El acto religioso se celebró en las instalaciones del Colegio El Rosario, zona 3 de Santa Cruz del Quiché.

Entre los invitados al acto resaltó la presencia de 15 miembros de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) y el nuncio apostólico Paul Richard Gallagher.

Es conocido

Monseñor Bianchetti vuelve a Quiché después de de cuatro años, ya que en el 2008 fue nombrado pastor de la Diócesis de Zacapa y prelado del Santo Cristo de Esquipulas.

“Me complace volver a Quiché, a este pueblo que conozco tan bien después de 24 años de apostolado en el departamento. Estoy a la orden de Jesús para servir a mis hermanos quichelenses”, dijo Bianchetti, visiblemente conmovido y alegre.

A la toma de posesión acudió monseñor Mario Alberto Molina Palma, arzobispo de la Arquidiócesis de Los Altos y anterior obispo de Quiché; monseñor Óscar Julio Vian, arzobispo de Guatemala, y monseñor Rodolfo Valenzuela, presidente de la CEG, así como sacerdotes de Quiché y la población católica local.

Los compromisos fueron asumidos por los presidentes de los organismos Ejecutivo, Álvaro Colom; Legislativo, Roberto Alejos, y del Judicial, Luis Arturo Archila, durante una actividad efectuada en Gumarcaj, Santa Cruz del Quiché. También participaron los ministros de Educación, Dennis Alonzo, y de Cultura y Deportes, Héctor Escobedo.

La actividad empezó con las peticiones de Alberto Marroquín, autoridad indígena, quien refirió que Colom no vistió el “sute” que le fue impuesto el 23 de noviembre último en Chichicastenango, como un símbolo de respeto y autoridad que le confirieron.

Las peticiones

Una de las demandas al gobernante fue que instruya al Ministerio de Educación para que reconozca e incorpore al sistema educativo del país el llamado “Modelo educativo con pertinencia ancestral, Nawal Tzij, sistema psicográfico en idioma maya k’iche'”.

También exigieron que las autoridades estatales respeten unas 47 consultas comunitarias de buena fe que han efectuado en el ejercicio de sus derechos en defensa de su territorio, en las cuales habrían participado más de 700 mil personas, entre hombres, mujeres, ancianos y niños.

“En representación de nuestros hermanos de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa —San Marcos—, exigimos al Gobierno que haga efectivas las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la suspensión inmediata de la explotación minera en esos territorios”, dijo Marroquín.

Concluyeron sus peticiones al Ejecutivo demandando la suspensión y cancelación de licencias de reconocimiento, exploración y explotación minera, hidroeléctricas y megaproyectos en el territorio nacional.

Sistema judicial ancestral

Respecto del Organismo Judicial, los dirigentes pidieron respeto y el reconocimiento del sistema de justicia ancestral como mecanismo de resolución de conflictos sociales.

“Queremos que quede claro que las autoridades indígenas no promovemos los linchamientos, estamos en contra de esa práctica y de encarcelar a los delincuentes; preferimos la imposición de sanciones económicas, físicas o de trabajo comunitario como medida de resarcimiento del daño que cometieron”, expuso José Macario Morales, primer Kamalb’e —guía en idioma maya k’iche’—.

Al Legislativo le exigieron que inicie el proceso de nacionalización del servicio de energía eléctrica, debido a los miles de abusos cometidos, según ellos, por parte de las empresas distribuidoras.

Por su parte, Álvaro Colom aseveró que algunas de las peticiones “son bastante complejas”, por lo que instalarán mesas de trabajo, para encontrarles solución.

“Ya es hora de que reconozcamos que las autoridades tradicionales tienen un espacio privilegiado en nuestra sociedad, y al fin de cuentas son a los que les hace caso la población”, afirmó.