El reporte establece que la muerte fue causada por golpes en la cabeza, espalda y abdomen, pero también tenía graves lesiones antiguas.

A raíz de ese análisis, el Ministerio Público (MP) comenzó una investigación contra la madre de la menor, Jeniffer Alquijay, quien tenía la patria potestad de la niña desde enero último, cuando se separó de su esposo, Eddy Vásquez.

Según investigadores, hay inconsistencias en la declaración de la madre de la pequeña sobre el supuesto rapto del que fueron víctimas ella y su hija, a eso de las 18.15 horas del miércoles último.

Según la mujer, 20 minutos después fue liberada, pero reportó el hecho pasadas las 22 horas, según la denuncia recogida en la Fiscalía de Villa Nueva, la cual se trasladó a la Procuraduría General de la Nación, para activar la alerta Alba-Kenneth, lo que se cumplió alrededor de la medianoche.

Las autoridades suponen que la niña murió esa noche.

El procurador General de la Nación, Larry Robles, afirmó: “En la denuncia no se aportaron datos importantes, como que existía una pelea legal por la patria potestad de la menor”. Además, “las cuatro horas que pasaron después del hecho, sin denunciar, eran vitales”.

Investigadores de la Fuerza de Tarea contra el Femicidio no descartan que el crimen esté relacionado con pandillas, debido a que el 1 de junio último fue localizado el cuerpo de Sandy Paola Rivera Salazar, 13, a cien metros de donde fue encontrado el cadáver de la infante.

Testigos declararon que vieron a la adolescente con tres hombres con aspecto de pandilleros.

Señalamientos

El crimen se reduce a señalamientos mutuos entre los padres de la menor. La madre aseguró que presentó dos denuncias contra Eddy Vásquez, por intento de violación de la niña, y otra más por agresión en contra suya.

Eddy Vásquez afirma que la investigación por la supuesta violación no avanzó en la Fiscalía de Villa Canales, e indicó que el 1 de abril último le practicaron pruebas de ADN, pero nunca fueron cotejadas con los fluidos encontrados en la ropa íntima de su hija.

Vásquez dijo que quiso denunciar que la madre sometía a maltrato a la niña, pero el MP no aceptó esa demanda debido a las acusaciones en su contra. Por esa razón, agregó el padre, acudió a la Procuraduría de Derechos Humanos para reportar que su hija siempre tenía golpes.

La patria potestad se resolvería en definitiva el 20 de diciembre.

Supuesto plagio

Alquijay narró que el miércoles último salió a caminar con su hija, cuando tres hombres, en una camioneta negra, se les acercaron a pocas cuadras de su casa y las obligaron a subir.

“Inmediatamente yo me subí. Ellos me vendaron los ojos, me taparon la boca y no tengo bien definidos los rasgos físicos de los tres hombres que iban. En ningún momento hablaron. Yo sentía que solo se tocaban; por medio de señas se comunicaban dentro del vehículo”, narró.

Según la mujer, dieron vueltas por 15 o 20 minutos, y luego la bajaron, pero se quedaron con la niña.

Señaló que cuando se enteró de que la niña estaba muerta se desmayó. Llegó al lugar donde hallaron el cuerpo cuando lo tenían en un autopatrulla, pero no se acercó porque le indicaron que, por su estado, era preferible no hacerlo. La reconoció por una foto.

Ambos infantes fueron cambiados el 29 de enero del 2011, un día después de que nacieron en un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pero los esposos Cordero se percataron de ello en marzo de este año.

“Estoy alegre porque encontré a mi hijo, lo que tanto soñaba y pensé imposible, pero triste porque dejamos a Carlitos, nuestro otro hijo, a quien hemos criado desde recién nacido y siempre va a seguir siendo nuestro bebé. Nunca nos vamos a alejar de él”, expresó Marlyn Medrano.

El miércoles último, luego de que una las pruebas de ácido desoxirribonucléico (ADN) practicadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) dio positivo en uno de los menores que fueron sometidos a análisis, ambos fueron llevados a la Procuraduría General de la Nación (PGN), donde pasaron la noche.

La prueba también confirma que Carlos Leonel, a quien la pareja Cordero Medrano cuidó, es hijo de Ardón Barrios.

Ayer por la mañana ambas familias fueron trasladadas al Juzgado Quinto de la Niñez, y con los resultados de ADN como prueba se hizo el cambio respectivo. El verdadero hijo de los Cordero regresó con ellos, y Ardón no aceptó al pequeño que fue identificado como suyo, por lo que este fue trasladado al hogar Amor del Niño.

Alegría y tristeza

Cordeo expresó: “Estamos entre alegría y tristeza, porque tuvimos que dejar a Carlitos. Nos da tristeza ver sus fotos, sus zapatitos y su ropita”.

“Le pedimos al juez que nos lo dejara, pero él dijo que eso sería más difícil”, lamentó.

Cordero relató que lo más duro fue cuando la otra madre no les quería entregar a su hijo; sin embargo, considera que fue más dramática la situación para ella.

“Pobre la señora, porque llegó con un bebé y se fue sin nada. Nosotros regresamos con uno, y eso llena un poco el espacio que dejó Carlitos”.

Ardón Barrios pidió otra prueba de ADN, la cual se efectuará el 20 de agosto, informó Larry Robles, procurador General de la Nación.

Las certificaciones de nacimiento de los niños fueron anuladas por orden judicial, y ahora el hijo de los Cordero Medrano se llamará Deivis Mateus, que significa, según ellos, regalo de Dios, y llevará sus apellidos.

Pide castigar negligencia

Cordero demandó castigo para los responsables del cambio de los bebés, ya que les causaron daño psicológico. “No fue un animal ni un objeto el que cambiaron por negligencia”, resaltó.

Medrano refirió que desde que vio al menor que le entregaron ayer tuvo el presentimiento de que se trataba de su hijo, ya que se parece al primogénito, Crístofer.

La PGN ofreció a las dos familias atención psicológica, para que superen el impacto que la confusión les causó.

Hechos y circunstancias

• Cuatro meses se llevó la búsqueda del hijo biológico de los Cordero.

• El Inacif debió practicar 92 pruebas de ADN para llegar hasta Denis Israel Ardón Barrios,  hijo biológico de  Cornelio Cordero y Marlyn Medrano.

• Carlos Leonel, quien ha crecido en el seno del hogar  Cordero Medrano, es hijo biológico de Fabiola Julisa Ardón Barrios.

• Ambos menores fueron cambiados luego de que nacieran en un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el 28 de enero del 2011.

• El 8 de marzo del 2012 la pareja Cordero Medrano se sometió a una prueba de ADN para verificar si el niño que tenía como su hijo en realidad lo era, y el resultado fue negativo.

• El 1 de agosto último, la PGN dio a conocer a las familias  los resultados de ADN  y ayer fue entregado a los Cordero Medrano su verdadero hijo.

La nueva unidad tendrá 10 años para institucionalizarse, será de carácter civil, especializada en investigación criminal y además auxiliar de la administración de justicia con competencia en todo el país.

El Legislativo dio vida a la Digicri mediante el decreto 15-2012, a pesar de que al inicio hubo resistencia para aprobar la normativa. Se presentaron 50 enmiendas para una propuesta que constaba de 77 artículos. Al final hubo un fondo de revisión que volvió a modificar los ya aprobados.

Diputados de Libertad Democrática Renovada (Líder), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Encuentro por Guatemala señalaron que se estaba creando una “policía judicial”.

Mario Taracena, de la UNE, dijo que la investigación criminal es rectoría del Ministerio Público (MP).

“Hace 30 años existía una judicial en Guatemala, que mató a políticos, estudiantes y a la clase política. Nunca más a la judicial. Y los que aprueben esta ley, históricamente van a ser los responsables de haber creado nuevamente una judicial”, dijo el parlamentario.

Según la segunda vicepresidenta del Congreso, Nineth Montenegro, puede haber riesgos, porque es una entidad de investigación con propio presupuesto y decisiones que pueden ser discrecionales.

“Creo que se debió dar un tiempo para analizar, discutir y proponer, para evitar que caigamos en los abusos del pasado”, aseguró Montenegro.

Bloques a favor

Los oficialistas del Partido Patriota recibieron el apoyo de los independientes, Gran Alianza Nacional, Compromiso, Renovación y Orden y Partido de Avanzada Nacional.

El presidente del Congreso, Gudy Rivera, indicó que a pesar de la aprobación con obstáculos, la ley es una herramienta más, sobre todo para frenar la ola delincuencial.

Roberto Alejos, del bloque independiente, explicó que esa era una iniciativa que fue presentada en el 2007, cuya aprobación era necesaria.

“Eso en lugar de debilitar al MP lo va a fortalecer, ya que ahora vienen las reformas a la Ley Orgánica del MP, a los códigos Penal y Procesal Penal”, añadió.

El asesor de la Fiscal General, Javier Monterroso, consideró que la aprobación de la citada norma es un paso muy importante en materia de investigación criminal, ya que permite contar con un cuerpo especializado de detectives que hace falta en el país.

“Creemos que es un apoyo al MP en materia de investigación, apoyo al Inacif y al sistema de justicia en general. La hemos solicitado muchas veces, ya que para hacer eficiente la persecución penal es necesario contar con un cuerpo operativo de investigación criminal”, enfatizó.

Protestas

Otra vez se vieron fuertes reclamos ayer, cuando Rivera limitó el tiempo de los legisladores para razonar por qué no se debía votar por tal iniciativa. Taracena se acercó a la Junta Directiva para reclamar al presidente del Congreso, en medio de gritos y empujones, y luego intentó lanzarle un objeto.

Por causas que aún se desconocen, el cayuco en que viajaban los jóvenes volcó en horas de la noche del sábado, pero fue hasta ayer que se hallaron los cuerpos frente a la playa de El Estor.

Según se conoció, los estudiantes viajaron a Río Dulce para hacer un trabajo de campo sobre el comportamiento de los cocodrilos de la región.

Las autoridades manejaron con reserva la información sobre el traslado en avioneta de los cadáveres hacia la capital.

En un comunicado, el rector de la UVG, Roberto Moreno Godoy, lamentó la muerte de los jóvenes y explicó la logística que siguieron para rescatar y trasladar a la capital los cuerpos de los estudiantes, en coordinación con la Compañía Guatemalteca de Níquel y con la colaboración del Gobierno.

Violencia

Juan Vielmann Carillas, de 15 años, fue ultimado en la entrada al asentamiento La Arenera, parte alta, en la zona 21.

Residentes expresaron que los atacantes se internaron en los callejones del sector, mientras un grupo de jóvenes los perseguían. Las autoridades consideran que se trata de un ajuste de cuentas.

El jefe de la Policía Municipal de Tránsito de Moyuta, Jutiapa, Sarvelio Edgardo Ábrego Salguero, 41, murió baleado en el barrio El Centro, en ese municipio. Según testigos del crimen, los victimarios se conducían en una motocicleta.

En el hecho también resultaron heridos Juan Contreras, 64, y Leonidas Cetino, 50, quienes caminaban por el lugar cuando se produjo el ataque.

Los vecinos de Jutiapa manifestaron su preocupación debido que el 24 de marzo último mataron de la misma forma al secretario municipal de Zapotitlán.

En Caballo Blanco, Retalhuleu, fue localizado el cadáver de Eluvia Elizabeth Orozco López, 35, con heridas de machete.

Osmeo Jacobo Villatoro, 61, fue hallado cerca del km. 105 de la ruta entre Patulul, Suchitepéquez y Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla, con golpes y heridas de bala en la cabeza.

El mandatario llegó a las instalaciones de esa misión, en la zona 14, para “saludar” al costarricense Francisco Dall’Anese, comisionado de la referida misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y a su personal.

Al término de la cita, el gobernante anunció que, “en su momento”, enviará la solicitud al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Mayor apoyo

Pérez Molina considera necesaria la presencia de la Cicig en el país para contar con la estrategia y procedimientos de esa misión en el fortalecimiento de las instituciones, y así, cuando el mandato termine, Guatemala tenga la solidez institucional “para salir adelante” en el combate a la impunidad.

Añadió que habrá tiempo para que el secretario general de la ONU, después de que reciba la solicitud de Guatemala, le comunique a los países miembros de ese alto organismo, en especial a los donantes, que la Cicig estará hasta el 2015.

El presidente criticó los señalamientos de que su antecesor, Álvaro Colom, tuvo que haber enviado al Congreso una solicitud para que se amplíe el mandato de la Cicig.

“Los que están diciendo eso son detractores que no conocen el fundamento legal de la Cicig para establecerse en Guatemala. En el acuerdo inicial —de conformación de la misión—, que fue ratificado por el Congreso, se establece el mecanismo para prorrogar la estadía de la Comisión en nuestro país”, refirió Pérez Molina.

Encerrona

El responsable de la Cicig afirmó que están próximos a realizar una “encerrona para replantear” los objetivos de la Comisión y verificar sus recursos, debido que se habían planteado proyectos hasta el 2013.

Dall’Anese señaló que se debe analizar el presupuesto, para planificar el trabajo y “visualizar una salida hacia el 2015”.

Portillo es reclamado por EE. UU. por el delito de conspiración para el lavado de al menos US$70 millones en bancos de ese país, provenientes del Estado guatemalteco, durante su gestión como presidente, del 2000 al 2004, a donde llegó con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

Colom despejó dudas en cuanto a si esa opción la dejaba en manos del próximo gobierno y tomó la decisión la noche del lunes último, y ayer cumplió los trámites administrativos.

Aclaró que el tiempo para que Portillo sea entregado a EE. UU. lo definirá el Organismo Judicial en Guatemala.

“Hemos ordenado el trámite administrativo para cuatro extradiciones, todas a EE. UU., —entre ellas— la del ciudadano Alfonso Antonio Portillo Cabrera. El delito imputado es conspiración para lavado de dinero”, explicó Colom, en conferencia de prensa.

Los otros tres son Sergio Giovanni Ruano Marroquín, por asesinato y lesiones graves, Édgar Leonel Estrada Morales y Víctor Emilio Estrada Paredes, por narcotráfico.

El 27 de agosto último, la Corte de Constitucionalidad (CC) le denegó un amparo a Portillo, por lo que fue confirmada su condición de extraditable.

Según la resolución de la CC, la Procuraduría de Derechos Humanos vigilará la forma en que Portillo debe ser tratado y lo informará al Congreso y al Ejecutivo, entre otros puntos establecidos.

Lo que sigue

Portillo no puede ser extraditado de inmediato, sino hasta que finalice el juicio por peculado de Q120 millones, delito por el cual fue absuelto.

Este proceso se encuentra en la Sala Tercera de Apelaciones, a la espera de que se conozcan los recursos planteados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra la absolución del tribunal.

La Sala puede confirmar el fallo a favor de Portillo, puede modificarlo y emitir una condena, o anular el proceso y ordenar un nuevo juicio.

En todas las opciones la defensa del exgobernante y las partes acusadoras pueden apelar en la Corte Suprema de Justicia y, en última instancia, en la CC.

El expediente de apelación se encuentra en la CC, en donde debe resolverse una querella contra el magistrado Ramiro Contreras, de la Sala Tercera, a quien Portillo pide que sea retirado del caso.

El tiempo que dure este juicio no afecta el trámite de extradición.

“La decisión que tomó la Presidencia está basada en la coherencia con la que hemos trabajado en la independencia de poderes”, dijo Colom y enumeró las convenciones, tratados y leyes en que se basó la firma del trámite.

“El Gobierno de Estados Unidos de América recibe con beneplácito la decisión. Las autoridades guatemaltecas han enviado un mensaje inequívoco de que nadie está por encima de la ley”, comunicó la Embajada de ese país.

“Esperamos continuar en esta colaboración con el nuevo gobierno en la lucha contra la impunidad”, afirmó el embajador Arnold Chacón, en la misma nota de prensa.

Colom indicó que quedan 11 “extraditables”, entre ellos Luciano Soto Chávez, Mauro Salomón Ramírez, Juan Alberto Ortiz, Waldemar Lorenzana, Víctor Arévalo, Byron Linares Cordón, Alma Lucrecia Hernández y Elio Lorenzana Cordón, la mayoría por delitos relacionados con el tráfico de drogas.