró la cara oscura de la minería metálica; la explotación del oro marcó mi futuro. Desde el 2003 traté de explicar que “La mina destruye y contamina”. Se hizo evidente la relación entre la explotación, la violencia y la corrupción que la acompañan y “Sipacapa no se vende” fue mi última denuncia con MadreSelva. Después fundamos la Escuela de Pensamiento Ecologista Savia con una visión integral y dibujamos el “mapa de la realidad ecológica de Guatemala”.

Hoy, líderes planetarios negocian en París sobre el cambio climático y millones de seres humanos claman por justicia ambiental. Pero los políticos llevan 20 años posando ante las cámaras, sin lograr nada. Hoy se quema más petróleo y hay más tóxicos en la biósfera. Hay más información, pero es difícil entender los nexos entre el poder económico, el poder político, el libre mercado, la publicidad, la pobreza y la destrucción del mundo natural. En un medio corrupto como el nuestro, sin instituciones con credibilidad para defender bienes naturales y derechos humanos, la naturaleza de Guatemala y la población están indefensas frente a la embestida de poderosas transnacionales que, con el beneplácito de nuestros gobiernos —y el entrante no parece tener la voluntad de ser una excepción— vienen a saquear nuestros bienes naturales Yo usé este espacio para denunciar abiertamente las amenazas que vi cernirse sobre esta tierra y sus habitantes, con el deseo de impedir su destrucción y más dolor. Ya no podré hacerlo desde aquí.

El lunes me llegó el siguiente correo electrónico: “Estimada Magaly: Atentamente me dirijo a usted con el propósito de hacer de su conocimiento que debido a la reducción de espacio en la sección de Opinión se ha decidido prescindir de su colaboración semanal. Su última columna será publicada el viernes 4 de diciembre. Aprovecho la oportunidad para expresarle mi agradecimiento por su valioso aporte. Cordialmente. Helen Alvizures, jefa administrativa”. Y así me entero de que termina un período de mi vida que duró casi 20 años. Fui invitada a ser columnista de Prensa Libre en 1996, cuando colocamos el tema ambiental en la arena política con el colectivo MadreSelva. Fue un período importante en la historia de la defensa ambiental en Guatemala, cuando se debatieron y discutieron públicamente, por primera vez, temas muy delicados. El primero, y el más famoso, fue el de la Forestal Simpson y su pretensión de convertir el Parque Nacional Río Dulce en vía para el transporte industrial de árboles para hacer papel. Después de un debate de más de seis meses en los medios de comunicación, en el que se ventilaron aspectos legales, ambientales y económicos, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas sentó precedente al proteger un parque nacional declarado desde 1955 como tal; considerándolo más importante que los intereses de una multinacional extranjera. “La barcaza no pasa” marcó un hito en el desarrollo de la conciencia ecologista de Guatemala.

También empezó la etapa en que se calificaría a quienes defienden derechos ambientales como ecohistéricos, terroristas, enemigos del desarrollo. A muchos incomodó que se ventilara públicamente información relacionada con la extracción petrolera, la tala forestal, el tráfico ilegal de especies, los organismos genéticamente modificados, la expansión de los monocultivos y sus agrotóxicos; la minería química de metales, otros que ahora se me escapan; y toda la corrupción asociada. Mi columna en Prensa Libre dio voz a los derechos de la naturaleza y de los seres humanos que más sufren cuando se la destruye; así como a denuncias que involucraron violaciones a la legislación ambiental, violencia y corrupción. Prensa Libre se distinguió por darle importancia, seriedad y seguimiento —con reportajes, notas y editoriales— a casos ambientales paradigmáticos en una etapa cuando los demás medios de información apenas los tocaban.

Entiendo los cambios y los tiempos. Ha sido importante que Prensa Libre haya mantenido mi columna y mi voz durante más de 19 años. Nunca hubo intervención de su parte, mis artículos aparecieron cada viernes tal y como yo los mandé. Aprecio a las personas que confiaron en mí para que contara sus casos; conocerlas para contar sus historias enriqueció mi comprensión sobre la realidad de Guatemala. Gracias a quienes me leyeron y me consideraron digna de su confianza. Mi trabajo es y será siempre defender la Naturaleza. Por eso, lamento que se cierre este espacio que brinda una visión crítica de información y análisis. Tengo una columna más. ¡Hasta el próximo viernes!

lamaga55@gmail.com

La transformación que sí se está dando en Guatemala, a partir de las manifestaciones populares en contra de la corrupción, es que ahora hay muchas más ciudadanas y ciudadanos dispuestos a participar y a vigilar para que se hagan los cambios que necesita Guatemala. Hoy tenemos un caso para celebrar, que involucra participación ciudadana y actitudes diferentes en el sistema de justicia.

La minera Mayaniquel solicitó una licencia de explotación, conocida como Sechol SEXT 06-11, a la que el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas) presentó oposición en el año 2013, señalando -entre otros- que la Dirección de Minería no tiene facultad para otorgar derechos de explotación, ni puede otorgar derechos sobre el agua a los mineros.

El entonces director de Minería del MEM, Fernando Hugo Castellanos Barquín, argumentó que sí puede otorgar esos derechos; y que al opositor (Calas) no se le vulnera su derecho al agua, así que no hay agravio directo en su contra. En ese momento, Castellanos Barquín rechazó la oposición in limine y obvió los procedimientos contemplados en la Ley de Minería.

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, constituida en Tribunal de Amparo, basándose en el artículo 12 de la Constitución, sobre el debido proceso, consideró que sí se vulneraron los derechos del interponente y el principio de legalidad, por lo que amparó a Calas. El Ministerio de Energía y Minas y Mayaniquel apelaron la decisión ante la Corte de Constitucionalidad. En una sentencia digna de ser enmarcada, que corresponde a esta nueva etapa en la vida democrática de Guatemala, de demanda de justicia por parte de la población guatemalteca, el 28 de octubre del 2015, la Corte de Constitucionalidad confirmó el fallo del Tribunal de Amparo. Ante esta sentencia, ya no cabe ningún recurso legal. La buena noticia es doble: la Corte de Constitucionalidad, al amparar a Calas, retrotrae el proceso legal hasta antes del otorgamiento de la licencia -que es lo mismo que pasó con el juicio del general Ríos Montt-, por lo que la minera tiene que dejar de operar, pues no tiene licencia; y la CC acepta la participación ciudadana en la defensa de derechos ambientales, como lo manda la Constitución.

El problema ahora es que se rumora que los funcionarios de la compañía minera han manifestado que no piensan acatar el fallo. Menudo problema para los funcionarios responsables de asegurar que se acate el fallo de la máxima corte legal: si no se cumple la orden judicial caerán en desacato.

Esta es una prueba de fuego para este -que anhelamos sea- nuestro nuevo sistema de justicia. Habrá que ver qué pasa con los funcionarios que todavía creen que estamos en el pasado, y que ellos sí pueden violar -impunemente- la ley. Hoy, la ciudadanía está consciente de la importancia de su participación, y permanecerá vigilante, porque parece que la participación ciudadana es el ingrediente sine qua non.

lamaga55@gmail.com

Dentro de unos días se celebra la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático, en París. Van más de 20 años de negociaciones globales sobre clima y casi nada se ha logrado. Pero los efectos del cambio climático han alarmado a las compañías aseguradoras y a los líderes de los países que tendrán que lidiar con los refugiados ambientales. Tal vez por eso ahora sí lleguen a un acuerdo global cuya violación no quede impune, como hasta ahora. A mí no me queda espacio para el optimismo respecto de esas negociaciones.

En Guatemala, en cambio, deberíamos ser optimistas, pues parece que el presidente electo, Morales, tiene su vena ambientalista. Si fuera cierto el rumor que corre, de que Federico Franco será su ministro de Ambiente, don Jimmy está reciclando. Franco ya fue viceministro de Ambiente, con Juan Mario Dary, durante el gobierno de Berger; y fue viceministro de Energía y Minas, con Carlos Meany, en el gobierno de Colom; dos gobiernos “súper amigos” del sector minero. El presidente electo dijo que va a seguir impulsando la minería, pero —igual que aseguró Berger— se encargará (¿en tiempo pasado?) de que las cosas se hagan bien.

El martes, Prensa Libre publicó una entrevista con Jorge García Chiú, ex viceministro de Energía y Minas en la era Berger y exdirector de gestión ambiental del Ministerio de Ambiente, en la que dijo que el reto del nuevo gobierno es modificar las leyes, aumentar las regalías y cambiar la forma en que se hacen las cosas. Dijo también que hay 80 licencias vigentes de minería metálica. ¿Planean otorgar más, aun si la población no acepta la minería metálica? Aquí, lo que quiera el pueblo es irrelevante para los gobernantes. Se hace lo que ellos mandan y punto.

Pero no todos los políticos permanecen indiferentes al clamor de la gente. La semana pasada, doce congresistas estadounidenses dirigieron una carta al presidente Maldonado, en la que expresan su preocupación sobre la mina El Tambor (la de la Resistencia Pacífica de La Puya), propiedad de la empresa estadounidense KCA. A pesar de que un tribunal de amparo guatemalteco ordenó la suspensión de actividades, pues no tienen los permisos en orden y el estudio de impacto ambiental presenta serias deficiencias, Exmingua (la filial local de KCA) continúa operando. Los congresistas le piden al presidente Maldonado que demuestre respeto al estado de Derecho, que ejerza su autoridad para que se cumpla con el fallo y termine la ilegalidad; que asegure que las inquietudes sobre el impacto ambiental sean abordadas. Piden que se investiguen las agresiones violentas del pasado y el uso de fuerza excesiva de parte de agentes policiales contra los manifestantes. Lo instan a que tome medidas concretas para iniciar un diálogo con los residentes de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc; y piden que el Gobierno de Guatemala se abstenga de presentar cargos espurios contra los residentes y líderes de estas comunidades que se oponen a la mina El Tambor. No sé si entiendan eso aquí.

lamaga55@gmail.com

En dos artículos anteriores (16 y 30 de octubre) yo abordé el tema del traslado de las familias afectadas por la tragedia de El Cambray, con la esperanza de que, al alertarlo sobre cosas que se están haciendo mal, usted pudiera corregir el rumbo. Hoy le escribo con mucha más preocupación, por varias razones. En su discurso ante estas familias, el viernes pasado, usted dijo algunas cosas que es necesario aclarar porque me parece que hay malentendidos. En primer lugar, yo no me opongo a que se les traslade a ese lugar. Lo que yo escribí —nada subrepticio porque está publicado en Prensa Libre— es que estoy consciente de su dolor, que estoy con ellos, y que permaneceré vigilante para tratar de asegurar que las cosas se hagan bien. Desgraciadamente eso no está sucediendo.

Hoy, todavía no hay licencia de construcción, ni Evaluación de Impacto Ambiental, ni licencia de tala, pero los soldados ya están arrancando la grama y moviendo tierra. Aparte de las ilegalidades en que podrían estar incurriendo las instituciones gubernamentales involucradas en el proyecto, por la prisa con que están haciendo las cosas, preocupa más todavía que no se esté tomando en cuenta la opinión de la gente afectada. Yo sé a ciencia cierta que algunas de las familias no quieren irse hasta allá y no entiendo por qué les tratan de forzar a aceptar esa decisión, diciéndoles que no sean malagradecidos, y que es allí o no habrá nada para ellos. Los sobrevivientes de El Cambray todavía están traumatizados. El cambio, de un área urbana a una rural, es drástico. Seguramente hay personas que se sentirán felices en el campo, pero hay otras que no desean irse a vivir tan lejos. Hay proyectos habitacionales listos para ser ocupados inmediatamente, en lo que los precios de las casas son muy similares a lo que se gastarán construyendo las nuevas, en lugares bastante más cercanos a la ciudad, que es donde casi todos tienen sus trabajos y sus lugares de estudio. En San José Pinula mismo, pero mucho más cerca del pueblo, hay más de cien casas disponibles.

Con todo respeto, quiero aclararle que mi interés por la ecología no es supuesto. Llevo más de 30 años defendiendo la naturaleza de Guatemala, y también los derechos de los más empobrecidos. Conozco muy bien la zona donde van a construir porque he vivido en esa región; allí está mi corazón y claro que también por eso quisiera que se hagan bien las cosas.

Reitero mi intención de colaborar con las familias afectadas que se trasladen al Manzanillo. Voy a ayudarles en todo lo que pueda. Una forma será darle seguimiento constante a todo este proceso. Otra es proponerle a usted que se haga un proyecto ecológico modelo, impecable, para las familias que sí quieren irse a vivir al campo. Todavía se puede. Ese sí que sería un legado inolvidable. Como escribiera usted, don Alejandro Maldonado Aguirre: “En política no hay sorpresas, hay sorprendidos”. Sorpréndanos bien, ¡por favor!

lamaga55@gmail.com

Hace unas semanas alerté sobre posibles problemas con el traslado de las familias afectadas por la tragedia de El Cambray, por temor a que no se hicieran las cosas bien y que las familias afectadas fueran doblemente victimizadas.

No se cuestiona el hecho de que las familias sean trasladadas, pero se les tienen que garantizar condiciones adecuadas para una vida digna a largo plazo. Un acto humanitario, que sería loable si se hacen las cosas correctamente, puede convertirse en otra pesadilla para los afectados.

Hoy, el presidente Maldonado está inaugurando a marchas forzadas el proyecto “Querida Familia” y confirmando mis temores. Hoy ¿habrá ya una Evaluación de Impacto Ambiental autorizada, una licencia de construcción autorizada por la Municipalidad de San José Pinula, una licencia de corte autorizada por el Inab? ¿Se habrá respetado el debido proceso en los trámites para proceder con la extinción de dominio?

Si no fuera así, la Conabed y el Micivi estarían incurriendo en irregularidades. Si las instituciones que deben supervisar y autorizar los procedimientos legales, están siendo manipuladas desde arriba —como se rumora— para dar “autorizaciones exprés” sin respetarlos, ¿quién garantiza las condiciones de habitabilidad en esa locación? Tampoco hay planes para asfaltar los dos kilómetros de terracería que llevan a la carretera por donde pasa transporte público, solamente tres veces al día.

Con el fin de paliar falencias, se declaró estado de Calamidad ¡15 días después de la tragedia!, para evadir el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado. Esa no es la finalidad de una declaración de estado de Calamidad, sino configura un abuso de autoridad. Esa no es la manera de hacer bien las cosas.

Hay suficiente dinero, entre los Q20 millones que donó el Congreso, los Q190 millones de la minería para desastres naturales y la ayuda que ya comprometió la cooperación internacional, como para considerar varias opciones.

Señor presidente: Entendemos que su período al frente del país es corto, y que lo que usted quiere es hacer algo importante, inolvidable. Guatemala lo va a recordar con más respeto y cariño si logra sentar las bases para que el traslado se haga correctamente; que si permite que en su período se retuerza la ley.

El pueblo no tiene confianza en las promesas del Gobierno; lo que sí tiene, en cambio, son muchas malas experiencias. La ciudadanía va a fiscalizar este proceso; y no lo olvidaremos jamás si esto se convierte en otro desastre.

lamaga55@gmail.com

Pero ni siquiera abordaron el tema los conductores, los entrevistadores o los analistas profesionales que han participado en los debates presidenciales que se dieron estas últimas semanas —a excepción del de este jueves, que me temo tampoco lo incluya—. ¿Por qué no, si es obvio que el cuidado o el deterioro del lugar donde vivimos determinan nuestra calidad de vida?

La población guatemalteca tiene críticos problemas relacionados al ambiente, como la falta de agua potable en miles de viviendas, o el uso indiscriminado de químicos venenosos en la agricultura, que terminan en la alimentación. Son temas que tiene que encarar un gobernante consciente. ¡Ah! ¡Tal vez por eso no lo abordan!

Estamos a dos días de vernos forzados a “elegir” a quien presidirá el Gobierno de Guatemala durante los próximos cuatro años, entre dos opciones patéticas. (Patético es, según el Drae: capaz de mover y agitar el ánimo infundiéndole afectos vehementes, y con particularidad dolor, tristeza o melancolía).

Podríamos decir que se escogerá entre dos políticos de la vieja escuela, aunque tengan diferencias notorias que han sido expuestas hasta la saciedad… Pero si es, como comenta una amiga, que “nos quitaron el miedo, pero no lo pendejo”, mucho me temo que nuestra suerte esté echada. De esta ya no nos salva nadie. Lo que nos queda entonces es reflexionar sobre lo que se nos viene encima.

Es hora de dejar atrás las especulaciones sobre que si las “revoluciones” de colores, de la plaza o de lo que sea, fueron espontáneas o manipuladas. El futuro es lo que tenemos ahora enfrente.

A partir del 14 de enero tendríamos que poner toda nuestra atención sobre cada palabra, cada acción y cada omisión de quienes estén en el Gobierno; estar preparados para seguir manifestando indignación ante cualquier signo de corrupción, de abuso y de impunidad, con la disposición de hacer lo que sea necesario para que entiendan que ya no vamos a tolerarlos.

Tengo a la vista un documento, de fecha 14 de octubre, que enviaron los miembros del Concejo de San José Pinula al Presidente de la República, en el que expresan preocupación, pues hasta antier no habían sido notificados oficialmente sobre el traslado de las familias afectadas de Santa Catarina Pinula a San José. Al enterarse (por los medios de comunicación) del posible traslado de más de cien familias a un área que no tiene las condiciones de habitabilidad, solicitan que se les notifique oficialmente, como institución del Estado, para coordinar el proyecto de urbanización y construcción de viviendas, pues trae aparejados aspectos económicos, sociales, ambientales, de educación, seguridad, salud y transporte, que afectan y crean un impacto, tanto en los posibles nuevos vecinos como para los actuales habitantes del municipio.

Piden que (antes de empezar) se aseguren los instrumentos técnicos, como una Evaluación de Impacto Social y Ambiental rigurosamente elaborada. Y solicitan que se consideren otras posibles opciones, que sí existen en el municipio al cual pertenecen los damnificados, para evitar el desarraigo. Queda claro que los miembros del Concejo no quieren incurrir en ilegalidades (como las que se cometieron en la lotificación de El Cambray) y ser responsables de otra tragedia, por la premura con que les quieren obligar a actuar.

Hay rumores de que muchos de ustedes no quieren ir a vivir tan lejos de la capital; que desconfían de las promesas gubernamentales. Eso se entiende perfectamente, gracias al récord de traslados que tiene el Gobierno de Guatemala. Fresca está la memoria de las casas tipo Baldetti con que ofendieron a los afectados por el terremoto en San Marcos; no tan frescos (pero más terribles) son los recuerdos de los fracasados reasentamientos de Santa Catarina Ixtahuacán, Senahú, Esperanza y La Unión, en San Lucas Tolimán. En ninguno de estos casos se consultó a los afectados, solo se reconstruyó el riesgo y la gente no vive ¡hoy! en condiciones dignas.

El Gobierno tiene un fondo destinado a mitigar daños causados por fenómenos naturales, creado con el aporte voluntario y adicional de las compañías extractivas. Allí debería haber (por lo menos) Q191 millones. Los personeros de la mina Marlin afirman que su compañía ha aportado Q132 millones. Algunos de esos millones se podrían usar en este caso, si en realidad hay voluntad política para ayudarles a enfrentar sus pérdidas; ustedes podrían adquirir viviendas dignas, en lugares de su elección. ¿Dónde está ese dinero?

Esta es la nueva Guatemala, donde despertaron la solidaridad de los habitantes, el deseo de un combate frontal a la corrupción y la decisión de la ciudadanía de participar. ¡Estamos con ustedes!

Cada persona tendrá que escoger, entre sus posibilidades, la forma de participar en esta nueva etapa. Pagar impuestos a cabalidad, fiscalizar a los servidores públicos, compartir información pertinente o involucrarnos más seriamente en las áreas que conocemos.

Aterrizo en la que a mí me parece que es la más crítica para la población chapina y todas las criaturas que habitan este territorio común que llamamos Guatemala. Me refiero al área ambiental.

La crisis ambiental planetaria es de tal magnitud que prácticamente todos los jefes de Estado la mencionan en sus discursos; algunos la toman muy en serio (aunque las acciones que se asumen —en general— no son congruentes con la gravedad de la crisis). Hasta el papa Francisco habla sobre los crímenes cometidos contra la naturaleza y sus implicaciones. ¿Y aquí?

Guatemala se encuentra en una de las regiones naturalmente más vulnerables de la Tierra, por su ubicación geográfica: una delgada franja terrestre entre dos océanos, en una región de choque de placas tectónicas y de gran actividad volcánica. Pero la destrucción de los ecosistemas, el incremento poblacional y las consecuencias del cambio climático global aumentaron nuestra vulnerabilidad hasta colocarnos entre los 10 países más vulnerables de todo el planeta. Y los más vulnerables en este país son los más empobrecidos. El Cambray II es un ejemplo contundente de cómo se construye el riesgo y de la responsabilidad humana en la tragedia.

En medio del dolor por tanta muerte innecesaria, el primer debate entre los aspirantes a la Presidencia fue un fiasco. Causa preocupación y tristeza notar que ni los estudiantes universitarios consideran importante la crisis ambiental que tenemos encima. Sé que hay temas ineludibles. Pero no comprendo cómo gente joven, con cierta preparación, no preguntó nada significativo en lo ambiental; por ejemplo, cómo tratará —quien llegue a la Presidencia— el problema del agua.

Los viejos políticos nunca quisieron abordar la problemática ambiental con seriedad, pues cuidan ciertos intereses o a ciertos financistas, pero esperaba que los universitarios que participaron tuvieran una visión un poco más profunda sobre la importancia de la ecología. ¿Será que no les interesa su futuro o que todavía no entienden la relación entre la política y la ecología?

lamaga55@gmail.com

Este domingo es también el Día de San Francisco de Asís, patrono de los ecologistas y la figura espiritual que inspiró al actual Papa. No es casualidad que el papa Francisco siga el ejemplo del santo que llamó hermanos al Sol y al Lobo, y que hable de manera tan contundente sobre los problemas ambientales, o que fustigue a los depredadores de la naturaleza. Este puede ser un tiempo propicio para una profunda reflexión de cara a la crisis ambiental, mucho más peligrosa que cualquier crisis política. Es importante entender las implicaciones de las políticas ambientales que se toman —en nuestro nombre— respecto de nuestros bienes naturales. Otra nota positiva es la llegada de Andreas Lehnhoff al Ministerio de Ambiente, un profesional honesto, director regional del Fondo Mundial para la Naturaleza —el del pandita—, que antes lo fue de The Nature Conservancy y de la Fundación Defensores de la Naturaleza; después de ser el primer secretario ejecutivo del Conap. En lo personal, me entusiasma mucho la designación de Juan Carrera como uno de sus viceministros, pues además de profesional competente y con experiencia, lo considero un guatemalteco con sólidos valores, capaz de posturas valientes, extremo que probó en casos difíciles que enfrentó en el Conap cuando fue su asesor jurídico. Con el aporte del licenciado Carrera, creo que el Ministerio de Ambiente tiene posibilidades de lograr resultados importantes en el corto lapso que tiene para trabajar. Por el bien de Guatemala, espero que haga un excelente trabajo.

Va mi afectuoso saludo y todo mi respeto a los auténticos defensores, los que lucharon antes, lo que luchan todavía y los que seguirán luchando, siempre y solamente, por amor y respeto a la vida.

Vamos de nuevo a las urnas, enmedio de la espantosa disyuntiva de escoger entre un comediante racista y misógino y una señora ambiciosa e inescrupulosa. Sin importar quién quede, allí sigue el 80-90% de quienes conforman “las líneas”, las estructuras mafiosas que roban dinero del pueblo de Guatemala desde hace más de tres décadas. Entre la ciudadanía hay sentimientos mezclados, que afloran en pláticas, columnas, editoriales, programas de radio: confusión, desesperación, frustración, esperanza, optimismo, miedo, tristeza…, pues no queda claro cuán reales y profundos son los cambios que se van logrando. ¿Se está depurando el sistema corrupto a base de investigación y aplicación de justicia; o solo son unos cuantos sacrificios, inevitables para calmar los ánimos de la población, y el sistema sigue funcionando como antes?

Las decisiones de los políticos que gobiernan, y las políticas que adopta un país, afectan a la naturaleza. Hay países y hay políticos que deciden cuidarla y protegerla; otros se dedican a venderla y a explotarla. Casi ningún presidente guatemalteco ha sobresalido por impulsar medidas extraordinarias en defensa de la naturaleza guatemalteca, con lo cual se beneficia a todos sus habitantes. Algunos exmandatarios se distinguieron, en cambio, por entregar nuestros recursos naturales al mejor postor, al permitir la degradación y contaminación del territorio guatemalteco, o por participar… ¿Ven por dónde va la línea? La corrupción instalada en el Ministerio de Ambiente es de miedo. Allí se aprueban evaluaciones de impacto ambiental criminales; se pierden expedientes, se deja de cobrar multas e impuestos, cuando estos son de amigos o de funcionarios “influyentes”… y un largo etcétera. Hay jueces involucrados en la línea de corrupción ambiental, que ojalá pueda perseguir la Cicig algún día, pues es otro poder paralelo desde donde se estafa a la población más vulnerable de Guatemala. Hay que ver quién da y también quién recibe. Pero también hay jueces valiosos, como Karla Hernández, del juzgado penal de delitos contra el ambiente de Petén, a quien hay que proteger. Esto apenas empieza.

Tal vez ahora la población capitalina logre comprender mejor la frustración de quienes hacen marchas para tratar de detener un proyecto minero que no respetó las leyes, que podría destruir el lugar donde viven y que goza de la protección de funcionarios de alto nivel, de instituciones nacionales y de las fuerzas de seguridad. Si les ven marchando otra vez, recuerden la indignación que nos llevó a la Plaza, por la corrupción y la injusticia. Ojalá nadie vuelva a repetir que son manipulados o acarreados esos férreos defensores de esta hermosa tierra que nos vio nacer.

(Para cerrar en positivo, celebro la sentencia de la Sala de Apelaciones que revoca la condena penal contra el defensor de derechos humanos y activista ambiental Óscar Morales, acusado en el marco de otro conflicto minero, en Santa Rosa y Jalapa, que involucra a la minera San Rafael).

La población de Guatemala se encuentra ahora en una situación terrible. Debe elegir a la persona que presidirá el país durante los próximos cuatro años con su equipo de trabajo, entre dos opciones que pertenecen precisamente a esa “escuela” política a la que repudió con tanta indignación. Forzada a votar —por segunda vez— en las peores condiciones, esta nueva ciudadanía guatemalteca que despertó, que entiende más, que es enérgica y numerosa y se encuentra dispersa en todo el territorio nacional, puede volver a ejercer su cuota de poder. Hay temas específicos sobre los que esta ciudadanía —participativa y vigilante— puede asegurar compromisos. Pongo un ejemplo, en el tema ambiental, de un compromiso verificable, como condición para dar el voto. De cara a los problemas ambientales y sociales causados por la minería química de metales, quien se comprometa públicamente a solicitar un informe sobre el estado de cada una de las operaciones de reconocimiento, exploración o explotación vigentes, auditado por un grupo de expertos sombra, y a actuar en consecuencia, podría aspirar al voto de muchos miles de guatemaltecos que no la quieren en sus territorios. El informe sería hecho por un equipo multidisciplinario, multinacional e independiente, que debe recopilar la información con la colaboración de todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales y analizarla, en cuanto asuma el nuevo gobierno. Con esa información se determinaría cuáles son las operaciones mineras que tienen todo en regla y operan en orden, sin causar conflicto social. Esas minas podrían seguir operando hasta terminar el tiempo estipulado, sin expectativa de prórroga. Las operaciones que tienen problemas sociales o ambientales serían intervenidas inmediatamente, y escrutadas más profundamente. Las que tienen problemas legales se deberán suspender definitivamente. Guatemala tiene demasiados problemas como para estar resolviendo los conflictos inherentes a la minería metálica, que —además— deja destrucción y contaminación irreversibles. El compromiso debe incluir también respetar las consultas: no puede haber minería donde la gran mayoría de la gente no la quiere.

La minería metálica moderna es una industria peligrosa, famosa por aumentar la corrupción en los países donde se “desarrolla”. Para alguien que recibe un país en bancarrota, puede parecer tentador seguirla forzando sobre el pueblo, pues significa dinero “fresco”. Para quien tiene intenciones de agrandar sus arcas, puede ser aún más tentador. Pero el compromiso serio de detener y contener la pesadilla minera podría significar también los votos necesarios para llegar a presidir el país. Mi temor es que el compromiso con los financistas y el anhelo del dinero minero sean más fuertes que el valor de los candidatos para comprometerse, en ese tema, con la nueva ciudadanía. ¿Se atreverá alguno de estos dos candidatos a la presidencia a hacer lo correcto en el tema minero, para beneficio del pueblo de Guatemala? “La extracción de metales con elementos como el cianuro termina enfermando a los pueblos”. Papa Francisco, 15/9/2015.

¿Qué hará el gobierno de tran- sición? En tan poco tiempo, casi nada; pero podría hacer cosas importantes. En lo ambiental: no permitir que se otorgue una sola concesión de explotación de bienes naturales durante su extraño período, si quiere verse decente. La corrupción en el MARN llegó a niveles insospechados durante los últimos años. Para quienes llevamos décadas en estas lides, no es difícil identificar que el impresionante aumento en la corrupción —en las instituciones gubernamentales— corresponde con la llegada de la minería metálica moderna. Hubo corrupción en ese ministerio antes, pero no tan burda. No insinúo que la minería metálica sea el único factor procorrupción. A la vanguardia estuvo el tema petrolero; en la explotación de nuestros bosques hubo antes prácticas no lícitas. Recuerdo los escándalos de corrupción relacionados con la explotación maderera en Petén, cuando el licenciado Valladares era procurador general de la Nación y los ambientalistas hacíamos esfuerzos por probar la participación de “ilustres” peteneros, a quienes no se les pudo comprobar nada gracias a que “se perdieron” los expedientes…

La falta de información veraz alienta la corrupción. Hoy, la población guatemalteca no sabe a ciencia cierta cuántas concesiones de minería metálica hay, en qué situación de legalidad o ilegalidad se encuentran, cuáles son las compañías mineras —locales o transnacionales— que las operan, en qué condiciones y exactamente qué es lo que se explota. Podría decirse algo similar sobre otros proyectos, de explotación petrolera y de palma africana, por ejemplo. Tampoco tenemos claridad respecto de la explotación de ríos para la producción de energía; tema que no debería ser conflictivo, pero que lo es por características peculiares del negocio aquí. Cero transparencia, mucha corrupción.

Si el gobierno del Lic. Maldonado quiere hacer algo importante —para la población guatemalteca y para el gobierno que asuma en enero— en el área ambiental y en el combate a la corrupción, podría ordenar y presentar una auditoría profunda en los temas ambientales que provocan más conflictividad, para destapar en qué situación nos encontramos realmente. Hoy no sabemos cuánto petróleo se exporta ni cómo se encuentra el área de donde lo sacan; cuántas minas hay y de quién son; quiénes son los operadores y accionistas locales; cuánto cianuro ha entrado a Guatemala desde que empezó la explotación de oro y plata y cuánto ha recibido el país por el impuesto que se tiene que pagar para importarlo. ¿Cuántas hectáreas hay sembradas de palma africana y de qué compañías son? ¿Cuántas hidroeléctricas y de qué tamaño? ¿Quién controla lo que sale y lo que entra? ¡Tantas preguntas! Respuestas concretas y verificables darían las bases para resolver y minimizar muchos problemas y generar algo de confianza en la población de Guatemala. ¡Necesitamos información real, para no seguir especulando y que no nos sigan baboseando!

La renuncia de Otto Pérez Molina es una tremenda victoria, cuyo mérito corresponde únicamente al pueblo de Guatemala. Este pueblo, que sobrevive en uno de los países más violentos del mundo, sentó cátedra al obligar a renunciar a su presidente corrupto a fuerza de cantar el himno nacional y sonar vuvuzelas todos los sábados entre abril y agosto. Ningún otro sector organizado tuvo la contundencia, la claridad y la convicción de que lo justo y lo necesario era que ese señor renunciara. Fue el pueblo, unido, de manera espontánea. Cuando digo pueblo, me refiero a quienes nos vimos, una y otra vez, en la Plaza de la Constitución: mujeres, niñas, ancianos, patojos, hombres, profesionales, campesinos, artistas, deportistas, motoristas, religiosos, policías, amas de casa, estudiantes… juntos, agitando banderas y levantando pancartas.

Ese pueblo iba a las elecciones como el ganado que, obligado y sin otra opción, camina hacia el matadero. Desgraciadamente seguimos limitados —como quien tiene camisa de fuerza— por leyes y procesos amañados que obligan a votar en condiciones ilegítimas, en un proceso electoral financiado por dinero, en su mayoría, ilegítimo. Pero el pueblo, que se verá obligado a votar (o no) este domingo, ya no es el mismo, porque ahora conoce el poder de la unidad. Hoy el pueblo de Guatemala sabe que sí se pudo, sabe —por experiencia— que el pueblo sí tiene poder. Quienes lleguen a ocupar la presidencia y los demás puestos de “elección popular”, como resultado de estas elecciones, tendrá que ir con pies de plomo, pues serán cuidadosamente vigilados.

Hoy es un buen día para reconocer y exaltar el trabajo tesonero, honesto y desinteresado de todas las personas que participaron activamente en esta gesta para derrotar a la corrupción. La suma de todas las energías le dio fuerza al movimiento ciudadano. El mérito es colectivo, pero sería injusto no reconocer que hubo personas que destacaron, y aunque sería imposible mencionarlas a todas, Thelma Aldana, Iván Velásquez y Miguel Ángel Gálvez están allí, en primera fila, en el imaginario colectivo. Sin menospreciar a todos y cada uno de los miembros de colectivos, grupos informales y organizaciones que participaron activamente, sería injusto no señalar el papel que jugaron los jóvenes universitarios, que fueron quienes organizaron y mantuvieron las marchas. Es la juventud la que tiene el vigor para presionar y obligar a que se hagan los cambios que urgentemente necesita nuestro país.

Lo que no hay que olvidar en un día como este es que esto apenas empieza. La población guatemalteca tiene un trabajo titánico, si es que realmente está dispuesta a arrancar a Guatemala de los brazos de la corrupción. Hoy el voto no es libre, las condiciones para estas elecciones son nefastas.

Asumir nuestro papel de ciudadanas y ciudadanos no implica únicamente nuestro derecho de votar o no. Nuestra responsabilidad también es velar por que en Guatemala haya paz y justicia.

El año pasado, una guatemalteca, valiente y altiva, trató de salvar a Guatemala y sacrificó su futuro profesional para advertirnos hasta dónde llega la corrupción en el sistema de justicia. Muy poca gente reconoció o agradeció el sacrificio de Claudia Escobar, muchos se dedicaron a criticarla. Si la hubieran tomado en serio, si la hubieran apoyado y se hubiera procedido correctamente, hoy no estaríamos en estos trapos de cucaracha, viendo cómo la justicia en Guatemala está en manos de jueces y juezas venales y corruptos. Pero Guatemala tiene también jueces y juezas probos y dignos, dispuestos a impartir justicia pese a quien le pese, como el Señor Juez Miguel Ángel Gálvez. El papel más importante para esta nueva ciudadanía despierta y activa es mantenerse vigilante: apoyar a quienes trabajan por Guatemala; y denunciar, repudiar y perseguir penalmente a quienes osen traicionarla.

Hace algunos años, el principal líder de la oposición al gobierno de Álvaro Colom encabezaba una manifestación que buscaba su renuncia por un crimen que él no cometió, y afirmó ante cámaras: “Estamos viniendo a exigir justicia. Queremos una investigación transparente, y para que eso se pueda hacer, el único camino es que el presidente acepte separarse del cargo”. Quien eso gritaba era Otro Pérez Molina (https://youtu.be/5iorGUrMg9Q, entre los 6.43 y 7.00 minutos, gracias a un video que encontró Marlon Meza Teni). Hoy su mensaje se le puede aplicar a él mismo, y le queda como anillo al dedo.

Hoy parece que el señor Pérez es sordo, y no logra escuchar el clamor del pueblo guatemalteco que le grita ¡Fuera! desde hace meses. O, tal vez, no entiende.

Señor Pérez Molina, expresidente de Guatemala: ¡Fuera!, según el diccionario, es una interjección (clase de palabra que expresa alguna impresión súbita o un sentimiento profundo) que se usa para denotar desaprobación, y si es repetida, para exhortar a quitar a alguien de donde está.

Con toda la fuerza y la solvencia, el pueblo de Guatemala, que hoy sabe que usted le ha robado y que le seguirá robando todo lo que pueda mientras esté en su “puesto” (y yo le recuerdo su activa participación en fraudulentos contratos mineros y otros negocitos con nuestros recursos naturales) le grita al unísono: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!

¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!

¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!

¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!

¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!

¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!

¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!

¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!

No creo que debamos ir a elecciones en estas condiciones. No quiero participar en este proceso electoral porque estamos condenando a Guatemala a seguir gobernada por delincuentes. Pero creo que, para quienes piensan hacerlo, sería bueno tomar en cuenta el criterio ambiental para decidir su voto. Las propuestas —de 13 de los 14 candidatos— publicadas en Prensa Libre el domingo pasado hablan de: ley de aguas, exigir el cumplimiento de las leyes ambientales, adecuar la Ley de Minería (A. Giammattei); que el MARN deje de ser tramitador de evaluaciones de impacto ambiental, y énfasis en el cambio climático (A. García); no propone nada (J. Morales); promover el turismo ecológico y el desarrollo sustentable, recuperar suelos, controlar la contaminación, saneamiento ambiental (J. A. López); educación ambiental, tecnologías más limpias (J. Gutiérrez); reestructurar el sistema para la emisión de estudios de impacto ambiental, fortalecer la institucionalidad (L. Sosa); reformar la Ley de Protección del Medio Ambiente, consumir productos amigables (L. F. Pérez); crear en la Cancillería (¿?) un organismo especializado en materia ambiental y cambio climático (M. Baldizón); revisión de normativa vigente, declaración de zonas protegidas, reciclaje (M. D. García); enfocarse en minería, petróleo, recursos no renovables, energía y recursos renovables (M. Estrada); impulsar los derechos de la Madre Tierra y tratar a las empresas extractivas de manera diferente (M. A. Sandoval); impulsar los mercados de servicios ambientales y desarrollar estudios científicos para el saneamiento de lagos y ríos, ley de educación ambiental (R. González); reformar la ley de minería para mejorar las regalías, empresas mixtas y garantizar derechos de las comunidades (S. Torres). Nada dice Z. Ríos, porque no respondió a PL.

Los listados se ven rebonitos…, pero tienen serios problemas (y algunos dan risa). Casi todos los candidatos se sienten obligados a tocar el tema ambiental pero ninguno lo considera fundamental. Aunque no lo reconozcan, ¡la naturaleza es la infraestructura sobre la que funciona nuestro país! Lo que presentan como propuestas son listados de buenas intenciones, sin sustento técnico. No dicen cómo, dónde, cuándo, con quiénes… Fueron hechos por políticos “aspirantes”, sus asesores y sus financistas; grupos caídos en desgracia, a los que el pueblo de Guatemala ya no les cree ¡nada!

Ya vimos a Roberto González (ministro de Energía y Minas, época de Berger), quien mintió entonces diciendo que la minería metálica sacaría adelante a Guatemala y que no contaminaría (comunicación personal). Sandra Torres fue parte del gobierno que más concesiones ha otorgado a las transnacionales mineras. Se intuyen componendas de casi todos los aspirantes con el sector que más conflicto social ha causado en Guatemala en los últimos años. ¿Va a darles su voto?

El licenciado Alfonso Carrillo exigió esta semana a la Corte de Constitucionalidad que nos garantice el derecho a un proceso electoral puro, porque este no lo es. Ojalá lo escuchen, porque ¡en estas condiciones no queremos elecciones.

“Este proceso electoral apesta y está plagado de todo tipo de violaciones”, es lo que se desprende de la columna de opinión del Lic. Alex Balsells. En medio de la terrible confusión que abruma a la ciudadanía guatemalteca, creo que eso —y que el 75% del dinero que se ha utilizado en esta campaña electoral es de origen criminal— es lo único que entendemos con absoluta claridad.

Sabemos que estamos ante el peligro inminente de que el crimen organizado termine de apoderarse de nuestro gobierno, y que tenemos que hacer todo lo posible para impedir que delincuentes sigan gobernando Guatemala. Por eso indigna tanto que nuestras “autoridades”, algunos viejos políticos y sus cómplices, insistan en tratar de asustarnos con el calificativo de sediciosos a quienes sostenemos que no queremos elecciones en estas condiciones.

Mantener la institucionalidad no es mantener a funcionarios corruptos en su puesto; es —más bien— garantizar la plena observancia de los derechos contenidos en la Constitución. Esta crisis de institucionalidad se debe a que la ciudadanía guatemalteca no confía ni en quien fue presidente, ni en la mayoría de diputados y jueces. El señor Pérez está despedido desde hace varios meses, aunque él y quienes lo apoyan se hagan los sordos. Esta crisis de institucionalidad la crearon ellos; a nosotros nos toca enfrentarla. Recordemos que esos funcionarios llegaron a sus actuales puestos en condiciones de corrupción muy similares a las actuales, solo que no había certezas ni pruebas contundentes. Algunos de esos personajes están en la cárcel, gracias a la Cicig y al MP, con quienes estamos agradecidas y en deuda. Otros van a ir a parar allá, solo es cuestión de tiempo. Y hay funcionarios que renunciaron a sus puestos, demostrando una pizca de vergüenza, ¿o miedo? Pero hay un hombre que se mantiene cínicamente, a pesar de haber perdido el respeto del pueblo que un día lo eligió, y que hoy lo desprecia profundamente. ¡Váyase de una vez por todas, señor Pérez!, porque usted impide que se haga lo necesario para terminar de desmantelar las redes de la corrupción y para rescatar Guatemala.

En medio de esta inusual crisis institucional —provocada por los funcionarios de turno— no constituye sedición proponer un gobierno de transición, encabezado por el actual vicepresidente —para no violar la Constitució—. Además, habría que usar todas las herramientas que nos presenta el sistema legal para hacer funcionar ese gobierno de transición y de renovación nacional. Esa propuesta, que es del Movimiento Semilla, tiene como objetivo rescatar la legitimidad moral a través de una salida inteligente; viable legal y políticamente. Eso permitiría llegar a un nuevo proceso electoral con la mesa limpia y las condiciones necesarias para recuperar la confianza del pueblo guatemalteco. Porque —y sobre todo cuando vemos cómo se burlan de nosotros los diputados del Líder* y del Patriota** que no le retiran la inmunidad a OPM— en estas condiciones no podemos ir a elecciones.

* y ** palabras que hoy no significan nada en Guatemala.

La participación de la gente que asiste a la Plaza parece haber disminuido, pero no la indignación. Han sido muchos sábados, y muy notorios los esfuerzos para dividirnos. Que si la izquierda, que si la derecha, que si los pueblos indígenas y los campesinos… ¡Basta! Quienes están interesados en que la gente ya no acuda a la Plaza son quienes están inmersos en este sistema corrupto. Quienes sí mantienen constante su participación son los jóvenes, que sueñan con que el gran cambio es posible. Y son audaces en sus discursos y consignas, aunque usen lenguaje soez. Pero cuando vemos la grosería, la insolencia y la falta de vergüenza de los funcionarios y “dignatarios” de la nación, ese lenguaje resulta pertinente y atinado.

La semana pasada un juzgado ordenó detener la construcción de la mina Progreso VII Derivada. Esta semana, la minera Kappes Cassidy y Asoc./Exmingua, con apoyo de la Policía Nacional Civil (que cuida sus intereses desde hace más de un año), forzó la entrada de maquinaria pesada a la mina, a pesar de las órdenes del juzgado. Esta es una denuncia pública de una nueva violación a los derechos de la población por parte de una institución gubernamental en contubernio con una transnacional que se ha caracterizado por su poco respeto a las leyes y a la población guatemalteca; y es una invitación a la reflexión sobre la relación entre minería metálica y corrupción gubernamental.

¿Cuáles serán los planes de los “aspirantes” respecto de proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos? Seguramente encuentran —dentro de esos sectores— a potenciales financistas, tan ávidos de participar en la contienda electoral como otros que trasiegan polvo blanco que no es harina, como repite un acucioso investigador de las actuales redes de corrupción.

¿Qué toca hacer, cuando nos presentan pruebas de que quienes dirigen, legislan y administran los bienes de nuestro país son —con contadísimas excepciones— corruptos, mentirosos y/o ladrones? ¿Es posible votar por alguien capaz de apropiarse de los recursos del Estado que tendrían que invertirse en educación, salud y seguridad, sin traicionar a toda la población guatemalteca, pero sobre todo a la más vulnerable? Eso es a lo que pretenden obligarnos, haciéndonos creer que no querer elecciones en estas condiciones es atentar contra la institucionalidad, contra el Estado de derecho. Quienes atentan son ellos, los funcionarios públicos y los políticos responsables de esta situación.

El artículo 135 de nuestra Constitución Política dice que es un deber cívico servir y defender a la Patria. La suciedad de los partidos políticos que hoy tenemos en Guatemala hace que la gente crea que la política es mala. Malo es no participar; hoy no tenemos más remedio que hacer política. Porque si no reaccionamos, nuestro país seguirá en las garras de quienes lo tienen secuestrado desde hace muchos años.

Fijo: la sociedad guatemalteca ya no es la misma. Gracias a la Cicig y al MP, quedó comprobado cómo funciona la corrupción en nuestro país y eso nos pone en un plano distinto. Es lo que habíamos sospechado y tratado de hacer evidente. Pero ahora tenemos la certeza de que la ciudadanía tiene que aprender a defenderse sola, porque los políticos (¡todos!) son la misma m(ateria prima), y cuando ya están en la guayaba les venimos guango. Eso no tiene vuelta de hoja, pero de nosotros depende cuáles sean las consecuencias.

Desde esta columna he insistido en cuanto al gravísimo daño que se hace cuando los funcionarios de gobierno impulsan, apoyan y defienden proyectos riesgosos —aprobados gracias a Evaluaciones de Impacto Ambiental pésimas— que pueden calificarse como criminales, pues generan condiciones peligrosas para la vida de muchas personas. Las enormes pérdidas económicas son lo de menos.

Hay un caso que ha sentado, y parece que seguirá sentando, un importante precedente. La ejemplar Resistencia Pacífica de La Puya se apuntó un éxito histórico, cuando el Juzgado Tercero de Instancia Civil —constituido en Tribunal de Amparo— amparó a los alcaldes auxiliares de las aldeas El Guapinol y el Carrizal; y conminó al Concejo a detener los trabajos de construcción de la mina Progreso VII Derivada, acción que se deberá efectuar en un plazo de 15 días, después de que la resolución de marras quede en firme. Eso significa que habrá que esperar otros amparos, de parte de la compañía minera; y que el proceso puede tardar meses.

El Tribunal de Amparo también ordenó la suspensión de las actividades de construcción de la mina mientras se realiza la consulta de vecinos, orden de cumplimiento inmediato. Se habla del descubrimiento de una licencia de construcción falsificada, lo que debe tener en vilo a los mineros y a sus socios. Admirable la acción del Juzgado Tercero de Instancia Civil, que seguiremos con detalle. Así como observaremos de cerca a los alcaldes que tienen que ejecutar la orden, según el Art. 151 del Código Municipal, porque son vulnerables. Los poderosos mineros aún tienen muy buenos amigos en el gobierno pepe, que mantiene la presencia constante de unos 10 vehículos de la policía (pagados con dinero del pueblo) para “cuidar” a los trabajadores de la mina de las malas miradas de los integrantes del movimiento de Resistencia Pacífica.

Hay otro ejemplo de cómo funciona la corrupción en el informe del sistema de Naciones Unidas sobre la contaminación en La Pasión. Allí están todos los elementos: poderosas empresas, inservibles instrumentos ambientales, incapacidad de las autoridades gubernamentales, extrema vulnerabilidad de las poblaciones. El daño ambiental está hecho, y se sabe quiénes son los responsables, pero no sabemos si ellos van a pagar las consecuencias. Lo que sí sabemos es que —si todo sigue como hasta ahora— no va a pasar nada. Todos los corruptos se tapan con su gigantesca chamarra, en la que nosotros no cabemos. Pero ¿y si se las quitamos? En estas condiciones: voto nulo.

Podemos imaginar cómo están de podridas las instituciones gubernamentales que se ocupan de lo ambiental, a raíz de los nuevos descubrimientos Cicig-MP. ¿Qué pasaría si la Cicig pudiera investigar casos paradigmáticos de corrupción institucional en la administración y el manejo de nuestros bienes naturales? Alucinaríamos si supiéramos lo que pasó con Fonpetrol, cuando el gobierno de la UNE se atrevió incluso a violar normas constitucionales para ampliar ilegalmente la concesión de Perenco en la Laguna del Tigre, área núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya, bajo un esquema (i)legal urdido por Manuel Baldizón, con la ayuda del diputado Manuel Barquín y el apoyo incondicional de muchos alcaldes peteneros. ¡Hasta la Corte de Constitucionalidad participó en ese lamentable caso!

La corrupción se arraigó en el Ministerio de Ambiente, con ayuda de mineras, petroleras, palmícolas, et al. Prácticamente todas las evaluaciones de impacto ambiental que aprobó el ministerio de marras para proyectos de minería metálica fueron calificadas como pésimas e inaceptables por expertos internacionales; sin embargo, aquí jamás se había logrado detener un solo proyecto minero por evaluaciones de impacto ambiental (EIA) deficientes. Peor aún, en muchos casos fueron las más altas autoridades ambientales las que facilitaron los trámites.

Rossana Sobenes constituye un ejemplo perfecto: una funcionaria pública que hace favores, mueve influencias y aprovecha su posición dentro del esquema gubernamental para hacer negocios. Sugirió personalmente la estrategia de fraccionar las EIA, lo cual es perverso e inaceptable; instaló una ventanilla express para acelerar la aprobación de proyectos peligrosos para el ambiente; y favoreció a su empresa Siga con contratos para realizar consultorías y estudios de impacto ambiental. Hay otros casos de funcionarios públicos que se aprovechan de sus puestos, como el del tráfico de guacamayas peteneras que ordenó Roxana Baldetti o el viaje de “capacitación” de Gudy Rivera, sobre transgénicos (da risa), en Colombia. Y casos más recientes, como el de Jaguar Energy —que le daría energía barata a las mineras a punta de contaminar el aire y los ríos guatemaltecos y de corromper a más funcionarios— “descubierto” gracias a la Cicig y al MP; o la inexistencia de instrumentos de control ambiental en los casos de Amatitlán y de Repsa.

Hoy tenemos una excelente noticia que denota un cambio de actitud, tal vez al tenor de los recientes “descubrimientos”: el Juzgado Tercero del Ramo Civil ordenó suspender los trabajos de construcción del proyecto minero Progreso VII Derivada. ¡Felicitaciones a la Resistencia Pacífica de La Puya! Un paso en la dirección correcta del sistema de justicia, que ojalá se mantenga.

Los que sí no entienden nada son nuestros congresistas, cínicos y sordos, ante la exigencia de la población guatemalteca para que aprueben ¡ya! la LEPP. Punto. ¿O se sienten nerviositos? ¡Nos vemos el sábado en la manifestación!

A la ciudadanía le toca analizar la situación actual de Guatemala, y decidir si vale la pena —o es posible— hacer algo para tratar de corregir el rumbo. Es duro admitir la irrefutable realidad de nuestras instituciones públicas, puesta en evidencia gracias a los sucesos recientes: ninguna tiene la entereza y la claridad necesarias para sacar al país del marasmo legal en que se hunde. Se necesita demasiado valor, y este no aparece por ninguna parte. Cuando se demuestra —con hechos— que los funcionarios públicos están más interesados en salvar su pellejo que en rescatar al país, es sano admitir que estamos solos; porque los diferentes gobiernos que “administraron” Guatemala desde que se inició la “era” democrática se dedicaron a enriquecerse y a robarle al pueblo, con mucho más ahínco que a servirlo.

Es indispensable seguir presionando para que renuncie Pérez, para que se hagan las reformas necesarias, para impedir que re-conocidos bandidos sigan esquilmando el erario nacional, y para que las cortes de justicia cumplan con su deber.

Pero también es necesario que tengamos en cuenta todo lo que sigue pasando en otras áreas. Respecto del tema ambiental exigimos saber: 1. qué va a pasar con los millones de quetzales que están en juego por el Lago de Amatitlán; 2. si es cierto que el Estado de Guatemala tendrá que pagar millones por denuncia de trabajadores de Repsa por malas condiciones laborales, amparados en el tratado de libre comercio; 3. si realmente la conducción eléctrica de Trecsa se hará subterránea para no terminar de arruinar el Río Dulce; 4. en qué paró el caso del gerente de la mina San Rafael que ordenaba matar indios por teléfono; 5. en qué está el caso de la mina que tiene el peor Estudio de Impacto Ambiental, en San José del Golfo, 6. por qué no avanza el caso de la muerte de tres estudiantes de la Universidad del Valle en la mina de níquel de El Estor, 7. si hay investigación por la extracción ilegal de jade del área protegida Sierra de las Minas, que terminó en Taiwán…

Dos casos más demandan atención: la hidroeléctrica Xalalá, cuyo contrato fue cancelado por la Contraloría General de Cuentas por anomalías, que preocupa más a los comunitarios desde que Pérez Molina salió en su defensa (¿estará relacionado también el recién capturado exministro Rodas?); y el derrame de petróleo en el pozo 28 del campo Xan, en la Biosfera Maya, a 250 metros del caserío Laguna Vista Hermosa, denunciado desde el 19 de junio de este año. Ante la absoluta corrupción del Ministerio de Ambiente y la incapacidad del MP para atender también casos ambientales, la población debe asumir su soledad y actuar con responsabilidad. En un municipio de Izabal, los comunitarios están visitando a todos los candidatos a alcalde, para hacerles firmar el compromiso de cuidar sus bienes naturales (quieren curarse en salud de proyectos mineros, petroleros, palmícolas, hidroeléctricos, etc.); o no votarán por ellos. Ejemplo inspirador de participación ciudadana en contra de políticos corruptos.

Seguimos mareados en medio de la vorágine de escándalos de corrupción. Esa corrupción gubernamental que se fermenta con la impunidad que impera en las cortes de justicia para convertirse en desgracia y muerte para la mayoría de la población. Solo en los temas ambientales es demasiado larga la lista de casos obvios de corrupción e impunidad gubernamental. La concesión de la mina Marlin I, calificada nula ipso iure por el Lic. Acisclo Valladares, por la forma en que fue concedida; la mina sigue operando. La violencia de los personeros de la minera San Rafael, comprobada con la grabación de un personero que ordena la muerte de “esos indios” (¡con esas palabras!) que se oponen; la mina sigue funcionando. Las irregularidades en el otorgamiento de la licencia minera en La Puya, donde el dizque presidente Pérez dio su palabra de cancelarla si había alguna irregularidad; por supuesto no hizo nada a pesar de que la Resistencia Pacífica tiene testimonios de expertos internacionales en minería que calificaron el Estudio de Impacto Ambiental como el peor jamás visto. El escándalo del Lago de Amatitlán en que Baldetti y compañía quisieron vernos la cara. La extracción ilegal del jade de la Sierra de las Minas, que terminó en Taiwán junto con lo que le quedaba de decoro a ella. La trágica muerte de los tres estudiantes de la Universidad del Valle en la mina de níquel de El Estor, la penosa actitud de los juzgadores y de esa casa de estudios. El encarcelamiento de líderes comunitarios de Huehuetenango por oponerse a las arbitrariedades de las corporaciones internacionales dueñas de proyectos hidroeléctricos impuestos. Ahora el escándalo del río La Pasión, en el que el ministro de Ambiente endilga culpabilidad a las comunidades (le dimos el beneficio de la duda, pero este resbalón es imperdonable) cuando la responsabilidad de las palmícolas es indudable.

No son los únicos casos en los que es obvia la corrupción y complicidad de funcionarios públicos que sirven a los intereses económicos de las transnacionales, en detrimento de los de la población guatemalteca que paga sus salarios. El dizque presidente, la exvicepresidenta, ministros, diputados, alcaldes, jueces… saqueando a un pueblo inerme y cada día más empobrecido. La corrupción no nació con este gobierno, pero hoy, que hay pruebas para llevar funcionarios a juicio, “ellos” tienen el sistema de justicia de los pelos; y ahora pretenden constituirse en adalides de la institucionalidad y del cumplimiento de la ley. Jajajaja.

No queremos seguir así. Perseguimos objetivos concretos. Primero tiene que renunciar Otto Pérez. Ese señor pretende seguir borrando evidencias y rematando negocios bajo la protección de sectores poderosos, y eso es inaceptable. Punto.

Después, si los entusiastas defensores de la Constitución y la institucionalidad aplicaran el artículo 113 de la Constitución, sobre “Derecho de optar a empleos o cargos públicos”, que dice: “Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez” estaríamos salvados. ¡Veamos pues!

Muchas personas sentimos indignación y angustia profunda por la situación en que se encuentra Guatemala hoy. No es nueva: todas y todos sabíamos que hay corrupción, pero no cuán enraizada está en el Gobierno, desde cuándo es parte integral de las instituciones gubernamentales, cuánto le han robado al pueblo de Guatemala y cómo tiene secuestrado el sistema de justicia… Hoy la frustración nos asfixia, porque allí están las trampas —diseñadas por quienes llevan años aprovechándose del sistema— para que no podamos hacer casi nada para rescatar nuestro país. Ante la magnitud del problema de corrupción que enfrentamos, tendríamos que dejar de lado nuestras diferencias y actuar como un solo cuerpo en contra de este sistema político que nos ha engañado por décadas.

Hay varios grupos buscándole salidas a esta crisis. Les cuento acerca de una acción ciudadana realizada en clara defensa del orden constitucional. La semana antepasada, un colectivo de académicos, intelectuales y miembros de la comunidad de escritores, bajo la coordinación del abogado constitucionalista Flaminio Bonilla, interpuso una acción constitucional de amparo contra el Congreso de la República. Se denunció que durante los últimos doce años los diputados que pasaron por el Congreso atentaron contra, y violaron, el orden constitucional. Basados en los artículos 241 y 171 inciso d), se señaló que no cumplieron con funciones obligatorias del Congreso y el Régimen Financiero. Desde el 2002 se han negado a conocer y tramitar el Informe de Auditoría que la Contraloría General de Cuentas somete a su conocimiento para ejercer las funciones de rendición de cuentas. Esto hace posible deducir responsabilidades civiles y penales a funcionarios encontrados responsables de actos delictivos. Al incumplir con las normas que regulan el régimen financiero y los mecanismos de fiscalización y control de gastos del Estado, los diputados de las últimas tres legislaturas propiciaron la corrupción y atentaron contra la seguridad del Estado.

Se trata, por medio de esa acción, de impedir que 143 diputados se reelijan, para que personajes como Baudilio Hichos, Gudy Rivera, Delia Back, Luis Rabbé y otros de igual “honorabilidad” ¡re! conocida, sigan haciendo de las suyas eternamente. Que no puedan inscribirse como candidatos a puestos públicos los diputados que figuran en las listas de las legislaturas en cuestión.

Se solicitó también que se declare la comisión de varios ilícitos y que se deduzcan responsabilidades civiles y penales a todos los diputados involucrados. Sorpresa: La Corte Celestial no otorgó el amparo provisional; lo que permitiría que diputados de dudosa honorabilidad sean reelectos. ¿? No extraña, pero sube la indignación a un nivel casi insoportable. Esperemos que los magistrados cambien de actitud, porque de no hacerlo, deberemos sospechar que los guardianes de la Constitución son presa del peor mal que hoy aqueja a Guatemala.

Es alentador notar cuánta gente se esfuerza para cambiar el rumbo que llevaba Guatemala, agonizante en las garras de la corrupción. Desde quienes vamos a la Plaza a reclamar justicia, hasta quienes buscamos fórmulas legales para impedir que los malandros sigan haciendo piñata con Guatemala. Por eso es patético ver cómo hay gente empeñada en mantenernos divididos, aun en momentos tan críticos. Sin argumentos válidos, recurren a viejos miedos y a insultos para denigrar a quienes no piensan como ellos. Por intereses mezquinos difunden mentiras y recrean fantasmas del pasado con tal de desunirnos nuevamente para que dejemos la Plaza, la protesta y la propuesta. La historia los juzgará por intentar destruir esta posibilidad de enmendar el rumbo de nuestro país.

La población guatemalteca cambió. Está mejor informada y ha empezado a perder el miedo que la mantuvo paralizada. En medio de lo trágico del ecocidio del río La Pasión, se nota la diferencia en la reacción de la gente. Hoy se entiende mejor lo que está pasando. La expansión desenfrenada de la palma africana —el monocultivo de más rápido crecimiento en el planeta— ha dañado a muchos otros países en el mundo antes. Los pobladores del Petén ya entendieron que la palma africana implica pocas fuentes de trabajo, muchos venenos químicos y mucha tierra. Primero fue el sureste asiático; cuando se agotaron los suelos allí fueron a buscar más tierras a África y a América Latina. En Guatemala, donde la posesión de la tierra ha implicado guerra y muerte para miles, su acaparamiento tiene consecuencias más graves. Ahora tocó aprender duramente que, además de disminuir la producción local de alimentos y de acabar con fauna y flora locales —si las había a su llegada—, el monocultivo de palma también produce contaminación. La indignación por el ecocidio en La Pasión rebasa ya fronteras, y difícilmente podrán manipular a la gente, como ha sido la costumbre. Esperamos que se haga justicia en este caso.

Finalmente, encuentro tremenda (digna de respeto y reverencia) la encíclica del papa Francisco I, Laudato Si'. Comparto su llamado: “Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás”. (Pueden buscarla en www.redmanglar.org). Exhorto a leerla, a cristianos y no cristianos, pues su mensaje ecuménico cambia conciencias: “Caminemos cantando. Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza”.

En medio de la incertidumbre política en que vivimos, con cada día que pasa nos queda más claro cuánto daño nos hace la corrupción que se instaló en casi todas las instituciones nacionales y en los centros de poder político. Admitamos que la población misma llegó a aceptar la corrupción como si fuera inevitable. Tal vez por haber permanecido indiferentes ante los desmanes de funcionarios públicos y sus socios, es que hoy estamos totalmente desbordados por ese vicio. Los ejemplos de cómo esa corrupción nos afecta en todo sentido abundan, pero quiero referirme a lo que sucede en la arena ambiental, porque la pérdida de nuestros bienes naturales es una de las tragedias más terribles, y tendrá efectos irreversibles a largo plazo.

Guatemala siempre fue un país desigual e injusto, pero las bondades de la naturaleza le dieron condiciones de vida muy aceptables a todos sus habitantes, fueran estos ricos o pobres. Una biodiversidad exuberante, suelos fértiles, agua en abundancia y un clima inigualable, fueron características de nuestro país hasta mediados del siglo pasado. Desgraciadamente, con el aumento de la población, pero —y sobre todo— con la aparición de las industrias extractivas modernas, fue llegando también la muerte para muchas de las especies nativas que se eliminaron con la deforestación; se fue perdiendo la fertilidad de los suelos por la aplicación masiva de agrotóxicos; se fue contaminando gradualmente casi toda el agua de nuestros ríos y lagos; y la alteración climática planetaria se traduce localmente en niveles de vulnerabilidad cada vez más altos y antes desconocidos en Guatemala. Estas nuevas condiciones (no tan) naturales afectan negativamente a toda la población, pero muy críticamente a los guatemaltecos más empobrecidos. Y marcarán el futuro de toda Guatemala.

Quiero creer que la mayoría de la población guatemalteca tiene claro a estas alturas que la extracción de metales produce dinero para los que están en “el negocio”; y destrucción ambiental, contaminación, corrupción y violencia para el resto de la población. Pero hay otras actividades que también destruyen biodiversidad, contaminan y aumentan los niveles de violencia y corrupción. El reciente ecocidio —como está siendo llamado localmente— en Sayajché es un ejemplo perfecto. Hace varias semanas se reportó una escandalosa e inusual mortandad de peces en el río La Pasión. En esa región, la gente le echa la culpa a una empresa de palma africana; pero todos tienen miedo de hablar…

El Ministerio de Ambiente (MARN) declaró Alerta Amarilla para la región y recomendó que la gente no tome agua del río. Según un comunicado que circuló el miércoles, el MARN sabe que “alguien” echó malation al río desde el 3 de junio, por lo que puso una denuncia penal ante el MP. El nuevo ministro de Ambiente, ingeniero Óscar Medinilla, empezó con buen pie su gestión. Con la señora del pepe —que salió por corrupción— esto no hubiera pasado. Estaremos pendientes de cómo se desarrolla el caso, que el MARN calificó como “el más grave problema ambiental de su tipo en territorio nacional del cual se tenga memoria”.

Nadie puede echar el tiempo para atrás, dijo Pancho en una entrevista reciente. ¡Cuánta razón! Hoy Guatemala vive un momento crítico. Si no logramos encontrar ahora “eso” que todas y todos los guatemaltecos queremos, no podremos sacar a Guatemala del despeñadero en el que se precipita debido a la corrupción instalada en el centro nervioso de nuestro país. Mientras la ciudadanía sigue encontrándose en la Plaza, y dando una muestra irrefutable de civismo, educación y buen ánimo, se destapan nuevos escándalos de robos descarados, que involucran a funcionarios de gobierno. La indignación ciudadana sube de tono y cada día hay más denuncias, pero se mantienen neciamente las conductas más nefastas. Estamos en medio de una gigantesca red de corrupción, que no empieza ni termina con el gobierno; que mantiene “relaciones comerciales” con muchos socios, a la que parte de la ciudadanía ve como normal. Nuestras instituciones están absolutamente penetradas; extirpar la corrupción será una tarea titánica que compete a todas y todos.

Hoy no tenemos gobierno legítimo, ni instituciones capaces de inspirar credibilidad o confianza en una ciudadanía que se ahoga en rabia y frustración. Las instituciones políticas y sus conductores inspiran vergüenza; y lástima, por pobres de espíritu. Estamos a punto de vernos forzados a escoger una de las 13 opciones políticas, insustanciales y vacías, de los mercaderes que han estado negociando con los bienes de Guatemala desde hace tanto tiempo. Pero no podemos aceptar las reglas de juego de un sistema que está secuestrado por agentes a quienes no les interesa el bienestar del pueblo de Guatemala. No podemos obedecer las leyes cuando estas nos condenan. Seguir por la vía de los mercaderes de la política es suicidio y necedad. No importa quién llegue; ninguno conducirá a Guatemala por el camino necesario para que reinen la justicia, la armonía y el bienestar general. En estas condiciones no queremos elecciones.

Necesitamos hacer acopio de toda la decencia, la inteligencia y la creatividad de las y los mejores guatemaltecos, para entender la peligrosidad del momento y encontrar la manera de salir airosos y unidos de esta difícil prueba.

Primero, lo primero: ex-presidente Pérez ¡fuera! Necesitamos espacio para construir un Estado de Bienestar Colectivo, algo que usted y los dueños de los partidos políticos no entienden.

Quería terminar este artículo con la lista de las demandas/reformas mínimas que debemos exigir para poder avanzar en la reingeniería de Guatemala, pero el asesinato de Pancho Palomo me obliga a manifestar mi profunda indignación y repudio ante esa práctica tan espantosa, que sigue enlutando a tantos hogares guatemaltecos. No hay absolutamente ninguna justificación para el asesinato. Y me permito copiar esta atinada frase del muro de un amigo en féisbuk: “La vida humana es sagrada. Cuando alguien muere violentamente, todos —como sociedad— morimos un poco con aquel que nos dejó”. ¡Descansa en paz, Pancho! Ojalá tu familia encuentre fuerza para seguir adelante y fortaleza para perdonar.

Lo que pasó esta semana en La Puya demuestra cómo funciona “la cosa” en Guatemala. La minera se empeña en explotar metales donde la gente del lugar no está de acuerdo. El gobierno vela por los intereses mineros; paga soldados y policías para protegerlos, con los recursos del pueblo. La gente del lugar trata de defender sus derechos pacíficamente. Y la mayoría de los medios de comunicación reporta poco la noticia. Menos uno: Canal Antigua.

Ojalá mucha gente haya visto el programa A las 8:45 el martes 26, sobre los últimos sucesos en La Puya. ¡Qué cátedra tan perfecta de lo que es mal periodismo! Los conductores del programa abordaron un tema de interés para su patrón, el parcial dueño de Canal Antigua, exministro de Energía y Minas, recién (auto)defenestrado y arraigado; exhombre de confianza del señor Pérez y re-conocido promotor de negocios mineros.

Justo ahora, cuando la población demuestra que se hartó de la corrupción y del cinismo de los funcionarios públicos, se atreven a invitar a uno de los abogados defensores de la minera, para decir que el control ambiental será excelente porque lo va a supervisar ¡el MEM! y jura, con carita de yo no fui, que todo está en orden, que la evaluación de impacto ambiental les quedó “re bonita” y que la gente buena del lugar los adora. Que son esos malos y feos de la resistencia los que no quieren diálogo. La “periodista investigativa” asegura tener fotos donde se ve gente encapuchada y violenta. ¡Qué horror! pero solo muestra fugazmente a una señora con una Biblia frente a un pelotón armado. El patético negociador gubernamental asegura que la gente no quiere diálogo (como si “dialogar” con ellos sirviera para algo…) pues solo quieren hablar con funcionarios, no con la compañía. El que fuera presidente Pérez aseguró a los líderes de la resistencia, en uno de esos diálogos que niegan que existió pero que quedó grabado, que si había algo malo con el EIA, él cancelaría la licencia. (Como si se pudiera creer en su palabra).

Cuando un(a) periodista arriesga así su profesionalismo, y pinta como criminales violentas a ciudadanas cuya valentía y pacifismo ha inspirado a miles, aquí y en otras partes del mundo, cabe preguntarse: ¿Por qué lo hace? ¿Estuvo ella alguna vez en el lugar? ¿Habló con esas mujeres, a las cuales acusa sin empacho alguno? Véalas usted: https://www.youtube.com/watch?v=VZGamghY0Vc. y https://medium.com-@gerardomonterroso_53332/lapuya-953e125ab3c8.

Nuestra situación es cada vez más intolerable. “Elegir” en estas condiciones puede ser condenar a Guatemala, pero si vamos a hacerlo, hay una pregunta que ¡ruego! hagan a quien aspire a gobernar: ¿va usted a seguir con la necedad de convertir a Guatemala en país minero? Sí o no, punto. Quien se atreva a explicar cómo su equipo sí va a hacerlo bien, insulta al pueblo de Guatemala, que ya se pronunció fuertemente en contra. Solo los socios —sean políticos, funcionarios, periodistas o empresarios— de la minería pretenden imponerla todavía, pero ya no les toca. La minería metálica aumenta los niveles de corrupción y violencia, aquí y en cualquier parte donde se la impongan. Ojalá mañana sepamos actuar nuevamente unidos por un anhelo de justicia ¡Vamos juntos a la Plaza!

“Señor Presidente: no somos un grupo, somos toda Guatemala la que quiere su renuncia. Somos pueblo. Otto Pérez Molina, diputados y políticos corruptos, ¡fuera del gobierno! Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. No somos idiotas y estamos cansados de la corrupción. No estoy indignada, estoy emputada. Presidente: yo voté por usted, ahora demando su renuncia. Yo no vine porque me pagaron, vine porque me robaron. Dinosaurios: ya viene el meteorito que los va a extinguir. La indignación es mi recurso contra la corrupción. No vine acarreado, vine encabronado. No tenemos partido, tenemos conciencia. La indignación por el saqueo de mi país no se me pasa. Hasta ahora la calle no ha sido rebasada por nadie, ni contenida, ni encausada. Al carajo los ladrones por que el pueblo ya despertó. El gobierno pensaba que éramos idiotas, indiferentes y callados; ¡nunca más! Guatemala no es un estado fallido; funciona a la maravilla en función de los intereses de las clases dominantes y privilegiadas; es fallido solo para el pueblo. ¡Justicia ya! que devuelvan ya todo lo robado. Ni Otto ni Roxana imaginaron la protesta ciudadana”.

“Por el agüita mágica en el lago de Amatitlán, la ley Monsanto contra nuestro patrimonio natural, la destrucción de la Sierra de las Minas por el saqueo del jade, la destrucción de nuestras montañas y contaminación del agua por la explotación minera, las concesiones petroleras en áreas protegidas, la corrupción del Ministerio de Ambiente y el ecocidio de nuestros manglares y ríos: justicia ya para nuestra Tierra. Las mojarras de Amatitlán no olvidan. Afuera las minerías, no a los monopolios. Fuera las transnacionales; defendamos los recursos naturales. El contrato de Xalalá también es lesivo. Nos robaron mil millones al año en La Línea”.

“Políticos corruptos váyanse asustando, que esto apenas está empezando. ¡Urgente! necesitamos sangre tipo Árbenz. Le toca será mi huevo. No le toca. Ya huevió, está hueviando, le toca hueviar. No sé cuántos ingredientes lleva la receta de la Dignidad, pero de que lleva huevos, lleva huevos. Anótenlo: no más corrupción. Los pacientes del IGSS están muriendo por corrupción. Estoy tan enojado que en lugar de salir a chupar, salí a protestar. Los hospitales públicos lloran sangre. No más presos políticos, queremos políticos presos. Un pueblo dormido puede soñar; un pueblo despierto puede avanzar. Militares nunca más al servicio del capital. No nos falta dinero, nos sobran ladrones. Un planeta decadente donde un burro es presidente. No más campañas electorales millonarias. ¿Las bancadas permitieron esto? No somos de izquierda ni de derecha; somos los de abajo que venimos por los de arriba. Guatemala no es un país pobre, es un país saqueado. Quien empieza comprando la presidencia termina vendiendo la Patria. Fuera las ratas ¡ya!”.

Así se expresó el pueblo de Guatemala. Es tan importante sentirnos unidos frente a la corrupción, que a mí me enfurece (pero no me sorprende) que una des“informadora” se atreva a referirse peyorativamente a la manifestación de los pueblos indígenas y a calificar a sus participantes como criminales.

En medio de este caos político, los aspirantes a administrar nuestro país del 2016 al 2019 deben notar que el pueblo de Guatemala ya no es el mismo. Quedó comprobado que cualquiera que llega al poder, sin diferencia ideológica, llega a servirse, en lugar de llegar a servir. Los distingue el estilo, pero todos le han robado al pueblo. La gente se sentía indefensa ante los atropellos de los diferentes funcionarios públicos, pero eso se acabó. El pueblo está despierto, está empoderado, está furioso. Se sabe estafado y no tiene en quién creer. A saber cómo va a terminar este relajo, pues parece que OPM no encuentra a nadie presentable para proponer como vicepresidente, o nadie presentable le acepta la propuesta. Cada nombre que presenta aumenta la indignación ciudadana. ¿Alejandro Maldonado? ¡Uy!, ya veremos.

Sugiero ver hacia el proceso de elecciones que se nos viene encima, porque si llegamos a “elegir democráticamente” espero que se tome más en serio la posición que cada partido asuma de cara al tema ambiental, que poco o nada se ha discutido en las anteriores campañas preelectorales. Hasta ahora, parece que a la gente le preocupa más el alto costo de la vida, la violencia y la corrupción, por mencionar algunos de los problemas que más afligen a la gente; y a los políticos les interesa muy poco adelantarnos cómo planean sacar su tajada del botín de los recursos naturales de Guatemala. Pero el tema ambiental toma una dimensión cada vez mayor. En general, hay más conciencia sobre la íntima relación entre el (ab)uso y entrega de nuestros bienes naturales (petróleo, metales, energía, agua, suelos…) y el bienestar de la población —sobre todo en las comunidades que viven donde estos recursos se explotan—.

Atinado el artículo Si se articula el campo y la ciudad, se puede derribar a los políticos publicado en Nómada, en el que Miguel Ceto afirma que el despertar, en las comunidades, empezó antes del escándalo de la SAT y menciona lo que sucedió con la Ley Monsanto: “Fueron las movilizaciones de los pueblos mayas y campesinos del país, que en casos como este frenaron una ley y sacaron a relucir la podredumbre de toda la clase política y del sistema en su conjunto”. Y expone que: “Por los medios de comunicación urbanos que no se ponen en los zapatos de los mayas y campesinos, la mirada de muchos guatemaltecos no es capaz de vislumbrar que las luchas de los pueblos son también contra el saqueo, corrupción, destrucción y explotación de los bienes naturales del país, ¡patrimonio de todas y todos!”.

Para desmantelar este sistema corrupto —del que han participado funcionarios públicos, jueces, políticos, militares y empresarios— es necesaria la participación de todos los sectores que conforman la población guatemalteca. Todos los corruptos tienen que pagar: devolver lo robado y asumir la pena correspondiente; y los que son empleados públicos tienen que renunciar ¡ya! empezando por el señor Pérez. ¡Mañana nos vemos en la Plaza!

Es obvio que el señor Pérez no entiende. La ciudadanía ya no le cree al binomio, y ya no lo quiere. ¡Están despedidos! Aunque se escuden tras un supuesto respeto constitucional (que debieron exhibir hace muuuuuucho) sabemos que no renuncian por miedo. Pueden seguir mintiendo, como lo han hecho hasta ahora; pagando carísimos anuncios —que no convencen a nadie— con nuestro dinero, ya no es posible creerles. En política, lo que se filtra por los medios de comunicación es solamente la punta del iceberg; quién sabe qué se está cocinando realmente entre quienes tienen el control del país. Pero la población ya sabe que hay cosas muy sucias, que las actuaciones de nuestros “gobernantes” han sido despreciables, y les perdió cualquier traza de respeto. Toca ver qué hace el Congreso con la papa caliente del antejuicio para Baldetti.

Sorprende que, según encuesta de Prensa Libre recién publicada, la gente todavía no tiene claro que este gobierno hizo añicos nuestros avances en materia ambiental e hizo negocios poco claros, onerosos y apestosos con nuestros bienes naturales. Es grave, porque nos retrocedieron años en la lucha para proteger nuestra riqueza natural. Entre otras cositas, su primera ministra de Ambiente fue una abogada, quien —además de aprovecharse del puesto para hacer negocios— le facilitó la vida a sus socios mineros con la ventanilla express y otras chuladas. Cuando eso se hizo demasiado obvio, la cambiaron por otra, militante del patriota, quien se dedicó a obedecer las órdenes del binomio, aunque estas fueran violatorias de la ley, extremo comprobado con el escándalo de Amatitlán, en el que la ministra fingió demencia para tapar los clavos de su patrona. Perdimos un ministerio que fue el resultado de décadas de trabajo tesonero de ambientalistas, ecologistas y tecnócratas. La más importante institución para la protección ambiental estaba muy lejos de ser perfecta, pero no era la cueva desde donde se fraguaban los negocios más peligrosos para la naturaleza de Guatemala y se tapaban los excesos de la parejita naranja. Durante el gobierno pepe fueron aprobadas varias licencias para la explotación de metales en las peores condiciones y como resultado hay una serie de conflictos sociales que ya han costado vidas. Además, se rumora (y hoy tenemos todas las razones para creerlo) que también están personalmente involucrados en operaciones mineras ilegales en Izabal. Y corre el rumor de que el saqueo de jade en la Sierra de las Minas también involucra a la señora, a una diputada pepe por Sacatepéquez, al doctorado coreano y a la esfumación de la compensación que Jaguar Energy le debe al país. Otro megaproyecto en el que trabajan, y que dañará naturaleza y comunidades peteneras, es la hidroeléctrica sobre el Usumacinta.

Ningún robo al pueblo de parte de sus gobernantes tiene justificación, pero cuando implica también destrucción de naturaleza, contaminación de agua, aires y suelos, el robo es una desgracia aún mayor, porque le roban futuro a todos nuestros descendientes, pero sobre todo a los más empobrecidos. Y eso no tiene perdón.

La indignación puede ser el detonante que necesitábamos para empezar a reaccionar. Pero no podemos quedarnos en protestas, denuncias y exigencias porque no vamos a llegar muy lejos. Una lucha frontal contra la corrupción puede ser la estrategia que nos unifique. Es vital la participación de todas y todos, nadie puede quedarse atrás. Y es fundamental armarnos, con la consigna: 0 tolerancia a la corrupción. Cero corrupción significa que nadie pagará un soborno, que nadie defraudará al fisco, que nadie pagará una mordida ¡nunca más! Tenemos que ser intolerantes con la corrupción porque es uno de nuestros problemas más graves y porque hoy tenemos la motivación para combatirla unidos.

Ya exigimos la renuncia de todos los funcionarios involucrados, para que pueda llevarse a cabo una investigación profunda y la aplicación de la justicia a quienes resulten culpables tras ser juzgados impecablemente. La ineludible tarea ciudadana es mantenernos vigilantes, denunciantes y activos. Si fuera legalmente factible, nuestra demanda más importante tendría que ser que suspendan las elecciones, para ir a un período de transición; porque si elegimos entre los candidatos y los partidos políticos actuales, en las condiciones presentes, vamos a mantener las políticas, las estructuras y las prácticas que les permiten robar y lucrar a los empleados públicos y a sus partidos políticos, desde que empezó la era democrática, como en el caso SAT. Pero también hay que señalar a las empresas que se aprovechan, participan y fomentan la corrupción.

Y mientras nos ponemos de acuerdo sobre próximas acciones, avanzan negocios y transas que aún no son escándalo público. Este lunes, en el Juzgado 12avo de Instancia Civil se escucharon argumentos en pro y en contra de que se permita la instalación de torres gigantescas y cableado eléctrico sobre Río Dulce. Trecsa —la transnacional que obtuvo la concesión y cobrará por cada kilovatio que circule por “sus” cables eléctricos, durante 50 años prorrogables— dice que tiene todos los permisos necesarios aprobados, y pretende mantener el plan, a su conveniencia. El proyecto, iniciado en tiempos de Colom, mantiene apoyo del gobierno: hay un decreto presidencial con el que Pérez lo declara de “utilidad pública y emergencia nacional” (¿w#t¢f∞?). El argumento de quienes piden que el cableado sea subacuático (¡no se oponen!), es el posible daño y el alto riesgo que se añaden a la gran vulnerabilidad de ese importante parque nacional. Se está investigando sobre este negocio y el de las jaulas para criar tilapias en el Lago de Izabal. ¡Atención! con lo que está pasando en Chajul, donde funcionarios de la HidroXalbal engañaron a los pobladores; y cuando estos protestaron, intentaron desalojar a la gente con la Policía y el Ejército, que terminaron tirando bombas lacrimógenas e intoxicando a la población indignada. Quienes no quieren ver arruinado Río Dulce y quienes no van a dejarse engañar impunemente por una transnacional, sienten indignación; igual a la que sentimos cuando conocimos el caso SAT o el caso Amatitlán: el Gobierno nos roba y hace negociaciones que nos dañan. La corrupción está enquistada en este sistema y tenemos que extirparla, antes de que nos mate.

Es grosera la forma en que este gobierno nos ha robado, nos ha mentido y se ha burlado de nosotros. “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”, se lee en los muros de muchos feisbuqueros, a propósito de la lección de corrupción que nos propinó el equipo patriota. No creo que nadie pueda respetar ya a nuestros gobernantes, siento que estamos hartos y a punto de estallar. En las redes sociales y por otros medios, como radio bejuco y radio bemba, están convocando a una manifestación pacífica —cuya idea nació espontáneamente entre grupos urbanos, a la que se han apuntado ya 30 mil personas— para mostrar el repudio ciudadano ante los desmanes, las mentiras y el cinismo de nuestros gobernantes.

La crisis de corrupción que destapó la Cicig en la SAT puede producir un milagro: que las y los guatemaltecos nos sintamos unidos ¡sencillamente! ante el formidable monstruo que se harta de nuestros recursos —desde hace mucho tiempo— pero que se fortaleció desmedida y descaradamente con el equipón pérez. Porque sería milagroso que lográramos dejar de lado nuestras diferencias y que nos demos cuenta de que solamente unidos podemos ganar la batalla contra la corrupción. Vamos a salir a la calle a exigir que se persiga a todas y cada una de las personas que participaron de este robo, así sean funcionarios, empresarios o sicarios. Vamos a manifestar nuestra indignación y a exigirles que se vayan…

Entre otras muchas de sus lindezas, yo no puedo dejar de recordar que los patriotas están involucrados hasta el cuello en una serie de tropelías antiambientales, no tan escandalosas como el robo en la SAT, pero mucho más dañinas para nuestro futuro por sus implicaciones en nuestro territorio, como su apoyo incondicional a ciertas compañías mineras, la minería ilegal de jade en el área protegida Sierra de las Minas, enormes fincas en la biósfera maya (aunque su dueño ya se haya bajado del barco), el desmantelamiento total del Ministerio de Ambiente, o el negocito del Lago de Amatitlán… que sepamos hasta ahora.

Salir a manifestar unidos debiera ser solamente el primer paso para empezar a redefinir nuestro futuro. Es necesario impulsar reformas sustantivas del Estado; un proceso largo que pondrá a prueba la capacidad ciudadana para mantenerse informada, involucrada, vigilante; y unida tras un objetivo común: la lucha frontal contra la corrupción. Tenemos claro que una manifestación masiva es peligrosa para el partido gobernante; que sus operadores tratarán por todos los medios de disuadirnos y que han demostrado que son capaces de todo: desde propalar rumores de golpe de Estado y amenazas a los funcionarios que asistan, hasta calificar la manifestación como inconveniente y desestabilizadora, y campañas negras. Pero también está clarísimo que no podemos dejar pasar esta oportunidad; que tenemos el deber de estar indignados y de hacer algo al respecto. Si no es ahora, no será nunca. Quien se considere ciudadana o ciudadano limpio, este sábado debería asistir. ¡Vamos a manifestar!

En Guatemala, los problemas ambientales se hacen cada vez más críticos, pero la ciudadanía solo se percata de lo mal que estamos cuando un escándalo se ventila en los medios. El mejor ejemplo es Amatitlán, que tiene décadas de deterioro sostenido, pero es solo hasta ahora —porque los medios de comunicación no sueltan el caso— que parece haber una angustia —compartida por todos los sectores— respecto de uno de los cuerpos de agua dulce más importantes del país. La presión para que se actúe correctamente es altísima, y aún así los presuntos implicados se empeñan en continuar con su negoción. ¿Qué hubiera pasado si los medios de comunicación no mantienen la nota en primera plana?

Precisamente por esa capacidad que tienen los medios de levantar, mantener o sepultar un tema es que duele —y preocupa— que no le den mayor importancia a otros temas ambientales que tienen que ver con la vida y la desgracia de tantas personas; como el robo de ríos en la Costa Sur, las megaplantaciones de palma africana o la destrucción y contaminación por minería metálica. ¿Por qué estos temas no ocupan titulares en los grandes medios?

Lo que sí “producen”, eventualmente, son campos pagados. Ayer apareció uno, encabezado con los logos de la Cámara de Industria y la Gremial de Industrias Extractivas, donde se califica de “exagerado e improcedente” que el juez de Primera Instancia de Cuilapa, Santa Rosa, haya decretado prisión preventiva al “colaborador” (Carlos Roberto Morales es el gerente administrativo) de Minera San Rafael. La empresa está acusada de contaminación industrial. Tras observar —durante más de 10 años— cómo actúan aquí las compañías mineras (el descaro con que presentan Evaluaciones de Impacto Ambiental inservibles, mañosamente divididas para disfrazar los verdaderos impactos ambientales, la prepotencia, y la violencia que son capaces de desatar) es evidente que lo hacen porque se saben bien protegidas: nuestros gobiernos han sido sus relacionistas públicos y decididos defensores.

Pero hay indicios que despiertan esperanzas en la ciudadanía. La noticia, publicada en La Hora, sobre la orden del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, de investigar a fiscales del MP por haber falsificado pruebas documentales en el caso de los miembros de la Resistencia de La Puya que fueron acusados de amenazas y retención ilegal y absueltos el pasado 27 de febrero, indica independencia judicial. Y eso es lo que no hemos tenido: un sistema que juzgue imparcialmente, donde el poderío político y económico no pesen.

A partir de este martes preside la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras. Una mujer que ya dio muestras de tener criterio independiente.

Una magistrada presidenta, que representa la posibilidad de que la máxima instancia de justicia vuelva a dictaminar apegada al espíritu de nuestra Constitución. Y eso es un primer paso para empezar a enderezar la justicia en nuestro país.

Cuando el señor Pérez nombró a Michelle Martínez ministra de Ambiente casi nadie había oído hablar de ella en círculos ambientalistas. La vi por primera vez en acción este lunes, en la entrevista de A las 8:45, y me dio miedo. Una mujer exquisitamente cínica —que solo tiene conocimiento superficial de las ciencias ambientales, a quien le importan un bledo el ambiente y la naturaleza— es la responsable de que se cumpla la legislación ambiental y es quien la viola impunemente. Luce tranquila porque sabe que sus espaldas están perfectamente guardadas por personajes con mucho poder: quienes idearon el desfalco de Amatitlán, quienes lo impusieron y quienes lo ejecutaron.

Por otra parte, cuando Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar —acusados de sabotear una hidroeléctrica en Huehuetenango— fueron detenidos por segunda vez, solo instantes después de haber sido liberados por falta de pruebas en su contra, tienen que haber sentido miedo también. Porque saben que a ellos no hay quién pueda guardarles las espaldas.

Algunos consideran que la gente de comunidades remotas y abandonadas no tienen derecho de defender los sitios en donde apenas sobreviven, desde siempre. Se etiqueta como conflictivos a quienes no quieren que les quiten o contaminen el agua. La mayoría de estos ciudadanos hacen esfuerzos desesperados por mantener una defensa pacífica, pues saben que quienes quieren la riqueza que se esconde en las entrañas de sus tierras son poderosos y están bien armados. Y saben que no hay institución pública capaz de enfrentar a los que delinquen, roban y contaminan desde el Gobierno.

Cuando el resto de la población se dé cuenta de que la destrucción de la naturaleza es una de las peores desgracias, será demasiado tarde. Ya es tarde, pero todavía tenemos recursos importantes que tendríamos que defender, pues de ellos depende nuestra calidad de vida. Hemos advertido sobre las consecuencias del desequilibrio ambiental desde hace varias décadas.

El ecologismo fue motivo de burla, luego de su descalificación, hasta llegar a la aceptación. Ahora lo “eco” es moda. Pero adoptar un estilo de vida verde no es suficiente. Nuestro patrimonio está siendo tomado por asalto y parece que los únicos empeñados en su defensa son los pueblos y comunidades que resisten la explotación de la naturaleza a escala industrial.

La indignación ciudadana podría alterar el desenlace del negocio de explotación de la naturaleza, si se sostiene tanto tiempo como sea necesario. Si no se mantiene visible, los servidores públicos que transan con nuestros recursos seguirán adelante, como si nada, como hasta ahora.

Mucho más complicado es el caso de los líderes comunitarios. No todos son iguales y los casos son muy diferentes, pero todos tienen derecho a una justicia pronta. Eso está 98 por ciento lejos de cumplirse. Eso es inmoral e inaceptable. Más aún cuando quienes violan —o inducen a violar— las leyes son los funcionarios públicos de mayor jerarquía.

El caso del Lago de Amatitlán sirve para entender cómo “manejan” los problemas ambientales quienes gobiernan Guatemala: lo usan para hacer negocios y se pasan sobre lo que sea necesario. La tragedia de Amatitlán está en el ojo del huracán, no por preocupación ambiental, sino por el descaro con que Baldetti y Co. imponen su fórmula mágica para robarse unos cuántos milloncitos más. Escandaliza a tirios y troyanos el descaro con que mienten, la impunidad con la que violan las leyes, lo estúpido de su propuesta y cómo ignoran las múltiples voces que piden cautela.

Esta situación permite entender la desesperación de las comunidades amenazadas por la explotación de metales, pues hay muchas similitudes: funcionarios en contubernio con empresas poderosas, falta de rigor científico y respeto hacia regulaciones ambientales y gobernantes que ignoran olímpicamente al pueblo de Guatemala. Como son poderosos, y sus redes de influencia se extienden sobre el sistema de justicia, pretenden que nos traguemos sus mentiras y que los dejemos hacer más negocios turbios resignadamente. Pero todavía hay líderes en Guatemala dispuestos a defender nuestros derechos, nuestros bienes naturales y nuestra dignidad; son los enemigos acérrimos de quienes depredan nuestro patrimonio natural. ¿Será por eso que usaron la poca intelligentsia que tienen, y todos los “recursos” a su alcance, para meter presos a Rigoberto Juárez y a Domingo Pascual?

Rigoberto Juárez es el coordinador del Gobierno Plurinacional, organización formada por representantes de los pueblos indígenas kanjobal, chuj, akateco, poptí y mestizo, que se opone a los 19 proyectos de minería y a las 21 hidroeléctricas que quieren imponer en Huehuetenango. Para entender por qué “algunos” odian tanto a Rigoberto Juárez, copio extractos de la excelente entrevista de Alejandro Pérez, en Plaza Pública: RJ “El Estado nos ha agredido permanentemente. Nuestros abuelos aguantaron para que, por lo menos, lo único que podía resguardarse nos lo dejaran… y ese poquito… nos lo quieren despojar… A lo largo de todo este tiempo, ¿qué presencia ha tenido el Estado acá? Ninguna… Quienes han mantenido a flote la economía de nuestro territorio son los paisanos sobreexplotados en EUA. Estamos aportando los impuestos de este país y esos impuestos ni siquiera regresan para nosotros. Encima dicen que los proyectos de minería e hidroeléctricas traen desarrollo. Esa mentira ya no la cree nadie. El problema no son las hidroeléctricas. La energía es sólo un aspecto que puede contribuir al desarrollo, pero no el único…. La hidroeléctrica no nos va a resolver el problema del hambre. Para que podamos dialogar con el presidente la condición es que salgan las empresas, porque con la imposición de empresas, lo que estamos viendo ahora es que los tres organismos del Estado están al servicio de ellas… Y cuando nos dejen vivir ya veremos si podemos salir solos”. Las acusaciones que usaron para meter preso a Rigoberto me parecen ridículas e insostenibles. Si hay delincuentes aquí, hoy sabemos quiénes son, el poderío que tienen y lo que están haciendo con Guatemala.

Ayer por la tarde recibimos un comunicado sobre un violento incidente que sucedió durante la fallida reapertura de la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob’, en Santa Eulalia, Huehuetenango. Un grupo de comunicadores, académicos y defensores de los derechos humanos acompañaba a los voluntarios de la radio, quienes creían ir a su reinstalación, cuando fueron agredidos físicamente por miembros de la corporación municipal.

Específicamente, fueron lastimados nuestra amiga Lucía Ixchiú, de Prensa Comunitaria, y el periodista Jeff Abbott, de Prensa Opal Chile. A los comunicadores de Luciérnaga les arrebataron su equipo y el resto de acompañantes tuvieron que esconderse. Convenientemente, los representantes de la compañía de la PDH —parte intrínseca de este conflicto— no estuvieron presentes, aunque fueron convocados.

El penoso incidente de ayer tiene antecedentes: el alcalde municipal de Santa Eulalia, Diego Mateo, había cerrado arbitrariamente la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ el 20 de enero de este año, pues quería impedir que se conociera una denuncia puesta en su contra, en la que se le acusa de haber disparado contra dos comunitarios que salían del Juzgado el 19 de enero. Desde ese día la radio comunitaria estuvo cerrada.

El conflicto de fondo: la instalación de una hidroeléctrica de la compañía PDH que cuenta con el apoyo del alcalde municipal y su corporación desde el 2013, en contra de la voluntad de muchos habitantes de Santa Eulalia, de las autoridades indígenas y del Gobierno Plurinacional Q’anjob’al, Poptí, Huista, Chuj y Akateko. La Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob’ —que se encuentra ubicada dentro del edificio de la corporación municipal— era el medio por el cual los pobladores se enteraban de lo que sucede en su territorio. Por eso le resulta tan incómoda esta radio comunitaria al señor Diego Mateo.

Consciente de la vulnerabilidad de su pueblo, el director de la radio, Lorenzo Mateo Francisco, pidió apoyo a varias instituciones con la intención de establecer una mesa de diálogo. Pero, al parecer, al alcalde y a la corporación municipal no les interesa dialogar; lo que exigen es que se despida a toda la gente que trabaja en la radio.

Lo sucedido ayer es un ejemplo clarísimo de la importancia de defender la libertad de expresión y de por qué cuando esta atenta contra los intereses de ciertos grupos de poder, estos —conscientes de que la impunidad que impera en Guatemala les protege— agreden y violentan a los ciudadanos, sin pena ni vergüenza.

Al repudio que siento al conocer esta noticia, añado mi consternación ante el silencio de la mayoría de medios de comunicación guatemaltecos para los que “pasó desapercibido” el Primer Encuentro Continental contra la Minería y por la Soberanía Popular; y la multitudinaria marcha que se realizó pacíficamente esta semana, desde Mataquescuintla hasta la capital.

El 7 de marzo apareció un “advertorial” en elPeriódico, posiblemente pagado por Goldcorp. ¿Qué es un “advertorial”? Según el diccionario Thesaurus, es un anuncio diseñado para que parezca un editorial o una noticia. Es una mezcla de las palabras, en inglés, advertisement (anuncio) y editorial; que según el diccionario Merriam-Webster se originó en 1946. En publicaciones escritas busca parecer un artículo objetivo, o una historia noticiosa, legítima e independiente. Muchas publicaciones serias no aceptan advertorials. En el Reino Unido la Autoridad de los Estándares para Anunciantes requiere que se indique que son tales. Aquí, como la palabreja no se entiende, “alguien” trata de embaucar a la gente para que crea que lee una nota periodística, cuando en realidad es un campo pagado por la compañía que opera la mina Marlin (Montana Explotadora si lo quiere en espanish o Goldcorp si lo quiere en dólares).

Le podemos creer a la propaganda minera tanto como al gobierno del señor Pérez. Tanto como a esos patéticos personajes, que noche tras noche repiten en Canal Antigua: “¿Sabía usted que hace tres años se robaban los celulares y nadie hacía nada?” “…que los niños se morían de desnutrición… las carreteras estaban llenas de hoyos…. y nadie hacía nada?”, pues resulta que ahora sí…” con el gobierno de Pérez Molina sí” …y creen que con eso ya, todo el mundo tranquilo, porque el equipón pérez sí está haciendo algo. Jajajá. Igual sentimiento provoca el “advertorial” que publicó elPeriódico, donde se afirma que “un estudio elaborado por expertos del Ministerio de Salud Pública confirmó que las operaciones extractivas y el manejo del agua por parte de la mina Marlin se ejecutan de manera eficiente y acorde con los parámetros sanitarios… razón por la cual no afectan la salud de las comunidades vecinas”. Y “determinó que el proyecto minero es ajeno a cualquier tipo de contaminación en los afluentes que corren en aldeas y caseríos ubicados en un radio de 56 kilómetros en torno al área de operaciones mineras”.

Este “apestorial” de marras, asegura que “la mayoría de las enfermedades se debe a aspectos culturales y a la existencia de heces fecales en las fuentes de agua”. Y que “el titular de la Dirección Departamental de Salud Pública dijo sentirse satisfecho”, ¿de qué?

La misma estrategia usó Goldcorp en Honduras, cuando explotó el Valle de Siria y la gente empezó a enfermar: que la gente era sucia, que no se bañaba y por eso las enfermedades en la piel. Nunca “advirtieron” que el Valle de Siria se quedó sin agua cuando llegó la minería.

El equipo de la Comisión Paz y Ecología, en su 7o. Informe Técnico-Científico de la calidad del agua en el área de la mina Marlin (https://drive.google.com/file/d/0B2wfu0ue6dC9YlRjWC0yOTdQN00/view?usp=sharing), encontró presencia de metales pesados y otros contaminantes: aluminio, sulfato, nitrato, cobre, manganeso, cadmio, níquel y hierro, arriba de los límites establecidos por el Banco Mundial, OMS, EPA y la Norma Guatemalteca para Agua Potable. Los “personeros” de la minera y del Gobierno van a descalificar los hallazgos de contaminación de la Copae. ¿A quién le creería usted?

Los funcionarios del actual gobierno siguen empeñados en convertir a Guatemala en país minero, cueste lo que cueste. Les importa un bledo que la mayoría de la población no quiera minería metálica, como lo han demostrado varias encuestas serias. Les tiene sin cuidado que todas las poblaciones que están en áreas concesionadas para la explotación minera hayan manifestado su rotundo rechazo por medio de consultas y hayan asumido la posición de resistencia. Ni siquiera el hecho de que la minería metálica se haya convertido en uno de los mayores focos de conflicto social les inmuta. Para ellos —y sus socios en este negocio— lo único importante es obtener más recursos.

Ahora, con el discurso de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte escuchamos a funcionarios comparando a Guatemala con Chile, Perú y Colombia, y recordamos la misma maña del exembajador de Canadá Mister Lambert.

Consideremos los datos: Chile tiene 756 mil 102 km cuadrados y 18 millones de habitantes; 23.81 habitantes por km cuadrado. Con el 11% de habitantes pobres, ocupa el puesto 41 entre todos los países del mundo por su índice de desarrollo humano (IDH). Perú tiene un millón 285 mil 216 km cuadrados y 31 millones de personas: 23 por km cuadrado. Con 27.8% de pobreza, ocupa el puesto 82 por su IDH. Colombia tiene una extensión territorial de un millón 141 mil 748 km cuadrados y 48 millones de colombianos: 40.74 por km cuadrado. Pobreza: 34% y el puesto 98 por su IDH. Guatemala tiene 108 mil 889 km cuadrados y 15 millones de chapines: 129 por km cuadrado. Con el 54% de la población empobrecida, ocupamos el puesto 125 por nuestro IDH.

Guatemala es el país más pequeño, el más densamente poblado, el más injusto y el más pobre. Nuestras realidades son muy diferentes. Chile —en un extremo del espectro— con menos de 2% de analfabetismo, y tiene un sistema de gobierno estable y democrático. En Guatemala —al otro extremo—, 15% de la población es analfabeta, el Gobierno es corrupto, violento, autoritario y sordo, que prácticamente le regala los recursos mineros a transnacionales extranjeras.

Según el Observatorio Fiscal de las Industrias Extractivas en Guatemala, de los ingresos tributarios totales, lo que aportó la minería en el 2012 no llegó a ser ni el 1%, los ingresos no tributarios fueron el 0.33% del total, las regalías el 0.041% y los cánones por explorar y explotar fueron el 0.35% del total. Sumados, son más de Q450 millones, que no sabemos dónde se fueron a parar. Según el analista Miguel Martínez, los datos duros nos muestran que “la minería no es buen negocio para Guatemala”. En esos países que nos pintan como modélicos, la minería metálica también ocasiona problemas serios —aunque no hablen de eso—, pero tampoco se puede comparar con lo que enfrentan las poblaciones guatemaltecas, pues aquí no hay sistema de justicia ni Estado. Eso no le importa al Gobierno ni a sus socios, pero todo el daño social y ambiental que causen pesará sobre sus conciencias —si tienen— para siempre. También el mal karma.

Consideremos los siguientes datos: 1. Se trata de minería metálica a cielo abierto y de túneles, la cual usa explosivos y cianuro, además de enormes cantidades de agua. 2. En la región más seca del país. 3. Licenciada gracias a la peor Evaluación de Impacto Ambiental aprobada en Guatemala.  4. La primera de 20 licencias similares para la misma región. 5. Eso significa 20 veces más destrucción, explosivos, químicos tóxicos y 20 veces más agua contaminada ¡en la misma región!

El agua es casi siempre el tema más sensible en minería metálica; en este caso es  mucho más delicado, pues el agua de la región tiene naturalmente elevados índices de arsénico. El arsénico es tóxico. Esto preocupa a sus habitantes. Es una condición natural difícil, con la que tiene que lidiar para poder vivir allá. Pero no por eso esperaban que su propio gobierno los condenara al infierno que llegó con los proyectos mineros. 

Porque además de destrucción y contaminación ambiental llegaron también la violencia, la desconfianza, la división social y el conflicto. En este caso particularmente, ya que la  operadora local, Exmingua, operada por militares retirados, tiene mucha experiencia en ciertas áreas y un peculiar estilo de proceder. Ese estilito de marras quedó grabado cuando los cantos religiosos de las mujeres que encabezan la resistencia enloqueció al gerente de operaciones mineras, exteniente Silas Orozco, y lo hizo perder los estribos al ver que no respondían a sus provocaciones. Semanas más tarde llegaron las fuerzas de seguridad —para proteger los derechos y la seguridad de la compañía minera— y a  golpes  y gases lacrimógenos sobre la población  rompieron el cerco y entraron a la mina, bajo pretexto de obstrucción de libre locomoción… El Gobierno  sigue protegiendo a la explotadora de metales. Por eso ¡la población sigue en resistencia! y nos invita a acompañarles en su aniversario este 1 de marzo, con una marcha que saldrá desde San José del Golfo hacia La Puya, a las 8 horas. Luego habrá música y poesía para celebrar la dignidad de las y los guatemaltecos que se atreven a defender su Tierra y su hogar.

Yo no sé cómo está la memoria del pueblo de Guatemala. Por eso voy a recordarle sobre la Resistencia Pacífica de La Puya, que está a punto de cumplir 3 años de haberse iniciado. Los vecinos y vecinas de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se oponen pacíficamente a la explotación de su territorio para extraer oro y plata. Desde el principio fueron engañados y defraudados por el gobierno de Guatemala y el sector minero. La compañía minera disfrazó sus verdaderas intenciones cuando necesitaba acercarse y adquirir tierras, pues se presentó como promotora de proyectos agrícolas. El gobierno no respetó el derecho de la población a la consulta, mecanismo que hubiera garantizado su derecho a la información y concedió una licencia de exploración de metales a sus espaldas. Pero la población ya sabía sobre la industria minera y, desde que se hizo pública la licencia, se opuso a la explotación. Luego de meses de engaños y trucos, la población tapó la entrada a la mina (ojo: nunca tapó una vía de locomoción), el 2 de marzo del 2012. Ese día nació la Resistencia Pacífica.

Consideremos los siguientes datos: 1. Se trata de minería metálica a cielo abierto y de túneles, la cual usa explosivos y cianuro, además de enormes cantidades de agua. 2. En la región más seca del país. 3. Licenciada gracias a la peor Evaluación de Impacto Ambiental aprobada en Guatemala. 4. La primera de 20 licencias similares para la misma región. 5. Eso significa 20 veces más destrucción, explosivos, químicos tóxicos y 20 veces más agua contaminada ¡en la misma región!

El agua es casi siempre el tema más sensible en minería metálica; en este caso es mucho más delicado, pues el agua de la región tiene naturalmente elevados índices de arsénico. El arsénico es tóxico. Esto preocupa a sus habitantes. Es una condición natural difícil, con la que tiene que lidiar para poder vivir allá. Pero no por eso esperaban que su propio gobierno los condenara al infierno que llegó con los proyectos mineros. Porque además de destrucción y contaminación ambiental llegaron también la violencia, la desconfianza, la división social y el conflicto. En este caso particularmente, ya que la operadora local, Exmingua, operada por militares retirados, tiene mucha experiencia en ciertas áreas y un peculiar estilo de proceder. Ese estilito de marras quedó grabado (http://youtu.be/0nYwlTR9vog) cuando los cantos religiosos de las mujeres que encabezan la resistencia enloqueció al gerente de operaciones mineras, exteniente Silas Orozco, y lo hizo perder los estribos al ver que no respondían a sus provocaciones. Semanas más tarde llegaron las fuerzas de seguridad —para proteger los derechos y la seguridad de la compañía minera— y a golpes y gases lacrimógenos sobre la población rompieron el cerco y entraron a la mina, bajo pretexto de obstrucción de libre locomoción… El Gobierno sigue protegiendo a la explotadora de metales. Por eso ¡la población sigue en resistencia! y nos invita a acompañarles en su aniversario este 1 de marzo, con una marcha que saldrá desde San José del Golfo hacia La Puya, a las 8 horas. Luego habrá música y poesía para celebrar la dignidad de las y los guatemaltecos que se atreven a defender su Tierra y su hogar.

Pero, ¿a quiénes han beneficiado más esos incentivos? A quienes destruyen la enorme variedad de formas de vida que resguardan esos ecosistemas naturales. El enfoque del Inab parece ser la generación de dinero, aunque eso implique la pérdida de biodiversidad y de servicios ambientales. Lo que hemos visto con el paso del tiempo es que, gracias a los fondos provenientes de incentivos forestales, los ecosistemas naturales de Guatemala se han transformado en monocultivos de árboles que tienen valor comercial.

Se incentiva a quienes talan, que además ganan dinero; pierden quienes quieren cuidar los bosques, pues dependen del agua que estos producen, por las materias primas, los sitios de recreación y gran belleza; y por la protección que ofrecen ante el cambio climático y los fenómenos naturales que se vuelven extremos con él. Esos bosques que —al final—  nos benefician a todos.

Estamos cerca de una nueva temporada seca con su oleada de incendios forestales, ya hay rozas listas para ser quemadas “nomás el clima lo permita”. Pero quienes solicitaron incentivos de protección forestal no han recibido el dinero necesario para hacer las brechas cortafuegos”. ¡Para que el fuego no llegue al bosque! La responsabilidad de cada incendio que pudo ser evitado con los proyectos de incentivos forestales que finalizaron tan mañosamente, es del Inab.

Esta denuncia sobre la vulnerabilidad de la Sierra de las Minas proviene de dos ciudadanos genuinamente preocupados por sus bosques.  Hace unos días Rita Roesch denunció el saqueo de jade, también en Sierra de las Minas, donde la población trató de impedirlo mientras los traficantes operaban bajo la protección de la Policía. ¡La gente está reaccionando! Pero quienes creemos que la riqueza natural de Guatemala es uno de nuestros más importantes patrimonios, y que es nuestra responsabilidad y deber trabajar para protegerla, tenemos que saber que aquí se hizo un formidable trabajo para desvencijar la (poca) institucionalidad ambiental. La ciudadanía guatemalteca está más sola que nunca… pero somos muchas y muchos quienes vamos a pelear en defensa de la naturaleza de Guatemala.

Pero, ¿a quiénes han beneficiado más esos incentivos? A quienes destruyen la enorme variedad de formas de vida que resguardan esos ecosistemas naturales. El enfoque del Inab parece ser la generación de dinero, aunque eso implique la pérdida de biodiversidad y de servicios ambientales. Lo que hemos visto con el paso del tiempo es que, gracias a los fondos provenientes de incentivos forestales, los ecosistemas naturales de Guatemala se han transformado en monocultivos de árboles que tienen valor comercial. Se incentiva a quienes talan, que además ganan dinero; pierden quienes quieren cuidar los bosques, pues dependen del agua que estos producen, por las materias primas, los sitios de recreación y gran belleza; y por la protección que ofrecen ante el cambio climático y los fenómenos naturales que se vuelven extremos con él. Esos bosques que —al final— nos benefician a todos.

Estamos cerca de una nueva temporada seca con su oleada de incendios forestales, ya hay rozas listas para ser quemadas “nomás el clima lo permita”. Pero quienes solicitaron incentivos de protección forestal no han recibido el dinero necesario para hacer las brechas cortafuegos”. ¡Para que el fuego no llegue al bosque! La responsabilidad de cada incendio que pudo ser evitado con los proyectos de incentivos forestales que finalizaron tan mañosamente, es del Inab.

Esta denuncia sobre la vulnerabilidad de la Sierra de las Minas proviene de dos ciudadanos genuinamente preocupados por sus bosques. Hace unos días Rita Roesch denunció el saqueo de jade, también en Sierra de las Minas, donde la población trató de impedirlo mientras los traficantes operaban bajo la protección de la Policía. ¡La gente está reaccionando! Pero quienes creemos que la riqueza natural de Guatemala es uno de nuestros más importantes patrimonios, y que es nuestra responsabilidad y deber trabajar para protegerla, tenemos que saber que aquí se hizo un formidable trabajo para desvencijar la (poca) institucionalidad ambiental. La ciudadanía guatemalteca está más sola que nunca… pero somos muchas y muchos quienes vamos a pelear en defensa de la naturaleza de Guatemala.

Esta semana dio inicio el juicio de los otros cuatro. Este caso ilustra perfectamente lo que significa la criminalización de la protesta social y de los defensores de derechos humanos. Los ciudadanos de La Puya —que ejercen su derecho constitucional a la resistencia porque el Estado de Guatemala, a través de sus funcionarios de gobierno, ha puesto en grave riesgo de contaminación y de destrucción ambiental el lugar donde ellos viven—  resultan acusados y tratados como criminales. ¿Cree  alguien que obtendrán justicia?

Creo que la gran mayoría de guatemaltecos no se ha dado cuenta del estado en que se encuentra nuestro sistema de justicia. El Poder Judicial es el encargado de administrar justicia en una sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas en la resolución de conflictos. Esa es la manera como un Estado protege los derechos de sus ciudadanos, resuelve litigios y hace cumplir las obligaciones y responsabilidades inherentes a cada parte de la sociedad. El Poder Judicial debería también proteger a los ciudadanos de eventuales abusos cometidos por el Ejecutivo o el Legislativo.

Pero el sistema de justicia en Guatemala fue tomado por asalto por oscuros poderes, gracias a la manera como se elige actualmente a los magistrados y a los jueces. Desgraciadamente, cuando una valiente jueza denunció esta realidad y hasta ofreció pruebas, la sociedad guatemalteca no reaccionó. Peor aún, la dejó completamente sola. Ni siquiera la Universidad Francisco Marroquín —de donde es egresada—,  pero tampoco la Universidad Landívar —donde fue catedrática—  se atrevieron a externar respaldo a Claudia Escobar.

Así que nuestras cortes no son nuestras… fueron tomadas; y aquí no pasó nada. Las consecuencias de esa tragedia las pagará cualquiera que tenga que acudir al sistema de justicia para dirimir conflictos. Para suerte nuestra, todavía hay algunos jueces y magistrados honorables. Estaremos atentas a lo que suceda en el Tribunal 8o. de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de esta capital: esperamos objetividad de parte del juez. Porque sabemos de las cosas “extrañas” que pueden pasar… como la falsificación de actas… ¿Me explico?

Nada debemos esperar del MARN, de Diprona o del MP en estos tiempos… veamos qué hacen Conap y Ocret.

La gente está indignada. Hay movimientos de resistencia pacífica en casi todos los territorios donde el Gobierno ha impuesto la minería metálica. En la Sierra de las Minas se gesta un movimiento ciudadano para detener la explotación del jade y defender la integridad de esas montañas, pues allí —al igual que en tantas comunidades mineras—  la Policía tiene la consigna de proteger a las compañías explotadoras. En Río Dulce, los Cocodes se organizan para defender la seguridad de la población ante los abusos de la compañía que explota el níquel en El Estor.

El nuevo escandalito PP es la denuncia que hace el Observatorio Ambiental de Guatemala, “acerca de las pretensiones que existen, por parte de altas autoridades —el resaltado es mío— del gobierno actual, para que se les adjudique en arrendamiento los cayos ubicados en el área conocida como El Golfete, en el Parque Nacional Río Dulce (PNRD)”. Esa área fue declarada como protegida desde 1955. El Parque Nacional Río Dulce es uno de los humedales más importantes.

Cuenta con un plan maestro, que contiene la normativa para su conservación y manejo. Según el Plan Maestro, esos cayos (Cuatro Cayos, Fronteras,  Mono, Julio, Piedra, Palomo, Grande y Lámpara, entre otros)  forman parte de la Zona de Protección Especial, pues contienen muestras de los ecosistemas naturales, poco intervenidos y de excepcional belleza escénica, e importantes refugios de fauna. Dentro de las normas de manejo establecidas para estos cayos: “No se legalizará ninguna ocupación con fines de recreación familiar o vivienda dentro de los Cayos, ni cualquier otra que degrade su belleza escénica”.

Las altas autoridades de marras deben saber que somos mayoría  quienes estamos hartos; que nos sentimos agobiados por la falta de respeto de funcionarios del gobierno a las leyes de Guatemala, por la corrupción  y  el descarado cinismo que ostentan. Ojalá sepan que nadie puede adjudicarles ni arrendarles un solo centímetro de esos cayos sin violar la ley. No es legal ocupar áreas protegidas, aunque “su” gobierno lo autorice. Y lo hace menos legítimo que lo pretendan altos funcionarios de gobierno. Esos cayos son nuestros.

Pero estamos muy lejos de eso. Nunca antes fue tan grande la capacidad humana para destruir la naturaleza; ni su codicia.
El destrozo que está causando la extracción de níquel en Izabal es un caso que ilustra el estilo con que se están haciendo las cosas en Guatemala. Un proyecto que se negoció siempre en circunstancias poco claras. Ya en su nueva etapa, el mejor ejemplo de la laxitud gubernamental hacia la minera rusa es el tema del transporte: en el Estudio de Impacto Ambiental (seccionado) que aprobó el MARN no se evaluó el transporte de la roca por tierra.

Pero eso es lo que está sucediendo ahora: 246 viajes diarios de “góndolas” (¿eufemismo para no decir transporte pesado?) en una carretera que ya colapsó,  pues no fue calculada para que sobre ella circularan miles de toneladas de roca cruda. En otros países, como Indonesia, prohíben a las mineras sacar la materia prima cruda, porque no son tan… ¿qué? Pues, ¿qué llevan? ¡Quién sabe! Además de níquel y hierro, tal vez  mercurio, plata, bario, vanadio  o valiosísimas “tierras raras” ¡saber!  

La vida, para los vecinos de la mina de níquel, es una pesadilla; y el futuro se ve como un infierno para quienes viven en Izabal y forjaban un futuro alrededor del turismo, de la pesca o de la agricultura. Ese departamento, que contiene algunos de nuestros más valiosos bienes naturales, está siendo negociado para servir a  intereses mineros y petroleros.

Puertos especiales, oleoductos, carreteras… ¡Lo que necesiten les procuramos! Como el oleoducto —que no necesitamos ni beneficia al pueblo—  que atravesaría Guatemala desde el Caribe hasta el Pacífico para que en China reciban petróleo venezolano. Otro proyecto peligroso para Guatemala, en el peor momento. Otro ejemplo de la pésima forma en que administran nuestra riqueza natural. Excelente análisis sobre otros “hits ambientales” del gobierno pepe: http://www.infoiarna.org.gt/rediarna/2015/Red%20Informa%202/Adjuntos/Compilacion-investigaciones-conflictividad-socioambiental.pdf

Pocos países tienen un patrimonio natural tan importante como el de Guatemala. Cuidarlo, aprovecharlo sanamente y mantenerlo para las generaciones futuras podrían ser objetivos comunes para quienes convivimos aquí, si tuviéramos una pizca de sentido común, si entendiéramos —además—  lo que realmente es el bien común.

Plagado de cifras manipuladas para sonar bien, no es de extrañar que el patético informe de avances 2014 no mencione el tema ambiental, porque no hay nada positivo qué  decir al respecto; y no es conveniente admitir lo que sí ha hecho el gobierno pepe. Es posible que Pérez y su combo de “socios”  ignoren que Guatemala es uno de los países más vulnerables del planeta ante los embates del cambio climático y la crisis ecológica; y que por eso sigan negociando  concesiones para explotar nuestras aguas, petróleo y minerales metálicos con compañías transnacionales y sus socios locales. O tal vez siguen pagando deudas de la pasada elección presidencial a financistas de campaña como el ministro de Energía y Minas…

La calidad ambiental del territorio en que habitamos determina nuestra calidad de vida. El pueblo guatemalteco que no cuenta con servicios básicos, como agua potable, será aún más vulnerable porque ese es precisamente uno de los bienes que se están entregando, ¡regalados!, a los inversionistas extranjeros y locales. Cuando hablamos de explotación petrolera, de minería, de hidroeléctricas o de megaplantaciones agrícolas  hablamos de industrias que usan muchísima agua, la misma que necesita la gente para sobrevivir. Así que el agua disponible para la población guatemalteca disminuirá y se contaminará más, gracias a esos procesos industriales. Gran “avance” del pepe en el tema ambiental.

Su otro “avance” es la total corrupción del Ministerio de Ambiente —originalmente diseñado para contener y minimizar la destrucción de nuestro patrimonio natural—   donde ahora aprueban oficialmente cualquier Evaluación de Impacto Ambiental que traiga la bendición del Ejecutivo, gracias a la ventanilla exprés  impuesta por este gobierno.

La población no advierte cuánto aumenta su vulnerabilidad; pocos analistas políticos lo notan; incluso el inocuo “movimiento ambientalista” está tranquilo, como si nada. Solamente algunos pueblos indígenas y comunidades rurales reaccionan ante la amenaza de la entrega de sus territorios y bienes naturales, pero caricaturizan su resistencia y tratan de acallar sus reivindicaciones, criminalizándolos. Tratar de impedir que un pueblo manifieste su posición es violar su derecho a la libertad de expresión.

La situación de los manglares guatemaltecos ilustra la tragedia que se desenvuelve ante nuestros ojos bien cerrados. Los manglares, que representan el 1% del total de bosques de la Tierra, son una de las 5 unidades ecológicas más productivas para el ser humano. Son, literalmente, fábricas de alimento para millones de personas; y vitales para enfrentar el cambio climático: capturan y almacenan carbono, reducen las ráfagas de viento y amortiguan el impacto del oleaje.

Pero los manglares, en todo el mundo, se pierden a un ritmo alarmante, principalmente por la industria camaronera. También por el avance de la frontera agrícola —en nuestro caso, para caña de azúcar y palma africana, que además contaminan— y la industria turística, que compiten por espacio para crecer. En Guatemala el manglar es un ecosistema protegido. Pero la protección ambiental quedó en pura teoría desde que los pepes desmantelaron el Ministerio de Ambiente y lo convirtieron en ventanilla express para la aprobación institucional de la destrucción de la naturaleza.

Las comunidades que viven cerca de los manglares en Guatemala son de las más empobrecidas. La pesca industrial les ha afectado tanto que muchos pescadores artesanales ya no pueden subsistir de su profesión; así que la disminución y destrucción de los manglares les impacta profundamente, pues pierden la única riqueza natural que les da sustento. Por eso es comprensible que muchas comunidades se organicen para defender los manglares. Con escasos recursos hacen esfuerzos sobrehumanos para protegerlos, mantenerlos y re-plantarlos.

Enfrentan adversarios muy poderosos, pero entienden que sin manglares no hay posibilidades de un futuro decente para sus descendientes y por eso persisten en su afán. Por lo que resulta inusual que muchas de estas personas aseguren que los manglares son importantes porque les producen felicidad, salud, calidad de vida y satisfacción. ¡Púchica! …todavía hay seres humanos que valoran la felicidad y la salud más que al dios dinero. El ser humano destruye la naturaleza por pisto, como si eso fuera lo más importante.

¿De qué van a servir el dinero, el petróleo, el oro, el níquel o el cemento cuando no tengamos agua limpia ni alimentos sanos? Los habitantes originales de tierras americanas predijeron esta pesadilla: “El hombre blanco trata a su madre, la Tierra, y a su hermano, el firmamento, como objetos que se compran, se explotan y se venden como ovejas o cuentas de colores. Su apetito devorará la Tierra dejando atrás solo un desierto” (Sealth, 1854). A menos que nos demos cuenta —como la gente del manglar— de que la naturaleza sustenta nuestra vida y nuestra felicidad.

Ojalá el 2015 sea el año en que recuperemos la cordura y hagamos lo necesario para detener la destrucción del único planeta que tenemos para convivir. ¡Feliz Año Nuevo!

De allá solo salieron felices quienes —al terminar el espectáculo— fueron a visitar Machu Picchu.

A la hora de la foto levantan la mano, de lo más sonrientes: “¡Vamos a salvar el planeta!, pero todavía no…”  (según caricatura  ayer en feisbuk). Las pajas de los políticos son parecidas en casi todas partes. Aquí, el gobierno pepe se ha gastado Q62 millones en publicar las suyas, solo durante este año. Pero también ha hecho cosas más tangibles: otorgó 20 licencias mineras desde el 2012, está “analizando” 1,200 más; y arrancó de nuevo la negociación petrolera. El señor Pérez anunció en Canal Antigua una hidroeléctrica que construiremos con México (¿será la del Usumacinta?) y habló de su relación con Enrique Peña Nieto, de quien parece ser gran admirador. Sonríe Pérez cuando se refiere a los negocios conjuntos.

En todas partes se sienten ya los extremos climáticos anunciados por la comunidad científica en los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que cada año serán más drásticos.  Mientras en Lima se aguadan los compromisos ambientales, en Guatemala se acelera la entrega “express” de concesiones para las industrias extractivas. Con ellas entregan también nuestra agua, nuestro suelo y nuestra dignidad.  

En medio de las muestras de insensatez y de falta de pudor de quienes nos gobiernan —y de quienes pretenden conseguir votos para hacerlo próximamente— da miedo pensar en el futuro. Guatemala sigue teniendo una riqueza natural alucinante, en vías de extinción. Su destrucción, además de ser una pérdida estúpida, coloca a los ciudadanos más vulnerables en posiciones aún más desventajosas. No es agradable tocar estos temas, cuando debíamos estar celebrando la unión y el bienestar del pueblo guatemalteco.

Pero sería irresponsable no advertir de que estamos absolutamente desprotegidos ante la corrupción y el abuso de gobernantes y políticos, y que las condiciones naturales de nuestro territorio se destruyen y envenenan gracias a las políticas extractivistas que nos imponen. Ante la anarquía que impera, la estrategia de supervivencia que queda es buscar la máxima autosuficiencia posible. “Para enfrentar el cambio climático hay que cambiar el sistema, no el clima”. Echaremos de menos a don Augusto Willemsen en este planeta, campeón de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo, a quien le deseo un viaje magnífico.

Y a ustedes, ¡Feliz Navidad!

La agencia de contaminación de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del MP mandó las muestras de agua —tomadas el 12 de septiembre del 2012 por personal del Ministerio de Ambiente, para que no se pudiera dudar de su imparcialidad— al Laboratorio Nacional de Salud; luego remitió los resultados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

El caso tardó dos años en resolverse, porque “alguien” logró retardar las audiencias. Llevó el caso el juez de Primera Instancia Penal de Santa Rosa, Lic. Sáenz Bojorquez, quien por increíble coincidencia —¿o no?— resultó recientemente electo como magistrado de la Corte de Apelaciones. Un dato que debe tomarse en cuenta es que la contaminación se produjo cuando aún no había empezado la etapa de explotación, gracias a la práctica minera de arrojar descargas de sólidos en suspensión, en este caso, directamente a la quebrada El Escobal. Con lo que la minera demostró que le importan un comino los derechos, el agua y la salud de los vecinos, a quienes —en los anuncios que ahora inundan los medios— aseguran considerar.

En el caso de la mina Marlin, la presencia de arsénico —¡3 mil veces arriba de los límites permitidos! también quedó científicamente comprobada. En la conferencia de prensa presentaron, además, los mapas que comprueban la violación de Goldcorp/Montana a nuestro sistema legal, pues ha abierto miles de metros de túneles subterráneos sin contar con Evaluaciones de Impacto Ambiental aprobadas por el Marn. ¡Violadores!

¿Qué va a pasar ahora? Con el poder que tienen ciertos operadores políticos para manipular el sistema de justicia (por ejemplo, colocar  jueces en puestos de magistratura, como intercambio de favores), lo más probable es que allí no pase nada y eso ya no nos extraña. Pero sí indigna la actitud de los medios de comunicación, que parecen estar colaborando para que la población guatemalteca no se entere de cómo violan sus derechos los mineros. Si los que estuvieron presentes en la conferencia de prensa del jueves 20 de noviembre no sacaron ni siquiera una nota al respecto, ¿será que la propaganda minera que ahora publican tan alegremente les ha “convencido” de que la minería es responsable, limpia y deseable?

Mientras tanto, suben el nivel de frustración, la indignación y la cólera que siente la población afectada ante el descaro de nuestras más altas autoridades; seguramente aumenta la contaminación y con ellas nuestro desprecio hacia quienes decidieron hacer de Guatemala un país minero, porque el costo y las pérdidas son demasiado grandes. Hoy tenemos las pruebas.

Debería haber causado una verdadera moratoria (no las farsas que hemos visto) y hasta una consulta popular.

Recordemos que la Ley de Minería vigente se aprobó en 1997 —inmediatamente después de la firma de los acuerdos de paz— durante el gobierno de Álvaro Arzú. Diseñada por abogados de las compañías mineras —según dijo ante la tele uno de sus autores, el Lic. Asensio Aguirre—, la nueva ley rebajó las regalías del 6% al 1% para Guatemala.

¡Primera maravilla! Pero tiene más: 2. La ley no diferencia la minería metálica de la no metálica (quien entiende un poco de minería química sabe que eso es incorrecto). 3. No protege a los trabajadores, la salud  ni el ambiente, a pesar de lo peligrosa, destructiva y contaminante que es la hidrometalurgia —química— a cielo abierto. 4. Otorga ¡completamente gratis! toda el agua necesaria (solo la mina Marlin puede usar hasta 250 mil litros de agua por hora, 24 horas diarias, los 365 días del año). 5. No obliga a la compañía explotadora a contratar una fianza de cumplimiento. 6. Las regalías se determinan en base a ¡declaración jurada de un empleado de la compañía! (Art. 62).

Podría citar más “consideraciones legales”, pero estas son suficientes para probar que la ley es perfecta para las compañías mineras, pero terrible para Guatemala.

Se debe tomar en cuenta también la debilidad institucional prevaleciente. Juan Mario Dary dio a conocer su intranquilidad en el 2004, cuando —siendo ministro de Ambiente de Arzú— declaró al Diario de Centro América: “No hay capacidad de verificar que se cumpla con lo establecido en el documento (Estudio de Impacto Ambiental). Estamos preocupados porque no tenemos la capacidad para darle seguimiento. Carecemos de recursos, personal y equipo para ello”. (Solano 2005, pg. 114). Hoy sorprende la honestidad de Dary; en su época todavía creíamos que existía un ministerio para cuidar el ambiente. Hoy solo podemos tratar de imaginar lo que sucede en ese baluarte de la minería.

Pienso seguir con fantásticos datos mineros. Compartiré también las conclusiones —no mías, para que no se dude de la imparcialidad, sino de varios estudios independientes— que ponderan y evalúan los resultados de la minería metálica en Guatemala.

El plan chileno arrancaría dentro de cinco  años. Lo que suceda con esa propuesta nos incumbe porque sentaría un pésimo precedente: ¡el mar es uno solo!   Pero hay algo que me parece más relevante y de inmediata importancia para nosotros y son las razones que llevan al Gobierno de Chile a presentar la idea como deseable para la sociedad civil.  1. Los valles chilenos se están llenando de gente, granjas y desechos mineros. 2. El territorio es altamente sísmico y 3. El agua es cada vez más escasa. ¿Suena familiar?

Da la impresión de que el gobierno chileno quiere tomar en cuenta la opinión de su población. No hay certeza de que pongan toda la información a disposición del público, pero se esfuerzan por adelantarse al repudio que pueda despertar la idea y tratan el asunto con delicadeza. Nuestra historia es tan distinta. “Nuestro” gobierno exhibe un desprecio absoluto por el pueblo al que roba y somete a la fuerza.

Nunca se han hecho aquí los análisis costo-beneficio para evaluar si la explotación de metales conviene; no tenemos instituciones capaces de lidiar con los problemas mineros y la mayoría de la población se opone a la explotación. Así que el empeño gubernamental para convertir a Guatemala en país minero solo puede explicarse si alguien —de adentro— gana personalmente del negocio, pues ya hay suficiente información para afirmar que la minería metálica es un pésimo negocio para el país.  Y ahora sabemos que también tiene un costo muy alto para el resto del país: los conflictos sociales, la corrupción y la violencia que caracterizan la mayoría de los emprendimientos mineros producen coletazos que alcanzan hasta a la capital.

Pero —y tal vez sea lo más nefasto— la minería ha dividido ¡más!,  a la población guatemalteca. Ahora estamos —quienes no queremos ver a Guatemala convertida en país minero—  en contra de quienes adoran la idea. Anteayer, en elPeriódico, un notorio columnista prominero afirma que el término  actividades extractivas lo inventaron —cito— “los izquierdos, guerrilleros, neo-social-comunistas, los arengadores y quienes están en contra del desarrollo y del progreso” y  “la suciedad civil, y sus viles expertas,  los extranjeros que practican turismo terrorista, líderes ‘campesinos’ o ‘indígenas’ y otros grupos criminales”, en Guatemala. El señor de marras podría leer en la web lo que escribe sobre extractivismo el investigador uruguayo Eduardo Gudynas. (Otra cosa es que lo entienda.) ¡Ánimo,  señor!

a por lo menos 15 géneros o especies vegetales enumeradas en el reglamento respectivo, pero en el plazo de 10 años aplicará a todos los géneros y especies vegetales. Comparemos con el objeto de la de  Costa Rica, “establecer el régimen jurídico para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, ¡salvaguardando el derecho al uso de parte del pequeño y mediano agricultor!” —la admiración es mía—.

“La protección otorgada no implica la autorización para la explotación comercial de la variedad… pudiendo impedirse la comercialización cuando proceda para proteger el orden público o la moral, la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales  o para evitar daños graves al medioambiente. No se otorgará protección a las plantas silvestres que no hayan sido mejoradas por el hombre. Los pequeños y medianos agricultores podrán utilizar como semilla en su propia explotación  el producto de la siembra de una variedad protegida, obtenida en su propia explotación, adquirida inicialmente de manera lícita, lo cual no lesiona el derecho del obtentor”.

Aquí valieron los agricultores, el ambiente y la biodiversidad. ¿Aló, Monsanto?  Lo que sí importó es cuánto le van a dar de prisión y de multa a quien se atreva a infringirla. Para entender lo que pasa por las mentes de los diputados ponentes, sirve el artículo 46 de la misma ley: “Se autoriza la ampliación del presupuesto general de ingresos del Estado con vigencia para el ejercicio fiscal dos mil catorce, por el monto de ¡quinientos cincuenta millones de quetzales!…

Para la ejecución de la presente ampliación se faculta al Organismo Ejecutivo para que a través del Ministerio de Finanzas Públicas y con base en  los requerimientos presentados por el Ministerio de Comunicaciones… apruebe por medio de Acuerdo Gubernativo, refrendado únicamente por el Ministerio de Finanzas Públicas, la distribución en detalle de los recursos asignados…” ¿Capisci? De diputados así ya nada puede decepcionarnos más. Pero no esperábamos algo tan gacho de Élmer López, hoy ministro de Agricultura, antes activista de Greenpeace, actor relevante en varias iniciativas ecológicas. El señor López sabe lo que firmó, y sus posibles consecuencias, talvez por eso no provocó un sano  y necesario debate al respecto. Extraña lo impropio de su conducta, que ameritaría su renuncia.

La tendencia cambió hasta llegar a donde estamos hoy, cuando se ha vuelto casi normal —desde fuentes oficiales y ciertas plumas—  que se califique de terroristas a quienes quieren evitar la destrucción y la contaminación de los lugares donde viven. Es comprensible que los accionistas de proyectos que perdieron su buen nombre -como los de explotación de oro, plata y petróleo y algunas hidroeléctricas- se sientan amenazados por esta resistencia, pues se traduce en pérdidas monetarias para ellos.

Pero hay otros sectores poderosos, nerviosos y más que molestos ante el atraso de sus negocios, encabezados por funcionarios del Gobierno a quienes se les acaba el tiempo. Están tan afligidos que —según un  excelente reportaje de Owaldo Hernández en Plaza Pública, del 16 de julio—  desde marzo del 2013 “acordaron”  que los conflictos sociales derivados de proyectos extractivos se aborden desde la perspectiva de Seguridad Nacional: quienes se opongan a la minería serán vistos como una “amenaza contra la seguridad del Estado”. Para encarar la nueva amenaza crearon el Grupo Interinstitucional de Asuntos Mineros, subordinado a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Su función, según el ministro López B., es identificar “lo que ha fallado en temas de seguridad e impacto social”  en los lugares donde imponen los proyectos mineros.

Para “generar confianza”  (y posiblemente ante el notorio fracaso del Sistema de Diálogo Nacional) abrieron una primera Oficina Interinstitucional de Desarrollo Integral, que es —en realidad y aunque cause temor señalarlo—  una oficina de inteligencia, en San Rafael Las Flores. ¿Abrirán oficinas así en cada sitio donde hay resistencia a un proyecto minero? Según el reportaje de Hernández, para Edelberto Torres “un gobierno de corte militar y con profundos antecedentes que lo ubican en la génesis de la política contrainsurgente aplicada durante la guerra interna, reaccionará y priorizará en la misma forma en que lo hizo antes”.

¿Quién es terrorista y subversivo? ¿Quién defiende su tierra y su hogar  o quién la vende? (La Comisión de Energía y Minas del Congreso convoca a audiencias públicas a los grupos interesados, para que presenten observaciones, comentarios y propuestas,  pues dispone aprobar reformas a la Ley de Minería. Manifestar interés en oficio dirigido a la Comisión, 10a.  calle 6-81,  zona 1,  o al 2244-7878 Ext. 2367. las audiencias públicas  iniciarán  el 21 de julio, son 15 minutos  para cada organización. ¡Pilas,  pues!).

Copio la demanda que suscribe el Pueblo Maya: “Fuimos y seguimos siendo los que aportamos a la economía de este Estado y queda demostrado que si paramos nuestras labores se detiene la economía de Guatemala. Nuestra propuesta política consiste en institucionalizar la práctica de la Vida Digna en toda política del Estado.

Por ello impulsamos la participación efectiva de autoridades legítimas y representativas del Pueblo Maya elegidas en procesos Asamblearios. Seguiremos defendiendo nuestras tierras y territorios, y sus bienes naturales, con sabiduría y valentía, frente a las amenazas y atentados que sufrimos por parte de empresas, que actúan con la complicidad de autoridades del Gobierno de Guatemala. Que en una muestra de madurez política y respeto al Estado de Derecho, hemos accionado por las vías legales, para demandar del Estado el respeto de nuestros derechos legítimos reconocidos en la Constitución Política y en los Convenios Internacionales; sin embargo, seguimos acumulando los NO de las instancias judiciales; es decir, la negativa a nuestros derechos.

Por eso hoy en el territorio nacional estamos en las calles, parques y carreteras para reflexionar y reforzar nuestro pacto de unidad en la defensa de la vida y no dejar eso en manos de políticos títeres de la oligarquía nacional que siempre nos perjudicaron y siguen perjudicándonos. Nuestra participación orientada en las próximas elecciones generales aportará un equilibrio de poderes en las entidades existentes y facilitará la transición de forma pacífica y democrática hacia una nueva Constituyente Plurinacional. Sin nuestra participación efectiva, el desarrollo inclusivo, sostenible y orientado hacia el combate de la pobreza no será posible”. Consejo de Pueblos Mayas de Occidente.

La mayoría de las reacciones ante lo que decidieron llamar “el bloqueo” en la capital fueron de molestia, debido a la incomodidad sufrida por la ciudadanía para movilizarse. No faltaron calificativos horribles; algunos —tal vez— justificables si tenemos en cuenta la caricatura que hicieron los medios.

Donde otros ven gente manipulada, haragana y sin propuesta yo veo guatemaltecos dispuestos a hacer algo concreto para presionar a un gobierno que abusa a diestra y siniestra del pueblo al que tiene que servir. Aquí todos nos quejamos del gobierno, por todas las razones correctas, pero parece que nadie hace nada. Allá están los miembros del grupo más discriminado, oprimido y empobrecido, haciendo lo que pueden, de manera pacífica.

Hasta ahora, ante el atropello reiterado de sus derechos, la gente tiene —apenas— la fuerza para organizar una marcha a la ciudad, con la intención de presionar al gobierno para que atienda sus demandas, lo que genera la crítica de miles de compatriotas que no logran ver más allá del derecho de su nariz. Ese sentimiento divisionista es azuzado por columnistas que llaman “acarreados y manipulados” a quienes se atreven a protestar. Los opinadores reiteran que hay personas que incentivan conflictos.

¿Por qué hay tantos pueblos indígenas y comunidades manifestando un rechazo rotundo a la instalación de minas e hidroeléctricas en sus territorios? ¿Será que crean o incentivan conflictos? Como comentó P. Ciccola en Canal Antigua, la gente no se opone a que se instale una fábrica, un hotel, un restaurante o una gasolinera en su vecindad; la gente no está loca ni en contra del desarrollo, pero sabe que esos proyectos pueden poner en peligro su acceso al agua (en el caso de las hidroeléctricas) más su salud y su ambiente donde se instalen. Y sabe que el gobierno no hará nada para defender el derecho de la población, sino todo lo contrario. El mejor ejemplo, hoy, es el del campamento de policía instalado actualmente en La Puya para defender los intereses de los mineros. Me parece que es el gobierno el que instala estos conflictos, y que los ciudadanos solo tratan de defenderse.

Da la impresión de que son los mismos sectores, en todas partes —porque esto de la minería y las hidroeléctricas no pasa solo en Guatemala, sino en cualquier país del mundo, en vías de desarrollo, donde hay recursos que los poderosos “necesitan” explotar—, los que tratan de impedir una catástrofe ecológica global; pues hay sectores que la aceleran. A quienes tratan de impedirla, que casi siempre son los pueblos indígenas en todo el mundo, se les llama retrasados. Los que la aceleran son —casi siempre— los pobladores más educados y privilegiados del mundo, aquellos a quienes consideramos avanzados, dice Noam Chomsky.

Hay esfuerzos de todo tipo, para mantener a la gente separada, dividida, como parecemos estar en Guatemala. Pero existe la posibilidad de unirnos y hacer cosas por nosotros mismos. Podemos crear un lugar común para la discusión de nuestras ideas. Solo ese paso sería un ataque importante al centro de poder desde donde se controla a la gente. Si nos diéramos cuenta de que lo importante no es ser solamente individuos con mayor capacidad de consumir, que hay otras preocupaciones en la vida y que podemos mantener este tipo de actitudes y asociaciones para movernos en nuevas direcciones, eso sería un paso fundamental.

a las llamas. Eso es más que extremo. Es homicida… Pura locura”. Stephenson está frustrado por la poca acción real para detener la destrucción del sistema de vida del Planeta; acusa a los gobernantes y poderosos del mundo de crímenes contra la humanidad y contra la vida en la Tierra; y señala a los ambientalistas de haber caído en el jueguito de “hacer propuestas positivas, ser razonables y negociar soluciones”.

Eso no funcionó y por eso hoy tenemos, en la atmósfera, la cantidad de dióxido de carbono más alta de los últimos 800,000 años, escribe Stephenson. Él vive en un país donde, aunque cada vez menos, el sistema democrático medio funciona. En Guatemala la democracia es una quimera, casi nadie recuerda que existe el problema ambiental y las instituciones creadas para enfrentarlo fueron corrompidas desde hace muchos años.

La corrupción es —sin duda alguna— de las peores desgracias de Guatemala.

En estos días vemos, en primera plana y sin inmutarnos, el caso de las comisiones de postulación, sin que —al parecer— se entienda la gravedad de la situación. El martes 23, Marielos Monzón escribió sobre las comisiones de postulación como mecanismos de impunidad. Su texto motivó un exabrupto de algunos miembros de la comisión de marras, que buscaban convertirse en tribunal de inquisición: ¡pretendían citar a la periodista para que explicara! Olvidaron, algunos de estos señores (aunque son decanos de facultades de Derecho y colegiados activos) que el artículo 35 constitucional garantiza la libertad de expresión por todos los medios y sin censura.

Querer citarla, y referirse a ella públicamente, de forma amenazadora, es un mensaje amedrentador no solo para ella sino para todos —periodistas y columnistas— que nos pronunciamos públicamente. Olvidaron también que —como funcionarios y figuras públicas— están sometidos al escrutinio y la crítica. ¿Pedirán a Prensa Libre y elPeriódico que expliquen sus recientes reportajes sobre la injerencia en la comisión de postulación y las oscuras negociaciones para elegir al próximo fiscal? Tendrían que hacerlo con casi la totalidad de los medios de comunicación, y los columnistas que nos sumamos a denunciar los mecanismos poco transparentes que usan.

Aquí se juega el país, como escribió Marielos. Tener una justicia independiente es un derecho fundamental, porque en las instituciones de justicia se dirimen los temas y conflictos que nos afectan a todos, incluidos los ambientales. El descaro con que negocian todo nos obliga a ser más pesimistas respecto del futuro de Guatemala que del futuro de la vida sobre la Tierra. Al final, el poder económico y los intereses de los insaciables generan el mismo excremento en cualquier parte del mundo.

en la mina de El Estor, se presentaron —sin abogados— a dar sus declaraciones en abril del 2012. Los señores De León, Velázquez y Lara hicieron sus denuncias, pues sospechaban que sus hijos fueron asesinados. En la primera audiencia solicitaron que se investigara al biólogo de la compañía minera y al encargado del área ambiental de la mina. El Juzgado de Instancia Penal de Puerto Barrios ligó al biólogo de la minera al proceso, por homicidio culposo, pero no así a la Universidad del Valle (UVG), por lo que los padres apelaron, pues la creen parcialmente responsable. En junio del 2012, la Sala Mixta de Zacapa ligó al proceso a la Fundación de la Universidad del Valle (UVG).

La UVG —durante el período de duelo— citó a los compañeros de los estudiantes muertos para pedirles que no acusaran al biólogo de la mina (exalumno de la UVG) y que evitaran dar versiones diferentes sobre el “accidente”. Luego “desapareció” para los padres. Pero reaccionó cuando el juzgado ordenó el embargo de varios millones de quetzales de la minera y otros de la Fundación UVG. Los abogados de la universidad presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que se desligara a la fundación del proceso, pues es una persona jurídica distinta a la universidad. La CSJ otorgó el amparo. Los padres apelaron ante la Corte de Constitucionalidad. La CC amparó a la universidad.

¿Pueden imaginarse el calvario de los adoloridos padres ante tanto subterfugio legal? El amparo que interpuso la universidad retrasó el proceso un año y medio. La interrupción hizo que se venciera el plazo para la investigación del Ministerio Público, e imposibilitó diligencias importantes para el caso. En medio del dolor, para estos padres resulta cada vez más incomprensible la actitud de la UVG. Cuando algún reportero interesado en el caso pregunta sobre la sospecha de asesinato, la posición de la UVG es que los estudiantes habían bebido licor; por eso el “accidente”.

Pero el biólogo de la minera dijo, en su primera declaración, que él no les sintió olor a alcohol, declaración que coincide con los hallazgos de las necropsias. ¿Qué puede perder la universidad —que sea más importante que la vida de tres de sus estudiantes— si se averigua lo que pasó? ¿Qué pudo sucederle a esos chicos, como para que la universidad donde estudiaban esparza rumores tan ruines? Abundan elementos y tiempo para la especulación. Los padres de Nahomy, Juan Carlos y Ángel tienen alguna esperanza, pues trasladaron el caso a una fiscalía en la ciudad capital, lo cual les facilita las cosas. Ellos esperan que, con la ayuda del Ministerio Público, se llegue pronto a la resolución del caso.

Una de las cosas que más me gusta de la iniciativa “Yo soy Atitlán” es que no pretende erigirse como la salvadora del lago; trata —más bien— de involucrar a todo el mundo, para recordarnos que “es tarea de cada ciudadana/o reparar y valorizar el mundo, compartido, en el cual vivimos”, según palabras de Luigi Pierleoni, coordinador de la iniciativa. Los italianos no ofrecen recursos económicos; quieren compartir experiencias y conocimiento, pues ellos han rescatado exitosamente varios lagos arruinados por el crecimiento demográfico y los procesos de industrialización. Entienden que la pérdida de Atitlán sería una tragedia que afectaría a todo el planeta, por eso también se involucran.

Me parece muy atinado el esfuerzo que hacen para que los habitantes de los alrededores del lago sean los protagonistas centrales. Se ha llevado a cabo una serie de diálogos participativos con los grupos comunitarios, las alcaldías indígenas, las instituciones y las asociaciones de la sociedad civil de Atitlán, para garantizar su inclusión en la iniciativa.

El lanzamiento público es el miércoles 26 de marzo, en la Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional, con un concierto que ilustra en forma maravillosa cómo se construye esta alianza italoguatemalteca. Abre Sotz’il, el grupo kaqchikel fundamental, que busca ser portavoz de su cultura a través de la investigación, creación y fomento del arte maya.

Desde el año 2000 estos excelentes artistas fusionan arte escénico maya, música y danza con espiritualidad, matemática y astronomía para realizar sus montajes. El grupo Sotz’il —murciélago, en kaqchikel— se ha presentado en México, Honduras, El Salvador, Francia, Noruega, Venezuela, Costa Rica y Brasil. Aunque en agosto del 2010 fue brutalmente asesinado su fundador y coordinador Lisandro Guarcax, el grupo mantiene su compromiso de reivindicación de la cultura maya.

En la esquina italiana se presenta la banda de rock progresivo más popular de Italia: Premiata Forneria Marconi (PFM), fundada al inicio de la década de los 70. PFM es la banda italiana más conocida en el extranjero; ha compartido escenarios con Deep Purple, The Beach Boys y Santana, entre otros. El miércoles será con Sotz’il.

Vale la pena ir al Teatro Nacional el 26, no solo por el espectáculo. Porque además de contribuir económicamente —parte de los fondos recaudados van para “Lancha Azul”, componente importante y muy interesante de la iniciativa— formaremos también parte de un proceso de rescate de la identidad guatemalteca, porque el lago es un pedazo del alma de nuestro país. ¿Qué le pasaría a Guatemala si se pierde Atitlán? Yo soy Atitlán. ¿Y usted?

 invierten sus horas libres en hacer turnos en el camino de tierra que lleva al portón de ingreso ¡desde hace dos años! Pero eso no es lo más admirable. A pesar de saber que hay ilegalidades en la forma en que la compañía consiguió sus licencias y que el Gobierno protege los intereses de la compañía, mejor que los de la ciudadanía guatemalteca, mantienen una impecable acción de resistencia pacífica. Nunca se debilitaron ni se dividieron. No se acobardaron cuando una de sus líderes sufrió un ataque armado que le dejó una bala incrustada cerca de la columna vertebral. Tampoco les amedrentó comprobar que la Policía se movilizaría únicamente para proteger a los mineros. Jamás cayeron en las provocaciones a la violencia de los trabajadores de la minera cuando estos les insultaban y gritaban. Los señores, las damas y la juventud de La Puya mantuvieron, siempre, la cordura y la integridad.

La guinda en el pastel del segundo aniversario es que la compañía contratista, que rentaba maquinaria a la minera, decidió retirar su equipo del sitio. Según dice la carta que envió el director de la contratista a los señores de las comunidades en resistencia, la minera incumplió sus compromisos de pago. Además de manifestar explícitamente su respeto a la posición de los pobladores, la contratista pide permiso a los pobladores para retirar la maquinaria con su acompañamiento. Esa carta es la mejor prueba de que se pueden alcanzar acuerdos razonables cuando las dos partes son educadas y respetuosas.

Interesante contraste ofrece el señor representante de la Cámara de Industria, quien dio declaraciones a elPeriódico, en las que tilda a los miembros de la resistencia de “revoltosos”, habla de “maquinaria secuestrada por seudolíderes” y afirma que “la mina permanece”. ¿Será que el señor Zepeda se ha tomado la molestia de revisar los antecedentes, la Evaluación de Impacto Ambiental, las dudas de los vecinos y los “inconveniente legales” que tiene esta mina, que él defiende como suya? Parece que le cuesta comprender que —aquellos que él tacha de revoltosos— son guatemaltecos y guatemaltecas pacíficas, en el legítimo ejercicio de defensa de sus derechos. ¿Qué haría el señor Zepeda si estuviera en su lugar? No creo que escogería un puñito de oro por el agua de sus hijos.

Yo me quito el sombrero ante la inteligencia y valentía de sus líderes; y ante la perseverancia, la unidad, la solidaridad y la alegría de todos los miembros de “la resistencia” de La Puya.

seguir explotando petróleo en el parque nacional Laguna del Tigre con una movida ilegal e ilegítima, en la actualidad hay un diputado que parece estar imitando a copipeist… y trabaja “seguramente” por el interés nacional.

Un diputado patriotista —quien aparece como graduado de Princeton y vestido de minero en su página de feisbuk— presentó el 23 de enero de este año, junto a un colega, la iniciativa 4759, “que dispone aprobar ley de servidumbres legales para el desarrollo de las obras de infraestructura eléctrica de transmisión”. Este mamarracho —pésimamente redactado, que será legal si el Congreso lo aprueba— es la estrategia que encontraron para que la transnacional de origen colombiano Trecsa pueda poner los cables sobre Río Dulce sin la aprobación del Conap. Recordemos que esta historia arranca con la dudosa licitación que aprobaron el Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Electrificación al otorgar el sistema de transmisión eléctrica en concesión a la Empresa Eléctrica de Bogotá, que se “traspasó” a Trecsa. Con esa movidita, los operadores locales de Trecsa lograron que el Estado de Guatemala otorgara, sin necesidad de la mayoría de votos en el Congreso, la concesión del cableado eléctrico a esa empresa extranjera por 50 años.

La ley que Cristiani y España pretenden pasar ahora, dice, en su artículo 3: Construcción de servidumbres legales e indemnizaciones: Se constituye en calidad de servidumbres legales de utilidad pública los gravámenes que afecten los bienes inmuebles por el paso, pie, basamento o recorrido de la construcción de las obras de Transmisión de Electricidad; siendo título suficiente para la anotación del gravamen respectivo, en el Registro General de la Propiedad o en el registro municipal sobre derechos de posesión, la resolución emitida por el Ministerio de Energía y Minas a través del ministro… El proceso de fijación del monto de la indemnización se llevará de forma paralela y separada e independiente al proceso de imposición de la servidumbre legal; la falta de acuerdo, en cuanto al monto de dicha indemnización, entre el desarrollador de la obra y el propietario del bien inmueble afecto a la servidumbre legal, no impedirá la imposición forzosa del gravamen en cuestión.

¿Capisci? De esta manera pretenden pasar por donde se les dé la gana sin que nadie pueda impedirlo; y punto. No se hace diferencia alguna entre un área protegida, terrenos municipales o tierras privadas: encontraron la fórmula perfecta para poder expropiar y apoderarse automáticamente de los lugares sobre los que les es necesario “pasar”. Considerando que los diputados trabajan ¡únicamente! por el bien de la población guatemalteca, ¿no deberíamos preocuparnos…?

El expresidente Berger otorgó apoyo político total a la industria minera, le hizo de relacionista público y se enfrentó a los pueblos indígenas cuando estos manifestaron oposición. Hoy, la facción patriotista, tras colocar a una minera como ministra de ambiente —cuya hazaña fue aprobar todas las licencias posibles— les construirá su propio puerto a los mineros.

Grundere, S.A., compañía inscrita legalmente en noviembre del 2013, presentó ante el Marn un Estudio de Impacto Ambiental para construir el puerto San Martín frente al cementerio de Puerto Barrios, el 31 de diciembre de 2013, maniobra que usan varios… El representante legal de Grundere, Carlos Alberto Pérez, se identifica en Facebook como gerente de la Compañía Guatemalteca de Níquel, donde la secretaria Kattia Pérez dice que el señor Pérez ya no trabaja allí… aunque él dio un número de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), en El Estor, para ser localizado allí, porque —dijo a PL— ahora les asesora.

Los inversionistas rusos de CGN llevan la voz cantante. El Estado de Guatemala —socio, pues es accionista de la CGN— también permitirá al sector minero la instalación de una planta de carbón; del que se importará un millón de toneladas anuales. CGN, dice la nota, prepara una inversión aproximada de Q216 millones 495 mil 400. Guatemala pondrá Q160 millones; aunque el lunes el ministro Archila —según la nota— no sabía de qué va esta obra, pero sí recordó a los periodistas que los rusos invertirán unos US$1 mil millones en nuestro país. Se llevarán el níquel —metal estratégico— quemarán carbón —el combustible más contaminante— seguros de que jamás se investigará si el área estaba ya contaminada ni cuánto más contaminada la dejarán. RIP Izabal.

Hay una retahila de aberraciones parecidas a las enumeradas en la nota de PL tras la historia de cada mina moderna de metales en Guatemala, sin importar si es de oro, plata, níquel o uranio. Hace casi 10 años empezó la megaminería metálica moderna a dinamitar las montañas de San Marcos. Lo que aporta a Guatemala es más corrupción, más violencia y división, más conflicto social, más enfermedades, más contaminación y menos agua y menos montañas. También más muertos… Algunos —pocos— ganan dinero —mucho—, porque son “socios”. El dinero que deja a los guatemaltecos lo manejan funcionarios públicos. Según estadísticas mineras del MEM, Guatemala ha otorgado cien licencias para minería metálica. Esto pasa hoy con crisis climática en Guatemala, el país donde más del 63% de la población se opone a la minería metálica. ¿Entendemos? ¿Nos damos cuenta de lo que está pasando aquí? ¿O es que ya hemos visto tanta corrupción y tanto horror que nada nos conmueve?

se pusieron de acuerdo —a finales del siglo pasado, sin que nadie se enterara— para crear condiciones jurídicas y legales que permitieran explotar los bienes naturales que pertenecen a toda la población del país según la Constitución. La industria minera cuenta con soporte legal, institucional y sectorial, nacional y extranjero. La mayoría de la población guatemalteca se opone a la explotación metálica y así lo expresa a través de consultas, encuestas independientes y manifestaciones; pero no cuenta con medios para hacer valer derechos constitucionales, como el derecho al agua y a un ambiente sano. Este choque de intereses produce conflictos que le cuestan muy caro a Guatemala, el país donde nacimos y habitamos 12 millones de personas supuestamente iguales ante la ley.

La minería metálica —notable, pero no exclusivamente, la de oro y plata— ha alterado drásticamente la vida de los habitantes de muchas comunidades, y no precisamente para mejorarla. El Gobierno no respeta las demandas de la población, por lo que los conflictos por explotación minera no se solucionan, solo aumentan. En Sipacapa, en un sitio conocido como Los Chocoyos, Goldcorp/Montana pretende agrandar la porción de territorio sipacapense que va a triturar y contaminar para extraer microscópicas partículas de oro contra la voluntad de la mayoría del pueblo sipakapense, que desde el 2005 sufre las consecuencias de la química y tóxica mega mina metálica moderna, Marlin I.

En San Rafael Las Flores, Santa Rosa, la tensión afecta a los pobladores, y se extiende por toda la región, desde que se instaló la minera San Rafael para explotar plata y oro. Esta semana capturaron a Alberto Rotondo, el famoso jefe de seguridad de la minera San Rafael a quien el Ministerio Público tiene grabado ordenando que “maten a esos hijos de la gran…”, acusado de ordenar disparar sobre pobladores que se oponían a la minería.

En San José del Golfo, el ejemplar movimiento ciudadano de resistencia pacífica de La Puya está a punto de cumplir dos años de impedir —con largas jornadas de vigilancia voluntaria— la entrada a una mina cuya licencia fue tramitada irregularmente. Gracias a la corrupción que lo carcome, el Ministerio de Ambiente aprobó una Evaluación de Impacto Ambiental inaceptable como instrumento técnico para entender los impactos negativos de la pulverización de las montañas.

Estos son tres de los conflictos ambientales más visibles; hay otros y se gestan muchos más, por la explotación de metales, petróleo, gas, agua… El esquema, siempre igual: una temible coalición de fuerzas contra población civil, empobrecida e indefensa. ¿Qué futuro le espera a nuestro país, si permitimos que la destrucción ambiental aumente?

se están tomando las medidas que podrían evitar el colapso del complicadísimo sistema que permitió que se desarrollara la vida sobre la Tierra. Llevamos años debatiendo si hay o no un cambio en el sistema climático planetario; y si el ser humano es responsable del mismo. Mientras tanto, nuestro planeta perdió el equilibrio natural que le permitió a la especie humana “evolucionar” hasta el nivel en que se encuentra actualmente.

En mi artículo anterior enumeré algunas de las tragedias más terribles que hemos provocado en el mundo natural; por las que podemos, apenas, vislumbrar la dimensión de la catástrofe ambiental que enfrenta la vida en nuestro planeta. No enumeré teorías sino hechos, como la acidificación de los océanos, la extinción en masa de especies, las sequías y las inundaciones, que —además— afectan la vida de millones de personas en todo el mundo. Pero ni estos hechos, tan terribles, han hecho que cambie mucho la forma como se enfrenta el problema ambiental en la actualidad.

No se puede negar que en algunos países se han dado pasos importantes en la dirección correcta, para reducir el uso de los combustibles fósiles, por ejemplo. Pero —al mismo tiempo— no se ha dejado de sacar un solo barril de petróleo. Todo lo contrario: ahora hay tensiones internacionales sobre quién tendrá el “derecho” de sacar el petróleo cuando se termine de derretir el Ártico.

Una contradicción similar vemos en nuestro país. Sería necio negar que se dieron algunos pasos importantes para proteger nuestra naturaleza; ahora, hasta está de moda la responsabilidad ambiental empresarial. Pero —al mismo tiempo— se pervirtió el andamiaje de protección ambiental institucional para poder negociar cualquier bien natural de Guatemala sin ningún problema. Las generaciones anteriores les fallaron a quienes hoy se asoman a la vida, pues no lograron —porque no quisieron o no pudieron— entender que para vivir bien es fundamental tener un lugar sano.

En Guatemala se pierden —según cálculos oficiales del 2010— 74 mil hectáreas de bosque por deforestación y 244 toneladas de suelo fértil cada año. Nuestros principales lagos están contaminados y pocos barrancos se salvan de ser basureros. La mayor parte de nuestra riqueza natural se perdió ante la mirada indiferente de quienes hoy son mayores de 30 años. Pero mientras haya vida hay esperanza: aún sobrevive un importante patrimonio que pertenece también a quienes vienen detrás. Si los jóvenes —de todo el mundo y de todas las condiciones— no toman el reto ambiental como algo vital, no hay futuro. Fácil no será, pero tampoco imposible. En Guatemala bastaría con exigir que se cumpla la ley. Ojalá el 2014 traiga la fuerza necesaria para hacer lo que haya que hacer. ¡Buena suerte!

del cambio climático serían catastróficas. Y es evidente que ya llegamos a ese punto. El informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en su quinto reporte dice que el período 1983-2013 registra los 30 años más calientes en los últimos mil 400 años. Los impactos del cambio climático se aceleran: los niveles de mar suben más, las áreas secas se secan más rápidamente y las húmedas tienen cada vez más agua; mientras la atmósfera —por estar más caliente— guarda más humedad.

Los hielos que estuvieron permanentemente congelados —permafrost— se están derritiendo; y eso es un problema grave porque allí se guarda más del doble del carbono que ahora tiene la atmósfera, que al descongelarse se libera también. Los océanos reciben cada vez mayores cantidades de dióxido de carbono, lo que significa la muerte —por ácido— de la mayoría de criaturas con concha y de todas aquellas que dependen de ellas.

Muchas especies —no sólo las marinas— tendrían que evolucionar 10 mil veces más rápido que su proceso natural, para adaptarse a los cambios climáticos, así que no será solamente la especie humana la afectada. Con el nivel de acidez en los océanos —el más alto de los últimos 300 millones de años— algunos científicos advierten de que la nueva extinción en masa ya empezó; eso, sin tomar en cuenta el exceso de pesca que ya llevó a tantas especies marinas al colapso. El nivel del mar ha subido casi 20 centímetros desde 1901. Esta velocidad se acelera cada vez más —entre otras cosas— porque el océano está más caliente y el agua caliente ocupa más espacio que la fría. El aumento de la temperatura y el alza del nivel del mar ponen en peligro a los humanos que viven en sus orillas y a muchísimas especies de animales y plantas.

La cobertura noticiosa sobre extremos atmosféricos —como inundaciones de proporciones bíblicas, fuegos imparables, olas mortales de calor, sequías prolongadas y fríos polares en todas partes del mundo— relacionados con el cambio climático deberían servir como advertencia sobre cómo empeorarán las cosas en los próximos años. Muchas de las grandes ciudades, en su búsqueda de más desarrollo, alcanzan récords de contaminación que las vuelve peligrosas.

Por si eso fuera poco, la producción de petróleo aumenta también: este año se añadieron 36 mil millones de toneladas más de dióxido de carbono a la atmósfera. Así las cosas a escala global, en Guatemala la época navideña es criminal para la naturaleza. El saqueo que se lleva a cabo en los últimos bosques, para adornar las casas con pinabetes, gallitos, orquídeas, musgos y chiribiscos es imparable. No hay ley, ni institución, ni autoridad. Pero tampoco parece haber compromiso ciudadano, porque todo el mundo sigue participando de esta orgía de consumismo. ¡Ojalá podamos pasar las fiestas en paz!

y aumento promedio del nivel del mar a nivel global. Estos se corresponden con ciudades y campos azotados por eventos relacionados con el clima, sin precedentes en la historia moderna —tormentas, lluvias, heladas, sequías, tornados, incendios— que han afectado a muchos millones de seres humanos alrededor de todo el mundo. Y su costo económico sube de manera abrumadora. Por ejemplo, se calcula el costo de Sandy —la supertormenta de 1.4 millones de millas cuadradas, que acumuló 329 terajoules de energía (equivalentes a 5 bombas atómicas como la que destruyó Hiroshima) que soltó sobre la costa este de los EUA— en US$62 mil millones. A nivel político no se logró avanzar en acuerdos internacionales para detener el cambio climático.

Así está el panorama planetario mientras la protección ambiental en Guatemala se convierte en estribillos publicitarios y lemas de campaña que celebran convenios entre empresas “responsables”, organizaciones ambientalistas que hacen negocio con los temas verdes, transnacionales extractivas y funcionarios de gobierno. La población guatemalteca navega entre la resistencia pacífica a los megaproyectos y la indiferencia —producto de la ignorancia, el cansancio mental y la desnutrición— ante el saqueo del patrimonio natural.

Mala situación para uno de los países más vulnerables del mundo ante los posibles embates del cambio climático. Uno de los temas fundamentales para cualquiera es el agua. Con la disminución de los bosques el territorio pierde capacidad para almacenar agua. Con el aumento de población aumenta la necesidad de agua para sobrevivir. Las industrias extractivas (petróleo, minería, palma africana, azúcar) usan y contaminan agua. Sólo un buen ejemplo sobre la falta de visión y voluntad política para conservar los bienes naturales.

La mejor opción para evitar una mayor crisis ambiental es adoptar políticas y conductas personales de respeto a la naturaleza, como lo pide el cambio de era maya. Ni por ser día de los inocentes veo señales de claridad política o de la conciencia necesarias para impulsar un cambio así en Guatemala; así que cito a Pepe Mujica, presidente uruguayo y político extraordinario: “…tenemos que darnos cuenta de que la crisis del agua y de la agresión al medio ambiente no es la causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.[ ]… el desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana; del amor a la tierra, del cuidado a los hijos, junto a los amigos”. Mis mejores deseos para todas y todos en el 2013. ¡Hasta el próximo año!

aunque no sea su descendiente directo. Así como cualquier egipcio puede emocionarse al contemplar las pirámides, lo poco —o lo mucho— de sangre indígena que corre por mis venas se enciende cuando entiendo que los mayas conocieron, mucho mejor que muchos científicos de otras civilizaciones y otros tiempos, que todo es energía en el Universo, la esencia cíclica del tiempo, y la interrelación de todas las cosas.

Aprecio a los pueblos indígenas del mundo que preservan la memoria y el conocimiento de sus antepasados; mientras observo con tristeza cómo, en estos días de calendarios y celebraciones de origen maya, en Guatemala se exacerba el racismo. Las evidencias de esa tara se encuentran por todas partes: algunos niegan cualquier relación entre los mayas y los pueblos indígenas contemporáneos, otros desprecian tan profundamente a los pueblos originarios de esta tierra que los encasillan como salvajes, linchadores y haraganes, y hay quienes solo buscan aprovecharse de esta ocasión para hacer dinero. No se puede negar que también hay desconfianza y desprecio de parte de algunos indígenas hacia quienes no lo son. Así como no todos los católicos son buenos ni todos los colombianos son narcotraficantes, no todos los indígenas honran los conocimientos de sus antepasados. Pretender eso sería tan estúpido como pensar que todos los griegos modernos tienen conocimientos filosóficos. Ningún grupo humano es homogéneo. Tampoco todos los guatemaltecos somos racistas. Pero el racismo es uno de nuestros peores problemas: nos impide reconocernos como seres iguales, hechos de lo mismo, partes de lo mismo.

Encuentro que las culturas indígenas tienen más anhelo de unidad (simbolizado en la cruz maya que hacen en sus altares, con velas de colores que representan a las diferentes razas: roja, amarilla, negra y blanca, dentro del mismo círculo donde sitúan a la naturaleza al centro) que las occidentales, orientadas hacia la individualidad y el egoísmo. Lástima que el presidente —al que le tocó el privilegio de gobernar Guatemala cuando se marca el principio de una era de más de 5 mil años que ha capturado la imaginación del mundo entero— perdió la oportunidad de fomentar unidad y promover energía positiva para nuestro país. Hubiera podido decretar feriado nacional, para que todo el mundo tuviera la posibilidad de participar de la celebración más importante para la mayoría del pueblo guatemalteco; hubiera podido demostrar respeto hacia las autoridades espirituales indígenas. Ese conocimiento, transmitido oralmente de generación en generación, nos recuerda que nuestro origen es cósmico, que hay orden y sincronía en el espacio y el tiempo, y que estamos conectados a la fuente central de energía. Quien pueda, que entienda.

 los ánimos se calentaron en el Medio Oriente y en África del norte; y el 99% se indignó y decidió ocupar más espacios. Asesinaron a Osama y a Gadafi; les concedieron el Premio Nobel de la Paz a tres mujeres. En Estados Unidos tratan de ignorar a Ron Paul, el candidato a la presidencia que quiere acabar con la reserva federal, con la guerra y con la guerra a las drogas; y encarcelaron a miles que manifestaban en contra del oleoducto para transportar arenas bituminosas desde Canadá. Hubo terremoto en Turquía, terremoto y tsunami en Japón, cabalito donde estaba la planta nuclear, y así se produjo el terrible accidente nuclear de Fukushima. En Estados Unidos vivieron el mayor brote de tornados jamás registrado. En este año llegamos a ser más de 7,000,000,000,000 los seres humanos que estamos viviendo al mismo tiempo sobre el planeta Tierra, y se murió Chita.

En Guatemala, durante el 2011 murió la posibilidad de que el Ministerio de Ambiente pudiera llegar a ser la institución —fuerte y respetada— que cuida el patrimonio natural de la población guatemalteca. Ante la indiferencia, la incapacidad y la complicidad de las autoridades ambientales, nuestro país se convierte inexorablemente en basurero gigantesco, nuestros lagos languidecen contaminados, los bosques se degradan hasta quedar como plantaciones y las montañas se dinamitan con fertilizantes. Entre todas las instituciones con responsabilidad en el cuidado de nuestra riqueza natural, hay que destacar este año el impecable papel que jugó el Consejo Nacional de Áreas Protegidas en su defensa. Así como hay que calificar muy duramente la política (anti)ambiental que ejecutó el gobierno de Álvaro Colom: la instalación de carboneras o el cinismo con que (des)atendió el clamor de los pueblos afectados por proyectos de minería metálica son dos ejemplos que ilustran claramente cómo pensaba realmente el presidente Colom. Cero en ambiente.

2011 fue el año en el que yo perdí la esperanza. Tras años de deletrear los argumentos por los que considero que Guatemala no tiene las condiciones para ser explotador de metales, hoy sé que perdimos la batalla. Nuestro futuro presidente ha sido claro al respecto, desde cuando prometía —en la campaña pasada— sacarle el jugo a las piedras; y consecuentemente puso a la persona adecuada para facilitar la entrega de todo lo que se pueda vender de nuestro patrimonio natural al mejor postor, entre canadienses, chinos y rusos. Nosotros seguiremos pensando que es una tragedia que a tan pocos conmueva la destrucción de su tierra, y seguiremos haciendo todo lo posible para detenerla, como siempre. Feliz 2012

Hay otros datos científicos alarmantes, de los cuales citaré solamente que, según NOAA (la agencia federal de administración oceánica y atmosférica de los EUA), el 2010 fue el año más caliente registrado hasta ahora, la extensión del hielo ártico registró una baja impresionante en diciembre, y el glaciar Rongbuk Este, en el Monte Éverest, ha perdido ya 350 pies verticales de hielos que proveen de agua a millones. A pesar de la impresionante lista de desastres relacionados con alteraciones en los patrones climáticos planetarios, de sus altísimos costos y de los millones de seres humanos afectados en todas partes del mundo, el resultado de la convención de cambio climático realizada a finales de este año en Cancún es, en palabras del prestigioso economista Joan Martínez Alier, “un fracaso en el combate climático, porque no se dieron objetivos de reducción obligatoria de emisión de gases que aumentan el efecto invernadero, ni para el 2020 ni para el 2050”. Nuevamente, gracias al poderío de quienes más contaminan, se lograron bloquear las políticas necesarias para detener el desastre ambiental que estamos provocando. ¿Y aquí, en Guatemala? Pues el panorama es parecido: Ágatha desnudó nuestra vulnerabilidad ambiental y demostró cuánto nos puede costar el cambio climático. Pero eso no impidió que la petrolera Perenco lograra el permiso para terminar de destruir el Parque Nacional Laguna del Tigre, uno de nuestros patrimonios ambientales más importantes; ni detuvo el avance de la industria minera sobre el territorio guatemalteco.

Pongamos nuestras barbas en remojo: en Estados Unidos, los analistas del Pentágono y de la CIA consideran que la crisis ambiental es peligrosa y costosa; y están diseñando estrategias para protegerse de los desastres climáticos y de los millones de refugiados ambientales que estos provocan. ¿Y aquí? Como el 2011 es año electoral, lo más probable es que ya se estén haciendo pactos y promesas. ¿Qué parte de nuestra riqueza natural van a prometer nuestros candidatos presidenciales a sus financistas? ¿Y qué vamos a hacer, usted y yo, para defenderla? Ojalá el 2011 nos traiga el valor necesario para hacer lo que sea necesario. ¡Feliz año!

Estoy segura de que con mis palabras en defensa de la vida y de la naturaleza he ofendido a algunas personas. Mi intención no es pelear contra ninguna persona en particular. El objetivo de mi trabajo es tratar de que no se siga muriendo la vida. Hoy quiero pensar que quienes se muestran indiferentes ante la masacre ecológica se comportan así sin darse cuenta del daño que realmente estamos haciendo. Porque no es posible que se pueda ser tan egoísta como para desearle a nadie, y menos a sus descendientes, las condiciones que tendrán los seres humanos, si seguimos destruyendo los sistemas que sostienen la vida en la Tierra.

En este día tan especial, preguntémonos ¿qué es lo que nos da más felicidad? Yo creo que es el amor. Y a este le tenemos que agregar salud, comida, tener un lugar seguro para vivir… algo que podríamos tener todos. Pero —tristemente— no es así. Hemos sido formados dentro de un sistema que nos hace creer que amasar riqueza es lo más importante, y usa ese hecho como medida de éxito. “Mientras más tenemos, más exitosos somos”, y parece no importa que haya otros que no tienen absolutamente nada.

No creo que esa sea una forma de ver la vida sanamente, ya que el dinero y las posesiones no compran felicidad y tampoco otorgan amor. Si tuviéramos otro sistema, que premiara cómo actuamos, el bien que hacemos y cuánto compartimos, las cosas serían radicalmente diferentes. Tener demasiado resta la posibilidad de que otros tengan, aunque sea un poquito. Si amasar fortuna y bienes materiales no fuera nuestro objetivo, tener poco talvez nos podría hacer más felices, más livianos, más nobles, más amorosos. No estoy hablando de hacer “caridad”, sino de practicar solidaridad y sentido de justicia. Que el motor que nos mueva sea el amor. Que sea más importante el ser que el tener. Estoy hablando de indignarnos hasta que no quede un solo niño desnutrido en Guatemala, de ofendernos hasta que termine la violencia, de movilizarnos para que no se siga destruyendo y envenenando nuestra tierra. El futuro ya no se ve como antes, brillante, con buenas posibilidades de mayor bienestar para nuestra población. El futuro se ve oscuro, como los cielos cuando se están quemando los bosques. Pero no tenemos por qué seguir haciendo las cosas que estamos haciendo mal. Es posible cambiar de rumbo, y sería sensato. Hoy, que celebramos el nacimiento del profeta del amor, entendamos que es la única fuerza que puede hacernos cambiar. Ojalá que se haga un milagro de amor en los corazones de todos y todas las guatemaltecas, para que logremos darnos la mano, amorosamente, y recuperar Guatemala. ¡Feliz Navidad!

Cesó el enfrentamiento armado, pero la mayoría de las causas de la guerra interna permanecen inalteradas. Reflexiones desde la perspectiva ecológica no aparecen. Muchos analistas y políticos no entienden el tema o lo consideran de segundo orden; y otros -que sí entienden- se hacen la brocha, porque es arriesgado señalar a los responsables de la irreversible destrucción y contaminación ambiental que se ha producido en esta última década.

La destrucción ambiental era un proceso inexorable, pero lento e ineficiente. Con la firma de los acuerdos se crearon las condiciones para que las compañías transnacionales -con sus operadores y socios locales- puedan saquear más eficientemente todos los recursos naturales que nos quedan.

Legalmente se entregan la riqueza natural y el territorio guatemalteco para que los exploten las compañías mineras, petroleras, hidroeléctricas, aceiteras, azucareras, madereras… locales y extranjeras.

Este tipo de explotación causa eliminación de ecosistemas naturales, pérdida y agotamiento de los suelos fértiles; y la pérdida y contaminación de nuestra riqueza hidrológica. La agresión contra la naturaleza afecta directamente a miles de guatemaltecos y guatemaltecas que -para sobrevivir- necesitan esas tierras.

Este gobierno re-negoció la concesión para la explotación de níquel en más de 250 kilómetros de tierras guatemaltecas, con lo que se exacerba el conflicto entre la compañía ¿guatemalteca? de níquel, CGN, y pobladores guatemaltecos en esa región.

En tiempos de paz no matan descaradamente a la gente, recurren al Ministerio Público, a la policía y a los jueces para perseguir legalmente a la gente. Según el oficio N. 553-06, firmado por Lic. Reynaldo Galván, Juez de 1a. Instancia Penal, Narcoactividad y Delito Contra el Ambiente de Izabal, hay orden de desalojo contra unas 35 personas acusadas de ocupar tierras de la CGN.

El segundo nombre que aparece listado es Loida Mejía. Eloyda Mejía es una reconocida activista ecológica y empresaria de turismo que vive desde hace años en El Estor.

No está ocupando tierras, se ha opuesto a la explotación minera y ha proporcionado información y orientación a la gente del área. Todas sus actividades son legales, legítimas y pacíficas.

No conozco a las otras personas sindicadas pero, por este detalle, dudo de la imparcialidad y objetividad de todo este proceso. La persecución legal que sufre Eloyda Mejía es un ejemplo de cómo, en tiempos de paz, se criminaliza el reclamo social utilizando a las instituciones de nuestro sistema de justicia penal.

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) con que se aprobó el proyecto Marlin, de la compañía Montana, en noviembre de 2003, es totalmente inadecuada. Recordemos que una EIA se requiere legalmente porque permite identificar -solamente cuando está bien hecha- cuál es el escenario social, económico y ambiental, cómo se va a realizar y manejar, cuáles son los riesgos que presenta, cómo se van a evitar o a mitigar los posibles impactos negativos de cualquier proyecto, antes de que éste inicie.

Es el único instrumento legal y técnico para defender los intereses sociales y ambientales de la colectividad guatemalteca y prevenir daños e impactos negativos. Además, se supone que la ciudadanía tiene derecho a opinar al respecto.

La publicación de la EIA del proyecto Marlin I fue hecha antes de que nos sintiéramos tan amenazados por la minería química de metales; como nadie se dio cuenta de su existencia el proyecto fue aprobado sin que nadie protestara sus tremendas deficiencias.

La industria minera tiene el nivel de la más alta peligrosidad ambiental posible, tras cinco meses de ?exhaustivo y minucioso? análisis, el proyecto fue diligentemente aprobado por el Ministerio de Ambiente.

?Pero fue el FRG, no nosotros? dicen los funcionarios del actual Gobierno.

Veamos qué pasa ahora que tienen en sus manos una nueva EIA para la aprobación de otra mina subterránea, La Hamaca, dentro de la misma área del proyecto Marlin I. La EIA de Marlin solamente autorizó minar los yacimientos presentados en ese estudio.

Con la misma información (deficiente) de la anterior, cae en muchos de los mismos errores de aquélla. Por ejemplo, esta nueva evaluación no presenta los impactos potenciales más significativos, ni los acumulativos, y por eso no tiene medidas de mitigación indispensables.

Si van a utilizar las mismas instalaciones, ¿cómo van a manejar las cantidades adicionales de desechos? ¿Tienen la capacidad el dique de colas y la escombrera, de almacenar miles de toneladas más de piedras en sopa química? Sin datos precisos en la evaluación no se pueden predecir los impactos.

Ponemos en duda la capacidad técnica de la consultora CTA, del doctor Adrián Juárez, y de su equipo de trabajo, su ética como profesionales y guatemaltecos, pues ellos son los responsables de la realización de ambas evaluaciones de impacto ambiental, así como la de cualquier funcionario que se atreva a aprobar esta dudosa evaluación.

Eso nos obligó a leer la Ley de Minería, un triste documento elaborado para favorece los intereses de las transnacionales mineras, descarada o ignorantemente. Aprendimos que esas compañías cuentan con el apoyo incondicional del actual gobierno.

Se hicieron esfuerzos notables, como el del Foro Nacional sobre Minería, para borrar esa impresión, que el presidente Óscar Berger contribuyó personalmente a fortalecer.

Pero, de impresión pasó a ser un hecho irrefutable con el otorgamiento de concesión a Exmibal, luego de que se publicó ?como una de las conclusiones del foro oficial? que antes de proceder a la entrega de más concesiones, se realizarían foros similares en San Marcos e Izabal.

¿O es que ya se realizó el foro y nadie se dio cuenta, como parece haber sucedido con la información y la consulta a los pueblos indígenas, sobre los proyectos mineros que afectarán sus áreas?

Es amargo aceptar que las transnacionales mineras tienen mucho más apoyo, de parte del Gobierno, que el pueblo guatemalteco, pero es realista. Y es importante, también, saber que tenemos autoridades espirituales dispuestas a enfrentar los supremos poderes ?nacionales e internacionales? que apoyan la minería de metales, por considerar injusto que se someta a las comunidades y pueblos guatemaltecos a esta nueva forma de explotación.

Otra lección aprendida es que la minería de metales es inaceptable para los pueblos mayas, desde cuya cosmovisión no tiene sentido destrozar a la Madre Tierra.

Esta es su única tierra y se están uniendo para defenderla. Son obvios los esfuerzos oficiales y oficiosos por pintar a quienes amamos esta Tierra, como subversivos y hasta terroristas.

¿Qué hacemos ahora, si los funcionarios de gobierno se empeñan en seguir ignorando las voces del pueblo, con tal de poder seguir entregando nuestras riquezas a sus socios internacionales? ¿Cómo nos resistimos pacíficamente ante este esquema de destrucción? Ojalá podamos dirimir nuestras diferencias civilizadamente, no solamente dentro del marco de la ley sino con el bien común, el respeto y la solidaridad como principios rectores. ¡Feliz Año 2005!

Podríamos lamentar el total desmantelamiento del Conap. Podríamos entrar en pánico al ver la agresiva penetración de nuestras tierras por las transnacionales que buscan recursos para llevarselos al más bajo precio; y cómo nuestros funcionarios públicos están dispuestos a entregar nuestras riquezas, aunque eso implique enfermedad, contaminación y destrucción.

Pero hay que guardar el pesimismo para tiempos mejores, nos decía un catedrático de historia ecológica. En lugar de estar exigiendo que nuestros funcionarios cumplan con su deber y de esperar -ilusamente- que hagan lo correcto. ¿Qué estamos dispuestas y dispuestos a hacer, cada uno de nosotros?

Porque un buen o un mal país no lo hace sólo el equipo que está de turno en el gobierno. La responsabilidad recae también sobre la ciudadanía. El derecho ciudadano no se ejerce solamente cuando se vota; es necesario mantenernos vigilantes, informados e involucrados, como si éste fuera realmente nuestro país. Incluso podemos atrevernos a cuestionar este sistema democrático, que le sirve solamente a unos cuantos que salen ?electos?, aunque seamos muchos los que vayamos a las urnas.

Pasado mañana nos toca volver a votar. Dimos un paso importante, en la primera vuelta.

Desafortunadamente, entre los dos candidatos que pasaron a la segunda etapa no se esgrimieron argumentos convincentes, ni se presentaron políticas nacionales trascendentales, encaminadas a resolver nuestros problemas estructurales, como para definir nuestro voto. Los candidatos (ab)usaron nuevamente de la confrontación y la descalificación como estrategia electoral.

Talvez también sea el momento de considerar el derecho a votar nulo. En este caso, el voto nulo sería un voto de castigo para los políticos que no quieren comprometerse a enfrentar con seriedad la problemática ambiental, la cual afecta profundamente nuestras vidas.

Y que no se diga que el nuestro es un voto de indiferencia. Aquí estamos, pendientes como siempre, y con el ánimo de hacer lo que podamos para contribuir a que tengamos un país más sano y más justo. A votar, pues, y ojalá que el 2004 sea bueno para todas las familias guatemaltecas. ¡Salud!.

Podríamos lamentar el total desmantelamiento del Conap. Podríamos entrar en pánico al ver la agresiva penetración de nuestras tierras por las transnacionales que buscan recursos para llevarselos al más bajo precio; y cómo nuestros funcionarios públicos están dispuestos a entregar nuestras riquezas, aunque eso implique enfermedad, contaminación y destrucción.

Pero hay que guardar el pesimismo para tiempos mejores, nos decía un catedrático de historia ecológica. En lugar de estar exigiendo que nuestros funcionarios cumplan con su deber y de esperar -ilusamente- que hagan lo correcto. ¿Qué estamos dispuestas y dispuestos a hacer, cada uno de nosotros?

Porque un buen o un mal país no lo hace sólo el equipo que está de turno en el gobierno. La responsabilidad recae también sobre la ciudadanía. El derecho ciudadano no se ejerce solamente cuando se vota; es necesario mantenernos vigilantes, informados e involucrados, como si éste fuera realmente nuestro país. Incluso podemos atrevernos a cuestionar este sistema democrático, que le sirve solamente a unos cuantos que salen ?electos?, aunque seamos muchos los que vayamos a las urnas.

Pasado mañana nos toca volver a votar. Dimos un paso importante, en la primera vuelta.

Desafortunadamente, entre los dos candidatos que pasaron a la segunda etapa no se esgrimieron argumentos convincentes, ni se presentaron políticas nacionales trascendentales, encaminadas a resolver nuestros problemas estructurales, como para definir nuestro voto. Los candidatos (ab)usaron nuevamente de la confrontación y la descalificación como estrategia electoral.

Talvez también sea el momento de considerar el derecho a votar nulo. En este caso, el voto nulo sería un voto de castigo para los políticos que no quieren comprometerse a enfrentar con seriedad la problemática ambiental, la cual afecta profundamente nuestras vidas.

Y que no se diga que el nuestro es un voto de indiferencia. Aquí estamos, pendientes como siempre, y con el ánimo de hacer lo que podamos para contribuir a que tengamos un país más sano y más justo. A votar, pues, y ojalá que el 2004 sea bueno para todas las familias guatemaltecas. ¡Salud!.

Además de desastres terribles, como el derrame petrolero del Prestige, en muchos rincones del planeta hubo guerra, con armas que provocaron muerte, tanto de hombres, mujeres y niños, como de otros seres y criaturas.

En Guatemala, perdimos bienes naturales importantes en el 2002, pues se siguieron contaminando nuestros aires y aguas, se incendiaron más selvas y bosques; y perdimos mucha de la poca confianza que teníamos en las autoridades gubernamentales.

En el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales no se logró nada importante, en el Conap, tampoco.

Aunque se dio la cancelación de un contrato petrolero, no podemos alegrarnos más de la cuenta, cuando sabemos que la presión para que entreguemos nuestro petróleo está aumentando, que ahora refinaremos petróleo ecuatoriano aquí, que se están otorgando más concesiones para minería a cielo abierto, o que se pretende reactivar Celgusa.

También sabemos que los tratados de libre comercio -llámense Plan Puebla Panamá, Alca o lo que sea- suponen grandes amenazas para nuestros cada vez más escasos bienes naturales.

Pero en lugar de lamentarnos y de ponernos a llorar, lo que tenemos que hacer es sacar fuerzas de flaqueza, y no dejar que nos arrebaten la capacidad de creer en un mundo mejor, donde haya más bienestar para todos, en todos los sentidos posibles.

En momentos como estos tenemos que mirar hacia el futuro. Si hasta ahora los aspectos ambientales han sido ignorados, o tratados como poco importantes por quienes nos gobiernan, es nuestra misión obligarles a reconocer que la verdadera seguridad de una nación descansa sobre el estado de sus bienes naturales.

Seguridad alimentaria, seguridad energética, seguridad ambiental. Es una muestra de arrogancia y de estupidez deteriorar la base misma de la vida, como lo hemos hecho hasta ahora.

El agua pura y aire limpio son absolutamente indispensables para tener una vida decente. El agua y la pureza del aire dependen de bosques y selvas.

Nuestras vidas, nuestra salud y nuestro futuro dependen de la manera como cuidemos esta tierra sobre la cual vivimos.

Hago un voto para que el 2003 sea un año diferente, cuando reconozcamos que nuestro futuro está íntimamente ligado al futuro de la vida sobre el planeta. ¡Paz y armonía, hijos e hijas de esta Tierra! Y que el Año Nuevo traiga bendiciones y sabiduría.

La epoca de Navidad es especial porque es una época para compartir, para dar y para recibir. Supongo que, antes, la idea era dar y compartir amor, pues lo que se celebra es el nacimiento de quien trató de enseñar lo importante que es amar.

Pero en estos tiempos modernos y comercializados, lo que se comparte son -más bien- cosas materiales. Y, como parte del frenesí navideño, se hace un saqueo inmisericorde de la naturaleza.

Los ecologistas hemos tratado de hacer una defensa del pinabete, una especie que está a punto de extinguirse porque se le corta para adornar las casas con su belleza y con su olor, por unos cuantos días solamente; después de las fiestas, los cadáveres de los pinabetes se encuentran en el basurero. Pero no solamente es el pinabete del que se abusa para Navidad.

También se cortan musgos, chiriviscos, gallitos… Todo lo que podemos agarramos, pero no creo que pensemos en hacer algo para compensar a la madre naturaleza.

En estos días de saqueo, hay unos personajes que siempre, y especialmente en época navideña, cuidan los bienes naturales de nuestro país.

Los guardarrecursos no descansan en estas fechas. Es a ellos a quienes queremos hacer un reconocimiento muy especial.

De todas las personas que trabajan en la conservación del patrimonio natural de los habitantes de Guatemala, los guardarrecursos son quienes corren los mayores riesgos, los que enfrentan físicamente, día a día, a los enemigos de la naturaleza.

Armados solamente con una profunda convicción y comprometidos con su misión, los guardarrecursos ponen muchas veces en peligro sus vidas por cuidar nuestro patrimonio natural.

Ha sido alentador conocer personalmente a muchos de ellos y aprender que, aun cuando muchas veces la institución gubernamental para la que trabajan no los motiva como merecen, ellos han comprendido la importancia del papel que desempeñan y dan lo mejor que tienen.

Deseamos que estas fiestas nos traigan paz y armonía a todos los hijos e hijas de esta generosa Tierra; y para ellos, los héroes anónimos de quienes se sabe tan poco, va nuestro agradecimiento especial. ¡FELIZ NAVIDAD!

El excanciller Gabriel Orellana sale con más pena que gloria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Analistas y embajadores consideran que su trabajo al frente de la diplomacia guatemalteca dejaba mucho que desear.

Algunas de las decisiones tomadas por Orellana a lo largo de su gestión fueron cuestionadas, inclusive por la Presidencia, debido a las repercusiones que tuvieron para Guatemala. Fuentes cercanas a la Presidencia señalan que la crisis empezó a darse en los primeros meses de este año y se agudizó en abril.

El voto de la discordia

El 18 de abril, en la Organización de Naciones Unidas, ONU, se aprobó una resolución en contra de Cuba por las violaciones a los derechos humanos en la isla; el voto del embajador Antonio Arenales Forno fue decisivo, a pesar de que el presidente Alfonso Portillo había pedido abstenerse.

El mandatario reclamó a Orellana por la decisión, y de ahí en adelante las cosas no fueron del todo agradables, aseveró la fuente.

De mal en peor

Las relaciones de Guatemala con la Comunidad Internacional empezaron a enfriarse, principalmente con los países amigos del proceso de paz, y que en su mayoría son donantes.

Según Marco Antonio Barahona, de la Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales, el excanciller no supo mantener un diálogo abierto entre embajadores y el presidente, y así evitar que las críticas fueran tan severas.

El caso Belice

Otra materia no aprobada por el Canciller fue el diferendo territorial con Belice.

En los casi tres años que estuvo al frente de esa oficina, varios campesinos fueron muertos en la zona de adyacencia, y sus reclamos fueron demasiados tibios, según la diputada independiente Anabella de León.

Fernando Solís, analista independiente, afirmó que no es únicamente el caso Belice, ya que Orellana no fue capaz de mantener una buena política exterior.

El legislador panista Jorge Rosales expresó que la administración del FRG ha sido un fracaso en la mayoría de renglones.

?Hay escasas obras de infraestructura, la educación es deficiente, en la salud hubo paros y mala atención, la seguridad da vergüenza y, para colmo de males, la imagen internacional de Guatemala es pésima, por la deficiente política exterior?, manifestó Rosales.

Hombre del FRG

Ni su buena relación con el general Efraín Ríos Montt fue motivo para que Portillo no separara a Orellana del cargo; inclusive es uno de los fundadores del partido de la manita. El mandatario expresó ayer en Costa Rica que la etapa de Orellana se acabó.

?Guatemala vive un año de grandes desafíos y demandas de la comunidad internacional. Creo que el de mayor credibilidad es Edgar Gutiérrez?, dijo. Gutiérrez, secretario de Análisis Estratégico, será el nuevo canciller, confirmó.

Analizan apoyo

El cambio en la Cancillería llega en momentos en que no se ha definido el apoyo financiero al país. La Comunidad Europea decidirá en los próximos días si continúa otorgando apoyo financiero a Guatemala, según el encargado de Negocios de la Unión Europea en Guatemala, Philippe Combescot.

Portillo y Reyes opinan distinto

Mientras el presidente Alfonso Portillo resaltó la ?preparación y humildad de? Edgar Gutiérrez, el vicegobernante Francisco Reyes excusó que ?dentro de un año hablamos?.

Para Portillo, el nuevo canciller ha aportado en diversos temas, como la tenencia de la tierra, la transparencia y el resarcimiento. Además, dijo que ?es el hombre más indicado; de más cintura y credibilidad en la comunidad internacional?.

Por su parte, Reyes expresó desconocer el trabajo del ?colocho?, como llamó a Gutiérrez, al frente de la Secretaría de Análisis Estratégico, pues nunca le brindó informe alguno.

Ven jugada inteligente

La sustitución de Gabriel Orellana por Edgar Gutiérrez en la Cancillería ha sido una ?jugada inteligente? del mandatario, al menos para el gusto de un grupo de diplomáticos acreditados en el país.

El papel de Orellana y su viceministro Ramiro Ordóñez no fue del agrado de parte de la comunidad internacional, coinciden diplomáticos consultados.

?Su trabajo al frente de la diplomacia guatemalteca había sido muy malo, pero pasó casi desapercibido, porque hay problemas sociales de mayor trascendencia en el país?, explicó un embajador que pidió omitir su nombre.

Otro de los aspectos cuestionados fue la centralización de la política exterior en el caso Belice durante la administración del FRG, por lo que dejaron por un lado otro asuntos también importantes.

?Se olvidaron de la agenda de los acuerdos de paz y, nosotros, como comunidad internacional, tuvimos la percepción de que la única vez que les interesó fue durante la reunión del Grupo Consultivo, en febrero de este año?, aseveró otro diplomático, quien también pidió permanecer en el anonimato.

El cambio de mando en la Cancillería es vista como una disputa de poder entre el ala eferregista y la de Portillo.

Sustituyeron a un riomontista y fiel aliado del vicepresidente Francisco Reyes por uno de los hombres más cercanos al presidente Portillo.

?Representa un duro golpe al eferregismo por parte del presidente, y estamos a la espera de ver la respuesta de los incondicionales a Ríos Montt?, refirió el diplomático.

Gutiérrez es bien visto

El elegido por Portillo para dirigir la política exterior del país no fue seleccionado al azar.

?El sabe que Gutiérrez tiene una muy buena imagen internacionalmente. Tiene la marca de interés en los derechos humanos y en el tema de la paz. Portillo sabe que la comunidad internacional quiere a Gutiérrez?, agregó.

Con lo anterior, el presidente parece haber logrado uno de sus objetivos al haber sustituido a Orellana.

La mala noticia es que parece que los Q11 millones que se iban a destinar al combate de la hydrilla fueron transferidos al Banatlán (Base Naval del Atlántico). ¿Qué méritos tiene el Banatlán para eso? Pues le declaró un ataque frontal al combate de la planta y metió a unos hombres rana a sacar algas muertas del lago.

El Banatlán debe jugar un papel importante en el control y combate de la planta, pero el dinero se tiene que poner en la institución que tiene la responsabilidad de cuidar uno de los recursos naturales más importantes del país, donde se supone que se manejan los criterios técnicos y científicos para la tarea.

Si la noticia es cierta, esa es una burda maniobra política para transferir más fondos al ejército; y por un tubo se irán los consejos de los asesores científicos, la autoridad de las instituciones ambientales, la poca esperanza que teníamos de que se encaminaran las acciones correctas, y el futuro del lago de Izabal y sus habitantes.

La primera noticia positiva es el anuncio que hizo el Conap sobre el rescate de la Laguna del Tigre. Es loable que se le preste ¡finalmente! atención a una de las áreas núcleo más importantes de nuestro país y la gente del Conap tiene que saber que cuenta con el apoyo de muchas personas y organizaciones que están dispuestas a colaborar con el esfuerzo.

Pero también es bueno transmitirles nuestra preocupación sobre la intención de involucrar a la compañía petrolera.

La antigua Basic, ahora Perenco, es responsable de mucho de lo que ocurre en Laguna del Tigre.

Toda la vida se hizo ?la brocha? del compromiso que firmó con Conap, según el cual se comprometía a cuidar los accesos al parque.

Se debe averiguar dónde están los miles de dólares que se supone deberían haber sido entregados por la petrolera al Conap anualmente, ya que esos fondos podrían servir para iniciar las acciones de rescate más urgentes.

O tal vez la petrolera ha cambiado radicalmente de actitud, está dispuesta a aceptar su responsabilidad y a encarar los pasivos ambientales que su actividad ha dejado en nuestro humedal… (Como es época de Navidad, queremos creer en Santaclós o en papá Noé).

Por último, una noticia importante es que el Ministerio de Alimentación y Agricultura está entregando ¡los primeros incentivos por conservación! No podemos entusiasmarnos demasiado todavía, porque no tenemos mayor información.

Habrá que verlos funcionar, pero aplicados inteligente y honradamente podrían cambiar el futuro de varias generaciones, si lo que realmente se va a incentivar social y económicamente es la conservación de los ecosistemas en Guatemala.

Dice la nota que, según investigadores del Jardín Botánico de Missouri y de la Universidad de Duke, la cifra que se manejaba hasta ahora, del 13%, era una grave subestimación de la amenaza de extinción, debido a que los estudios no habían incluido muchas plantas de los países tropicales.

Afirman los científicos que las causas principales de la desaparición de la flora son el calentamiento global y la invasión humana en el hábitat de las plantas.

Esta noticia tiene todo que ver con el futuro de la vida en nuestro planeta. La vida sobre la Tierra depende de las interacciones entre las formas de vida animal y vegetal con los elementos químicos y minerales de la corteza terrestre y los sistemas climáticos.

Todo ese sistema entrelazado de formas de vida y elementos ha evolucionado durante millones de años, a su propio ritmo.

La ?civilización? humana tiene a esos sistemas en jaque. Si estamos aceptando ?científicamente? que pronto desaparecerá la mitad de todas las plantas, podemos prever que desaparecerán también un número similar, si no mayor, de especies animales.

¡Es terrible el panorama planetario! Si echamos un vistazo al escenario local, en nuestro país tropical encontramos que la pérdida de ecosistemas naturales sigue aumentando.

Las áreas protegidas, esas que el gobernador del Petén insta a que se invadan para ganadería, esas que las petroleras pretenden seguir contaminando impunemente, esas que los ?forestales? quisieran seguir explotando, esas que también se queman e invaden, son las generadoras de agua limpia y aire puro, son las protectoras de nuestros suelos fértiles y guardan nuestro patrimonio de riqueza genética.

Las áreas protegidas mantienen las únicas posibilidades que tenemos la mayoría de la población guatemalteca para un futuro mejor.

En época de hambrunas, de desequilibrio climático, de amenazas transgénicas, mineras y petroleras, y de tratados de libre comercio, tendríamos que entender que nadie va a defender nuestros bienes naturales, si no somos nosotros mismos.

Es impresionante la dimensión de la estupidez humana, que otorga más importancia a las leyes humanas (sean éstas normas constitucionales o leyes de mercado) que a las leyes naturales, las cuales rigen el universo desde que éste existe.

Porque al ignorarlas, y permitir que se destruyan los ecosistemas naturales, no solamente limitamos nuestras posibilidades, sino que estamos negándole a nuestros descendientes el derecho al legado que les pertenece, por naturaleza.

La señora Rosario Luna de Yaquián, a quien hemos llamado ?la fiscal contra el ambiente? por su triste desempeño al frente de esa dependencia, realizó una tortuosa y lentísima investigación.

Durante todo ese tiempo, la fiscal dio mil excusas, como la falta de fondos, para justificar su actitud pasiva e irresponsable. Cuando, finalmente, presentó los resultados de su dizque investigación, el juez de San Benito, Petén, consideró que faltaban elementos y le ordenó continuar con la investigación.

Doña Rosario, haciendo caso omiso de lo que fue ordenado por el juez, considera que el caso fue satisfactoriamente investigado y que ella ya cumplió con su obligación. Los miembros del Colectivo no lo vemos así.

Según nuestra Constitución, ?el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico? (Art. 97).

La Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente, en su artículo 30 nos garantiza acción popular para denunciar todo hecho, acto u omisión que genere contaminación o pérdida de recursos naturales.

Nuestro patrimonio natural es vital para el futuro, y el Parque Nacional Laguna del Tigre es el humedal más grande de Mesoamérica.

Es también responsabilidad de ciudadanas y ciudadanos vigilar el quehacer de nuestras instituciones y el cumplimiento de las leyes.

Es por todas las razones anteriormente mencionadas que el Colectivo MadreSelva busca nuevamente que se haga justicia.

La señora fiscal contra el ambiente encuadró su conducta en el delito de ?denegación de justicia? (no sólo por lo que no ha hecho con el caso de Laguna del Tigre, también por los miles de casos más que tiene durmiendo el sueño de los justos, pero ésa es harina de otro costal) por lo que no nos queda más remedio que llevar su caso ante la Fiscalía contra la Corrupción, con la esperanza de que -una vez se le hayan deducido responsabilidades- pongan al frente de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente a una persona que tenga las características necesarias para que los guatemaltecos podamos aspirar a que se haga justicia.

(A la ciudadanía interesada en participar, pueden acompañarnos hoy, de 9 a 10 de la mañana frente al edificio Lucky (a un costado del palacio), a presentar la denuncia).

Recientemente, el colectivo MadreSelva participó en un esfuerzo de incidencia, cuando el ex-Secretario Ejecutivo del Conap atentó contra el espíritu mismo de la Ley de Areas Protegidas, al intentar reducir el área núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Minas y accionó legalmente en contra del funcionario público, por considerar que efectuó un acto de corrupción al querer favorecer a una persona o empresa individual contra los intereses colectivos de los ciudadanos guatemaltecos.

MadreSelva también participó en avalar al licenciado Noé Ventura, como posible sucesor de ese puesto gubernamental. El tiene vasto conocimiento legal sobre los asuntos que le competen al Conap, y se ha desempeñado en varios cargos de servicio público. Además, fue uno de los pocos profesionales, con reputación de hombre honrado, que aceptaba integrarse al actual equipo de gobierno.

Desafortunadamente, desde que el licenciado Ventura asumió el cargo de Secretario Ejecutivo, algunas de sus decisiones han provocando profundo desaliento entre el personal de Conap, e incertidumbre entre las organizaciones ambientalistas y las instituciones donantes. Menciono solamente dos.

Uno de sus más graves desaciertos es haber aceptado presiones de gente del partido gobernante para colocar en un puesto de dirección regional a un personaje sindicado de acciones deshonestas y acoso sexual y sin las credenciales para el puesto.

Otro es haber despedido ?sin una justificación de peso? a un profesional valioso, honesto y profundamente comprometido con la conservación de las áreas protegidas del país.

La salida del ingeniero Gerardo Paiz del puesto de subdirector del Conap es una mala señal para quienes creímos que podía sanearse una institución que está cayendo en las garras de la corrupción y la ineficiencia imperantes.

Consideramos que el licenciado Ventura todavía tiene tiempo para rectificar y lograr lo que se propuso cuando aceptó el cargo. Indispensable es que se procure una buena asesoría, pues la que ha tenido hasta ahora se percibe como nefasta. En el Conap todavía hay personas valiosas, a quienes públicamente manifestamos nuestro apoyo y solidaridad; así como la esperanza de que las cosas cambien.

Ahora saben que no producen mejores cosechas, que tienen que usar más químicos y que ya jamás se podrán liberar de los organismos transgénicos. Al señor Schmeiser, quien desarrollaba, conservaba y producía semillas de canola, desde 1947, y jamás compró semillas transgénicas de Monsanto, la compañía le acusó de usar sus semillas ilegalmente. Resulta que algunas plantas de su cosecha se contaminaron por semillas que transportó el viento o un pajarito, así que en sus campos había algunas plantas que Monsanto considera de ?su? propiedad y por eso fue llevado a juicio. Según el juez que conoció el caso, no importa si las plantas se contaminaron sin la voluntad del agricultor, se le encontró culpable y él debía entregar a Monsanto todas sus plantas, semillas y ganancias.

El nunca más podrá volver a utilizar las semillas que conservó por más de 50 años. Schmeiser, quien fue parlamentario, alcalde y miembro activo en la defensa de los derechos de los agricultores, optó por resistir y lleva más de cuatro años tratando de defenderse de Monsanto. ?Yo no vine a Guatemala a decirles qué hacer, solamente a contarles lo que les puede pasar, si dejan entrar los transgénicos?, dice Schmeiser.

¿Queremos que, en Guatemala también, sean más importantes los derechos de propiedad intelectual de las transnacionales, que los derechos de los campesinos y agricultores de usar y mantener sus propias semillas? ¿Queremos perder nuestra biodiversidad y nuestra soberanía alimentaria? Este es un tema de importancia trascendental para el futuro de Guatemala y por eso hacemos una cordial invitación a todas las personas interesadas en escuchar el testimonio de Percy Schmeiser hoy, a las 3 de la tarde, en la 7a. avenida 13-01 zona 9.

Para quienes se pregunten porqué ahora el Colectivo Madreselva está dispuesto a apoyar el esfuerzo de resistencia pacífica de las comunidades de Izabal, ante proyectos de extracción minera, presentamos aquí los argumentos ecológicos.

Cuando se quiere buscar y extraer un mineral del subsuelo (por ejemplo níquel, uranio, u oro) se debe hacer primero la etapa de prospección, que es la más inofensiva. Después viene la exploración, que se puede hacer por medios físicos, químicos o radioactivos.

En esta etapa se abren caminos y carreteras para llevar la maquinaria pesada al posible lugar de explotación; y se producen los primeros impactos ambientales sobre aires, suelos y agua.

Pero la etapa más peligrosa y destructiva es la de la explotación. Para extraer comercialmente un mineral se tiene que eliminar completamente la cobertura vegetal, cualquiera que ésta sea, después se quita el suelo y luego se remueven grandes cantidades de subsuelo.

En muchos casos se usan materiales altamente explosivos, como nitrato de amoniaco mezclado con diesel, y también elementos contaminantes y muy peligrosos, como el cianuro, para separar el mineral buscado.

La explotación permanente de cualquier mineral implica la ampliación de las carreteras, la construcción de edificios, y de pilas para separar los elementos; la eliminación de los residuos requiere de lugares donde depositarlos. Pequeñas partículas de los minerales irán a parar inevitablemente al aire y la contaminación del agua es un ?gaje del oficio?.

Como siempre, y como sucede en los trópicos, los verdaderos beneficios económicos de cualquier proyecto minero se irán a otra parte del mundo, y la gente del lugar explotado se quedará con sus cerros y montañas destruidos, con los efectos de la contaminación en aguas, suelos y aires, y con problemas de salud, sociales y ambientales.

Por todo esto, MadreSelva acompaña la resistencia a los proyectos de minería a cielo abierto que el Ministerio de Energía y Minas impone sobre las comunidades de Izabal.

Y ahora tienen que enfrentar una nueva amenaza sobre el lugar en que viven: el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado concesiones mineras, las que permitirán a compañías transnacionales buscar y explotar minerales en los alrededores del lago de Izabal. Una vez más, lo único que saben los habitantes de El Estor proviene de los rumores que ya circulan.

Algunos estoreños, quienes proclaman que trabajarán próximamente para las compañías mineras, aseguran que estas operaciones ofrecen grandes oportunidades para la población. La primera que mencionan es que se abrirán entre 3 y 5 mil puestos de trabajo.

Mencionan también que la actual población, de unos 40 mil habitantes, aumentará hasta unos 250 mil (mientras escribo esto, me pregunto para quiénes serán los puestos de trabajo ¿para los estoreños o para los miles que llegarán?). Aseguran vehementemente que se invertirán más de cien millones de dólares en proyectos de beneficio social.

Los rumores también indican que pronto se construirá en el área una hidroeléctrica y que la concesión petrolera se volverá a validar.

Pero los habitantes de El Estor no son ingenuos. Ellos ya ?experimentaron? a Exmibal y saben que las atractivas promesas de este tipo de compañía se parecen muchísimo a las promesas de campaña que hacen los candidatos presidenciales.

Saben también que les llegará algo más que dinero: corrupción, prostitución, violencia, y daños severos a la salud y al ambiente. Y saben que perderán la soberanía sobre su territorio, el cual pasará a ser de las compañías mineras y ?sus muchachos?. Así que muchos están genuinamente preocupados, y más decididos que nunca a proteger el lugar donde habitan.

Lo que estas personas quieren es mantener su territorio limpio y sano, para poder seguir sembrando y pescando; y ven en el ecoturismo una oportunidad de alcanzar mejores condiciones de vida. Una vez más, la gente de El Estor asume una posición de resistencia pacífica, llena de dignidad y valor, ante proyectos que afectarán negativamente el lugar en que viven y sus vidas mismas.

Una vez más, notamos que ellos nunca fueron consultados ni informados. Y una vez más, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para acompañarles a enfrentar a ese monstruo que algunos se empeñan en seguir llamando desarrollo.

Todos esos proyectos causan impactos ambientales adversos. Los párrafos del PPP en los que se habla de preocupaciones ambientales son impresionantes, pero las cifras que se destinarán para estos aspectos son ridículas y revelan cuáles son los verdaderos intereses de ese plan.

Sería bueno que los defensores del PPP explicaran también que mucho del dinero que será invertido es en calidad de préstamo. Uno de los efectos del cambio climático podría ser que -en Guatemala- llueva hasta un 30% menos, según informe de Naciones Unidas, con lo cual se afectaría la producción de granos básicos, y disminuirían los recursos hídricos. Una de las medidas que nos aconsejan es que nos adaptemos al cambio, porque los países responsables del cambio climático no están dispuestos a bajar su ?ritmo? de desarrollo.

Guatemala ocupa ¡ya! el primer lugar en desnutrición por hambruna, en América Latina. Esta puede ser la excusa para decirnos a los ecologistas que no estemos molestando con eso de los transgénicos y que tenemos que aceptar las generosas ofertas del Programa Mundial de Alimentos, que nos asegurarán más pobreza y dependencia en el futuro.

Un centroamericano podría ser el próximo Papa; y esto es interesante para los católicos del área, y también para los ecologistas. El candidato es el cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, hondureño, profesor de matemáticas y física, quien toca el piano y el saxofón; él considera que la degradación ambiental es una de las causas del avance de la pobreza en la región.

Según el cardenal, el temá ecológico es básico para las discusiones políticas de la Centromérica del siglo XXI, y señala que los políticos del área hacen gala de su desconocimiento sobre la dimensión de la problemática ecológica.

El ya era cardenal cuando impulsó una protesta contra una operación de minería a cielo abierto de una transnacional norteamericana, en Honduras. Si le preguntan que si tiene posibilidades de suceder a Juan Pablo II, sonríe y dice que puede ser que haya llegado el momento para que América tenga un Papa. ¡Qué bueno sería que un ser humano con conciencia ecológica encabezara una de las instituciones más influyentes de la Tierra!.

Recuperar esa riqueza genética es casi imposible. La S. macrophylla es la caoba que se encontraba desde la parte norte de la Sierra de las Minas, hasta Petén; también esta especie está en peligro de extinguirse.

En estos momentos se debate la posibilidad de incluir a la caoba en el Apéndice II del Cites, el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Cites tiene 4 apéndices, que se diferencian por el grado de peligro en que se encuentra una especie. Las que están en el Apéndice I son las que enfrentan mayor grado de peligro, y por eso se prohíbe su comercio.

La caoba ha estado en el Apéndice III. En este apéndice se colocan las especies que un país quiere proteger localmente. Cuando una especie se encuentra en los Apéndices I y II, las regulaciones son internacionales; las del apéndice I no se pueden comercializar, las del II sí, obedeciendo los controles, establecidos a través de permisos, y solamente cuando no se considere perjudicial a la supervivencia de la población silvestre de la especie.

En Guatemala, el gremio maderero se opone a que se incluya la caoba en el Cites II. La caoba es parte del patrimonio natural de la sociedad guatemalteca, no les pertenece a los madereros. Ellos ya le han sacado una buena ganancia a la explotación de un bien que se encuentra en peligro de extinción. En los años 50 se había terminado ya la mitad del total de la caoba guatemalteca.

Durante la década de los 90 se exportaron, solamente a los Estados Unidos, más de 30,000 metros cúbicos de caoba.

México es el mayor ?importador? de caoba guatemalteca, aunque no tenemos información confiable, sí sabemos que -tanto los que se exportan a Estados Unidos como los que van a territorio mexicano- son árboles que fueron cortados dentro de la Reserva de la Biosfera Maya, y han sido aprovechados, sin que les hubiera costado a los madereros su siembra o su cuidado.

Si los señores del sector maderero están haciendo las cosas bien, no hay razón para oponerse, porque este apéndice no prohíbe, solamente controla, las operaciones comerciales. Es importante que las autoridades guatemaltecas que tienen responsabilidad en este tema, tomen en cuenta los intereses de la sociedad guatemalteca, y no solamente escuchen la voz del poderoso sector maderero, que ya se ha beneficiado bastante con la explotación de un recurso que nos pertenece a todos.

Consideran lo que se factura por el aprovechamiento de los recursos naturales que se explotan tradicionalmente -como la madera, el xate o las plantas ornamentales, por ejemplo- y para asignarle un valor económico más adecuado a nuestro patrimonio natural, se ha considerado el valor de la regulación y producción de agua y la protección de suelos; así como las oportunidades de turismo y recreación.

En contraste, desde que se creó el Conap, el Gobierno de Guatemala nunca ha invertido más de treinta y cinco millones de quetzales anuales, para el cuidado y conservación de estas mismas áreas protegidas.

Hay un área que aún no tiene el status de protección legal, pero que tenemos la obligación de defender, porque es parte importante de nuestro patrimonio natural. Es Río Sarstún, que actualmente se encuentra amenazado por una de las actividades más letales para los ecosistemas tropicales, bajo la figura de la concesión petrolera conocida como A 7-96.

Seguir otorgando concesiones para la actividad petrolera no tiene ningún sentido desde el punto de vista ecológico, porque la destrucción y contaminación de nuestros ecosistemas es irreversible, como aprendimos con el Parque Nacional Laguna del Tigre.

Tampoco lo tiene desde el punto de vista social, pues las actividades de exploración y explotación implican el uso de elementos nocivos para la salud humana, que afectan a las comunidades que se encuentran cerca de las áreas concesionadas.

Pero lo más ridículo de todo es que la actividad petrolera tiene aún menos sentido para el pueblo guatemalteco, desde el punto de vista económico. Según datos del Dr. Rafael Piedrasanta, basado en cifras del Banco de Guatemala, nuestro país no recibe ni un centavo en divisas por la exportación de petróleo.

Por todo lo expuesto, esperamos que el presidente Portillo tenga el valor de cancelar también esta concesión, pues está muy claro que el valor de las áreas protegidas es muchísimo más importante para la sociedad guatemalteca que una concesión petrolera que ensuciará más nuestro suelo nacional y nos hará más pobres.

El Ministerio del Ambiente (que solamente fue una estrategia política-electoral del FRG, para colocar a miembros del partido) sin políticas, directrices o acciones ambientales concretas.

Anuncian que el combate a la hydrilla necesitará -para el primer año- unos 11 millones de quetzales. El gobierno dice que no tiene dinero para invertir en salvar el lago de Izabal y el Río Dulce. Pretenden que lo ponga el Ministerio de Ambiente y el Conap, las instituciones gubernamentales con los presupuestos más ridículos.

El dinero podría salir -digo yo- del Ministerio de la Defensa, o de lo que se ?invierte? en trajes para el señor presidente… por ejemplo. Porque, a Izabal y al Río Dulce vale la pena salvarlos… ¿No?

Además de nuestros problemas ambientales usuales, allí están ahora los casos de la hidroeléctrica del Usumacinta, la reactivación de Celgusa, la carretera de Tikal a Calakmul, las concesiones de minería a cielo abierto, la introducción de transgénicos, nuevas concesiones petroleras y una refinería… Estos y otros proyectos, que atentan todos contra el bien común, caminan segura, lenta y oscuramente.

Aguantamos cosas terribles, en otros ámbitos, como el resarcimiento de las Pac, los casos de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones y de Gobernación, Guatel-Comcel, los depósitos millonarios en los bancos panameños, la inseguridad generalizada y la corrupción institucionalizada.

Se profundiza la sensación de que Guatemala se pierde y que no podemos hacer nada. Ni siquiera frente a la posibilidad de que Ríos Montt pueda ser el próximo gobernante, los aspirantes a la presidencia hacen un frente común, por el bien de Guatemala; a pesar de que esa sería la única manera de evitarnos la pesadilla…

Por supuesto que dan ganas de tirar la toalla. Pero en Guatemala vive también Helen Mack, la valiente e inclaudicable mujer que ha demostrado cómo se vence al miedo. Pase lo que pase en el juicio, con su ejemplo, Helen encendió una lucecita de esperanza en Guatemala, que señala la importancia de la participación, para quienes creemos en la paz y en la justicia. Por gente como ella, aunque tengamos ganas de tirar la toalla, no lo haremos.

Es alentador ver al Conap asumir el papel de liderazgo, para tratar de conservar un importante ecosistema, aun cuando el área no esté oficialmente dentro del listado de áreas protegidas. La prensa ha dado cobertura al conflicto que se ha generado entre las municipalidades de Chicamán y Uspantán, por el proyecto vial. Es lamentable que el alcalde de Uspantán, quien fue invitado, no haya asistido a la reunión, ni hubiera enviado algún representante.

De la reunión nos quedan varias cosas claras: nadie puso en duda la importancia de conservar un ecosistema generador de agua, e importante patrimonio de biodiversidad. También es importante mencionar que hay otras opciones, para que las comunidades interesadas puedan tener una carretera.

La opción de carretera que impulsa la alcaldía de Uspantán ya fue rechazada por el Ministerio de Ambiente y también por Caminos. Fue muy interesante escuchar que muchas de las comunidades de Uspantán también prefieren la opción de una carretera que no atente en contra de la conservación del Amay.

Y por último, que los trabajos de apertura que fueron iniciados por la municipalidad de Uspantán son ilegales por dos razones: no hay un estudio de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente; al contrario, lo que hay es un dictamen técnico firmado por el doctor Juan Calle -desfavorable a la apertura de la carretera.

Y también lo hace ilegal, ya que más de la mitad de la carretera se encuentra en Chicamán, lo cual atenta contra la autonomía de esa municipalidad, que gestiona para que las montañas del Amay se protejan.

Atestiguamos un esfuerzo de diálogo y apertura muy interesante, en el que participaron varias instituciones gubernamentales, vecinos de Quiché y sociedad civil. Ojalá el alcalde de Uspantán se una a este esfuerzo y comprenda que la conservación de esas montañas beneficiará directamente más que al resto del mundo, a esas comunidades, pues tendrán agua, bienes naturales y seguridad ambiental a largo plazo.

De repente este proceso nos deja con un modelo de cómo las comunidades pueden participar en la defensa de los bienes naturales de los cuales dependen para tener buena calidad de vida. Y de cómo el Conap puede facilitar estos procesos de conservación, como le corresponde.

Según una nota de Acan EFE, publicada en Siglo Veintiuno el 4 de septiembre, el señor Cáceres con motivo de la cumbre del desarrollo sustentable- anunció que Guatemala en breve reducirá en seis mil efectivos su Ejército y que los fondos ahorrados con esta medida serán destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Acá, en esta Guatemala en la que vivimos ustedes y yo, recientemente se le notificó al Conap que tiene que recortar su presupuesto de este año en Q1,600,000. Conap es la institución gubernamental que nos cuida el patrimonio natural. Ya el presupuesto asignado era ridículo, por insuficiente.

Yo le recomendaría a don Carlos averiguar sobre el presupuesto asignado a su ministerio para el año entrante, que según informaciones que nos llegan, es el más bajo de todos. En su columna de La Hora, publicada el 17 de septiembre, el señor Cáceres dice: los pueblos y países de la región consideraron la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible como una oportunidad para evaluar el progreso logrado, en todos los niveles, respecto del cumplimiento de los compromisos asumidos en Río 92 y para adoptar acciones efectivas en la búsqueda de soluciones para los nuevos desafíos del desarrollo sostenible.

Dice también que los guatemaltecos y guatemaltecas se comprometen racionalmente para lograr un mayor desarrollo sostenible y que están conscientes de su responsabilidad de proporcionar un ambiente sano a sus hijos a través de mejorar la calidad de vida.

Muchos leímos los titulares de prensa, tanto nacionales como internacionales, en los que se dice que la Cumbre de Johannesburgo fue un fracaso, que decepcionó al mundo y que solamente generó sentimientos de frustración.

Así que yo no sé en qué galaxia estaba el ministro Cáceres, pero en Sudáfrica parece que no. No creo que don Carlos esté tratando de engañar a nadie, porque quienes vivimos en esta Guatemala sabemos del incumplimiento de los compromisos adquiridos en Río, de la ausencia de acciones efectivas, y que estamos lejos de asumir la responsabilidad de dejar un ambiente sano a nuestros hijos. Creo que lo que pasa es que don Carlos es de otro planeta, o vive en una dimensión de la realidad que nosotros no conocemos.

Algunos sectores siguen pensando cómo convertir a Guatemala en un país petrolero ?aunque sea a costa de la degradación humana y la contaminación ambiental que la industria petrolera genera en los lugares donde opera-; algunos planean cómo sacarle las máximas ganancias a la generación eléctrica por medio de proyectos hidroeléctricos -que pueden destruir sitios arqueológicos, alterar ríos y desplazar comunidades- y otros sueñan con abrir carreteras en medio de las únicas selvas vírgenes que nos quedan ?aunque sabemos que con las carreteras se mueren las selvas.

Todos estos proyectos (y muchos otros) tienen altísimos costos negativos en los ámbitos social y ambiental, que no se toman en cuenta. Mientras en la mayoría de los países ya se reconoce la importancia de debatir sobre las implicaciones de los megaproyectos sobre el futuro de los pueblos, aquí, a los políticos y a los negociadores de los tratados que liberalizan el comercio, no les interesa para nada.

Estos son tiempos difíciles para Guatemala. En lo ambiental también. Un ministerio del ambiente que no sirve para nada, una fiscal ambiental en el Ministerio Público que en realidad está contra el ambiente, el Conap tratando de recuperarse de un proceso de desmantelamiento… En fin, un desastre.

Así, es preocupante enterarnos que uno de los pocos espacios para el debate de las cuestiones políticas que interesan a la ciudadanía se ha cerrado. Con la desaparición del programa de Marielos Monzón, Ronaldo Robles y su equipo perdió Guatemala; y perdimos también los ecologistas, pues allí se nos permitió opinar libremente sobre temas controversiales como las concesiones petroleras, la impunidad ambiental, el rol de las empresas madereras, la corrupción institucional o los impactos de las grandes hidroeléctricas.

Nuestra solidaridad para Marielos y Ronaldo, quienes seguramente encontrarán un mejor lugar para seguir con su admirable trabajo. Así las cosas, valoramos especialmente la total libertad que nos ha dado Prensa Libre con este espacio. Porque si se nos siguen cerrando los espacios, estamos en peligro de quedarnos sin perspectiva para el futuro.

Esta exposición que los miembros de la Red de Alerta Petrolera (Oilwatch) desplegamos frente al sitio donde se llevaban a cabo las reuniones oficiales de la Cumbre de Desarrollo Sustentable, en Johannesburgo ¿ por qué provocó una reacción tan violenta y represiva?

?Fluye Petróleo Sangra la Tierra?, por medio de fotografías y poesía, denuncia públicamente y confronta el discurso de las empresas petroleras -como Shell, Texaco, British Petroleum, Esso, Elf y otras- con los efectos que su presencia causa en los ecosistemas. El Oilwatch es una red de los países del sur, que promueve la resistencia ante el avance de la frontera petrolera en los trópicos.

El enfoque es en los países tropicales en los que hay petróleo porque, si bien el petróleo es fuente de riqueza para los países del norte, en donde se le extrae se convierte en fuente de pobreza, que provoca contaminación y severos problemas de salud; y la destrucción de culturas originarias y de ecosistemas.

Compañías como BMW, por ejemplo, que ha colocado anuncios en revistas de aviones, donde dicen enfrentar el problema de la contaminación del aire desde una perspectiva novedosa: la de quien maneja el auto; y como solución diseñaron un ingenioso mecanismo para que el aire sucio no afecte a quien conduce, así ¡no tendrá que respirar el mismo aire que los demás!

Esta experiencia ilustra lo que sucedió en Johannesburgo, donde las compañías transnacionales se pintaron de verde -haciendo creer que son responsables y respetuosas del ambiente- y se compraron el ?derecho? de estar en la cumbre, mientras las demandas de los más pobres, fueron invisibilizadas.

Se propuso la estrategia de alianzas o asociaciones voluntarias con las corporaciones transnacionales cuyo objetivo es hacer un mercado del medio ambiente y utilizar esta vía para aumentar su poder construyendo para sí un régimen de máximos beneficios y total impunidad. La muestra fotográfica ?Fluye Petróleo Sangra la Tierra? estará en exhibición hasta el 13 de este mes, en el Museo de la Universidad de San Carlos, Musac, en la 9ª avenida 9-79 zona 1 -cerrado martes y domingo-.

Desde la óptica de los ecologistas, esta cumbre debería llamarse Río – 10, porque, en materia ambiental, estamos retrocediendo.

Aunque ahora hay más deforestación, los desiertos avanzan, las emisiones de humo contaminante siguen aumentando, más contaminación, menos agua limpia y aire puro en nuestro planeta, la mayoría de los representantes oficiales -los delegados de los gobiernos- hacen discursos impresionantes muy tranquilamente, porque la situación ambiental les importa muy poco; muchos de los observadores sabemos que mienten, pero sólo podemos mordernos la lengua, porque en las reuniones oficiales no podemos participar. Eso no es nuevo.

La sorpresa que marca con más claridad esta cumbre es la manera cómo las compañías multinacionales han logrado penetrarla. Las mismas a las que poco les importa el futuro del planeta.

Ahora, además de las declaraciones y los compromisos gubernamentales (tipo 1), se permiten compromisos o alianzas ?tipo 2?, las cuales son voluntarias, pueden establecerse entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y transnacionales.

De esa manera están tratando de privatizar la cooperación internacional y de subordinan los convenios ambientales internacionales a los acuerdos comerciales.

Además, se están dejando de lado algunos de pocos principios en los que se había logrado avanzar, como el principio de precaución.

Pero uno de los retrocesos más tristes ha sido ver a muchísimas organizaciones no gubernamentales entrar en las negociaciones, con lo que permiten que se les use para legitimar los proyectos de esas compañías, a las que les conviene que la sociedad dependa de lo producido por ellas.

Por eso, y por todo lo demás, tenemos que mantenernos vigilantes y decididos, porque no tendremos otra oportunidad. El despilfarro y abuso de la sociedad de consumo y el uso de fuentes de energía convencionales y nocivas no le dan tiempo a la Tierra de reponerse del desgaste producido por la contaminación y la velocidad con la que se le extraen los bienes y servicios naturales. Hasta ahora no hemos descubierto otro planeta que podamos conquistar y destruir, así que ¡a cuidar esta casa!.

Todas y todos tenemos presentes el huracán que golpeó a Petén, la fuga de 78 de los reos más peligrosos del país, la impunidad con que se mueven algunos de los delincuentes más audaces, la subida de la carga tributaria, la corrupción imperante, la caída de los precios del café, el azúcar y el ajonjolí; la sequía en Camotán y Jocotán, el atentado del 11 de septiembre, la caída del presidente de Argentina.

Cosas que pasaron dentro del país y otras que sucedieron fuera nos afectaron seriamente.

Y el año que viene no se ve fácil. Estamos en un peligroso camino de deterioro social, económico y ecológico. Pero no quiero despedir el 2001 con un pensamiento negativo.

Para que las cosas cambien de rumbo en Guatemala, las y los ciudadanos tenemos que participar.

Eso implica algo más que ir a depositar un voto cada cuatro o cinco años, o alegar o aplaudir por lo que hace el gobierno de turno.

Vamos a tener que aprender cómo ser mejores ciudadanos, si queremos un país mejor. El tamaño de la responsabilidad varía, dependiendo del ciudadano.

Los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que apenas se alimentan, y que no saben siquiera leer y escribir tienen una responsabilidad relativamente pequeña.

En cambio aquellas y aquellos que toda la vida han tenido alimentación adecuada, acceso a servicios de salud y una educación superior, tienen una responsabilidad mayor. Con sólo ese sector de la sociedad guatemalteca decidido a participar en mejorar las condiciones de nuestro país, otro gallo cantaría.

Yo escribía, al principio de este artículo, que no quería despedirme del año con un pensamiento negativo.

Voy a hacerlo pensando que la fuerza natural de esta tierra, tan generosa y exuberante, nos llenará de la energía necesaria para trabajar armoniosamente en el rescate de Guatemala.

Tenemos que empezar por decidirnos a trabajar en conjunto, reconociendo, apreciando y respetando nuestras diferencias: sumando nuestras fortalezas y minimizando nuestras debilidades.

Vamos a vencer el miedo, la desconfianza y la indiferencia. Vamos a atrevernos a soñar que podemos recuperar nuestra capacidad de vivir en armonía, entre nosotras y nosotros mismos, y con la Tierra.

Quienes habitamos el país de la eterna primavera vamos a participar en la construcción de un hogar digno, para hombres y mujeres de maíz. ¡Feliz Año 2002!.

Ahora entendemos mejor que nunca que la corrupción y la contaminación engendran pobreza, injusticia y violencia.

No es extraño que nos sintamos atrapados en un proceso de deterioro del que imaginamos que no podremos salir, porque también en el contexto mundial encontramos -poco más, poco menos- los mismos ingredientes.

Es importante aprovechar cuando hay condiciones críticas para soñar con una sociedad guatemalteca que conviva en armonía, sobre una tierra de primavera eterna. Esta maravillosa tierra en la que habitamos las y los guatemaltecos es cálida, rica, tropical, muy especial. La hemos dañado severamente, pero todavía tenemos un tesoro inigualable.

Y es ¡nuestro! tesoro. Así que, también, tenemos la responsabilidad de cuidar de ella.

Todo lo que hagamos podemos hacerlo pensando en que la Tierra es un ser vivo en estado de coma, que no aguanta con mucho más veneno del que ya se le inyectó en aguas, aires y suelos.

Y que, aunque nuestras acciones nos parezcan insignificantes comparadas con las de todo el mundo, cada una va sumando. Y allí radica un punto vital. Cada cosa que se hace y cada cosa que se deja de hacer cuentan.

Cada una de nuestras acciones provoca efectos en nuestros semejantes y en el lugar en que vivimos.

Somos responsables de los efectos de nuestras acciones, ante las demás personas y criaturas, y ante la Tierra.

Si durante el último siglo, quienes formamos la sociedad guatemalteca hemos dañado este pedazo de Tierra, como una gran familia, podríamos reaccionar y hacer un camino común, hacia el futuro.

Necesitamos mucha fuerza de convicción para salir de esta aplastante inmovilidad. Ojalá que los vientos fríos de diciembre se lleven consigo la apatía y la indiferencia.

Ahora, más que nunca, tenemos que darnos el lujo de soñar. Soñar que podemos convivir inteligente, sana y dignamente.

Que en todos los hogares guatemaltecos haya armonía en las fiestas de fin de año, y que los corazones de mujeres y hombres conozcan paz y bienestar, son los deseos del Colectivo MadreSelva.

También hemos señalado diferentes situaciones que amenazan el bienestar del río y de sus habitantes. En esta oportunidad volvemos a enfocarnos sobre Río Dulce, preocupados por un rumor que corre y crece, de que volverán a atentar contra el oleoducto.

Sabemos que la gran mayoría de los incidentes de rotura que sucedieron en 2001 fueron provocados por la gente. Hay quienes chantajean directamente a la compañía, para negociar indemnizaciones, hay también pequeños grupos de gente que -posiblemente empujada por la ignorancia, falta de visión y desesperación- después de cortar el tubo, corren a las puertas de la compañía petrolera a ofrecer sus servicios para limpiar el desastre provocado.

Sólo que esta vez dicen que en lugar de ir a cortar con una sierra se va a utilizar dinamita. ¿Será que estas personas no se dan cuenta de que van a provocar un desastre ambiental irreparable, que a quienes va a afectar más directamente es a ellas mismas? Lo más terrible es que, aunque consigan dinero o un trabajo temporal para limpiar la mancha, las consecuencias de la contaminación del río las van a sufrir por muchos años.

No pretendemos que estas personas, en medio de una situación social y económica tan difícil como la actual, le den su justo valor a un patrimonio nacional tan importante como el Río Dulce.

Hay gente que podría estar manipulada o utilizada, hay gente desesperada, y cansada de oír promesas de la Basic (que hoy pertenece a la compañía petrolera francesa Perenco) que jamás se cumplen.

La compañía francesa parece no entender que está criando cuervos… Quienes saldremos perdiendo somos los guatemaltecos, porque Perenco está aquí sólo por un negocio; dentro de unos años empaca y se va, sin que le afecte si el Río Dulce vive o si lo deja muerto.

Por eso denunciamos, públicamente y a tiempo, ese rumor ante las autoridades competentes y la compañía petrolera, para que investiguen, y que se evite un desastre anunciado.

Río Dulce es valiosísimo e importante. El oleoducto no está bien cuidado. Si lo dinamitan, serán corresponsables Perenco, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente y, en última instancia, el gobierno actual.

Estos experimentos han generado mucha preocupación, por los riesgos potenciales de su aplicación, ya que esta nueva ciencia se ha desarrollado en los tubos de ensayo de los laboratorios, y no sabemos cómo se van a comportar los nuevos organismos en el ambiente.

Las y los guatemaltecos nos identificamos como gente de maíz; el maíz está presente en los textos sagrados, es elemento de identidad y sustento primordial de la mayoría de la población.

Aquí se encontró el teocinte, la especie silvestre anterior al maíz; hay evidencias de que en Guatemala se cultiva maíz desde hace más de 7 mil años, y hay por lo menos 164 variedades locales. Los campesinos y agricultores guatemaltecos han sabido cuidar, guardar e intercambiar las mejores semillas, a través de miles de años.

Ahora, esa riqueza y cultura ancestral se ve directamente amenazada por las semillas de maíz transgénico. Las semillas transgénicas tienen la capacidad de contaminar cualquier campo de maíz cercano, con lo que se irán perdiendo las variedades locales. Muchas veces estas semillas transgénicas no son fértiles, o se suicidan después de la primera generación, lo cual obliga al agricultor a comprar semillas para cada cosecha. Además, las nuevas plantas son dependientes de productos químicos para sobrevivir.

Casi todas las semillas transgénicas de maíz son propiedad patentada de la multinacional Monsanto. Los productos químicos también. Si las semillas transgénicas entran libremente a Guatemala, los agricultores locales perderán la independencia alimentaria que hasta ahora han sabido mantener.

Se verán obligados a comprar semillas y productos químicos cada vez que vayan a sembrar. La estrategia que estas compañías transnacionales utilizan para colocar su producto en el mercado es aprovechar situaciones críticas como una hambruna.

Por ejemplo, ¿cómo decir no a una generosa donación de maíz transgénico, del Programa Mundial de Alimentos, cuando la gente se está muriendo de hambre? Ante este tipo de situaciones tenemos que ser muy cuidadosos y responsables.

No estaría bien aceptar limosnas que a la larga van a sumir a la gente en un círculo aún más profundo de pobreza y dependencia. Chapines, ¡a cuidar la milpa! que allí viene Frankenstein a patentar y apoderarse de todo lo que se pueda.