El jefe edil expresó que interpuso la denuncia en la Fiscalía de Delitos contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) por el faltante de más de Q700 mil que la comuna debió pagar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en concepto de cuota laboral, pero esto nunca lo hizo, pese a haber retenido el porcentaje respectivo a cada empleado.

Gamarro Morales añadió que la denuncia fue interpuesta poco tiempo después de haber asumido el cargo y después se reunió con representantes de la Cicig y la fiscal general, Thelma Aldana, en noviembre anterior, y pidió apoyo para investigar y sancionar a quien resulte responsable.

“El faltante asciende a Q726 mil y fue un hallazgo de nuestro auditor interno poco después de que asumió la alcaldía, pues no cuadró el corte de caja que efectuamos.  La verdad no pudimos precisar qué hicieron con ese dinero ni quién es el responsable”, afirmó Gamarro.

Además, se quejó de que la administración municipal 2008-2012 adquirió un crédito por Q21 millones, del cual a principios de este año aún se debían más de Q9 millones.

“Entre intereses y capital, las dos administraciones anteriores pagaron Q11 millones y a nosotros nos corresponde pagar los restantes nueve millones, lo que perjudica mi plan de trabajo, pues no podré ejecutar proyectos relevantes a causa de los descuentos que se han hecho para amortizar la deuda que debe estar cancelada en el 2020”, aseguró Gamarro.

Se intentó obtener la postura del exalcalde Diego Us López, pero  no respondió las llamadas telefónicas. 

En septiembre de 2015, el exfuncionario dijo, en relación al crédito de Q21 millones, que el monto correspondía a  dos préstamos hechos por el Concejo de 2010 para emplearse en tres proyectos, pero estos nunca se ejecutaron porque hubo reprogramación de obras.

En aquella oportunidad, Us López, señaló que originalmente Q11 millones estaban destinados a un proyecto de agua entubada y los restantes Q10 millones para la construcción del segundo piso del mercado y del parque municipal. 

No obstante, el dinero fue empleado para pavimentar la calle principal del área urbana, para el mejoramiento del servicio de agua entubada, alcantarillas, la construcción de una pista para carrera de caballos y la edificación del estadio municipal. 

El último proyecto quedó abandonado con el 40 por ciento de avance y se sabe que se pagó  más del 80 por ciento del costo total.

La víctima mortal es Alberta Guadalupe Cano Alfaro, de 16 años, quien falleció a su ingreso en la  emergencia del Hospital Distrital de Uspantán.
Los heridos fueron identificados como Yordy Abel Cano Alfaro, de 6 meses;  Andrés Pacay Castro, 7; Yesica Felipa Pacay Castro, 15; Carlos Vinicio Us Méndez, 25; Amalia Castro Tum, 46; Miguel Pacay Pérez, 47; y Efraín Emilio Carrillo Méndez, 48.
De acuerdo con versión de algunos de los heridos, ellos se dirigían de Las Pacayas a El Estayul, donde participarían en un servicio religioso.
Miguel Pacay Pérez, propietario del vehículo accidentado, informó que por aparentes fallas mecánicas el piloto no logró controlar el automotor y se precipitó en la  hondonada.
“Íbamos a participar en un servicio de la Renovación Carismática de la Iglesia Católica, pero nunca llegamos porque el picop cayó en un barranco de unos 200 metros de profundidad”, señaló Pacay.

Los capturados fueron identificados como Jorge Armando Chamalé Hernández, de 30 años, y William Senel Vásquez Gamarro, 30, quienes estarían implicados en la muerte de los esposos Mario Efraín Soto Soberanis, 43, e Ilse Hernández, 41.

Según las investigaciones, los esposos murieron el 17 de enero último,  cuando fueron atacados a balazos por individuos desconocidos en el kilómetro 230 de la ruta entre Chicamán y el río Chixoy,

La mujer murió en el lugar; mientras, que su esposo falleció cuando era ingresado al Hospital Distrital de Uspantán.

Investigadores informaron que a los capturados se les decomisó un arma de fuego, la cual formará parte de las pruebas.

Los inconformes indicaron que el alcalde Diego Us López se había comprometido en octubre anterior a cancelarles la deuda en dos pagos;  sin embargo, solo recibieron pago algunos empleados del área administrativa. 

“Este martes se cumplieron dos días de estar cerrada la municipalidad, y no se habilitará el servicio hasta que se haga efectiva nuestra demanda.  No pedimos limosna, necesitamos el dinero que ya  ganamos”, manifestó Francisco Tum, representante del grupo de manifestantes.

Añadió que  entre los empleados afectados se encuentran conserjes, guardianes y personal administrativo de la comuna.
Según Tum, a unos empleados les adeudan Q22 mil 500, por nueve meses de trabajo; mientras, que a otros les deben hasta Q27 mil 500 por concepto de 11 meses laborados.

“El alcalde no ha venido a la municipalidad en los últimos días, y la última vez que hablamos con él, afirmó que la deuda obedece a que no hay dinero en las arcas de la municipalidad”, enfatizó.

Byron Godínez, vecino, lamentó la situación de los empleados afectados, y añadió que la población que requiere algún trámite es la perjudicada, porque no hay atención.

El jefe edil, Diego Us López, afirmó que su administración recibió una deuda de Q21 millones, que fue el resultado de préstamos efectuados para proyectos que no se culminaron.

“De ese monto ya se ha amortizado más de Q11 millones, cuyo desembolso ha impedido la ejecución de proyectos y nos mantiene endeudados.  Por aparte, la baja recaudación ha impedido que tengamos solvencia económica para cubrir los compromisos adquiridos, incluido el pago de los empleados”, aseguró.

Anunció que en los próximos días se realizará el pago a nueve empleados, a quienes se les adeuda varios meses de salario. “Las puertas de la comuna están cerradas por la feria y no por una manifestación”, dijo Us.

Las manifestaciones se registran desde el lunes último, y la  madrugada de este miércoles, miembros de la Junta Electoral Municipal (JEM) de Chicamán informaron sobre la quema de una vivienda en Belejú. 

La referida información fue confirmada por seguidores de la agrupación Líder, quienes dijeron que el propietario del inmueble es Martín Xoná, miembro de ese partido.

“Desconocemos los motivos y quién o quiénes perpetraron el hecho,  lo cierto es que Xoná no se encontraba en su vivienda al momento del siniestro y eso pudo salvarle la vida”, manifestó Romeo Cal de Líder, organización que se ha atribuido las protestas para exigir la repetición de las elecciones para alcalde.

Seguidores de la referida agrupación política, aseguran haber encontrado decenas de papeletas amarillas marcadas a favor de ese partido y según ellos no fueron contabilizadas en los resultados; sin embargo, cabe resaltar que estas fueron utilizadas para la elección de diputados al Parlacén y no para alcalde. 

“Vamos a esperar a que el Ministerio Público  venga a Belejú a dar fe del hallazgo.  Si pasa miércoles y jueves sin respuesta de nuestras autoridades, la población adoptará otra postura” afirmó un manifestante.

Autoridades informaron que  el lunes último,  en la aldea Belajú los manifestantes retuvieron a nueve personas, entre ellas  a las que trasladarían el material electoral; sin embargo, luego del diálogo, fueron dejadas en libertad. 

La agresión y amenazas se dieron en el contexto de un acto religioso que simpatizantes del PP realizaban en apoyo a las autoridades municipales de la aldea mencionada, en la cual reside Ical Jom.

El periodista se dirigía a su vivienda a bordo de una motocicleta cuando fue interceptado por la turba que le propinó golpes en la cara y pecho, y lo amenazó que si seguía haciendo periodismo le iba a ir mal..

“Cuando me dirigía a mi casa, unas 15 personas, hombres y mujeres, simpatizantes del PP, me salieron al paso e impidieron que continuara la marcha”, expuso el periodista.

El comunicador señaló que entre sus agresores se encontraba un miembro del Comité Comunitario de Desarrollo de esa aldea y un miembro de la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Ical Jom fue agredido el 29 de agosto del 2014 en la aldea Santa Catarina Cotoxac, Uspantán, Quiché, por líderes comunitarios, caso por el que enfrentan proceso los hermanos Diego y Antonio Itzep López, por los delitos de detención ilegal y amenazas.

La medida fue adoptada para presionar al gobierno del presidente Otto Pérez a responder a su listado de demandas que incluyen Q125 millones de resarcimiento para los habitantes y proyectos de desarrollo en dicha comunidad por los perjuicios a causa de la construcción de la hidroeléctrica.

Luego de la mediación de miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) de Alta Verapaz, los campesinos depusieron su acción y aceptaron acudir este 27 de julio a una reunión en el Palacio Nacional de la Cultura.

La medida de hecho inició a las seis horas de este jueves y concluyó en horas de la tarde, luego de recibir los afectados una carta firmada por Miguel Ángel Balcárcel, director del Sistema Nacional de Diálogo (SND), en donde se les invita a participar en una mesa de diálogo para plantear las demandas de los habitantes de La Campana.

“Exigimos Q125 millones como indemnización por el daño y perjuicio ocasionado desde 1894 a la fecha al modo de vida de nuestros antepasados y quienes vivimos actualmente en La Campana, porque hemos padecido la ilegal expropiación de nuestro territorio en donde, sin consulta previa, se construyó la hidroeléctrica Chixoy y que acarreó la desaparición de los tres nacimientos de agua que nos abastecían y la consecuente muerte de nuestro ganado”, explicó Benito Morán, líder comunitario.

Las demandas, además de la económica, incluyen proyectos de vivienda, construcción de una carretera formal hacia su comunidad, escuela de primaria, instituto básico y diversificado, iglesia, campo de futbol, pavimentación de las calles de la comunidad y área para la celebración de la fiesta titular.

La aldea La Campana está compuesta por 118 viviendas que son habitadas por mil 300 personas, incluidos adultos mayores, hombres, mujeres y niños.

El Instituto Nacional de Electrificación instaló electricidad en esta comunidad colindante con Alta Verapaz, en noviembre del año pasado, como primer beneficio del Acuerdo Gubernativo 378-2014 firmado entre el gobierno central y la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy.

La medida de la sociedad civil fue respaldada por el Concejo, quien emitió un acuerdo municipal destinado a preservar el ornato del lugar.

José Díaz, vecino y uno de los organizadores de la actividad, dijo que están cansados de que los partidos políticos pinten postes, piedras y árboles, lo que provoca contaminación visual.

“En la comunidad Chixoy, los partidos políticos llegaron al colmo de irrespetar la Ceiba, el símbolo patrio, y lo pintaron de rojo y blanco. Hemos llegado a hastiarnos de la falta de civismo y respeto, por lo que decidimos borrar todas las pintas que han hecho en áreas públicas. Entiendan señores candidatos, las piedras, los postes y los árboles no votan”, expresó Díaz.

Díaz hizo un llamado a la población de las comunidades de Chicamán y del resto del departamento, para que no permitan que partidos políticos ensucien los lugares públicos.

José Edmundo Lemus, secretario municipal de la Unidad Nacional de la Esperanza de Chicamán y candidato a diputado en la segunda casilla por el distrito de Quiché, aseguró que son respetuosos de las disposiciones emitidas por la municipalidad y añadió que usarán únicamente propiedad privada para colocar su propaganda.

Diego Us, alcalde de Chicamán y candidato a la reelección por el Partido Patriota (PP), indicó que decidieron emitir el acuerdo municipal que prohíbe las pintas políticas en el perímetro urbano, para respaldar a la población.

“Como autoridades fuimos electos por la sociedad civil y por ello, como Concejo, avalamos la solicitud que nos plantearon, porque un determinado partido político pintó hasta las señales de tránsito”, finalizó Us.