Pionero en materia de estudios en la economía del desarrollo, el Nobel Michael Kremer suele destacar cuatro áreas como cruciales para impulsar la prosperidad y erradicar la pobreza: educación, salud, acceso al agua potable y agricultura.

Kremer, profesor en la Universidad de Chicago, Embajador de Buena Voluntad del IICA en Temas de Desarrollo Sostenible y reconocido internacionalmente por sus aportes para aliviar la pobreza global, coloca a la agricultura en ese podio por el papel clave de la actividad para generar ingresos y promover el bienestar en los territorios rurales, especialmente entre los agricultores familiares, para quienes la falta de escala y de acceso a conocimientos y tecnologías supone siempre la amenaza de quedar atrás.

En la búsqueda de soluciones efectivas y rápidas que permitan transferir conocimientos, incorporarlos a las tareas cotidianas y obtener beneficios de modo de disparar procesos virtuosos de crecimiento, la agricultura digital puede tener también un rol tan relevante como el de la educación y la salud, dada su capacidad potencial de poner a disposición de agricultores de escasos recursos herramientas fundamentales como información meteorológica útil para manejar cultivos, sobre la salud del suelo, y sobre cómo mejorar prácticas agrícolas específicas, entre tantas otras.

Este tipo de servicios es vital para el eslabón más débil del sector agropecuario, de modo de auxiliarlo a obtener mejores rendimientos y aumentar ingresos, constituyendo una herramienta de empoderamiento de los agricultores, que favorece su arraigo y el recambio generacional en las zonas rurales, contribuye a evitar migraciones masivas y los convierte en protagonistas en el enfrentamiento al cambio climático.

Para concretar su potencialidad, resulta fundamental promover la conectividad, enfocar en las brechas entre la situación urbana y rural, en el acceso a internet y a comunicación plena a través de la tecnología para las mujeres y la población joven.

Las actuales limitaciones que ralentizan el proceso de digitalización de la agricultura residen en barreras evidentes, como los obstáculos en la infraestructura y disponibilidad de dispositivos, y en otras más sutiles, como el desconocimiento de las oportunidades que brindan estos recursos en la vida económica y los déficits en el uso de las tecnologías digitales.

Según un estudio realizado en el 2022 por el IICA, el Banco Mundial, Bayer, la CAF, Microsoft y Syngenta, un total aproximado de 72 millones de habitantes rurales de 26 países de América Latina y el Caribe no acceden a una conectividad con estándares de calidad mínimos.

Pese a los avances verificados desde 2020, Centroamérica es, además de una de las regiones de mayor vulnerabilidad climática a nivel mundial, también una de las que presenta las mayores disparidades internas en materia de conectividad significativa rural, que mide el uso regular de internet, el acceso a dispositivos adecuados, la disponibilidad de datos suficientes y la velocidad de la conexión.

El 74% de los hogares urbanos de Centroamérica tienen acceso a conexiones fijas de internet, en contraposición al 42% de los hogares rurales, según datos de 2022 relevados por el Banco Mundial y PNUD.

Se trata de 32 puntos porcentuales de diferencia, ante una brecha urbano-rural de 28 puntos en el promedio de América Latina y el Caribe, según los datos de IICA, el Banco Mundial, Bayer, la CAF, Microsoft y Syngenta.

En las mediciones del 2020, Centroamérica presentaba una condición de polarización: Costa Rica y Panamá constituían los casos de alta conectividad, mientras que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua integraban el clúster más bajo.

En el 2022, con la post pandemia, el escenario se transforma con avances de conectividad verificados en El Salvador (que pasa del clúster de baja conectividad al clúster medio) y en Honduras, que presenta una expansión de casi el 13% en el acceso por el impacto de políticas de fomento a la conectividad para hogares vulnerables y planes específicos del sector público y privado orientados a promover el acceso a la conectividad rural mediante tarifas diferenciadas en los servicios de telefonía móvil.

Pese a estos cambios y mejoras relativas, persiste una condición de desventaja en tres países (Guatemala, Honduras y Nicaragua). Registrar los cambios en el mapa de la situación de la conectividad rural permite vislumbrar que resta mucho por avanzar en esta materia.

Las políticas públicas, sobre todo ante la emergencia que planteó la pandemia, se activaron a partir del rol proactivo de la cooperación internacional, así como de las alianzas público- privadas. Centroamérica se encuentra frente al desafío de ampliar sus niveles de conectividad, para lo que deberá acentuar el fomento a los programas de inversión y ecosistemas de digitalización para la agricultura.

Se trata de una agenda urgente, especialmente para regiones como el Corredor Seco, donde conviven cerca de 30 millones de personas azotadas por problemas sociales como la migración masiva y por los embates del cambio climático, y en la que la agricultura emplea a un 42 por ciento de la población. Allí, el mal manejo de los recursos naturales, el alto desempleo y la baja escolaridad son factores que inciden para que 1 de cada 3 personas acceda a sólo una comida al día.

La mejora de las condiciones de vida de mujeres, jóvenes y del conjunto de la población rural –centrales para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental-; el impulso al desarrollo de la agricultura y la prevención de los riesgos medioambientales, pueden maximizarse a través de la incorporación y el uso de las tecnologías digitales en las actividades cotidianas.

*Director General Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

A nivel global, la principal preocupación está en el escaso progreso de las negociaciones sobre cuánto avanzar en la eliminación gradual de las energías fósiles, consideradas el principal escollo para lograr el objetivo de un incremento de la temperatura global de sólo 1,5 por ciento sobre los niveles de la era preindustrial. La actual situación geopolítica conspiró para que no se lograran progresos, más allá de incluir algún concepto sobre energías renovables.

En contraposición, se lograron avances en la cuestión de financiamiento, con la creación de un fondo de “pérdidas y daños” para hacer frente a los efectos de cambio climático particularmente en los países más vulnerables, algo muy relevante para América Latina y el Caribe y un cambio respecto a la posición que prevalecía, que planteaba que la estructura ya existente de financiamiento para la cuestión climática era la que debía hacerse cargo de estas problemáticas.

Restan definir las modalidades operativas de este fondo, incluyendo su magnitud y quienes serán los aportantes –lo que deberá hacerse en el 2023- pero lo decidido implica un cambio significativo y una respuesta, aún parcial, a los eventos climáticos destructivos cada vez más frecuentes y el impacto que tienen sobre los países más débiles.

El texto final de la declaración pone sobre la mesa la necesidad de que las instituciones financieras internacionales sean parte integral de la lucha global contra el cambio climático, algo muy importante dada la magnitud y capacidad transformadora que tienen estos organismos sobre la economía global.

Por primera vez el texto resolutivo hace referencia a la necesidad de acciones específicas sobre los océanos, los bosques y la agricultura, vinculando ésta a la seguridad alimentaria, como una prioridad fundamental para el logro de los ODS, particularmente el referido a la eliminación del hambre.

En paralelo, se propone establecer un grupo de trabajo conjunto sobre la implementación de la acción climática sobre agricultura y seguridad alimentaria, que deberá continuar las actividades relacionadas a la agricultura con una visión ampliada en su relación con la seguridad alimentaria y con la participación de la ONU y otras entidades relevantes, la academia, el sector privado y la sociedad civil, incluyendo las organizaciones de productores. El grupo deberá reportar sobre sus deliberaciones y propuestas a la COP de 2026 y a los distintos cuerpos de la Convención.

Esto es un avance significativo. En las COP previas no se había hecho mención a la agricultura ni a la alimentación, aunque sigue sin incluirse la temática de los sistemas alimentarios, principal tema de la Cumbre de la ONU sobre Sistema Alimentarios de 2021, y no se profundiza en el abordaje sobre lo que la agricultura puede aportar a los esfuerzos de mitigación y, en especial, a su capacidad de servir como sumidero de carbono.

Desde la perspectiva de nuestra región, las Américas, se abren grandes oportunidades en lo que hace al papel de la agricultura en las estrategias de desarrollo sostenible. La magnitud de los recursos naturales sobre los que se asienta nuestra agricultura y su peso en los mercados internacionales hacen que sea un componente estratégico de la seguridad alimentaria, nutricional y ambiental global.

El desafío es llevar esa visión a las negociaciones, incorporando la dimensión empírica de nuestra agricultura, que lejos de ser parte del problema es claramente parte de la solución, con sus altos niveles de eficiencia y sostenibilidad. Más importante aún es consolidar en nuestros países que el futuro admite sólo estrategias productivas sostenibles e inclusivas.

Hemos dado pasos muy importantes para eso. Uno es el mensaje de consenso de los Ministros de Agricultura de las Américas dado en las vísperas de la COP 27, en el que se hace énfasis en la importancia de la agricultura como instrumento para las tareas de mitigación y adaptación al cambio climático y en sus indispensables contribuciones a la fortaleza económica y social de nuestras sociedades.

En ese mensaje se asume el compromiso de fortalecer la presencia de los Ministerios y Secretarías de Agricultura y Ganadería en los ámbitos de discusión climática nacionales, hemisféricos y globales, compromiso que comenzó a materializarse a través de la presencia de ministros y secretarios de las Américas en la COP realizada en Sharm El Sheik y en las actividades del pabellón Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas, instalado en esta Cumbre por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) junto a más de 40 socios del sector público y privado, bajo el lema “Alimentando al Mundo, Cuidando el Planeta”.

Debemos transformar ahora los consensos generales en un plan de trabajo con acciones específicas.

Una hoja de ruta parece estar clara: la Agricultura Sostenible, basada en ciencia e innovación y con el rol protagónico de sus agricultores, tiene que ser parte de la solución a los problemas que traban el desarrollo de la Humanidad.

*Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Los problemas en materia de seguridad alimentaria se producen en un contexto propio de la región: América Latina y el Caribe tuvo entre 2012 y 2019 la más baja tasa de crecimiento desde la “década perdida” de los años de 1980.

A esta realidad de débil desempeño económico y pandemia, el conflicto bélico en Europa del Este disparó los precios de la energía, los fertilizantes y varios de los principales productos agrícolas, en medio de una preocupante situación climática.

Con este cuadro, la seguridad alimentaria se integra a los desafíos de primer orden que plantean el bajo crecimiento económico, la pobreza y la desigualdad, la sostenibilidad ambiental y las condiciones macroeconómicas.

El índice de precios de alimentos del Banco Mundial se ubicó en mayo un 87% por encima del mismo mes de 2020. Se trata de un nivel que, por ahora, está debajo de otras situaciones de crisis que se dieron en la década de 1970 y en el 2008, pero esas experiencias previas nos han dejado lecciones respecto a qué hacer y qué no ante los desajustes que se plantean.

Considerando la dimensión regional, es relevante reafirmar el papel central del continente americano como mayor exportador neto de alimentos del mundo y, por lo tanto, garante de la seguridad alimentaria del planeta.

Esta condición impone como responsabilidad el trabajo coordinado para hacer frente al desafío común y exige como desafíos mantener y fortalecer la capacidad de producción y exportación del continente, y evitar medidas comerciales que aumenten los niveles de inseguridad y volatilidad en los mercados internacionales. Varios de los principales países productores y exportadores de alimentos de América Latina y el Caribe, junto con Estados Unidos y Canadá, firmaron un compromiso en esa dirección en la reciente Cumbre de las Américas.

Los países americanos deben continuar abogando por el fin del conflicto bélico e insistir mientras tanto en que éste no afecte la producción y exportación de alimentos e insumos agropecuarios que provienen del área de guerra.

Hacia dentro del continente, pese a la visión agregada de las Américas como exportador neto, es imperativa la adopción de medidas de facilitación del comercio intrarregional, asistencia humanitaria y apoyo financiero a los países importadores netos, particularmente los Caribe de habla inglesa, Haití y Centroamérica.

En los países exportadores, además, la pobreza y la inseguridad alimentaria se han agravado por la pandemia y las presiones inflacionarias. Las respuestas de políticas, ante este panorama, deben considerar tanto a consumidores como a productores.

Respecto a los primeros, es necesario priorizar acciones de protección social y asistencia alimentaria hacia los más vulnerables en vez de subsidios generalizados a la energía o restricciones al comercio internacional.

Desde el punto de vista de la producción, el foco en el corto plazo debe apuntar a minimizar los impactos en el ciclo productivo 2022/2023. Promover consultas público-privadas permanentes para monitorear precios, garantizar una oferta adecuada de fertilizantes y asegurar financiamiento de parte del sistema bancario de manera de contrarrestar los incrementos en los costos de producción, son algunas de las herramientas a considerar para alcanzar ese objetivo. Esto último no excluye, claro, la posibilidad de aplicar subsidios focalizados a los fertilizantes en algunos casos especiales.

También es esencial encarar acciones de mediano plazo que contribuyan a establecer condiciones de mayor resiliencia. Para ello se propone un conjunto de iniciativas que incluyen el diseño, financiamiento y la implementación de una nueva generación de políticas públicas para el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios, trabajo que contará con el apoyo del recientemente creado Observatorio de Políticas sobre los Sistemas Agroalimentarios (OPSAA) del IICA, plataforma para el intercambio de información y buenas prácticas y el monitoreo de progreso en la situación alimentaria.

En la actual coyuntura adquiere una relevancia aún mayor el refuerzo del trabajo en ciencia, tecnología e innovación para cerrar brechas en productividad y la expansión productiva incluyente de la agricultura familiar, para lo que es necesario promover el asociativismo y el desarrollo cooperativo.

Los desafíos son inmensos, pero las Américas, un continente joven, verde y de paz, tiene los recursos, la gente y las instituciones para construir un futuro mejor para todos.

La situación actual no tiene por qué convertirse en una crisis humanitaria si los países trabajan conjuntamente. Necesitamos una verdadera alianza continental para la seguridad alimentaria.

Una transformación positiva de los sistemas agroalimentarios redundará en beneficios económicos, sociales y ambientales para la región y tendrá impactos positivos sobre la seguridad alimentaria y ambiental globales, además de reducir los problemas migratorios.

Es necesario actuar de manera urgente para construir una nueva visión de la agricultura en las Américas. En esta actividad están las soluciones para los grandes desafíos del mundo contemporáneo, entre ellos los de asegurar la paz y la estabilidad democrática.

*Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Es la convergencia simultánea de los peores factores posibles: una pandemia, la desestructuración de las cadenas de logística, sequías extremas y vulnerabilidad climática generalizada, y un conflicto bélico que involucra a dos actores relevantes en materia de producción y comercio agroalimentario y energético, altera los mercados y destruye infraestructura productiva.

El contexto tiene el potencial de esconder otros “cisnes negros” de varios tipos y profundidad disruptiva, y pone en vilo a los sistemas agroalimentarios del continente americano, principal región exportadora neta de alimentos y ancla fundamental de la sostenibilidad ambiental y la biodiversidad del mundo, además de proveedor relevante de energía y minerales a nivel global.

La agudización de esas tensiones afecta los frágiles equilibrios de la seguridad alimentaria, nutricional y ambiental del planeta, socavando sus bases, mientras al interior de los países se intensifica una preocupación permanente sobre otra ecuación sensible: proporcionar a la población alimentos a precios asequibles y asegurar, al mismo tiempo, niveles mínimos de rentabilidad para los agricultores.

América Latina y el Caribe es la región exportadora neta de alimentos más importante del mundo. Si se incluye a América del Norte, casi un tercio de los alimentos que se producen y se consumen en el planeta proviene de las Américas.

Pero esta visión agregada esconde realidades contrastantes de un continente heterogéneo en el que conviven grandes exportadores (fundamentalmente los países del Mercosur) con importadores netos de alimentos, posee una canasta exportadora con valor agregado relativo y un bajo nivel de comercio interno (14%), en comparación con el registrado en América del Norte (46%) y la Unión Europea (65%).

La pandemia nos hizo retroceder casi dos décadas en materia social. La pobreza y la pobreza extrema se incrementaron, junto con la inseguridad alimentaria, y las débiles previsiones de expansión económica generan preocupación sobre la posibilidad de una nueva década perdida en términos de desarrollo.

La guerra suma presión y golpea exportaciones puntuales de países como Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay, que tienen una exposición relevante al mercado ruso en productos como banano, carne bovina y lácteos. Los aumentos en los precios de las materias primas alimentarias suponen un duro golpe para países en los que prevalece la subnutrición, como Haití, y para las naciones del Triángulo Norte centroamericano, además de Granada, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Saint Lucia.

El aumento en los precios de la energía tiene, además, aspectos multiplicadores en los costos de insumos, productos y servicios a lo largo de todas las cadenas agroalimentarias, mientras que Rusia y Bielorrusia –afectados por sanciones comerciales- han sido tradicionalmente grandes proveedores de fertilizantes a base de nitrógeno, fósforo y potasio.

Desde la posición regional de ancla fundamental de la seguridad alimentaria y nutricional del planeta y pilar de la sostenibilidad ambiental y la biodiversidad, las crisis concurrentes exigen focalizar esfuerzos en las poblaciones vulnerables y facilitar, de forma urgente y sostenida, el intercambio comercial intrarregional e internacional, promoviendo una verdadera alianza que promueva el comercio agropecuario en América Latina y el Caribe.

Se trata de unir esfuerzos entre los países y fortalecer las instancias de coordinación de políticas sectoriales, favoreciendo la acción colectiva en beneficio de todos.

En paralelo, y atendiendo estratégicamente las necesidades de corto y mediano plazo, resulta imprescindible un gran esfuerzo articulado en materia de ciencia, tecnología e innovación, con el marco correspondiente de políticas públicas e inversiones, con objetivos ambiciosos y estructurantes: que nuestros sistemas agroalimentarios utilicen los recursos naturales de la manera más eficiente, generen empleos dignos con inclusión social, provean dietas saludables y sean sostenibles desde el punto de vista ambiental.

El conflicto bélico no hecho otra cosa que reafirmar que la seguridad alimentaria está al tope de las preocupaciones del planeta y que el continente americano refuerza su vigencia y protagonismo como garante de la provisión de alimentos sanos y abundantes a escala global.

*Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Es, por otro lado, una demanda prioritaria en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, esa hoja de ruta que ha buscado poner en el centro a las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la cooperación, a modo de avanzar a un nuevo paradigma de desarrollo que explicita el desafío de alcanzar “la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas”.

Este escenario exige que la paridad de género sea una cuestión transversal a toda y cualquier acción emprendida. A su vez, construir esa paridad demanda transformaciones en materia de educación, acceso a oportunidades, participación política, redefinición de estrategias institucionales y la generación de nuevos espacios de decisión, favoreciendo la construcción de ámbitos inclusivos en entornos urbanos y rurales.

La visibilización de la diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres, junto con la comprensión de sus particularidades regionales, estimula la proposición de acciones más efectivas. Para muchas mujeres, por ejemplo, el trabajo agrícola es considerado una extensión del trabajo en el hogar, y sus contribuciones a la actividad productiva en el medio rural están subregistradas, pese a que 43% de la población mundial dedicada a la agricultura está compuesta por mujeres que desempeñan múltiples roles en extensas jornadas de trabajo.

De los 58 millones de mujeres rurales que viven en América Latina y el Caribe, 17 millones están registradas como económicamente activas, y solo 4.5 millones son consideradas productoras agrícolas. Ellas son responsables de la producción del 51% de los alimentos en la región, y pese a eso un 40% no tiene ingresos económicos propios, solo el 10% cuenta con acceso al crédito y únicamente el 5% accede a programas de asistencia técnica. Sumado a esto, es importante destacar que las emergencias globales acentúan aún más las desigualdades de género.

Es por eso que la producción de iniciativas sensibles al género adquiere también un sentido de mayor urgencia tras la pandemia de covid-19, que profundizó problemas en la transversalización de género en políticas y programas, mientras los datos de los mercados laborales muestran que la recuperación avanza a una mayor velocidad en los puestos de trabajo ocupados por hombres que en aquellos que ejercen mujeres.

La pandemia no solo frenó avances hacia la paridad de género, sino que, además, generó nuevas barreras para las mujeres, sobrecarga de trabajo no remunerado, tareas adicionales de cuidados y pérdidas de ingresos y empleo, aumentando la brecha de género en la fuerza de trabajo. Por eso resulta imprescindible que las estrategias de recuperación contemplen el agravamiento de estas brechas y que la reversión de esa realidad establezca un diseño con perspectiva.

Debemos tener en cuenta el poder que el acceso a internet y a la información poseen para favorecer el reingreso de las mujeres en el mercado laboral. Las nuevas tecnologías fomentan la difusión de conocimientos y reducen las distancias sociales, creando un escenario de renovados desafíos y oportunidades para empoderar a las mujeres.

En un día de conmemoración y creación de conciencia sobre la importancia de la equidad y los derechos de la mujer, es hora de asumir en plenitud la responsabilidad de llevar adelante una agenda en favor de la inclusión plena y traducirla en políticas efectivas.

El acceso a la tierra y la propiedad, junto con la inclusión social y productiva de las mujeres, resultará en condiciones más ecuánimes de género que permitan alcanzar todas las iniciativas necesarias para construir una mejor sociedad en América Latina y el Caribe, con impacto en la igualdad sustantiva que buscamos.

*Director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Esa certeza cobra aún más relevancia ante el impacto de la crisis del COVID-19. Los países necesitan recuperar sus economías y superar las graves consecuencias causadas por la pandemia. La educación es clave para eso. 

Un espacio de actuación impostergable de esta agenda es el de la agricultura, los territorios rurales y su integración con los centros urbanos. La materialización de su potencial requiere de la innovación y la tecnología para disparar círculos virtuosos de crecimiento económico, generación de empleo y reducción de la brecha social. 

En América Latina y el Caribe la agricultura es una actividad central y una de las pocas que se mantuvo activa desde la irrupción del COVID-19. En los próximos años dará otro salto cualitativo incorporando las ventajas de la digitalización y otros avances tecnológicos. 

Se trata de un cambio inexorable que requiere la formación de nuevas capacidades, porque la digitalización de la agricultura puede contribuir a aumentar la oferta y la calidad de los alimentos en el marco de una relación armónica con el medio ambiente. 

Para acompañar estos procesos será necesario que la población rural y las nuevas generaciones accedan a una formación adecuada, que permita capitalizar los beneficios de la “cuarta revolución industrial” en los procesos transformadores de la agroindustria. 

No es la tecnología per se la que puede propiciar esos cambios, sino el talento humano y las organizaciones, debidamente empoderadas, los que permiten desarrollarlos. Por eso, instalada la agenda de la digitalización en la actividad rural, es necesario dar un paso adelante para que la educación permita a la población de la ruralidad asumir un papel protagónico. 

En los últimos años, a través de un esfuerzo conjunto, organismos internacionales como el Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura (IICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus aliados en el sector privado como Microsoft, alertaron sobre la urgencia de atender a los problemas de la conectividad rural y el desarrollo de las habilidades digitales. 

En la región latinoamericana y caribeña hay 34 puntos porcentuales de diferencia en el acceso a la conectividad entre los ámbitos urbanos y rurales, y también limitaciones en el desarrollo de las habilidades digitales en la población rural, de la que sólo 17,1% cuenta con aptitudes digitales específicas. 

En América Latina, además, sólo 33% de las escuelas tiene disponibilidad de ancho de banda o velocidad de internet suficientes. Para el caso de la ruralidad, en ocho de 10 países, menos del 15% de las escuelas tiene acceso a ancho de banda o velocidad de internet suficientes. 

La pandemia ha afectado particularmente a la educación, con cierre de escuelas y abandono de la escolaridad. Según la Unesco, 3,1 millones de jóvenes, niños y niñas, quedaron excluidos de la educación en nuestra región. Este panorama permite enumerar los desafíos que enfrenta una agenda para la educación rural.  

Es prioritario alinearnos con las demandas del futuro e impulsar el desarrollo de la educación agrotécnica, modernizando las instituciones educativas del ámbito rural para formar recursos calificados entre la población joven, favoreciendo el arraigo, los vínculos con los sectores productivos y el desarrollo integrador e inclusivo de los territorios y su población.  

Tenemos que formar a los líderes que transformarán nuestros sistemas agroalimentarios. Por eso, brindar mejores oportunidades mediante una formación de excelencia en las escuelas agrotécnicas debe ser prioritario. 

Este es el camino para sentar las bases de una nueva ruralidad:  mejor educación, conectividad plena y una población preparada para un uso intensivo e inteligente de las nuevas tecnologías, para consolidar a los territorios como zonas de oportunidades y motores del desarrollo económico.

*Director general IICA

La revolución tecnológica a la que asistimos está asociada a la disponibilidad de equipamientos, herramientas y sistemas aplicados a los procesos de producción, transformación y comercialización. Todos esos factores impactan todas las actividades económicas, y la agricultura no es ajena a esos procesos.

Los beneficios potenciales que ofrece la digitalización de la agricultura son cuantiosos, pero su expansión en América Latina y el Caribe marcha a ritmo apenas incipiente, debido a seis barreras:

1. Problemas de infraestructura reflejados en una brecha de 34 puntos porcentuales de diferencia entre la conectividad urbana y rural. Sumando 24 países de la región, unos 80 millones de habitantes de la ruralidad carecen de acceso a conectividad de calidad.

2. Restricciones de acceso y asequibilidad de las tecnologías, servicios y dispositivos, en comparación con los países desarrollados, entre los países de la región y al interior de estos entre el ámbito urbano y rural.

3. Déficits en la promoción y regulación del sector que redundan en escasez de planes de estímulo a la digitalización.

4. Limitaciones en el desarrollo de habilidades digitales en la población rural por los obstáculos en el nivel educativo (en la región solo el 17.1% de la población rural cuenta con aptitudes digitales específicas).

5. Distancia entre las tecnologías y su ajuste a los contextos de aplicación (diferencias culturales, lingüísticas, de habilidades que limitan su adopción).

6. Mujeres y jóvenes rurales rezagados en mayor medida de los beneficios de las tecnologías.

Los obstáculos muestran que facilitar el acceso a las tecnologías es una condición necesaria y básica para una transformación de envergadura de los sistemas agroalimentarios y la ruralidad. Pero universalizar el acceso no es suficiente. Se requiere también impulsar la formación en habilidades digitales para desarrollar capacidades que permitan a sus usuarios un salto cualitativo.

Por eso, reducir las brechas digitales de acceso y en el uso y apropiación de las tecnologías en los ámbitos rurales debe ser prioridad para el diseño de políticas.

Un uso intensivo y dúctil de las tecnologías tiene una enorme potencialidad para tornar más eficientes, inclusivos y sostenibles los procesos productivos y los servicios públicos y privados, abona una mejora de la productividad y la calidad de los productos y servicios, promueve oportunidades de empleo y la formación en el medio rural, y amplía las posibilidades de conocimiento, todos factores clave para alcanzar un desarrollo sostenible y robustecer los sistemas agroalimentarios.

Nos enfrentamos a una urgente y gran tarea que requiere una amplia coalición entre Estados, la cooperación internacional, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.

Nos unen objetivos imprescindibles para la construcción de un capital social inestimable: conectar a la ruralidad y preparar a su población para un uso intensivo e inteligente de las tecnologías, construyendo puentes sustentables entre los sectores rurales y urbanos.

El número de latinoamericanos y caribeños en situación de pobreza extrema se expandió a niveles no vistos desde el bienio 1999/2000, con 12,5% de la población total viviendo en esa condición. En contraposición a esa luctuosa coyuntura, el sector agropecuario emergió exhibiendo musculatura y resiliencia. A pesar de pronósticos de colapso para los sistemas agroalimentarios, la producción y las exportaciones del agro del continente americano registraron desempeños por encima del promedio, superando desafíos sanitarios, logísticos y financieros y transitando el mismo camino de las últimas cinco décadas, en las que la población mundial se duplicó y la oferta de alimentos se multiplicó por tres.

En base a datos de 17 países de nuestra región, se concluye que las exportaciones agropecuarias se incrementaron un 2,7% interanual en 2020, mientras que las ventas externas totales cayeron un 9,1%. A su vez, la contracción del PIB agropecuario fue sensiblemente menor a la del conjunto de la economía, e incluso en numerosos países de la región el sector mantuvo su crecimiento. La crisis sanitaria, sin embargo, con todas sus consecuencias socioeconómicas, puso sobre la mesa una necesidad: revisar las estrategias de todas las actividades de bienes y servicios en el mundo. La agricultura no puede escapar a esta lógica.

Mirando al futuro, el sector debe profundizar su proceso de transformación continuando por la senda de los logros alcanzados, pero asumiendo al mismo tiempo desafíos impostergables, como los aumentos de productividad para generar alimentos más sanos y nutritivos y la internalización de la dimensión ambiental, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y aumentando el secuestro de carbono de los suelos. Son muchos los cambios introducidos en los sistemas productivos de América Latina y el Caribe que nos permiten ser optimistas, como la siembra directa, la rotación de cultivos y la integración forestal-agrícola-ganadera, entre otros.

Uno de los caminos más promisorios que se nos presenta en la nueva etapa es la bioeconomía, asociada a la economía circular, que crea condiciones para intensificar el uso de los recursos y procesos biológicos y permite al sector agropecuario incursionar en la generación de valor en cadenas no tradicionalmente vinculadas a este sector. La mayor cantidad de biomasa residual de la región proviene del arroz, los bovinos, la leche, el café, la caña de azúcar, los cítricos y la piña, residuos alimentarios que, lejos de ser una amenaza medioambiental, deben ser vistos como un recurso esencial para generar productos de alto valor agregado, entre ellos biofertilizantes, biocombustibles, biometano, biogás y químicos.

Necesitamos aprovechar a fondo el potencial que ofrece la nueva era y restaurar la herida social provocada por la pandemia. Nos urge para ello contar con robustos sistemas nacionales de ciencia y tecnología, con una activa participación del sector privado y redefiniendo prioridades en materia de investigación y desarrollo. América Latina y el Caribe cuenta con todos los recursos para materializar su papel de garante de la seguridad alimentaria y nutricional del mundo, junto con la sostenibilidad ambiental del planeta. En vísperas de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios convocada por la ONU, es tiempo de reafirmar la importancia central de la actividad agropecuaria. En ella está la clave para dejar definitivamente atrás la década perdida y embarcar en una década que nos devuelva la esperanza.

*Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Políticas públicas sólidas, programas y acciones afirmativas que incorporen el enfoque de género al ámbito rural requieren también, junto a estrategias adecuadas, una gran coalición social capaz de sensibilizar sobre un aspecto crucial para el mundo moderno. Las mujeres que viven en el campo se caracterizan por la diversidad: son indígenas, afrodescendientes, campesinas, pescadoras, artesanas, migrantes, jóvenes y adultas.

En América Latina y el Caribe viven 60 millones de mujeres rurales, de las cuales 17 millones están registradas como económicamente activas y solo 4.5 millones son consideradas como productoras agrícolas.

A pesar de que muchas son grandes productoras, exportadoras y líderes de organizaciones, todavía se las considera “la esposa del productor” o una “ayudante”, relegándolas a un rol subordinado. En el mundo, las mujeres producen la mitad de los alimentos, pero siete de cada 10 personas con hambre son mujeres.

Las mujeres poseen menos del 15% de las tierras y menos del 2% de las propiedades en los países en desarrollo. Además reciben solo el 10% de los ingresos en el mundo, pese a realizar dos tercios de todo el trabajo. De 800 millones de personas analfabetas, las mujeres rurales constituyen hasta dos tercios y representan el 43% de la mano de obra agrícola en el mundo.

En el caso de las mujeres jóvenes, trabajan más horas, pero menos horas remuneradas, por lo que suelen carecer de ingresos propios, lo que las hace más dependientes de sus padres, hermanos o pareja, lo cual deriva, en muchos casos, en situaciones de abuso y control, y otras expresiones de violencia de género.

Las mujeres en las zonas rurales tienen los peores índices de empleo y de acceso a los servicios básicos, y predominan en trabajos informales y de más baja remuneración. Si tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres rurales, el rendimiento de sus cosechas aumentaría hasta un 30%, con una reducción del hambre de hasta un 17%. Más del 60% de las familias más pobres están encabezadas por mujeres y viven en tierras marginales, sin acceso a los avances tecnológicos que permiten una producción de más alto rendimiento.

Su pobreza incluso les impide acceder a los insumos más básicos para la producción como fertilizantes, pesticidas y maquinaria básica para participar en las cadenas productivas y de comercialización. Estas desigualdades afectan directamente la productividad de los territorios rurales y la seguridad alimentaria del mundo. La subrepresentación política y la exclusión digital son otros aspectos de esta realidad.

Se trata de un escenario que nos obliga a pasar a la acción y promover decididamente, con la participación de gobiernos, organismos internacionales, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, el ejercicio de ciudadanía de todas las mujeres en los territorios rurales de nuestra América. Una acción rápida, consistente y con visión de largo plazo producirá un enorme y beneficioso impacto social.

Las mujeres que reciben ingresos son más propensas que los hombres a invertir en alimentación y mejor educación para sus hijos e hijas. Por eso, además de inmoral, la discriminación es ineficiente. No podemos esperar más. Ellas tampoco.

Cuando se pone la lupa sobre ese escenario se revelan grandes contrastes: en América Latina y el Caribe cerca de 40 millones de personas se van a dormir cada noche sin haber cubierto sus necesidades mínimas de alimentación. Un 6.1% de los habitantes de la región está subalimentado y el número creció en el 2018 por tercer año consecutivo, principalmente debido a la crisis en Venezuela.

Los casos más extremos están en Bolivia, Guatemala y Nicaragua, donde más del 15% de la población está subalimentada. Siguen Haití, con 45%, y Venezuela, donde el 80% no tiene acceso apropiado a los alimentos.

Otro contraste: tenemos en nuestra América exportadores de alimentos como Brasil, Chile y Argentina, países que por cada dólar que pagan para importar alimentos reciben hasta US$12.5 por sus ventas externas. En la vereda de enfrente, naciones del Caribe solo reciben 0.03 centavos por cada dólar que gastan en comprar bienes en el extranjero.

Siguiendo con la letra chica, llegamos al capítulo de la agricultura familiar, universo integrado por 60 millones de personas que representa 64% del empleo agrícola en el continente. Los pequeños agricultores sufren la falta de acceso pleno a la infraestructura, a la educación y a la tecnología, y son la variable de ajuste de los procesos productivos.

En Centroamérica más del 60% de los agricultores familiares están en situación de pobreza, con más de la mitad sin acceso a electricidad, apenas tres años de educación completos y más de una tercera parte es analfabeta. Las mujeres sufren brechas inaceptables: un 8.4% está en una situación de inseguridad alimentaria severa, frente a 6.9% de los hombres. Uno de cada cinco habitantes de zonas rurales americanas está subalimentado y padece brechas que crean riesgos sociales.

Los datos forman parte de un panorama sobre las perspectivas de la seguridad alimentaria que desde el IICA presentamos ante la 49a. Asamblea General de la OEA. La presentación de esta problemática en ese marco es en sí misma un mensaje: necesitamos que el ámbito del Sistema Interamericano sea el que reciba las discusiones sobre los temas de la seguridad alimentaria y nutricional, y el IICA es la institución idónea para plantearlos, para hacer recomendaciones de medidas correctivas y generar una mayor toma de conciencia.

La misión del IICA es asistir a gobiernos, agencias y emprendedores rurales en América Latina y el Caribe para que saquen provecho de su potencial y produzcan alimentos de forma sustentable. Con 77 años de trayectoria, nos especializamos en el desarrollo agropecuario y rural, generando experiencia y capacidades técnicas para ayudar en emergencias, potenciar la producción o asesorar a los países para consolidar mercados transparentes.

La seguridad alimentaria y nutricional es una variable fundamental para avanzar hacia el desarrollo. Con hambre no hay educación ni ciencia ni desarrollo, ni crecimiento, ni empleos.

Cuando se producen más y mejores alimentos mejora la calidad de vida, los indicadores macroeconómicos y los ingresos de la sociedad. Debemos sumar esfuerzos y asumir las tareas pendientes para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de nuestros ciudadanos para construir un mejor futuro.