Historias como estas se repiten cada vez más, por lo que el Ministerio Público (MP) advierte sobre esta nueva modalidad que utilizan estafadores con automotores de dudosa procedencia e insta a la población a estar alerta.

Los delincuentes entregan papelería supuestamente en orden y hasta fotocopia de documentos de identificación del dueño, expuso un investigador.

Aclaró que no se puede considerar víctimas a quienes son capturados con estos bienes, porque antes se debe descartar que no pertenezcan a bandas que cometen este tipo de actos ilícitos.

Por lo reciente de la modalidad, no hay cifras oficiales sobre las estafas. Además, se debe esperar a que concluyan las investigaciones para determinar la responsabilidad del detenido.

Un regalo

El 18 de septiembre último, después de haber salido de su trabajo, en la zona 1, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) le hicieron el alto a Ana, a quien obligaron a descender del automóvil y le dijeron que este era robado.

Ana fue llevada al juzgado de turno en la Torre de Tribunales, donde se le abrió un proceso por el delito de encubrimiento. Se le otorgó una medida sustitutiva de arresto domiciliar, por no tener antecedentes.

Ella prefiere mantenerse en el anonimato, por temor a perder su empleo, debido a que las autoridades no la consideran una víctima, sino delincuente que debe enfrentar a la justicia.

Los policías le explicaron a la joven que por medio de una de las cámaras inteligentes que instaló hace poco el Ministerio de Gobernación (Mingob) se logró identificar la placa del carro, por lo que se dio la alerta sobre el reporte de robo.

El padre de Ana le regaló el automóvil, que adquirió en un predio donde dejó su antiguo automotor y luego pagó una diferencia por el otro de modelo 1998.

Según la declaración que el propietario del predio presentó en la Unidad contra el Robo de Vehículos, el automotor referido lo llevó un joven que entregó documentos originales, por lo que no dudó de la procedencia.

Otro caso

Una situación similar vive Carlos, quien el 9 de julio último compró un carro después de haber visto varios anuncios en los diarios y hacer llamadas. Se decidió por uno de modelo 1995.

El vendedor pedía Q19 mil, pero un mecánico que revisó el automotor le indicó que necesitaba reparaciones, así que el precio final fue de Q15 mil 500.

El 19 de septiembre, en la Cuesta de Villa Lobos, Villa Nueva, agentes policiales le hicieron el alto y le ordenaron bajarse del vehículo porque estaba reportado como robado.

Ahora, el joven también enfrenta un proceso penal por el delito de encubrimiento propio.

Carlos se salvó de ir a la cárcel por un documento que le entregaron cuando pagó, en el cual la Policía certifica que en el sistema aparece solvente al 4 de julio, día en que supuestamente fue reportado el robo en un sector de la zona 7.

La víctima aseguró que se confió porque le entregaron este documento, el título de propiedad y la fotocopia del Documento Personal de Identificación del propietario, por lo que solo revisó que la placa no apareciera con multa en las municipalidades de Villa Nueva, Mixco y la capital.

En ambos casos, los afectados refieren que no entienden cómo pasaron por retenes de la PNC y nunca fueron alertados sobre la situación de los vehículos, ya que los tuvieron en su poder durante varios meses.

Ahora esperan que se resuelva la situación, ya que, además de haber sido estafados, las autoridades los investigan como si fueran malhechores, aparte de que tratan la manera de comprobar que sabían que el bien que conducían era ajeno.

Estos jóvenes deben invertir en el pago de abogados, pero Carlos dice que acudirá a la Defensa Pública Penal, porque por las dos audiencias previstas para diciembre un abogado particular le cobra Q5 mil, monto con el que no cuenta.

Varias de estas situaciones se han detectado cuando se tramita en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el traspaso del automotor a nombre del comprador. Algunos han sido arrestados en ese momento.

Cámaras los detectan

En las entradas y salidas de Villa Nueva fueron instaladas cámaras de última tecnología que permiten leer el número de placa, la cual comparan con la base de datos con que cuenta la PNC, y así se detecta si alguna tiene reporte de robo.

El Mingob tiene 180 cámaras inteligentes en la capital, principalmente en donde transita el Transmetro y el Transurbano, cuya vigilancia está a cargo de 25 agentes de la PNC, porque buscan reducir los actos delictivos.

La emisión del documento se realizará en el salón municipal de la localidad, se informó.

A partir del viernes son atendidas por psicólogos, médicos, además de la activación de alerta Alba Keneth para la búsqueda inmediata de los niños desaparecidos.

Las autoridades del Ministerio Público también buscan fortalecer las sedes en Santa Catarina Pinula, en el departamento de Guatemala, Huehuetenango, Chimaltenango y Escuintla donde se busca crear agencias específicas para conocer casos de mujeres.

El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses PCEN 2012-004274 Inacif 2012-044692, entregado al Ministerio Público, detalla que la mayoría de los golpes se los propinaron a la menor de la cintura hacia arriba.

De acuerdo al reconocimiento externo del cadáver —ubicación anatómica de las lesiones— la niña fue golpeada en la columna, la espalda y la cara.

Con este informe se confirma la violencia que sufría la menor, lo que se sustenta con declaraciones recabadas por la fiscalía de Villa Nueva, con las que se establece que la menor era agredida por su madre.

Evidencia temor

En un video, en poder del MP, se observa cómo la pequeña se resistía a regresar con su madre la última vez que su padre, Eddy Vásquez, la vio —el 23 de marzo último—.

Jennifer muestra el brazo izquierdo y trata de explicar qué le pasó. Cuando el padre la interroga sobre quién le había hecho daño, la menor, con voz tierna, le dice: “Mamá”. Después le pregunta ¿con qué?, y ella responde: “Con los dedos”.

“¿Te pellizcó?”, indaga el padre, y la niña responde: “Sí”. Jennifer no presta atención a lo que trata de hacer Vásquez: evidenciar el maltrato que sufría para pelear la patria potestad de su hija.

Cuando Vásquez le dice a la niña que tenía que regresar con su mamá, la pequeña llora e insiste en decir: “¡No papi, no papi, no papi!”, y repetía: “Me da miedo, me da miedo”.

Ese fue el último día que Vásquez vio a Jennifer viva, días después Alquijay lo acusó en el MP de haber abusado sexualmente de la niña, por lo que le ordenaron alejarse de ellas mientras se investigaba el hecho. El caso nunca se resolvió, aunque le tomaron muestras de sangre para compararlas con los fluidos que supuestamente hallaron en la ropa interior de la menor.

Alquijay también lo acusó de violencia contra la mujer, porque supuestamente la agredió.

Uno de los testigos narró al MP que el 29 de agosto, cuando supuestamente desapareció la niña, Alquijay se encerró con la menor en el cuarto que alquilaba en Ciudad del Sol, zona 4 de Villa Nueva.

Agregó que a eso de las 16.30 horas escuchó que la niña lloraba, se acercó e intentó abrir la puerta pero no pudo, por lo que le preguntó a Alquijay qué le pasaba a la pequeña, a lo que ella respondió que “era su hija y que la estaba educando, que no debía meterse”.

Según el testimonio, después de ese incidente, la propietaria de la vivienda le pidió a Alquijay que desocupara el cuarto ese fin de semana.

El jefe edilicio y otros 10 sindicados de ser cómplices y testaferros fueron capturados en 13 allanamientos efectuados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército, fiscales del Ministerio Público (MP) e investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en Sacatepéquez, la capital y Chimaltenango.

Vivar fue aprehendido en su residencia, ubicada en la 3a. avenida sur, número 3, Antigua Guatemala, y aunque se giraron 14 órdenes de captura, solo se hicieron efectivas 11.

Modo de operar

Según Paz y Paz, la organización operaba de dos formas para desviar los fondos de la comuna.

“El modus operandi que tenía esta estructura dedicada a apropiarse de fondos ediles era a través de dos mecanismos. Por un lado se crearon al menos 10 empresas, muchas de ellas dedicadas a la construcción, pero no eran exclusivas para esta materia, las cuales fueron contratadas para realizar obras sobrevaloradas, con las que estafaron a la Municipalidad y se apropiaron de fondos”, explicó la fiscal general.

Entre los contratos se encuentran bacheos, remozamiento, servicio de banquetes y compras a farmacias.

“Era una diversidad de servicios que ofertaban a la Alcaldía en forma sobrevalorada y no se respetó la prohibición de que familiares no pueden ser contratistas del Estado”, recalcó la fiscal.

El otro mecanismo que se utilizó fue a través de planillas, en las que “consignaban información falsa” que permitió el pago de sueldos para “plazas fantasmas”. No aportó el número de plazas, debido a que el caso está bajo reserva, por tratarse de lavado de dinero, resaltó.

En este caso, el monto de lo defraudado es de Q2 millones, pero según la fiscal, “hay más denuncias que han sido presentadas por la Contraloría General de Cuentas en contra de los capturados, pero estas aún se encuentran en investigación”.

De acuerdo con las autoridades, lo defraudado a la comuna son más de Q20 millones. Se sospecha que la red empezó a operar desde el 2008, cuando Vivar asumió el cargo, porque las empresas que sirvieron para desviar los recursos fueron inscritas a partir de ese año.

Los capturados

Entre los integrantes de la estructura que fueron capturados ayer figura el tesorero municipal, Boris Alexander Asencio, quien se presume que tenía conocimiento de los movimientos financieros irregulares.

También fue aprehendida María Mercedes Reyes Carías, gerente de un banco del sistema que opera en Antigua Guatemala y quien según la investigación permitió que se cobraran cheques “no negociables y que estaban a nombre de otra persona”.

Además, Leonel Rodrigo Amado, cuñado del alcalde y propietario de una empresa cuyo nombre no se precisó pero, según la fiscal, fue una de las más beneficiadas.

Los otros detenidos fueron identificados como Claudia Suzett Vela Sagastume, quien aparece como representante de la empresa Mac; Ana Elisa Coloma, que inscribió Cofez; y Adriana del Carmen Castillo, propietaria de Casco y Constructora y Servicios Castillo.

También, Josué Renato de la Roca, propietario de la empresa La Roca; José Armando Arrecis, de la firma SAAM; y César Eduardo Castellanos, de cuya compañía tampoco se dio el nombre.

Además fue capturado Aurelino Cuy Chávez, quien aparece como propietario de Hunapú Banquetes y Eventos, aunque se sospecha que esta empresa pertenece a la madre del cuñado de Vivar, Leonel Amado.

Según la denuncia presentada, el jefe edil recibía el 10% del monto total, como comisión por los contratos firmados.

A los detenidos se les imputan los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, caso especial de estafa y obstrucción a la justicia. Al alcalde se le agregó el de fraude

La investigación se efectuó principalmente en relación con la información contable, financiera y bancaria de los detenidos, la cual determinó el desvió de los Q2 millones a la cuenta de Vivar.

Se supo que una de las secretarias de las empresas referidas colaboró con las pesquisas.

El análisis financiero estuvo a cargo de la Cicig, que colabora con el MP en la investigación de este caso desde hace un año, aseguró el encargado de esa instancia, Francisco Dall’Anese.

“Ha sido un trabajo arduo de un año de acompañamiento a la Fiscalía, principalmente por nuestros analistas financieros”, afirmó Dall’Anese.

El comisionado agregó: “Estamos ante un caso más de un representante electo por el pueblo que terminó sustrayendo y apropiándose de los fondos de los electores, como representante de la Alcaldía”.

El viceministro de Gobernación, Arkel Benítez, informó que la Policía está tras la pista de los tres prófugos.

Debido a que los fiscales del caso no se presentaron, la audiencia de primera declaración de los capturados fue programada para el próximo lunes.

El titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, ordenó que los detenidos permanecieran en las carceletas de la Torre de Tribunales mientras se celebra la audiencia en la que se resolverá su situación jurídica.

El alcalde calificó la detención como un linchamiento político y aseguró que no pasará a más, porque no existen pruebas que lo vinculen con las acusaciones.

“En Guatemala amputan a la gente, en Guatemala ametrallan a la gente, en el altiplano queman a la gente, y en Antigua somos tan cultos que solo ponemos una multa a los que transgreden la ley”, expresó Vivar, y agregó que es consciente de que “cada uno tiene lo que merece”.

Más denuncias

Según Paz y Paz existen otras denuncias que la Fiscalía contra la Corrupción investiga.

El MP había presentado con anterioridad 12 antejuicios contra Vivar, los cuales fueron declarados sin lugar por la Sala Regional Mixta Apelaciones de Antigua Guatemala.

“Tras las rejas”

La vicepresidenta Roxana Baldetti, al referirse a las capturas, comentó: “Ustedes saben que el alcalde de Antigua participó con nosotros en la campaña pasada… y derivado de una investigación le pedimos que se retirara del partido. El alcalde, su corporación y muchos empresarios que se prestaron a esta malversación están hoy tras las rejas”, enfatizó.

Una de las modalidades que ha descubierto la Agencia Especial de Investigación de Estafas al Registro, de la Fiscalía Distrital Metropolitana, es la falsificación de documentos, con los cuales los delincuentes liberan propiedades que están hipotecadas.

La Fiscalía ha recibido al menos 200 denuncias donde se evidencian métodos similares para cometer estos robos.

Un investigador indicó que casos como estos han aumentado, y en muchas ocasiones las víctimas son instituciones bancarias que han prestado grandes cantidades de dinero por las cuales se dejan inmuebles como garantía.

De acuerdo con las pesquisas del MP, los delincuentes consiguen liberar las hipotecas y venden de inmediato los inmuebles, y cuando los acreedores se dan cuenta ya no existe la hipoteca que garantizaba el pago.

“Los bancos han tenido pérdidas millonarias con este tipo de estafas”, aseguró el investigador.

Esta forma de estafar se evidenció con la captura de la abogada Elba Osiris Mazariegos, de 51 años, el 1 de agosto último, cuando pretendía retirar la hipoteca de un lote ubicado en Vista Hermosa, de San Pedro Sacatepéquez, con un documento donde aparecía la firma de una persona que había muerto hacía 13 años.

De acuerdo con el MP, esta aprehensión se logró después de que un empleado del Registro verificó en el sistema el nombre de quienes firmaron en el documento y determinó que quien aparecía como deudor había fallecido en 1999.

La propiedad fue hipotecada en 1998 por Q16 mil, y en el documento falsificado se establecía que la deuda había sido cancelada este año.

De otra forma

También se ha determinado que los estafadores trasladan a su nombre bienes de manera irregular y después los dejan como garantía en instituciones bancarias.

Cuando obtienen el dinero no pagan las deudas y dejan que los bancos ejecuten la hipoteca.

Cuando los verdaderos dueños se dan cuenta, su inmueble está inmovilizado o ya ha sido rematado por los bancos, para recuperar el dinero prestado.

Otra modalidad que existe para cometer estafas por medio de propiedades es que las mismas víctimas son victimarias.

La Fiscalía investiga uno de estos hechos en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, donde una pareja denunció que su terreno había sido hipotecado sin su autorización.

Según las pesquisas, el inmueble se dio como garantía hipotecaria por un préstamo de Q1 millón.

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando el peritaje de grafotecnia a las firmas que aparecen en el documento determinó que una de estas era del esposo y la otra, de la esposa, aunque fue falsificada, por lo que aún se investiga.

Aunque son pocos los casos de este tipo que conoce la Fiscalía, se ha determinado que los terrenos o viviendas son negociados por los mismos dueños, quienes después de que cobran presentan un amparo para recuperar los inmuebles y dejar sin efecto la escritura.

Según las averiguaciones, los propietarios hacen que familiares firmen por ellos, para que cuando se hagan los peritajes se determine que las firmas son falsas.

“Se quedan con el terreno y el dinero prestado”, afirmó un investigador.

Una recomendación que dan los investigadores es que en el momento de comprar un inmueble se debe verificar su estado en el Registro de la Propiedad y se debe tener cuidado cuando los inmuebles han tenido muchos movimientos en corto tiempo.

Medidas efectivas

La registradora general de la Propiedad, Anabella de León, explicó que este año han capturado en esa institución a cinco personas que han intentado operar con los métodos descritos. Además se han presentado 35 denuncias por robo de propiedades.

También fue contratado un grafotécnico, que se encarga de revisar documentos sospechosos.

Aunque ambas recurren a las extorsiones y al sicariato para agenciarse de fondos ilegales, no actúan de la misma manera.

En los últimos años, admite un investigador, no se había logrado identificar el actuar de los integrantes de la MS, pero varias muertes relacionadas con las extorsiones permitieron la captura de varios de ellos.

La fuente refiere que este grupo criminal actúa de manera estratégica y hasta cierto punto elegante, ya que no son los típicos pandilleros que utilizan tatuajes para ser identificados y la vestimenta que utilizan es a la moda e incluso formal.

Esto hace vulnerables a los negocios grandes y almacenes, debido que cualquiera de ellos puede ingresar a trabajar a estos comercios y conocer sus ingresos y a la gente que trabaja ahí, explica un investigador.

En cambio los integrantes de la M18 son identificados de inmediato por su forma de actuar y el lenguaje soez que utilizan.

Las víctimas más frecuentes de ambas organizaciones son los empresarios del transporte de pasajeros.

Una de las características que identifican a la MS es que legalizan los vehículos y las armas que utilizan. Los carros y las motos son inscritos en la Superintendencia de Administración Tributaria y colocan como propietarios a indigentes que vagan por las calles, además de que están al día con el pago de los impuestos.

Las armas que portan están inscritas en la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), para que cuando sean detenidos por la Policía en algún operativo no tengan problemas. Muchas veces denuncian las armas como robadas, para que cuando sean identificadas en algún crimen no los incriminen.

Por el contrario, los pandilleros de la M18 roban los vehículos y armas que utilizan para dar muerte a sus víctimas.

Abogados implicados

En el caso de la MS se ha identificado a varios abogados que colaboran con la organización, quienes se prestan para servir de correo entre los pandilleros encarcelados y los que están libres, para coordinar extorsiones y crímenes.

La abogada Amarilis Chilel fue sentenciada meses atrás a 16 años de prisión después de haber sido hallada culpable de reclutar a sicarios para la MS, quienes le pagaban entre Q1 mil y Q2 mil por cada menor que presentaba a la mara.

Ella les ofrecía Q500 cada vez que atacaban y les indicaba que no se preocuparan si eran descubiertos porque ella era abogada y por ser menores salían rápido, refiere un investigador.

Además Chilel intentó falsificar un contrato de alquiler de una vivienda donde fue capturado un grupo de jóvenes y se incautó armamento, con el objetivo de hacer creer a las autoridades que ellos acababan de ocupar el inmueble y no sabían de la existencia del arsenal.

Esto también evidenció que la MS alquila casas de lujo, donde tienen el mínimo de muebles, para sus integrantes y hacer sus reuniones de coordinación.

MS
Comenzó en EE. UU.
Diferentes portales en internet refieren que los inicios de la MS o Mara 13 se remontan a 1980 y 1990, cuando inmigrantes salvadoreños se reunían en la calle 13 de Los Ángeles, California, para cuidar a sus connacionales, pero no tenían ningún nexo con el crimen.
No se sabe de dónde proviene el nombre Salvatrucha, pero se cree que es una descomposición del gentilicio salvadoreño.
Sin embargo, al vincularlos con drogas y crímenes fueron expulsados algunos de sus integrantes, lo que causó que se fuera extendiendo a otros países, como Canadá , México y Centroamérica, a los cuales se han unido guatemaltecos.

M18
Mexicanos creadores
La Mara 18 fue formada al mismo tiempo que la MS en los barrios pobres de EE. UU., pero fue integrada por latinoamericanos, en su mayoría mexicanos.
Su nombre proviene de la calle 18 de Los Ángeles, California, donde se reunían grupos de migrantes que desplazaron a las antiguas pandillas que existían en territorio estadounidense.
De igual manera los integrantes de esta pandilla fueron deportados a sus lugares de origen y esto causó que fueran captando adeptos en el Centro y Norteamérica.

Este informe permitió vincular al comisario y jefe de la Dirección de Fuerzas Especiales (Difep) de la Policía, Pedro González Rodríguez, capturado el 20 de abril último, por ejecución extrajudicial.

Mala utilización

Según el informe con el que cuenta el Ministerio Público (MP), las prácticas con bombas se hicieron en cabezas de cerdos, que tienen similitudes craneales con las humanas, para determinar cómo se lastimó a Beb Ac.

La prueba determinó que el golpe en el cráneo que presentaba la víctima fue producido con una granada de no fragmentación que, según los protocolos de utilización, debe ser lanzada a 50 metros de donde se desea que expulse el humo.

Los agentes de la PNC que participaron en el desalojo de la finca Miralvalle, Panzós, Alta Verapaz, el 15 de marzo del 2011, utilizaron los artefactos explosivos como bombas de fragmentación y las lanzaron con bocachas.

Fotos y videos en poder de la Fiscalía contra la Impunidad evidencian que desde el inicio de la operación los agentes estaban preparados para lanzar las bombas de esa forma.

Además se determinó que el artefacto fue lanzado a una distancia de entre cuatro y seis metros, por los patrones, dimensiones y profundidad de la herida de Beb Ac, que fue documentada en fotografías durante la necropsia.

Por esa razón, la Fiscalía solicitó la captura de González Rodríguez, quien estaba a cargo del desalojo, que duró cuatro días, en varias fincas del ingenio Chabil Utzaj.

En un inició se dijo que la herida de Beb Ac pudo haber sido causada por las piedras que lanzaron los campesinos que se oponían al desalojo.

En esa acción participaron unos 600 agentes de la Difep y efectivos del Ejército, por lo que se analizó la cadena de mando de la institución y se determinó la responsabilidad del comisario González Rodríguez.

La diligencia la practicó la Fiscalía Municipal de La Tinta, Alta Verapaz, por orden del Juzgado de Primera Instancia de Cobán, tras una denuncia de usurpación.

Otro peritaje

La Fiscalía espera que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ratifique los resultados de la prueba efectuada en España.

Érick Samuel Aguilar Muñoz, 39, murió a manos de su cónyuge el 2 de mayo último, en la casa de la pareja, en Jardines de San Isidro, zona 16.

El cuerpo de la víctima fue localizado un día después en la 3a. calle, frente al inmueble 3-14 de la colonia Santa Rosita, en la misma zona, en su microbús, placas P822DJT.

El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses establece que Aguilar Muñoz murió como consecuencia de asfixia por estrangulamiento y heridas de arma blanca en el abdomen.

En su declaración en la Fiscalía de Delitos contra la Vida, el día del hallazgo del cadáver, Castillo Alvarado aseguró que su esposo tenía una “amante y que sentía que lo iba a perder”, por lo que decidió matarlo.

Admitió que planificó el crimen dos meses antes con José Daniel Batres, amigo y empleado de confianza de su esposo.

Batres fue detenido el 16 de mayo último. La jueza cuarta de Instancia Penal lo ligó a proceso por asesinato y lo envió a prisión preventiva.

La sindicada aceptó presentarse de manera voluntaria al Juzgado donde fue citada ayer, pero antes de que ingresara en la Torre de Tribunales fue capturada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La audiencia de primera declaración se celebró a puerta cerrada, debido a que el proceso está bajo reserva.

Los hechos

La investigación del Ministerio Público (MP) revela que el día del crimen, a eso de las 21.30 horas, Batres llegó a la mencionada colonia y no se identificó en la entrada, ya que la mujer le había facilitado la tarjeta magnética para pasar la garita de seguridad.

Aguilar Muñoz pereció a eso de las 22 horas, estrangulado y de cinco puñaladas en el estómago.

Minutos después del crimen, la pareja extrajo el cuerpo de la habitación y lo llevó al garaje de la vivienda, en donde se encontraba el microbús, introdujo allí el cadáver y se dirigió al lugar donde luego fue descubierto.

Según la declaración del hermano de Aguilar Muñoz, a la mañana siguiente su cuñada lo llamó para decirle que este había desaparecido. Le aseguró que había salido de la casa la tarde anterior y que había tenido un problema con el vehículo.

Con esa misma versión Castillo Alvarado denunció en la PNC la desaparición de su esposo.

El hermano de Aguilar Muñoz le dijo a su cuñada que lo que aseguraba era falso porque sabía que este tenía seguro para el vehículo, y que si había afrontado algún problema pudo haber llamado una grúa. Así la obligó a decir la verdad y le prometió pagarle un abogado.

Comprueban declaración

Las autoridades tienen como prueba unas imágenes que grabó una cámara que había en la vivienda de la víctima sin que lo supiera Castillo Alvarado.

En la cinta se observa el momento en que los victimarios arrastran el cadáver por la casa.

Además, durante un allanamiento a la residencia se determinó que había sido lavada la sangre en la habitación contigua a la de los hijos de la pareja, de 8 y 16 años, por lo que se practicó una prueba de luminol, que dio positiva.

Otra hipótesis

El MP no descarta que el motivo del crimen haya sido el interés por el dinero de Aguilar Muñoz, ya que era propietario de tres ventas de repuestos y se estableció que tenía en una de sus cuentas Q4 millones, según explicó un fiscal del caso.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación continúa, por lo que se solicitarán otras diligencias.

De enero del 2010 al 9 de marzo del 2012 se contabilizan en esas cuatro zonas cinco mil 367 robos denunciados en el MP, de 11 mil 145 que se cometieron en la capital durante el mencionado período.

En las últimas semanas, la Fiscalía contra el Crimen Organizado reporta un incremento de las denuncias por robo de vehículos y secuestros rápidos de conductores que circulan por las calzadas San Juan y Roosevelt, entre las zonas 7 y 11.

Según estas denuncias, se sigue un nuevo método para elegir a las potenciales víctimas, por lo que las autoridades investigan a dos bandas que operan en el sector.

Rony López, jefe de la referida fiscalía, explicó que los delincuentes chocan en la parte de atrás el vehículo de sus víctimas, a fin de que estas se bajen a reclamar el golpe, lo cual aprovechan para retenerlas.

Las personas son llevadas a lugares solitarios, en donde las abandonan después de haber sido despojadas de sus pertenencias.

El fiscal asegura que se “está coordinando con la Policía Nacional Civil (PNC), para que se ponga atención en estos sectores, además de alertar a los conductores para que no sigan el juego de los criminales”.

De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes eligen a sus víctimas al comienzo de estas calzadas en relación con los modelos de los carros, si son hombres o mujeres y si viajan solos o acompañados.

Después de elegida la víctima, la persiguen por algunos minutos hasta lograr su objetivo, aprovechan los semáforos en rojo para ocasionar la colisión.

A las autoridades les preocupa que las mujeres víctimas de estas bandas sufran abuso sexual antes de ser abandonadas. La Fiscalía de la Mujer investiga varios hechos en los que se relacionan los abusos con el robo de vehículos.

Ingenio

Otra de las formas de delinquir es que un vehículo se estaciona al lado del de la víctima y suena la bocina en forma imprevista, con lo cual la distraen. En ese momento otros integrantes de la banda que se conducen en motocicleta las amenazan con armas de fuego y se introducen en su automotor, para llevársela.

Además, retienen por varios minutos a las víctimas y las obligan a retirar dinero en cajeros automáticos, lo cual es considerado por las autoridades como plagio o secuestro.

López explicó que analizan las denuncias presentadas para tratar de identificar a los delincuentes y establecer cuántas personas integran esas bandas.

De antaño

La recién creada fuerza de tarea contra el robo de vehículos trabaja “desde cero” para recopilar información, ya que no existe una base de datos, aseguró el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla

Agregó: “Las bandas de robacarros son las más añejas del crimen organizado en el país”.

Vigilancia

El Ministerio de Gobernación instaló 180 cámaras de seguridad de alta tecnología, vigiladas por policías, con capacidad de leer las placas de automóviles, las cuales fueron colocadas en arterias por donde circula el Transmetro y el Transurbano.

El viceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería, aseguró que con esta tecnología buscan reducir los actos delincuenciales en determinadas zonas. Ese equipo ha permitido la recuperación de unos 600 automóviles que han sido reportados como robados.

El crimen ocurrió el 13 de agosto del 2005 cuando la joven, estudiante de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, salió de una fiesta en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

Siete años después, el Ministerio Público (MP) colocó carteles con la fotografía de la joven en el sector donde fue vista por última vez y en los alrededores del Centro Universitario Metropolitano, en la zona 11, donde apareció el cuerpo.

El fiscal del caso, Héctor Canastuj, reconoció que ha “pasado mucho tiempo”, y dijo que se pretende “compensar a aquellas personas que por temor callaron hace siete años para que aporten información sobre la persona que la mató”.

Para cualquier información, El MP habilitó el número 4150-2661.

Esperan ADn

La Fiscalía sospecha de Mauricio Cano, quien está preso en EE. UU. por la muerte de otra mujer.

Sin embargo, se está a la espera del perfil genético tomado en EE. UU. a Cano, para practicar pruebas de ADN.

Canastuj dijo que se presume que Cano era un delincuente que operaba en la zona 11.

Durante la investigación se ha hecho pruebas de ADN a los jóvenes que estuvieron ese día con Claudina.

El 27 de marzo último se celebró una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para escuchar a los familiares de Claudina, porque consideran que existe negligencia del MP en la investigación del caso.

La Policía Nacional Civil (PNC), informó que en el lote 14 bloque F de la referida colonia murió Bildave Santos Barco, de 38 años, mientras que en la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, expiró Fredy Leonel Estrada 29, y Óscar Alexander Rodríguez 29.

En la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de la zona 6 falleció Luis Ovidio Ortíz de 52, quién era secretario de conflictos del Frente Nacional de Lucha (FNL).

Los bomberos trasladaron herido a Javier Cabrera Estrada, de 27, quien presentaba varias heridas de arma de fuego y se encuentra bajo observación por los médicos del IGSS, debido a que su estado de salud es delicado, se informó ayer en ese hospital.

Investigan suceso

Según la PNC los atacantes del sindicalista y de las otras cuatro personas se conducían en dos vehículos tipo sedán, color blanco, y por durante varios minutos vigilaron a sus víctimas, quienes estaban conversando en la calle donde ocurrió el incidente.

Luego del ataque los agresores salieron huyendo hacia la ruta al atlántico, sin dejar mayores rastros.

“Los hombres dispararon sus armas de forma indiscriminada, alcanzando a cuatro personas”, dijo una fuente policial, que

Luz María Fajardo, esposa de Santos Barco, afirmó que desconocía cómo había sido el ataque y las razones del mismo, pues esa noche regresaba de su trabajo en la Costa Sur.

Édgar White de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua) condenó el atentado contra Luis Ovidio Ortíz, quién, según el dirigente, en las últimas semanas estaba dedicado a resolver los conflictos laborales generados en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y en otras entidades del sector público.

De acuerdo con la información de los investigadores, se han girado órdenes de captura en contra de algunos líderes de los comités de seguridad de esas colonias, por actos ilícitos en el área.

Según se supo, semanas atrás un grupo de agentes del MP y de la Policía Nacional Civil fue retenido por estas personas cuando efectuaban algunas diligencias de investigación en el sector.

Los hechos que denuncian los pobladores de esas áreas están las amenazas y el cobro de cuotas.

Durante esta semana el Gobierno anunció el envío en los próximos meses de militares para sumarse a las tareas de seguridad ciudadana en San Juan Sacatepéquez, principalmente para neutralizar los abusos que se atribuyen a grupos de vecinos armados que patrullan las aldeas.

El experto considera que la Corte no es un tribunal superior de apelaciones para que se conozcan sentencias sobre genocidio, como es el caso de la petición que hizo el ex jefe de Estado José Efraín Ríos Montt para que se cierre el proceso iniciado en su contra.

¿Qué injerencia tiene esa corte en la justicia del país?

Ninguna. La Corte no tiene efecto retroactivo en el momento de conocer los delitos.

Conoce de las agresiones entre Estados, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero que ocurran desde el momento de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en 1998.

¿Se pueden apelar en la Corte los casos no juzgados o cerrados en Guatemala?

No hay jerarquía, los casos se juzgan por la justicia guatemalteca o por la Corte.

¿Cómo analiza los casos que se presentan en Guatemala por genocidio?

No conozco muy bien el caso concreto, pero puedo hablar respecto de los tipos jurídicos. Cometer un genocidio es muchos más difícil de lo que parece. Se sabe de algún soldado que sin mala fe se le escapa un tiro y va a matar a un civil o de alguien en busca de placer sexual y va a haber una violación; ese no es un crimen de guerra.

¿Por qué no es un crimen de guerra?

Los crímenes de guerra surgen cuando se trata de la violación sistemática de mujeres, como ocurrió en Yugoslavia; no se trataba de violar señoras por el mero hecho de violarlas.

La diferencia entre un asesinato y una suma de asesinatos para que se llegue a un genocidio tiene que ir acompañada por los parámetros que da la Convención de Ginebra, a razón de lengua, raza, es decir, lo que hizo Hitler en 1940.

¿Considera que en Guatemala no hubo genocidio?

No digo eso, lo que digo es que cometer un genocidio exige una serie de parámetros muy duros que establece el convenio. Si eso se dio o no se dio aquí, no lo sé; pero no es tan fácil, como parece, cometer un genocidio. Es diferente al asesinato.

¿Serían asesinatos, entonces?

A lo mejor, u homicidios, porque depende en qué condiciones se dio todo esto. Yo no conozco todo el caso de Guatemala, pero cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad es más difícil de lo que parece, aparte de que no todo el mundo puede hacerlo.

¿Cómo puede considerar lo que hubo en Guatemala?

Si supuestamente hubo levantamiento, yo lo siento; pero conforme a la Ley, son terroristas, porque para poder ser considerados combatientes tienen que cumplir muchos requisitos, que tal vez los cumplieron.

¿Cómo analiza usted el sistema jurídico de Guatemala?

No lo conozco para opinar, pero desde luego podría dar un consejo: cerrar la historia, dejen de mirar hacia atrás y aprender de errores.

Cuando veo que Guatemala tiene un potencial agrícola y tienen desnutrición, es increíble; esto debe solucionarse.

¿Es decir, el bienestar de las víctimas?

Pero si se ponen víctimas, ya se está cortando. Es el bienestar de todos. Ustedes cierran la herida en falso. Cuando se pongan vencedores o vencidos, vuelve otra vez el odio.

Entre las figuras publicadas se encuentra la de Roberto Barreda, sospechoso de la desaparición de su esposa Cristina Siekavizza, en julio del 2011. Además los rostros de exaccionistas y directivos del Banco de Comercio, prófugos desde hace 5 años.

“En este espacio el Ministerio de Gobernación dará a conocer los rostros de algunos delincuentes buscados por las fuerzas de seguridad, por lo que le pedimos a nuestros amigos que los compartan para dar con los responsables de serios delitos”, se expone en el sitio.

De acuerdo a las autoridades de la cartera del Interior, el Facebook se ha convertido en una herramienta para divulgar las fotografías a nivel mundial, lo cual permite ampliar las posibilidades de que se tenga información sobre prófugos de la justicia.

El viceministro de seguridad, Julio Rivera Clavería, expresó recientemente su preocupación debido que la PNC tiene pendiente de ejecutar 40 mil órdenes de captura.

En la página de Facebook de este matutino, los visitantes dejaron por escrito sus propósitos y deseos para el año que comenzará en pocas horas.

Las expectativas escritas por los internautas en el foro virtual, para el que este medio de comunicación convocó durante la semana, coincidieron en que los habitantes deben unir esfuerzos para lograr la paz en el país.

Los guatemaltecos anhelan seguridad y tranquilidad para la sociedad y que las autoridades que tomarán posesión el próximo 14 de enero trabajen con transparencia y por el bienestar de la población.

Aquellos lectores que tienen familia desean un mejor empleo, para cumplir con el sueño de tener una casa propia en el nuevo año y que sus hijos tengan salud y bienaventuranza.

Además, anhelan sabiduría para formar hijos ejemplares y así aspiren a una mejor vida y con ello un país próspero.

Sulma Elizondo pide salud para su familia, “prosperidad para el comercio y paz para Guatemala”, mientras que Claudia Agui se propone “luchar contra la indiferencia”.

Otros internautas expresaron deseo de superación académica, por lo que aspiran a ingresar en una universidad o concluir estudios superiores como maestrías o doctorados, aprender nuevos idiomas o cumplir con graduarse para prestar sus servicios a Guatemala.

Ese es el caso de Daisy Díaz, quien escribió que su propósito es graduarse “para formar parte de los guatemaltecos dignos de ejemplo y prestar mis servicios para mi querida patria”.

Alguien que se identifica como Mago de Azz expresó que planea “estudiar y trabajar duro para salir adelante”.

Otros piden felicidad, amor y una pareja estable, además de viajes, para tener nuevas experiencias con amigos.

Coinciden

Salud, seguridad, bienestar, igualdad y paz es lo que la mayoría de guatemaltecos piden al Creador, para sus familias, al terminar el 2011 y empezar un nuevo año.

La intención de Prensa Libre con la convocatoria a este foro es que los guatemaltecos residentes en el país y fuera de él exteriorizaran sus metas, objetivos y deseos para el 2012.

Añadió que cuando el ciclo de violencia no se interrumpe con intervención de las autoridades y una terapia para las víctimas, ese flagelo es reiterativo y puede causar la muerte de las afectadas.

Para Yolanda Sandoval, fiscal de Delitos contra la Mujer, la decisión de las agredidas influye en que los procesos no lleguen a una sentencia condenatoria.

Una lección

Hilda Morales aseguró que las féminas que desisten de las denuncias persiguen un cambio en el trato que reciben de sus parejas, no que estas sean sancionadas.

“Buscan que las autoridades hagan una advertencia, a fin de que sepa —la pareja— que puede ser sancionada si repite la conducta”, explicó.

El MP concentra las primeras diligencias en casos de violencia contra la mujer en exámenes médicos y psicológicos, fotografías y la declaración de la víctima ante un juez, como prueba anticipada para contar con evidencias suficientes.

Retirar esas denuncias no evita la persecución penal contra los agresores, ya que la Ley contra el Femicidio establece que este un delito de acción pública, pero sí dificulta la investigación, refieren los fiscales.

De acuerdo con testimonios de personas afectadas, los miembros de esas agrupaciones las amenazan con incendiar sus viviendas si no los apoyan en patrullajes.

Según el MP, a tres familias que se negaron a participar en las juntas les quemaron sus casas, por lo que tuvieron que salir de la comunidad, para resguardar sus vidas

El fiscal Luis Archila dijo que hasta ahora no se ha avanzado en las pesquisas porque los comunitarios no permiten el ingreso de las fuerzas policiales ni de las autoridades municipales.

Según el MP, en un documento —en su poder— se señala que quien disparó contra Castañeda De León, en la 6a. avenida y 8a. calle, zona 1, frente al Portal de Comercio, fue un agente que estaba a cargo de García Arredondo.

La Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado de la Fiscalía de Derechos Humanos no ha revelado el nombre de ese policía, ya que está pendiente de verificar la estructura de la PN, para determinar la jerarquía de los cargos y órdenes que los agentes recibían de García Arredondo.

Según el MP, el documento, localizado entre los más de mil registros del Archivo Histórico de la PN, servirá para comprobar la persecución que el Comando 6 hizo al secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU).

En esos archivos hay datos personales y fotografías de Castañeda de León, por lo que también se solicitó un peritaje archivista.

Retoman caso

Según el investigador del caso, que prefirió no identificarse, el expediente se retomó cuando se creó la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado, aunque el hecho se conoce desde 1978, luego de que la Universidad de San Carlos presentó una denuncia pública, un día después del crimen.

El MP ha efectuado investigaciones para ubicar a las seis personas que resultaron heridas durante el ataque en el que murió Castañeda de León luego de haber participado en la conmemoración de la Revolución de Octubre de 1944.

También se trata de encontrar a los familiares de Castañeda de León y a otros dirigentes estudiantiles de esa época.

Las nóminas localizadas en los archivos de la PN establecen que García Arredondo fungió como primer jefe del Comando 6 o Sección de Investigaciones Especiales, encargado de ejecutar a personas y localizar automóviles, además de llevar el archivo de expedientes sobre las pesquisas que llevaban a cabo los agentes.

Otros procesos

El 13 de diciembre último, el Juzgado Décimo de Instancia Penal resolvió que García Arredondo debe enfrentar juicio por la desaparición del estudiante de Agronomía, Édgar Sáenz Calito, en 1981, al haber sido puesto en libertad, después de haber permanecido en prisión cuatro meses, acusado de tenencia de propaganda subversiva, de lo cual fue absuelto.

El ex jefe policial también fue ligado a proceso por la quema de la Embajada de España en Guatemala, el 30 de enero de 1980, donde murieron 37 personas.

En este caso la prueba principal la constituye un video, en el que se observa a García Arredondo antes del incendio, sin que hiciera algo por evitarlo.

La cantidad de niños premiados dependerá de los aportes que se reciban —hasta el próximo 30 de diciembre— en las oficinas de Prensa Libre, en la 13 calle 9-31 zona 1.

El objetivo del Maratón de la Ciguëña, que se celebra desde hace 55 años, es llevar alegría a familias de escasos recursos que reciben a un nuevo integrante en los primeros minutos de cada año.

Los premios

Según las bases del certamen, se premia a los tres primeros niños que nacen en los primeros segundos del 1 de enero, en hospitales estatales.

En ocasiones se ha logrado ayudar a más familias, por la colaboración recibida de empresas y personas particulares que aportan artículos para el recién nacido y electrodomésticos.

El Maratón de la Cigüeña se lleva a cabo desde 1956 por iniciativa del periodista Álvaro Contreras Vélez, fundador de Prensa Libre.

El primer niño en ser premiado fue Carlos García Escobar, quien nació en los primeros 25 segundos del 1 de enero de aquel año.

A criterio del fiscal del MP Alexander Villeda, quien actúa a título personal, lo que establece dicho decreto, en dos de sus artículos, viola la Constitución Política de la República en la que claramente se dice cuales las funciones de los auxiliares fiscales y los procedimientos de supervisión de la labor de los mismo se contienen en la Ley Orgánica del MP.

Y es que la referida normativa en su artículo 4o. dice textualmente: “Se adiciona al artículo 107 bis que los auxiliares fiscales que sean abogados, pueden intervenir en todas las instancias del proceso penal sin restricción alguna y sin el acompañamiento del agente fiscal”.

Para el abogado Byron Recinos, quien auxilia legalmente al fiscal, vulnera el derecho laboral y la carrera fiscal, esto debido a que solo los que ostentan el cargo de agentes fiscales pueden participar en las audiencias, por la preparación que tienen y porque la ley orgánica si los refiere, además que tienen un salario superior al de los auxiliares lo cual beneficia al Estado.

Vulnera autonomía

En cuanto al artículo 5o. alegan que se vulnera la autonomía y la jerarquía del MP, porque los jueces de Paz Penal pueden verificar la investigación de los fiscales, cuando la víctima esté en desacuerdo con el avance de la misma y puede ordenar que se realicen diligencias cuando se considere que no se ha hecho suficiente para esclarecer los hechos.

Este articulo dice: “en un plazo no mayor de quince días de recibida la denuncia, el MP debe informar a la víctima de lo actuado y sobre la posible decisión a asumir. La víctima que no sea informada en dicho plazo puede acudir a juez de Paz para que éste requiera en cuarenta y ocho horas, le informe sobre el avance del proceso”.

Agrega, “Si, el juez considera insuficiente la preparación de la acción penal, ordenará al fiscal que dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días le informe de nuevos avances, o en su defecto sobre las circunstancias que impiden que no pueda avanzar más en la investigación, bajo apercibimiento de certificar al régimen disciplinario del Ministerio Público el incumplimiento, constituyendo falta”.

Por lo que solicita que se declaren inconstitucionales ambos artículos y se suspendan.

Renato Vicente, alcalde de Patzité, aseguró que en múltiples ocasiones se solicitó al jefe edil la información sobre la compra de balastro que supuestamente sería utilizado en cuatro comunidades, por lo cual pagó Q1.5 millones, obra que no fue ejecutada, pero nunca obtuvieron respuesta, por lo que decidieron acudir a la Contraloría General de Cuentas, donde se les informó que la citada corporación municipal debía pagar una multa de Q10.4 millones, por no haber proporcionado la información solicitada por esa institución.

Además, denunciaron la agresión de que fue víctima el presidente del Consejo, Miguel Ángel Pelicó, por un grupo de hombres encapuchados, el 31 de octubre último.

El juez segundo de Instancia Penal, Carlos Aguilar, resolverá hoy si Candy Elizabeth Rodas y José Federico Aparicio Pacheco enfrentan juicio por este caso.

Aguilar escuchó ayer la acusación del MP contra la pareja, por los delitos de homicidio y maltrato contra menores. Rodas y Aparicio Pacheco estaban a cargo de Daniel y su hermana Andrea, 12, quien también era maltratada.

El caso

Los menores fueron abandonados por sus padres Edwin Mateo Pixtún y Elvira Narcisa Porras, quienes también son procesados.

Según la acusación, Aparicio Pacheco golpeaba a los niños con palos y les dejaba cicatrices. Aquel 7 de septiembre, Daniel fue castigado, en apariencia, por Aparicio Pacheco, porque se comió unos dulces.

La investigación determinó que los menores sufrieron abusos durante año y medio porque no hacían los oficios domésticos antes de ir a estudiar, o porque no cuidaban al hijo de la pareja, que entonces tenía 2 años.

Prueba testimonial

Entre los indicios que presentó el MP se cuenta la declaración de Andrea, quien relata la forma que sus tíos les pegaban y cómo, el día en que murió su hermano, recibió una golpiza.

Esa noche —7 de septiembre de 2010—, Andrea se fue a dormir, llorando, y vio cuando Daniel dejó de respirar.

Según el testimonio de sus maestras, que habían denunciado el abuso, los pequeños llegaban a la escuela con golpes y laceraciones en el cuerpo.

Joseline Pixtún Porras, que también estuvo a cargo de Rodas y Aparicio Pacheco, pero que logró escapar y regresar con su padre, declaró en el juzgado que su hermano Daniel era el que recibía los golpes más fuertes.

Nery Baten, abogado de la Fundación Sobrevivientes, querellante en el proceso, aseguró que existen peritajes psicológicos practicados a las niñas que confirman los vejámenes de que eran víctimas.

Agregó que cuando el padre fue capturado, aseguró que Daniel no era hijo suyo. Pero un examen de ADN que se le practicó determinó que él era el padre biológico.

Se defiende

Rodas confirmó ante el juez que Aparicio Pacheco golpeó a Daniel, quien se desmayó. Aseguró que le brindó los primeros auxilios, pero no reaccionó. Señaló que no denunció el hecho porque Aparicio Pacheco es muy violento y ella tenía un embarazo de alto riesgo.

Subrayó que los padres de los menores “tenían total conocimiento de que los niños eran maltratados”, y que trataron de que regresaran con ellos, pero sus parejas no los aceptaron.

CUILAPA – El presidente en funciones Rafael Espada, decidió declarar estado de Calamidad Pública en el departamento de Santa Rosa afectado por la ola de sismos que se han producido desde el 19 de julio último y que se han intensificado en esta semana y que provocaron la destrucción de varias viviendas en la cabecera.

La decisión fue tomada anoche por recomendación de Consejo Nacional para la Reducción de Desastres y el decreto será publicado lo antes posible en el Diario de Centro América y tendrá una vigencia de 30 días informó la Conred en comunicado publicado esta mañana.

De acuerdo con el comunicado esta medida permitirá atender a la población afectada por la actividad sísmica y brindarles el trato digno.

La Conred habilitó un centro de acopio en la Gobernación departamental en Santa Rosa, a donde pueden llevar víveres, comida procesada, artículos de higiene personal.

“Los líderes comunitarios ejercen relaciones de poder muy altas en las comunidades y se atribuyen la propiedad de las personas, especialmente de niñas, incluso hemos visto que hablan con los padres, y ellos mismos las entregan”, señaló Cóbar.

La preocupación se incrementa porque los comunitarios amedrentan a las víctimas y sus familias, después de que estas presentan las denuncias ante las autoridades, lo cual ocasiona que la población acepte este tipo de agresiones como normales y no acusen a los victimarios.

Cóbar citó el caso de tres familias que huyeron sin llevarse nada, porque la población amenazaba con lincharlos, lo cual, considera, ha generado temor en los padres que aceptan la entrega de las menores, quienes son abusadas constantemente.

Esta situación se identificó después de la integración de redes de protección de la niñez dentro de las comunidades, donde se involucra a los jóvenes, quienes se quejaron de este tipo de abusos.

El Plan Internacional para Guatemala reportó un aumento en las agresiones sexuales en este departamento, en el que, según sus estadísticas, en el 2008 ocurrieron 20 casos de abuso sexual, en el 2009 se registraron 95, en el 2010 documentaron 177 y en lo que va del 2011 han sido reportados 30.

Según Cóbar, se ha coordinado con el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, para que cuando se detecte este tipo de casos, se procese a los victimarios, lo cual ha permitido rescatar a varias niñas que vivían en estas condiciones, aunque no precisó la cantidad.

Pese a que este tipo de situaciones se han identificado y denunciado, la respuesta es lenta, debido a la falta de recursos económicos y humanos en la provincia, aseguró Cóbar.

“Incluso las personas que deben documentar los casos son amenazadas en esas comunidades”, agregó.

Preocupa impunidad

Juan Quiñónez, especialista en adolescencia y juventud del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señaló que es preocupante la impunidad en los delitos cometidos contra los menores de edad.

De acuerdo con las cifras de Unicef, el 76 por ciento de los casos de violencia contra la niñez, en los que las víctimas son niños o jóvenes, no se investigan.

Quiñónez agregó que aún en los casos que sí se investiga, el 98 por ciento queda en la impunidad.

A Karla, una abogada recién graduada, uno de sus hermanos le contó que por Q600 podía obtener licencia de conducir. Cuatro años después, sigue sin estrenar el documento, ya que su esposo conduce el automóvil.

Historias como esta se repiten, aunque el desenlace no es el mismo.

Gabriela obtuvo su licencia de similar forma hace seis años, aunque sabía manejar, pagó Q1 mil.

“Yo lo hice porque me decían que el examen práctico era muy difícil, pero ya usaba mi carro sin licencia”, recuerda.

César Fuentes también tiene licencia, pero maneja poco, por temor al tránsito.

Prensa Libre verificó las irregularidades que se dan en la extensión de los certificados para que los mayores de 16 años obtengan licencia de conducir.

Vía telefónica se consultó a varias academias en la capital y la provincia. En una de ellas, ubicada en la zona 4 capitalina, la encargada ofrece el certificado en 30 minutos, por Q500. Solo solicitan una fotografía, cédula o Documento Personal de Identificación y boleto de ornato.

Carlos, como se identificó el instructor de otra academia, ofreció la certificación por Q800.

“Usted me dice dónde la recojo, vamos a mi oficina en la zona 9, en una hora y media le doy su certificado y solo tiene que pagar el examen de la vista y los años que usted quiera la licencia”, aseveró.

Licencia sin conducir

Algunos establecimientos ofrecen paquetes en promoción para julio por Q1 mil 300. Este incluye 16 horas prácticas, certificado, examen de la vista y un año de vigencia.

Si al cliente le urge la licencia se puede invertir” el proceso, señala Sergio, instructor de otra escuela ubicada en la zona 7.

“Le damos la licencia y después le enseñamos. Aunque no sepa manejar, ya tiene licencia”, indica.

La situación es la misma en la provincia. En una escuela que tiene sucursales en el suroccidente se ofrece el documento por Q550 para quienes no reciben las clases de “manejo”.

En Huehuetenango, el certificado cuesta Q750, sin el examen teórico y práctico que exige la Ley de Tránsito.

Según el instructor Herson Monroy: “El haber conducido bicicleta nos ayuda porque ya hemos aprendido a dominar el timón”, para lo cual se requieren unas seis horas.

Sin control estricto

El Departamento de Tránsito de la Policía tiene registradas 29 academias de automovilismo.

El jefe de esa dependencia, René Mazariegos, reconoce que existe un subregistro de escuelas que imparten las clases y tramitan licencias sin la autorización del Ministerio de Gobernación.

“Durante mi gestión hemos recibido una denuncia sobre una academia ilegal”, dice.

Accidentes y cambios

Según el director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital, Amílcar Montejo, la inexperiencia y el desconocimiento de la Ley de Tránsito son las principales causas de los accidentes, que el año pasado fueron 10 mil 282.

Asevera que hace ocho años la PMT propuso cambios al Reglamento de Tránsito, que se considera obsoleto “porque las condiciones del tránsito en la capital son distintas a las que establece”, refiere.

Relaciones Exteriores trasladó al MP dos denuncias para que se investigue la desaparición e 60 personas que se sospecha se encuentran entre las víctimas localizadas en fosas comunes en Tamaulipas, Durango y Sinaloa que se localizaron desde abril último.

Arturo Aguilar, secretario de Asuntos Internacionales del MP afirmó que existe una asistencia judicial constante con la Procuraduría General de la República mexicana para el intercambio de información sobre las investigaciones de estos crímenes y el cotejo de las pruebas de ADN.

“Nosotros servimos como coordinadores para la identificación de los guatemaltecos y la persecución penal de las personas que _en Guatemala_ estén involucradas en el tráfico de personas, la desaparición o bien de alguno de estos homicidios”, expresó Aguilar.

De esa cuenta es que se ha instruido a la unidad Contra la Trata de Personas, de la fiscalía Contra el Crimen Organizado, para extraer las muestras de sangre de los parientes cercanos de las posibles víctimas para que sean comparadas con los cuerpos localizados en esos Estados.

Esta unidad ha indiciado una investigación para identificar a los posibles responsables de tráfico de personas, que desde Guatemala estén vinculados con la red que comete este tipo de crímenes porque el delito que se comete en México se inicia en el país, puntualizó Aguilar.

Sin embargo el encargado de esta dependencia del MP Alex Colop aseguró que investigan únicamente dos casos en los que se detectó que algunos menores serían sacados del país con documentos falsos.