La posición de Washington se plasma en un comunicado de prensa del Departamento de Estado emitido este jueves y suscrito por el subsecretario y portavoz, John Kirby, según informó en su cuenta de Twitter la embajadora norteamericana en Managua, Laura Dogu.

“Estados Unidos acoge con satisfacción la noticia de que la Organización de Estados Americanos sostendrá un diálogo con Nicaragua sobre su proceso electoral. Urgimos al Gobierno de Nicaragua a emprender un debate abierto, amplio e inclusivo con la OEA sobre dicho proceso”, señaló el comunicado.

Estados Unidos también reiteró su “llamado al Gobierno de Nicaragua para que respete las voces de su gente y cree un entorno más propicio para la realización de elecciones libres, justas y transparentes que permitan al pueblo de Nicaragua decidir el futuro de su país”.

El pasado domingo, la presidencia de Nicaragua dio a conocer que entablará “una mesa de conversación” con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en torno al tema electoral, sin precisar fecha de la misma ni los puntos a incluir en la agenda.

Según el Gobierno, Almagro envió un informe a Ortega “ponderando los hechos” sobre el actual proceso electoral y el mandatario mostró “disposición a trabajar en una mesa de conversación e intercambio constructivo” con la OEA.

Tras la exclusión de la principal fuerza de oposición de Nicaragua de las elecciones del próximo 6 de noviembre, los adversarios de Ortega exigen suspender los comicios y realizar otros de manera “justa, limpia y transparente” con participación política plural y observación nacioanal e internacional.

En julio pasado, Almagro recibió a varios líderes opositores nicaragüenses, que han llamado a la población a no votar. “Elecciones transparentes y competitivas se logran garantizando derechos de todos los candidatos”, escribió en esa ocasión Almagro en su cuenta de Twitter.

La oposición también ha pedido a Almagro hacer pública la agenda de un eventual diálogo con la administración de Daniel Ortega, quien a sus 70 años se propone reelegirse por segunda vez para un cuarto período presidencial a partir de 2017.

Ortega aparece como favorito en las encuestas, frente a cinco candidatos de partidos minoritarios que reúnen juntos menos del 10 por ciento de las preferencias electorales, según las encuestas.

Unos 3,8 millones de nicaragüenses están habilitados para votar y elegir un presidente, un vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional (parlamento) y 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

En declaraciones al Canal 4 de Televisión, Funes aseguró que “los compañeros del partido Fmln (…) me mandaron a decir que tenían información que si yo regresaba a El Salvador no solo pondría en riesgo mi integridad física” sino que “seguramente” sería “capturado inmediatamente”.

Nicaragua otorgó asilo a Mauricio Funes (2009-2014) y su familia el pasado martes, atendiendo el argumento que era un perseguido por su filiación política en El Salvador, país que ha abierto un proceso judicial por supuestos actos de corrupción.

El e presidente arremetió en contra de la oligarquía salvadoreña y la acusó de promover el proceso judicial, que “en el fondo” es un acto de “persecución política donde la derecha (política) está utilizando (a) las instituciones del Estado para provocar mi muerte civil y de ser posible, mi exterminio físico”.

Desde el inicio de las investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito, agregó, “me irrespetaron mi derecho de audiencia, mi derecho a la defensa” y toda la actuación ha sido “totalmente arbitraria”.

Justificó la decisión de buscar asilo en Nicaragua porque “es un país solidario” y el Gobierno de Daniel Ortega “me garantiza la protección que requiero para asegurar la integridad física mía” y su familia.

Funes reside en una exclusiva zona de Managua, “Las Colinas”, y se mantiene bajo custodia de agentes de la Policía Nacional. Desde mediados de agosto, el ex mandatario ya contaba con protección policial en la capital nicaraguense. El martes había asegurado que no renunciaba a enfrentar el proceso judicial “ni a probar mi inocencia”.

Funes está siendo procesado en El Salvador por enriquecimiento ilícito, al no haber podido justificar ante las controlarías la procedencia de más de 700 mil dólares de sus cuentas, ni la propiedad de unas cien armas, entre otros bienes.

Decenas de oficinas y domicilios de Funes y del empresario Miguel Menéndez, allegado suyo, fueron registrados por la fiscalía en busca de documentos para probar posibles delitos cometidos por el primer presidente de izquierda que gobernó en El Salvador.

El Gobierno nicaragüense informó el martes que había concedido asilo a Funes por considerar válido el argumento de que “su vida e integridad física están en peligro” en El Salvador.

En un pronunciamiento leído en rueda de prensa, el denominado “Grupo de los 27” aseguró que “no hay por quién votar” debido a que el Gobierno no garantizó un proceso electoral “transparente” y excluyó de la contienda a la principal fuerza de oposición.

“Si por miedo al voto ciudadano cierran la puerta a la democracia, entonces tenemos el deber y el derecho de abrir otra, grande y con resultados contundentes: la resistencia pacífica expresada en la abstención activa”, subrayó el informe.

“Los nicaragüenses no debemos acudir a las urnas en noviembre. Esa es la forma legítima y efectiva de reivindicar nuestro derecho a construir nuestro futuro en paz, democracia y libertad”, agregó.

Según “Los 27”, existen anomalías en el padrón electoral y en el proceso de cedulación ciudadana (requisito para el sufragio), además de que Ortega no autorizó la observación electoral independiente, por lo cual consideraron que se está “ante una burda maniobra (…) y no ante un proceso electoral auténtico”.

“Consideramos como un deber moral y una obligación patriótica, repudiar la mascarada electoral que ensaya la dictadura”, se indicó.

La proclama es la tercera emitida este año por el grupo que forman los poetas Ernesto Cardenal, Gioconda Belli y Michelle Najlis; el catedrático Carlos Tünnermann; la periodista Sofía Montenegro; los economistas Sergio Bofelli y Cirilo Otero y los políticos opositores Fabio Gadea Mantilla y Edmundo Jarquín, entre otros.

Consultado por los periodistas, Tünnermann dijo que la “abstención activa” supone la realización de protestas y manifestaciones para “seguir oponiéndonos a los abusos de este proceso electoral”.

“Llamamos a los nicaragüenses a comportarse como ciudadanos y no como súbditos, a organizarse y a protestar porque no vamos a votar por una monarquía”, afirmó por su parte la periodista Montenegro.

Entre los miembros de “Los 27” figura Enrique Zelaya (alias “doctor Henry”), exjefe de la “contra” que combatió al primer Gobierno de Ortega en la década de 1980.

“En 1990 nosotros desmovilizamos de la montaña a 15 mil hombres porque nos prometieron paz y elecciones vigiladas, justas y transparentes. Hay que evitar que se repita la guerra porque ese país no podría resistir” otro conflicto armado, advirtió.

Sectores antagónicos al gobierno debaten entre llamar a la abstención o votar nulo para expresar su descontento y poner en evidencia la falta de legitimidad del proceso y su resultado. En Nicaragua el sufragio no es obligatorio.

Gadea negó que la abstención sea perjudicial para la oposición, que quedaría sin espacios políticos, porque a su juicio “de todas formas se roban los votos” .

Según Gadea, en 2011 él obtuvo “una montaña de votos”  pero el resultado oficial le asignó solo 30% de la votación. En protesta, no asumió el escaño en el congreso que le corresponde al candidato del segundo lugar.

El exembajador de Nicaragua en Estados Unidos en la década de 1980, Carlos Tunnerman, recordó que “estamos en situación que diputados ya electos fueron despojados a pesar de que fueron respaldados por el voto del 30%”  de la población.

El 28 de julio, el tribunal electoral destituyó a 28 diputados opositores que se negaron a reconocer un fallo judicial que le quitó la dirección del Partido Liberal Independiente a Eduardo Montealegre y se la entregó a Pedro Reyes, al que acusan de colaborar con el gobierno.

La primera dama y portavoz presidencial, Rosario Murillo, dijo a medios oficiales que en las últimas horas se reportaron cuatro nuevos casos confirmados de la enfermedad, que se suman a los 11 contabilizados por el Minsa hasta ayer lunes a nivel nacional.

Murillo pidió a la población “mantener la serenidad” y aseguró que no se ha confirmado que exista un vínculo entre el zika y los miles de casos de malformaciones congénitas reportadas en países como Brasil, el más afectado por el virus.

Murillo indicó que han seguido con detenimiento las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la emergencia internacional decretada por la epidemia y también se han mantenido informados sobre las disertaciones de científicos y médicos, que han hablado sobre la relación del zika con la microcefalia, para comunicar a la población con responsabilidad.       

“No todos los bebés de las mujeres que contraen el zika en estado de embarazo nacen con microcefalia porque no hay todavía pruebas concretas y específicas del vínculo”, dijo Murillo.       

Explicó que han orientado a las autoridades de salud de su país desplegar todas las alertas y dar atención más cercana a las mujeres embarazadas que han sido contagiadas, así como seguir en el trabajo preventivo con más fuerza en las comunidades y barrios.       

“Vamos a convocar a un foro de especialistas materno infantiles para abordar esta emergencia sanitaria, aparte de los intercambios regionales que se están dando sobre cómo abordarla, porque es algo mundial”, indicó la vocera gubernamental.  

Nicaragua es uno de los países con más alta tasa de natalidad y de embarazos entre adolescentes.

En ese país está prohibida toda forma de aborto desde el 2006.

El gobierno reportó hace apenas seis días el primer caso de zika, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, también vector del dengue y del chikungunya, virus que han azotado a varios países de Centroamérica desde el año pasado.