Marielos Monzón | Página 1 | Prensa Libre

Usac: evitar un nuevo fraude

Tue, 07 Apr 2026 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Usac: evitar un nuevo fraude

Lo que ocurre en la Universidad no solamente afecta a las y los sancarlistas.

7 de abril de 2026

00:02h

Esta semana es clave para el rumbo que tome la única universidad pública del país, y con ella, la democracia guatemalteca. Para mañana, miércoles 8 de abril, está convocada la elección del nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Si bien están encendidas todas las alarmas ante la negativa del Consejo Superior Universitario (CSU), presidido por el actual rector, Walter Mazariegos, de acreditar a los cuerpos electorales que legal y legítimamente fueron electos por estudiantes, profesores y colegios profesionales, hay un vigoroso movimiento de sancarlistas que está luchando por garantizar que la elección se lleve a cabo de forma limpia y con la participación de todos los electores, como lo establece la normativa universitaria.

Para ganar las elecciones de la rectoría, es necesario lograr al menos 86 votos entre las 171 personas que integran el Cuerpo Electoral Universitario (CEU), que se conforma así: 50 representantes de los catedráticos titulares de 10 facultades, 50 representantes estudiantiles de las facultades, 70 representantes de 14 colegios profesionales y el rector en funciones.

El primer gran triunfo de la oposición democrática fue organizarse y vencer mayoritariamente en las elecciones de los cuerpos electorales, a pesar de las prácticas para interferir y bloquear esas votaciones, incluida la no inscripción de algunas planillas.

Sin embargo, siguiendo el libreto del anterior proceso en el que Mazariegos fue elegido de forma fraudulenta, el CSU acreditó únicamente siete cuerpos electorales (de los 34 existentes), seis de los cuales le son afines. El resto de electores no ha recibido la acreditación porque con sus votos no habría posibilidad de que se reelija el actual rector: la resistencia universitaria ganó en 21 cuerpos electorales —que suman más de cien votos—, número suficiente para recuperar la rectoría.

Arévalo debe ejercer con firmeza su poder político y evitar otro fraude escandaloso.

Además de las acciones legales que han emprendido en diversas instancias judiciales para lograr la acreditación, la oposición mantiene una digna resistencia y una movilización permanente con actividades públicas de denuncia y rechazo a las maniobras que pretenden una reelección ilegal. Varios grupos y sectores sociales se han sumado a esta lucha porque comprenden el papel crucial que la universidad pública juega en nuestro país.

Y es que lo que ocurre en la Usac no solamente afecta a las y los sancarlistas. La captura institucional por grupos mafiosos incide en su debilitamiento y repercute en la calidad de la formación académica de miles de estudiantes, en la democratización del acceso a la enseñanza terciaria y en el desarrollo de la investigación científica para poner este conocimiento al servicio del pueblo guatemalteco. Por si lo anterior fuera poco, la Universidad tiene representación en decenas de juntas directivas de entidades públicas, designa un magistrado titular y uno suplente en la Corte de Constitucionalidad e integra las comisiones de postulación para la elección de instituciones clave como el Tribunal Supremo Electoral o el Ministerio Público. Todo eso la convierte en un objetivo de los grupos de poder fáctico, y de ello derivan las maniobras de cooptación.

Aunque hay una alta probabilidad de que el fraude se repita, el escenario político no es el mismo que en el 2022. Ni nos gobierna Alejandro Giammattei, ni tenemos a un ministro de Gobernación que vaya a utilizar a la Policía para sumarse a los grupos de choque y reprimir con gases lacrimógenos a la oposición.

Pero esto no es suficiente. El presidente Arévalo debe ejercer con firmeza su poder político y hacer lo que esté en sus manos para evitar otro fraude escandaloso y las amargas consecuencias que esto nos traería. Es el momento de respaldar al pueblo digno que hoy encabeza la resistencia universitaria.

47 días y contando…

Tue, 31 Mar 2026 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

47 días y contando…

Impunidad para los corruptos y persecución ilegal para los inocentes.

Marielos Monzón

31 de marzo de 2026

00:01h

El 17 de mayo debe tomar posesión la persona electa por el presidente Bernardo Arévalo para ocupar el cargo de fiscal general y jefe/a del Ministerio Público (MP). Aunque solo faltan 47 días para que eso ocurra, el tiempo pasa despacio para quienes están siendo perseguidos espuriamente a través de la vía penal, como Stuardo Campo, Héctor Chaclán y Luis Pacheco, que siguen en prisión de manera arbitraria.

Quedan 47 días para que terminen ocho años de una gestión que ha desvirtuado la función del MP.

El mes y medio que queda para que María Consuelo Porras Argueta y su círculo cercano dejen el octavo nivel del edificio de Gerona resulta perjudicial para la democracia guatemalteca, que, cada día que pasa, sigue siendo atropellada por las acciones de la Fiscalía y de sus cómplices en el Sistema Judicial.

No sorprende que en las pocas semanas que les quedan al frente del MP estén quemando los últimos cartuchos y continúen en su intentona golpista que empezó al día siguiente de que Arévalo y Herrera pasaron a la segunda ronda electoral, en junio de 2023. La terquedad es tal, que el viernes pasado, en conferencia de prensa, reforzaron la narrativa del fraude y solicitaron a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral “revisar” las supuestas ilegalidades de las pasadas elecciones generales. No les bastó con lograr la cancelación del partido Semilla, insisten en la nulidad total del proceso.

Pero como no podía ser de otra manera, un día antes, el mismo MP tan “fuerte y firme” contra los actores democráticos y anticorrupción, por medio de Rafael Curruchiche, el tristemente célebre jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), declaraba que la millonaria y opaca compra de las vacunas Sputnik —cuyas anomalías fueron documentadas por la prensa y por el anterior equipo de la Feci— no es un “gran caso de corrupción”, sino “incumplimientos” durante el proceso de compra.

Por si quedaban dudas de su lealtad hacia Alejandro Giammattei, resulta que definieron como hoja de ruta esperar a que el expresidente termine su período como diputado del Parlamento Centroamericano y no pedir el retiro de su derecho de antejuicio sino hasta 2028. ¡¿Por qué no nos extraña?!

Por supuesto que tampoco Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno y pareja de Giammattei, está en la lista de exfuncionarios con órdenes de captura. Capaz y “se establezca un hilo conductor desde Estados Unidos”, dijo Curruchiche muy suelto de cuerpo, sin aclarar por qué no lo han hecho hasta ahora, cuando el 1 de diciembre de 2023 el Departamento de Justicia norteamericano sancionó a Martínez bajo la Ley Magnitsky, por estar “involucrado en esquemas generalizados de soborno, incluyendo los relacionados con contratos gubernamentales” como el de las vacunas rusas. El mismo modus operandi de los 8 años de gestión de Porras: impunidad para los corruptos y persecución ilegal para los inocentes.

Por eso alarma que tras la depuración de los expedientes de candidatos a fiscal general, que ahora quedó en 48, continúen siendo parte del proceso Porras Argueta y, según documentó Diario La Hora, también 12 personas que trabajan con ella en el MP o han desempeñado cargos importantes en su administración. La preocupación surge de la posibilidad de que, en lugar de incluir a personas honorables, capaces e idóneas, la comisión le entregue al presidente una lista con seis de estos perfiles cuestionados.

Quedan 47 días para que terminen ocho años de una gestión que ha desvirtuado la función del MP y lo ha convertido en arma de persecución arbitraria contra actores democráticos y de impunidad para personajes corruptos. Las y los comisionados tienen en sus manos una tarea crítica: confeccionar un listado de candidatos capaces de rescatar la Fiscalía y, con ello, resguardar nuestra frágil democracia. ¿Estarán a la altura de las circunstancias?

Es momento de recuperar la Usac

Tue, 24 Mar 2026 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Es momento de recuperar la Usac

El 8 de abril se realizará la elección del nuevo rector para el período 2026-2030.

Marielos Monzón

24 de marzo de 2026

00:02h

Estudiantes, profesores y egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) han sabido, en múltiples ocasiones, defender la democracia guatemalteca y hacerles frente a los grupos y sectores responsables de la represión, el autoritarismo, las graves violaciones a los derechos humanos, la corrupción y la impunidad en el país.

La Usac fue durante los períodos más oscuros de la historia nacional un referente de la lucha por la libertad y la defensa de los sectores más desposeídos. En los años de las dictaduras, cientos de sancarlistas fueron perseguidos, asesinados, desaparecidos y torturados por su accionar y compromiso en la construcción de un país distinto.

En el 2015, en las jornadas ciudadanas en contra de la corrupción, fueron las y los estudiantes de la universidad pública quienes encabezaron las movilizaciones y articularon con otros grupos y sectores la resistencia frente a la cooptación del Estado. Y fue desde el movimiento estudiantil democrático que se logró también el rescate de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) Oliverio Castañeda de León, que había sido tomada por las mafias.

Ese papel de la Usac a lo largo de la historia y su participación en diversas instancias de la administración pública, incluido su rol en el nombramiento de las magistraturas de las altas cortes y en otras entidades claves de la institucionalidad estatal, la han convertido en blanco de las estructuras de poder legales e ilegales.

El control de la rectoría, del Consejo Superior Universitario (CSU) y de facultades como la de Derecho es vital para consolidar sus estrategias de captura y cooptación, además de una vía para los negocios, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito.

Exigimos que se acredite a los electores y se les permita ingresar para votar el 8 de abril.

En el 2022, se concretó a través de un fraude escandaloso la captura de la rectoría. En un proceso amañado, en el que se impidió la inscripción de planillas, se negó la participación de electores de oposición y se usaron fuerzas de choque y hasta bombas lacrimógenas para impedir el ingreso el día de la elección, Walter Mazariegos se convirtió en rector.

Su gestión ha sido fuertemente cuestionada por la opacidad en el manejo de los recursos, la persecución y expulsión de estudiantes que encabezaron la resistencia al fraude, su alianza con Consuelo Porras y jueces corruptos en los procesos de criminalización contra sancarlistas dignos, incluidos profesores y decanos que le han hecho oposición, y sus vinculaciones con estructuras de corrupción, poniendo la Usac a su servicio. Y, por si fuera poco, por su negativa a dar posesión de sus cargos a consejeros electos del CSU, manteniendo de forma ilegal a quienes tienen el período vencido.

Para este 8 de abril está programada la elección del nuevo rector de la Usac para el período 2026-2030. A pesar de la persecución y de las prácticas ilegítimas e ilegales de Mazariegos para lograr la reelección, la oposición democrática ha cobrado fuerza y hasta ahora ganó en 21 cuerpos electorales —de 29 que se han disputado—, que suman más de cien votos, número suficiente para garantizar un cambio en la rectoría.

Pero los riesgos siguen latentes. Como en el 2022, se corre el peligro de que el CSU no acredite a los cuerpos electorales que han sido elegidos democráticamente por estudiantes, profesores y colegios profesionales, y que se les vede el ingreso el día de la votación.

Es momento de recuperar la Usac, de defender y acuerpar a los electores que ya ganaron y de exigir que se les acredite y que puedan votar este 8 de abril. El nuevo rector/a debe ser elegido de forma transparente y democrática para devolverle a la universidad pública su legitimidad, calidad y dignidad.

Las tachas de doña Consuelo

Tue, 17 Mar 2026 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Las tachas de doña Consuelo

El solo hecho de que pueda integrar el listado hace saltar las alarmas.

Marielos Monzón

17 de marzo de 2026

00:01h

María Consuelo Porras Argueta no se quiere ir. Pero no está sola en ese empeño. La periodista Jody García, de Plaza Pública, lo explica en el reportaje titulado “Los dos lobbies que buscan que la administración Trump apoye a Consuelo Porras” (27/2/26), en el que documenta que “En el intento por continuar en el poder del Ministerio Público hay dos caminos abiertos para buscar el favor de la Casa Blanca. Son dos tipos de lobby, uno basado en un contrato y otro con actores relevantes en el movimiento MAGA. Ambos buscan con fuerza que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, marquen el rumbo de las elecciones del nuevo fiscal general”.

La manipulación evidente del poder punitivo del Estado y la intentona golpista de 2023 son motivos suficientes para excluirla.

Pero estos esfuerzos también apuntaban a incidir en los procesos de elección de las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad (CC). Según se supo de manera extraoficial (No Ficción, 5/3/2026), los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habrían sido presionados por personeros de la embajada estadounidense para elegir a Porras como magistrada para el próximo período; cosa que no sucedió, aunque las designaciones no son para alegrarse.

Antes, Consuelo Porras había presentado su papelería para integrar el tribunal constitucional por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Sin embargo, aun cuando ha protegido al rector Walter Mazariegos —que llegó a la rectoría de la Usac tras un proceso electoral fraudulento— y ha sido su aliada en la persecución penal espuria en contra de estudiantes, profesores universitarios y abogados que denunciaron y se opusieron al fraude, no recibió ningún voto para esa designación.

Ni lerda ni perezosa, la funcionaria entregó su expediente para ser considerada como candidata a la reelección de la Fiscalía General para un tercer período y continúa en el proceso que lleva adelante la comisión de postulación presidida por otra de sus aliadas, la actual presidenta de la CSJ, Claudia Paredes.

Aunque el contexto político guatemalteco no es el mismo que el del 2022, cuando el entonces presidente Alejandro Giammattei la designó para un segundo mandato al frente del MP, luego de que la Corte de Constitucionalidad obligara a la comisión de postulación a incluirla en el listado final de candidatos, existe el peligro de que nuevamente integre (no precisamente por sus méritos) la nómina de seis nombres entre los cuales Bernardo Arévalo deberá escoger al próximo fiscal general. No obstante, no corremos peligro de que el presidente la considere; el solo hecho de que forme parte del listado hace saltar las alarmas porque ya sabemos cómo las fuerzas oscuras operan para conseguir sus objetivos.

Ahí tienen ustedes al grupo de decanos de las facultades de Derecho que se sumó a Paredes para anular la mayoría de las “tachas” (objeciones) fundamentadas que se presentaron en contra de la candidatura de Porras.

Los señalamientos que sí fueron admitidos: litigio malicioso, persecución penal arbitraria, debilitamiento de casos a favor de personas señaladas de gran corrupción, filtración de información sensible, plagio de tesis doctoral… son razones suficientes para dejarla fuera por no cumplir con los requisitos de honorabilidad, idoneidad y capacidad. Por eso resulta clave, en esta etapa que se viene, redoblar la fiscalización y la presión ciudadana para evitar que sus aliados dentro de la comisión de postulación acepten sus “pruebas” de descargo y la mantengan en el proceso.

La manipulación evidente que ha hecho del poder punitivo del Estado para perseguir a inocentes y beneficiar a corruptos y haber liderado una intentona golpista en las pasadas elecciones son motivos más que válidos para excluirla. ¿Acaso puede haber una tacha mayor?

Consuelo Porras: postulaciones injustificables

Tue, 03 Mar 2026 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Consuelo Porras: postulaciones injustificables

Responsable de la criminalización de actores democráticos y de la impunidad de actores corruptos.

Marielos Monzón

3 de marzo de 2026

00:01h

La resolución del juez Maximino Morales (12/2/26) que permitió al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín salir de la prisión Mariscal Zavala y enfrentar los cargos penales de los que se le acusa bajo arresto domiciliario, fue un paso en la dirección correcta. “La prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla general y debe utilizarse como último recurso”, establecen los estándares internacionales de derechos humanos.

Injustificable que se le considere en la nómina de candidatos al MP o en una magistratura de la CC.

Por supuesto que lo que corresponde en los casos contra Jose Rubén es que se le dicte falta de mérito porque las acusaciones que le hacen el Ministerio Público (MP) y los querellantes no tienen sustento y su propósito es castigarlo por su trabajo periodístico. Pero el solo hecho de poder defenderse en libertad marca una diferencia sustancial que le fue negada reiteradamente, aunque no haya habido peligro de fuga ni obstaculización a la acción penal, las dos razones que dicta la ley guatemalteca para mantener a una persona en prisión preventiva.

El juez fundamentó que Zamora “ya cumplió la pena por el delito de falsificación de documentos” que es de lo que se le señala en este segundo caso y ordenó que el periodista acuda quincenalmente a la Fiscalía a firmar. Lamentablemente —aunque no sorprenda a nadie—, el MP de Consuelo Porras apeló la resolución porque está empeñado en continuar criminalizando y persiguiendo a quienes, como Jose Rubén, han enfrentado y desvelado el accionar de las estructuras criminales y de corrupción en el país.

La misma acción maliciosa fue adoptada previamente (2/2/26) por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Rafael Curruchiche, tras la resolución unánime de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia que resolvió cerrar de manera definitiva el caso penal en contra de los periodistas de diario elPeriódico Cristian Vélix, Rony Ríos, Julia Corado, Alexander Valdez, Gerson Ortiz, Dennis Aguilar y de los columnistas Édgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín.

El fallo de la Cámara establece que el ámbito penal no es la vía para tramitar señalamientos en contra de quienes realizan publicaciones o emiten opiniones sobre el actuar de funcionarios, porque eso violenta el artículo 35 de la Constitución que protege la libre emisión del pensamiento. Con esta apelación, la última palabra —de nuevo— la tiene la Corte de Constitucionalidad (CC). Esperamos que se pronuncie en el mismo sentido.

Pero la inquina del MP no es solamente en contra de las y los periodistas independientes. Hay una larga lista de personas que están siendo perseguidas penalmente a partir de casos fabricados y de acusaciones absurdas. Muchos operadores de justicia reconocidos por su trabajo a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad se vieron forzados a salir al exilio para garantizar su libertad e integridad y decenas de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales han corrido la misma suerte. Otros, como el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y las autoridades indígenas de los 48 Cantones, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, permanecen privados de su libertad y enfrentando injustificadas dilaciones en sus procesos judiciales para evitar que salgan de prisión. En sus casos, la detención preventiva es una pena anticipada.

Por eso resulta indignante que una persona como María Consuelo Porras Argueta —responsable de la criminalización de actores democráticos y de la impunidad de actores corruptos— busque reelegirse como fiscal general o colarse en una magistratura del tribunal constitucional que le garantice inmunidad e impunidad. Sería injustificable que se le considere para integrar la nómina de candidatos para el MP y que la Suprema la tome en cuenta para ser magistrada de la CC.

Bastante daño ha hecho ya, después de ocho años al frente del MP.

Postuladoras: un modelo pervertido y agotado

Tue, 24 Feb 2026 06:03:00 +0000

Punto de encuentro

Postuladoras: un modelo pervertido y agotado

La academia se volvió un blanco de las redes de cooptación y tráfico de influencias.

Marielos Monzón

24 de febrero de 2026

00:03h

Las comisiones de postulación se concibieron como un mecanismo para alejar las influencias políticas y de grupos de poder de la elección de autoridades judiciales y de otras entidades claves de la institucionalidad guatemalteca. Se pensó, en aquel momento con buen criterio, que involucrar a la academia supondría un alto grado de transparencia e independencia a la hora de seleccionar a las personas idóneas para ocupar las magistraturas de las altas cortes, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la jefatura del Ministerio Público, entre otros.

Pero, en la medida en que los grupos de poder urdieron sus estrategias para permear las comisiones de postulación y lograr que sus candidatos/as fueran incluidos en las nóminas de elegibles, la universidad pública, las privadas y los gremios de profesionales empezaron a ser blanco de las redes de cooptación y tráfico de influencias.

Así, la rectoría y la decanatura de Derecho de la Universidad de San Carlos (Usac) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) se convirtieron en espacios claves para lograr el control del aparato judicial.

Además, empezaron a surgir nuevas universidades privadas que, aunque no tuvieran alumnos en la carrera de Derecho, se afanaban por abrirla porque eso les garantizaba una silla en las comisiones de postulación donde participan los decanos y voz y voto en el foro de rectores. Vimos también los famosos “incentivos” a través de viajes, doctorados y prebendas para operadores de justicia y la graduación exprés de alumnos para tener electores en el Cang.

Las comisiones de postulación hace décadas que no funcionan y es imprescindible la reforma constitucional.

Así se fue pervirtiendo el mecanismo de elección establecido en la Constitución de 1985 y el resultado ha sido la cooptación institucional y del sistema de justicia a través del nombramiento de personas que responden a intereses políticos, económicos, corporativos y hasta criminales. Las consecuencias de esta captura —desestabilización, criminalización, debilitamiento democrático y del Estado de derecho e impunidad para quienes delinquen— las estamos sufriendo desde hace años y, estas elecciones de segundo grado no son la excepción.

Aunque en los últimos procesos electorales del Colegio de Abogados (elección de la Junta Directiva, de la planilla para integrar la comisión de postulación al TSE, elección del Tribunal de Honor y de las magistraturas a la Corte de Constitucionalidad) se impuso, a pesar de todas las maniobras, la voluntad de una mayoría de profesionales que apostaron a las opciones democráticas, el modelo está agotado.

Para muestra, el impresentable listado de candidatos que la comisión de postulación del TSE envió al Congreso (uno sancionado por EE. UU. como actor corrupto y antidemocrático y cinco investigados por el caso Comisiones Paralelas, entre otras linduras) y del que los diputados deberán elegir a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes que tendrán a su cargo las elecciones de 2027 y 2031.

Dicha nómina, en su mayoría, es producto de los votos de Walter Ramiro Mazariegos, el rector impuesto de la Usac, quien presidió la comisión; del decano de Derecho de la misma casa de estudios, Henry Manuel Arriaga; del decano de la Universidad de Occidente en representación de los decanos de las universidades privadas, José A. González Cuevas; y del representante de los rectores de las universidades privadas, Mynor Augusto Herrera, de la Universidad Panamericana. Si las impugnaciones a la nómina no prosperan, corremos serio peligro de interferencia indebida en las dos próximas elecciones generales.
Las comisiones de postulación hace décadas que no funcionan y es imprescindible la reforma constitucional. Por lo pronto, toca jugar en este tablero en unidad y con estrategia.

Frente a las mafias, unidad y estrategia

Tue, 17 Feb 2026 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Frente a las mafias, unidad y estrategia

Consuelo Porras y el Pacto se juegan mucho en estas elecciones de segundo grado.

Marielos Monzón

17 de febrero de 2026

00:02h

El aparatoso operativo del Ministerio Público (MP) en las dos sedes donde se estaba realizando, el pasado jueves 12 de febrero, la votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), que incluyó a decenas de agentes de seguridad portando armas largas y gorros pasamontañas, generó una ola de indignación por tratarse —de nuevo— de una acción para intimidar e interferir de forma grotesca en la elección de la magistratura titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por ese cuerpo gremial.

Antes, a través de un amparo exprés, que luego fue ratificado por la CC, lograron que las y los profesionales de las ciencias afines —sociólogos, politólogos, criminólogos e internacionalistas— quedaran al margen del proceso al no poder participar como electores, pese a que desde hace 40 años votaban.

Imposible no retrotraernos a lo ocurrido en las elecciones del 2023, cuando el mismo MP de Consuelo Porras intentó desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y hasta secuestró las cajas con los votos en la sede del Tribunal Supremo Electoral; todavía insisten en la narrativa del fraude. En esa ocasión, al igual que ahora, la Fiscalía adujo que sus acciones partían de denuncias recibidas y que no podían dar información por tratarse de un “caso bajo reserva”. Usando la misma estrategia, un juez servil avaló el operativo y dio luz verde a los desmanes de la cúpula del MP que está empeñada en utilizar su poder punitivo para garantizar que las magistraturas de la máxima corte del país continúen en manos de la alianza procorrupción y proimpunidad.

Se trata de su propia supervivencia y en el tiempo que les queda están dispuestos a quemar todas sus naves.

Aunque no lograron su propósito porque los agremiados del Cang eligieron a la dupla Astrid Lemus-Luis Fernando Bermejo y la planilla de Estuardo Gálvez y Melvin Portillo, actual secretario de política criminal del MP, fue derrotada, iluso sería pensar que van a desistir en su intento por anular estos resultados. Ya la fiscal Leonor Morales y el propio secretario general, Ángel Pineda —ambos sancionados como actores corruptos por decenas de países—, dejaron ver por dónde vienen los tiros cuando declararon que “se habla hasta de tres mil carnets falsificados para votar, y por eso debía documentarse en el evento”. Ya se imaginan ustedes por dónde van y cómo desatarán la persecución penal indebida en este “caso” que claramente es otra fabricación marca Porras Argueta.

Pero la elección del Cang no es el único campo de batalla. Después de lo ocurrido el jueves, las alarmas se intensificaron por lo que se puede desatar en los otros cuerpos electorales, sobre todo en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac, ante el cual María Consuelo Porras se presentó como candidata a la CC. Durante el fin de semana no cesaron los rumores respecto de una maniobra del MP si no se garantiza su elección. Recordemos además, que Walter Mazariegos orquestó un fraude para ocupar la rectoría de la universidad pública y que hay un gran número de integrantes del CSU que tienen sus cargos vencidos (mientras escribo esta columna la elección se está desarrollando).

Porras y el Pacto se juegan mucho en estas elecciones de segundo grado. Ella necesita refugiarse en una magistratura para garantizarse inmunidad y, por consiguiente, impunidad. Los actores corruptos saben que si pierden la Fiscalía General y la correlación de fuerzas en la CC no les favorece, se quedarán sin las principales herramientas de las que se han valido para generar desestabilización, criminalización y debilitamiento de nuestra frágil democracia.
Se trata de su propia supervivencia y, por eso, en la medida que el tiempo se les agota, están dispuestos a quemar todas sus naves. La unidad y la acción estratégica de las fuerzas democráticas es indispensable para frenar la cooptación y hacerle frente a la dictadura judicial.

Chanchulleros

Tue, 10 Feb 2026 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Chanchulleros

Se dice de los intrigantes, maniobreros y maquinadores.

Marielos Monzón

10 de febrero de 2026

00:01h

La manipulación del sistema de justicia y la instrumentalización del poder punitivo del Estado a través del Ministerio Público (MP) se convirtieron en las armas más eficaces de la estrategia del pacto entre los actores procorrupción y proimpunidad.

Nos estamos jugando la democracia, y los corruptos, la posibilidad de terminar con ella.

A lo largo de los últimos ocho años, por medio de resoluciones judiciales y de persecución penal indebida, han logrado interferir en casi todos los ámbitos de la vida política del país, incluido el mismísimo proceso electoral que por poco termina —a no ser por la valiente y digna movilización de los pueblos indígenas en defensa de la democracia, por la que están pagando un costo muy alto las autoridades indígenas— en un golpe de Estado.

Ese es el motivo central por el que no están dispuestos a ceder terreno en el control de las altas cortes, del Tribunal Supremo Electoral, de la Fiscalía General del MP y de la Universidad de San Carlos (Usac). Y, como vimos la semana pasada, van a hacer uso de cualquier artimaña con tal de seguir copando las instituciones y manteniéndolas a su servicio.

No les importa hacer un fraude descarado como el que Walter Mazariegos orquestó en la universidad pública para quedarse con la rectoría en la elección anterior, y tampoco retorcer la ley para cambiar un día antes, vía un amparo exprés, las reglas de la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), impidiendo el voto de los profesionales de las ciencias afines para elegir a un/a magistrado titular y uno/a suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC).

La jugada no les salió como pensaban —abogados/as honestos ante semejante maniobra reaccionaron— y los candidatos de la planilla de Unidad por la Democracia, Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo, avanzaron a la segunda ronda electoral en la que deberán medirse este jueves 12/2 contra el exrector de la Usac Estuardo Gálvez, quien mantiene una alianza con el grupo apoyado por Consuelo Porras y la plana mayor de la Fiscalía, llevando como suplente al Secretario de Política Criminal del MP, Melvin Portillo Arévalo.

Las fuerzas oscuras ya están cocinando las estrategias para evitar perder esas dos magistraturas en la CC, y a eso obedece, como informó Prensa Libre, que los abogados que promovieron el amparo que limitó el voto de profesionales de las ciencias afines hayan denunciado ante la Sala Sexta (la que les concedió el amparo) a la presidenta del Cang, Patricia Gámez, para intentar coartar su libertad de expresión respecto del tema.

Ya hemos visto cómo se vedan candidaturas (lo hizo Mazariegos en la Usac y sucedió en las elecciones del 2023 cuando se prohibió participar a tres candidatos presidenciales con posibilidades de ganar) y cómo, vía amparos, se acciona para interferir en el trabajo de las comisiones de postulación (así fue como se incluyó a María Consuelo Porras en la lista de candidatos a fiscal general cuando fue reelegida por Giammattei). Y, por supuesto, hemos sido testigos de la forma en la que el MP amenaza y arremete con procesos penales infundados en contra de actores democráticos que presentan sus candidaturas o hacen un trabajo probo como electores.

El colmo es que, aunque 30 de los integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac tienen su período vencido, ya la universidad convocó para el 16 de febrero a la elección de la magistratura titular y suplente a la CC. Y, ¡vaya sorpresa!, se presentaron como candidatas Consuelo Porras y Leyla Lemus. Habrá que ver si prosperan las acciones judiciales interpuestas para evitar que consejeros con el cargo vencido —y en varios casos, ya con sus sustitutos electos— sean quienes elijan estas magistraturas.

Con estas elecciones de segundo grado nos estamos jugando la democracia, y los corruptos, la posibilidad de terminar con ella. Toca seguir dando la batalla; ¡a redoblar!

Zamora: mil 280 días de prisión arbitraria

Tue, 03 Feb 2026 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Zamora: mil 280 días de prisión arbitraria

Los casos en su contra fueron fabricados para castigar su labor como periodista.

Marielos Monzón

3 de febrero de 2026

00:01h

El ensañamiento de María Consuelo Porras Argueta, la fiscal general que está a pocos meses de que termine su período en el cargo, y de algunos jueces y magistrados en contra de Jose Rubén Zamora Marroquín no conoce límites.

Chepe Zamora es un preso político. Exigimos su derecho a defenderse en libertad.

Además de los dos procesos penales que mantienen en prisión arbitraria al periodista y expresidente de elPeriódico, diario que tuvo que cerrar por el acoso y la asfixia económica a la que fue sometido Jose Rubén, su familia dio a conocer el viernes pasado que Porras Argueta interpuso una nueva denuncia en su contra. Esta vez, en su calidad de ciudadana y a través de la Fiscalía de Delitos contra la Mujer, la funcionaria lo acusa de discriminación. “En una audiencia unilateral se fijó la primera declaración para el 30 de abril”, se lee en la Alerta publicada por su hijo Ramón Zamora.

Aunque no se tiene acceso al expediente y probablemente será hasta el día de la audiencia (si es que, como de costumbre, no la declaran bajo reserva) que nos enteraremos de los “argumentos” de Porras Argueta para sentirse “discriminada como mujer”, muy seguramente se trata de otro “caso” para seguir retorciendo y manipulando la ley.

Lamentablemente, se ha vuelto costumbre que figuras públicas (funcionarias, magistradas, diputadas y candidatas) utilicen su condición de mujeres para evitar la fiscalización y entorpecer la labor de los colegas periodistas que realizan publicaciones sobre su accionar público. Es de muy mala leche utilizar herramientas legales que están destinadas a proteger a las mujeres que sufren violencia o discriminación y que son fruto de la lucha legítima de las organizaciones feministas, de las sobrevivientes, las víctimas y sus familias, para fines tan aviesos. Pero no extraña de una fiscal que se ha dedicado a perseguir y criminalizar a actores democráticos y anticorrupción y a favorecer a los corruptos a quienes protege y no investiga.

Jose Rubén lleva más de mil 280 días en detención arbitraria y ha enfrentado tratos degradantes e inhumanos. En el primer caso en su contra, que estuvo plagado de anomalías y violaciones al debido proceso, se anuló la sentencia condenatoria de seis años que se había dictado a partir de meras presunciones y se está a la espera de que se nombre a un nuevo tribunal para repetirlo. En lugar del arresto domiciliario que ya se le había otorgado, Zamora sigue en prisión por las repetidas maniobras del Ministerio Público y de los querellantes.

Pero, precisamente hoy, la Corte Suprema de Justicia celebrará una audiencia para resolver de manera definitiva su derecho a enfrentar ese proceso en libertad y proteger el principio de presunción de inocencia que se le ha violentado en reiteradas ocasiones. Esperamos que los magistrados de la Cámara de Amparos cumplan con lo que dicta la ley y resuelvan conforme a derecho la libertad provisional, que es lo que corresponde.

Sin embargo, queda también por resolverse el segundo caso que enfrenta Jose Rubén en el que se le acusa de los delitos de falsificación y conspiración. El colmo del oprobio es que la Sala Tercera de Apelaciones confirmó que perdió parte del expediente desde julio de 2025 y no ha habido ninguna consecuencia para los responsables. En este proceso, Zamora lleva dos años y 11 meses esperando que se realice la audiencia de la etapa intermedia (en la que se determinará si deberá o no enfrentar juicio) y se conozca la revisión de medida sustitutiva. Su equipo legal presentó el pasado 28 de enero una exhibición personal en contra del Juzgado Segundo que conoce el caso con la finalidad que se ordene su liberación y se realice la audiencia pendiente.

Chepe Zamora es un preso político. Los casos en su contra fueron fabricados para castigar su labor como periodista y aun así les ha hecho frente. Exigimos su derecho a defenderse en libertad.

Demandas abusivas y sin sustento

Tue, 20 Jan 2026 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Demandas abusivas y sin sustento

El verdadero objetivo no es ganar el caso, sino abrumar al acusado.

Marielos Monzón

20 de enero de 2026

00:01h

Hace unos días tuve la oportunidad de escuchar al profesor Joan Barata, especialista en libertad de expresión, en una sesión de formación dirigida a periodistas centroamericanos. El tema abordado fue el de las “Demandas estratégicas en contra de la participación pública” (Strategic Litigation Against Public Participation —SLAPP—) y sus impactos.

La cercanía de la elección del MP aumenta los riesgos, la persecución y los intentos de desestabilización.

Barata explicó que estas demandas son frecuentemente iniciadas por “actores poderosos como organismos o instituciones estatales, políticos, individuos de alto estatus o empresas con grandes recursos”. Su objetivo es intimidar y silenciar a personas más vulnerables que critican o difunden mensajes de interés público, a quienes participan activamente en el debate y la vida pública del país, llevan adelante acciones en contra de la corrupción y la impunidad, lideran protestas pacíficas y/o se organizan para defender derechos.

“El verdadero objetivo no es ganar el caso, sino abrumar al acusado con procedimientos legales prolongados, costos excesivos y una carga psicológica”, señaló el experto. Imposible al escuchar su conferencia no pensar en la sistemática persecución indebida que lleva adelante el Ministerio Público (MP) —y sus socios querellantes— en contra de líderes sociales, autoridades indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, estudiantes y profesores universitarios, abogados u operadores de justicia que lideraron la lucha contra la corrupción en Guatemala.

Precisamente como no se trata de “ganar los casos” sino de hostigar a las personas demandadas, el MP de Consuelo Porras fabrica procesos penales que carecen de sustento y que están plagados de anomalías. “Casualmente” casi todos los jueces que los conocen son compinches de la Fiscalía y aceptan como válidos todos los indicios que esta les presenta y, al mismo tiempo, desechan las pruebas de descargo y los argumentos de la defensa y alargan hasta el infinito las fases procesales. El caso de la abogada Claudia González Orellana, exmandataria de la Cicig, a quien el MP acusa de abuso de autoridad, un delito que solo pueden cometer funcionarios públicos cuando ella no ha ostentado nunca esa calidad, es un claro ejemplo de lo anterior.

Otra característica de las SLAPP que cumple al 100% la Fiscalía es el uso malicioso de tipos penales —como terrorismo o asociación ilícita— que conllevan penas largas de cárcel. Cómo no indignarse con la impresentable acusación en contra de las autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán de 2023, Héctor Chaclán, Luis Pacheco y Basilio Bernardo García, cuyo liderazgo impidió un golpe de Estado. Aunque a don Basilio se le otorgó prisión domiciliar, Chaclán y Pacheco permanecen privados de su libertad, al igual que el exfiscal Anticorrupción, Stuardo Campo, y el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, todos víctimas de estas demandas abusivas y sin sustento.

Sobre el caso del expresidente de elPeriódico, Joan Barata dio una explicación clave: “No es casualidad que se escoja en un momento dado a uno de los periodistas más importantes del país. No se escoge a un periodista menor, no se escoge a un periodista desconocido, se escoge a un periodista particularmente conocido con premios, reconocimientos a nivel internacional (…). En la medida en que se ataca a una persona de esa notoriedad, se está enviando un mensaje a otras personas, a otros periodistas menos conocidos, incluso más vulnerables, advirtiéndoles de lo que les puede suceder si hacen lo mismo que el periodista que ha sido demandado”.

Cada vez está más cerca la elección de un nuevo/a fiscal general que termine con este ciclo oscuro y perverso. Y es precisamente esta cercanía en el tiempo la que aumenta los riesgos, la persecución y los intentos de desestabilización, que se expresan de múltiples formas.

El imperialismo desbocado de Trump

Tue, 13 Jan 2026 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

El imperialismo desbocado de Trump

EE. UU. se retrotrae al siglo XIX para intentar reforzar su hegemonía en el siglo XXI.

Marielos Monzón

13 de enero de 2026

00:02h

Así titula El País de Madrid una extensa nota en su edición del domingo 11 de enero en la que hace un recuento de las acciones y decisiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde que se hizo pública la nueva doctrina de seguridad nacional de su administración. Esta retoma la tristemente célebre estrategia “América para los americanos” de la doctrina Monroe de hace dos siglos, que dio pie a todas las intervenciones estadounidenses en nuestra región. En política exterior, Estados Unidos se retrotrae al siglo XIX para intentar reforzar su hegemonía en el siglo XXI.

Ya antes de hacerla pública, Trump había dado suficientes muestras de no tener empacho en intervenir de manera directa y sin disimulo en la política interna de los países de América Latina y desconocer las normas más básicas del derecho internacional a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. La intromisión en las elecciones de medio término en la Argentina, que incluyeron no solo la retórica, sino una inyección de miles de millones de dólares como salvataje para el gobierno de Javier Milei, dejó muy claro hasta dónde estaba dispuesto a entrometerse.

Luego vino el despliegue de una flota de guerra en el mar Caribe que incluyó al portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford y las ejecuciones extrajudiciales (como fueron calificadas por expertos de las Naciones Unidas) de más de cien personas a las que el Gobierno estadounidense señaló de narcotraficantes, sin pruebas.

En las elecciones hondureñas tampoco tuvo pudor en meter su “cuchara”. A través de un mensaje días antes de la elección, en su red, Truth Social, Trump llamó a votar por el candidato conservador Nasry Tito Asfura y atacó a los otros dos contendientes. Pero además, evidenciando su doble rasero, anunció el indulto para el expresidente Juan Orlando Hernández, del mismo partido que Asfura, que cumplía una condena de 45 años dictada por un tribunal estadounidense por dirigir un “narco-Estado” y traficar cientos de kilos de cocaína hacia los Estados Unidos.

Se trata del petróleo y las tierras raras, aunque se disfrace de guerra contra el narco.

Ya todo esto era suficientemente grave. Pero con el ataque a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el gobierno de Trump atravesó una línea que destruye el frágil orden internacional que se estableció luego de la Segunda Guerra Mundial y evidencia que la única ley que existe es la que él mismo imponga. “Mi propia moralidad. Mi propia opinión. Es lo único que puede detenerme. No necesito leyes internacionales”, dijo el magnate al diario The New York Times en una entrevista.

Justificar este acto ilegal e injerencista partiendo únicamente del autoritarismo del régimen venezolano es obviar la gravedad que supone el que un país con el ejército más poderoso del mundo se sienta con carta blanca para atacar a cualquier otro, como ya lo advirtió el papa León XIV, el secretario general de la ONU, el Congreso estadounidense y decenas de líderes políticos y referentes.

Como no se cansa de dejar claro Trump (el viernes pasado lo hizo rodeado de los empresarios de las grandes multinacionales petroleras), la agresión a Venezuela no tiene nada que ver con la democracia; se trata del petróleo y las tierras raras, aunque se disfrace de guerra contra el narco. Para no dejar dudas, sin desparpajo, Donald Trump también amenazó a México, Colombia, Cuba y hasta a Groenlandia, a la que quiere anexionar “por las buenas o por las malas”.

La historia de América Latina y el Caribe, y la de Guatemala en particular, da cuenta de las razones y consecuencias de las intervenciones de los Estados Unidos en nuestros países. Los gobiernos de la primavera democrática truncados y las dictaduras con sus miles de muertos y desaparecidos son motivos suficientes para rechazarlas.

2026: nos jugamos la democracia

Tue, 06 Jan 2026 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

2026: nos jugamos la democracia

Cuatro elecciones en instituciones con enorme peso confluyen en los siguientes meses.

Marielos Monzón

6 de enero de 2026

00:01h

La democracia guatemalteca está en disputa y el 2026 será clave para determinar el rumbo político del país para los próximos años. Cuatro elecciones en instituciones con enorme peso, por la trascendencia e impacto de sus decisiones, confluyen en los siguientes meses y de sus resultados dependerá, en buena medida, la suerte de nuestro frágil e inestable sistema democrático.

En este 2026 nos jugamos la libertad y transparencia de las elecciones del 2027.

Con la elección de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), a las que se suma la de la rectoría de la Universidad de San Carlos (Usac), nos debatimos entre el avance del Estado de derecho o la consolidación de la regresión autoritaria y del sistema corrupto.

Muestras de cómo impacta en todos los niveles el que estas instituciones estén en manos de personas vinculadas a redes y estructuras antidemocráticas y de corrupción tenemos de sobra. La expresión extrema es el Ministerio Público de María Consuelo Porras Argueta, que utiliza maliciosamente el derecho penal como herramienta de persecución y castigo.

En 2023 estuvimos a punto de un rompimiento institucional, derivado precisamente de esa captura y cooptación y, de no ser por la valiente y decidida movilización ciudadana —con las autoridades de los pueblos indígenas a la cabeza— que evitó el golpe judicial de la Fiscalía y sus jueces aliados para desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, ahora estaríamos contando otra historia.

La primera elección que aparece en el calendario es la de las magistraturas del TSE. Las personas que resulten electas y que tomarán posesión el próximo 20 de marzo serán responsables de organizar los procesos electorales del 2027 y 2031. No hay que explicar mucho acerca de la trascendencia que reviste su conformación y la diferencia sustancial entre un pleno integrado por personas honorables y de trayectoria intachable (como supimos tener) y otro bajo influencia de sectores política y económicamente poderosos, incluyendo a grupos al margen de la ley.

Que las decisiones del Tribunal Supremo Electoral estén sujetas a componendas y a incentivos perversos —de diversa índole— pone en entredicho la integridad electoral y la certeza de los resultados, con todo lo que eso significa. Ya hemos visto cómo en los últimos años se ha deteriorado la confianza ciudadana en la autoridad electoral que no solo organiza las elecciones sino se encarga de la impartición de justicia electoral, la regulación y fiscalización de los partidos políticos y la administración de los tiempos de campaña en los medios de comunicación. También en el anterior proceso electoral fuimos testigos de cómo se manipuló la inscripción de candidaturas de los binomios presidenciales.

Por eso el interés de los grupos de poder y de las redes corruptas en garantizar su influencia en el proceso de elección de las magistraturas al TSE que, por disposición constitucional, se realiza a través de una comisión de postulación integrada por cinco comisionados titulares y cinco suplentes que envía una nómina de 20 candidatos al Congreso para que las y los diputados elijan.

Al momento de escribir esta columna se están llevando a cabo las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), cuyos agremiados (abogados y científicos sociales) votan para designar a un representante titular y uno suplente para la postuladora del TSE. Esperemos que los resultados contribuyan a fortalecer las opciones democráticas e independientes dentro de la comisión, que garanticen la inclusión de candidatos/as idóneos y honorables. En este 2026 nos jugamos la libertad y transparencia de las elecciones del 2027.

Desigualdad: la otra pandemia

Tue, 11 Nov 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Desigualdad: la otra pandemia

El 1% más rico de la población mundial se quedó con el 41% de toda la riqueza generada entre 2000 y 2024.

Marielos Monzón

11 de noviembre de 2025

00:01h

La humanidad enfrenta una serie de emergencias. La ambiental es una de ellas, las alertas han sido y son múltiples, las señales del deterioro de la naturaleza también. Pero, siendo central, no es la única emergencia.

Este nivel de concentración afecta la libertad, el desarrollo y la democracia.

En estos días un grupo de seis expertos internacionales de gran prestigio, coordinado por un Premio Nobel de Economía, el estadounidense Joseph Stiglitz, en un informe preparado a solicitud del G20, puso el foco en otra: la “emergencia de la desigualdad”. ¿En que sustentan esa definición?

El informe, según destacó entre otros medios El País, de Madrid, es obra del Comité Extraordinario de Expertos Independientes sobre la Desigualdad Global —conformado por iniciativa del G20—, que consultó para su elaboración a más 80 economistas y especialistas en desigualdad de todo el mundo y utilizó como base los datos y estadísticas del World Inequality Lab.

Algunas de las constataciones que realmente interpelan y que más han destacado los medios internacionales es que el 1% más rico de la población mundial se quedó con el 41% de toda la riqueza generada entre el 2000 y 2024, mientras que, en el mismo período, el 50% más pobre solo obtuvo el 1% de esa riqueza.

Otra conclusión es que, en estos 24 años, es decir en todo lo transcurrido del siglo XXI, el porcentaje del PIB mundial que está en manos de multimillonarios alcanzó 16%; ese número es el más alto de la historia. En otras palabras, nunca los denominados ultrarricos acumularon tanta riqueza como ahora. El informe establece como dramático contraste que, al mismo tiempo, el 25% de la humanidad, unos dos mil 300 millones de personas, tienen algún nivel de inseguridad alimentaria.

Otro elemento resaltado es que en lo que va del siglo XXI, la riqueza promedio del 1% más rico de la población mundial se incrementó en US$1.3 millones; sin embargo, en el mismo período de tiempo, los ingresos del 50% más pobre solo crecieron, en promedio, US$585.

El estudio, coordinado y presentado por Stiglitz, determinó nada menos que el 83% de los países analizados presenta un índice alto de desigualdad, si se aplica la definición del Banco Mundial.

El informe también indica que, si no se toman medidas, esta tendencia a la concentración extrema de la riqueza en un porcentaje ínfimo de la población mundial se profundizará en el futuro: en los próximos 10 años se esperan transferencias en ese sector por US$70 billones por conceptos de herencias.

Las cifras, que hablan por sí solas, hacen casi innecesario cualquier comentario: ¿quién puede sostener que tal grado de desigualdad y de concentración de la riqueza es bueno en algún sentido?

No obstante, son relevantes dos consideraciones finales. En primer lugar, es muy importante que el tema de la desigualdad se aborde como problema y que lo discuta nada menos que el G20, un nucleamiento internacional donde coinciden los países más importantes del norte y del sur global, con gran peso político.

En segundo lugar, es imprescindible que se coloquen todos los problemas que plantea este nivel de desigualdad en la humanidad. El informe señala con claridad que no se trata solo de una dimensión económica, que este nivel de concentración de la riqueza y del poder afecta la libertad, las posibilidades de desarrollo y la democracia. “Los países con mayor grado de desigualdad tienen hasta siete veces más peligro de sufrir deterioro democrático que los países con más equidad”.

Adriana E. Abdenur, experta brasileña en temas de desigualdad y una de las autoras del estudio, definió el problema con claridad: “El sistema económico actual no le brinda ni bienestar ni dignidad a la mayoría de la población mundial”.

Las cárceles como escenario de crisis

Tue, 21 Oct 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Las cárceles como escenario de crisis

Uno de los mayores focos de corrupción del sistema de justicia.

Marielos Monzón

21 de octubre de 2025

00:02h

La fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 puso en evidencia —por enésima vez— la debilidad del Sistema Penitenciario y la incapacidad de los sucesivos gobiernos de controlar uno de los mayores focos de corrupción del sistema de justicia. Pero en esta ocasión, además del descontrol en las prisiones, que no es exclusivo de la administración de Bernardo Arévalo, subyace una muy clara estrategia de aprovechar esta crisis política para desestabilizar al gobierno y abonar a la ingobernabilidad.

No se necesita ser muy perspicaz para definir como escenario de crisis a las cárceles del país, ni muy imaginativo para orquestar un plan que implique una fuga masiva de reclusos, tomando en consideración que las prisiones en Guatemala han sido escenario recurrente de motines, ajustes de cuentas, secuestro de visitantes y autoridades penitenciarias, ejecuciones extrajudiciales y enfrentamientos entre reos con saldos mortales.

Haya sido un plan urdido con estos fines o no, lo cierto es que ahora (de nuevo) el Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta le está “sacando el jugo” a la ocasión y va a intentar convertir lo sucedido en un nuevo embate para desaforar al presidente Arévalo, a partir de la “investigación” que, para variar, tiene desde ya un sesgo y una intencionalidad. La alocución de la fiscal general en la conferencia de prensa en la que anunció el allanamiento al ministerio de Gobernación (Mingob) y las órdenes de captura contra funcionarios de alto nivel mostró con claridad algunas de las “cartas” que van a jugar.

Como viene siendo costumbre, no fue una presentación técnica, sino un discurso eminentemente político, muy alejado de la neutralidad que debiera tener el ente investigador. Con tono de sermón o prédica, se habló hasta de “batalla cultural” y, en reiteradas ocasiones, Porras Argueta se refirió a la fuga como un “hecho sin precedentes”. Se ve que la funcionaria tiene corta la memoria y “borró” de su mente —de manera intencional— episodios similares que se han dado en los sucesivos gobiernos. Si no lo ha hecho aún, le recomiendo buscar la publicación dominical de Prensa Libre “Cárceles: larga historia de fugas y corrupción”, que detalla fugas, motines y masacres dentro de las prisiones.

De nuevo, el MP de Consuelo Porras le está “sacando el jugo” a la ocasión.

Y con esto no quiero decir que no se investigue y se determine la responsabilidad de todos los implicados en este hecho tan grave e indefendible. Lo que digo es que, con una cúpula como la actual en el MP, resulta prácticamente imposible confiar en que las investigaciones se conduzcan con imparcialidad para determinar exactamente lo que pasó y que este caso no sea utilizado en la cruzada golpista en la que están empeñados desde el día 1. Sería pedirle peras al olmo.

A Arévalo se le vuelve a presentar la oportunidad de sortear esta crisis y recuperar el terreno que ha perdido en otras tantas ocasiones. Liderar la transformación del sistema penitenciario y recuperar el control de las cárceles (sin caer en la receta de las violaciones masivas a los derechos humanos) le valdría reconquistar la confianza ciudadana que se ha ido esfumando. Ya dio un primer paso: colocar al frente del Mingob a Marco Antonio Villeda, reconocido juez anticorrupción.

Imprescindible, además, que los organismos de inteligencia civil del Estado —Dirección General de Inteligencia Civil (Digici), Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) y Consejo Nacional de Seguridad— tengan capacidades institucionales para brindarle conciencia situacional (saber qué pasa) y alerta temprana al presidente. De lo contrario, las crisis se van a ir generando una tras otra, y todas serán aprovechadas por Consuelo Porras, la capitana del Pacto.

2026: Nos volvemos a jugar la democracia

Tue, 14 Oct 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

2026: Nos volvemos a jugar la democracia

Cinco elecciones clave que definirán el rumbo político del país.

Marielos Monzón

14 de octubre de 2025

00:01h

El 2026 es un año clave para Guatemala. En pocos meses se elegirán las próximas autoridades de cinco instituciones centrales que definirán el rumbo político del país: Ministerio Público (MP), Corte de Constitucionalidad (CC), Tribunal Supremo Electoral (TSE), Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y Contraloría General de Cuentas (CGC).

El presidente Arévalo debe jugar fuerte esta partida.

Con sus diferencias y grados de impacto, de los resultados de estas elecciones va a depender en buena medida lo que suceda con la democracia guatemalteca. Pero no hay que esperar a que cambie el calendario, en este momento ya se está jugando el partido. La elección del próximo presidente/a de la Corte Suprema de Justicia, que participa de forma determinante en las comisiones de Postulación, es un punto de inflexión y por eso estamos viendo las aguas turbulentas alrededor de su designación.

En la Usac también hay vientos huracanados. A pesar de las dificultades que supone un cambio en la rectoría en las actuales circunstancias, hay grupos de estudiantes y docentes que buscan rescatar a la universidad pública de las manos de las mafias y están dando la pelea en las elecciones de los representantes ante el Consejo Superior Universitario (CSU).

Como nos recuerda el medio Plaza Pública, en 1996 fue la última vez que coincidieron tres elecciones cruciales (TSE, CC y MP). Tres décadas después, el escenario es aún más complejo, no solamente porque aumenta el número de instituciones que elegirán nuevas autoridades casi de forma simultánea, sino por el actual contexto de disputa democrática que afrontamos en el país y que impacta directamente en estos procesos de elección.

Sin lugar a dudas, la conformación de la nueva CC (abril de 2026) es decisiva. Ya hemos visto a lo largo de estos años, cómo los asuntos políticos (casi de cualquier índole) se dirimen en el terreno jurídico y cómo las resoluciones del tribunal constitucional son definitorias en prácticamente todos los ámbitos. Por eso resultan tremendamente importantes las designaciones que cada poder del Estado, el Colegio de Abogados y la Usac realicen para elegir a las/los magistrados titulares y suplentes. Al final, como se ha repetido en numerosas ocasiones: “La Constitución dice lo que la CC dice que dice”.

No alcanzaría el espacio en esta columna para nombrar cómo los fallos constitucionales han zanjado (para bien y para mal) el rumbo de procesos judiciales en casos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos (el caso Genocidio contra Ríos Montt, por ejemplo), disputas en el Congreso de la República, candidaturas presidenciales, nombramiento y destitución de funcionarios y un largo etcétera.

¿Y qué decir del nuevo TSE? Para nadie es un secreto que la autoridad electoral atraviesa la que podría ser la crisis más severa de su historia. Con los antecedentes de lo ocurrido en el 2023 (vetos de candidaturas y una elección presidencial que por poco no se consuma) sobran razones para subrayar la imperiosa necesidad de integrar un pleno que esté dispuesto y sea capaz de defender y organizar un proceso electoral justo y transparente. Y en esto juega un papel trascendente la capacidad que tengan diferentes actores que participan en la elección de llegar a acuerdos políticos para garantizar respeto a nuestra democracia.

La otra designación crucial es la del nuevo jefe/a del MP. El presidente Arévalo debe jugar fuerte esta partida. Elegir a un fiscal general idóneo que rescate la institución, termine con la persecución indebida, se enfrente a las redes de corrupción y criminalidad organizada (en vez de cerrar los procesos) y deje de ser una amenaza golpista es un imperativo. No hay lugar para tibiezas.

Investigar, escribir y hablar no es un crimen

Tue, 07 Oct 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Investigar, escribir y hablar no es un crimen

El MP sigue insistiendo en que periodistas y columnistas enfrenten proceso penal.

Marielos Monzón

7 de octubre de 2025

00:01h

“Nunca debemos permitir que el periodismo sea criminalizado. Investigar, escribir y hablar no es un crimen. Jose Rubén Zamora debería estar libre hoy y, más importante aún, debería poder continuar el trabajo que lo llevó a prisión”.

Esperemos que tras la vista pública en la CSJ se siente un precedente que deje claro que hacer periodismo no es delito.

Con estas contundentes palabras, la actriz Meryl Streep entregó a José Carlos Zamora, hijo de Jose Rubén Zamora Marroquín, el premio Albie —que otorga la Fundación Clooney para la Justicia—, con el que se rinde homenaje a personas que defienden los derechos humanos asumiendo grandes riesgos personales.

En la ceremonia, Streep destacó la trayectoria del fundador del diario elPeriódico y subrayó cómo a lo largo de los años ha sido víctima de toda clase de ataques y amenazas y cómo desde hace tres años permanece en la cárcel enfrentando “procesos judiciales con cargos falsos”.

Este galardón es el tercero que Jose Rubén recibe estando en prisión y constituye un nuevo llamado al sistema de justicia para frenar la persecución espuria en su contra y emitir resoluciones basadas en ley, que detengan las arbitrariedades y la manipulación que el Ministerio Público (MP) hace del Derecho Penal.

En este contexto, resulta importante la reciente resolución de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que mantiene anulado el juicio en el que Zamora fue condenado a seis años de prisión por el delito de lavado de dinero y ordenó repetirlo. Aunque no se ha notificado, se conoció que el fallo también deniega al MP la petición de procesarlo por los otros dos delitos de los que ya fue absuelto.

Si bien no le devuelve la libertad, se espera que en este nuevo análisis del caso se respeten sus garantías y derechos procesales y se le permita defenderse con todas sus pruebas de descargo, contrario a lo sucedido en el proceso anterior, en el que llegó a debate oral y público en total estado de indefensión y con una decena de sus abogados perseguidos e incluso algunos encarcelados.

Pero el de Zamora no es el único caso en el que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que dirige Rafael Curruchiche, se ensaña contra periodistas. El proceso penal que enfrentan los colegas Alexander Valdéz, Gerson Ortiz, Julia Corado, Cristian Velix, Rony Ríos y Denis Aguilar y los columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín Godoy muestra en toda su magnitud la estrategia de silenciamiento y criminalización que el MP lleva adelante contra la prensa independiente en nuestro país.

Hace casi tres años que se les intenta imputar el delito de obstrucción a la justicia por sus publicaciones (notas informativas y columnas de opinión) en las que evidenciaron las irregularidades que los operadores de justicia (jueces y fiscales) cometieron en los casos contra Zamora.

A pesar de que una jueza de primera instancia resolvió que no había delito penal que perseguir y que el expediente debía ser conocido por un tribunal de imprenta, el MP sigue insistiendo en que los colegas enfrenten proceso penal. Ya la CSJ y la Corte de Constitucionalidad le dieron la razón a la jueza y fallaron provisionalmente ordenando cesar la persecución penal en contra de los periodistas y columnistas de elPeriódico. Pero la Fiscalía no ceja en su empeño y quiere castigo y venganza.

Por eso reviste de especial trascendencia la vista pública que realizará hoy la Cámara de Amparos de la CSJ, en la que se escucharán los argumentos de la defensa sobre por qué este es un caso claro de persecución indebida contra la prensa, que viola el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Esperemos que tras esta audiencia se dicte una sentencia definitiva y de una vez por todas termine este absurdo proceso penal contra periodistas, y se siente un precedente que deje claro que hacer periodismo no es delito.

Alto al genocidio en Gaza

Tue, 30 Sep 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Alto al genocidio en Gaza

No podemos guardar silencio.

Marielos Monzón

30 de septiembre de 2025

00:01h

La 80a. Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que culminó ayer, estuvo dominada por la dramática situación que se vive en Palestina. Prácticamente todos los países se refirieron a ella y, en su inmensa mayoría, la condenaron y responsabilizaron al gobierno de Israel, encabezado por Benjamín Netanyahu, por la matanza indiscriminada de civiles y el uso del hambre como arma de guerra.

No hay nada que justifique el genocidio que se está cometiendo ahora mismo en Gaza.

Hubo también mandatarios que afirmaron que lo que ocurre en Gaza es un genocidio y llamaron a un alto al fuego de forma inmediata. Además, 10 países, entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Australia y España, reconocieron al Estado de Palestina, y el presidente español, Pedro Sánchez, propuso que sea admitido como miembro de pleno derecho en la ONU.

Si algo mostró en este tema lo ocurrido en Nueva York, es el creciente aislamiento internacional de Israel y de EE. UU., su principal apoyo. En una votación anterior, 142 países respaldaron la solución de los dos Estados, hubo solo 10 votos en contra y 12 abstenciones, entre las que vergonzosamente se encuentra la de Guatemala. Ahora, más de 150 países reconocen a Palestina como Estado, incluyendo a 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad.

Por su trascendencia, recojo a continuación los posicionamientos de algunos jefes de Estado y de gobierno en la Asamblea General y me sumo al llamado de quienes desde todos los rincones del mundo exigen un alto al genocidio en Gaza.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil: “Ninguna situación es más emblemática del uso desproporcionado e ilegal de la fuerza que la de Palestina. Los ataques terroristas perpetrados por Hamás son indefendibles desde cualquier perspectiva. Pero nada, absolutamente nada, justifica el genocidio en curso en Gaza (…). La hambruna se utiliza como arma de guerra y el desplazamiento forzado de poblaciones se practica con impunidad (…). Expreso mi admiración a los judíos que, dentro y fuera de Israel, se oponen a este castigo colectivo”.

Emmanuel Macron, presidente de Francia: “Ha llegado el momento. Por eso, fiel al compromiso histórico de mi país en Oriente Medio, por la paz entre los pueblos israelí y palestino, declaro que Francia reconoce el Estado de Palestina”.

Gabriel Boric, presidente de Chile: “Hoy, siendo 2025, son miles los seres humanos inocentes que pierden la vida solo por ser palestinos, tal como hace 80 años millones la perdían solo por ser judíos (…). Gaza es una crisis global porque es una crisis de la humanidad. Y uno de los problemas que enfrentamos como humanidad es que muchas veces el dolor engendra odio. Pero debemos enfrentarlo y combatir con todas nuestras fuerzas el odio (…). Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia; quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional”.

Pedro Sánchez, presidente de España: “Si el reconocimiento del Estado palestino es urgente, lo es aún más que exista un pueblo palestino en el Estado que pretendemos reconocer (…). Las bombas siguen cayendo indiscriminadamente sobre la población gazatí (…); el hambre mata a mujeres, ancianos y niños. La historia será implacable con quienes callen o miren para otro lado”.

Felipe VI, rey de España: “No podemos guardar silencio ni mirar hacia otro lado ante la devastación, los bombardeos incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio; ante tantas muertes entre la población civil, o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas (…). Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional”.

Por la libertad de Jose Rubén Zamora

Tue, 23 Sep 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Por la libertad de Jose Rubén Zamora

La justicia no puede ser instrumentalizada para silenciar voces críticas ni para castigar el ejercicio legítimo del periodismo.

Marielos Monzón

23 de septiembre de 2025

00:02h

Hace 34 meses que Jose Rubén Zamora Marroquín, expresidente de diario elPeriódico, está encarcelado. A pesar de que un tribunal y un juez (en dos momentos distintos) resolvieron otorgarle medidas sustitutivas de prisión domiciliar, resoluciones de salas de Apelaciones lo mantienen privado de libertad, sin que exista peligro de fuga ni de obstaculización a la verdad.

Como sucede también con el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y con las autoridades indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, se está utilizando la prisión preventiva como castigo anticipado, y —con argucias legales del Ministerio Público (MP) y de los querellantes adhesivos— se han ido demorando los procesos judiciales que los involucran, alargando indefinidamente el castigo.

Estos casos son un ejemplo claro de la connivencia que existe entre fiscales del MP y un grupo de jueces y juezas —la mayoría, sancionados por diversos países como actores corruptos y antidemocráticos— para retorcer la ley y utilizarla como instrumento de persecución y venganza. A esto se le llama criminalización, y desde que María Consuelo Porras Argueta dirige la Fiscalía General, ha sido la principal herramienta en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, estudiantes y profesores universitarios, autoridades indígenas, abogados de la extinta Cicig y líderes sociales que les han plantado cara a los grupos corruptos y a los violadores de los derechos humanos.

Marcha y reclamo a la Corte Suprema de Justicia: ¡Libertad para Zamora Ya!

Los procesos en contra de Jose Rubén no solo no tienen sustento, sino obedecen a su trabajo como periodista. Lo que está “pagando” son las investigaciones y publicaciones que desde su medio desvelaron complejas tramas de corrupción que involucraban a poderosos personajes de los ámbitos político, militar, económico y criminal. Su caso se enmarca exactamente en los que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llama “demandas estratégicas contra la participación” (Slapp, en inglés), que se refieren a “demandas o amenazas de acciones legales que utilizan tácticas litigiosas abusivas con el objetivo o el efecto de suprimir la participación pública y la información crítica sobre asuntos de interés público”.

Por otro lado, hay que recordar que muchos de quienes fueron perseguidos y encarcelados (a partir de 2015), por malversar millones de quetzales del erario, hoy gozan de libertad y sus casos fueron sobreseídos, desestimados o resueltos con extremada “benevolencia”. Sin contar, por supuesto, la negativa de la fiscal general y su círculo cercano a investigar las tramas de corrupción del expresidente Alejandro Giammattei y su pareja, Miguel Martínez.

Por todo lo anterior, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), los colectivos No Nos Callarán, Otra Guatemala Ya y el Instituto Demos, con el apoyo de Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, realizaron el pasado jueves 18/9 una marcha por la libertad de Jose Rubén Zamora y entregaron al pleno de la Corte Suprema de Justicia un memorial —firmado por decenas de organizaciones y periodistas— en el que se demanda: i) Garantizar la independencia judicial y el respeto irrestricto al debido proceso en el caso de Jose Rubén Zamora; ii) revisar con objetividad y transparencia la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público en este proceso y iii) que, con base en los vicios del proceso y la prisión preventiva de más de tres años, se le deje en libertad, se le restituyan de manera plena sus derechos fundamentales y se ponga fin a la persecución política en su contra.

Resulta incomprensible que, a estas alturas, el gobierno de Bernardo Arévalo mantenga en el cargo a una fiscal general que violenta principios básicos del derecho penal y lo utiliza de forma ilegal como arma de persecución y silenciamiento.

La pandemia del autoritarismo

Tue, 16 Sep 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

La pandemia del autoritarismo

Tres de cada cuatro personas viven hoy bajo algún tipo de autocracia.

Marielos Monzón

16 de septiembre de 2025

00:01h

El mundo experimenta un retroceso democrático alarmante. El índice V-Dem, elaborado por la Universidad de Gotemburgo y citado por Le Monde Diplomatique en un artículo de su edición argentina de septiembre de 2025, da cuenta de que “por primera vez desde la caída del Muro de Berlín hay más autoritarismos (91) que democracias (88)” y que “casi 3 de cada 4 personas viven hoy bajo algún tipo de autocracia, el porcentaje más alto desde 1978”.

Los gobiernos democráticos deben repensar sus medidas para evitar que la población se decante por líderes autoritarios de “alto rendimiento”.

El auge de los autoritarismos va acompañado de una retórica antiderechos de líderes políticos —como el presidente de los Estados Unidos— que arremeten en sus discursos públicos en contra de actores y grupos sociales que trabajan en ámbitos relacionados con la justicia, el Estado de derecho, el combate a la desigualdad, los derechos de las mujeres, la crisis climática, la libertad de expresión y el derecho a la información, por citar algunos.

El “desencanto” con la democracia porque no ha sabido dar respuesta a necesidades ingentes de la población —como la inseguridad y el combate a la pobreza— y la cada vez más acentuada polarización política —en muchos casos, inducida— han devenido en el auge de gobiernos autoritarios cuyos líderes, a pesar de haber ganado en comicios libres, al llegar al poder destruyen la institucionalidad, eliminan los contrapesos, cooptan los sistemas de justicia, las fiscalías y los órganos electorales, y violentan las normas para asegurar sus negocios y la reelección.

Para lograrlo necesitan limpiar el camino de toda disidencia y de cualquier oposición, lo que implica silenciar y perseguir a actores democráticos como personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y gremiales, fiscales y jueces anticorrupción y, por supuesto, a la prensa independiente, cuya tarea central es fiscalizar al poder y develar aquello que se quiere mantener oculto. Esa es la razón por la que en la medida en que se afianzan los regímenes autoritarios se acrecienta la persecución contra medios y periodistas, sin importar que se trate de gobiernos autocráticos (donde el poder se concentra en la figura de un líder “todopoderoso”) o de una camarilla corporativa al mejor estilo del Pacto de Corruptos de Guatemala.

Con la persecución penal selectiva —fruto de la connivencia de fiscales y jueces que les hacen el juego a los poderes fácticos en cada uno de nuestros países— se han multiplicado los exilios y la prisión política. Normalmente, la criminalización se acompaña de una agresiva campaña de desprestigio y desinformación con el fin de restar credibilidad y justificar los encarcelamientos. Vean ustedes cómo funcionarios y personajes vinculados a grandes casos de corrupción, lavado de dinero o graves violaciones a los derechos humanos utilizan discursos y narrativas hostiles y estigmatizantes contra actores democráticos y cómo desde las redes sociales cientos de cuentas (que forman parte de sus milicias digitales) los replican.

Estas prácticas forman parte del “manual” del ejercicio autoritario que se está esparciendo peligrosamente a lo largo y ancho de nuestro continente. No son discursos aislados, ocurrencias individuales o casualidades, son estrategias diseñadas para generar confusión y adhesión y para erosionar la confianza en el periodismo, utilizando a las redes sociales como cajas de resonancia. Los especialistas señalan que la polarización inducida es una práctica común que hace que cada vez más personas sean proclives a “perdonar los excesos antidemocráticos” de sus líderes, porque se sienten identificados con ellos.

En este difícil contexto resulta indispensable repensar las medidas que se deben adoptar desde los gobiernos democráticos para evitar que la población insatisfecha por magros resultados se decante por líderes autoritarios que prometen “alto rendimiento”.

Las autoridades indígenas NO son criminales

Tue, 02 Sep 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Las autoridades indígenas NO son criminales

Se les persigue por defender la democracia.

Marielos Monzón

2 de septiembre de 2025

00:01h

El Ministerio Público (MP) lo hizo de nuevo. El jueves 28 de agosto, cuando se dirigía a recibir tratamiento de hemodiálisis, Esteban Toc Tzay, exvicealcalde indígena del departamento de Sololá, fue capturado.

Es un acto de profundo racismo equiparar la organización histórica de los pueblos indígenas con estructuras criminales.

Como a Luis Pacheco y a Héctor Chaclán, exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán, la Fiscalía lo acusa de los delitos de sedición, terrorismo, asociación ilícita, obstrucción de la justicia y obstaculización a la acción penal, según la orden judicial que se filtró a los medios y que tiene fecha 11 de abril de 2025.

Como ya es costumbre, el “caso” está bajo reserva, por lo que apenas se tiene información del expediente. Sin embargo, se sabe que su detención obedece a su participación, junto a otros líderes y autoridades indígenas, en las jornadas de protesta que exigieron respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas en el proceso electoral de 2023.

La municipalidad indígena de Sololá, junto a otras organizaciones comunitarias, tuvo un rol protagónico en la defensa de la democracia y evitó que se concretara un rompimiento constitucional. Las movilizaciones que se llevaron a cabo y a las que se sumaron decenas de miles de guatemaltecos no solo no constituyen delito sino representan un hecho histórico que evitó que en nuestro país se consumara un régimen autoritario.

Don Esteban Toc, al igual que Luis Pacheco y Héctor Chaclán, cumplieron con el mandato que les fue otorgado en asambleas comunitarias y fueron voceros de sus pueblos. Sus capturas representan un acto de venganza y castigo y forman parte de la estrategia de persecución que el Ministerio Público de María Consuelo Porras Argueta lleva adelante en contra de actores democráticos que se oponen a la corrupción y a la cooptación del sistema de justicia de Guatemala.

Pero también es un acto de profundo racismo equiparar la organización histórica de los pueblos indígenas con estructuras criminales y endilgarles a las autoridades ancestrales delitos de la ley contra la delincuencia organizada.

En el caso de Esteban Toc, además, se violenta su derecho a la vida y a la integridad al negarle una medida de prisión domiciliaria, que le permitiría continuar de mejor forma con su tratamiento. Las declaraciones recogidas por Prensa Comunitaria después de su captura, en las que explicó su situación de salud, debieron haber sido motivo suficiente para que el juez dictara el arresto domiciliario. Pero, como en el resto de procesos de criminalización, la norma es la prisión preventiva como castigo anticipado.

Si se sigue permitiendo que el abuso del derecho penal sea la regla y no se pone un freno a la persecución indebida, para mayo de 2026 —cuando se dé el cambio de fiscal general— habrá más personas presas y en el exilio que las que había en enero de 2024 cuando Bernardo Arévalo tomó posesión.

Por eso llevan razón las autoridades indígenas en el comunicado que emitieron tras la captura de Esteban Toc al exigir al presidente de la República “una actuación contundente contra la persecución penal que el pacto de corruptos y golpistas mantienen en contra de autoridades indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas”.

Es lamentable que el MP y un grupo de jueces, juezas y magistrados estén empeñados en retorcer la realidad y continúen afirmando que en las elecciones de 2023 hubo fraude. Esa narrativa se traduce en las capturas de las autoridades indígenas, pero también en los procesos que se siguen en contra de los magistrados titulares y algunos trabajadores del Tribunal Supremo Electoral. Aunque no tenga sustento, ese “caso” será su caballito de batalla de aquí a que se nombre al nuevo fiscal general y las consecuencias las tenemos a la vista.

Libertad para Esteban Toc, Héctor Chaclán y Luis Pacheco. Las autoridades indígenas NO son criminales.

Liberen a Luis Pacheco y Héctor Chaclán

Tue, 26 Aug 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Liberen a Luis Pacheco y Héctor Chaclán

124 días de prisión arbitraria

Marielos Monzón

26 de agosto de 2025

00:02h

El sábado 24 de agosto se cumplieron 124 días desde que fueron detenidos los exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Ambos líderes indígenas permanecen encarcelados en la prisión militar Mariscal Zavala y muy poco se conoce sobre el proceso en su contra porque, como sucede en otros casos de persecución penal indebida, se encuentra bajo reserva.

Aunque en un inicio fueron ligados a proceso por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal, lo que ya de por sí era un absurdo, una sala de apelaciones decidió agregarles el delito de asociación ilícita porque, según argumentó públicamente el Ministerio Público, los 48 Cantones de Totonicapán no están inscritos en el Registro de Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación.

Así como lo lee, los directivos de una organización con más de 200 años de existencia —Luis Pacheco fue su presidente número 203— no es considerada como tal por la Fiscalía —y una corte de apelaciones le dio la razón—, por no estar registrada en una entidad que surgió a la vida jurídica en el 2006. Pero como no se trata de justicia, sino de venganza y castigo, ese argumento fue suficiente para sumar un delito adicional a Pacheco y Chaclán.

El “caso” en contra de las dos autoridades indígenas no solamente no tiene sustento y se ha desarrollado en total secretividad —contraviniendo el principio de publicidad, que es uno de los pilares del Derecho Penal guatemalteco—, sino que está en un “punto muerto”, y no avanza a la etapa intermedia en la que un juzgado debe decidir si ambos líderes enfrentan o no juicio oral, porque no hay juez a cargo del proceso.

No solo no deberían estar enfrentando la cárcel, sino tendríamos que estar reconociendo su valentía y dignidad.

Sí, así como lo lee, según reporta Diario La Hora (21-08-2025), Mario Rodríguez Flores, juez A del Juzgado Cuarto Penal, se excusó de conocer el proceso de Chaclán y Pacheco en el mes de junio, y lo mismo hizo la jueza A del Juzgado Quinto Penal, Judith Secaida. Desde entonces, violentando otra garantía central del Derecho Penal, el “caso” no tiene juez y la sala de apelaciones que debiera nombrarlo, no lo ha hecho.

Como no se ha podido conocer el expediente y los abogados defensores deben acatar la secretividad que les fue impuesta, la información ha ido surgiendo a cuentagotas, a partir de declaraciones de fiscales o de filtraciones de fuentes judiciales a la prensa. Lo cierto es que, si fuera tan sólido como argumenta la Fiscalía, ya sabríamos los pormenores y se habrían ventilado a los cuatro vientos las pruebas que dicen tener.

Lo que sí sabemos es que ambos líderes indígenas fueron capturados como represalia por su participación en las manifestaciones pacíficas del 2023, en defensa de la democracia, y que lo hicieron cumpliendo el mandato de su comunidad de movilizarse para defender la voluntad popular expresada en las urnas y evitar un rompimiento constitucional. Es decir, no solo no deberían estar enfrentando un proceso penal y la cárcel, sino tendríamos que estar reconociendo su valentía y dignidad porque fue eso lo que permitió que en nuestro país no se instalara un régimen autoritario.

Pero como el MP de María Consuelo Porras Argueta está empeñado en afirmar que en Guatemala hubo un fraude electoral, sus acciones —incluido este “caso”— van por ese camino, aunque no tengan asidero.

A estas alturas y con todas las violaciones que se han dado en el proceso, lo mínimo que la sala de apelaciones está obligada a hacer es nombrar sin demora a un juez que se haga cargo del caso y defina, de una vez por todas, si se abre a juicio o no. Y, por supuesto, lo que es urgente y tampoco admite dilación es dictar una medida de arresto domiciliario a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, para que puedan defenderse en libertad.

La “percepción” de la criminalización del MP

Tue, 12 Aug 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

La “percepción” de la criminalización del MP

Obviamente los datos no se consignan en la encuesta de “satisfacción” de los usuarios del MP.

Marielos Monzón

12 de agosto de 2025

00:02h

En una citación que el diputado José Chic hizo a personeros del Ministerio Público (MP) la semana pasada, se habló sobre el uso indebido del derecho penal que la Fiscalía hace en contra de líderes sociales y comunitarios, profesores y estudiantes universitarios, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, exoperadores de justicia y extrabajadores de la desaparecida Cicig.

Durante el intercambio, el secretario general del MP dijo que esa era una “percepción” y que las “encuestas” que responden los usuarios dicen lo contrario. Para abonar al tema, me permito en esta columna compartir algunos datos e informaciones sobre la manera en que opera la Fiscalía General desde que asumió su dirección María Consuelo Porras Argueta.

En los párrafos 14 y 15 del informe de Observaciones Preliminares de la visita in loco a Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se lee: “En los últimos siete años, la CIDH ha constatado un progresivo deterioro del Estado de derecho y la institucionalidad democrática en Guatemala, entre otros factores, debido a la instrumentalización del sistema penal en contra de quienes han formado parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad (…). La CIDH entiende que la criminalización consiste en el uso indebido del sistema penal a través de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el fin de obstaculizar en sus labores legítimas a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, personas operadoras de justicia independientes; o bien, para perseguir, intimidar y castigar a quienes ejercen legítimamente los derechos que hacen parte del espacio cívico y democrático…”.

En la misma línea, la relatora especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, quien visitó Guatemala entre el 12 y el 23 de mayo, expresó su preocupación por la criminalización en contra de “quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos o denunciar los abusos de poder”. Para que no quedaran dudas, la relatora indicó: “La criminalización opera a través de un conjunto de acciones identificables que involucran al Ministerio Público, a miembros del poder judicial y a menudo a ciertos actores privados”. (AP, 23/5/25)

La persecución indebida ha derivado en el exilio de al menos 40 exfiscales y exjueces/juezas y 24 periodistas.

También en la página 49 del informe “¿Eficacia o Impunidad? El desempeño del MP durante la gestión de Consuelo Porras 2018-2025” hay un gráfico que muestra cómo las denuncias de la actual Fiscalía en contra de exoperadores de justicia, destacados por su lucha anticorrupción o por llevar adelante causas por graves violaciones a los derechos humanos, corresponden a su accionar en estas investigaciones. Sesenta y seis de las denuncias presentadas por el MP de Porras Argueta son “casos espejo” en represalia por llevar ante los tribunales a integrantes de estructuras y redes de corrupción.

Esta persecución ha derivado en el exilio de al menos 40 exfiscales, exjueces y juezas y en el encarcelamiento arbitrario de nueve fiscales que han pasado largos períodos en prisión como Virginia Laparra y Stuardo Campo, que permanece preso en Mariscal Zavala.

Los casos abiertos en contra del periodista Jose Rubén Zamora son un claro ejemplo de cómo la prisión preventiva que sufre desde hace tres años es un castigo anticipado por las publicaciones sobre actos de corrupción de la dupla Alejandro Giammattei-Miguel Martínez.

Además, abogados defensores han documentado patrones similares en todos los casos de criminalización como: uso de tipos penales abiertos o ambiguos, designación de jueces ad hoc, violaciones al derecho de defensa y ataques y amenazas en las redes sociales, que obviamente no se consignan en la encuesta de “satisfacción” de los usuarios del MP.

Hasta siempre, querido Víctor

Tue, 05 Aug 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Hasta siempre, querido Víctor

Un ser humano de esos que se mantienen a lo largo de la vida en el lado correcto de la historia.

Marielos Monzón

5 de agosto de 2025

00:01h

Este sábado 2 de agosto repicaron las campanas de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Asunción Mita, Jutiapa. Lo hicieron en honor y como despedida del querido Víctor Ferrigno Figueroa, quien un día antes inesperadamente falleció.

Cada vez que se requería apoyar alguna causa justa, ahí estaba Víctor Ferrigno.

Víctor había acompañado al pueblo miteco en la resistencia contra la minería, poniendo al servicio de la comunidad todo su conocimiento jurídico, su compromiso y su solidaridad. No fue la primera vez que el “licenciado” Ferrigno, como cariñosamente le llamaban, acuerpaba a los pobladores en la defensa de sus territorios y sus recursos naturales. Lo había hecho antes en San Marcos, San José Pinula, San Juan Sacatepéquez y Huehuetenango. Siempre del lado de la gente, defendiendo los derechos de las poblaciones más empobrecidas y olvidadas.

Así era Víctor, un ser humano excepcional, de esos que se mantienen a lo largo de la vida en el lado correcto de la historia. Yo lo conocí casi por casualidad. Me refirieron con él para hacer una entrevista sobre los años de la resistencia estudiantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y allá fui como periodista para conversar con uno de los referentes de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), Oliverio Castañeda de León, y del Frente Robin García. Hicimos “migas” casi de inmediato, me impresionó la lucidez de sus reflexiones y la claridad de su análisis político. Una voz firme y ronca, como de locutor, bromeé con él.

La amistad surgió después, cuando en uno de nuestros encuentros me contó sobre la relación de respeto y cariño que mantuvo con mi padre, el penalista Guillermo Alfonso Monzón Paz. Víctor me relató muchas anécdotas de mi papá, pero una me quedó grabada: fue él uno de los pocos profesores que se atrevió a firmar sus casos en el Bufete Popular de la Universidad. Eran tiempos recios aquellos y firmar un habeas corpus o un alegato a favor de personas desaparecidas equivalía a firmar una sentencia de muerte. Víctor siempre se refirió a él como “mi maestro”.

Y para mí, Víctor Ferrigno también fue un maestro. De él aprendí que las columnas de opinión son espacios muy valiosos que no se escriben al pasar y que requieren de trabajo y de respeto intelectual por quienes nos leen. Que no son panfletos para salir del paso y que lo que afirmamos debe tener sustento. Sus escritos fueron siempre sucintas cátedras sobre la realidad nacional e internacional y posicionamientos políticos frente a cuestiones relevantes del contexto chapín. No dejaba de leerlo y él me hacía el favor de hacer lo mismo con esta columna de Prensa Libre.

Además de amigos, fuimos colegas. En mi paso por la Radio Universidad, Víctor aceptó tener una columna de análisis cada semana, los días viernes en el programa que yo conducía. Rara vez la hacía pregrabada, la mayoría del tiempo, lo llamábamos para “salir al aire” por la vía telefónica y, a veces, se asomaba al Paraninfo para leerla desde los micrófonos de la querida Radio U.

La aventura de la radio le dio la oportunidad, como bromeaba él, de “impresionar” con su voz de locutor, pero también sirvió para estrechar cada vez más el cariño y la amistad. Cada vez que se le requería para apoyar alguna causa justa, ahí estaba Víctor. Cada vez que una organización, una comunidad o un grupo campesino necesitaba a un jurista que acompañara sus luchas, ahí estaba Víctor.

No cabría en este espacio su enorme trayectoria ni cada uno de los momentos que nos tocó compartir. Lo cierto es que dejó un vacío muy grande. Lo cierto es que Guatemala pesa menos ahora que Víctor se nos fue.

Un abrazo apretado a su amada esposa, Alma Baldizón, su compañera de toda la vida, y a mi querido amigo y colega, Pedro Ferrigno, ese hijo que sigue los pasos de su padre. ¡Hasta siempre, querido Victorito!

Zamora: 1,096 días de injusta prisión

Tue, 29 Jul 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Zamora: 1,096 días de injusta prisión

Seguimos exigiendo su salida de la cárcel para que pueda defenderse en libertad.

Marielos Monzón

29 de julio de 2025

00:01h

Hoy se cumplen tres años desde que el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín fue capturado bajo acusaciones espurias del Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta. Desde entonces —salvo los escasos meses en que estuvo en arresto domiciliario— se encuentra recluido en la cárcel militar Mariscal Zavala.

A Zamora lo persigue una estructura paralegal que tiene secuestrado al Ministerio Público.

La privación de libertad de Zamora es un acto de venganza y de castigo por las investigaciones que el diario elPeriódico —bajo su dirección— publicó sobre casos de gran corrupción vinculados al entonces presidente Alejandro Giammattei Falla y a su pareja, Miguel Martínez.

Desde los medios que presidió, Jose Rubén fiscalizó a los sucesivos gobiernos democráticos y se convirtió en uno de los periodistas más reconocidos de América Latina. Sus reportajes alcanzaron tal nivel de difusión que medios estadounidenses y europeos los utilizaron como base de sus propias investigaciones. Eso lo hizo blanco de toda clase de ataques, amenazas y agresiones.

Durante el gobierno de Alfonso Portillo, la residencia de Zamora fue allanada por un comando del Estado Mayor Presidencial, que simuló su ejecución frente a su familia. En tiempos de Álvaro Colom fue secuestrado y tirado en una cuneta (sus captores lo dieron por muerto) y casi fallece por hipotermia. En el gobierno de Berger, el propio Jose Rubén cuenta cómo el presidente le llamó para pedirle que no saliera de su casa porque había un plan para asesinarlo.

Al igual que ocurrió con Siglo Veintiuno cuando lo dirigió, elPeriódico estuvo siempre en el ojo del huracán: los equipos de reporteros sufrían amenazas y vigilancia, el cerco económico para afectar la pauta publicitaria fue siempre una constante, y la persecución tributaria, una forma de acoso permanente. Incluso, en un país como el nuestro en el que asesinan a mujeres a diario, la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer se ha retorcido y funcionarias, candidatas a la Presidencia, juezas o diputadas la han utilizado para evitar publicaciones en su contra.

A pesar de todos estos ataques, Jose Rubén Zamora decidió seguir haciendo periodismo en Guatemala. No se fue del país ni siquiera cuando su vida corría peligro. Sin embargo, jueces deshonestos que comparten con la cúpula del MP las sanciones de más de 40 países por ser actores antidemocráticos y corruptos lo mantienen en prisión preventiva como una forma de castigo anticipado.

En los tres procesos que afronta el periodista se han violentado sistemáticamente sus derechos humanos y todos los principios del derecho penal: se le ha vedado su derecho de defensa, sus abogados han sido criminalizados y tres de ellos fueron encarcelados y obligados a aceptar cargos; los jueces han rechazado sus pruebas de descargo, los plazos entre una audiencia y otra han sido extremadamente largos y quienes han dictado fallos de forma independiente han sido amenazados y coaccionados.

Zamora no está enfrentando un sistema de justicia. Lo persigue una estructura paralegal que tiene secuestrado al Ministerio Público y una red corrupta de jueces y magistrados que tienen cooptado el aparato judicial guatemalteco.

Jose Rubén es un preso político, su prisión es injusta y arbitraria. En la cárcel ha sufrido vejámenes y su familia se vio obligada a salir del país para resguardar su vida y su integridad. Hoy que se cumplen 1,096 días desde su encarcelamiento seguimos exigiendo su salida de la cárcel para que pueda defenderse en libertad. ¡Liberen a Zamora YA!

Liberen a los presos políticos

Tue, 22 Jul 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Liberen a los presos políticos

Indigna que personas inocentes estén guardando prisión sin haber cometido delitos.

Marielos Monzón

22 de julio de 2025

00:02h

El viernes 18/7 fue un buen día para la justicia. Tras un tortuoso proceso judicial —lleno de irregularidades y retardos maliciosos— el exfiscal anticorrupción del Ministerio Público (MP) Stuardo Ernesto Campo Aguilar fue absuelto de los delitos que se le imputaban en el caso conocido como Alfa 7.

Aunque continúa privado de su libertad por los otros procesos espurios que la Fiscalía fabricó para mantenerlo detenido, la resolución de la jueza Magda Martínez del Tribunal Décimo de Sentencia Penal no dejó lugar a dudas sobre la inocencia de Campo y de los exauxiliares fiscales Carlos Faustino Flores y Gonzalo Rafael Chilel. Tampoco sobre el uso abusivo que el MP de María Consuelo Porras Argueta hace del derecho penal para perseguir y castigar a quienes investigaron, persiguieron, se enfrentaron (y enfrentan) a las estructuras criminales y de corrupción.

En su resolución, la jueza fue categórica: “En el presente caso no se probó con ningún medio de prueba que los acusados fueran informados del error que había cometido su compañera (…). Siendo relevante que en el momento que cometieron el error solicitaron la falta de mérito a favor de la agraviada”.

Resulta gravísimo que el “caso” haya tenido que llegar a un tribunal de Sentencia, en lugar de que el juez de Primera Instancia hubiera decretado la falta de mérito. Pero como de lo que se trata es de castigo y venganza, y no de justicia, los indicios presentados que eran “humo” fueron aceptados por el juez Selman Portillo y esto alargó por meses la estrategia de persecución contra Campo y sus colegas.

El exfiscal fue detenido por primera vez el 25 de mayo de 2023. Hoy cumple 233 días de prisión preventiva en la cárcel militar de Mariscal Zavala después de haber sido recapturado por un segundo caso en su contra. Debido a la negativa de jueces y magistrados de brindarle una medida sustitutiva y al empecinamiento de Porras y sus socios de seguir con la farsa de los procesos fabricados, deberá continuar ahí hasta que se resuelvan las solicitudes de arresto domiciliario o los dos “casos” en los que sigue imputado lleguen a juicio.

Seguimos exigiendo la libertad de todos los presos políticos y la salida de María Consuelo Porras del MP.

Frustra y duele saber que personas inocentes están guardando prisión sin haber cometido delito alguno. Indigna que haya cien personas en el exilio —entre operadores de justicia, periodistas, abogadas, estudiantes de la Usac, líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos— que no pueden volver porque se les giraron órdenes de captura o están implicadas en investigaciones que no tienen ni pies ni cabeza. Pero, a la vez, genera admiración la profunda dignidad con la que Stuardo Campo, Jose Rubén Zamora, Eduardo Masaya, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, por nombrar a algunos, enfrentan la injusticia.

Lo ocurrido el viernes es un pequeño paso que muestra que no todo está perdido dentro del sistema de justicia del país. Sin embargo, es absolutamente equivocado pensar que, como le van quedando menos meses de gestión a Consuelo Porras, la criminalización va a menguar. Al contrario, la partida que están jugando tiene como carta principal continuar con la persecución penal indebida y procurar que, a la hora de un relevo en la dirección del MP, haya muchos casos “amarrados” contra personas inocentes.

Ahí tienen ustedes la absurda argumentación que la Fiscalía realizó y que fue aceptada por una sala de Apelaciones en el caso de criminalización en contra de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exautoridades indígenas de Totonicapán. Para endilgarles como tercer delito “asociación ilícita”, el MP adujo que los 48 Cantones no están inscritos en el Registro de Personas Jurídicas (Repeju), pese a sus más de 200 años de existencia. Así de racistas e ignorantes.

Por eso seguimos exigiendo la libertad de todos los presos políticos y la salida de María Consuelo Porras del MP.

Zamora: 1,068 días de prisión arbitraria

Tue, 01 Jul 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Zamora: 1,068 días de prisión arbitraria

Hacer periodismo no es delito.

Marielos Monzón

1 de julio de 2025

00:02h

Hoy, el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín cumple mil 68 días de estar detenido injustamente. Desde el 29 de julio de 2022 —día en que fiscales del Ministerio Público (MP) allanaron su casa y lo detuvieron, acusándolo de los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias—, el expresidente del desaparecido diario elPeriódico ha tenido que afrontar tres procesos penales espurios a partir de investigaciones fabricadas por una fiscalía alineada con los intereses de sectores corruptos.

Aunque el Tribunal Noveno de Sentencia integrado por las juezas Verónica Elizabeth Ruiz Blau, Sonia Ninette Villatoro López y Dinora Benita Martínez Rodas resolvió otorgarle arresto domiciliario en el primer proceso penal en su contra y el entonces juez suplente del Juzgado Segundo Penal, Érick García, falló en el mismo sentido en el segundo y tercer casos, Zamora Marroquín permanece recluido en la cárcel militar Mariscal Zavala porque la Sala Tercera de Apelaciones anuló la resolución del juez García y ordenó su regreso a prisión.

Dicha sala, conocida en los pasillos judiciales y parlamentarios como “la sala de Felipago”, está integrada por Alejandro Prado Estrada —abogado del exdiputado Felipe Alejos (Felipago), señalado en el caso Traficantes de Influencias— y Mario Federico Hernández Romero, exdefensor del expresidente Otto Pérez Molina en los casos La Línea y Cooptación del Estado, y exabogado de la exdirectora del Instituto de la Víctima Alejandra Carrillo, esposa de Alejos y también implicada en varios casos de corrupción. Por eso no sorprende que, “de oficio”, hayan conocido una apelación presentada por el MP y decidieran anular todo lo actuado por Érick García, incluido el arresto domiciliario otorgado a Zamora.

La resolución notificada el 3 de marzo de 2025 se hizo efectiva siete días después, durante una audiencia en la que García se vio obligado a cumplir el fallo de la Sala Tercera, aunque no estuviera de acuerdo. Recordemos que, en ese momento, el juez denunció que tanto él como el personal de su juzgado estaban siendo amenazados y presionados. En vez de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenara una investigación por estas amenazas, se resolvió trasladar a García al departamento de Escuintla, probablemente como castigo por su independencia.

No hay razón válida para negarle a Jose Rubén Zamora el arresto domiciliario y que pueda defenderse en libertad.

Desde el 10 de marzo, el equipo legal de Zamora presentó los recursos necesarios para restaurar el arresto domiciliario del periodista. Sin embargo, la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ apenas este viernes emitió una resolución que abre esa posibilidad. Y digo “abre” porque, en vez de resolver de inmediato la medida sustitutiva, ordenó a la Sala Tercera reexaminar su fallo y pronunciarse sobre los agravios planteados por la defensa. En resumen, se sigue retrasando (una vez más) el otorgamiento de la medida sustitutiva; y, considerando los antecedentes de la “sala Felipago”, cualquier cosa podría ocurrir.

Pero existe otra posibilidad: que el Juzgado Segundo, ahora que la Cámara de Amparos de la CSJ otorgó el provisional, decida ejecutar la resolución, repita la audiencia en la que se revocó el arresto domiciliario de Zamora y revise la detención arbitraria que enfrenta.

Jose Rubén sufrió torturas, enfrentó la persecución de una decena de sus abogados y la violación sistemática de su derecho de defensa. Su encarcelamiento fue catalogado por un grupo de expertos de la ONU como “detención arbitraria”, y cuando se le otorgó el arresto domiciliario cumplió con todas las medidas impuestas por el juzgado. No hay razón válida para mantenerlo en la cárcel; lo justo es que pueda defenderse en libertad.

Basta de enredos jurídicos y del litigio de mala fe con el que actúan el MP y los querellantes. Hacer periodismo no es delito.

Seguimos buscándolas, hasta encontrarlas

Tue, 24 Jun 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Seguimos buscándolas, hasta encontrarlas

En Guatemala se registran más de 45 mil personas detenidas-desparecidas, entre ellos cinco mil niños y niñas.

Marielos Monzón

24 de junio de 2025

00:01h

El 21 de junio de 1980 fueron secuestrados y desaparecidos 27 sindicalistas de la Central Nacional de Trabajadores de Guatemala (CNT). Un comando armado integrado por policías y militares irrumpió en la sede del sindicato y se los llevó; desde entonces se desconoce su paradero.

La impunidad del presente es hija de la impunidad del pasado.

La central sindical estaba ubicada en la 9a. avenida y 4a. calle de la zona 1. Desde 1976 permanecía vigilada y en cuatro ocasiones fue allanada. En esa última ocasión, el régimen de Romeo Lucas García decidió romper la resistencia de los trabajadores organizados y llevarse a la mayoría de integrantes de su dirección nacional. Entre el grupo de personas secuestradas había jóvenes de entre 19 y 29 años y una sindicalista embarazada.

Alrededor del hecho circuló una gran cantidad de desinformación y hubo una campaña de descrédito y calumnias en contra del sindicato y de quienes habían sido secuestrados. El objetivo era “justificar” las capturas y enviar una amenaza inequívoca: “Lo mismo puede suceder con cualquiera que alce la voz y exija derechos”. Tres días más tarde, el 24 de junio, el entonces vicepresidente Francisco Villagrán Kramer declaró que los trabajadores estaban en un destacamento militar de Coatepeque (Gutiérrez, M. 2011). No hubo ninguna información adicional.

En 2004, luego de muchos años de exigencias de las organizaciones y familiares de personas detenidas-desaparecidas, el Congreso aprobó un decreto en el que declaró el 21 de junio como “Día Nacional contra la Desaparición Forzada”, en memoria de las y los 27 sindicalistas desaparecidos. Estos eran sus nombres: Agustín Chitay Chapetón, Álvaro Orlando Estrada, Bernardo Marroquín Salazar, Crecencio Cornel Ordóñez, Cristina Yolanda Cabrera, Erwin René Hernández Paiz, Florencia Xocop Chávez, Florentino Gómez López, Héctor Manuel Sánchez González, Hilda Carlota Pérez Menéndez, Irma Candelaria Pérez Osorio, Ismael Vásquez Ortiz, Jorge Luis Serrano, Manuel Antonio Rodríguez, Manuel René Polanco Salguero, Mario Campos Valladares, Mario Martínez, Orlando Antonio García Rodríguez, Óscar Amando Salazar, Pedro Ramos Micatu, Rafael Antonio Aguilar Pérez, Sara Cabrera Flores, Selvin Arnoldo García López, Sonia Elizabeth Alecio y Tomás Roberto Pol.

Dos meses después, en agosto de 1980, dieciséis sindicalistas más de la CNT fueron también secuestrados y desaparecidos mientras se encontraban en el Centro de Retiro Emaús en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

La desaparición forzada fue una práctica habitual de los gobiernos militares y sus fuerzas de seguridad. En Guatemala se registran más de 45 mil personas detenidas-desaparecidas, entre ellas, cinco mil niños y niñas. Esta estrategia de terror, extendida en todo el continente durante las dictaduras, formó parte del manual de los aparatos de la contrainsurgencia y de los aprendizajes en la tristemente célebre Escuela de las Américas, a donde acudían militares latinoamericanos para ser adiestrados por el Ejército de los Estados Unidos.

Aunque en los últimos 15 años hubo avances significativos en casos judiciales emblemáticos por graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, el retroceso en el ámbito de la justicia transicional es irrefutable. La Fiscalía de Derechos Humanos del MP fue prácticamente desmantelada y resoluciones de las altas cortes han favorecido a altos mandos militares y policiales que estaban siendo juzgados y/o fueron condenados por haber ordenado/cometido delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, la resolución que benefició a los responsables de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años secuestrado en 1981 por las fuerzas de seguridad del Estado.

La impunidad del presente es hija de la impunidad del pasado. Por eso seguiremos exigiendo: memoria, verdad, justicia y garantía de no repetición.

Centroamérica: el derrumbe autoritario

Tue, 10 Jun 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Centroamérica: el derrumbe autoritario

En la región se está aplicando —otra vez— del derecho penal del enemigo.

Marielos Monzón

10 de junio de 2025

00:01h

Las prácticas regresivas y autoritarias están regándose como pólvora en toda Centroamérica. La semana pasada vimos cómo en Guatemala y en El Salvador continuó la manipulación de las fiscalías para perseguir a opositores y voces críticas.

Preocupa que la “estrategia” del gobierno siga siendo dejar el tiempo correr.

La información compartida por los medios y las imágenes en las redes sociales demuestran un mismo patrón: casos fabricados y reserva de los procesos para evitar dar cuentas a la ciudadanía de las capturas arbitrarias.

Escuchar a la abogada Ruth López, la jurista salvadoreña capturada por el régimen de Nayib Bukele, pedir a gritos que se le conceda un juicio público para evidenciar que su encarcelamiento es una represalia por su trabajo; y ver, unos días después, cómo un grupo de policías se llevó preso a otro jurista, el abogado constitucionalista Enrique Anaya Barraza, quien denunció apenas unas horas antes de su captura que en su país se desató “un esquema de fabricación de culpables sin pruebas”, confirma que en la región se está aplicando —otra vez— el derecho penal del enemigo.

Ruth López ha sido una figura clave en desvelar casos de corrupción y en la presentación de denuncias ante la Fiscalía salvadoreña para exigir que se investigue el uso irregular de fondos públicos en las instituciones de gobierno. Ha acompañado a decenas de personas cuyos familiares fueron detenidos y están desaparecidos, sufren torturas y vejámenes o están presos sin que ningún juez les haya escuchado o emitido una condena.

Enrique Anaya es un abogado especializado en Derecho Constitucional que se opuso a la reelección de Bukele porque violaba la Constitución. Desde hace meses, no ha cejado en demostrar públicamente la sistemática represión y las violaciones a la ley que se dan en su país. El 3 de junio, en un programa de televisión fue categórico y afirmó: “El Salvador no vive en una democracia. Lo que quieren hacer con Ruth (López) es destruirla moralmente y además enviar el mensaje de miedo para todos. Aquí el que hable, el que critique, el que no se arrodille, se va preso”. Cuatro días después fue detenido.

Igual que el periodista guatemalteco Jose Rubén Zamora, Enrique Anaya y Ruth López son acusados del delito de lavado de dinero. Y eso no es casualidad, es un patrón de acción que se utiliza para perseguirlos penalmente pero también para destruir su reputación y credibilidad.

Como en Guatemala, estas capturas no son hechos aislados. Se dan como parte de una escalada de persecución en contra de actores que revelan la corrupción y las sistemáticas ilegalidades y violaciones a los derechos humanos. Ayer, la Red Centroamericana de Periodistas denunció el aumento de la vigilancia policial en las casas de periodistas salvadoreños y un clima de hostigamiento constante que llevó a que más de 30 colegas hayan tenido que exiliarse o resguardarse dentro de su país. En nuestro caso, más de 20 periodistas permanecen en el exilio y la criminalización del MP no da tregua.

La semana pasada conocíamos de una investigación penal que la Fiscalía metropolitana inició “de oficio” en contra de Sonny Figueroa, periodista del medio digital Vox Populi. Aunque suene absurdo, quieren acusarlo del delito de “revelación de información confidencial” por haber publicado en sus redes imágenes de una persona que los vigilaba a él y a Marvin Del Cid y que les tomó varias fotografías que luego aparecieron en cuentas de redes sociales que se dedican a amenazar y hostigar a periodistas.

Pareciera que, en estos 11 meses que le quedan a Consuelo Porras al frente del MP, la persecución indebida irá en ascenso. Preocupa que la “estrategia” del gobierno siga siendo dejar el tiempo correr.

Libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán

Tue, 03 Jun 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán

La “aterradora” criminalización del MP.

Marielos Monzón

3 de junio de 2025

00:02h

Hace 42 días que Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán, están presos, señalados de los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal.

Aunque el Ministerio Público (MP) en una conferencia de prensa, el día de sus capturas, anunció que la acusación era por tres delitos más, incluido el de sedición, la jueza Carol Patricia Flores —señalada en el pasado reciente en varios casos de corrupción— los ligó a proceso por estos dos ilícitos, le dio dos meses de plazo al MP para completar la investigación y se negó a darles una medida de prisión domiciliaria.

Muy poco se sabe acerca del proceso. Como se ha vuelto costumbre en los casos de criminalización, la Fiscalía pidió mantener el expediente bajo reserva, aunque esto contradiga los principios fundamentales de publicidad y transparencia, pilares del proceso penal guatemalteco.

Pero como acá no se trata de justicia sino de venganza y de persecución penal indebida, se retuercen leyes y principios, se fabrican casos, la prisión preventiva se utiliza como herramienta de castigo anticipado, se deniega el acceso a los expedientes y se prohíbe que los abogados de la defensa se pronuncien públicamente para evidenciar los vicios en el procedimiento y la falta de sustento en las acusaciones. Y por supuesto, sobrevuela la amenaza de persecución como ya pasó con una decena de abogados defensores del periodista Jose Rubén Zamora que fueron criminalizados.

La “justicia” a puerta cerrada y con candado: en eso se ha transformado el MP de María Consuelo Porras Argueta y en eso ha convertido la Fiscalía contra la Impunidad (Feci) su actual jefe, Rafael Curruchiche. Amparados, por supuesto, por un grupo de jueces, juezas y magistrados que conforman las estructuras de tráfico de influencias y corrupción en el Organismo Judicial.

La “justicia” del MP: a puerta cerrada y con candado.

Esta “justicia secreta” se vuelve aún más contradictoria a la luz de los argumentos que Curruchiche esgrimió el 23 de abril para justificar las capturas de Pacheco y Chaclán y anunciar el pedido de retiro de antejuicio en contra del gobernador de Sololá, Edgar Tuy, quien en aquel momento formó parte del grupo de autoridades indígenas que encabezaron las movilizaciones ciudadanas en defensa de la democracia.

Palabras más o menos, el jefe de la Feci declaró públicamente que la “sociedad guatemalteca” fue la agraviada con las manifestaciones de octubre de 2023. Sin embargo, en lugar de explicar en qué consiste el agravio y cuáles son los fundamentos del MP para perseguirlos penalmente, decidió pedir la reserva del caso y dejar a la supuesta “víctima” (el pueblo de Guatemala) al margen y en completa oscuridad.

Aunque no se necesita ser muy perspicaz para saber que este “caso” es otro engranaje más en la estrategia de la Fiscalía para deslegitimar el proceso electoral y apresurar la persecución en contra del presidente Bernardo Arévalo y su círculo cercano, ahora que les va quedando cada vez menos tiempo para el cambio de fiscal general.

Además, en el caso de Luis y Héctor se evidencia cómo nuevamente el poder punitivo del Estado se sigue utilizando en contra de los pueblos indígenas, sus autoridades y su organización comunitaria. Tenemos décadas de asistir a procesos en los que se criminaliza la resistencia pacífica y la lucha colectiva y ancestral. Decenas de líderes indígenas han enfrentado la cárcel por defender sus tierras y recursos naturales.

Como dijo Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU sobre independencia judicial, luego de visitar Guatemala: “La criminalización que lleva adelante el MP es aterradora”. Libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán, libertad para los presos políticos.

No dejemos de hablar de Gaza

Tue, 27 May 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

No dejemos de hablar de Gaza

Hasta el 4 de marzo, 53 mil 475 palestinos —17 mil 400 niños— y mil 706 israelíes han muerto en esta guerra.

Marielos Monzón

27 de mayo de 2025

00:01h

12.05.25 | Democracy Now! | Un organismo de monitoreo del hambre advierte que toda la población de Gaza está en riesgo de padecer hambruna al tiempo que continúa el bloqueo y el genocidio israelí contra el pueblo palestino. El informe del Sistema Integrado de Clasificación de Fases de Seguridad Alimentaria se conoce al mismo tiempo que el bloqueo total impuesto por Israel al ingreso de ayuda humanitaria que entra en su décima semana.

En 15 días, 14 mil niños palestinos podrían morir de hambre si Israel no permite el ingreso de alimentos.

21.05.25 | @Pontifex_es – Papa León XIV | La situación en la Franja de Gaza es cada vez más preocupante y dolorosa. Renuevo mi ferviente llamamiento para que se permita la entrada de ayuda humanitaria digna y se ponga fin a las hostilidades, cuyo precio desgarrador pagan los niños, los ancianos, las personas enfermas.

22.05.25 | Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) | La catástrofe total es inminente en Gaza. 71,000 niños y niñas y más de 17,000 madres sufren desnutrición aguda. Es fundamental actuar de inmediato para evitar más muertes por hambre. Esta agonía es un sufrimiento indescriptible.

22.05.25 | Swissinfo | De los 629 palestinos que murieron la semana pasada en Gaza, más de la mitad, al menos 358 de ellos, entre los que había al menos 148 niños y mujeres, perdieron la vida como consecuencia de ataques israelíes contra viviendas y tiendas de desplazados internos. Además, 9 periodistas palestinos fueron asesinados, haciendo de esta última semana una de las más mortíferas para los periodistas desde el 7 de octubre de 2023.

22.05.25 | Deutsche Welle | Europa reacciona tras ataque israelí contra diplomáticos de 27 países | Francia e Italia anunciaron que convocarán a los embajadores de Israel tras los disparos realizados por el ejército israelí en Cisjordania. El ministro de Exteriores de Francia los consideró “inaceptables”.

23.05.25 | La Jornada, México | Parlamentario israelí fue retirado por denunciar la guerra en Gaza | Ayman Odeh condenó los ataques que han matado a 19 mil niños y 53 mil residentes de Gaza.

24.05.25 | Agencia Uruguaya de Noticias | La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el sistema de salud en Gaza está al borde del colapso por la intensificación de las operaciones militares de Israel en un entorno cada vez más preocupante por los desplazamientos masivos de población y la grave escasez de alimentos, agua, suministros médicos, combustible y refugio.

25.05.25 | El País, España | ¿Será Gaza el cementerio (también) de la justicia internacional? La Corte Penal Internacional quiere juzgar a Benjamin Netanyahu, aliado clave de Estados Unidos, por crímenes contra la humanidad. La respuesta de Trump ha sido imponer sanciones al tribunal. ¿Y qué han hecho el resto de países occidentales? | Columna de opinión de Reed Brody, abogado especializado en derechos humanos.

26.05.25 | Página12, Argentina | En un duro comunicado el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló que la ofensiva israelí ya no tiene nada que ver con el derecho a la autodefensa ni con el combate al terrorismo de Hamás, sino que se enmarca en un intento de limpieza étnica.

Hasta el 4 de marzo, 53 mil 475 palestinos y mil 706 israelíes murieron en esta guerra. La gran mayoría de las víctimas eran civiles y vivían en la Franja de Gaza (17 mil 400 niños/as y más de 10 mil mujeres). 59 rehenes aún están en cautiverio y 1.9 millones de gazatíes han sido desplazados forzosamente. La ONU advirtió que 14 mil niños palestinos podrían morir de hambre si, en los próximos 15 días, Israel no permite el ingreso de alimentos y ayuda humanitaria.

La agresión terrorista de Hamás es injustificable, al igual que la brutal agresión del Estado de Israel contra Palestina.

De futbol, política y estrategia

Tue, 20 May 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

De futbol, política y estrategia

Si se la siguen pasando a los contrarios, vamos a perder.

Marielos Monzón

20 de mayo de 2025

00:02h

Hace unos días recordaba una charla que tuve con el exfutbolista uruguayo Gustavo Faral, quien a inicios del siglo era el director técnico en Guatemala del equipo de futbol Deportivo Petapa. Sus resultados fueron tan buenos que incluso logró catapultarlo a la Liga Mayor.
Palabras más, palabras menos, a mi pregunta sobre el “secreto de su éxito”, el profe Faral me explicó lo importante de plantear una estrategia que no solo tomara en cuenta fortalezas y debilidades de sus jugadores, sino también las del equipo rival. El comportamiento de los árbitros en el torneo, la dinámica de la dirigencia, los “pesos” internos y externos y hasta el rol de la “hinchada”.

La anécdota viene a cuento no porque se estuviera definiendo el torneo de clausura del futbol nacional, ni por los resultados de la Champions o LaLiga española. Más bien, estuve dándole vueltas a propósito del complejo contexto político guatemalteco y las dificultades que está teniendo el equipo de gobierno para plantear una estrategia que le permita hacer frente y ganar el “campeonato” en defensa de la democracia nacional.

La política no es el futbol, eso está claro. Pero cuando vemos que el plan se circunscribe a “pasar el balón” para ver si así se gana o por lo menos se empata, se me hizo imposible no pensar en la analogía. Y hablo específicamente de la incapacidad que ha tenido el Ejecutivo para frenar el abuso en la acción punitiva del MP y el uso indebido del sistema de justicia como herramientas de persecución y mecanismo para torpedear/anular cualquier acción que intente trastocar el estado actual de las cosas.

Ejemplos sobran, pero en esta última semana vimos tres con mucha claridad: el traslado durante la madrugada del abogado Eduardo Masaya hacia el Preventivo de la zona 18, el freno a la decisión de la SAT de armonizar el número de identificación tributaria (NIT) con el código único de identificación (CUI), y el barullo público —además de acciones legales— en contra de la decisión de retirar la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena.

Los antagonistas antidemocráticos corren con ventaja ante la ausencia del ejercicio firme del poder político.

En el primer caso, con premeditación y alevosía, buscaban desesperar a Masaya y obligarlo (como ya han logrado con otras personas) a aceptar cargos para resguardar su integridad, además de hacer ver que el ministro Jiménez no manda o no le hacen caso. En el segundo, frenar una vía para mejorar la recaudación y, de paso, convencer a una parte de la población de que la medida era una argucia para vigilar sus cuentas bancarias y las remesas que reciben. Y en el tercero, visto que les resulta provechoso en una sociedad como la nuestra avivar los fantasmas conservadores, volver a levantar la bandera de la dizque defensa de la soberanía y los valores tradicionales para echarse un nuevo pulso y desgastar aún más al gobierno.

El problema es que en este terreno los antagonistas antidemocráticos corren con ventaja ante la falta de pericia, cintura política, claridad comunicacional y, sobre todo, ante la ausencia del ejercicio firme del poder político del presidente Arévalo. Y esto no solo impacta en quienes son perseguidos, sino en la gobernabilidad, en la percepción ciudadana y en el conjunto de medidas que en otros ámbitos se están queriendo implementar.

Quedan 12 meses para que Consuelo Porras y su círculo dejen el MP porque terminará su período. En este tiempo redoblarán la apuesta, intentarán hacer todo el daño posible y procurarán dejar todo amarrado para garantizarse impunidad.

Termino con otra analogía futbolística que relató Diego Maradona. Brasil iba dominando un partido contra Argentina. En el medio tiempo, el entrenador argentino Carlos Bilardo les dijo a sus jugadores: “Si se la siguen pasando a los contrarios, vamos a perder”. Reaccionaron, la Albiceleste pasó a la siguiente ronda.

Guatemala: aquí se calla la verdad

Tue, 06 May 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Guatemala: aquí se calla la verdad

Hacer periodismo no es un delito.

Marielos Monzón

6 de mayo de 2025

00:02h

En los últimos cuatro años, más de 70 periodistas han sido criminalizados en Guatemala. Al menos 20 tuvieron que exiliarse por procesos penales fabricados por el Ministerio Público (MP) en contubernio con jueces y juezas de las redes de impunidad.

Ayer, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el colectivo No Nos Callarán, la Red Centroamericana de Periodistas, la Red Rompe el Miedo-GT y Amnistía Internacional nos unimos para exigir que cese el acoso contra el periodismo y amplificar las voces de colegas perseguidos, exiliados y encarcelados. En las paredes de la Torre de Tribunales se proyectó el video #AquíSeCallaLaVerdad que recoge sus historias. Estas son algunas:

Jose Rubén Zamora: tengo mil días enfrentando una detención arbitraria por denunciar 144 casos de corrupción en el gobierno de Alejandro Giammattei. Lucía Escobar: llevo 550 días en el exilio junto a mi familia por haber cubierto una manifestación. Si regreso, podría ser una más de las periodistas criminalizadas por el MP. Carlos Cano: llevo mil 460 días en el exilio por denunciar la corrupción y la destrucción ambiental. Continúo mi labor periodística con más fuerza.

Anastasia Mejía Tiriquiz: viví 37 días de detención arbitraria por pedir información pública y denunciar la corrupción en la Municipalidad de Joyabaj, Quiché. Juan Luis Font: busco asilo en Francia mientras enfrento una orden de captura impulsada por un caso espurio en mi contra. Oswaldo J. Hernández: llevo más de 900 días enfrentando intimidaciones y amenazas por investigar redes de corrupción ligadas a diputados y abogados.

No más silencios impuestos. Exigimos el fin de la persecución contra el periodismo.

Andrea Ixchíu: llevo 850 días en el exilio por defender la tierra y la vida. Fui perseguida, golpeada y criminalizada por no quedarme callada. Marvin Del Cid: he tenido que salir de Guatemala tres veces en cuatro años por las amenazas, procesos penales y censura que buscan cerrar Vox Populi. Alexander Valdez: llevo dos años en el exilio por mi trabajo como periodista en elPeriódico. Aunque una jueza desestimó el caso, las autoridades insisten en criminalizarme por contar la verdad.

Sonny Figueroa: he sido perseguido judicialmente, golpeado y obligado al exilio por documentar la corrupción. Aún hoy recibo amenazas cada semana. Édgar Trigueros: el año pasado enfrenté una denuncia falsa por amenazas de muerte. Después intentaron asesinarme. Hoy sigo exigiendo justicia mientras la investigación continúa. Edwin Guá: hace 60 días denuncié amenazas e intimidaciones por informar sobre lo que ocurre en mi comunidad. Hoy, quien me amenazó intenta criminalizar mi labor periodística con difamaciones. No dejaré de contar lo que otros quieren ocultar. Gerson Ortiz: llevo más de 796 días siendo perseguido por el MP, a pesar de tres resoluciones que confirman que informar no es un delito.

Julia Corado: el MP pidió procesarme penalmente sin juicio de imprenta, como exige la ley. Me acusan, junto a otros periodistas de elPeriódico, de obstaculizar la justicia por ejercer mi libertad de expresión. Diego España: llevo 199 días enfrentando dos procesos penales por hacer mi trabajo periodístico. El MP me persigue por revelar una reunión ilegal entre una fiscal y una jueza. Rony Ríos: llevo más de dos años en el exilio porque el MP decidió que mis publicaciones eran delito.

Michelle Mendoza: llevo casi tres años en el exilio por las amenazas y persecución de un gobierno que quiso silenciarme. Me arrebataron mi país, mi presencia como madre y una vida en libertad. Carlos Choc: he enfrentado dos procesos penales por investigar y documentar la contaminación del lago de Izabal. Me persiguen por defender el derecho a la verdad desde mi territorio. Nelton Rivera: desde hace más de 10 años hemos trabajado bajo asedio, amenazas y criminalización. Cinco personas de nuestra red han sido encarceladas por informar.

Defender la democracia no es delito

Tue, 29 Apr 2025 06:01:00 +0000

punto de encuentro

Defender la democracia no es delito

Libertad para Luis Pacheco y Héctor Manuel Chaclán.

Marielos Monzón

29 de abril de 2025

00:01h

En 2023 fueron los pueblos indígenas, liderados por las autoridades ancestrales, quienes lograron hacer respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. De no ser por las masivas movilizaciones en defensa de la democracia y del voto popular, se habría instaurado en Guatemala un régimen autoritario producto de un golpe de Estado que tuvo como principal protagonista al Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta.

Las capturas de Luis Pacheco y Manuel Chaclán es una afrenta contra los pueblos indígenas y su organización comunitaria.

Tras la segunda vuelta electoral y hasta el mismo 14 de enero de 2024, día de la toma de posesión, el Pacto de Corruptos —utilizando como principal herramienta el poder punitivo de la Fiscalía General— intentó impedir la llegada a la presidencia del binomio del Movimiento Semilla. Hubo de todo: fabricación de un caso espurio por un supuesto fraude, allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral, secuestro de las papeletas de votación, procesos penales en contra de autoridades y empleados electorales y un largo etcétera.

La comunidad internacional que acompañó el proceso con dos misiones de observación encabezadas por la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos no solamente refrendó los resultados electorales, sino destacó el papel trascendental de la sociedad guatemalteca, especialmente de los pueblos indígenas y sus autoridades, para evitar que se concretara el golpe de Estado por la vía judicial. Todo eso sucedió y quedó documentado.

Aunque Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieron sus cargos, la estrategia desestabilizadora y golpista no se detuvo. Es más, el MP (en alianza con sus jueces y juezas socios) continuó sin freno la fabricación de casos espurios y el uso del derecho penal para criminalizar/castigar/perseguir a actores democráticos que le han plantado cara a la alianza golpista y corrupta.

La apuesta del gobierno de Arévalo de “convivir” con Porras Argueta hasta que llegue la fecha del cambio de fiscal general en mayo de 2026, salvo que en el Congreso se reforme la Ley del MP para que el presidente la destituya (cosa improbable, sobre todo cuando no se ve por ningún lado el ejercicio de poder político desde la Presidencia), se tradujo en un debilitamiento acelerado del gobierno que está siendo promovido/aprovechado por la cúpula de Gerona, que hará lo imposible por evitar que sea Bernardo Arévalo quien nombre al próximo jefe/a del MP. Esa es la apuesta y en eso están.

Las capturas de Luis Haroldo Pacheco y Héctor Manuel Chaclán, expresidente y extesorero de los 48 Cantones de Totonicapán, organización que encabezó el Paro Nacional 2023 y fue artífice de la defensa democrática, evidencia —una vez más— la instrumentalización que el MP hace de la justicia. Acusarlos de los delitos de terrorismo, asociación ilícita, sedición, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia no solamente violenta derechos constitucionales, sino que es una afrenta en contra de los pueblos y su organización comunitaria. Pacheco y Chaclán, como el resto de autoridades indígenas, fueron electos por la asamblea general y no actuaron de manera individual, sino en representación de sus pueblos.

El “caso” —como casi todos los procesos de criminalización que lleva adelante el MP— siguió los mismos patrones: se declaró bajo reserva, se esperó a tener una jueza ad hoc para conocerlo, se dictó prisión preventiva y se acompañó de una campaña de hostigamiento, amenazas y desprestigio desde cuentas afines a la Fiscalía (incluso se colocó pauta en redes).

La solidaridad y el apoyo de la población con los pueblos indígenas y sus autoridades, en este momento de persecución y ataques, se hacen indispensables. Pero urge también una acción contundente y de ejercicio del poder político y democrático (no solo con discursos o tuits) de Bernardo Arévalo y su gobierno. Es ahora.

Una vida buscando a Marco Antonio

Tue, 15 Apr 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Una vida buscando a Marco Antonio

Un daño irreparable a la justicia.

Marielos Monzón

15 de abril de 2025

00:01h

El coronel retirado Hugo Ramiro Zaldaña Rojas fue condenado el 23 de mayo de 2018 por el Tribunal de Mayor Riesgo C a 25 años de prisión por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, 25 más por delitos contra los deberes de humanidad y ocho años por la violación agravada de Emma Guadalupe Molina Theissen.

Con más de 90 años de edad, su lucha ahora es también contra el tiempo.

Los jueces resolvieron también que los militares en situación de retiro Manuel Callejas y Callejas y Manuel Benedicto Lucas García fueron responsables de las torturas y vejámenes contra Emma Guadalupe y del secuestro y desaparición de Marco Antonio, quien apenas tenía 14 años de edad. La sentencia para cada uno fue de 58 años de cárcel. Asimismo, el militar Francisco Luis Gordillo Martínez fue hallado culpable y sentenciado a 33 años de privación de libertad.

En el juicio quedó probado que el 6 de octubre de 1981 un comando armado ingresó a la casa de la familia Molina Theissen en la colonia La Florida, zona 19 de la Ciudad de Guatemala. Al no encontrar a Emma Guadalupe, quien un día antes logró escapar de la base militar donde estaba siendo torturada y violada, se llevaron por la fuerza a su hermano menor, a quien le colocaron un saco en la cabeza y lo tiraron en la parte de atrás de un vehículo. De todo eso fue testigo su mamá, doña Emma Theissen, quien desde entonces no ha dejado de buscarlo.

Aquel fue un fallo histórico en el que un tribunal nacional emitió una sentencia condenatoria por gravísimos delitos ocurridos durante los años de la guerra en Guatemala y confirmó que en nuestro país hubo terrorismo de Estado. También quedó en evidencia cómo la violencia sexual se utilizó como una táctica de guerra y la manera en que los escuadrones de la muerte operaron desde las entrañas de la institucionalidad bajo las órdenes de la cúpula militar.

Sin embargo, todo ha ido en retroceso. El juez presidente del tribunal C de Mayor Riesgo, Pablo Xitumul, fue separado de su cargo y no ha podido volver a la judicatura. El equipo de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) fue desarticulado y fiscales e investigadores que lograron condenas en casos emblemáticos como este fueron trasladados o despedidos. Y producto del retroceso democrático de Guatemala y de la cooptación del sistema de justicia, los culpables de estos atroces delitos siguen siendo beneficiados con resoluciones que violentan la ley.

Apenas este viernes 11 de abril la Sala Primera de Apelaciones otorgó prisión domiciliaria a Zaldaña Rojas. Esta resolución, además de contravenir lo que establece el Código Penal cuando se trata de ilícitos de lesa humanidad, es una bofetada para la familia Molina Theissen y para las más de 45 mil víctimas de desaparición forzada en Guatemala.

Doña Emma Theissen se ha pasado la vida buscando a Marco Antonio. Con más de 90 años de edad, su lucha ahora es también contra el tiempo. Ella y sus hijas, Lucrecia, Emma Guadalupe y María Eugenia, siguen exigiendo que les digan dónde está aquel pequeño de 14 años que se llevaron por la fuerza hace 43.

Hay que ser muy cínico para pedir “compasión” y continuar negándole a una madre el derecho a saber dónde están los restos de su hijo después de que se lo arrebataron, lo desaparecieron y la acusaron de tenerlo escondido para cobrar una indemnización. Hay que ser muy cruel para retorcer la justicia a favor de personas que torturaron, desaparecieron, violaron y atormentaron a otros seres humanos y siguen justificando y reivindicando esas terribles acciones.

A las valientes Molina Theissen, mi solidaridad y admiración por seguir en la búsqueda de la verdad y por ese amor profundo e incondicional a Marco Antonio, que las sigue guiando y sosteniendo para no cejar en el empedrado camino hacia la justicia.

Dejen de perseguir a periodistas

Tue, 08 Apr 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Dejen de perseguir a periodistas

La fiscalía no está contenta con tener solamente a un periodista en prisión.

Marielos Monzón

8 de abril de 2025

00:02h

Los ataques e intimidaciones en contra de las y los periodistas en Guatemala siguen imparables. Cada semana se registran diversos tipos de agresiones que van desde persecución penal indebida, amenazas de muerte y de violencia sexual hasta campañas de hostigamiento y descrédito.

En lugar de cumplir con su mandato y dedicarse a perseguir a quienes realmente cometen delitos, el Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Rafael Curruchiche Cucul dedican recursos y esfuerzos para procesar penalmente a periodistas que trabajan con independencia.

El caso más grave es el del fundador y expresidente del diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora Marroquín, a quien devolvieron a prisión luego de una orden ilegal de la Sala Tercera de Apelaciones que obligó al juez Érick García a anular el fallo con el que le otorgó arresto domiciliario al periodista.

Zamora cumple hoy 984 días de detención arbitraria. Y aunque en su caso se dan todos los requisitos para tener una medida sustitutiva, el sistema de “justicia” está empeñado en mantenerlo encerrado. La razón: castigarlo por las publicaciones periodísticas que desvelaron (una y otra vez) enormes escándalos de corrupción de estructuras criminales enquistadas en las entrañas del Estado.

La última de enorme calado fue la investigación que dio detalles del supuesto pago de sobornos rusos al entonces presidente Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez. El caso de la “alfombra mágica” en la que se habría colocado la coima provocó el despido arbitrario del fiscal Juan Francisco Sandoval y fue el detonante de la persecución espuria en contra de Zamora. Pero la Fiscalía no está contenta con tener solamente a un periodista en prisión. Con una terquedad que espanta no ceja en su empeño de perseguir penalmente a un grupo de seis periodistas y dos columnistas que trabajaron con Jose Rubén en elPeriódico. Ya una jueza de primera instancia resolvió que el “caso” debía ser conocido por un juzgado de imprenta y una sala de apelaciones le dio la razón a la juzgadora, luego de que el MP apelara su resolución.

El MP se ha convertido en un Estado paralelo y el Derecho Penal, en una herramienta de castigo.

La Corte Suprema, a la que también acudió la Feci, confirmó la decisión de la sala. Pero como lo que se quiere es castigar y criminalizar, de nuevo se presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad para intentar reactivar la investigación por el delito de “obstrucción a la justicia” en contra de los colegas.

Ahí tienen ustedes también el “caso” en contra del periodista Juan Luis Font a quien le giraron una orden de captura tras una acusación absurda del exministro de Comunicaciones del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi.

O la barbaridad que intentan en contra de Diego España, del diario La Hora, quien tras develar una reunión secreta entre la jueza Abelina Cruz y la fiscal Sofía Castillo, fue acusado por esta última de “violencia contra la mujer”. Indigna que en un país en el que se asesina y violenta a niñas y mujeres todos los días, se retuerza una ley como la de feminicidio para perseguir a periodistas.

Las campañas de intimidación y desprestigio también están a la orden del día. Este fin de semana se denunció el hostigamiento en contra del medio Prensa Comunitaria y de uno de sus fundadores, Nelton Rivera. Cuentas anónimas, que usualmente anuncian acciones del MP y amenazan a periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, anunciaron una posible captura.

Hace años que el gremio periodístico ha pedido que se implemente un mecanismo de protección que garantice integridad, seguridad y libertad para continuar desempeñando nuestro oficio. Es cada vez más difícil seguir con esta labor cuando el MP se ha convertido en un Estado paralelo y el derecho penal en una herramienta de persecución y castigo.

Justicia y libertad para Jose Rubén Zamora

Tue, 01 Apr 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Justicia y libertad para Jose Rubén Zamora

La libertad es un valor supremo que debe ponderarse por encima de los formalismos.

Marielos Monzón

1 de abril de 2025

00:01h

El ensañamiento de quienes integran las estructuras de corrupción en Guatemala en contra del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín parece no tener límites. Sin importar la violación sistemática de sus derechos y del debido proceso, continúan utilizando al sistema de “justicia” como herramienta de persecución, castigo y venganza.

El último capítulo de esta cadena de arbitrariedades fue la resolución que la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió el pasado jueves 27 de marzo denegando el amparo con el que su defensa buscaba que se le otorgara de nuevo la prisión domiciliaria.

Hacer periodismo no es un delito, justicia para Jose Rubén Zamora.

En lugar de entrar a conocer el fondo del asunto (la libertad de Jose Rubén) los magistrados Carlos Ramiro Contreras, Estuardo Adolfo Cárdenas, Igmaín Galicia Pimentel y Clemen Vanesa Juárez se fueron por un mero formalismo: “Los abogados litigantes no presentaron un recurso de reposición oportunamente, para que resuelto este recurso se acudiera al amparo como corresponde”, se lee en un comunicado que difundieron para justificar su decisión. Lo peor de todo es que sí se presentó el 4 de marzo.

Contraviniendo la jurisprudencia internacional -e incluso la de la propia Corte de Constitucionalidad- que establece que la libertad es un valor supremo y que se debe ponderar por encima de otras consideraciones, la Cámara extendió la detención arbitraria de Zamora quien pasó 813 días en prisión y desde el 11 de marzo debió volver a ella por una decisión de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones. Recordemos que esa Sala anuló lo actuado por el juez Erick García y le obligó a revertir el fallo con el que le otorgó al periodista (en octubre 2024) el arresto domiciliario.

Recordemos también que en la audiencia para dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala, el juzgador defendió su resolución: los requisitos para otorgarla se cumplían en el caso de Jose Rubén y se había extendido más allá de lo razonable su encarcelamiento. Además, García denunció que él y personal de su judicatura recibieron amenazas por su actuación en este caso. A la luz de esa denuncia, cabe entonces preguntarse si la reciente resolución de la Cámara de Amparo obedece a presiones, amenazas o complicidad.

Aunque las intimidaciones contra el juez Erick García son graves y atentan contra la independencia judicial, la CSJ no se ha pronunciado. Estas amenazas no pueden verse de manera aislada, se suman a la criminalización que sufrieron sus abogados defensores y sus testigos y a las decisiones judiciales que dejaron a Zamora en estado de indefensión, como la negativa de aceptar sus pruebas de descargo. Queda claro que la escalada de persecución va en aumento y ahora se enfila en contra de jueces/juezas que emiten resoluciones —apegadas a la ley— que le benefician.

De nuevo: la prisión preventiva de Jose Rubén no tiene sustento legal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, así lo confirman. Lo grave es que la decisión del juez Jimi Bremer (considerado como actor antidemocrático y corrupto por más de 40 países) sea refrendada por órganos superiores que, por acción u omisión, mantienen a Zamora en la cárcel purgando una pena anticipada por un caso fabricado por el MP.

Imagínense ustedes que este segundo proceso que enfrenta el expresidente de elPeriódico —por el que lo regresaron a prisión— lleva 22 meses de retraso y no ha avanzado desde la primera declaración.

El equipo legal del periodista interpuso nuevamente recursos legales ante la Cámara de Amparo y la Corte de Constitucionalidad. Hay suficientes razones para otorgarle prisión domiciliaria y que pueda defenderse en libertad. Hacer periodismo no es un delito, justicia para Jose Rubén Zamora.

Estrategia, inteligencia y empatía

Tue, 25 Mar 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Estrategia, inteligencia y empatía

La crisis por el intempestivo anuncio del seguro obligatorio se habría podido evitar.

Marielos Monzón

25 de marzo de 2025

00:02h

La crisis generada la semana pasada por el intempestivo anuncio del gobierno de dar un plazo de 45 días para adquirir un seguro obligatorio para todo tipo de vehículo se habría podido evitar o, por lo menos, prevenir que tomara las dimensiones que adquirió.

Contar con una póliza de daños a terceros en un país que como el nuestro registra cifras muy altas de accidentes de tránsito —más de ocho mil al año—, con decenas de personas fallecidas, heridas y/o incapacitadas, es más que necesario.

El problema no fue retomar el tema del seguro (que además está previsto en la ley) como una de las alternativas para evitar que cientos de víctimas de los siniestros viales queden desprotegidas y sin alternativas para hacer frente a los daños que ocasionaron o les provocaron; la cuestión fue el “cómo” se hizo. O, mejor dicho, lo que no se hizo.

Probablemente, haberlo hecho de forma escalonada habría provocado descontento en algún sector específico, pero una cosa es gestionar un “incendio” en una parcela y otra, muy distinta, uno en toda la pradera. Empezar, por ejemplo, con la obligatoriedad del seguro para las empresas de buses que transportan pasajeros y hacerlo junto a las organizaciones de víctimas de accidentes de tránsito y sus familias habría sido un primer paso. Pero hasta eso ameritaba planificación, estrategia y una bien armada campaña de comunicación y sensibilización que no apareció por ningún lado.

Alarma que el presidente Arévalo no esté leyendo el contexto político que atravesamos y el tipo de gestión que requiere.

Ni siquiera hubo un proceso de consulta previa con las aseguradoras sobre el tipo de pólizas que ofrecen, sus coberturas y la armonización con el reglamento que pensaban aprobar. Tampoco consideraron que 45 días para asegurar a más de 4.5 millones de vehículos era un plazo que estaba fuera de la realidad. Y mucho menos se planteó generar una alternativa accesible de seguro con participación de la institucionalidad pública para no dejar todo en “manos” del mercado y ofrecer a la población opciones para poder cumplir. De eso se habló después, cuando el caos estaba instalado.

Preocupa mucho que, teniendo un ministro de Gobernación que ha navegado las aguas de la inteligencia estratégica, no se haya previsto el impacto que una medida de esta naturaleza podía provocar. No solo estaban disponibles los antecedentes de lo que ha ocurrido respecto del tema del seguro en años recientes; había que prever también la reacción de los múltiples actores y sectores que se verían impactados con la decisión, incluyendo estructuras criminales que han extendido sus tentáculos al ámbito del transporte.

Y, por supuesto, había que tomar en cuenta las turbulentas aguas en las que navega el gobierno, la frágil gobernabilidad que ha podido construir y el poder, capacidad de manipulación y de desinformación de sus enemigos políticos, que no desaprovechan ocasión para generarle desgaste y, menos, cuando este se les ofrece en bandeja de plata.

Ni hablar de la falta de empatía hacia la población que mostraron los funcionarios que salieron a anunciar y luego a reiterar la decisión. Si bien el presidente Arévalo la retomó en su mensaje de reculada, quedó muy claro que el primer círculo del gobierno inmiscuido en el tema se “olvidó” del problema de fondo: la falta de transporte público eficiente, permanente y seguro que obliga a la compra de motos, al pago de taxis “piratas” y a un sinnúmero de malabares que las familias guatemaltecas deben hacer para movilizarse en el medio de enorme precariedad.

Todo esto estuvo ausente y las consecuencias están a la vista. Alarma que Bernardo Arévalo no esté leyendo el contexto político que atravesamos y el tipo de gestión que se requiere para que un gobierno democrático como el suyo no sea solamente un paréntesis en la historia nacional.

Cuando la justicia NO es justicia

Tue, 11 Mar 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Cuando la justicia NO es justicia

Encarcelar de nuevo a Jose Rubén Zamora es un acto descarado de venganza y arbitrariedad.

Marielos Monzón

11 de marzo de 2025

00:02h

La “justicia” se ensaña otra vez en contra del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, a través de una resolución arbitraria de la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal, que ordenó regresarlo a prisión.

Sin entrar siquiera a conocer los recursos que habían sido planteados por el Ministerio Público (MP) y la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), la sala, “actuando de oficio”, revocó la decisión del juez Erick García, quien el 19 de octubre de 2024 le había otorgado a Zamora arresto domiciliario.

Los magistrados que integran la sala decidieron anular todo lo actuado a partir del 17 de octubre, aduciendo una “actividad procesal defectuosa”. Según ellos, el juez García no podía conceder el arresto domiciliario a favor del periodista por haber sido recusado (dos días antes) por el abogado de la FCT, Amílcar Raúl Falla.

La resolución de la Sala Tercera contraviene el artículo 68 del Código Procesal Penal, que establece que, “planteada la recusación, el juez no podrá realizar acto alguno, salvo aquellos urgentes que no admitan dilación y que, según las circunstancias, no puedan ser llevados a cabo por el reemplazante”. Claramente decidir acerca de la libertad de una persona —en este caso, la de Jose Rubén Zamora— era un acto urgente que no admitía demora y por eso el juez García decidió entrar a conocerla.

Pero, como en Guatemala el Derecho Penal continúa utilizándose como herramienta para perseguir, castigar y vengarse de personas que como Zamora se han enfrentado a las estructuras criminales y de corrupción, de nuevo se violenta la ley y se obliga a un juez, que actuó de forma independiente, a dar marcha atrás y cumplir con la orden ilegal de regresarlo a prisión.

El caso Zamora muestra el estado paralelo que la mafia judicial ha montado en Guatemala.

Cuando se revisan los antecedentes que una organización que fiscalizó el proceso de elección de cortes recabó sobre los integrantes de estas nuevas salas de Apelaciones se logran entender muchas cosas. Vean ustedes algunos datos de quienes integran la Sala Tercera: su presidente, Alejandro Prado Estrada, fue abogado del exdiputado Felipe Alejos, Felipago, señalado en el caso Traficantes de Influencias. Como parte del proceso pidió que nueve de 13 magistrados que debían conocer la petición de retiro de inmunidad del entonces legislador se abstuvieran de hacerlo porque “Alejos, siendo diputado, había votado por ellos”. Además, el vocal II es el abogado Mario Federico Hernández Romero, quien fue defensor del expresidente Otto Pérez Molina en los casos La Línea y Cooptación del Estado, y también fue abogado de la exdirectora del Instituto de la Víctima Alejandra Carrillo, señalada en varios casos de corrupción. Recordemos que Alejos y Carrillo son esposos. ¿Será por eso que en los pasillos judiciales y parlamentarios a la Sala Tercera se le conoce como la “sala de Felipago”?

Es muy grave que con esta resolución que transgrede la legislación penal una sala de apelaciones violente la libertad de una persona, y más grave aún que habiéndose planteado un amparo para dejarla sin efecto, la Corte Suprema de Justicia no lo haya entrado a conocer, permitiendo que se concretara la ilegalidad de encarcelar de nuevo a Jose Rubén.

Zamora lleva 950 días de persecución penal indebida, enfrentando procesos fabricados por el MP de María Consuelo Porras Argueta. Las acciones judiciales en su contra son una venganza por las investigaciones y publicaciones que diario elPeriódico, medio que presidió, realizó sin tregua sobre las estructuras criminales y de corrupción en Guatemala, y constituyen un atropello a la libertad de prensa, de expresión, y un mensaje intimidatorio para quienes ejercemos el periodismo.

Solidaridad para Jose Rubén Zamora y su familia. Rechazo rotundo a la mafia judicial que tiene montado un estado paralelo en el país.

En deuda con las niñas de Guatemala

Tue, 04 Mar 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

En deuda con las niñas de Guatemala

14,696 niñas menores de 14 años -víctimas de violencia sexual- dieron a luz entre 2018 y 2024.

Marielos Monzón

4 de marzo de 2025

00:02h

El pasado 18 de febrero, la organización Human Rights Watch (HRW) hizo público el informe Forzadas a renunciar a sus sueños: violencia sexual contra niñas en Guatemala, que expone cómo las violaciones sexuales en contra de niñas y adolescentes menores de 14 años siguen siendo un flagelo generalizado en el país.

En las 92 páginas del documento se describen los múltiples obstáculos y dificultades que enfrentan las niñas víctimas de violación para recibir atención médica integral, acceder a la seguridad social y continuar estudiando. En la mayoría de los casos, además, las pequeñas no reciben protección y se ven forzadas a seguir viviendo en la misma casa de su agresor.

“Una niña de 11 años de una zona rural fue violada por su padre y buscó atención médica después de descubrir que estaba embarazada de cinco meses. Aunque denunció el caso, las autoridades la enviaron de regreso a casa con su padre, y se vio obligada a dar a luz en casa, en condiciones inseguras y sin asistencia. Las autoridades nunca arrestaron al padre y, dado que el caso nunca fue objeto de una resolución judicial, la niña no recibió reparaciones por el daño que sufrió”, documenta HRW.

Con base en las cifras del Registro Nacional de las Personas (Renap), la organización constató que entre 2018 y 2024, 14 mil 696 niñas menores de 14 años dieron a luz y se convirtieron en madres. Obviamente, estos datos no incluyen a las pequeñas que no quedaron embarazadas pero fueron víctimas de violación. El subregistro de casos, la mala gestión de los datos y la falta de coordinación entre instituciones públicas que conocen estos casos, siguen dando como resultado una enorme ineficacia para rastrear, prevenir y responder de manera integral, firme y efectiva a la violencia sexual en contra de las niñas.

Cualquier actividad sexual que involucre a niñas y adolescentes menores de 14 años es un delito.

Pese a que la legislación guatemalteca establece que cualquier actividad sexual que involucre a niñas y adolescentes menores de 14 años es un delito, entre enero 2018 y octubre 2023 se dieron 6,697 desestimaciones fiscales y judiciales. Es decir, se rechazó continuar investigando y procesando penalmente a los violadores y agresores sexuales.

La falta de justicia alcanzó una cifra récord: si comparamos los nacimientos ocurridos en ese período en niñas entre 10 y 13 años producto de violaciones sexuales y el total de condenas, que fue de 102, estamos hablando de más del 99 % de impunidad. Otro nefasto resultado de la cooptación del MP y del sistema de justicia, que se traduce en que los violadores sientan que pueden continuar agrediendo sexualmente a las niñas, porque no tendrán castigo.

Las cosas siguen sin mejorar. Durante enero de 2025, el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar) documentó 202 nacimientos en niñas entre 10 y 14 años y en los doce meses del año pasado, 1 mil 953. Datos que nos hablan de cómo las niñas guatemaltecas son consideradas objetos sexuales y mercancías en “propiedad” del agresor. Por si fuera poco, la estigmatización en su contra sigue siendo permanente y la “culpa” de lo ocurrido se sigue trasladando a las sobrevivientes y no a los agresores.

Aunque existe el programa “Vida” del Ministerio de Desarrollo Social para brindar cobertura en seguridad social y apoyo económico a las niñas víctimas de violencia sexual, se constató que entre enero y diciembre de 2024, solamente estaban registradas 179 niñas de las 1,953 que dieron a luz en ese período.

Se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y nos encuentra ¡otra vez! en deuda con las niñas de Guatemala. Es inaceptable que no haya una respuesta integral, urgente y efectiva para prevenir y frenar la violencia sexual y la maternidad forzada.

Operaciones de “influencia” y manipulación

Tue, 25 Feb 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Operaciones de “influencia” y manipulación

Difundir rumores, datos falsos, hechos inexactos y esparcirlos a diestra y siniestra.

Marielos Monzón

25 de febrero de 2025

00:01h

Desinformación hubo siempre. Y en muchas ocasiones (igual que ocurre ahora) fue parte de una estrategia deliberada para generar confusión, temor y caos. Lo que sucede actualmente es que con el surgimiento de las redes sociales se potencian sus efectos y se obtiene un poder de masificación muy peligroso.

La persecución penal indebida requiere articular campañas de descrédito y estigmatización.

Aunque toda desinformación es dañina, una cosa es la diseminación no intencional de información “imprecisa” y otra, muy distinta, son las campañas que tienen como objetivos: manipular, engañar y destruir la reputación o credibilidad de una persona o un grupo específico e instalar, a partir de mentiras y engaños, “narrativas” que induzcan a la polarización extrema y favorezcan la impunidad. De eso hemos visto mucho en Guatemala.

Las operaciones de desinformación forman parte (también) de las estrategias de “inteligencia” que las redes y estructuras criminales —incluyendo aquellas que (continúan) operando dentro de algunas instituciones del Estado— han utilizado históricamente en Guatemala. Además de intentar manipular a la opinión pública y “controlar” la conversación social, buscan “preparar” el terreno para justificar hechos ilícitos y confundir a la población. Es la táctica del “ventilador”: difundir rumores, datos falsos, hechos inexactos y esparcirlos a diestra y siniestra para generar duda o desconcierto y llevar agua a su molino.

Recordemos, por ejemplo, la operación que se montó alrededor del asesinato de monseñor Juan José Gerardi Conedera. Fueron las redes de inteligencia dentro del Estado Mayor Presidencial las que fraguaron la estrategia de confusión y encubrimiento (como parte de la planificación general del crimen), que incluyó la llegada al país de un “experto” extranjero para validar la tesis de que fue Baloo, el perro pastor alemán que vivía en la casa parroquial de la iglesia San Sebastián, el que dio muerte al obispo.

Las mismas prácticas que venían de los años de la guerra y que continuaron incluso después de la firma de la paz. Porque los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs) nunca se desarticularon, más bien mutaron a lo que se conoce hoy como Redes Político-Económicas Ilícitas (Rpei), que mantienen sus “operaciones de influencia” a las que han incorporado a los netcenters que lanzan y replican sus campañas de desinformación.

Una muestra clara de su modus operandi se da como parte de los procesos penales fabricados y espurios en contra de operadores de justicia independientes, abogados, periodistas, defensores/as de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil organizada. Hay patrones que se repiten en casi todos los casos. Por ejemplo, los mensajes simultáneos y articulados de estigmatización y descrédito alrededor de la persona que será capturada para mermar su reputación, hacerla ver como “criminal” e intentar “justificar” su encarcelamiento. Y ni hablar de las publicaciones orquestadas (mismas cuentas “madre” en redes sociales —anónimas o no—) y cientos de réplicas de sus milicias digitales.

Tal como ha venido sucediendo desde hace décadas con la persecución penal de líderes indígenas y comunitarios por reclamar acceso a la tierra, derechos laborales o por formar parte de los movimientos de defensa de sus territorios. La criminalización empezó precisamente en su contra y lamentablemente continúa. Hay decenas de denuncias y procesos ilegítimos que buscan romper la articulación y organización de los pueblos y comunidades, porque además otro objetivo es generar terror como herramienta de desmovilización y disciplinamiento.

El desafío para frenar las estrategias de desinformación y manipulación es inmenso, pero un paso importante es comprender su lógica y la forma en que operan las redes criminales de inteligencia.

Coyotes de la misma loma

Tue, 18 Feb 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Coyotes de la misma loma

Les enferma el buen periodismo.

Marielos Monzón

18 de febrero de 2025

00:01h

El fiscal Rafael Curruchiche está enojado. O al menos lo estaba cuando respondió las preguntas de los periodistas que cubrían la segunda ronda de las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) en el Club de Oficiales La Aurora.

Los actores corruptos y antidemocráticos atacan a la prensa independiente.

Quizá sea porque quedó fuera la planilla 1 que encabezaba su colega Julio Recinos, y eso le resta incidencia a la actual cúpula del Ministerio Público (MP) en la designación del nuevo fiscal general en 2026. O tal vez sigue molesto porque la llegada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, no fue lo que esperaban. O ambas.

Lo cierto es que salió con los tacos por delante (ahora que en redes anda vestido de futbolista) contra los reporteros de diario La Hora Diego España y Daniel Ramírez, que le cuestionaron sobre la planilla de su preferencia para el balotaje gremial y sobre la cuenta “Yes Master” que en la red social X (antes Twitter) difunde información de su Fiscalía antes de que el mismo MP la anuncie.

Como se le ha vuelto costumbre, en lugar de responder a las preguntas decidió lanzar una advertencia: “De todos es sabido que La Hora y otros medios de comunicación lo que han hecho y creo que más adelante, sobre todo ahora que Usaid está revelando qué periodistas recibieron dinero, qué medios de comunicación; vienen sorpresas muy importantes”.

Viniendo del jefe de una fiscalía que se ha vuelto célebre por fabricar casos para perseguir penalmente a periodistas —además de a jueces y fiscales que investigaron y procesaron actores corruptos—, esas “sorpresas” no pueden ser otra cosa que la amenaza de iniciar procesos penales por haber recibido financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Dicho sea de paso, existen muchos medios de comunicación en todas partes del mundo que requieren de apoyo financiero de agencias de cooperación, organizaciones internacionales o fundaciones nacionales o extranjeras para desarrollar su trabajo y eso no es delito.

El periodismo es un servicio público que contribuye al derecho que tiene la población de estar informada sobre temas relevantes que le impactan. Es más, la suspensión de apoyo a medios que investigan y develan corrupción, impunidad y violaciones a los derechos humanos es un espaldarazo para los actores autoritarios y los grupos de poder político, económico y (hasta) criminal que los apoyan.

Pero no solo el jefe de la Feci arremetió contra los medios. También lo hizo el abogado Dennis Billy Herrera, incluido en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, que reclamó las publicaciones que se hicieron cuando, en la primera ronda electoral del Cang, la seguridad del Club de Oficiales lo sacó del lugar por encontrarse en aparente estado de ebriedad. No le gustaron los videos que se difundieron y ahora resulta que la culpa la tienen los medios —especialmente Prensa Comunitaria, a la que mencionó expresamente— y las y los periodistas que lo registraron.

Y por si queda alguna duda de que a los políticos corruptos no les gusta la prensa independiente, el excandidato presidencial Manuel Antonio Baldizón, condenado por lavado de dinero en los Estados Unidos, lo dejó clarísimo. El día de la elección, Simón Antonio Ramón, de Prensa Comunitaria, documentó el momento en el que se tomaba una fotografía con el abogado Berner García, de la planilla 4, vinculada al exrector de la Usac Estuardo Gálvez.

Con prepotencia, Baldizón sujetó en contra de su voluntad al colega para que su esposa les tomara una fotografía y además le dio una palmada en el rostro. Esa foto contribuye a confirmar la información respecto de que el expresidenciable financió varias actividades de esa lista gremial como informó eP Investiga.

Al final como a coyotes de la misma loma, les enferma el buen periodismo.

La exmandataria de la Cicig y el exfiscal anticorrupción

Tue, 11 Feb 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

La exmandataria de la Cicig y el exfiscal anticorrupción

El sistema de justicia se sigue utilizando para castigar a dos abogados que cumplieron con su deber.

Marielos Monzón

11 de febrero de 2025

00:02h

Hace 438 días que el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo guarda prisión preventiva. En su contra hay tres procesos penales que el Ministerio Público (MP), los querellantes adhesivos y algunos jueces y magistrados se han encargado de retrasar.
En el primero, denominado “Alfa 7”, en el que por fin se inició el juicio la semana pasada, Campo goza de una medida de prisión domiciliaria con control telemático. Pero como en el segundo de los procesos, conocido como “caso Zolic”, se le negó el arresto domiciliario, el abogado continúa en prisión. A estos dos expedientes se suma una tercera acusación relacionada con su trabajo como fiscal del caso “Libramiento de Chimaltenango”, en el que ni siquiera ha podido rendir su primera declaración.

Del segundo de los procesos (el que lo mantiene en la cárcel) se sabe poco, porque el expediente está bajo reserva. Lo que se conoce es que el MP lo acusa de los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. A pesar de estar en juego su libertad, desde marzo de 2024 están suspendidas las audiencias en las que se debe definir si enfrentará juicio o no. Esto porque la otra persona que está acusada en este mismo caso recusó al juez Jimi Bremer y estas son las horas que sigue sin resolverse la recusación.

Aunque la defensa apeló la decisión de Bremer de mantenerlo en prisión preventiva, una sala confirmó lo resuelto por el juez y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también denegó el amparo provisional que se había solicitado a su favor, pese a que se ha excedido con creces el plazo razonable de prisión preventiva y persiste el retraso de las audiencias sin justificaciones. Ahora su libertad (aunque sea condicional) está en la cancha de la CC.

Un paso en la dirección correcta es recuperar en la elección del Cang la independencia gremial.

Stuardo Campo dirigió la Fiscalía contra la Corrupción del MP entre 2016 y 2021 y luego fue trasladado por Consuelo Porras a la Fiscalía de Tráfico Ilícito de Migrantes, justamente cuando estaba investigando (junto al auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón) al exministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, José Luis Benito, por la megacorrupción en la construcción del libramiento de Chimaltenango. Ahora resulta que el acusado es él.

Su caso tiene varias similitudes con el que enfrenta la también abogada Claudia González Orellana, quien fungió como mandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y está acusada por el MP del delito de abuso de autoridad. La denuncia en su contra provino de la exmagistrada de la CSJ Blanca Aída Stalling Dávila, quien fue procesada al intentar presionar al juez Carlos Giovanni Ruano para que otorgara una medida sustitutiva a favor de su hijo señalado en un caso de corrupción.

Claudia González estuvo presa en Mariscal Zavala, y aunque se le otorgó una medida sustitutiva, su caso debió cerrarse porque el tipo penal por el que se le señala solo aplica a las y los funcionarios públicos y ella nunca lo fue. Aun así el juez Jimi Bremer decidió enviarla a juicio, pero el proceso quedó entrampado en la etapa de ofrecimiento de prueba, a pesar de que una sala de Apelaciones le ordenó al juzgador (en tres ocasiones) concluirla y enviar a debate. Ante la desobediencia, se recusó a Bremer, pero aún se está a la espera de que se resuelva la recusación.

La persecución indebida en contra de Campo y González muestra cómo el sistema de justicia se sigue utilizando para castigar a dos abogados que cumpliendo con su deber persiguieron estructuras de corrupción y tráfico de influencias. Hay un interés manifiesto en retrasar maliciosamente sus procesos y, en el caso del exfiscal Campo, mantenerlo en prisión. Urge rescatar la Fiscalía General del control de las mafias y un paso en la dirección correcta es recuperar, este viernes 14/2, en la elección del Colegio de Abogados, la independencia gremial.

Libertad para Eduardo Masaya

Tue, 04 Feb 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Libertad para Eduardo Masaya

Volvieron a repetirse los patrones de persecución penal indebida que hemos visto en otros casos.

Marielos Monzón

4 de febrero de 2025

00:01h

La captura del abogado Eduardo Masaya al salir de una actividad pública de la Planilla 10, grupo que integra junto a otros de sus colegas para competir por la dirección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), muestra cómo se vuelve a utilizar el poder punitivo del Estado para interferir indebidamente en los procesos de elección.

Abogados, sociólogos, politólogos e internacionalistas cansados/as de la cooptación de la justicia, vuélquense a las urnas para rescatar al Cang.

El caso que dio la vuelta al mundo por lo grotesco de las actuaciones del Ministerio Público (MP) y de los jueces y magistrados que las facilitaron, buscaba traerse abajo el proceso electoral para evitar la toma de posesión del binomio electo del partido Movimiento Semilla.

Aunque no lo consiguieron gracias a la resistencia ciudadana liderada por las autoridades de los Pueblos Indígenas, la Fiscalía y sus socios siguen empeñados en “castigar” a los magistrados y a otros funcionarios del Tribunal Supremo Electoral y avanzar —todo lo posible— en desmantelar lo poco que nos va quedando de la institucionalidad democrática y, aunque al presidente Arévalo le parezca un absurdo, evitar que sea él quien en el 2026 elija al nuevo/a fiscal general.

La detención de Masaya, ordenada por el juez Fredy Orellana (de los juzgadores predilectos de Porras y Curruchiche, con quienes comparte la designación de actor corrupto y antidemocrático y el mismo que ordenó las detenciones arbitrarias de Virginia Laparra, Jose Rubén Zamora y varios de sus defensores) se dio en el medio del proceso de elección de las autoridades del Cang que se realizará este viernes 7 de febrero. Y eso no es casualidad.

La planilla que resulte electa tendrá participación directa en los procesos de postulación de la nueva Corte de Constitucionalidad y del nuevo jefe/a del MP, y permitir que ese espacio lo gane un grupo que no esté bajo control de las mafias es correr mucho riesgo. Además de boicotear a sus contrincantes, la cúpula de la Fiscalía lanzó su propia planilla (la 1) en la que figuran varios de los funcionarios y allegados del rector de facto de la Usac, Walter Mazariegos (La Hora, 17/1/25).

No sorprende entonces que sea el mismo grupo de fiscales y el mismo juez que lleva la “causa” en contra del Movimiento Semilla, quienes en el momento “justo” activaron la detención de Eduardo Masaya por el caso de las “firmas falsas” en el que ya procesaron (violentando todos los principios del derecho penal) a la exdiputada Ligia Hernández, otra abogada y política blanco de sus odios y sus venganzas.

Lo grave de todo este asunto es que el sistema de justicia se sigue mal utilizando para boicotear cualquier posibilidad de cambio en el estado actual de las cosas. Recordemos cómo Porras Argueta, al quedar fuera del listado de candidatos para reelegirse como fiscal general, blandió su espada amenazante contra los integrantes de la comisión de postulación y obtuvo un amparo del tribunal constitucional que les obligó a incluirla en la nómina. Y aquí estamos, esa es la lógica y su modus operandi.

Con Eduardo Masaya volvieron a repetirse los patrones de persecución penal indebida que hemos visto en otros casos: un juez ad hoc que emite la orden de captura y conoce el expediente; prisión preventiva como norma, aunque no apliquen los criterios que dicta la ley; uso de redes sociales para estigmatizar; rechazo de las peticiones de la defensa, y aceptación de todo lo que pide el MP. Resultado: deslegitimar a una persona (Eduardo) y a un grupo (Planilla 10) e impedir u obstaculizar su actuación (en este caso, su participación en la política gremial).

Además de exigir la libertad para Eduardo Masaya, instar a las y los abogados, sociólogos, politólogos e internacionalistas cansados de la cooptación de la justicia a volcarse a las urnas para rescatar a su Colegio y abrir la posibilidad de escribir una historia distinta en las comisiones de postulación.

Justicia para las mujeres Achí

Tue, 28 Jan 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Justicia para las mujeres Achí

Hasta aquí han llegado gracias a su coraje y persistencia.

Marielos Monzón

28 de enero de 2025

00:02h

La búsqueda de justicia por graves crímenes ocurridos durante la guerra en Guatemala sigue siendo un camino tortuoso y empinado. Sobre todo para las mujeres indígenas sobrevivientes de violencia sexual.

Además de enfrentarse a un sistema judicial dominado por estructuras de tráfico de influencias y redes de corrupción que promueven la impunidad, deben afrontar el negacionismo, el racismo estructural que en este país es la norma; y la defensa acérrima (e incluso la justificación) de las atrocidades cometidas.

Las descalificaciones y estrategias de desprestigio para tratar de invalidar sus testimonios han sido una constante durante los anteriores procesos judiciales en los que se ha juzgado a expatrulleros de autodefensa civil (PAC), excomisionados militares y altos mandos del ejército responsables de planificar u ordenar estos crímenes. Estas prácticas afectan también a fiscales, jueces y juezas involucrados en estas causas, a quienes se busca intimidar, presionar y/o desacreditar para que no ejerzan sus funciones de manera independiente.

Por eso resulta más que importante reconocer la dignidad, valentía y perseverancia de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual,quienes, a pesar de todos estos obstáculos y de llevar décadas topándose con el muro de la indiferencia y la impunidad, continúan reclamando justicia y exigiendo que se siente un precedente para que estos hechos nunca más vuelvan a repetirse.

Hoy el sistema judicial guatemalteco vuelve a ponerse a prueba. Esta mañana da inicio en el Tribunal de Mayor Riesgo B el juicio en contra de Pedro Sánchez Cortez, Simeón Enríquez Gómez y Félix Tum Ramírez, tres exparamilitares acusados de violencia sexual en contra de 6 mujeres Maya Achí de Rabinal, Baja Verapaz. Los hechos por los que serán juzgados ocurrieron entre 1981 y 1985, durante las dictaduras militares de Fernando Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía Víctores.
Las mujeres Achí fueron abusadas en sus casas, en los alrededores de su comunidad o mientras estaban detenidas

Cuarenta años tuvieron que esperar las mujeres sobrevivientes para que su caso llegara a juicio.

arbitrariamente. Muchas veces las violaciones ocurrieron frente a sus madres, padres o esposos. “Algunas de ellas quedaron embarazadas como consecuencia de las violaciones múltiples a las que fueron sometidas y otras ya no pudieron procrear”, señala la acusación del Ministerio Público y del Bufete Popular de Rabinal, querellante en este caso.

Tribunales nacionales e internacionales que han emitido sentencias en este tipo de casos —incluidos los fallos en Guatemala del Tribunal de Mayor Riesgo A en el juicio por el genocidio contra el pueblo Ixil y el Tribunal de Mayor Riesgo C que conoció el caso de Emma Molina Theissen— han determinado que la violencia sexual se utilizó como “arma de guerra”. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) documentó mil 465 casos de violación sexual como parte de la estrategia contrainsurgente: 8 de cada 10 en contra de mujeres indígenas, incluyendo niñas.

Cuarenta años tuvieron que esperar las mujeres sobrevivientes para que su caso llegara a juicio. En 2018 los acusados fueron detenidos, pero un año después la jueza Claudette Domínguez resolvió el sobreseimiento del proceso y ordenó su liberación. No fue sino hasta 2022 que una sala de apelaciones revocó el fallo y resolvió que debían enfrentar un debate oral y público, que inicia hoy.

Hasta aquí han llegado gracias a su coraje y persistencia. Sus voces y testimonios serán escuchados por un tribunal que tiene en sus manos hacer justicia. Este juicio, el segundo por violencia sexual en contra de mujeres Achí, nos interpela también como sociedad y representa una nueva oportunidad de romper el silencio y el olvido y de reconocer que en Guatemala hubo terrorismo de Estado para que nunca más vuelva a repetirse.

Se vino Trump

Tue, 21 Jan 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Se vino Trump

¿Hasta dónde llegará en esta que es su segunda y última estadía en la Casa Blanca?

Marielos Monzón

21 de enero de 2025

00:01h

Lo que sucede en los Estados Unidos, para bien y para mal, tiene un impacto global a todo nivel. Y la llegada —por segunda vez— del magnate Donald Trump a la presidencia tendrá implicaciones directas en temas neurálgicos que afectan a la población mundial.

Para Guatemala, la nueva era Trump tiene enormes implicaciones políticas, económicas y sociales.

No había siquiera asumido el cargo —mientras escribo esta columna se está desarrollando la ceremonia de investidura—, pero sus declaraciones ya provocaron un terremoto político en varios países. Con su acostumbrado “estilo” anunció su intención de recuperar el Canal de Panamá —no le parecen “justas” las tarifas que se les cobra a los barcos y empresas estadounidenses—, propuso anexar a Canadá como el estado 51 de los Estados Unidos —según él, así se terminarían los enormes déficits comerciales y los impuestos “bajarían”— y declaró que está decidido a comprar Groenlandia a Dinamarca —por ser un asunto de seguridad nacional—.

Si bien algunos consideran que se trata solo de “bravuconadas”, existe una preocupación real —así lo han expresado en sendas entrevistas de prensa políticos, líderes sociales y analistas estadounidenses— de hasta dónde está dispuesto a llegar el multimillonario en esta que es su segunda y última estadía en la Casa Blanca.

La conformación de su gabinete y el perfil y trayectoria de algunos de sus secretarios de Estado encienden las alarmas y confirman esas preocupaciones. Por ejemplo, el ungido de Trump para dirigir el Pentágono es el presentador de Fox News Pete Hegseth, acusado de violación a una mujer durante una conferencia del Partido Republicano realizada en California en el 2017 (DemocracyNow! 13/1/25). Y su segundo a bordo sería Stephen Feinberg, un inversor multimillonario con estrechos vínculos con el complejo militar-industrial de EE. UU. (Página 12, 19/1/25). ¿Qué podría salir mal?

A la cartera de salud llegaría el antivacunas Robert F. Kennedy y para la secretaría de Energía está propuesto Christ Wright, un firme defensor de la industria de los combustibles fósiles que reiteradamente niega la crisis climática mundial (El País, 17/11/24). Para el cargo de fiscal general está designada Pam Bondi, exfiscal de la Florida, lobista registrada como “agente extranjero” para el gobierno de Qatar y abogada defensora de Trump en los juicios que afrontó por distintos delitos (France24, 22/11/24), lo que pone en duda su independencia a la hora de la persecución penal. ¿Les suena?

Para Guatemala, la nueva era Trump tiene enormes implicaciones. No solo por la cercanía geográfica que tenemos con los Estados Unidos sino por la relación política, económica y militar que históricamente se ha mantenido. Además de ser nuestro primer socio comercial, alrededor de 4 millones de conciudadanos permanecen allá tras verse obligados a migrar dadas las condiciones de pobreza, inseguridad y falta de oportunidades en nuestro país.

La amenaza de realizar deportaciones masivas —considera la migración una “invasión”— y revivir la política de separación de niños y niñas de sus padres es una preocupación latente. Y no es que con los demócratas estas deportaciones no se hayan dado, es que a esto se suman prácticas políticas y una retórica basadas en la xenofobia y la discriminación. Los impactos en el ámbito político, económico y social pueden ser graves si se quiere restablecer el acuerdo de “tercer país seguro”, o de concretarse las amenazas —si no se frenan los flujos migratorios— de poner un impuesto a las remesas y terminar con los acuerdos arancelarios.

Ni hablar del envalentonamiento que ya se percibe en los sectores más reaccionarios y antidemocráticos —incluida la cúpula del MP— que aunque no haya recibido ni un guiño del republicano, se sienten con suficiente viento en la camiseta para seguir con sus planes golpistas y su estrategia de persecución penal espuria e indebida.

Zamora frente al terrorismo judicial

Tue, 14 Jan 2025 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Zamora frente al terrorismo judicial

Hacer periodismo no es un delito.

Marielos Monzón

14 de enero de 2025

00:02h

Escribo esta columna luego de asistir a la audiencia a la que el Tribunal Noveno de Sentencia Penal —que otorgó arresto domiciliario a Jose Rubén Zamora Marroquín— convocó ayer, lunes 13 de enero, para dar cumplimiento al fallo de la Sala Segunda de Apelaciones, que ordenó revocar esa medida y enviar nuevamente a prisión al periodista.

Luego de recibir un oficio de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que se les notificó que está pendiente de resolverse un amparo que interpuso la defensa de Zamora para evitar que regrese a la cárcel, el tribunal integrado por las juezas Verónica Elizabeth Ruiz Blau, Sonia Ninette Villatoro López y Dinora Benita Martínez Rodas decidió suspender la diligencia.

En una clara muestra de independencia y tras analizar el contenido del oficio de la CSJ, las juezas resolvieron —atendiendo a la ley y los derechos que asisten a Jose Rubén Zamora— hacer una consulta a la Sala Segunda de Apelaciones para luego proceder conforme esta les indique. Es decir, la audiencia se reanudará una vez la sala se pronuncie.

Esta decisión de las juezas se dio a pesar de que —como es costumbre—, durante el fin de semana previo a la audiencia, se desató en las redes sociales una feroz campaña de amenazas y hostigamiento en su contra, en la que se les advertía que, de no enviar de nuevo a prisión a Zamora, “correrían la misma suerte” que otros operadores de justicia que se han visto forzados a salir al exilio.

En el medio de todo esto, resulta muy grave que estando en juego la libertad de una persona, que además ya pasó 813 días detenida arbitrariamente, los magistrados que integran la Cámara de Amparos de la CSJ no hayan conocido hasta ahora esta acción de la defensa ni la hayan resuelto. Es urgente que puedan hacerlo a la brevedad y que revoquen el fallo de la Sala Segunda que se suma a la larga lista de atropellos que ha sufrido Jose Rubén Zamora desde que fue detenido en julio de 2022.

Junto al colectivo #NoNosCallarán seguiremos defendiendo nuestro oficio y su libertad.

Hay numerosas resoluciones de las altas cortes en Guatemala en las que se fundamenta que lo que debe privilegiarse es la libertad de la persona acusada y que la prisión debe ser una medida excepcional. Pero como en este país el sistema está cooptado para garantizar la impunidad de los poderosos y cobrar venganza contra quienes se atreven a desafiarlos, las normas se retuercen a la medida de los “incentivos” que se reciban o los intereses que se defiendan. Por eso, a los medios y a las y los periodistas independientes se les persigue.

El caso de Jose Rubén muestra con descarnada crudeza lo que significa el terrorismo judicial y los impactos que tiene el que una Fiscalía General esté en manos de las mafias. Por eso es digno de reconocimiento su temple y la valentía para enfrentar la persecución espuria que no cesa.
“Sigo declarándome inocente, es devastador que le fabriquen casos a uno y que le destruyan su familia y su patrimonio, pero a estas alturas seguiré presente, aquí o en Mariscal. Voy a enfrentar a estos jueces y fiscales corruptos y a demostrar mi inocencia”, nos dijo al terminar la audiencia.

Hacer periodismo no es un delito. La libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales e inherentes a la democracia. Jose Rubén Zamora enfrenta tres procesos penales espurios que el MP de María Consuelo Porras Argueta —calificada como actora corrupta y antidemocrática por más de 40 países— impulsa en su contra. Es imperativo frenar esta persecución indebida y terminar con el uso del derecho penal como herramienta de castigo y venganza.

Mi solidaridad con Jose Rubén y su familia y mi convencimiento de que, aun en estos tiempos difíciles, el silencio no es una opción. Aquí estamos, junto al colectivo No Nos Callarán, para seguir defendiendo nuestro oficio y su libertad.

En el 2025 la democracia seguirá en disputa

Tue, 07 Jan 2025 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

En el 2025 la democracia seguirá en disputa

Es equivocado partir de la premisa del “punto de no retorno”.

Marielos Monzón

7 de enero de 2025

00:01h

El segundo año del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera será decisivo en varios sentidos. El primero, especialmente trascendente, tiene que ver con la capacidad de llevar adelante acciones concretas para mejorar la vida de las y los guatemaltecos, sobre todo de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

El 2025 será el tablero donde se dirima el rumbo de los próximos años.

La sensibilidad política del partido Semilla se expresó durante la campaña a favor de los sectores y pueblos que han sido históricamente olvidados, y sus prioridades deben continuar encaminándose en esta ruta. Algunos pasos en la dirección correcta se dieron durante el 2024 con el aumento al salario mínimo, la puesta en marcha de un sistema de compra de medicamentos e insumos hospitalarios a través de un convenio con las Naciones Unidas que permitirá —de forma transparente— mantener abastecido el sistema público de salud, lejos de las redes de corrupción que convirtieron las licitaciones en millonarios desfalcos a las arcas del Estado.

La instalación de 14 nuevos centros de salud de atención primaria y la remodelación de 11 mil escuelas, así como el primer municipio libre de piso de tierra, el programa Bono Social para atender a familias en pobreza extrema son acciones puntuales que debieran profundizarse, pero en el marco de un plan de transformación para devolver al Estado la rectoría en la prestación de servicios públicos de calidad que alcance a la mayoría de la población.

Esto supone, a la vez, un cambio sustancial en la lógica y los mecanismos de administración de los recursos porque, hasta ahora, la maquinaria estatal funciona aceitada por el clientelismo y la corrupción. La renuncia de Félix Alvarado como ministro de Comunicaciones por “diferencias” con el presidente Arévalo sobre cómo ejecutar cambios estructurales en esa cartera es una bandera roja que alerta de una insuficiente voluntad política del mandatario para tomar decisiones de fondo que erosionen el estado actual de las cosas.

“No pudimos encontrar con el señor presidente el curso preciso y concertado de para dónde sigue esto. Tenemos, diría yo, un altísimo nivel de acuerdo acerca de la importancia de lo que estamos haciendo, de por qué lo estamos haciendo; donde la cosa se pone complicada es —en— el cómo hacerlo”, explicó Alvarado sobre los motivos de su dimisión.

Lo expresado por el ahora exfuncionario es clave y será determinante para el éxito o fracaso de la gestión de Bernardo Arévalo: o se enfrenta decididamente en este segundo año de gobierno a las redes que mantienen capturado al Estado o estas estructuras de poder harán estéril todo esfuerzo de cambio.

Y precisamente aquí radica el segundo y enorme desafío, que pasa por comprender que en Guatemala la democracia continúa en disputa. Es equivocado partir de la premisa del “punto de no retorno”. En este país el efecto bumerán es permanente: frente a cualquier esfuerzo de cambio —por mínimo que sea— los sectores de poder real responden con una ofensiva para volver al estado anterior de las cosas y, de ser posible, un poquito más atrás. Para lograrlo, el arma preferida de estos últimos tiempos es el terrorismo judicial.

No pasarán muchos días sin que, de nuevo, a través de la cooptación del sistema de justicia se intente socavar cualquier iniciativa que provenga del Ejecutivo y el MP retome la ruta de la criminalización. Será cuestión de tiempo para que se reavive el “caso” del “fraude” electoral y se intente socavar la legitimidad del gobierno y la institucionalidad democrática.

El 2025 será el tablero donde se dirima el rumbo de los próximos años: consolidar el avance hacia el rescate de la democracia en Guatemala o retornar al camino del deterioro autoritario.

Nos siguen faltando más de cien

Tue, 31 Dec 2024 06:02:00 +0000

PPunto de Encuentro

Nos siguen faltando más de cien

Este país que expulsa por razones económicas y políticas, sigue en deuda con ustedes.

Marielos Monzón

31 de diciembre de 2024

00:02h

La persecución política a través del uso malicioso del derecho penal —que provoca cárcel y exilio— continuó marcando el rumbo del Ministerio Público (MP) y del sistema judicial de Guatemala durante este 2024.

A lo largo de 12 meses se siguieron presentando acusaciones en contra de personas que no cometieron delitos —más bien los denunciaron e investigaron—, al mismo tiempo que se desbarataron los procesos judiciales que involucran a personajes señalados en casos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. Prosiguió el acoso en contra de los equipos de investigadores y fiscales del MP: muchos fueron despedidos, enfrentan causas penales o sanciones disciplinarias.

Este año, el sistema de justicia cooptado por redes ilícitas y de tráfico de influencias se fortaleció como victimario y siguió siendo utilizado para castigar, perseguir, amedrentar, hostigar y vengarse de quienes son considerados “enemigos” y un obstáculo para sus fines.

El periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, a quien tras 813 días de prisión arbitraria se le concedió arresto domiciliario, sigue enfrentando varias causas penales fabricadas por la Fiscalía y corre peligro de ser nuevamente encarcelado. Jose Rubén es el claro ejemplo de cómo en este país se busca silenciar a periodistas y medios de comunicación críticos e independientes.
El cierre de elPeriódico no fue un daño “colateral”, sino uno de los objetivos que el MP de Consuelo Porras, la capitana del Pacto de Corruptos, se propuso cuando armó el primer “caso” contra Zamora y allanó las oficinas del diario. Lo que se buscaba era detener las publicaciones e investigaciones en las que se develaba el modus operandi de las estructuras criminales y de corrupción que involucraban, entre otros, a la primera línea de mando del gobierno Giammattei-Martínez, para procurarles impunidad.

Además de perseguir a Zamora, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), dirigida por Rafael Curruchiche, sigue empeñada en procesar penalmente a nueve periodistas y columnistas del medio, acusándoles, entre otros delitos, de obstrucción a la justicia. A la lista podemos agregar las “investigaciones” que enfrenta el colega de La Hora Diego España, y la reciente orden de captura que la jueza Abelina Cruz dictó en contra de Juan Luis Font, a petición de la Feci.

A ellos y ellas que tuvieron que poner pausa a su vida en Guatemala, va dedicada esta columna.

En prisión sigue el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, a quien le han retrasado indefinidamente varias audiencias para mantenerlo detenido, como hicieron en su momento con Virginia Laparra o Eduardo Pantaleón. La abogada Claudia González, exmandataria de la Cicig, también enfrenta un proceso penal sin sustento por el que estuvo privada de libertad y que le impidió seguir defendiendo a operadores de justicia criminalizados.

Y así podemos seguir nombrando a más de cien compatriotas (abogados, jueces, fiscales, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes y profesores universitarios, y líderes sociales e indígenas) quienes, acusados injustamente, se vieron forzados a salir al exilio para resguardar su libertad e integridad.

A ellos y ellas, que tuvieron que dejar a hijos, hijas y familias y poner pausa a su vida en Guatemala para empezar de cero en otro lugar, va dedicada esta columna, como un sentido reconocimiento a su lucha, valentía y dignidad. Este país, que expulsa por razones económicas y políticas, sigue en deuda con ustedes, así como con los millones de migrantes chapines que no pueden retornar.

Sepan que continuaremos luchando para lograr que este sea el último año de cárcel o exilio, y que en 2025 se abran los caminos que les posibiliten volver.

Lo bueno, lo malo y lo incomprensible

Tue, 24 Dec 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Lo bueno, lo malo y lo incomprensible

La dictadura de las togas sigue empeñada en hacer inviable la democracia.

Marielos Monzón

24 de diciembre de 2024

00:01h

La fuerza ciudadana que marcó los últimos meses del 2023 y le impidió al Pacto de Corruptos —a través de una ejemplar movilización en defensa de la democracia— concretar un golpe contra un gobierno legítimamente electo permitió que en este 2024 no terminara de consolidarse el régimen autoritario en el que nos habían sumido.

Tiene disponibles herramientas políticas e institucionales para debilitar o emparejar un poco la disputa.

Lo bueno fue que, tras décadas de tener al Ejecutivo controlado por las mafias, con gobernantes que utilizaron la Presidencia como motor de la corrupción, la impunidad y el enriquecimiento ilícito, se rompió la seguidilla de las duplas Pérez-Baldetti, Morales-Cabrera, Giammattei-Martínez y llegaron al Gobierno dos personas decentes y de profundas convicciones democráticas como Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

Haberles arrebatado ese espacio central de poder político —que estuvo en peligro hasta el último minuto del día de la toma de posesión (y continúa amenazado)— fue una victoria popular que se tradujo en algunas decisiones de relevancia social como el aumento del 10 % al salario mínimo, el abastecimiento de insumos y medicamentos para los hospitales públicos sin que medie la corrupción, o el programa Bono Social para atender a familias en extrema pobreza.

Lo malo es que el terrorismo judicial en el que se utiliza al derecho penal como herramienta de castigo y venganza y al sistema de justicia como vehículo de persecución y —al mismo tiempo— como garantía de impunidad, lejos de debilitarse, se ha reforzado.

Sin tregua, el Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta, en connivencia con operadores de justicia corruptos, sigue fabricando casos, multiplicando “investigaciones” en contra de personas que no han cometido delitos y sometiendo a la cárcel y al exilio a quienes investigaron/investigan, denunciaron/denuncian y se enfrentaron/enfrentan a estructuras criminales y de gran corrupción.

La dictadura de las togas sigue empeñada en hacer inviable la democracia y detener casi cualquier intento de transformación. Más de una centena de jueces, juezas y fiscales independientes, periodistas, defensores de derechos humanos, profesores y estudiantes universitarios, líderes sociales y de pueblos indígenas —a los que ahora se suman funcionarios y exfuncionarios del actual gobierno— son víctimas del arbitrario ejercicio del Poder Judicial.

Solo en la segunda semana de diciembre —en la que se redobló la estrategia de terror del MP— se desarticuló la Fiscalía de Derechos Humanos, se fabricó un nuevo caso en contra del periodista Juan Luis Font y se montó una operación para sacudirse al jefe de la SAT, que denunció una estructura millonaria de evasión; antes lo hicieron con el exministro de Comunicaciones Félix Alvarado y la exdiputada Ligia Hernández. Los perseguidos son siempre los mismos: quienes defienden la democracia e intentan romper con el Estado capturado.

Lo incomprensible es que el presidente Bernardo Arévalo no haya tomado las decisiones necesarias para que, haciendo uso del legítimo ejercicio del poder político que se le confirió en las urnas, concretara la salida de Porras Argueta de la Fiscalía General. Se desperdició el momento propicio (los primeros meses de gobierno) para lograr —incluso con la reforma de la Ley Orgánica del MP a través del Congreso— sacar a la capitana del Pacto y empezar por ahí a desbaratar la estrategia del terror judicial.

Ahora, cuando las cortes le han dado la espalda y con sus resoluciones han blindado a Porras dificultando su destitución, sigue en su equivocada apuesta por la “convivencia” y continúa sin comprender que no se trata solamente de un tema jurídico (sobre todo en este país donde se retuerce la ley) y que tiene a su disposición herramientas políticas e institucionales para debilitar o, por lo menos, emparejar un poco la disputa.

La justicia que retrocede y da la espalda

Tue, 17 Dec 2024 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

La justicia que retrocede y da la espalda

Veintiún masacres se cometieron en contra de comunidades de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul.

Marielos Monzón

17 de diciembre de 2024

00:02h

“En este país pequeño todo queda lejos: la comida, las letras, la ropa…”, escribió Humberto Ak’abal en su poema Lejanía. Con el permiso del maestro, sumo a la lista a la “justicia”, que sigue siendo lejana para las víctimas de los crímenes atroces cometidos durante la guerra.

El último gran golpe de la imparable maquinaria de la impunidad en la que se han convertido el Ministerio Público (MP), muchos juzgados y la mayoría de salas de Apelaciones se dio el pasado 28 de noviembre, con la resolución de la Sala Primera de Mayor Riesgo, cuyos integrantes, por unanimidad, aceptaron una recusación planteada en contra de los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo A para impedir que dictaran sentencia. Con este fallo —que ya fue apelado— quedó anulado el segundo proceso judicial por el genocidio cometido en contra del pueblo ixil.

Unos días antes, en la recta final del juicio, la fiscal general María Consuelo Porras Argueta removió a los 14 fiscales a cargo del caso, en el que se acusa al general retirado Benedicto Lucas García por el asesinato de mil 128 pobladores ixiles entre 1978 y 1982, cuando fungió como jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala. Los fiscales (ahora removidos) solicitaron al tribunal una condena de dos mil 860 años para el exmilitar: 30 por genocidio, 30 por crímenes de lesa humanidad y 40 años por cada una de las 70 personas detenidas-desaparecidas.

Por estos hechos, el 25 de noviembre de 2019, el entonces titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, resolvió que había motivos suficientes para que Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas (exjefe de Inteligencia) y César Octavio Noguera Argueta (exjefe de Operaciones) enfrentaran proceso penal. Noguera murió en 2020 y en enero de 2024 se suspendió la persecución en contra de Callejas por su condición de salud. Fue hasta el 4 de abril de 2024, cinco años después del fallo del juez Gálvez, que dio inicio el juicio en contra de Lucas García.

La justicia sigue siendo lejana para las víctimas de crímenes atroces cometidos durante la guerra.

Noventa y nueve audiencias se realizaron entre abril y noviembre. En estas, sobrevivientes, testigos, peritos y familiares de las víctimas narraron los horrores cometidos en las 21 masacres que se perpetraron contra comunidades de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul en Quiché. La Fiscalía de Derechos Humanos del MP, junto a la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) como querellante adhesiva, presentaron como evidencia 152 testimonios, 145 informes forenses, 15 peritajes de distintas disciplinas y 45 documentos y reportes, incluyendo los planes militares diseñados y ordenados por la cúpula que dirigía entonces Benedicto Lucas.

Nada de eso importó. La sala de Mayor Riesgo anuló todo lo actuado y ordenó repetir el juicio, dejando en total estado de indefensión a quienes, 40 años después de lo ocurrido, siguen buscando justicia.

“¿Cómo es que no va a haber justicia si lo que hicieron es delito? Mataron a nuestras familias, quemaron las casas, secuestraron a las personas de noche y masacraron…”, dijo María Sajic de la Alcaldía Indígena de Nebaj, en un acto realizado frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir que la resolución se revierta.

No es casualidad que el fallo de la sala se diera después de que Porras descabezó y desarticuló la Fiscalía de Derechos Humanos y tampoco que haya nombrado como jefe de la unidad a Noé Rivera Vásquez, incluido en la lista Engel como actor corrupto, e involucrado en la persecución penal indebida en contra de exoperadores de justicia como Juan F. Sandoval, Eduardo Pantaleón, Siomara Sosa y Érika Aifán.

Mientras aguardan el resultado del amparo interpuesto ante la CSJ, las valientes sobrevivientes exigen la salida de la fiscal general por “promover la impunidad a favor de exmilitares y proteger a actores corruptos”.

El MP redobla la apuesta

Tue, 10 Dec 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

El MP redobla la apuesta

Nuevos “casos” que no se sostienen ni con alfileres.

Marielos Monzón

10 de diciembre de 2024

00:01h

Fiel a su mandato —que no es el que establece la Constitución ni la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP)—, María Consuelo Porras Argueta, Rafael Curruchiche Cucul y la rosca de poder de Gerona redoblaron la apuesta. La semana pasada desataron de nuevo la estrategia de persecución —con casos fabricados— en contra del superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz Reyes, el colega Juan Luis Font Monzón y la exjueza Erika Aifán Dávila, ambos exiliados.

Así funciona el MP: el denunciante termina procesado y el delincuente, liberado.

Acusar al jefe de la SAT —temporalmente de licencia— tiene una doble intención: castigar la osadía que a ojos del MP cometió el funcionario al denunciar a 410 empresas vinculadas al fraude tributario más grande en la historia del país —Q517 millones, alrededor de US$69 millones— y proteger, garantizando la impunidad, a quienes cometieron los delitos. Así funciona la Fiscalía desde que Porras Argueta la dirige. El denunciante termina procesado y el delincuente, liberado.

La misma dinámica que hemos observado en “casos” como el de la abogada Claudia González Orellana, la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, el exjuez Carlos Ruano y los fiscales Eduardo Pantaleón y Stuardo Campo —que sigue en prisión arbitraria—, por citar algunos ejemplos.

Aunque Curruchiche intentó —en el galimatías que le es propio— negar que el allanamiento en las oficinas de la firma de auditoría —propiedad de los hermanos del superintendente Díaz— tuviera relación con el caso de defraudación que él develó, las oportunas preguntas de los periodistas lo hicieron resbalar y tuvo que admitir que los denunciantes son personas relacionadas con algunas empresas que habrían defraudado al fisco. Lo mismo que ocurrió durante el allanamiento a la sede del TSE —cuando secuestraron las cajas con los votos— y afirmó que un “ciudadano anónimo” había puesto una denuncia alertando de un supuesto fraude electoral. Luego nos enteramos que el ciudadano no era tan anónimo y que milita activamente en la organización de ultraderecha Guatemala Inmortal.

Pero el caso contra Díaz Reyes tiene además un mensaje implícito: funcionario que se atreva a denunciar la corrupción en contra de Alejandro Giammattei, Miguel Martínez y otros socios del Pacto, correrá la misma suerte.

Antes, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) había conseguido una resolución de su socio el juez Fredy Orellana en la que ordenó al TSE cancelar al partido Movimiento Semilla. Y, después, la cuestionada jueza Abelina Cruz —que ha beneficiado con sus resoluciones a personajes como Blanca Stalling, Gustavo Alejos y Alejandro Sinibaldi— le concedió las órdenes de captura en contra de la exjueza Aifán y el periodista Juan Luis Font, por supuestamente coludirse para que un expediente de investigación en contra del colega pasara al juzgado de Mayor Riesgo D, que entonces ella dirigía. ¿Las pruebas? se siguen mutuamente en Twitter y el programa que dirige Font reconoció a Aifán como personaje del año en 2020. Nuevo “caso” que no se sostiene ni con alfileres, pero que sirve para perseguir a otro periodista e intentar silenciarlo a él y a su medio.

El escenario no es para nada distinto al que montaron en contra de Jose Rubén Zamora. Se trata ni más ni menos de un acto de venganza y castigo por el trabajo periodístico de Juan Luis y de un intento por hacer desaparecer el programa que dirige.

Lo de Porras indigna, pero no sorprende. Lo que sí llama a la alarma es que el presidente siga sin tomar cartas en el asunto y, encima, con una lectura distorsionada de la realidad, afirme “que el Pacto de Corruptos se está debilitando” (Prensa Comunitaria 7/12). La ruta de Porras y sus socios es conservar al MP bajo su dominio y esto implica evitar que sea Arévalo quien designe al nuevo fiscal general.

Insisto: el tiempo avanza y la ventana se está cerrando.

Solidaridad con Diego España

Tue, 26 Nov 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Solidaridad con Diego España

Un nuevo caso de persecución arbitraria del MP en contra de un periodista.

Marielos Monzón

26 de noviembre de 2024

00:01h

Este 30 de noviembre se conmemora en Guatemala el Día del Periodista. La fecha nos encuentra, de nuevo, bajo ataques y hostigamiento. Solo la semana pasada, el colectivo No Nos Callarán emitió cuatro alertas de agresiones contra periodistas, tres relacionadas con el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras Argueta.

Diego España no ha cometido delitos. Se le está persiguiendo por su trabajo como periodista.

Una de ellas se refiere a la doble persecución penal que está enfrentando el colega Diego España, reportero de La Hora, cuyo trabajo se enfoca en cubrir información relacionada con casos de alto impacto en los tribunales.

Sus notas periodísticas, documentadas y sustentadas, reflejan el doble rasero de la Fiscalía y de algunos jueces y juezas: Por un lado, favorecer y blindar a personas poderosas que cometieron graves delitos de corrupción (Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón, José Luis Benito, por ejemplo) y, por el otro, mantener la persecución penal indebida en contra de operadores de justicia, defensores de derechos humanos, activistas sociales, estudiantes/trabajadores/profesores universitarios y periodistas.

Por su trabajo, España se ha convertido en un nuevo objetivo del MP. La publicación en La Hora (18/10/24) de la nota “Fiscal de FECI y jueza Cruz se reúnen previo a audiencias en caso Construcción y Corrupción” le ha valido dos denuncias penales por los delitos de coacción y amenazas. Una ante la Fiscalía de Delitos contra la Mujer y la otra en la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia.

El medio eP Investiga que accedió a algunos de los documentos del expediente a través de fuentes judiciales informó (21/11/24) que además de la doble persecución contra el colega, Rafael Curruchiche —en su calidad de jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci)— “presionó a través de un oficio” a la Fiscalía de la Mujer para investigar al periodista, lo cual está prohibido.

¿Pero por qué tanta inquina contra Diego España? La respuesta está al leer sus publicaciones que develan el accionar reñido con la ley de varios jueces, juezas y fiscales. Concentrémonos en la noticia que desató la criminalización en su contra: El 17 de octubre, la agente fiscal de la Feci, Sofía Castillo Rivas, se reunió a puerta cerrada con la jueza Abelina Cruz Toscano, quien tiene a su cargo el caso Construcción y Corrupción. El reportero documentó el hecho (que la Ley de la Carrera Judicial califica como una “falta gravísima” por parte de un juez o jueza) y entrevistó a la fiscal Castillo en la Torre de Tribunales acerca de la reunión.

Como se ha vuelto una lamentable costumbre, Castillo Rivas decidió retorcer la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer y denunciar al periodista por “invadir su espacio personal”, “arrinconarla contra una pared mientras le hacía preguntas sobre el objeto de una reunión judicial” y sentirse “vulnerada en su condición de mujer y fiscal”. Toda la entrevista quedó grabada en un video (que se hizo viral en las redes sociales) y en el cual consta que las afirmaciones de la funcionaria no se sostienen.

Aun así, una jueza dictó medidas de seguridad a favor de Castillo y le prohibió al periodista “perturbar o intimidar” a la “agraviada” directamente o por cualquier medio electrónico (léase, censurarlo y evitar que continúe publicando). Lo mismo han enfrentado otros colegas (Cristian Vélix, Gerson Ortiz, Jose Rubén Zamora, Marvin del Cid, Sonny Figueroa…), denunciados por funcionarias o sus familiares, que vergonzosamente utilizan mal una ley que se creó para proteger a las mujeres que enfrentan violencia.

Diego España no ha cometido delitos, se le está persiguiendo por su trabajo como periodista, y eso es inadmisible. Mi solidaridad y apoyo para él y mi condena ante un nuevo caso de persecución arbitraria e ilegal del MP. ¡No Nos Callarán!

La ventana se está cerrando

Tue, 19 Nov 2024 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

La ventana se está cerrando

Se subestimó el poder real del Pacto y, sobre todo, “el timing” para actuar.

Marielos Monzón

19 de noviembre de 2024

00:02h

Desde el minuto 1 después de que Bernardo Arévalo y Karin Herrera ganaron las elecciones inició la estrategia de desgaste y sabotaje. El plan “A” era anular los resultados electorales; el “B”, evitar que asumieran (lo intentaron hasta el último minuto), y este, en el que están ahora, pretende impedir que concluyan su período. Más aún, le pusieron “fecha de caducidad” al gobierno para antes de que se tenga que elegir al nuevo fiscal general y jefe/a del Ministerio Público.

Es claro que van a utilizar todo el poder que tienen (que es mucho) para no perder el control de la entidad que ha sido la punta de lanza de la estrategia golpista y desde la cual se logró frenar y revertir la lucha contra la corrupción y la impunidad, y detener lo que se había avanzado en la desarticulación de las redes ilícitas que mantienen capturada a la mayor parte del Estado.

Me parece que la lectura política del presidente y un grupo de sus asesores (pero no exclusivamente de ellos) subestimó el poder real del Pacto y, sobre todo, “el timing” para actuar. Esos primeros tres meses en los que se mantuvo la efervescencia del apoyo popular que plantó cara al Golpe y lo detuvo, y en los que la correlación de fuerzas en el Congreso les fue favorable (no precisamente porque la mayoría de diputados se haya convertido en “angelitos”), no se aprovecharon lo suficiente. Quizá se pensó que disminuiría el “terrorismo” judicial, porque ya no tenían como aliado al gobierno, pero está visto que no fue el caso y que, por el contrario, la persecución penal indebida sigue siendo su arma “favorita” de destrucción masiva.

La ruta delineada se fue más por el plano jurídico (formal) —como si en este país imperara un régimen de legalidad y un Estado de derecho real— y se dejó de lado el ejercicio firme —y audaz— del poder político, que tanto amerita un contexto como el guatemalteco. En palabras de Jose Rubén Zamora: “En un país como Dinamarca, al presidente Bernardo Arévalo le iría muy bien, pero aquí en Guatemala se lo van a comer”, de seguir con esa estrategia.

En Guatemala, la disputa sigue siendo entre democracia y autoritarismo.

Dicho esto, es imprescindible plantear y comprender que se pueden tener matices, discrepancias y hasta enojos con las decisiones y la actitud del presidente y el rumbo político del gobierno de Semilla. Pero hay que recordar que no son ellos los responsables del deterioro y de la crisis democrática en la que estamos sumidos: persiste una crisis institucional que no se ha resuelto, en donde una parte fundamental del Estado está en rebelión y actúa —desde dentro— para dinamitar la democracia, mantener la tensión de forma permanente y provocar ingobernabilidad.

El MP y una parte importante del sistema de justicia utiliza la formalidad jurídica para lograrlo. Y es tanto el poder del “lado oscuro” (la fiscalía y los jueces corruptos son apenas la punta del iceberg) que la salida no se conseguirá solamente desde el despacho presidencial o el ámbito de influencia/negociación de un partido político. Está claro que con eso no alcanza.

La ventana de oportunidad se está cerrando. Por eso, es preciso reconstruir el amplio arco de respaldo social y político que frenó el Golpe y detuvo la consolidación absoluta del régimen autoritario. La crisis que afrontamos es de tal dimensión que no se resuelve con ideas “geniales” de un grupo de iluminados y tampoco alcanza solo con “somatar la mesa” (aunque, evidentemente, ayudaría hacerlo con quien corresponde).

Lo vivimos en 2023: no hay salida democrática sin construir los canales para que se exprese la participación y el respaldo popular. Toca nuevamente volver a colocar el centro donde debe estar: la disputa en Guatemala no es político-partidaria, sigue siendo entre democracia y autoritarismo y se debe actuar en consecuencia.

Con Trump presidente, se viene el tercer round

Tue, 12 Nov 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Con Trump presidente, se viene el tercer round

La amenaza se cierne para las marchitas democracias de la región.

Marielos Monzón

12 de noviembre de 2024

00:01h

Las publicaciones en redes sociales de Rafael Curruchiche, actual jefe de la Feci —la otrora fiscalía de lucha contra la impunidad del MP—, además de dar pena ajena son más que reveladoras. Está claro que desde Gerona hace meses que vienen trabajando en la ruta a seguir, una vez se instale de nuevo en la Casa Blanca Donald Trump.

Ya no es deshacerse de una comisión internacional, sino de un gobierno democráticamente electo.

Por supuesto que no es una estrategia aislada de la Fiscalía General, ahí convergen los intereses y “aportes” de todos los socios del Pacto. Basta recordar el millonario lobby que desplegaron en la época de Jimmy Morales y el derroche de recursos encaminados a neutralizar el apoyo de los Estados Unidos a la Cicig, hasta lograr el cierre de la comisión internacional. Las baterías se enfilaron entonces en contra del hoy ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, y del embajador norteamericano en Guatemala, Todd Robinson.

Pero el cabildeo por sí mismo no fue lo decisivo, aunque sí constituyó una parte importante de la “operación”. Fueron las decisiones del gobierno de Morales de trasladar la embajada de Guatemala a Jerusalén y la firma del acuerdo de “tercer país seguro” lo que movió la aguja, tomando en cuenta la política transaccional que caracterizó la primera presidencia del magnate y que seguramente será el sello de su próxima administración.

Hoy su objetivo ya no es deshacerse de una comisión internacional, sino de un gobierno democráticamente electo y esos son “otros cien pesos”. Además, al Pacto le falta una pieza clave: no controla el Ejecutivo y eso le quita margen de maniobra en materia de política exterior. Sin embargo, pondrán toda “la carne el asador” —que es mucha— para intentar que el nuevo gobierno estadounidense se haga de la “vista gorda” —y si no ayuda, que no estorbe— ante los embates judiciales que se vendrán en contra del presidente Arévalo, la vice Herrera, su gabinete, los diputados y su partido. Será el tercer round luego del Golpe que no lograron concretar en el 2023 y de la toma de posesión que, aunque estuvieron cerca, tampoco pudieron evitar.

Les será complicado que les compren la idea de un Arévalo como ‘demonio izquierdista’ que amenaza a los Estados Unidos y a la región, aunque no van a dejar de bombardear —en público y en privado— con la narrativa de la agenda “globalista” y la “ideología de género”, que bien saben utilizar. Un punto clave será el tema migratorio y la “cintura” que tenga el presidente para manejarlo sin traicionar a los millones de guatemaltecos/as migrantes en los Estados Unidos y sin acceder a reavivar el acuerdo de tercer país seguro, que no es otra cosa que convertir a Guatemala en una cárcel a cielo abierto de migrantes. En parte, ahí estriba la “venta” que puedan hacer de la necesidad de un “cambio” en el gobierno guatemalteco para que Trump pueda cumplir una de sus principales promesas de campaña.

En los otros temas neurálgicos como el combate al narcotráfico, la relación con China e incluso, aunque entristezca admitirlo, el posicionamiento respecto del gobierno de Israel y el genocidio que está cometiendo en Gaza, no veo a la administración Arévalo teniendo mayores problemas. Además, desde que resultó ganador en el balotaje, él y sus asesores fueron audaces construyendo en Washington una red de relaciones con figuras relevantes en el partido Republicano que, a la hora de la verdad, podrían pesar. Veremos. Aunque las aguas de la diplomacia son en las que mejor navega el gobernante guatemalteco, al nuevo presidente de los EE. UU. eso le pesa muy poco.

Ni hablar de la amenaza que se cierne para las marchitas democracias de la región el que un personaje como él vuelva al despacho oval. Solo miremos cómo celebran quienes encarnan los autoritarismos, la persecución judicial arbitraria, la desigualdad, los discursos de odio y la desinformación.

La prensa como enemiga

Tue, 05 Nov 2024 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

La prensa como enemiga

Seguimos cada vez más convencidos de que el silencio no es opción.

Marielos Monzón

5 de noviembre de 2024

00:02h

La emergencia que vivimos las y los periodistas centroamericanos no se detiene. Desde la apertura democrática no habíamos vuelto a sufrir ataques tan severos en contra de las libertades de prensa y de expresión como los que ahora afrontamos.

El caso de Nicaragua es el extremo. Más de doscientos colegas exiliados —algunos incluso privados de su nacionalidad— y decenas previamente encarcelados. Medios de comunicación proscritos y una agresiva campaña de desprestigio desde las esferas del régimen Ortega-Murillo para sepultar su credibilidad y hacerlos aparecer como delincuentes. El embargo y confiscación de sus bienes ha llevado a que sea el único país del Istmo en el que no existe un periódico impreso.

En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele se ha convertido en enemigo de la prensa independiente, a la que antes de llegar al poder elogiaba. El estado de excepción vigente desde marzo 2022 se ha utilizado también para intimidar a comunicadores, especialmente comunitarios. Un caso emblemático es el del padre de la colega Carolina Amaya, periodista especializada en temas ambientales, quien fue detenido y pasó más de un año preso en paradero desconocido. En contra del periódico digital El Faro, el gobierno desató una cacería: 22 de sus empleados fueron intervenidos con Pegasus, el software de espionaje de la empresa israelí NSO Group que solo pueden comprar los Estados, y a través del Ministerio de Hacienda se les han fabricado cuatro casos de evasión de impuestos.

En Honduras, el país de Centroamérica más letal para ejercer el periodismo, persisten las amenazas y ataques en contra de colegas que publican sobre temas relacionados con corrupción y narcotráfico. El programa de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas fue debilitado y la retórica antiprensa se elevó a partir de que el cuñado de la presidenta Xiomara Castro apareció en un video en el que negociaba con un grupo de narcos aportes financieros para la campaña. Un día antes, Castro denunció el tratado de extradición con Estados Unidos, con lo que evita que cualquiera (incluyendo personas de su núcleo familiar) puedan correr la suerte del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), condenado bajo cargos de narcotráfico en ese país.

Son tiempos difíciles para ejercer el periodismo en Centroamérica.

La fabricación de casos penales y la manipulación indebida de leyes como la de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer ha sido la vía para perseguir, intentar silenciar y encarcelar a periodistas en Guatemala. Un Ministerio Público (MP) al servicio del Pacto de Corruptos mantiene a 24 colegas en el exilio y al expresidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, en arresto domiciliario después de 813 días de detención arbitraria, a la que podría volver si una sala acepta la apelación de la Fiscalía.

Hasta en Costa Rica, reconocida por su sólida institucionalidad, hay colegas enfrentando demandas millonarias por publicaciones realizadas y reportes de amenazas a comunicadores. El presidente Rodrigo Chaves no escatima oportunidad para atacar a la prensa crítica o burlarse de reporteros.

En este contexto, resultan muy preocupantes dos hechos sucedidos la semana pasada. En Guatemala: la jueza Avelina Cruz —mostrando una animosidad inusitada— instó al MP a través de un memorial a “pronunciarse respecto de la acción a tomar” en la investigación que se sigue en contra del periodista Juan Luis Font (La Hora, 29/10/24). En El Salvador: luego de la publicación del reportaje Policías salvadoreños en red que asesinó a cientos de personas, se desató el acoso y hostigamiento policial en contra de Ricardo Vaquerano, editor de la investigación, y su familia.

Son tiempos difíciles para ejercer este oficio en Centroamérica. Pero seguimos cada vez más convencidos de que el silencio no es opción. Mi solidaridad con Juan Luis y Ricardo.

Libertad para Stuardo Campo

Tue, 29 Oct 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Libertad para Stuardo Campo

Los procesos en su contra revelan preocupantes patrones de actuación del MP.

Marielos Monzón

29 de octubre de 2024

00:01h

Hace 334 días que Stuardo Campo, exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), guarda prisión. El 1 de diciembre de 2023 lo capturaron por segunda vez, cuatro meses después de que se le había otorgado arresto domiciliario en el primer caso en su contra.

Consuelo Porras, la capitana del Pacto, quiere más presupuesto para continuar criminalizando.

Pero como el objetivo del MP es la venganza y no la justicia, le armaron un segundo proceso (del que no se tienen detalles porque lo declararon bajo reserva) y, a pesar de tener un grillete electrónico de vigilancia permanente, lo recapturaron. Desde entonces está recluido en una celda del Mariscal Zavala.

Tal y como hicieron con Jose Rubén Zamora, la fiscalía lo acusó una tercera vez y ahora enfrenta tres procesos penales. El último está relacionado con la construcción del Libramiento de Chimaltenango, investigación que Campo y Eduardo Pantaleón, entonces auxiliar fiscal, realizaron y por la que solicitaron la captura de José Luis Benito, exministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, y de 33 personas más involucradas en esta megaobra de corrupción que se sigue inundando y desmoronando.

Pantaleón estuvo detenido 20 días y, tras un proceso judicial que se prolongó por dos años, fue absuelto de todos los cargos. Campo ni siquiera ha podido terminar de dar su primera declaración ante el juzgado, porque la audiencia se ha suspendido varias veces por excusas e incomparecencias del MP y los querellantes. Una estrategia perversa para alargar hasta el infinito la persecución penal y su encarcelamiento.

Los procesos en contra de Stuardo Campo revelan preocupantes patrones de actuación que el MP repite en casi todas las “investigaciones” enderezadas en contra de fiscales, jueces, juezas y exfuncionarios de la Cicig que abanderaron la lucha contra la corrupción: 1) Las denuncias son planteadas por la Fiscalía de Asuntos Internos o la Fundación Contra el Terrorismo, para terminar luego en la Feci de Curruchiche; 2) Todas parten del trabajo de fiscales, jueces y juezas en ejercicio de sus funciones; 3) Los delitos que se les imputan son prácticamente los mismos: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, obstrucción de la justicia y obstaculización de la acción penal.

Esta estrategia de castigo y venganza no tendría viabilidad de no ser por la captura extendida del sistema de justicia en cuyo seno hay jueces y magistrados que forman parte de las redes de corrupción y tráfico de influencias que, con sus resoluciones, avalan lo que se denomina el lawfare o guerra jurídica, que no es otra cosa que la utilización ilegal y abusiva de las instancias judiciales -manteniendo una apariencia de legalidad- para inhabilitar, perseguir y/o encarcelar a oponentes.

Y en Guatemala esos “oponentes” son las y los líderes indígenas y comunitarios, operadores de justicia independientes y sus abogados, personas defensoras de derechos humanos, exfuncionarios/as de Cicig, estudiantes y profesores universitarios y periodistas; aunque, con las elecciones de 2023, el listado se amplió a magistrados y funcionarios electorales e integrantes del Movimiento Semilla. Hasta septiembre 2024, 22 personas pertenecientes a estos grupos estuvieron o están presas y 99 permanecen en el exilio.

“Me preocupa enormemente la información que indica que el exfiscal Campo está siendo acosado y detenido por el trabajo que ha realizado en los casos que son competencia de la Fiscalía Anticorrupción”, señala la relatora especial de la ONU sobre la Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite. La duda es si habrá cambios significativos a partir de la reciente elección de cortes.

Perseguir penalmente a quienes no han cometido delitos, sino los han investigado es el modus operandi del MP de María Consuelo Porras Argueta, la capitana del Pacto, que encima pide más presupuesto para continuar con la criminalización.

Por fin, Zamora libre

Tue, 22 Oct 2024 06:03:00 +0000

Punto de encuentro

Por fin, Zamora libre

La salida de Consuelo Porras del MP es imprescindible, el país no aguanta tenerla hasta el 2026.

Marielos Monzón

22 de octubre de 2024

00:03h

La audiencia donde se resolvió la prisión domiciliaria de Jose Rubén Zamora Marroquín, después de 812 días de cautiverio, será recordada por la independencia y valentía con la que actuó el juez Érick Daniel García, por la entereza y dignidad del expresidente de elPeriódico, por la firmeza y capacidad del equipo de defensores del periodista y por el sustento argumentativo y legal del representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN), quien se pronunció a favor de la medida sustitutiva.

Pero también lo ocurrido en la audiencia de este viernes 18 de octubre refrendó el tristísimo papel criminalizador de los fiscales del Ministerio Público (MP) que, cumpliendo órdenes de la capitana del Pacto de Corruptos, María Consuelo Porras Argueta, intentaron por todas las vías suspender la audiencia y orillar al juez García a abstenerse de resolver la solicitud que hacía meses la defensa legal de Zamora había presentado para que el periodista recobrara su libertad.

Ni hablar de la retorcida y consuetudinaria estrategia del abogado Raúl Falla —representante de Ronald García Navarijo, querellante adhesivo y principal “testigo” en el primer “caso” contra Zamora—, quien un día antes de la audiencia recusó al juez y luego no compareció ante el juzgado con la clarísima intención de evitar que la misma se llevara a cabo.

Por si hacían falta pruebas de la relación simbiótica entre la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y el MP, esta audiencia se encargó de despejarlas: los fiscales de la Feci tampoco se presentaron a la hora fijada (las 11 am) y, cuando fueron emplazados a comparecer (a las 3 pm), se dedicaron a defender la recusación planteada por Falla (el “ausente”) y, al no tener éxito, plantearon la propia.

“Usted tiene interés directo de continuar conociendo el caso del periodista Jose Rubén Zamora”, le dijo uno de los fiscales al juez García, quien, conocedor de la ley, elevó la recusación a una sala para que posteriormente la resuelva. El punto fundamental de su actuación fue frenar la maniobra de la suspensión y continuar conociendo la solicitud de arresto domiciliario para que Zamora —quien sigue enfrentando varios procesos penales— pueda defenderse en libertad.

Anímese, presidente; sorpréndanos con una decisión democrática y audaz.

Estas tácticas que reiteradamente utilizan la Fiscalía y sus socios, además de intimidatorias, tienen la clara intención de entrampar los procesos y mantener a las personas en la cárcel en forma permanente. La diferencia en esta ocasión fue que se toparon con un juez independiente y no con uno de los nominados en las listas de actores corruptos y antidemocráticos como Fredy Orellana y Jimi Bremer.

Es cierto que la resolución del juez García es la excepción que confirma la regla. Que los procesos arbitrarios en contra de Jose Rubén continúan y que la cooptación judicial puede revertir este fallo (el propio Zamora lo advirtió). Sin embargo, esta derrota del Pacto es un tanque de oxígeno que fortalece la dignidad y la resistencia, y anima a que otros operadores de justicia independientes (que los hay) no se dejen intimidar.

Nos queda mucho por delante: la libertad de Ligia Hernández, la de Stuardo Campo y la de todos los presos/as políticos; el cierre de los procesos judiciales espurios y el retorno de los más de cien operadores de justicia, periodistas y personas defensoras de derechos humanos que se vieron forzados a dejar el país. La salida de Consuelo Porras de la Fiscalía General es imprescindible. Este país no aguanta tenerla hasta el 2026.

Anímese, presidente. Ahí tiene usted al juez García, que supo cumplir con su deber. Deje para el canciller la diplomacia y sorpréndanos con una decisión democrática y audaz. Ejerza el poder político que el pueblo le confirió en las urnas: ponga fin al uso indebido del Derecho Penal para hostigar, intimidar y castigar.

Con Marco Antonio en el corazón

Tue, 01 Oct 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Con Marco Antonio en el corazón

Cuarenta y tres años son una eternidad para una madre a quien le arrebataron a su niño sin poder impedirlo.

Marielos Monzón

1 de octubre de 2024

00:01h

La última vez que doña Emma Theissen vio a su hijo Marco Antonio fue el 6 de octubre de 1981. Ese día, hombres armados entraron violentamente a su casa, engrilletaron al niño de apenas 14 años, le colocaron un costal en la cabeza, lo tiraron en la parte trasera de un picop y se lo llevaron.

Son cuatro mujeres ejemplares que merecen que acompañemos su causa, que también es la nuestra.

A pesar de haberlo buscado incansablemente junto a su esposo, Carlos Augusto Molina, de interponer recursos de exhibición personal y mover cielo y tierra para dar con su paradero, 43 años después, su querido Marco Antonio sigue desaparecido.

Un día antes de su secuestro, su hermana Emma Guadalupe logró escapar de la base militar Manuel Lisandro Barillas en Quetzaltenango, donde estuvo detenida ilegalmente. A Emma la violaron, golpearon y torturaron durante nueve días. Como pudo, consiguió huir de la cárcel clandestina, pero sus verdugos ordenaron recapturarla y al no encontrarla en su casa, se llevaron a Marco Antonio.

Fueron años de terror y muerte. En Guatemala se cuentan por cientos las personas asesinadas, torturadas y desaparecidas. Yo misma, con 10 años, sufrí en 1981 el asesinato de mi padre, un abogado penalista y profesor universitario. Lo ocurrido no fue obra de la casualidad, sino una política sostenida en el tiempo en la que las autoridades nacionales practicaron el terrorismo de Estado al amparo de la doctrina de seguridad nacional, que se extendió por toda América Latina. Por eso, a los pueblos de nuestro continente nos une la lucha por la memoria, la verdad y la justicia frente al empeño de los sectores vinculados a la represión que quieren mantener el olvido y la impunidad.

A pesar de que el 23 de mayo del 2018 un tribunal guatemalteco condenó a 58 años de cárcel como autores intelectuales de la desaparición forzada de Marco Antonio y la tortura y violación de Emma a los exmilitares Benedicto Lucas García, entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército, y a Manuel Callejas y Callejas, exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar (D2); y a 33 años de prisión, por los delitos de incumplimiento de deberes de humanidad y violación agravada, a Francisco Luis Gordillo Martínez, excomandante de la Zona Militar de Quetzaltenango; en junio del 2023, en cumplimiento de una resolución de la Corte de Constitucionalidad, los tres exmilitares fueron beneficiados con arresto domiciliario sin vigilancia.

Solamente Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, entonces oficial de inteligencia (S2) de la zona militar de Quetzaltenango y condenado a 58 años de prisión como autor material de estas atrocidades, sigue guardando prisión en el Hospital Militar.

Pero como la injusticia en un país como el nuestro no tiene límites, el MP de Consuelo Porras dio trámite a una denuncia presentada por Lucas, Gordillo y Callejas en contra de la familia Molina Theissen por los delitos de “denuncia falsa y simulación de delito”, según la cual ellas habrían secuestrado a Marco Antonio para llevarlo a Costa Rica en donde le cambiaron de identidad.

A pesar de que tanto doña Emma Theissen (de 90 años) como su yerno, Neri Espinoza Quevedo (de 74), a quien “señalan” de ser Marco Antonio, se sometieron —para desvirtuar semejante canallada— a dos pruebas de ADN —una en EE. UU. y otra realizada por la Fiscalía General de Costa Rica—, Porras Argueta insiste en una tercera prueba “hecha en Guatemala”, para continuar con la criminalización.

Cuarenta y tres años son una eternidad para una madre a quien le arrebataron a su niño sin poder impedirlo. Y demasiado tiempo para María Eugenia, Emma Guadalupe y Lucrecia, las hermanas de Marco Antonio, que llevaron a los responsables de su desaparición ante la justicia, pero siguen preguntando dónde está.

Son cuatro mujeres ejemplares que merecen que acompañemos su causa, que también es la nuestra. Gracias por su ejemplo, su valentía y dignidad.

Las cortes en la cancha del Congreso

Tue, 24 Sep 2024 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Las cortes en la cancha del Congreso

En esta fase final de la elección toca redoblar la fiscalización y exigencia ciudadana.

Marielos Monzón

24 de septiembre de 2024

00:02h

Con la conformación de los listados de candidaturas se viene la última fase del proceso de elección de las 13 magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las 46 salas de cortes de Apelaciones para el período 2024-2029.

La primera batalla se dio alrededor de la integración de las comisiones, sobre todo en el Colegio de Abogados —donde vimos el clientelismo y el tráfico de influencias en todo su esplendor—, así como en la votación de representantes de las cortes de Apelaciones para integrar la postuladora de la CSJ.

Todo un reto fue elegir a los presidentes de ambas instancias y una noticia alentadora que el rector impuesto de la Universidad de San Carlos (Usac), Walter Mazariegos, no presidiera la comisión para la Suprema y, en cambio, la designación recayera en Miquel Cortés Bofill, rector de la Universidad Rafael Landívar (URL). El trabajo del padre Cortés y su equipo permitió abonar a la transparencia y publicidad del proceso y, por supuesto, frenó lo que habría significado que el control de la comisión estuviera en manos de un alfil de las mafias.

Está claro que el proceso estuvo lleno de obstáculos y zancadillas; que se colaron en los listados aspirantes vinculados a las redes de corrupción que anidan en el sistema de justicia y en el Ministerio Público (MP); que quedaron fuera juristas probos y entró una buena cantidad de candidatos/as “grises” que pueden ser un peligro a la hora de resolver con independencia, y que hubo decisiones tomadas (por mayoría) como el rechazo a la casi totalidad de las tachas presentadas, la anulación del proceso de entrevistas a los aspirantes; y la disposición de que la “honorabilidad” estuviera atada a una sentencia firme y ejecutoriada, lo que abrió la posibilidad a actores corruptos y antidemocráticos de ser bien calificados y hasta electos.

La garantía de impunidad y los “incentivos” económicos podrían condicionar el voto de un buen número de diputados.

Pero no se puede obviar que de los 12 magistrados de la Suprema que aspiraban a la reelección, solamente tres hayan sido incluidos en la nómina y que estén fuera de las magistraturas de salas de Apelaciones fiscales como Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso o jueces como Víctor Cruz y Jimi Bremer, que han hecho de la criminalización su modus operandi. Aunque en esto, como fue público y notorio, no solo pesó el trabajo de las y los comisionados honorables, sino las desavenencias y rupturas entre los poderosos grupos gremiales: ahí tienen ustedes la confrontación entre el presidente de la CSJ, Óscar Cruz Oliva, con los 12 magistrados que integran el Pleno que incidió en la definición de la sede y en la votación de candidaturas. ¿Qué pasó ahí? Eso es algo que habrá que escudriñar y develar en un buen reportaje periodístico.

Aunque ya están anunciadas acciones legales en contra del último procedimiento que llevó a la conformación del listado de candidaturas a salas de Apelaciones —y eso podría tener alto impacto en los próximos días—, el proceso de elección de cortes pasa ahora a la cancha del Congreso, con todo lo que eso significa.

Todo lo acontecido demostró, por si hacía falta, que es imperativo reformar el mecanismo de elección para la integración de las altas cortes. Esa es una batalla ineludible que habrá que dar para que no nos enfrentemos al mismo escenario una y otra vez. Pero en este momento no se puede bajar la guardia: ya sabemos que la garantía de impunidad, las amenazas de persecución penal y los “incentivos” económicos podrían condicionar el voto de un buen número de diputados, por lo que resulta clave en esta fase final de elección de cortes redoblar la fiscalización, el acompañamiento y la exigencia ciudadana.

Mi reconocimiento a las autoridades indígenas por su incansable lucha en defensa de nuestra democracia y a las organizaciones sociales, periodistas y medios independientes: muchas gracias por su trabajo indispensable.

La fiscal general y el Pacto quieren sus cortes

Tue, 17 Sep 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

La fiscal general y el Pacto quieren sus cortes

Un sistema de justicia corrompido y a merced del tráfico de influencias puede arruinarle la vida a cualquiera.

Marielos Monzón

17 de septiembre de 2024

00:01h

Contrario a lo que sucede con el proceso electoral en donde se eligen al binomio presidencial, las diputaciones y alcaldías, la elección de las magistraturas a la Corte Suprema de Justicia y salas de las cortes de apelaciones despierta menor interés ciudadano.

Toca acuerpar al grupo de comisionados honestos para que las cortes no continúen dominadas por las mafias.

Es normal, mientras en las elecciones generales nos sentimos partícipes, depositando nuestro voto por las y los candidatos de nuestra preferencia, la elección de magistrados nos luce ajena. Sin embargo, quienes ocupan estos puestos tienen un nivel de decisión tan importante como el del presidente de la República. Al final, se trata de otro poder del Estado que puede, a partir de sus resoluciones, poner en jaque al propio sistema democrático.

Si no, vean ustedes cómo las decisiones de las altas cortes terminan echando por tierra las actuaciones del gobierno y del Congreso, incluyendo resoluciones en las que prácticamente los magistrados legislan. Sobre todo en un país como el nuestro, en el que se ha judicializado al extremo la política (aunque nos suene a cliché) y todo termina sometido a fallos judiciales: desde la defensa del agua y los recursos naturales hasta los vetos a las candidaturas presidenciales.

Y aunque nos parezca que nada tiene que ver con nuestra cotidianidad, un sistema de justicia corrompido y a merced del tráfico de influencias y los sobornos, puede arruinarle la vida a cualquiera al momento de tener que enfrentar/interponer una demanda (penal, civil, administrativa o laboral) que no se decidirá de forma independiente sino -en muchos casos- a partir de los “incentivos” para las y los juzgadores. Y una justicia “a la carta” (es decir, al mejor postor o a favor de quien tenga más dinero o más poder) es extremadamente peligrosa.

Si no, veamos lo que está sucediendo actualmente en Guatemala con sentencias absolutorias a favor de narcos y personajes vinculados a casos de gran corrupción (Sinibaldi, Baldizón, el Gato Herrera), y, por el contrario, fallos condenatorios o de privación de libertad en contra de personas que no han cometido delitos. Porque al final, aunque sea el Ministerio Público el encargado de la persecución penal (investigar y llevar ante los tribunales las pruebas que sustentan la comisión de un delito), son las y los jueces y magistrados quienes deciden.

En dos platos, si el sistema de justicia en este país fuera independiente se rechazaría la persecución espuria que han emprendido Porras y sus adláteres en contra de quienes consideran sus “enemigos” (operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales e indígenas, estudiantes, trabajadores y profesores universitarios) y no se accedería a clausurar las causas penales de quienes abiertamente integran redes de corrupción, a través de las cuales se han enriquecido ilícitamente dejando en trapos de cucaracha las arcas del Estado.

Por eso es que esta elección de cortes reviste de una importancia crucial para el Pacto de Corruptos y su fiscal general: de la continuidad en la captura y cooptación del sistema de justicia depende que Porras Argueta, Curruchiche y sus compinches puedan seguir mal utilizando el Derecho Penal para promover la impunidad de los corruptos; el castigo de quienes les investigan y denuncian, y las operaciones para desestabilizar al gobierno, incluidos los casos para traerse abajo y procesar al presidente Arévalo y a la vicepresidenta Herrera. Como escribí la semana pasada, el modelo de las comisiones de postulación para elegir magistrados está agotado. Pero, en este momento, es el mecanismo que existe y el que está en marcha para integrar las cortes 2024-2029. Por eso toca, como se hizo para defender la elección 2023 que nos querían robar, acuerpar al grupo de comisionados/as honestos y no dejar que las cortes continúen dominadas por las mafias.

Elección de cortes: ¿seguirá cooptado el sistema?

Tue, 10 Sep 2024 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Elección de cortes: ¿seguirá cooptado el sistema?

Este proceso confirma que el modelo de las comisiones de postulación está agotado.

Marielos Monzón

10 de septiembre de 2024

00:02h

El trabajo de las comisiones de postulación para definir los listados de candidaturas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a las 46 salas de cortes de Apelaciones por los próximos cinco años entra en su etapa decisiva.

Lamentablemente, como en ocasiones anteriores, este proceso confirma que el modelo de las comisiones de postulación está agotado. Por más esfuerzos que se hicieron para contrarrestar el poder de las redes de corrupción y tráfico de influencias, la correlación de fuerzas sigue siendo negativa y, a la hora de votar, prevalece el bloque que busca mantener el estatus quo en el sistema judicial.

Si bien cuando se definió este mecanismo de elección la intención fue “despolitizarlo” incluyendo a la academia y al gremio de abogados en la conformación de las comisiones de postulación, rápidamente las redes apuntaron a la cooptación de estos espacios a través de variadas estrategias.

La primera víctima fue la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), cuya rectoría se convirtió en un territorio en disputa y hoy estamos viendo las terribles consecuencias tras el fraude que llevó a Walter Mazariegos a ser su máxima autoridad. También el Colegio de Abogados y Notarios, otrora asociación gremial dirigida por profesionales éticos y dignos, pasó a ser un botín y sus elecciones, un ejemplo “en chiquito” de la política clientelar que domina los procesos electorales en Guatemala.

Ni hablar de la proliferación de universidades con el único fin de contar con facultades de Derecho para tener a su decano/a integrando las comisiones de postulación y, tras la elección, contar con alfiles en puestos de decisión en la administración de justicia que les deben el “cargo”.

A la hora de votar prevalece el bloque que busca mantener el statu quo en el sistema judicial.

Todo esto explica las razones por las cuales se hace extremadamente difícil que de este proceso salgan electos magistrados/as que garanticen un sistema judicial independiente. Las últimas decisiones que, por mayoría, tomaron ambas comisiones no hacen más que degradarlo: Determinar que la reconocida honorabilidad que establece la Constitución para ser magistrado solamente “se pierde” cuando se ha sido condenado por un delito con “sentencia debidamente ejecutoriada” abre la puerta para incluir como candidatos/as a personajes que están utilizando el Derecho Penal como arma de persecución y castigo (lawfare), que tienen conductas antiéticas o que han sido catalogados como actores corruptos y antidemocráticos por gobiernos de países amigos y organismos internacionales de los que Guatemala forma parte. Por eso, de las 32 tachas presentadas en contra de aspirantes a las magistraturas de la Suprema, 31 fueron rechazadas, y de las 66 contra candidaturas para salas de Apelaciones, solo a una se le dio trámite.

Ni hablar de la decisión de suprimir la fase de entrevistas a las personas postulantes que permitía mayor transparencia y era un mecanismo para que las y los comisionados midieran de mejor forma la idoneidad. Si a eso le agregamos el conflicto de interés (por decir lo menos) que supone que 33 comisionados sean a la vez candidatos a magistrados, el panorama se pinta complejo y supone la continuidad del sistema de cooptación judicial.

Como ciudadanía no podemos ser ajenos a este proceso. Nos jugamos la posibilidad de que al afrontar un proceso (civil, penal, laboral) la aplicación de la justicia sea objetiva e imparcial o estemos a merced del tráfico de influencias, el pago de sobornos y la venganza. Está en juego también que personajes vinculados a redes delictivas y de corrupción sigan siendo beneficiados y quienes no han cometido delitos, perseguidos y condenados.

Toca dar la batalla en dos fases: ahora que se conformarán los listados y se votarán las magistraturas en el Congreso y, después, cuando haya que impulsar una reforma para revisar el procedimiento de elección.

La captura de la justicia tiene dos caras

Tue, 03 Sep 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

La captura de la justicia tiene dos caras

Los ataques a la democracia ya no se hacen sacando tanques a la calle, sino a través de la vía judicial.

Marielos Monzón

3 de septiembre de 2024

00:01h

El sistema judicial guatemalteco sufre una crisis histórica y estructural. Los problemas que afronta no son nuevos, pero con el tiempo se han agudizado. Durante los años de las dictaduras militares, el sistema se utilizó como brazo ejecutor de los regímenes de facto, lo que provocó cárcel y exilio. Aunque, como sabemos, la mayoría de personas consideradas “enemigos internos” fueron asesinadas o desaparecidas.

Los ataques a la democracia ya no se hacen sacando tanques a la calle, sino a través de la vía judicial.

De terrible recordación son los tribunales de fuero especial, instaurados por el dictador Efraín Ríos Montt. Jueces sin rostro emitieron resoluciones sin las mínimas garantías procesales, incluidas sentencias de pena de muerte. Hasta hoy, aunque haya voces que lo justifiquen y reivindiquen, no se sabe con certeza cuántas personas que no cometieron delitos fueron condenadas por aquellos sicarios judiciales.

La fallida reforma constitucional (1999) emanada de los Acuerdos de Paz, que contenía cambios estructurales que habrían podido transformar la justicia guatemalteca, abonó a la continuidad de un sistema judicial víctima de las redes de tráfico de influencias y de corrupción, con tentáculos dentro y fuera de las cortes. Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs) que mutaron a Redes Político-Económicas Ilícitas (Rpei) cuentan entre sus miembros a abogados, oficiales, jueces/juezas, fiscales y magistrados/as cuyas resoluciones/investigaciones/procesos penales responden a sus intereses.

Y es que la captura y cooptación del sistema de justicia es intrínseca a los regímenes autoritarios y corruptos, porque los ataques a la institucionalidad y a la democracia ya no se hacen sacando los tanques a las calles, sino por la vía de los procedimientos jurídicos y judiciales. Es decir, se manipula la ley para atacar y debilitar la democracia y perseguir espuriamente (encarcelando o forzando al exilio, otra vez) a quienes están dispuestos a defenderla.

La lista de operadores de justicia criminalizados es larga y responde a la necesidad de las mafias de expulsar a fiscales, juezas/jueces y magistradas/os honestos e independientes para garantizar “investigaciones” y resoluciones a la medida. Sin embargo, aunque contados, todavía vemos en juzgados y tribunales a abogadas/os probos ocupando una judicatura. Pero ahí está el MP de Consuelo Porras Argueta abriendo expedientes y magistrados de la Suprema usando como instrumento de hostigamiento la vía disciplinaria.

Esa es, en resumen, una de las caras de la justicia capturada/cooptada. Pero hay otra que la agrava y la complementa: la garantía de la impunidad. Porque no se quiere tener el control de la justicia solamente como arma de castigo o de venganza, no. Se busca que el sistema no investigue, persiga, ni condene los delitos de quienes forman parte de las estructuras criminales, ni de las redes mafiosas y de corrupción.

Los especiales periodísticos de Plaza Pública (PzP) “Radiografía de la caída de los casos de corrupción” (20/8/24) de la periodista Jody García y el de Prensa Libre “Rompecabezas de Corrupción, los casos políticos que se desarmaron” (2/9/24) del colega Alex Rojas, explican exactamente a lo que me refiero. A partir de la expulsión de la Cicig y de la recaptura del Ministerio Público (Porras Argueta como fiscal general y Rafael Curruchiche como jefe de la Feci), los procesos penales por casos de gran corrupción se desmoronan. PzP documenta tras el análisis de 35 procesos, 118 acusados beneficiados con desestimaciones, sobreseimientos, libertades anticipadas, arrestos domiciliarios y anulación de órdenes de captura.

Por eso es vital que en este proceso de elección de cortes se garantice la inclusión en las nóminas de candidaturas de abogadas/os honestos e independientes que puedan afrontar, de nuevo, la lucha contra las mafias que tienen secuestrado al sistema.

¿Por qué importa rescatar la justicia?

Tue, 27 Aug 2024 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

¿Por qué importa rescatar la justicia?

Con la elección de las nuevas cortes (2024-2029) vuelve a abrirse la disputa.

Marielos Monzón

27 de agosto de 2024

00:02h

Los últimos años han mostrado con toda crudeza lo que significa para Guatemala tener una justicia capturada. Después de la batida del Ministerio Público (MP) y la Cicig en contra de complejas estructuras criminales que sacudieron profundamente al status quo, vino el contrataque.

El punto de partida fue recuperar la jefatura del MP y asegurarse de que quien llegara a dirigirlo ralentizara las investigaciones en marcha, frenara nuevos procesos en contra de miembros del Pacto de Corruptos y desarticulara la estructura institucional que hizo posible perseguir y juzgar a los responsables de casos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.

Con la Fiscalía General asegurada, vino el siguiente paso: rearticular la correlación de fuerzas al interno del sistema de justicia y retomar el control (que habían perdido parcialmente) de las altas cortes. Por eso la prolongación del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) más allá del plazo constitucional y por eso también las maniobras para forzar el exilio de jueces, juezas y magistrados/as independientes, a quienes se les persigue a partir de casos fabricados.

Pero ahora, con la elección de las nuevas magistraturas para la Suprema y las salas de Apelaciones (2024-2029) vuelve a abrirse la disputa. Eso explica la frenética carrera por entorpecer —con acciones de todo tipo— el trabajo de las comisiones de postulación que tienen a su cargo la conformación de los listados de candidaturas. Aunque suene inverosímil —con tal de sabotear el proceso— los comisionados que representan a las fuerzas oscuras se enfrascaron en una discusión sobre la sede del trabajo de la Comisión para la CSJ que, gracias a los buenos oficios del rector de la URL, Miguel Cortés S. J., se zanjó favorablemente.

Con la elección de las nuevas cortes (2024-2029) vuelve a abrirse la disputa.

Y es que el lugar es clave, no solo por la accesibilidad y disponibilidad de recursos que faciliten el trabajo, sino porque dependiendo de quién “controle” el espacio se puede garantizar o no la fiscalización y la transparencia. Recordemos cómo en el último proceso de postulación para Fiscal General (donde fue reelecta Consuelo Porras) hubo hasta drones que sobrevolaban las ventanas del salón y fotografías de los expedientes o de las anotaciones de los comisionados publicadas por los netcenters en las redes sociales.

Ahora vendrá la verdadera batalla. En las siguientes semanas habrá todo tipo de maniobras para intentar descartar a abogados/as que garanticen la aplicación de la justicia independiente e incluir —a troche y moche— a personajes que abonen a la profundización de la cooptación del sistema judicial (ya las y los vimos en la fila entregando sus expedientes). Habrá que tener mucho ojo con los “grises” (personas no identificadas como parte de las redes de corrupción) pero que, una vez en el cargo, se “destapan”, tal cual pasó con la actual fiscal general.

Pero, ¿por qué es tan importante este proceso? En primer lugar, porque las y los guatemaltecos deberíamos tener la certeza de que al afrontar una demanda civil, penal, laboral… la aplicación de la justicia será objetiva e imparcial y no estará sujeta al tráfico de influencias, al pago de sobornos o la venganza. Y no hablo de casos penales complejos, sino, incluso, de un hecho de tránsito en el que podamos vernos involucrados.

En segundo, porque mientras la justicia siga capturada, los delincuentes y los corruptos continuarán siendo beneficiados con resoluciones a la medida; y el sistema seguirá utilizándose como arma de castigo en contra de personas que no han cometido delitos (la lista es larga). Y en tercero, porque de la independencia y probidad de quienes ocupen las magistraturas dependerá —en gran medida— la continuidad de nuestra democracia o la vía libre para el autoritarismo, incluyendo un golpe de Estado.

Libertad para Ligia Hernández

Tue, 20 Aug 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Libertad para Ligia Hernández

Mañana puede ser demasiado tarde, presidente Arévalo.

Marielos Monzón

20 de agosto de 2024

00:01h

El Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta no abandona su práctica permanente de persecución a través del uso indebido del poder punitivo del Estado.

El “caso” contra Ligia Hernández es parte del plan golpista del Pacto.

La semana pasada en el “caso” en contra de la exdiputada del partido Movimiento Semilla y actual directora del Instituto de la Víctima, Ligia Iveth Hernández Gómez, se volvió a aplicar el mismo patrón de actuación que ha sido el modus operandi en la persecución penal espuria en contra de jueces y fiscales anticorrupción; abogados/as e investigadores de la extinta Cicig; estudiantes, profesores y trabajadores universitarios del movimiento de resistencia contra del fraude en la Usac; periodistas, manifestantes y líderes indígenas y sociales.

No causó ninguna sorpresa que el juez que conoce el expediente y dictó la orden de captura en contra de la funcionaria sea el célebre integrante del listado de actores corruptos y antidemocráticos de Guatemala, Fredy Orellana, que comparte la nominación con la fiscal general, el actual jefe de la Feci, José Rafael Curruchiche Cucul; el secretario general del MP, Ángel Arnoldo Pineda Ávila; y la fiscal Leonor Morales Lazo. Sí, la misma que declaró que todas las actas de cierre de escrutinio de las elecciones generales 2023 son “nulas de pleno derecho”, a partir de lo cual su jefe (Curruchiche) pidió anular las elecciones. ¿Casualidad? Ninguna.

Orellana, quien también dictó las órdenes de captura en contra del expresidente de diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora Marroquín, y de la exfiscal Samari Gómez y se prestó a la persecución de varios de los abogados defensores del periodista -que se vieron forzados a aceptar cargos para evitar seguir en prisión- cumplió de nuevo el libreto criminalizador:

a) Se negó a entregar el expediente para evitar que un juzgado de turno pudiera llevar a cabo la audiencia de primera declaración de Ligia Hernández, como lo había ordenado la jueza que le hizo saber el motivo de su detención. No fuera a ser que le decretaran falta de mérito o le dieran una medida sustitutiva. b) Accedió a todas las solicitudes planteadas por la fiscalía y denegó los requerimientos de la defensa. c) Resolvió negar la prisión domiciliaria por existir “peligro de fuga” (a pesar de que ella se puso a disposición del juzgado antes de su captura) y decretó una posible obstaculización a la averiguación de la verdad, porque Hernández le habría faltado el respeto al MP en un video que publicó en sus redes sociales y ejerce un cargo público desde el que puede dar órdenes. d) La mandó a recluir a la cárcel de Matamoros a la espera de que la fiscalía culmine la investigación. Es decir, permanecerá privada de libertad al menos hasta diciembre.

Pero el “caso” contra Ligia Hernández encierra una intención adicional. Es parte del plan golpista del Pacto y otro “hilo” que el MP quiere “jalar” para encausar penalmente a la dirigencia de Semilla. No hay que ser muy intuitivo. Basta ver la coincidencia entre la narrativa oficial del MP y los correlatos de sus net-centers cuando iniciaron la “cacería” en contra de fiscales, jueces y juezas independientes. Ya empezaron a publicar la imagen que evoca un “cartón de lotería” con las fotos de funcionarios clave del gobierno y de la dirigencia del partido oficial y han colocado la primera “X”.

Por eso lleva razón Jose Carlos Zamora (El País,16/8/24) cuando señala que resulta desolador ver a Hernández ofrecerse a una justicia inexistente y al Gobierno pedir un debido proceso que no aplica a opositores y críticos del pacto de corruptos. “Es hora de actuar o resignarse a ver cómo cada miembro del gabinete, y eventualmente el presidente, es detenido arbitrariamente”, advierte quien tiene desde hace 2 años a su padre preso por un caso fabricado. Mañana puede ser demasiado tarde, presidente Arévalo.

La fiscal general sigue haciendo méritos

Tue, 06 Aug 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

La fiscal general sigue haciendo méritos

Se trata de ejercer con firmeza el legítimo poder político que se le confirió en las urnas.

Marielos Monzón

6 de agosto de 2024

00:01h

Hace un par de semanas escuché el análisis que el embajador retirado de los Estados Unidos, Stephen McFarland, compartió con un grupo de periodistas respecto del rol de la comunidad internacional para apoyar a la ciudadanía guatemalteca a frenar el golpe de Estado que buscaba impedir que Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomaran posesión.

¿Piensa seguir acotando la estrategia para destituir a Porras Argueta a una “institucionalidad” que no existe?

El diplomático alertó que continúa latente un rompimiento institucional por la vía judicial para separar al presidente y a la vicepresidenta de sus cargos. Textualmente dijo: “el Pacto de Corruptos sigue obstaculizando al gobierno y en mi opinión tiene el propósito de sacar a Arévalo y a Herrera antes de mediados del 2026, precisamente para que ninguno de ellos pueda escoger de la lista de los seis al siguiente Fiscal General”.

Lleva toda la razón. Es más, los acontecimientos de la última semana dejan muy clara la intención de ese pequeño pero poderoso grupo que conforma el Pacto de torpedear al gobierno, hacer ver a sus funcionarios como incapaces -cuando es el Congreso el que les está poniendo un palo en la rueda para impedirles avanzar- e insistir en la anulación del resultado electoral de junio y noviembre de 2023 a través de casos espurios y fabricados por el Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta.

Y si a eso sumamos la estrategia dentro de las comisiones de postulación para sabotear y volver a cooptar el proceso de elección de magistraturas a la Corte Suprema de Justicia y las cortes de apelaciones, vemos muy bien dibujado el cuadro que están pintando.

No habíamos terminado de celebrar el triunfo de los atletas guatemaltecos en las Olimpiadas y la primera medalla de oro para Guatemala de la mano de Adriana Ruano, que festejamos el doble tratándose de una mujer, cuando unas horas más tarde aparece en un video en redes sociales la iracunda fiscal general (así, con minúsculas) en una interminable perorata anti-gubernamental, acusando a funcionarios clave del Ejecutivo de violar el amparo provisional que la Corte de Constitucionalidad le otorgó cuando Arévalo anunció que presentaría ante el Congreso una reforma a la ley orgánica del MP para removerla del cargo. Las “pruebas”: publicaciones en redes sociales donde la mencionan. O sea, ella y su equipo pueden vociferar, patalear y grabar videos interminables repletos de señalamientos y acusaciones falsas, pero la libertad de expresión es solo suya.

Lo más patético de la grabación es ver a la capitana del Pacto de Corruptos pedirle cuentas a un gobierno que apenas lleva 6 meses, cuando se pasó y sigue garantizando la impunidad de Jimmy Morales, Alejandro Giammattei, Miguel Martínez y sus corruptos funcionarios que son los responsables de la situación que afrontamos en Guatemala dada su negligencia y rapacidad para hacer chinche los recursos del Estado en negocios que apestan como el Libramiento de Chimaltenango o la compra de las vacunas Sputnik. Pero ahí sí el MP y la fiscal mutis por el foro.

El colmo fue la solicitud que hizo al tribunal constitucional (sinceramente en este momento no creo que la vayan a complacer) de procesar penalmente a Bernardo Arévalo, argumentando que no ha cumplido la orden de evitar acciones para removerla del cargo.

Ante este escenario presidente, y lo digo con todo respeto, ¿piensa seguir acotando la estrategia para destituir a Porras Argueta a una “institucionalidad” que no existe porque la justicia está cooptada, o ensayar otras alternativas para precisamente empezar a recuperar la institucionalidad a partir de la salida de la fiscal general?

El pueblo —que ya lo hizo una vez— lo acompañaría, presidente. Se trata de ejercer con firmeza el legítimo poder político que se le confirió en las urnas y tomar una decisión impostergable para frenar el sabotaje a su gobierno y a nuestra democracia.

¡Libertad para Zamora YA!

Tue, 30 Jul 2024 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

¡Libertad para Zamora YA!

Van 731 días de prisión ilegal.

Marielos Monzón

30 de julio de 2024

00:02h

Ayer, 29 de julio, se cumplieron dos años desde que Jose Rubén Zamora Marroquín fue detenido y encarcelado en una bartolina del cuartel militar Mariscal Zavala.

Aquella jornada se recordará como el día en que el Pacto de Corruptos, a través de María Consuelo Porras Argueta, concretó su venganza por las publicaciones periodísticas sobre graves casos de corrupción que implicaban al entonces presidente, Alejandro Giammattei, a su pareja Miguel Martínez y a los socios del Pacto.

El demencial operativo en la casa de Zamora y en las instalaciones del diario elPeriódico —en las que se utilizaron incluso carros sin placas— fue el preludio de lo que se venía: una persecución judicial sistemática en contra de uno de los referentes del periodismo de investigación de Guatemala y de la región, y el cierre de un medio que desveló decenas de negocios oscuros y corruptelas.

Con una acusación floja y descabellada que el propio Rafael Curruchiche —jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP)— reconoció que se había armado en 14 días, y con la complicidad del juez Fredy Orellana (uno de los mimados de la Fiscalía), Zamora fue ligado a proceso penal por los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. También fue privada de su libertad la fiscal Samari Gómez, a quien implicaron en el “caso” con el único propósito de endilgarle a Jose Rubén el delito de tráfico de influencias. Así de burdo, así de perverso.

Desde el colectivo #NoNosCallarán exigimos ¡Libertad para Zamora YA!

Lo que siguió —y continúa— fue una trama de violaciones a su derecho de defensa y una retahíla de acciones espurias para retardar maliciosamente el proceso. A tal punto llegó la perversidad del MP que hostigaron a diez de sus abogados defensores forzándolos a renunciar uno tras otro (4 incluso fueron capturados y decidieron aceptar cargos para evitar permanecer en prisión). Después vino un juicio plagado de inconsistencias en el que se terminó absolviendo a la abogada Samari Gómez, se le retiraron dos delitos a Zamora y, con base en inferencias, se le condenó a seis años de prisión por lavado de dinero.

Ese juicio fue anulado y todavía se está a la espera de que se repita, como ordenó una sala de apelaciones. Sin embargo, no es el único proceso que enfrenta Jose Rubén. Como sucedió con Virginia Laparra y está ocurriendo con el fiscal Stuardo Campo, el MP fabrica más casos para alargarles la prisión preventiva y convertirla en una pena anticipada. Zamora lleva 731 días de prisión que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas calificó como tal. “El remedio adecuado sería poner al Sr. Zamora inmediatamente en libertad” dice su informe.

Y es que además de la persecución penal espuria —que es un patrón que el MP sigue en contra de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, estudiantes y profesores universitarios, abogados, periodistas y operadores de justicia independientes—, la privación de libertad de Jose Rubén fue la mejor manera que encontraron de enviarnos un mensaje a quienes ejercemos este oficio: lo mismo les puede pasar a ustedes. Eso es lo que se llama un caso “ejemplarizante”.

A este acoso judicial hay que agregar las torturas a las que fue sometido Zamora durante el régimen de Alejandro Giammattei: se le permitía salir a tomar el sol solamente una hora al día; infestaron su bartolina con una plaga de chinches y pulgas; con perros ingresaban de madrugada para “requisar” su celda; y cuando iba a tribunales le robaban sus libros y apuntes. Aunque esto cambió con la llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia, sigue siendo una vergüenza que el ‘gobierno de la primavera’ no haya despedido a Consuelo Porras de la Fiscalía General para que cese de una vez y por todas este uso abusivo del Derecho Penal y no haya más presos políticos.

Querida Virginia Laparra:

Tue, 23 Jul 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Querida Virginia Laparra:

El MP como estado paralelo es un gigantesco nubarrón sobre la tan anunciada primavera.

Marielos Monzón

23 de julio de 2024

00:01h

La primera vez que escuché su nombre fue en el 2022. Esa mañana del 24 de febrero, como es costumbre, encendí la radio de mi automóvil para sintonizar el noticiero. Entonces informaban sobre su captura (un día antes, cuando salía de su trabajo en la Fiscalía de Quetzaltenango) y los supuestos delitos que había cometido según la acusación del Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta.

Indignan y duelen todos los exilios y el encierro de Jose Rubén Zamora y el exfiscal Stuardo Campo.

Estábamos en aquel momento siendo testigos de cómo la Fiscalía General emprendía con saña una cacería en contra de fiscales y jueces anticorrupción que, como usted, habían investigado o juzgado a personas poderosas vinculadas a estructuras de corrupción y redes político-económicas ilícitas, como las nombró la Cicig.

Unos meses antes, en julio de 2021, se había visto forzado a salir del país Juan Francisco Sandoval, hasta entonces jefe de la Feci, a quien Porras Argueta despidió arbitrariamente para impedir que continuara investigando distintas denuncias de corrupción que involucraban (lo supimos más tarde) al entonces presidente Alejandro Giammattei y su círculo cercano. Procesos disciplinarios, despidos injustificados, denuncias administrativas y penales en contra de su propio personal se convirtieron en el modus operandi de un MP al servicio de los corruptos.

A partir de entonces seguí de cerca su calvario enfrentando a un sistema que desde hace tiempo dejó de ser de “justicia” para convertirse en uno de impunidad para los poderosos, y de persecución y castigo para los justos. Su encierro en una bartolina de Mariscal Zavala, bajo un régimen de aislamiento en donde le permitían salir a tomar el sol una hora al día, evidenció los oscuros propósitos detrás de su captura y de los procesos fabricados a partir de denuncias espurias.

Luego vino una primera condena en su contra y hace pocos días una segunda. Y es que la impunidad, como usted bien lo sabe Virginia, no solamente se trata de proteger a los delincuentes sino de utilizar el poder punitivo del Estado para perseguir indebidamente a los inocentes. Y en eso estamos en esta Guatemala, con más de cincuenta fiscales, jueces y abogados probos refugiados en el extranjero para preservar su vida y su libertad y con una jefa del MP señalada de actora corrupta y antidemocrática por 48 países. El mundo al revés.

Y no solamente abogados/as, también personas defensoras de derechos humanos, estudiantes y profesores/as universitarios, líderes sociales y periodistas. Más de 100 compatriotas que salieron del país para protegerse del estado paralelo en el que Consuelo Porras y sus adláteres han convertido al Ministerio Público. Indigna y duele todo lo que han tenido que padecer fiscales y abogadas que, como usted, Eva Sosa, Thelma Aldana, Gloria Porras o periodistas como Julia Corado o Michelle Mendoza han tenido que padecer al separarse de sus hijos e hijas a quienes seguramente les es muy difícil procesar que, aun siendo inocentes, sus madres son perseguidas como delincuentes.

Indignan y duelen todos los exilios y también el encierro del colega Jose Rubén Zamora y del exfiscal Stuardo Campo que están siendo víctimas de la perversión de un sistema que les cancela audiencias, entorpece su derecho de defensa y les mantiene privados de libertad como pena anticipada.

Su salida del país, Virginia, nos interpela y coloca de nuevo sobre la mesa la necesidad imperiosa de la salida de Consuelo Porras de la jefatura del MP. El reconocimiento que le brindó el presidente y su tuit solidario son valiosos pero insuficientes. Usted se vio obligada a salir y seguiremos viendo a personas valiosas encarceladas y criminalizadas mientras no haya una acción contundente para terminar con este estado paralelo que es un gigantesco nubarrón sobre la tan anunciada primavera.

Reciba mi solidaridad y respeto.

¡Libertad para Zamora!

Tue, 09 Jul 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

¡Libertad para Zamora!

JRZ: “Ustedes han transformado mi recinto y mi propio confinamiento en un lugar confortable y feliz”.

Marielos Monzón

9 de julio de 2024

00:01h

En una sala colmada de periodistas, la Fundación Gabriel García Márquez (Fundación Gabo) otorgó al colega guatemalteco Jose Rubén Zamora (JRZ) el reconocimiento a la excelencia periodística 2024.

El periodismo independiente en Guatemala es fuerte y resiliente y no está dispuesto a callar.

“Usted está recibiendo una llamada de la cárcel Mariscal Zavala”, se escuchó decir por los parlantes del auditorio del Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, justo antes de que Jose Carlos Zamora —hijo de Jose Rubén— recibiera el galardón en nombre de su papá, quien ese día cumplió 707 días de prisión arbitraria.

Entonces todos escuchamos la voz del expresidente de elPeriódico pidiéndole a Jose Carlos que transmitiera su agradecimiento a la Fundación por el reconocimiento y “a los periodistas de la región que nos han acompañado y que no han permitido que uno se sienta solo”. Son 703 días que se sienten larguísimos, agregó. La llamada fue hecha unos días antes desde el teléfono público de la prisión militar donde está recluido.

A mí me conmovió escuchar a Chepe Zamora decirle a su hijo que habría sido lindo viajar toda la familia a recibir el premio pero que eso, en este momento, era “imposible”. Y sus palabras al despedirse: “te deseo buen viaje, te quiero mucho y que disfrutes del encuentro en Colombia”. Entonces hubo una ovación que ojalá Jose Rubén hubiera podido sentir.

Este galardón lo reconoce como “pionero del periodismo de investigación en Guatemala y en la región” a través de los medios que fundó (Siglo Veintiuno y elPeriódico) y premia su decida lucha de investigar y denunciar a través del periodismo a las redes corruptas y criminales en Guatemala. Y es ahí donde radican los verdaderos motivos por los que está privado de su libertad.

Jose Rubén es, como también lo son las y los fiscales y abogados anticorrupción perseguidos y encarcelados por el Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta, un preso político o de conciencia, como Amnistía Internacional calificó el encarcelamiento de la exfiscal Virginia Laparra.

“Hacemos un llamado respetuoso pero firme al presidente Bernardo Arévalo, que es un demócrata, para que asuma con valentía admitir oficialmente la detención arbitraria y la violación de los derechos fundamentales de Jose Rubén Zamora. Le pedimos también a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia en Guatemala que declare con lugar las acciones legales de la defensa del periodista y al Organismo Judicial que debe dejar de suspender las audiencias y no aceptar más dilaciones maliciosas por parte del MP en contra de un verdadero héroe de la libertad de prensa y del ejercicio del periodismo en América Latina”, dijo Jaime Abello, director general de la Fundación Gabo al hacer entrega del premio.

Unos días antes de recibir el galardón, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró “arbitrario” su encarcelamiento y pidió que se le otorgue “inmediatamente su libertad”.

A estos llamados nos sumamos quienes en Guatemala ejercemos el periodismo en forma independiente. Los casos en contra de Jose Rubén y otros periodistas perseguidos por la Fiscalía son espurios y sin sustento. Obedecen a una estrategia de la alianza de sectores corruptos y criminales (Pacto de Corruptos) que buscan castigar a quienes se han atrevido a desafiarles. También es una maniobra de silenciamiento y disciplinamiento a través de la manipulación judicial para generar terror y enviar el mensaje al resto de periodistas que, en cualquier momento, esto nos podría pasar.

Pero les tenemos malas noticias. El periodismo independiente en Guatemala es fuerte y resiliente y no está dispuesto a callar. Nuestra voces y nuestras plumas seguirán denunciando los abusos del poder (de todo el poder) y defendiendo nuestro derecho a informar que no es otra cosa que el derecho de la población a saber.

La “otra” injerencia

Tue, 02 Jul 2024 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

La “otra” injerencia

Parece que a la Fiscal General y a su círculo cercano las sanciones internacionales no les vienen tan “del norte”.

Marielos Monzón

2 de julio de 2024

00:02h

Hace poco más de un año que la retórica de María Consuelo Porras Argueta, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, José Rafael Curruchiche Cucul y sus adláteres ha sido la de rechazar la “intromisión” extranjera que pretende, según ellos, que el Ministerio Público (MP) no realice su trabajo de forma independiente.

En realidad, el cierre de filas de la comunidad internacional fue provocado por el intento de la Fiscalía de anular el resultado de las elecciones 2023 para impedir que el binomio electo del partido Movimiento Semilla tomara posesión, además del uso continuado del Derecho Penal para perseguir —con casos fabricados— a jueces, juezas y fiscales anticorrupción, periodistas y defensores de derechos humanos, acciones en las que persisten.

Cada vez que un gobierno de alguno de los países con los que Guatemala mantiene relaciones diplomáticas califica a la cúpula del MP —y a sus jueces aliados— como actores corruptos y antidemocráticos, la Fiscalía General responde blandiendo la desgastada bandera de la soberanía nacional.

No solo eso. Con expresiones poco felices tratándose de un funcionario público —aunque confunda su rol con el de un ‘netcenter’—, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) ha reiterado que le tiene sin cuidado que le nieguen el ingreso a sus territorios y que no le importa, no le importa y no le importa estar en ningún listado porque “solamente está haciendo su trabajo”.

Pero parece que ni a él ni a la Fiscal General ni al Secretario General del MP les viene tan “del norte” (nunca mejor dicho), ni les parecen una bicoca las sanciones internacionales, aunque manifiesten lo contrario. En realidad fue más que obvio el disgusto de Curruchiche cuando, tras finalizar el juicio en contra de Jose Rubén Zamora, espetó que debía ser el periodista y no él quien estuviera en el listado de los sin-visa.

El MP le apuesta a que de darse un cambio en la Casa Blanca pueda seguir con su plan golpista.

Quedó clarísima también esa molestia cuando en la conferencia de prensa del pasado 7 mayo, unos minutos después de afirmar que ella “no recibe órdenes en inglés”, Porras Argueta proyectó una carta (en inglés) de un grupo de 11 congresistas del Partido Republicano dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, haciendo referencia a las sanciones de Estados Unidos en contra de diputados guatemaltecos “conservadores” que no apoyan la agenda legislativa (supuestamente ‘globalista’) promovida por el gobierno de Arévalo.

Pero la guinda en el pastel fue el reciente viaje del secretario de Relaciones Internacionales del MP, Eduardo Mejía Calito, a los EE. UU. donde renegó de la injerencia extranjera pero pidió “otra” injerencia extranjera. El enviado de la Fiscal General fue de bochorno en bochorno. No extraña, es exactamente lo mismo que hizo Jimmy Morales junto a su ministro de Gobernación, Enrique Degenhart Asturias, y a la entonces canciller, Sandra Jovel, cuando con tal de sacar a la Cicig de Guatemala ofrecieron a nuestro país como un gran campo de concentración para migrantes.

La jugada de Porras Argueta y sus aliados del Pacto va de nuevo en la misma dirección y apunta a que, de darse un cambio en la Casa Blanca, la injerencia extranjera “cambie” de dirección y les permita seguir con el plan golpista sin que haya mayores consecuencias. Eso explica también el “caso” por el que allanaron a la organización Save The Children y la retórica falsa e interesada de la defensa de la agenda “pro-vida” y antidiversidad sexual, cuando de todos es sabida la relación de pareja entre el expresidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, prominentes miembros del Pacto. De nuevo el doble rasero.

Si el MP ya está mostrando tan abiertamente las cartas y la estrategia ya la empezó a ejecutar ¿qué jugada tiene lista el presidente Arévalo y su gobierno frente al peligro de que eso se concrete?

Buena Vista y Santa Rosita

Tue, 25 Jun 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Buena Vista y Santa Rosita

“En conjunto, 60 familias están en riesgo de quedar en la calle el 26 de junio”. PzP

Marielos Monzón

25 de junio de 2024

00:01h

Desalojados: “Queremos que el presidente sepa que estamos refugiados debajo de los árboles”. Ese es el título del reportaje que publicó este domingo 24 de junio, en Plaza Pública (PzP), la periodista Elsa Coronado.

Imprescindible que el ministro Francisco Jiménez asuma el tema del actuar de la PNC en los desalojos.

El texto describe con precisión la crisis humanitaria que sufren 160 personas —unas 30 familias— de la comunidad Buena Vista que fueron desalojadas hace un mes de los terrenos que ocupaban. Cargaron con las pocas pertenencias que lograron rescatar porque apenas les dieron dos horas para “sacar lo que pudieran”. Consiguieron refugio en una comunidad vecina, Santa Rosita, cuenta la colega. “Pero también hay una orden judicial que busca expulsar a quienes les concedieron albergue. En conjunto, 60 familias están en riesgo de quedar en la calle el 26 de junio”, alerta.

La publicación recoge los testimonios de varias mujeres maya q’eqchi’ que cuentan las penurias que pasan para alimentar a sus hijos. En las fotografías de Laura García y los videos de José Misa se ve a varios niños y niñas literalmente comidos por los zancudos, entre los lazos y pedazos de nailon que colocaron los adultos para tener, entre los árboles, algo parecido a un techo.

La historia de la comunidad Buena Vista no es muy distinta a la de decenas de comunidades rurales e indígenas que viven en condiciones de pobreza extrema y abandono en Guatemala. La concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos contrasta con la imposibilidad de cientos de familias de acceder a una parcela que les garantice el sustento. En 2015, cuando estaban muy cerca de lograr la titulación de las tierras donde vivían, ocurrió un derrumbe que puso fin “a la ilusión de la titulación de sus tierras”, escribe Elsa sobre los motivos que obligaron a las familias de Buena Vista a ocupar terrenos privados.

Además del hambre, la falta de servicios básicos y el nulo acceso a derechos esenciales como educación, vivienda y salud, la persecución judicial es otro grave problema que enfrentan. Recordemos que la criminalización que hoy viven operadores de justicia y periodistas, inició y continúa en contra de comunidades y organizaciones campesinas e indígenas cuyos líderes son acusados por el Ministerio Público de delitos como usurpación agravada y asociación ilícita, a partir de que se organizan para defender derechos laborales, reclamar tierra o defender sus recursos naturales.

Porque como siempre ocurre en nuestro país, las graves problemáticas sociales, económicas y ambientales se intentan “resolver” con represión y castigo, en lugar de con transformaciones de fondo que requieren, obviamente, reducir los privilegios de las élites, el poder de los terratenientes y de las empresas extractivas o las multinacionales.

Después de 30 días de ocurrido el desalojo y a partir de la publicación del reportaje en PzP, llegaron el mismo domingo hasta Santa Rosita, Oswaldo Samayoa de Copadeh y Zulma Calderón de la Sosep. En otras administraciones no habrían siquiera reaccionado, es cierto, pero esperamos más que eso del gobierno de Semilla.

Se entiende que 6 meses son insuficientes para abordar una problemática profundamente compleja, pero las imágenes del desalojo que documentaron medios y periodistas locales y que circularon por las redes durante cuatro semanas daban cuenta de la urgencia de atender más allá de las “mesas de diálogo” a estas familias y de lo imprescindible que Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, asuma directamente el tema del actuar de la PNC en los desalojos porque tampoco las formas pueden seguir siendo las mismas.

Lamentable además que el procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdova, haya convertido a una institución, que supo cumplir con su mandato velando por las personas y sectores más vulnerables, en un cascarón vacío e irrelevante.

La fiscal general sigue dispuesta a todo

Tue, 18 Jun 2024 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

La fiscal general sigue dispuesta a todo

Cada día que pasa Consuelo Porras al frente del MP, la democracia guatemalteca corre grave peligro.

Marielos Monzón

18 de junio de 2024

00:02h

El Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta insiste en perseguir penalmente a personas que no han cometido delitos. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), con Rafael Curruchiche a la cabeza, ha emprendido “investigaciones” que carecen de sustento pero que tienen en prisión o en el exilio a decenas de operadores de justicia, líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas.

Además de la Feci, la Fiscalía contra la Corrupción, la de Asuntos Internos e incluso la de Delitos contra el Patrimonio Cultural están siendo utilizadas como instrumentos de persecución y castigo, pero no en contra de funcionarios que se enriquecieron a costillas del presupuesto del Estado o acumularon millones de quetzales en caletas que sirvieron para sobornar a diputados y otros funcionarios. No, los esfuerzos del MP transitan por la vía de la criminalización y buscan asegurar a los socios del Pacto que aquellos que les denunciaron, investigaron, protestaron o se movilizaron reciban un buen escarmiento.

Así se explica que ante el escandaloso fraude que se dio en la Universidad de San Carlos (Usac) para imponer a Walter Mazariegos como rector, en lugar de procesar a quienes violentaron el proceso electoral y la autonomía universitaria se quiera encarcelar a profesores y estudiantes sancarlistas que encabezaron la legítima resistencia, a quienes les acompañaron y apoyaron, aunque solo fuera con mensajes en redes sociales e incluso a periodistas y columnistas que dieron cobertura o se refirieron al tema.

Como se ha denunciado innumerables veces, este “caso” se quiere utilizar (también) para procesar judicialmente a la vicepresidenta Karin Herrera y a algunos diputados y militantes de Semilla. Con una narrativa digna de película de ficción, el MP pretende vincular la ocupación de las instalaciones de la Usac con una maniobra electoral. No les alcanzó para evitar la toma de posesión del entonces binomio electo, pero es una de las rutas que exploran para continuar con la persecución penal y sustentar el retiro de la inmunidad de actores clave del oficialismo.

Ya cansa que gente honorable siga en el exilio, esté encarcelada o enfrente cargos inventados.

Todos recordamos el bochornoso espectáculo que los fiscales del MP protagonizaron con los allanamientos a las casas de reconocidos profesores y decanos de la Usac; la tristísima conferencia de prensa donde presentaron las “pruebas” del caso y la lamentable argumentación ante el juzgado que fue desvanecida por los abogados defensores. Tan espurias eran las acusaciones que hasta un juez como Víctor Cruz dictó falta de mérito, otorgó medidas sustitutivas y retiró delitos a varios de los acusados.

Pero como su perversidad no tiene límites, el MP insiste en la persecución. Este domingo se conoció que la Fiscalía pidió a la Interpol activar alerta roja en contra de nueve personas señaladas en el mismo caso, entre ellas Jordán Rodas, ex procurador de Derechos Humanos y excandidato a rector de la Usac; Ramón Cadena Rámila, reconocido abogado especialista en Derechos Humanos, y los estudiantes Camilo García y Plutarco de León, que plantaron cara ante los desmanes del Consejo Superior Universitario para concretar el fraude.

Ya cansa que gente honorable siga en el exilio, esté encarcelada o enfrente cargos inventados por una fiscalía al servicio de los corruptos. Cada día que pasa Consuelo Porras al frente del MP, la democracia guatemalteca corre grave peligro. Si la justicia y gran parte de la institucionalidad no estuvieran cooptadas, se entendería la ruta escogida por el presidente Arévalo para concretar su salida.

Pero tomando en cuenta las cartas que acaba de mostrar Porras con el allanamiento al Ministerio de Finanzas y los casos contra Santiago Palomo y Julio Saavedra, hay grave riesgo de que, como ya advirtió Jose Rubén Zamora, termine alguno de todos en la bartolina a su vecindad.

Arrebatar a las mafias el control de la justicia

Tue, 11 Jun 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Arrebatar a las mafias el control de la justicia

Que las cortes respondan a los intereses del Pacto de Corruptos es peligroso para todos.

Marielos Monzón

11 de junio de 2024

00:01h

Garantizar que continúe la cooptación del sistema de justicia es un objetivo irrenunciable del Pacto de Corruptos. Controlar la justicia les permite no solamente mantener su impunidad para graves delitos de corrupción u otros crímenes, sino continuar utilizando al sistema como herramienta de persecución y hostigamiento en contra de quienes se consideran un obstáculo para sus fines.

Que las cortes respondan a los intereses del Pacto de Corruptos es peligroso para todos.

Incluso, el control de las cortes les permitiría “mantener la llave” que abre la puerta de un eventual desafuero del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, estrategia que siguen contemplando como parte de sus planes.

Sin ir muy lejos, ahí tienen ustedes a algunos magistrados/as de salas de apelaciones refrendando resoluciones de jueces y juezas que dejan en libertad a personajes involucrados en mega-escándalos de corrupción, incluyendo a algunos que habían aceptado sus delitos, como el exministro Alejandro Sinibaldi. O, por el contrario, salas de apelaciones que ordenan continuar la persecución penal en contra de estudiantes universitarios como en el caso de Heizel Morales y Sergio Morataya. Es decir, buscan mantener el control de las cortes para, según sus intereses y alianzas, continuar aplicando un doble estándar en la justicia.

La cooptación del Ministerio Público y de las cortes ha sido un mecanismo determinante para que el Pacto ejerza y mantenga su poder. No es el único, por supuesto, pero es la vía que les ha facilitado consolidar el sistema de corrupción e impunidad que nos asfixia. Por poco logran impedir la toma de posesión del binomio electo a través de un golpe judicial y, ahora, siguen a fuerza de resoluciones entorpeciendo decisiones legislativas y acciones de gobierno, incluso aquellas de carácter administrativo. Los fallos judiciales se están convirtiendo en el “palo” que se inserta en la rueda para no dejar avanzar al vehículo.

Que las cortes respondan a los intereses del Pacto de Corruptos es peligroso para todos. No solo para las y los fiscales, jueces y juezas que hicieron avanzar investigaciones y lograron condenas en casos de gran corrupción o de graves violaciones a los derechos humanos y hoy se encuentran en la cárcel o el exilio. También para las y los ciudadanos representa un grave riesgo “caer” en manos de una justicia parcializada con fiscales, jueces o magistrados que se venden al mejor postor.

Por eso el proceso de conformación de las comisiones de postulación que se encargarán de elaborar las nóminas para las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones reviste de enorme importancia. Nos estamos jugando, sin exagerar, la posibilidad de mantener o socavar la democracia y la institucionalidad del país; y también el derecho que tenemos como ciudadanos/as a un debido proceso en el caso que debamos enfrentar la justicia.

Las estructuras mafiosas se están preparando para dar la batalla y adueñarse de la mayoría de espacios en las comisiones de postulación para garantizar que las listas de candidaturas a la Suprema y a las salas de apelaciones incluyan a sus alfiles y operadores. Por eso resulta crucial que, tal y como se logró para impedir el golpe de Estado y la anulación de la voluntad popular en 2023, promovamos un esfuerzo ciudadano —amplio y unitario— para rescatar al sistema de justicia.

La conformación del espacio plural “Unidad por la Justicia” (planilla 8) para disputar en el Colegio de Abogados la representación gremial en las comisiones de postulación es un paso en la dirección correcta. También lo es que Walter Mazariegos, el rector impuesto de la USAC, no haya logrado hacerse de la presidencia de una de las comisiones de postulación, como pretendían él y sus socios.

Toca sumar fuerzas y voluntades para arrebatarle a las mafias el control de la justicia.

Deleznable manipulación de la ley contra el femicidio

Tue, 04 Jun 2024 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

Deleznable manipulación de la ley contra el femicidio

La Constitución establece los mecanismos legales cuando se está en desacuerdo con una publicación periodística.

Marielos Monzón

4 de junio de 2024

00:02h

El 2 de mayo de 2008, el Congreso de Guatemala aprobó la “Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer”. Gracias a una lucha sostenida de las organizaciones de mujeres, las familias de las víctimas, defensoras de los derechos humanos y abogadas que procuraban castigo para los femicidas y agresores, se conformó una alianza parlamentaria, liderada por un grupo de diputadas, que permitió su aprobación.

El telón de fondo fue el aumento alarmante de las muertes violentas de mujeres y la impunidad en la mayoría de los crímenes. En aquel momento la PNC reportaba 3,933 asesinatos de mujeres entre enero de 1999 y mayo de 2008.
Aunque esta normativa abrió la posibilidad de recibir medidas de protección, facilitó la instalación de juzgados y fiscalías especializadas, abordó las distintas formas de violencia e incluyó mecanismos de prevención y reacción, los crímenes en contra de las niñas, las jóvenes y las mujeres en Guatemala siguen sucediendo. La violación sexual y los embarazos forzados de decenas de pequeñas que no rebasan los 14 años; las agresiones que viven miles de mujeres en sus casas, centros de estudio, en las calles o lugares de trabajo o las desapariciones y secuestros —especialmente de adolescentes y mujeres jóvenes— son una realidad cotidiana en nuestro país. Y eso hace que la lucha por erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas siga siendo permanente e ineludible.

Por eso resulta deleznable que esta legislación que busca proteger y frenar la violencia machista en contra de las mujeres se esté utilizando indebidamente para intentar silenciar a la prensa. La estrategia es bastante burda, pero les ha resultado efectiva: ante la publicación de informaciones, noticias o reportajes sobre casos de corrupción, tráfico de influencias o temas relacionados con el ejercicio de la función pública, las funcionarias (diputadas, ministras, magistradas, asesoras o empleadas públicas) y las mujeres que hacen política interponen denuncias en contra de los periodistas que las publican, argumentando violencia sicológica contra la mujer.

La vía no es la penal y tampoco la justicia especializada.

Aunque parezca absurdo, jueces/juezas especializados —en varias ocasiones— han resuelto otorgar “medidas de seguridad” a favor de las “víctimas” que evitan que los periodistas puedan seguir publicando e, incluso, cubriendo una fuente de información. Así ocurrió con los colegas Marvin del Cid y Sonny Figueroa, de Vox Populi; Gerson Ortiz, Cristian Vélix y Jose Rubén Zamora, de elPeriódico, y Pedro Pablo y Óscar Clemente Marroquín.

El caso más reciente es el de la excanciller y actual diputada Sandra Jovel, quien a través de sus redes sociales advirtió de que se reserva el derecho de “iniciar acciones legales por calumnia, difamación, acoso y violencia sicológica conta la mujer” en contra del periodista Diego España y del diario La Hora, por la publicación de la nota “Distinto a otros casos, en el caso de Sandra Jovel, el MP ya no presentó amparo ante la CC”, referida a un proceso judicial por una adopción irregular en el que estuvo involucrada la exfuncionaria.

Esta estrategia es un calco de la manipulación del Derecho Penal para perseguir a jueces y fiscales anticorrupción, y del mal uso de la Ley contra el Crimen Organizado para perseguir a líderes indígenas y campesinos. Este patrón de persecución se está haciendo cada vez más recurrente: el MP de Consuelo Porras ha definido una ruta clara en la que usa el poder punitivo del Estado para castigar y amedrentar a quienes considera sus “enemigos”, incluyendo periodistas independientes, y por esa senda caminan las demás.

La Constitución es clara respecto de los mecanismos legales cuando se está en desacuerdo con una publicación periodística. No es la vía penal y tampoco la justicia especializada a la que se debe acudir.

No es una pugna entre Arévalo y Porras

Tue, 21 May 2024 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

No es una pugna entre Arévalo y Porras

A la fiscal general se le busca destituir por violentar el mandato del MP.

Marielos Monzón

21 de mayo de 2024

00:02h

El miércoles pasado, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, integrado por las juezas Verónica Elizabeth Ruiz Blau, Sonia Ninette Villatoro López y Dinora Benita Martínez Rodas, resolvió otorgar libertad condicional al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, por considerar que no existe peligro de fuga y tampoco riesgo de que, estando fuera de la cárcel, obstaculice la averiguación de la verdad en el primer proceso que se lleva en su contra.

Hasta el último minuto, el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche intentaron sabotear la audiencia a través de una recusación en contra de dos de las juezas integrantes del Tribunal, por “dudar de su imparcialidad”. No extraña. A Curruchiche y a su jefa cualquier operador de justicia independiente les resulta no “idóneo” para conocer los “casos” de la Fiscalía. Si por ellos fuera, solo deberían resolver los jueces/juezas integrantes de la lista Engels o los nominados como actores corruptos y antidemocráticos por numerosos países.

Apegadas a Derecho y sin dejarse intimidar por los ataques que desde un día antes circulaban en las redes sociales desde las cuentas —anónimas y de los socios del MP— que filtran información y amenazan con “cárcel o exilio”, las juezas realizaron la audiencia, basadas en el artículo 68 del Código Procesal Penal, que establece que “los actos urgentes que no admitan dilación” —es decir, la libertad de Jose Rubén Zamora, en prisión preventiva desde el 29 de julio de 2022— pueden ser conocidos a pesar de haberse interpuesto una recusación. “La privación preventiva debe ser la excepción. Esta deberá ser una medida cautelar y no punitiva”, sentenció el Tribunal.

Por supuesto, ni lento ni perezoso, el jefe de la Fiscalía Especial Pro-Impunidad (Fepi) anunció la apelación de esta decisión, en una actitud inversamente proporcional a la asumida cuando los beneficiados por resoluciones judiciales son los implicados en graves casos de corrupción como Alejandro Sinibaldi o José Luis Benito. Esto sin contar la práctica recurrente del MP de entrampar los procesos al no presentarse en las audiencias, para obligar a suspenderlas, extremo que ha sufrido no solamente Jose Rubén Zamora, sino el ex fiscal anticorrupción Stuardo Campo o la abogada Claudia González, exmandataria de la Cicig y defensora de varios de los fiscales y jueces criminalizados.

Porras Argueta procura impunidad para los corruptos y castigo para quienes les investigaron y juzgaron..

Pero Zamora no podrá salir de prisión, como lo ordenaron las juezas, porque otra práctica recurrente de Porras Argueta y sus militantes fiscales (el MP se parece cada vez más a un partido político) es fabricar varias causas penales en contra de una persona para mantenerla en prisión todo lo que les sea posible, tal como hicieron con Virginia Laparra.

Ahora mismo, Jose Rubén Zamora tiene pendiente que se defina si deberá enfrentar juicio por los delitos de obstrucción a la justicia (segundo caso) y uso de documentos falsos en forma continuada (tercer proceso), pero la audiencia para definirlo ha sido suspendida en siete ocasiones, siempre por acciones o incomparecencias del MP o los querellantes. Incluso trascendió la información de que la Fiscalía apeló ante la CSJ la resolución de una sala que trasladó el caso en contra de ocho periodistas y columnistas de diario elPeriódico a un tribunal de imprenta.

Por eso resulta grotesco que quieran instalar la idea de que estamos frente a una “pugna personal” entre Bernardo Arévalo y Consuelo Porras. A Porras Argueta se le busca destituir porque, incumpliendo el mandato del MP, procura impunidad para los corruptos y castigo para los fiscales y jueces que les investigaron y juzgaron. Y porque, violentando la Constitución, quiso anular las elecciones y lo sigue intentando. Y esos, por más fiscal general que sea, son motivos suficientes para separarla del cargo.

¿Porras Argueta por encima de la ley?

Tue, 14 May 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

¿Porras Argueta por encima de la ley?

La cooptación es poner a las instituciones al servicio de intereses criminales o parciales para asegurar impunidad.

Marielos Monzón

14 de mayo de 2024

00:01h

El Ministerio Público (MP) convocó a una “conferencia de prensa” para responder a la propuesta del presidente Bernardo Arévalo de modificar la ley orgánica de la institución para habilitar la destitución, por causa justificada, de María Consuelo Porras Argueta.

Utilizar el poder punitivo del Estado como herramienta de castigo y venganza es constitutivo de delito.

La actividad fue más un mitin político —con discursos encendidos y vítores incluidos— que una rueda de prensa para fijar la posición institucional. Porras arremetió contra Karin Herrera y Bernardo Arévalo, llamándoles mentirosos, incapaces y antidemocráticos (parece chiste, pero es anécdota). Con la voz alzada y por momentos perdiendo la compostura, la funcionaria acusó a la dupla presidencial de querer destituirla para que deje de investigar al partido Semilla.

Siguiendo con su acostumbrada narrativa ‘anti-prensa-independiente’ porque la otra -la que la adula y no la fiscaliza- le parece bien, acusó a varios medios y periodistas de engañar con sus informaciones e, incluso, amenazó a tres colegas que “osaron” plantearle preguntas (que a ella y a su secretario general no les gustaron) a presentar las pruebas ante la Fiscalía para no incurrir en comisión de delito. Lo cual solo vino a confirmar el empeño del MP de perseguir por la vía penal a periodistas que investiguen, informen, publiquen y opinen sobre la fabricación de casos, la connivencia con jueces venales y la tentativa de golpe de Estado por la vía de la anulación de las elecciones que, dicho sea de paso, sigue estando entre sus pendientes.

Arévalo escogió la modificación de la ley a través del Congreso como el camino para destituir a una funcionaria que no solamente no ha cumplido con sus obligaciones al frente del MP (las estadísticas de desestimación de casos hablan por sí solas) sino que lo ha convertido en una herramienta para garantizar la impunidad de personas que cometieron delitos de gran corrupción y gravísimas violaciones a los derechos humanos. Los mecanismos que utiliza para lograrlo: archivo de expedientes, órdenes superiores para dejar de investigar; desarticulación y medidas disciplinarias contra los equipos de fiscales e investigadores de áreas clave, solicitudes de sobreseimiento de casos, inacción ante resoluciones judiciales que benefician a los sindicados (la mayoría, seguramente, a “compadre hablado”), etc.

Y, en contra cara, persecución penal indebida contra operadores de justicia independientes que llevaron adelante estos procesos; activistas sociales, defensores de derechos humanos, manifestantes, líderes comunitarios y de pueblos indígenas, periodistas y opositores políticos que están en prisión o en el exilio. Utilizar el poder punitivo del Estado como herramienta de hostigamiento, castigo y venganza es constitutivo de delito como también lo es desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, como intentó hacer el MP. Que 43 países (todo un récord) hayan declarado a Porras y a su primer círculo como actores corruptos y antidemocráticos no es antojadizo.

Se puede estar en desacuerdo con la lectura política, la ruta legal y la temporalidad elegida por el presidente y sus asesores para destituir a Porras Argueta (al final, como dicen, 3 abogados – 6 bibliotecas) pero no con la legitimidad de esa decisión, con los motivos y causales que la sustentan y con el talante democrático y respetuoso de la legalidad que caracteriza a Bernardo Arévalo aún y cuando navega en el mar de la justicia cooptada y capturada.

“La cooptación es poner a las instituciones del Estado al servicio de intereses criminales o parciales para asegurar impunidad permanente”, sostiene Eduardo Salcedo, investigador sobre redes criminales y de corrupción. Ni más ni menos en eso ha convertido Porras Argueta al MP y eso es motivo suficiente para destituirla. ¿O es que acaso ella está por encima de la ley?

Hacer periodismo no es un crimen

Tue, 30 Apr 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Hacer periodismo no es un crimen

Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, Jose Rubén Zamora cumplirá 644 días de estar preso.

Marielos Monzón

30 de abril de 2024

00:01h

Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín cumplirá 644 días de estar preso en la cárcel militar Mariscal Zavala. El MP de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso montó una persecución penal espuria en su contra para castigarlo por las publicaciones que diario elPeriódico sacó a la luz pública sobre graves casos de corrupción que involucran a prominentes miembros del Pacto de Corruptos, incluidos el entonces presidente Alejandro Giammattei y su pareja, Miguel Martínez.

Ni los periodistas somos delincuentes, ni las salas de redacción guaridas de criminales.

La persecución penal contra Zamora cumplió y cumple un triple objetivo: castigarlo por su trabajo periodístico, sacar de circulación a su medio de comunicación y enviar un mensaje ejemplificante al resto de periodistas en Guatemala: lo mismo puede ocurrirles a ustedes.

Con el contubernio de jueces venales como Fredy Orellana y Jimi Bremer y un sistema de justicia cooptado, la fiscalía ha podido hacer avanzar contra Zamora Marroquín causas penales sin sustento para mantenerlo en prisión preventiva. Tan burdos son los casos fabricados por la Feci que durante el juicio que enfrentó el periodista, el tribunal lo absolvió de dos delitos (chantaje y tráfico de influencias) y con base en presunciones lo condenó a 6 años de prisión por lavado de dinero —el MP había pedido 40— y al pago de Q300 mil.

Recordemos que además de la persecución contra Jose Rubén, el MP involucró en este “caso” a la fiscal Samari Gómez con el único propósito de imputarle a Zamora el delito de tráfico de influencias. El tribunal no solamente la absolvió sino ordenó su liberación inmediata, lo que fue un triunfo considerando las circunstancias, pero un fallo insuficiente frente a la injusta privación de libertad sufrida por la abogada y el accionar criminal de la Fiscalía de inventar cargos con oscuros propósitos.

La sentencia dictada en este proceso fue anulada por una sala de apelaciones y, aunque se ordenó un nuevo juicio, el mismo no ha podido realizarse porque la Fundación Contra el Terrorismo (querellante en el caso) recusó a los integrantes del nuevo tribunal, en otra malintencionada maniobra dilatoria.

Sin embargo, este no es el único caso que enfrenta Chepe Zamora. Hay dos acusaciones adicionales que siguen en el limbo: una por “falsificación de firmas en boletas de migración” y otra por “obstrucción a la justicia”. El retraso injustificado del juez Bremer y los querellantes ha provocado la suspensión reiterada de las audiencias en las que se debe decidir si el periodista tendrá que enfrentar un nuevo juicio por esos señalamientos. Esto que los abogados llaman “litigio malicioso” es ni más ni menos la estrategia que están siguiendo el MP y sus socios para evitar otorgarle una medida sustitutiva que le permita defenderse en libertad.

Pero la persecución en contra de Jose Rubén Zamora no es un hecho aislado, se da en un contexto de criminalización contra el ejercicio de la libertad de expresión, de prensa y el periodismo independiente en Guatemala. Producto de este accionar delictivo del MP (el uso indebido del poder punitivo del Estado), 26 periodistas permanecen en el exilio y varios más enfrentan investigaciones espurias y procesos judiciales sin sustento. El uso de la ley contra el crimen organizado e, incluso, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer son mal utilizadas por la Fiscalía para intentar silenciarnos.

Por eso, este 3 de mayo “Día Mundial de la Libertad de Prensa”, reiteramos que ni las ni los periodistas somos delincuentes ni las salas de redacción guaridas de criminales. Exigimos, una vez más, la liberación de Jose Rubén Zamora y de todos las y los procesos políticos y el cese de la persecución y el hostigamiento en contra de medios y periodistas independientes.

El plan anti-Cicig reforzado

Tue, 23 Apr 2024 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

El plan anti-Cicig reforzado

Se quedaron sin la presidencia. No pueden darse el “lujo” de perder el control del MP y las cortes.

Marielos Monzón

23 de abril de 2024

00:02h

El “pulso” entre las fuerzas democráticas y la alianza corrupta y autoritaria que buscaba impedir la asunción de Bernardo Arévalo y Karin Herrera se saldó gracias a la masiva movilización ciudadana liderada por las autoridades de los pueblos indígenas y al acompañamiento de la comunidad internacional, que no quitó el dedo del renglón y mantuvo a Guatemala en el centro de sus prioridades.

Si por el Pacto fuera, Arévalo no habría asumido y estaría preso o en el exilio junto a su vicepresidenta; un “designado” se hallaría conduciendo de forma “temporal” el Ejecutivo, el Ministerio Público (MP) habría conseguido “anular” el resultado de las elecciones y nos encontraríamos en medio de un aislamiento internacional para “resguardar nuestra “soberanía”. Pero por más que lo intentaron no les alcanzó y tras una jugada en el Congreso —que fue como un gol agónico en el último minuto de la eliminatoria— se consiguió el traspaso en el poder y aquí estamos.

Habiendo perdido “esa” batalla, ¿se resignarían, respetarían la voluntad popular y dejarían al binomio gobernar? Por supuesto que no. Eso lo sabíamos y se había anticipado. El Pacto perdió en las urnas la presidencia pero mantiene una importante cuota de poder político en el Congreso y en las alcaldías, y sigue controlando el aparato judicial, incluidas las cortes y el MP. Ni hablar de su hegemonía en el sector económico y del incesante trabajo sucio de las redes de la contrainsurgencia que continúan aplicando el manual del “enemigo interno” y conservan sus tentáculos en los aparatos de inteligencia (públicos y privados).

Estamos frente a la segunda temporada de la estrategia que se fraguó en Mariscal Zavala.

Le están apostando a un desgaste apresurado de la gestión gubernamental; al bloqueo permanente del grupo de diputados del Movimiento Semilla y de las iniciativas de ley que puedan significar un cambio real en las reglas del juego en detrimento de los intereses del estatus quo; a redoblar la persecución penal contra opositores políticos, operadores de justicia independientes y periodistas; y a fallos judiciales y constitucionales que pongan un “palo” en la rueda para que no se pueda avanzar.

El mejor de los escenarios (están convencidos) es que en noviembre 2024 se dé un cambio en el gobierno estadounidense y que, para entonces, la administración de Arévalo esté debilitada y desgastada. Están preparando (sin prisa pero sin pausa) la ruta de un eventual juicio político y para eso necesitan continuar en control de la Fiscalía General y del aparato de justicia. Perderlos, como ya perdieron la presidencia, es un “lujo” que no pueden permitirse y van a echar toda la carne al asador para cooptar los procesos de postulación, siguiendo el manual (bien ajustado) que quedó evidenciado con las investigaciones del caso Comisiones Paralelas.

¿Exageraciones o demasiada paranoia? Lamentablemente no lo creo, ya vimos y continuamos siendo testigos de lo que son capaces. Ojalá me equivoque (me daría mucho gusto errarle al análisis), pero me parece que estamos frente a la estrategia anti-Cicig reforzada, la segunda temporada del plan que se fraguó en Mariscal Zavala y que les fue dando frutos hasta llevarnos a una regresión autoritaria que sigue en marcha, aunque hayan perdido un espacio central (el Ejecutivo) que salió de las filas del Pacto. Un horizonte posible es el Perú de Dina Boluarte.

La estrategia de las mafias tuvo y tiene al menos 4 planos: el jurídico, el político, el internacional y el comunicacional y, en este momento, dos objetivos: recuperar el control del gobierno y no perder el MP y las cortes. No es que no tengan diferencias, pero les une un interés común: mantener sus privilegios y garantizarse impunidad. En ese tablero jugamos y ahí mismo se les ganó una batalla. ¿Cuál es la estrategia para no perder la próxima?

“No con mi silencio”

Tue, 09 Apr 2024 06:02:00 +0000

Punto de encuentro

“No con mi silencio”

“Parece que esto ya no es una guerra contra el terrorismo”. Chef José Andrés

Marielos Monzón

9 de abril de 2024

00:02h

Esta columna lleva por título el nombre de la campaña que Médicos Sin Fronteras (MSF) acaba de lanzar a nivel mundial pidiendo el cese al fuego inmediato y definitivo en la Franja de Gaza.

“Estamos conmocionados. Nosotros. La sociedad. Tú. Llevamos más de 6 meses siendo testigos del horror absoluto que el gobierno de Israel está infringiendo a la población civil palestina, incluidos niños y niñas, con ataques incesantes e indiscriminados”, señala esta organización humanitaria que junto a miles de personas —incluida la comunidad israelí en varios países del mundo— exigen terminar con la barbarie.

Lo que en un inicio se presentó como una respuesta de Israel al ataque del grupo terrorista Hamás del 7 de octubre de 2023, que cobró la vida de 1,200 civiles y en el que 253 personas fueron tomadas como rehenes, se convirtió en una brutalidad sostenida en contra de la población civil de Palestina. “La anatomía de un genocidio”, como lo calificó en su informe la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese.

Hasta el día 178 de la guerra declarada por Israel contra Hamás, pero en realidad librada contra todo el pueblo palestino, han sido asesinadas por los ataques sobre Gaza 32 mil 916 personas, la mayoría mujeres y niños; más de 196 trabajadores humanitarios y 106 periodistas han perecido; y un millón 100 mil residentes palestinos sufren de una “inseguridad alimentaria catastrófica cercana a la hambruna”, señala BBC Noticias con datos de la ONU, AWS, FIP y MSF.

Las imágenes —que dieron la vuelta al mundo— de drones y soldados israelíes que ametrallaron a decenas de palestinos cuando intentaban obtener bolsas de alimentos para llevar a sus familias (29/2/24) y el ataque de la semana pasada con cohetes teledirigidos en contra de la caravana de vehículos de la ONG fundada por el chef español José Andrés, World Central Kitchen (WCK), donde se transportaban siete voluntarios internacionales que habían llegado a cocinar y a entregar alimentos para paliar la hambruna en la Franja de Gaza, causó una ola de repudio mundial.

Lo que el mundo debe exigir es el cese al fuego inmediato y permanente.

“Este no es solo un ataque contra WCK, es un ataque contra organizaciones humanitarias que se presentan en las situaciones más espantosas donde los alimentos se utilizan como arma de guerra y esto es imperdonable”, señaló en un comunicado Erin Gore, director ejecutivo de WCK. Ni más ni menos: el hambre como arma de guerra.

Por todo esto y muchos hechos más que son imposibles de abarcar en una columna, ante el Consejo de DH de la ONU la relatora Albanese manifestó: “En concreto, Israel ha cometido tres actos de genocidio con la intención requerida: causar daños corporales o mentales especialmente graves a miembros del grupo, infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial e imponer medidas destinadas a impedir el nacimiento dentro del grupo”.

“Parece que esto ya no es una guerra contra el terrorismo. Parece que es una guerra contra la propia humanidad. No se puede destruir todos los edificios. No se puede destruir todos los hospitales y escuelas. No se puede atacar a trabajadores humanitarios. No se puede atacar a niños y niñas”, dijo el chef José Andrés en una conmovedora entrevista con la agencia Reuters. Y no, no basta con un mea culpa del primer ministro de Israel por lo que calificó como un ataque “equivocado”.

Como dijo Susan Sarandon en una abierta crítica al gobierno de los Estados Unidos por su apoyo incondicional, irrestricto y militar a Israel: “No se puede bombardear el camino a la paz”. Lo que el mundo debe exigir es el cese al fuego inmediato y permanente; el fin de la brutalidad contra la población palestina y la construcción de la paz que se merecen ambos pueblos.

Bisnes es bisnes

Tue, 26 Mar 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Bisnes es bisnes

Aunque predican sobre la transparencia y el libre mercado, no los practican.

Marielos Monzón

26 de marzo de 2024

00:01h

Las iniciativas de ley sobre alimentación saludable y libre competencia han generado, como no podía ser de otra manera en un país dominado por los monopolios y oligopolios, una férrea oposición de sectores que sienten amenazados sus intereses y privilegios económicos.

En Guatemala nos enfrentamos a un afán de lucro desmedido de un pequeño pero poderoso grupo.

Ambas propuestas que buscan beneficiar a la población están bajo ataque -con campañas de desinformación incluidas- porque afectan las prácticas económicas de los grandes conglomerados empresariales que aunque predican sobre la transparencia y el libre mercado, no los practican.

Primero vinieron los misiles en contra de la iniciativa 5504, ley de promoción de la alimentación saludable, que fue presentada inicialmente en 2018 por diputados/as del Frente Parlamentario contra el Hambre pero que rápidamente fue engavetada debido a las presiones de grupos industriales y comerciales (agencia Ocote 6/3/24).

La propuesta que se retomó en estos primeros meses de la actual legislatura busca que los productos (alimentos y bebidas) que se consumen y que tienen un alto contenido en sodio (sal), grasas saturadas, grasas trans, calorías o azúcares —por citar algunos ejemplos— y que causan serios daños a la salud tengan un “Etiquetado Frontal con Advertencia Nutricional” (Efan) en el que se alerte de su composición.

Este “sello nutricional” que ya se utiliza en muchos países de América Latina —y que vemos en envases y latas de productos importados que se venden en Guatemala— permite que las personas tomen mejores decisiones a la hora de escoger sus alimentos y puedan prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer u obesidad infantil. Y es que existe suficiente evidencia científica de que la mala alimentación es uno de los factores que lleva a desarrollar estos males.

Precisamente aquí está el “quid” de la cuestión. Los gobiernos tienen la obligación de proteger la salud y asegurarse de que sus ciudadanos/as tengan información clara y verídica sobre los productos que consumen. La Coalición Guatemala Saludable, con base en los resultados que se han obtenido en otros países de la región en los que ya se usan “sellos de advertencia nutricional”, sostiene que los mismos han demostrado su eficacia porque son comprendidos por niños, niñas y adultos con diferentes niveles de educación.

Lamentablemente en Guatemala, nos enfrentamos a un afán de lucro desmedido de un pequeño pero poderoso grupo a quien poco le importa la salud de la población con tal de no perder un céntimo de sus ganancias. Para seguir en la lógica de la acumulación sin límites, utilizan argumentos insostenibles como que el “sello” dañaría la imagen de los productos innecesariamente, promovería el contrabando, aumentaría el costo de los alimentos, confundiría a los consumidores, dañaría la economía y el empleo, etc., etc.

Todos escenarios catastróficos que no han sucedido en ninguno de los países que han adoptado esta regulación —por el contrario, las personas siguen comprando pero escogen productos más saludables— y con los que buscan presionar al Congreso para que vuelvan a engavetar esta iniciativa.

Por si hace falta evidencia, ahí tienen ustedes las contundentes afirmaciones del director general de la cadena Farma Value, Guillermo Aguilar, quien en la mesa legislativa que analiza la ley de competencia denunció que las medicinas en Guatemala son más caras que en otros países por acuerdos entre las empresas; que enfrentan bloqueos para comprar medicamentos por no plegarse a los precios y que, incluso, el MP allanó 10 de sus sucursales bajo la falsa acusación de vender productos de contrabando. Así las prácticas monopólicas del cártel farmacéutico que, además de violentar los derechos a la vida y a la salud del pueblo, impide a cualquier costa la competencia mientras grita ¡viva el libre mercado!

Para luego es tarde, presidente

Tue, 19 Mar 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Para luego es tarde, presidente

Edgar Gutiérrez: “Si no destituye a la fiscal general, más adelante ella puede destituirlo y perseguirlo”.

Marielos Monzón

19 de marzo de 2024

00:01h

El año pasado, mientras se impulsaba desde el Ministerio Público (MP) el golpe de Estado judicial para impedir que el binomio electo del partido Movimiento Semilla tomara posesión, la fiscal general (FG) María Consuelo Porras Argueta estuvo prácticamente desaparecida. Incluso se interpusieron recursos de exhibición personal para establecer dónde estaba y en qué estado.

El Ministerio Público no puede seguir siendo un estado paralelo.

Muy por el contrario, desde que asumió Bernardo Arévalo la presidencia, la funcionaria no ha dejado de aparecer en cuanta actividad pública se le presente y no ha cesado de convocar a reuniones de “coordinación” con alcaldes, diputados y funcionarios del Ejecutivo. Cada aparición va acompañada con la publicación de numerosas fotografías y videos en las redes de la Fiscalía y, claro está, es amplificada por decenas de cuentas de trolls y netcenters al servicio del MP.

Estas no son acciones aisladas ni ocurrencias publicitarias del equipo de la funcionaria. Forman parte de una estrategia para disputarle espacio y poder político al presidente Arévalo y consolidar alrededor de Porras Argueta el bloque de oposición sistemática al gobierno que les lleve, más temprano que tarde, a un escenario de destitución o juicio político. Es el plan B del Pacto de Corruptos que no pudo concretar el golpe pre-14 de enero pero que contempla replicar en Guatemala lo ocurrido en Perú con Pedro Castillo, guardando claramente las distancias entre él y Bernardo Arévalo.

Por eso, lleva razón el excanciller Edgar Gutiérrez Girón en la alerta que lanzó durante un foro organizado por la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Guatemala (Confregua) la semana pasada en el que advirtió que “si el presidente no destituye a la fiscal general, más adelante ella puede destituirlo y perseguirlo a él y a su gabinete”.

Afirmación con la que concuerdo y a la que sumo lo perjudicial que resultan los mensajes ambivalentes que desde el gobierno se lanzan con los abrazos y rostros sonrientes que el equipo del ministerio de Gobernación, ministro incluido, profesan a la funcionaria. En este caso, la forma es el fondo y las coordinaciones para el combate del delito pueden hacerse de otra manera.

Esta lectura, que a juzgar por los hechos el círculo cercano del mandatario no tiene suficientemente clara, es clave si se quiere avanzar decididamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad (mandato que la población refrendó en las urnas y defendió en las calles). Y lo es más aún si se quieren frenar los planes de los actores antidemocráticos como Consuelo Porras y sus socios en las Cortes y el sistema de justicia, que siguen intentando —mientras los dejen— sabotear cualquier intento de cambio y continuar utilizando el Derecho Penal como instrumento de castigo y persecución contra la disidencia.

Como lo escribí en la columna del pasado 6 de febrero, el MP no puede ser un estado paralelo dirigido por una FG que fabrica casos contra sus adversarios, procura impunidad para sus socios y desestabiliza al gobierno. Es imperativo que el presidente Bernardo Arévalo utilizando las vías legales y políticas que tiene a su alcance remueva a Consuelo Porras dadas las evidentes y documentadas causales de destitución porque nadie, y eso no varía en función de una ley ordinaria, es superior a la Ley.

La solicitud de retiro de antejuicio contra la funcionaria presentada por el Procurador General de la Nación y el secretario general de la Presidencia es un paso firme pero insuficiente. Si la salida de Porras Argueta se sigue demorando, el proceso de elección de las magistraturas de la Corte Suprema y salas de apelaciones estará en riesgo de terminar en más de lo mismo. Recordemos cómo la FG utilizó el poder que le da la acción penal para garantizar su reelección. Con todo el respeto, para luego es tarde presidente Arévalo.

A las que luchan

Tue, 12 Mar 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

A las que luchan

Este 8 de marzo las nombramos y las reivindicamos.

Marielos Monzón

12 de marzo de 2024

00:01h

El 8 de marzo se conmemoró a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer. Las calles de las ciudades y los barrios se llenaron con cientos de miles de mujeres que reivindicamos con firmeza y convicción nuestros derechos y reclamamos libertad, justicia e igualdad.

Seguimos exigiendo justicia para las niñas del “Hogar Seguro” Virgen de la Asunción.

Ser mujer en un mundo en el que prevalece una cultura de menosprecio y desvalorización hacia lo femenino supone un desafío cotidiano. Y ser mujer en un país como el nuestro en el que predomina el machismo, la discriminación y la violencia contra las niñas, adolescentes y las mujeres es una hazaña permanente.

Por eso, esta columna se la dedico a las niñas, las jóvenes y las mujeres de Guatemala que cada día, todos los días, desde donde les toca vivir aportan y construyen; rompen estereotipos y paradigmas; se enfrentan a la desigualdad y promueven caminos para superarla. A esas mujeres que en las condiciones más adversas y en situaciones de extrema vulnerabilidad se organizan, luchan y avanzan en la reivindicación de sus derechos y los de sus familias y comunidades, aunque eso suponga criminalización, estigma y persecución.

Quiero también con este texto honrar la memoria de las niñas del “Hogar Seguro” Virgen de la Asunción que estando bajo resguardo del Estado fueron encerradas y quemadas el 8 de marzo de 2017. Seguimos exigiendo justicia para cada una de ellas y para sus familias que no han cesado de combatir la indiferencia y el olvido que desde el poder se procura como garantía de la impunidad.

A ellas y a cada una de las mujeres asesinadas, desaparecidas y sobrevivientes de la violencia machista, que a pesar de las heridas y los miedos luchan por romper el espiral del terror, les dedico estas líneas con enorme respeto y solidaridad. Su lucha contra los agresores y contra un sistema construido para invisibilizarnos, someternos y violentarnos, es también nuestra lucha.

Este viernes 8 de marzo de 2024 en las calles de Guatemala nos hicieron falta también las mujeres perseguidas y criminalizadas por el Ministerio Público de María Consuelo Porras Argueta. Las juezas, fiscales, abogadas, magistradas, activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas, lideresas comunitarias e indígenas y estudiantes que se vieron forzadas a salir del país para resguardar su libertad y quienes permanecen en la cárcel como presas de conciencia.

Cada una de ellas y quienes están enfrentando procesos penales espurios son un símbolo de dignidad, coraje y esperanza. Todas esas mujeres a quienes la mafia judicial persigue promovieron una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, y siguen batallando por los derechos humanos, la democracia, la justicia, la defensa de la naturaleza y de sus territorios, la libertad de expresión y de manifestación.

Para esas redes ilícitas y para los sectores que quieren mantener el estatus quo en Guatemala, ellas representan un peligro que amenaza sus intereses y privilegios. Y la forma que encontraron para castigarlas y neutralizarlas fue el uso indebido del Derecho Penal a través de la fabricación de casos espurios.

Por eso este 8 de marzo las nombramos y las reivindicamos. Por eso saludamos el gesto del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera de honrar a la abogada Virginia Laparra; el pedido de perdón que en nombre del Estado dieron a la familia de Claudina Isabel Velásquez, una joven de 19 años cuyo feminicidio ocurrió en 2005 y que de no haber sido por su familia seguiría en la impunidad; y el acompañamiento a la vigilia porque se haga justicia para las niñas del Hogar Seguro.

Esas acciones comienzan a configurar un escenario distinto de respeto a la vida, los derechos y la libertad de las mujeres. Confiamos en que esta nueva sensibilidad se concrete en avances para la libertad de las presas políticas y el retorno seguro de las exiliadas.

Fuera las mafias de la Usac y el MP

Tue, 05 Mar 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Fuera las mafias de la Usac y el MP

Toca seguir dando la pelea contra las redes antidemocráticas y corruptas.

Marielos Monzón

5 de marzo de 2024

00:01h

El 14 de mayo de 2022 en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) se dio un fraude electoral que llevó a Walter Mazariegos a ocupar de manera ilegítima la rectoría de la única universidad pública del país. Las fotografías y videos que circularon en medios y redes sociales el día de la “elección” muestran la manipulación, los vicios y la represión que se desató en contra de estudiantes, profesores y electores de las planillas que competían por dirigir la casa de estudios y de quienes exigían la transparencia del proceso.

La alianza pro-impunidad continúa controlando el sistema de justicia, la Usac y el MP.

Pero el fraude no se hizo en una sola jornada, se fraguó con anticipación y tuvo una serie de episodios que rompieron con la integridad del proceso electoral universitario, empezando por la intención de inhabilitar a las y los candidatos de oposición y a sus electores; por el uso indebido de los recursos públicos para la campaña del entonces decano Mazariegos; y por el hostigamiento, presiones y amenazas a miembros del Consejo Superior Universitarios (CSU) que lo denunciaron e intentaron frenarlo.

La utilización de fuerzas de choque —con armas y bates en mano— que impidieron el ingreso al Parque de la Industria, resguardadas y apoyadas por agentes antimotines que la emprendieron con gases lacrimógenos contra estudiantes y profesores en resistencia, fue la confirmación de los vínculos entre el gobierno de Alejandro Giammattei, sus aliados del pacto de corruptos y los oscuros personajes que hoy controlan la Usac.

Lo que vino después fue la persecución judicial de estudiantes, profesores y ciudadanos que conformaron o apoyaron el movimiento de resistencia y, como se ha hecho costumbre, fue el MP de Consuelo Porras el principal instrumento de criminalización a través de la manipulación del Derecho Penal y del uso indebido del poder punitivo del Estado como arma de castigo y venganza.

Con un caso fabricado a la medida de las mafias enquistadas en la Usac (con el doble objetivo de impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera) emprendieron una cacería en contra de una treintena de personas y encarcelaron a 5 dignos sancarlistas —Eduardo Velásquez, Rodolfo Chang, Alfredo Beber, Javier De León y Martín Macario— y a Marcela Blanco, una joven excandidata a diputada por el Movimiento Semilla, a quienes luego del pago de una fianza se les otorgó arresto domiciliario.

Este caso que debió haberse sobreseído por espurio y porque no se sostiene ni con alfileres continúa su marcha. La semana pasada una sala de apelaciones ordenó que se les cambiara el delito de usurpación por el de usurpación agravada y que se embargaran sus cuentas y bienes a pesar de estar injustamente perseguidos.

Al mismo tiempo —obviamente no es casualidad— arreció al interno de la Usac la persecución en contra de 37 estudiantes, 19 profesores y 14 trabajadores universitarios. Según una denuncia presentada por un grupo de alumnos ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) (Prensa Comunitaria 1/3/24), el CSU liderado por Walter Mazariegos pretende imponerles sanciones administrativas y disciplinarias e incluso amenaza con su expulsión.

Aunque poco puede esperarse de un Procurador que se ha caracterizado por guardar silencio cómplice frente a la criminalización, hicieron bien las y los estudiantes en acudir a la institución que está llamada a defender derechos a ver si espabila y, si no, dejarla en evidencia.

Lo cierto es que la alianza pro-impunidad que fue derrotada en la elección presidencial continúa controlando el sistema de justicia, la Usac y el MP y sigue empeñada en perseguir, boicotear y castigar a quienes representan un obstáculo para sus privilegios e intereses. Por eso, toca seguir dando la pelea en contra de las redes antidemocráticas y corruptas que mantienen capturada y cooptada nuestra institucionalidad.

Guatemala, nunca más

Tue, 27 Feb 2024 06:02:00 +0000

Punto de Encuentro

Guatemala, nunca más

Sirva esta columna como un modesto homenaje a la vida y a la dignidad de nuestros mártires.

Marielos Monzón

27 de febrero de 2024

00:02h

Este domingo 25 de febrero se conmemoró en nuestro país el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. La fecha tiene que ver con la presentación en 1999 del Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) de las Naciones Unidas Guatemala: Memoria del Silencio.

Son 12 tomos que dan cuenta de las atrocidades cometidas durante los 36 años de la guerra, sus causas, lo que implicó el terrorismo de Estado y los múltiples impactos sobre las personas que fueron víctimas de gravísimas violaciones a los derechos humanos. El documento señala que hubo 200 mil personas asesinadas, 50 mil desaparecidas —entre ellas cinco mil niños y niñas—, un millón de desplazados y que se perpetraron 669 masacres. El 83% de las víctimas fue de origen maya y el 93% de los crímenes fue ejecutado por el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado.

La CEH concluyó, y así lo refrendó la justicia, que en Guatemala se cometieron actos de genocidio. Una de las principales recomendaciones de un total de 84 hechas por la Comisión fue que el Estado guatemalteco garantizara llevar ante la justicia a los responsables y que con esto se sentara un precedente de lucha contra la impunidad para los delitos de lesa humanidad y de no repetición. ¡Guatemala, nunca más!, como expresó el obispo mártir Juan José Gerardi.

Mucha agua ha corrido en estos 25 años en la búsqueda de la verdad y la justicia que decenas de personas, familias y comunidades emprendieron a pesar de las enormes dificultades que supone un sistema judicial cooptado como el guatemalteco. Hubo fallos históricos y emblemáticos que se lograron gracias al coraje, la perseverancia y la dignidad de las víctimas y al trabajo de fiscales, jueces y juezas independientes y valientes. La sentencia por genocidio en la que se condenó al dictador Efraín Ríos Montt es, sin lugar a dudas, la más simbólica y la que marca un antes y un después para la memoria y la historia colectiva de nuestro país.

Guillermo Alfonso Monzón Paz —papá, penalista y profesor—, siempre estarás en mi corazón.

Sin embargo, los reveses, el litigio malicioso y el entrampamiento de los procesos judiciales en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual, tortura y masacres han sido una constante. Ahora mismo nos enfrentamos al estancamiento del caso del “Diario Militar” o Dossier de la muerte (un documento de inteligencia en el que aparecen 183 personas capturadas ilegalmente por fuerzas del Estado en los años 80 que fueron torturadas, asesinadas y/o permanecen desaparecidas) y que provocó la salida al exilio del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar.

También la indignante resolución de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo que, cumpliendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia y obviando lo resuelto por la Corte IDH, otorgó libertad condicional a tres militares de alto rango que fueron encontrados culpables de la desaparición forzada en 1981 de Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años secuestrado por un escuadrón de la muerte, y de su hermana Emma, torturada y violada en una cárcel clandestina. Marco Antonio sigue desaparecido y los perpetradores de este crimen se niegan a decir dónde está.

A las amenazas a jueces, juezas, testigos y peritos se suma, además, la persecución penal/hostigamiento/destitución emprendida por el MP de Consuelo Porras y el desbaratamiento de la Fiscalía de DDHH de la institución. Yassmín Barrios, Pablo Xitumul, Orlando López e Hilda Pineda encabezan la lista de operadores de justicia perseguidos por sus investigaciones y resoluciones sobre estos crímenes de guerra.

Sirva esta columna como un modesto homenaje a la vida y a la dignidad de nuestros mártires. Y hoy 27 de febrero, día en que se cumplen 43 años del asesinato de mi papá, el penalista y profesor de la Usac Guillermo Alfonso Monzón Paz, vaya a su memoria un beso y una flor. Siempre estarás en mi corazón.

Liberen a Jose Rubén

Tue, 20 Feb 2024 06:01:00 +0000

Punto de encuentro

Liberen a Jose Rubén

Presidente Arévalo, no permita que Consuelo Porras siga dirigiendo un estado paralelo.

Marielos Monzón

20 de febrero de 2024

00:01h

María Consuelo Porras Argueta, la fiscal general del Pacto de Corruptos, sigue su desenfrenada carrera en la ruta de la criminalización. Hoy, el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín cumple 571 días privado de su libertad, enfrentando cargos penales en tres procesos que la Fiscalía fabricó para castigarle por las investigaciones y publicaciones periodísticas de elPeriódico que involucraban a los miembros del Pacto.

Zamora lleva 571 días preso y el sistema de justicia y el MP siguen empeñados en criminalizarle.

Además de mantenerlo encerrado bajo un régimen de aislamiento y sufriendo constantes vejámenes, Porras Argueta logró con el concurso de jueces corrompidos y las presiones de la dupla Giammattei y de empresarios vinculados a redes de corrupción, asfixiar financieramente al diario.

En el primer proceso penal contra Zamora la acusación de la Feci era insostenible. El mismo fiscal Curruchiche afirmó que ese “caso” se construyó en 14 días (El Faro, 27/10/22). Sin mayores pruebas, pero basándose en la declaración y el audio que el “testigo” clave del MP obtuvo ilegalmente, un tribunal lo eximió de dos delitos, pero lo condenó a 6 años de prisión por lavado de dinero (el MP había pedido 40). Este juicio en el que se violentaron todas las garantías de defensa y se presionó y encarceló a varios de sus abogados dejó en evidencia la debilidad de la acusación, la connivencia entre el MP y el juez contralor del caso y el propósito real de la persecución contra Zamora: castigarlo y dar una lección ejemplificante al resto de periodistas: “lo mismo les puede ocurrir a ustedes”.

Una sala de apelaciones ordenó anular la sentencia y repetir el juicio. Pero como no podía ser de otra manera, la Fundación Contra el Terrorismo -querellante adhesivo- recusó al nuevo tribunal y al entrampar el inicio del mismo, consiguió extender la prisión del periodista de manera indefinida. Pero el retardo malicioso de la justicia se está dando también en los otros dos procesos que enfrenta Jose Rubén. Ambos “casos” fabricados por la Fiscalía son un despropósito. Aunque se conoce poco de las acusaciones porque el juez Jimi Bremer decretó la reserva de los procesos, se sabe que pretenden enviarle a juicio por la “falsificación” de firmas en unas boletas de migración (tercer caso) y por dizque haber planificado con años de antelación una estrategia para obstruir la justicia por una acusación que en ese entonces no existía (segundo caso). Sí, leyó bien. El MP también pretende endilgarle a Zamora los dotes adivinatorios de Nostradamus.

Lo cierto es que Jose Rubén Zamora sigue preso y el sistema de justicia y el MP están empeñados en criminalizarle. El pasado 5 de febrero, Jimi Bremer canceló la audiencia en la que resolvería si el periodista deberá enfrentar un segundo juicio, utilizando como excusa que el Consejo de la Carrera Judicial le había citado en el mismo horario. La audiencia se reprogramó para mañana, 21 de febrero, y hay una exigencia unánime de las organizaciones de prensa nacionales e internacionales para que la misma se realice sin más demora y que se le otorgue una medida sustitutiva para que enfrente estos procesos en libertad.

Aunque las condiciones carcelarias mejoraron a partir de que asumió el nuevo gobierno, Bernardo Arévalo sigue en deuda con la población que defendió en las calles su triunfo electoral y evitó que se concretara el golpe judicial dirigido por el MP para evitar su investidura. Lleva razón Jose Rubén Zamora cuando afirma en la entrevista con el diario El País (18/2/24) que el presidente debe enfocar de forma distinta el tema Porras y destituirla: “Esa señora ha cometido y sigue cometiendo delitos flagrantes. Es evidente y continuado. Hay que leerlo así o el presidente va a acabar a la vecindad mía”.

Así es, presidente Arévalo. Usted no puede permitir que Consuelo Porras siga dirigiendo en Guatemala un estado paralelo.

MP: terminar con el estado paralelo

Tue, 06 Feb 2024 06:01:56 +0000

El Pacto de Corruptos no ha muerto. Aunque no pudo colocar a uno de los suyos en la presidencia de la República (y vaya que lo intentó), esta alianza perversa sigue ostentando buena parte del poder y no está dispuesta a perder el control del Ministerio Público (MP) que le garantiza: 1) impunidad para sus integrantes, 2) persecución para sus adversarios y 3) desestabilización del gobierno electo.

' Hay suficientes motivos para exigirle a Consuelo Porras la renuncia.

Marielos Monzón

Por eso defiende a capa y espada la permanencia de María Consuelo Porras Argueta como fiscal general de Guatemala y utiliza un falso discurso, retorciendo el concepto de “autonomía”, a partir del cual la fiscal general puede hacer lo que le venga en gana, aún y cuando sus acciones violenten la Constitución, retuerzan el mandato del ente investigador o sean constitutivas de delito.

Con ese criterio, esta señora puede permanecer en el cargo los dos años y medio que le quedan inventando y fabricando causas penales; persiguiendo indebidamente a operadores de justicia que han investigado y juzgado casos por delitos de gran corrupción o graves violaciones a los derechos humanos; intentando meter a la cárcel a periodistas y columnistas por sus publicaciones y opiniones; y hostigando y criminalizando con el poder punitivo del Estado a todo aquel que el Pacto —del que ella es integrante prominente— señale de “enemigo/a”. En otras palabras, Consuelo Porras sería superior a la ley.

Por supuesto que un/a fiscal general debe tener autonomía para realizar su labor de forma independiente y esto no debe ser causal de destitución, pero que el cargo de jefa del MP se convierta en patente de corso para castigar con cárcel a quienes no cometieron delito alguno, fabricar casos, inventar pruebas e, incluso, violentar la voluntad soberana del pueblo en un proceso electoral son otros cien pesos.

A estas alturas hay suficientes motivos para exigirle a Consuelo Porras la renuncia. Faltaría espacio para enumerar las decenas de casos en los que el MP de forma deliberada, por orden del Despacho, armó expedientes e “investigaciones” para refundir en prisión a personas inocentes u obligarlas a salir del país: Virginia Laparra, Jose Rubén Zamora, Stuardo Campo, Orlando López, Samari Gómez, Aliss Morán, Paola Escobar, Siomara Sosa, Willy López, Leily Santizo, Claudia González, Juan Francisco Sandoval, Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Thelma Aldana, Carlos Ruano, Gloria Porras, Claudia Escobar, Michelle Mendoza, Juan Luis Font, Julia Barrera, Gerson Ortiz, Alexander Valdéz, Rony Ríos, Cristian Vélix, Denis Aguilar, Edgar Gutiérrez, Eduardo Velásquez, Marcelo Blanco, Javier De León, Ramón Cadena… Ni hablar del sabotaje al interno de la institución vía despidos injustificados, procesos administrativos ilegítimos y acoso contra fiscales, investigadores y personal administrativo.

Y a la par de esta persecución penal espuria e indebida, en claro incumplimiento de funciones, impulsar el cese de la persecución penal, el archivo de expedientes y frenar investigaciones a pesar de la gravedad de los delitos y las pruebas recabadas como ocurrió con el caso Odebrecht (que involucraba a 107 congresistas señalados de recibir sobornos) o los casos contra Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi…

Apenas hace cuatro meses que el MP de Consuelo Porras secuestró y abrió las cajas electorales y emprendió la persecución contra el entonces binomio electo del Movimiento Semilla para impedirles tomar posesión por la vía de un golpe judicial.

El MP no puede ser un estado paralelo que no esté sujeto a controles. ¿Es que acaso una fiscal antidemocrática que fabrica casos, elimina otros y socava el Estado de Derecho puede seguir como si nada dirigiendo a la entidad encargada de la investigación y persecución penal y usando su mandato y recursos para infundir terror y generar impunidad?

Libertad para Jose Rubén Zamora

Tue, 30 Jan 2024 06:02:00 +0000

Al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín (JRZ) lo detuvo el MP de María Consuelo Porras Argueta el 29 de julio de 2022. El operativo que dirigieron los fiscales Cinthia Monterroso y Rafael Curruchiche y ordenó el juez Fredy Orellana (el combo Engel) fue violento y desproporcionado. Al mismo tiempo fueron allanadas las oficinas de elPeriódico en un claro mensaje de la Fiscalía: el medio no debía circular más.

Han pasado 550 días en los que JRZ ha enfrentado innumerables vejámenes y arbitrariedades. A las condiciones de la celda de aislamiento en la que fue recluido, en la que prácticamente no entra luz pero sí toneladas de polvo y plagas, se agregaron las requisas nocturnas con perros, ruidos continuos para no dejarlo dormir y el permiso de salir a tomar el sol solamente una hora al día.

Su familia tuvo que abandonar el país por el riesgo de ser arbitrariamente detenida y varios de sus abogados fueron condenados en juicios exprés, obligados a aceptar cargos para que nos les refundieran en prisión. Un grupo de nueve columnistas y periodistas de elPeriódico fue señalado por el MP de obstrucción de la justicia y el juez Jimi Bremer ordenó investigarlos. La mayoría salió al exilio y, aunque 11 meses después se trasladó el caso a un tribunal de imprenta, la Fiscalía ya apeló la decisión.

JRZ fue condenado en junio de 2023 a seis años de cárcel inconmutables por el delito de lavado de dinero. El MP había solicitado 40 años y lo acusaba también de los ilícitos de chantaje y tráfico de influencias. A decir del tribunal, la Fiscalía no pudo sustentar esas dos acusaciones y de estas fue absuelto. Sin embargo, y a pesar de que no se probó el origen ilícito del dinero (indispensable para que exista lavado de activos); de que se le negó el derecho de presentar sus pruebas en el juicio (incluidas las que demostraban de dónde provenía el dinero) y de que tuvo que cambiar en diez ocasiones de defensores por las presiones y la persecución judicial que sufrieron, el tribunal lo condenó y lo mantuvo en prisión. Tampoco podemos olvidar la acusación espuria en contra de la fiscal Samari Gómez, a quien Porras, Curruchiche y Monterroso involucraron para poder endilgar al periodista el delito de tráfico de influencias. Por esta fabricación, la abogada Gómez sufrió más de un año de injusta prisión.

' 550 días de persecución penal espuria e indebida.

Marielos Monzón

En octubre, una sala de apelaciones anuló la condena contra Zamora y ordenó repetir el juicio pero mantuvo la prisión preventiva. El periodista está enfrentando un segundo proceso, igual de espurio y fabricado que el anterior.

¿Pero por qué las acusaciones contra Jose Rubén son parte de una persecución indebida del MP y un claro ataque contra la libertad de expresión y el periodismo independiente? Primero, porque el caso Zamora se inserta en un contexto de persecución y criminalización contra operadores de justicia y periodistas que investigaron y desvelaron grandes tramas de corrupción. Segundo, porque las investigaciones de elPeriódico —144 solo en el primer año del gobierno de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez— desnudaron el accionar criminal de la pareja presidencial (ver La fábula del Ogro y el Principito Azul que lo quería todo) y tercero, porque a la par de la persecución penal se emprendió una estrategia para ahogar financieramente al medio y obligarlo a cerrar.

El nuevo gobierno no puede liberar a Zamora porque eso compete al sistema de justicia. Pero sí puede y es su deber garantizar su vida e integridad y condiciones dignas de prisión. Llegará el día en que Consuelo Porras y su estructura deban enfrentar cargos por retorcer la ley y manipular el ejercicio de la acción penal para perseguir inocentes; mientras ese momento llega seguiremos exigiendo su renuncia, la libertad de Jose Rubén Zamora y la de todos los presos políticos.

Adiós, Consuelo

Tue, 23 Jan 2024 06:01:45 +0000

Tomo prestado para el título de esta columna, el lema de la campaña que acompañó la protesta ciudadana a lo largo de 106 días y que resume una de las principales exigencias del Paro Nacional: la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, de sus principales alfiles en la institución y de sus jueces-socios dentro el sistema de justicia.

' Su permanencia en el cargo es incompatible con la democracia.

Marielos Monzón

Esta demanda no es antojadiza. Está sustentada en las acciones que Porras emprendió desde su despacho y que no solamente debilitaron al MP sino lo convirtieron en la principal herramienta de persecución en contra de operadores de justicia, defensores de derechos humanos, líderes sociales y de pueblos indígenas; opositores políticos y periodistas, considerados un obstáculo para perpetuar el régimen de corrupción e impunidad en Guatemala.

Al uso indebido del Derecho Penal a través de casos fabricados y procesos judiciales espurios (criminalización) que llevaron a decenas de personas al exilio o a la prisión, se sumó la instrumentalización de la Fiscalía General para impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, contraviniendo la voluntad popular expresada en las urnas y el principio de alternabilidad consagrado en la Constitución (golpismo).

Aunque son motivos más que suficientes para exigirle la renuncia a la funcionaria, no son las únicas razones. La contracara de la criminalización fue y sigue siendo la garantía de impunidad para los delincuentes, violadores de derechos humanos y los corruptos. Para ello, Porras Argueta desarticuló unidades clave como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), la Fiscalía contra la Corrupción, la de Derechos Humanos y la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, por citar las más importantes.

El despido injustificado y la persecución de fiscales e investigadores fue la manera que encontró para: 1) detener investigaciones en curso (como la millonaria compra de las vacunas rusas o los sobornos envueltos en una alfombra que involucraban al entonces presidente Alejandro Giammattei y su pareja, Miguel Martínez); 2) archivar expedientes y pedir el cese de la persecución penal para exfuncionarios, políticos y empresarios involucrados en redes de corrupción (como en los casos de Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón, Pedro Muadi, Blanca Stalling y Felipe Alejos); y 3) sabotear los procesos contra exmilitares y expolicías responsables de delitos de lesa humanidad (como el caso del Diario Militar o la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen). Además de la violación flagrante al artículo 35 constitucional que garantiza la libertad de expresión, acusando a periodistas y columnistas de “obstrucción a la justicia” por informar u opinar sobre el accionar del MP y los juzgados.

Y si a todo eso sumamos, como señala Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Feci, la desestimación de casos como modus operandi para bajar la mora fiscal y maquillar las estadísticas, la exigencia de la renuncia de Consuelo Porras como jefa del MP está más que sustentada.

Ya los netcenters vinculados a la Fiscalía anunciaron que la funcionaria no acudirá a la cita con el presidente Arévalo fijada para mañana 24/1 aduciendo “autonomía e independencia” que, dicho sea de paso, nunca mostró con la dupla Giammattei-Martínez ni con el Pacto de Corruptos.

Habrá que continuar el camino institucional que lleve a la salida de una fiscal general que ha incumplido con su labor, retorcido el mandato del MP, desarticulado y enterrado investigaciones por múltiples delitos, irrespetado normas constitucionales y utilizado el poder punitivo del Estado como arma de venganza, castigo y persecución. Su permanencia en el cargo es incompatible con la democracia, señora Porras, atienda el clamor ciudadano y renuncie ya.

Cuando las sardinas frenaron al tiburón

Tue, 16 Jan 2024 06:02:19 +0000

Se logró, se derrotó el golpe de Estado. La primera gran batalla para la recuperación de nuestra democracia se libró en las calles y en las plazas bajo el liderazgo indiscutible de los pueblos indígenas y sus autoridades que, con enorme dignidad y con absoluta claridad política, se enfrentaron al monstruo de las múltiples cabezas —el Pacto de Corruptos— y detuvieron su embestida. El mismo domingo 14, cuando los golpistas redoblaron la apuesta y promovieron la última intentona por detener la transición, al grito de ‘ni un paso atrás’ recorrieron las calles en defensa de la voluntad ciudadana y nos devolvieron alzando sus milenarias varas, la convicción y firmeza que ameritaba el momento.

Falta mucho, sí. Y lo que viene seguirá siendo una carrera de obstáculos, una disputa permanente por no retroceder y avanzar, un pulso cotidiano en el que los autoritarios van a intentar recuperar terreno y boicotear cualquier posibilidad de cambio real, como lo han hecho cada vez que surge un espacio de transformación que erosiona de alguna forma sus privilegios. Los ejemplos sobran.

Pero hoy nos permitimos celebrar esta significativa e indiscutible victoria en la que se les arrebató una parte del poder —la presidencia— y se les ganó limpiamente en su cancha y con sus reglas. Convencidos como estaban que con la exclusión de las candidaturas que se perfilaban como peligrosas para su hegemonía tenían arreglado el “pastel”, subestimaron al pueblo que rechazó con sus votos —nulos, blancos y por una opción no proscripta que representaba el cambio— la consolidación del proyecto autoritario por la vía electoral.

' Permitámonos celebrar esta significativa victoria en la que se les arrebató una parte del poder.

Marielos Monzón

Catapultar al binomio de Movimiento Semilla al balotaje abrió el camino y en eso hay que reconocer la visión de sus fundadores/as e integrantes de generar una opción partidaria para disputar el terreno político-electoral en Guatemala. Pero sin la movilización, las acciones de resistencia y el Paro Nacional Indefinido de 106 días —incluidos los tan denostados bloqueos—, Bernardo Arévalo y Karin Herrera no habrían asumido el gobierno. De ese tamaño es el aporte de los pueblos indígenas a la defensa de la democracia guatemalteca y de esa dimensión debiera ser la respuesta y el compromiso para empezar a saldar la deuda histórica que les tenemos.

Y están también las y los jóvenes y nuestros compatriotas migrantes y exiliados. Los más de cien operadores de justicia, líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas que se vieron forzados a dejar el país, pero que nunca bajaron los brazos ni aceptaron el silencio a pesar de la persecución y la criminalización de un MP corrupto y al servicio de las mafias. Su dignidad y ejemplo, junto al de las y los presos políticos, fueron y son imprescindibles en esta batalla en contra de la desigualdad, la corrupción y la impunidad, tres componentes inseparables del sistema que hoy se busca empezar a cambiar. Por eso, más temprano que tarde, les veremos volver y salir de la injusta prisión.
A todo esto, que fue lo decisivo, se sumó la firme posición de la comunidad internacional que acompañó la resistencia ciudadana. No es este el momento para el triunfalismo, la arrogancia o la ingenuidad.
Entender cómo se llegó hasta aquí y saber que el Pacto de Corruptos no es un hashtag ni una abstracción sino una alianza real que muta, se recompone y sigue controlando una buena parte del poder, es imprescindible.

Pero permitámonos en estos primeros días abrazar esta oportunidad, “excepcional e inesperada”, como la calificó Bernardo Arévalo en su discurso de asunción, para recordar y honrar a quienes la dictadura y el autoritarismo nos arrebató en esa larga noche del terrorismo de Estado. También por ellos y ellas, florecerás, Guatemala.

Virginia: la fuerza de la dignidad

Tue, 09 Jan 2024 06:01:47 +0000

Tras 680 días privada arbitrariamente de su libertad, la abogada Virginia Laparra salió de prisión. Mientras estuvo detenida enfrentó un régimen de aislamiento en el que pudo salir a tomar el sol solamente una vez al día. Los procesos en su contra además de infundados, estuvieron y continúan plagados de arbitrariedades y son, de alguna manera, casos “ejemplificantes” para que otros operadores de justicia se abstengan de hacer su trabajo en forma independiente so pena de sufrir la misma suerte.

' Seguimos exigiendo la liberación de Jose R. Zamora y la renuncia de Consuelo Porras.

Marielos Monzón

El suyo es uno de los casos emblemáticos del uso malicioso del Derecho Penal para perseguir y castigar a quienes se consideran enemigos del régimen de corrupción e impunidad que impera en el país. Por eso, Amnistía Internacional la declaró “presa de conciencia” al considerar que su detención estaba estrictamente vinculada a su labor como fiscal. También, en mayo de 2023, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas solicitó su liberación inmediata, aunque la misma se concretó 8 meses después, hace menos de una semana.

Virginia ocupó el cargo de jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del MP en Quetzaltenango y desde ahí llevó adelante varias investigaciones relacionadas con casos de gran corrupción que salpicaron a poderosos personajes del ámbito político, económico y judicial. Fueron las denuncias administrativas que interpuso en contra del entonces juez Lesther Castellanos las que le valieron una condena por el delito de “abuso de autoridad en forma continuada”, ya que a criterio del Tribunal no estaba facultada para realizarlas.

Aunque su defensa presentó un documento en el que constaban más de 200 denuncias que fiscales han interpuesto contra jueces como parte de su trabajo de fiscalización, el mismo no se admitió como prueba y la exfiscal anticorrupción fue sentenciada a 4 años de prisión que, a pesar de ser conmutables, no se hicieron efectivos por existir un segundo caso penal en su contra. Este caso, también fabricado, confirma el patrón de criminalización que se ha utilizado para hostigar, intimidar, castigar y perseguir a jueces, juezas, fiscales, líderes sociales y periodistas que se han visto forzados a salir de Guatemala para resguardar su libertad e integridad. Hasta diciembre de 2023, más de 50 operadores de justicia y 26 periodistas se encontraban en el exilio.

La cooptación del Ministerio Público (MP) y del sistema de justicia -que se consolidó con la reelección de María Consuelo Porras Argueta como Fiscal General- es el elemento clave en la cacería judicial en contra de quienes encabezaron la desarticulación de estructuras criminales desde las fiscalías y los juzgados nacionales en coordinación con la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Ahora mismo, el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo se encuentra detenido por segunda ocasión luego de que el juez Jimmi Bremer lo ligara a proceso por los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de justicia y lo enviara a la cárcel Mariscal Zavala junto a su colega Anahí Pineda, señalada por los mismos ilícitos. Para variar el caso fue declarado “bajo reserva”, una práctica que se ha convertido en el modus operandi del MP y sus jueces “predilectos”, cuyo único fin es mantener la opacidad de los procesos y evitar que queden al descubierto las debilidades cuando no los inventos de la Fiscalía.

Aunque nunca debió ser procesada ni condenada, la liberación de Virginia Laparra es un paso hacia la restitución de la justicia. A ella un profundo reconocimiento por su dignidad y valentía. Seguimos exigiendo la liberación de Jose Rubén Zamora, de los presos políticos, el cese de la criminalización y la renuncia de Consuelo Porras como fiscal general.

26 días

Tue, 19 Dec 2023 06:02:12 +0000

El Pacto de Golpistas atraviesa sus horas más bajas. La digna resistencia indígena y popular que rebasa los 70 días, una sostenida articulación de acciones en distintos ámbitos y un contundente rechazo internacional expresado de forma concreta en contra de quienes impulsan el rompimiento democrático consiguieron que —por fin— el tribunal constitucional resolviera que el 14 de enero debe haber una transición de gobierno y el binomio electo debe asumir.

Por supuesto que sería muy ingenuo pensar que con esto quedó resuelta la crisis y que alegremente el Ministerio Público (MP), cabeza visible del Golpe, levantará su campamento y dará vuelta a la página. Como dicen las autoridades indígenas, “el golpe de Estado sigue en desarrollo” (…) porque la resolución “deja abiertas las puertas al MP y a los jueces corruptos para que continúen su ruta de consumar el golpe de Estado en cualquier momento”. Golpe que, reitero, se habría consumado hace meses. de no ser por el compromiso democrático y la capacidad de organización y movilización de las autoridades, quienes mantienen el Paro Nacional Indefinido y permanecen frente a la Fiscalía resistiendo y exigiendo.

De acuerdo en que ahora las y los golpistas están debilitados y su fuerza no es la de hace una semana. Pero acostumbrados como están a retorcer la ley y sabiendo que para algunos el destino es el de Juan Orlando Hernández (JOH), el expresidente hondureño extraditado a los Estados Unidos, van a utilizar al sistema de justicia capturado (u otras vías) para intentar cumplir con su objetivo: impedir que Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomen posesión. Vencer o morir con las botas puestas, parece ser la consigna. Y de paso continuar con la persecución y criminalización de actores democráticos como Sergio Morataya y Heizel Morales, los dos estudiantes sancarlistas capturados en el Paraninfo Universitario el viernes 15/12.

' “Frente al optimismo de la voluntad, el pesimismo de la inteligencia”. Antonio Gramsci

Marielos Monzón

No habíamos terminado de leer la resolución completa de la Corte de Constitucionalidad cuando dos fiscales del MP, con mascarilla incluida, presentaron una solicitud de retiro de antejuicio contra Blanca Alfaro, magistrada presidenta del TSE, por obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes. Minutos después el impresentable jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, explicaba sobre el primer “delito”: “Todo el pueblo de Guatemala pudo observar cómo los fiscales actuando con profesionalismo fueron agredidos física y verbalmente no solo por la magistrada presidente, sino por otros magistrados”. Y sobre el segundo: “Mientras muchos ciudadanos aún dormían, a las 7:28 AM ya habían cargado votos al sistema informático. Segundo, el auditor electoral citó a las Juntas Electorales Departamentales, les dio formatos en blanco y los puso a llenar con la misma información que tenía el sistema informático Trep. Y, tercero, el pleno de magistrados del TSE aprobó un formato y el que se utilizó fue el de las elecciones del 2019”.

Vuelve la burra al trigo: la Fiscalía insiste en invalidar el proceso electoral. Y como bien apuntó el exfiscal Juan Francisco Sandoval en una entrevista: “La decisión de retirar la inmunidad al binomio electo recaerá en la Corte Suprema de Justicia designada por diputados del Pacto de Corruptos, extremo que intentarán concretar antes del 14 de enero”. Un detalle adicional: el 15/12 el MP solicitó al TSE copia certificada de la asignación de cargos, toma de posesión y cese de funciones de los miembros de las Juntas Electorales y certificación de 38 mesas en un plazo de cinco días, que vencen mañana 20 de diciembre.

Toca no bajar la guardia hasta que Arévalo y Herrera tomen posesión. Después habrá que redoblar porque lo que se viene en 2024 será de pronóstico reservado “que no gobierne o gobierne maniatado”; pero ahora se trata de alcanzar el 14 de enero.

El nuevo caso ‘fake’ del MP

Tue, 12 Dec 2023 06:01:29 +0000

El Ministerio Público (MP) tiró su última carta. El viernes 8 de diciembre, en ausencia de la Fiscal General María Consuelo Porras Argueta, el secretario general Ángel Pineda Ávila y los fiscales de la Feci, Rafael Curruchiche Cucul y Leonor Morales Lazo presentaron el “caso” sobre las supuestas ilegalidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el proceso electoral 2023.

' Decidieron fabricar un caso y manipularon los hechos y los datos para lograrlo.

Marielos Monzón

Los argumentos son insostenibles como en la mayoría de los procesos que la Fiscalía ha enderezado para criminalizar a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos y como en la mal llamada acusación ‘Usac, botín político’, y tienen un solo objetivo: impedir que el binomio electo del partido Movimiento Semilla asuma la presidencia el próximo 14 de enero. Así lo declaró Curruchiche al responder a una de las preguntas en la rueda de prensa: “Básicamente esta investigación es de todo el proceso electoral y, por lo tanto, desde nuestro particular punto de vista, debería anularse”. Así nomás, sin rodeos, porque eso es lo que quieren.

Al final del día quedó claro que decidieron fabricar un caso y manipularon los hechos y los datos para lograrlo. Ejemplos sobran pero uno, señalado por el exfiscal Juan Francisco Sandoval, es sumamente ilustrativo: Se acusa a Semilla, y en particular a Bernardo Arévalo, del delito de lavado de dinero. Ese delito se basa en el presupuesto del origen ilícito de los fondos, pero los mismos fiscales presentaron un documento que prueba su origen lícito: un contrato de mutuo, un préstamo, que un particular suscribió con Semilla para pagar una multa que le impusieron. “La persona que hizo el préstamo declaró el origen de los fondos e hizo el registro de las transferencias de los bancos involucrados”, explica Sandoval.

Ese punto y la insistencia de calificar al partido Movimiento Semilla como una “organización criminal” para justificar que sea la Feci la que lleve el caso y no las fiscalías que atienden los temas electorales o de delitos administrativos —como sucede con los expedientes de otros partidos políticos— es toda una revelación.

Pero el “hallazgo” de que los datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) no coinciden con los documentos 4 (actas finales de cierre y escrutinios de las Juntas Receptoras de Votos) se lleva el premio al retorcimiento de la verdad. Subrayemos: “preliminares”. La politóloga especialista en temas electorales, Celia Luna, lo explica con claridad: “este sistema no es vinculante, es una proyección de los resultados y no los resultados en sí mismos”. Es decir, no puede haber una coincidencia y mucho menos configurar delito el que las actas 4 y los resultados preliminares que da el Trep no concuerden en su totalidad.

Podríamos seguir enumerando las inconsistencias en la acusación del MP pero la misma Fiscalía sabe que el “caso” no se sostiene. Porque esto no es jurídico ni legal, sino la vía que el Pacto de Golpistas encontró para intentar sabotear la voluntad del pueblo expresada en las urnas y evitar que Bernardo Arévalo se convierta en presidente.

Resulta ingenuo pensar, como dice el exembajador Stephen McFarland, que dada la fragilidad y lo risible de las “pruebas”, el golpe es un fracaso. “Los argumentos presentados son lo mejor que pudieron encontrar, lo cual quiere decir que están desesperados. Pero los desesperados cuando están arrinconados, siguen siendo peligrosos y por eso hay que tomar muy en serio esta amenaza de golpe”.

No hay mucho más para agregar. Se vienen los días más complejos porque la pelota está en la cancha del Congreso (que debe elegir magistrados suplentes del TSE) y en la de un sistema de justicia cooptado. Habrá que redoblar, fortalecer la movilización y las acciones de legítima resistencia para defender la democracia.

Pacto de golpistas

Tue, 05 Dec 2023 06:02:36 +0000

El plan golpista continúa, pero sigue también la resistencia ciudadana. A pesar de los embates, las autoridades indígenas demuestran cada día, todos los días, su decidido compromiso en defensa de la democracia.

Desde hace 65 días lideran con un plantón frente al Ministerio Público (MP) el Paro Nacional Indefinido que ha posibilitado, sin ningún lugar a dudas, que siga la pelea para que el 14 de enero pueda asumir el binomio electo del partido Movimiento Semilla.

Ha sido su lucha pacífica, sostenida en el tiempo y su capacidad de organización y movilización el contrapeso principal de la embestida golpista. Sin su dignidad y resistencia, la ruta para el Pacto habría sido más sencilla. Pero se toparon con un adversario formidable que sacudió de tal forma la ‘conciencia’ del resto de la sociedad que provocó lo impensable: más de una semana con 140 puntos de resistencia en los departamentos y la capital reclamando el respeto a la voluntad del pueblo expresada en las urnas y la renuncia de la fiscal-general-golpista y su séquito.

Y hoy lunes 4/12, mientras escribo esta columna, encabezan una marcha para defender la libertad y la democracia, y en rechazo al presupuesto criminal que el Congreso —con premeditación y alevosía— aprobó, recortando los fondos para salud, combate de la desnutrición y educación, destinando miles de millones de quetzales a oenegés de diputados y de otros funcionarios y premiando —faltaba más— a su socia, la Fiscalía General. Citando al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el engendro aprobado “generará daños a varios y diversos sectores económicos y sociales, y dificultará la gestión del nuevo gobierno”.

' Lo que está en juego no es un partido político, es el destino de nuestras familias.

Marielos Monzón

Su aprobación antecedió a la otra vergonzosa votación, en la que a fuerza de chantajes y sobornos se decidió el retiro de la inmunidad de los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que precede el “caso” anunciado desde hace días por los netcenters del MP con el que intentarán (corre y va de nuevo) anular los resultados electorales, desconocer el triunfo de la dupla Arévalo-Herrera e imponer a un “gobernante de transición”, una vez entregue la presidencia el golpista mayor, Alejandro Giammattei.

Decenas de capturas y de órdenes de allanamiento que se ejecutarán esta semana, según anticipan cuentas anónimas, antecederán el show con el que van a “probar” el “fraude anticipado” a través del cual, según ellos, se habría alterado de antemano el sistema de transmisión de resultados electorales (Trep) para dar el triunfo a Semilla. Así de burdo, así de fabricado.

Seguramente la acusación seguirá el mismo patrón-mamarracho que el caso de la Usac, pero como no importa porque las órdenes de captura se emiten a “compadre hablado”, seremos testigos del “nuevo” caso fabricado para intentar que el golpe judicial tenga éxito. Un golpe que, según dice Consuelo Porras Argueta, forma parte del mandato que “el de allá arriba” le encomendó, aunque para eso tenga que llevarse preso a un cardenal. Aunque a estas alturas quizá ya le entró la duda, tomando en cuenta que el Vaticano se pronunció en solidaridad con el obispo Álvaro Ramazzini y eso puede interferir en su “encomienda divina”.

Faltan 40 días para el 14 de enero de 2024; habrá que redoblar. El Pacto de Golpistas (ya no solo de corruptos) se apresta a sepultar la democracia o a “morir” con las botas puestas. Si el destino es el de Juan Orlando Hernández (JOH), hay varios que no están dispuestos a claudicar. Pero nosotros tampoco, lo que está en juego no es un partido político, es el destino de nuestras familias y lo que pueda suceder los próximos 20 años en el país.

Autoritarismo o democracia para resumirlo en una frase. Es ahora y nos compete a todos y todas frenar la arremetida golpista.

Querido Guayo:

Tue, 28 Nov 2023 06:01:44 +0000

Cuando leas estas líneas espero que estés nuevamente en tu casa, de la que nunca debiste salir esposado hacia la Torre de Tribunales para enfrentar un proceso espurio y fabricado por un Ministerio Público (MP) que intenta —por todas las vías— frenar la llegada a la presidencia del binomio Arévalo-Herrera y, de paso, castigar a quienes como tú, dignamente y en defensa de la autonomía universitaria, denunciaron y se opusieron al flagrante fraude en la Rectoría de la Universidad de San Carlos (Usac).

' Ahí estabas con tu humanidad intacta, entonando la chalana.

Marielos Monzón

La noticia de tu arresto junto a la de otros dos profesores, Rodolfo Chang y Alfredo Beber, del estudiante sancarlista Javier de León y la excandidata a diputada por el Movimiento Semilla, Marcela Blanco (landivariana, por cierto); y un día después la del trabajador de la Usac, Martín Macario, se propagó rápidamente por las redes sociales y los chats. 27 órdenes de captura y 31 allanamientos para ‘atrapar’ a una “red criminal” que según la Fiscalía del Pacto de Corruptos habría depredado bienes culturales y cometido usurpación agravada con la toma de las instalaciones de la Universidad, no para rechazar la llegada de Walter ‘el usurpador’ Mazariegos como rector, sino como trampolín político.

Una ‘peligrosa’ estructura conformada por estudiantes, profesores y decanos, profesionales y trabajadores universitarios, abogados y tuiteros que se “asociaron ilícitamente” para —nos enteramos unas horas más tarde a través de la penosa conferencia de prensa que brindó el MP sobre su ‘sesuda investigación’— catapultar a los candidatos de tres partidos políticos (Winaq, Vos y Semilla) de cara a las elecciones generales.

Ahí estaba el ‘quid’ del asunto, la razón de las capturas: el plan alternativo de los golpistas del MP para intentar —ya no a través de la Feci de Rafael Curruchiche sino de Saúl Sánchez, otro triste y servil fiscal— sabotear la voluntad ciudadana y que el 14 de enero no asuma Arévalo por ‘depredador y sedicioso’.

¡Ay, Guayo! Cuánta perversidad para encerrar a personas inocentes utilizando la ley penal como herramienta de persecución y castigo. Lo explicó con claridad el exembajador Stephen McFarland “las capturas hechas por la Fiscalía General deben entenderse como una toma de rehenes (…) son mucho más que excesos en la aplicación de la ley”.

Pero a pesar de los grilletes, del allanamiento a tu casa con tu esposa y tus hijos adentro, de las acusaciones delirantes del MP tildándote de sedicioso y criminal, de la absurda decisión del juez de enviarles a Mariscal Zavala para esperar la primera declaración y de la incertidumbre que todo eso significaba, ahí estabas con tu humanidad intacta entonando La Chalana mientras te conducían a la prisión.

El mismo Guayo Velásquez, el reconocido economista y sociólogo, el punzante columnista, el investigador, el formador de cientos de estudiantes, el hincha del equipo de la Tricentenaria, el amigo, levantando con su voz el ánimo de sus compañeros y demostrando que la dignidad no se encarcela. Nos diste y nos dieron una cátedra de decencia, una lección que no pueden comprender quienes les acusan, porque no la conocen.

La grotesca y a la vez patética acusación y la impecable defensa de los abogados lograron que hasta un juez, miembro insigne del Pacto, retirara dos delitos y resolviera la prisión domiciliaria. Insuficiente e injusta, sí, correspondía la falta de mérito, pero fue una primera victoria frente a la maquinaria depredadora de los golpistas y el poder que todavía ostentan.

Dijo el fiscal cuando te acusaba que saludar con el puño a algunos integrantes del Comité de Unidad Campesina (CUC) probaba la asociación ilícita, dejame decirte que no es con un choque de puños como cientos de chapines te queremos saludar, sino con el puño en alto y con un abrazo por ser de los imprescindibles.

Criminalización y golpismo: las caras del MP

Tue, 21 Nov 2023 06:02:41 +0000

Al Pacto de Corruptos se le va acabando el tiempo, le corre en contra el reloj. El 14 de enero está próximo y por eso apresuran la estrategia golpista que tiene en el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras y en las cortes cooptadas sus armas más eficaces.

No se plantearon un golpe de Estado convencional, les resultaba innecesario y además no las tenían todas consigo. Con el alineamiento de los tres poderes del Estado y la recaptura del sistema de justicia (48 operadores independientes obligados a exilarse) la vía más segura era el golpe judicial, y en eso están. La última de sus maniobras fue la elección apresurada de la corte suprema de justicia -así con minúsculas- que deberá conocer los antejuicios en contra del binomio electo del partido Movimiento Semilla y dejar vía libre para su persecución penal.

Por más grotesco que parezca, fabricaron durante meses el “caso” en contra de quienes valientemente resistieron, denunciaron y se opusieron al flagrante fraude electoral en la Usac que llevó a Walter Mazariegos a la Rectoría y lo convirtieron en la vía alternativa para intentar impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera y, de paso, castigar y perseguir a estudiantes, profesores y profesionales universitarios de la digna resistencia sancarlista.

Criminalización y golpismo son las dos caras de la actual fiscalía general, cuyo mandato pasó de desmantelar el andamiaje institucional del MP que hizo posible la investigación y persecución penal en contra de estructuras criminales y redes político-económicas ilícitas a la persecución y venganza —a través de casos fabricados— de quienes lideraron la lucha contra la corrupción e impunidad, y ahora se enfoca en impedir que Bernardo Arévalo asuma la presidencia, aunque para ello retuerzan la Constitución, manipulen la ley penal, violenten la voluntad popular expresada en las urnas y encarcelen a personas inocentes.

' Con Guayo, Rodolfo, Alfredo, Javier y Marcela.

Marielos Monzón

El más reciente zarpazo (que no el último, como ya anunció el netcenter del MP) se dio el pasado jueves 16/11, con los 31 allanamientos, 27 órdenes de captura y las detenciones arbitrarias del economista, sociólogo y columnista Eduardo Antonio Velásquez Carrera; del decano de la facultad de Veterinaria y Zootecnia, Rodolfo Chang Shum; del ingeniero y profesor universitario Alfredo Enrique Beber Aceituno; del estudiante de Física Aplicada e integrante del Colectivo Estudiantil Universitario de la Usac, Javier Alfonso de León Gómez; y de la excandidata a diputada por el Movimiento Semilla y comunicadora social por la Universidad Rafael Landívar, Marcela Blanco.

A través del burdo “caso” Usac: botín político, el MP tiene en prisión a cinco ciudadanos íntegros y consecuentes, pretende tergiversar los genuinos motivos que llevaron a la toma de la Usac y presentarla como una plataforma político-electoral del Movimiento Semilla y así impedir la asunción de Arévalo, cuya vinculación “prueban” con una serie de tuits. Así de patético y de retorcido.

Tampoco extraña que otro de los jueces predilectos del MP que comparte con Consuelo Porras un sitial en la lista Engels sea quien autorizó las 27 órdenes de captura. Además de sobreseer el caso en contra de la exmagistrada Blanca Stalling, dictar falta de mérito al exrector Estuardo Gálvez y emitir una orden de captura contra la ex fiscal general Thelma Aldana, Víctor Cruz recibió un contrato reciente en la Usac como profesor de un doctorado.

Está claro: no estamos frente a un caso judicial, sino ante un nuevo montaje con claras motivaciones políticas para impedir la asunción del presidente electo y burlar las elecciones.

Libertad para los presos políticos, solidaridad irrestricta con las y los perseguidos y repudio a la mafia golpista.

15 minutos para socavar la democracia

Tue, 14 Nov 2023 06:01:35 +0000

El 12 de septiembre, funcionarios de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del MP, encabezados por Rafael Curruchiche, allanaron el Centro de Operaciones del Proceso Electoral en el Parque de la Industria y abrieron varias cajas que contenían los votos de la jornada electoral del 25 de junio. El caso, dijo Curruchiche, estaba bajo reserva y por eso no podía entrar en detalles.

' Utilizan la vía penal para violentar la voluntad ciudadana.

Marielos Monzón

Sin embargo, el motivo de la diligencia —sin precedentes desde la apertura democrática de 1986— sí fue mencionado por el susodicho fiscal, quien junto a su jefa Consuelo Porras y al juez Fredy Orellana que autorizó el allanamiento, son parte prominente del grupo de actores corruptos y antidemocráticos reconocidos nacional e internacionalmente. Así lo reportaron los medios:

“La fiscalía de Guatemala allanó este martes las instalaciones donde se resguardan las papeletas de votación de las elecciones de junio, en una nueva actuación del cuestionado organismo luego de que el presidente electo, Bernardo Arévalo, pidiera cesar la persecución contra su partido. ‘Este allanamiento surge derivado de una denuncia de un ciudadano’ sobre supuestas anomalías en una de las cajas donde archivaron las papeletas de votación, dijo a periodistas el fiscal Rafael Curruchiche”. (AFP. 12/9/23)

“Nosotros consideramos hacer un proceso de verificación sobre la base de esa denuncia que se ha presentado, pues de esa cuenta es que nosotros el día de hoy estamos acá presente a efecto de darle continuidad a esa denuncia y verificar sobre esos extremos que se han manifestado”, comentó el jefe de la Feci. Señaló que dentro de la diligencia no había ninguna implicación directa al partido político Movimiento Semilla y sus dirigentes ‘como para que se puedan victimizar o ir a organismos internacionales o a gobiernos extranjeros’. No hay ninguna vinculación, ninguna relación ahorita por el momento”. (Prensa Libre, 12/9/23).

Pero Curruchiche mintió. El caso tiene todo que ver con el partido Movimiento Semilla y el “ciudadano” que presentó la denuncia tiene una vinculación directa con las organizaciones ultraconservadoras que forman parte de la trama golpista con la que se busca anular el resultado electoral para impedir que el binomio Arévalo-Herrera asuma la presidencia el próximo 14 de enero. Así quedó evidenciado en el audio de la audiencia del 7 de septiembre que fue publicado hace unos días por la colega Michelle Mendoza.

Ante el juez Fredy Orellana, la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo argumentó que el 26 de julio se recibió una denuncia del ‘abogado y ciudadano’ Giovanni Fratti Bran en donde indicó que tiene conocimiento “por lo que ha visto en medios de comunicación que en contra del partido político Movimiento Semilla existe una orden judicial de suspensión provisional de la personalidad jurídica (…) y que tal suspensión se ordenó judicialmente…”. De acuerdo a la investigación del MP, dijo Morales, “existe el peligro razonable y fundado de que el partido suspendido provisionalmente reciba fondos del Estado de Guatemala, producto de posibles falsedades e inconsistencias en la cantidad de votos válidos obtenidos, defraudando fondos públicos de manera ilícita…”.

Esa argumentación de la Fiscalía, basada en un delito que no ha ocurrido (la entrega a Semilla de la cantidad de 2 dólares por cada voto recibido), fue suficiente para que Orellana ordenara allanar las instalaciones del TSE y es la que “sustenta” el caso de la Feci con el que se pretende anular la elección presidencial de Bernardo Arévalo. Con razón, como dice el abogado Edgar Ortiz, lo declararon bajo reserva.

Quince minutos en una audiencia bastaron para echar a andar la estrategia golpista del MP y sus socios de utilizar la vía penal para violentar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

El periodista, la abogada y la fiscal

Tue, 07 Nov 2023 06:01:12 +0000

No es casualidad que Virginia Laparra Rivas, Claudia González Orellana y Jose Rubén Zamora Marroquín se encuentren privados de libertad, sometidos a un régimen de aislamiento en el que se les permite salir a tomar el sol solamente una hora al día y enfrentando procesos penales plagados de inconsistencias.

' Castigarles supone un mensaje muy fuerte y ejemplificante.

Marielos Monzón

Tampoco es casualidad que sus casos estén basados en denuncias espurias, que los jueces que conocen las causas hayan dado por válidas prácticamente todas las peticiones del Ministerio Público (MP) y rechazado casi todos los argumentos y recursos de la defensa; y/o que la fiscalía les invente nuevos delitos para alargar hasta el infinito su privación de libertad.

Por supuesto que no es coincidencia que sea la Feci de Rafael Curruchiche la que lidere la persecución penal en su contra; que se repitan los denunciantes y querellantes adhesivos, o que sus expedientes hayan “caído” en manos de los jueces “predilectos” del MP. Todo tiene una lógica: garantizar las órdenes de captura, mantener la reserva de los casos por el mayor tiempo posible y que bajo ninguna circunstancia se les otorgaran medidas sustitutivas y fueran directo a prisión.

Esa es la estrategia que María Consuelo Porras Argueta, la fiscal general de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, les aplicó para cumplir con los deseos del Pacto de Corruptos de perseguir a quienes han jugado un papel determinante en contra del sistema de corrupción e impunidad que prevalece en el país. La criminalización —que no es otra cosa que el uso malicioso del Derecho Penal para castigar a opositores— es el sello distintivo de la dupla Porras-Curruchiche, aunque ahora hay que agregar también la “marca” de golpistas.

¿Pero por qué el ensañamiento en contra del periodista Jose Rubén Zamora, la abogada Claudia González y la exfiscal Virginia Laparra? En primer lugar porque los tres, desde distintos ámbitos, enfrentaron sin miramientos a las estructuras corruptas y criminales que tienen capturada a Guatemala. En segundo, porque su liderazgo fue clave para denunciar, investigar y llevar ante la justicia a personajes vinculados a los poderes político, económico y militar que siempre fueron “intocables”; y en tercero, porque castigarles supone un mensaje muy fuerte y ejemplificante para los demás: “lo mismo les puede pasar a ustedes”.

Las investigaciones y publicaciones de elPeriódico, medio que Zamora presidía, que develaron tramas de corrupción en las más altas esferas de los distintos gobiernos y visibilizaron el modus operandi de las redes político-económico ilícitas y la forma en que los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad cometieron todo tipo de delitos, tienen desde hace más de 450 días preso a Jose Rubén.

Los casos que investigó y judicializó como mandataria de la Cicig —en concreto el de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Aída Stalling Dávila— y su incansable y valiente trabajo como defensora de exoperadores de justicia criminalizados por el MP, son los motivos por los que Claudia González está encarcelada. Lo que ocasionó su persecución es la venganza y cumple un doble objetivo: castigarla y dejar a sus colegas en la indefensión.

Los casos en contra de Virginia Laparra también son motivados por su trabajo como exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango. Especialmente las denuncias administrativas que planteó en contra del exjuez Lesther Castellanos, paradójicamente nombrado después por el Congreso como relator contra la tortura. Virginia, a quien Amnistía Internacional declaró presa de conciencia, está en prisión desde febrero del 2022 por hacer su trabajo.

Sus casos ejemplifican cómo el MP se ha convertido en el verdugo de periodistas y operadores de justicia en Guatemala. ¡Libertad para Claudia, Virginia y Jose Rubén!

Los pueblos de Guatemala no se rinden

Tue, 24 Oct 2023 06:02:01 +0000

La estrategia para desmantelar la frágil democracia guatemalteca se fue dando por etapas. No es que la nuestra haya sido una democracia fuerte y consolidada, no. Tuvo y tiene enormes deudas pendientes que es preciso saldar para dar respuesta a las necesidades de la población que mayoritariamente vive en condiciones de exclusión y pobreza.

Pero lejos de hacerlo, los grupos de poder político y económico se han dedicado a socavarla y a demoler cualquier esfuerzo que suponga una amenaza para el sistema de privilegios, desigualdades e impunidad que siguieron manteniendo/consolidando/ampliando a lo largo de casi cuatro décadas desde la apertura democrática.

Y así, cada esfuerzo en contra del statu quo o de sus intereses (que vienen siendo más o menos lo mismo) es bombardeado/asfixiado/contrarrestado para volver al punto de partida o un poco más atrás.
Regresión, nunca avance. Algunos ejemplos: la reforma constitucional del 93 (retroceso); el NO en la consulta popular del 99 para refrendar los cambios a la Constitución emanados de los Acuerdos de Paz (retroceso); la sentencia condenatoria contra Efraín Ríos Montt en el juicio por genocidio anulada por la CC en 2013 (retroceso) y la lucha contra la corrupción y la impunidad impulsada por la dupla MP-Cicig interrumpida por la expulsión de la comisión internacional y el nombramiento de María Consuelo Porras Argueta como Fiscal General en 2018 y su reelección en 2022 (retroceso). A cada avance, una contraofensiva.

Y aquí estamos en pleno 2023 en el contrataque que pretende anular el resultado de la elección presidencial para evitar que Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomen posesión de sus cargos el próximo 14 de enero. Y es que a pesar de que tenían el sistema cooptado, habían sacado del juego a tres candidatos “antisistema” que según ellos suponían un peligro real para mantener el control del Ejecutivo, y desplegado una millonaria estrategia clientelar que incluyó la “compra” de alcaldes, el tiro les salió por la culata y la población les jugó la vuelta votando nulo y en blanco, lo que posibilitó que con un 11,8% el binomio del Movimiento Semilla se colocara en la segunda vuelta.

' Continuamos reclamando la renuncia de los golpistas.

Marielos Monzón

Ahora la historia se repite. Como el triunfo de Arévalo supone un peligro para el statu quo y abre la posibilidad de detener la regresión autoritaria que el Pacto de Corruptos estaba a punto de consolidar por la vía electoral, echaron de nuevo a andar la maquinaria de la regresión para bombardear/asfixiar/contrarrestar su asunción al poder.

La estrategia es disfrazar de investigación y “caso” penal un golpe de Estado y concretarlo por la vía judicial, aunque eso suponga sepultar nuestra agonizante democracia, desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, violar la Constitución que mandata la alternancia en el poder y violentar los dos derechos que todavía les daban un barniz democrático: los de elegir y ser electo.

No necesitan dar un golpe clásico. Para qué, si tienen capturado el sistema de justicia, alineadas las altas cortes, cooptado el MP y desmantelado el sistema de pesos y contrapesos. Mantener en el cargo a Porras Argueta como fiscal general les garantiza que la estrategia golpista no va a parar, sin importar las consecuencias.

Pero ningún plan es perfecto. Se extralimitaron tanto —y lo siguen haciendo— al pretender desconocer el resultado de una elección y regresar al país a antes de 1985, que se fue gestando una respuesta popular que, por su amplitud y profundidad, se transformó en el principal factor para la salida de esta crisis.

El pueblo encontró los caminos guiado por la organización, la madurez y la dignidad de los 48 Cantones y otras autoridades indígenas y está empoderado reclamando la salida de los golpistas y abriendo la posibilidad a una nueva primavera democrática.

Deje de ser un obstáculo para la democracia

Tue, 17 Oct 2023 06:01:22 +0000

A María Consuelo Porras Argueta la nombró Jimmy Morales para un primer periodo al frente del Ministerio Público (MP) y la reeligió Alejandro Giammattei. La señora Porras había quedado fuera de la lista de candidatos elegibles, pero un amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC) prácticamente obligó a la comisión de postulación a incluirla (PL, 22/4/22).

' Su renuncia no se la va a pedir Giammattei por complicidad, por chantaje o por ambos.

Marielos Monzón

Antes, Porras Argueta amenazó a los comisionados de abstenerse de revisar su tesis doctoral ya que eso constituiría, según ella, una “intromisión de organismos jurisdiccionales en las universidades que conllevaría responsabilidades penales”. Recordemos que una de las tachas que se presentó en su contra fue que un tercio de su tesis doctoral en la Universidad Mariano Gálvez era un “copy-paste” de una tesis de licenciatura aprobada 7 años antes. (Soy 502, 7/4/22).

Si el primer periodo de Consuelo Porras como jefa del MP fue de retroceso y deterioro, su reelección constituyó el entierro de la lucha contra la corrupción y la impunidad y el alineamiento absoluto de la Fiscalía General al Pacto de Corruptos y a las mafias.

Desde el día siguiente de su reelección, ella y su círculo cercano han actuado en consecuencia: a) desbarataron todas las unidades que dentro de la institución llevaron a cabo investigaciones y casos por delitos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos; b) iniciaron la persecución penal de fiscales, investigadores y jueces involucrados en estos procesos, convirtiendo al MP en instrumento de criminalización y vendetta; c) instrumentalizaron la unidad de análisis criminal (sí, la responsable de las escuchas telefónicas) para vigilar a líderes sociales, activistas, manifestantes, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia independientes y exabogados de la Cicig; d) pidieron el sobreseimiento de casos y la desactivación de órdenes de captura de personas involucradas en malversación de fondos públicos y millonarios desfalcos; y e) refundieron las denuncias y enterraron las investigaciones en contra de integrantes del Pacto, empezando por Giammattei y su rosca.

Ni por asomo investigaron la denuncia sobre la ‘alfombra rusa’ o los innumerables hallazgos de ilegalidades en la compra de las vacunas anti-covid, solo para citar dos evidentes casos de gran corrupción que para el MP siguen pasando desapercibidos.

A la persecución penal indebida ordenada y orquestada por Porras que tiene a más de 40 exoperadores de justicia, 25 periodistas y a más de 20 de activistas en el exilio y en injusta prisión a personas clave en la lucha contra la impunidad como Virginia Laparra, Claudia González y Jose Rubén Zamora, se sumó la utilización del MP como punta de lanza de la estrategia golpista para desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y evitar el traspaso del poder al binomio del Movimiento Semilla que resultó ganador en la elección presidencial.

Todo esto es lo que provocó y mantiene vivo y vigoroso el legítimo movimiento de resistencia al que buscan deslegitimar con estrategias y narrativas dignas de golpistas y de mentes calenturientas de la contrainsurgencia. Están queriendo concentrar y reducir la discusión a los bloqueos (que dicho sea de paso, fueron la última medida a la que se acudió tras haber agotado todas las otras vías), cuando el tema central es si se va a respetar la decisión de la ciudadanía en las urnas y si van a renunciar Consuelo Porras y otros funcionarios del MP que en sí mismos son factores de desestabilización.

¿Qué parte de está despedida no le queda clara, señora Porras? Ya sabemos que su renuncia no se la va a pedir su socio Giammattei por complicidad, por chantaje o por ambos. Se la estamos exigiendo miles de guatemaltecos que vemos en usted un obstáculo para la democracia.

¡Fuera, fuera, fuera!

Tue, 10 Oct 2023 06:01:44 +0000

En defensa de la democracia y en rechazo a la intención manifiesta de impedir que el 14 de enero tome posesión el binomio del partido Movimiento Semilla, una mayoría de guatemaltecos, bajo el liderazgo de las autoridades indígenas, está movilizada y en resistencia.

' Quienes están violentando la Constitución y la ley son ustedes los golpistas.

Marielos Monzón

Estas masivas manifestaciones que hoy cumplen nueve días responden a las acciones de un grupo de golpistas que quiere evitar a toda costa que se concrete la voluntad popular expresada en las urnas y que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asuman la presidencia y vicepresidencia del país, como lo manda la Constitución y como decidió la ciudadanía el 20 de agosto.

Para llegar hasta aquí corrió mucha agua debajo del puente. Se agotaron todas las vías posibles para detener el golpe judicial que el Pacto de Corruptos y su principal instrumento, el MP de María Consuelo Porras Argueta, impulsan y han venido intensificando desde el día siguiente del balotaje.

Todos los recursos legales interpuestos ante las altas cortes fueron ignorados o rechazados, al igual que los sendos llamados que desde diversos sectores se hicieron a través de pronunciamientos y peticiones públicas, incluidas las del propio Tribunal Supremo Electoral. También se ignoraron las protestas en las plazas que de forma continuada se realizaron en la capital y en los departamentos durante los fines de semana. La respuesta, una y otra vez, fue el portazo en la cara. No solo no cejaron en su plan golpista, sino que escalaron la intensidad de sus acciones.

La última, para refrescar la memoria de quienes hoy se rasgan las vestiduras y cuestionan la masividad de la protesta ciudadana, sus métodos y el respaldo al Paro Nacional Indefinido, fue el secuestro de las boletas con los resultados electorales que, con lujo de fuerza y prepotencia, llevó adelante un grupo de fiscales que prácticamente atropelló a los magistrados del TSE que pedían resguardar la integridad del proceso y llevarse copias certificadas y no las papeletas originales. Sin olvidar, por supuesto, el allanamiento al Parque de la Industria con el que quieren justificar el procesamiento penal de las y los integrantes de las juntas receptoras de votos y las solicitudes de antejuicio contra el pleno de la autoridad electoral que, a decir de los golpistas, habrían cometido un “fraude masivo”.

Lo que se está exigiendo es la renuncia de Porras Argueta, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Fredy Orellana, tres fiscales y un juez que están retorciendo la ley y malutilizando el poder punitivo del Estado para desconocer los resultados de la elección presidencial e imponer a un presidente afín al Pacto que garantice la continuidad de este régimen autoritario y corrupto y termine de enterrar nuestra moribunda democracia.

Estos oscuros y deleznables personajes —que por supuesto no actúan solos— son la punta de lanza de las mafias que se niegan a entregar el poder que representa el Ejecutivo. Aferrados al cargo porque saben lo que significa su salida, están presionando para ahogar con violencia y represión a quienes legítimamente están en resistencia.

Como quedó claro en el patético video de la Fiscal General publicado ayer, ya echaron a andar la maquinaria del MP para criminalizar las protestas y están intentando cambiar el eje de la discusión pública a partir de tres elementos: a) avivar los miedos, el racismo y el rechazo a la manifestación, manipulando la legitimidad de las acciones de hecho; b) infiltrar/vandalizar las protestas; c) cambiar la narrativa y acusar a Arévalo y a Semilla de organizarlas para “evitar” que se les investigue.

Su cinismo y abuso del poder sobrepasó los límites, señora Porras. Los únicos que están violentando la Constitución y la ley son ustedes los golpistas. Su permanencia como fiscal general es incompatible con la democracia. Renuncie ya.