“No tengo ninguna esperanza de verlo” , lamenta su hermano Jamil Afridi, que ha aceptado hablar con la  AFP  en un lugar mantenido en secreto porque se siente amenazado.
 
El doctor Afridi, de unos cincuenta años, organizó una falsa campaña de vacunación contra la hepatitis C que sirvió para confirmar la presencia de Bin Laden, el temible jefe de Al Qaeda y cerebro de los atentados del 11 de septiembre del 2001.
 
Una vez localizado, un comando de las fuerzas especiales estadounidenses lo mató el 2 de mayo del 2011 en un ataque en su domicilio de Abbottabad, una pequeña ciudad paquistaní que alberga la academia militar nacional.
 
Pakistán consideró una humillación esta intervención, que ha dejado huella en sus relaciones con Estados Unidos, además de complicar el caso del médico.
 
Los detalles sobre cómo contactó la CIA con Afridi son confusos. La prensa paquistaní afirma que varios responsables de la oenegé Save the Children, con la que él trabajaba, actuaron de intermediarios. La organización lo desmiente.
 
El doctor Afridi reconoció estar implicado; lo hizo en la única entrevista que concedió sobre este tema, a la cadena estadounidense Fox News en el 2012. Fue confirmado por el exsecretario de Defensa de Estados Unidos Leon Panetta.
 

“Chivo expiatorio”

 
El doctor se encargó de organizar una campaña de vacunación para obtener una muestra de ADN en el lugar donde vivía Bin Laden. Afirmó que nadie le dijo quién era el blanco de la operación y se negó a huir del país cuando se lo pidieron.
 
Las autoridades paquistaníes lo detuvieron poco después. Fue juzgado por vínculos con extremistas  (un cargo poco creíble) y condenado a 33 años de cárcel, reducidos posteriormente a 23 años.
 
Desde entonces, el procedimiento se empantanó. El juicio en apelación comenzó en 2014 y se aplazó decenas de veces. Varios grupos de defensa de los derechos humanos dieron la voz de alarma y pidieron transparencia.
 
“Se ha convertido en un chivo expiatorio” , estima un activista de los derechos humanos, Zar Ali Khan Afridi  (sin vínculo de parentesco con él) .
 
Según su abogado, Qamar Nadeem, el doctor está encarcelado en aislamiento en una celda pequeña y a pesar de todas estas precauciones su vida corre peligro.
 
Nadeem lleva dos años sin tener acceso a su cliente. Es su segundo abogado. El primero huyó de Pakistán debido a las amenazas de los talibanes y fue asesinado durante una visita al país en 2015.
 
El médico sólo recibe las visitas de su esposa y de sus hijos cada dos meses aproximadamente, afirma el letrado.
 
Pese a un dictamen de la Alta Corte de Peshawar que concede el derecho de visita a sus hermanos y hermanas, Jamil lleva cuatro años sin poder verlo.
 
El tribunal “no reconoce la sentencia. (…) Soy muy pesimista” , suspira Jamil. Añade que le aconsejaron que no insistiera.
 
El abogado está convencido de que el  caso no avanzará sin presión por parte de Estados Unidos. “Por el momento no dio muestras de apoyo” , lamenta.
 

Prioridad a negociaciones

 
No siempre ha sido así. En el 2012, un comité del senado estadounidense votó simbólicamente un recorte de 33 millones de dólares de la ayuda concedida a Islamabad, o sea un millón por año de prisión impuesto al doctor Afridi.
 
Pero la presión estadounidense fue decayendo a medida que se reforzaban los vínculos con Islamabad y surgían otras prioridades, estiman varios expertos.
 
“Las negociaciones con los talibanes (afganos) se impusieron sobre todo lo demás” , estima Ahmed Rashid, un analista especializado en seguridad.
 
Los estadounidenses no quieren abordar “temas espinosos”  con Pakistán, considerado un mediador crucial en las negociaciones de paz en Afganistán.
 
Michael Kugelman, investigador en el Woodrow Wilson Center en Washington, estima por su parte que el caso Afridi “no ha desaparecido nunca. Creo que los responsables estadounidenses ejercen presión con cierta regularidad, con discreción” .
 
Pero “es probable que el tema haya pasado a un segundo plano”  -dice- ante las pocas esperanzas de que se alcance un acuerdo “a corto plazo” .
 
Las repercusiones del caso Afridi no son sólo diplomáticas: algunos extremistas lo ponen como excusa para rechazar las campañas de vacunación y atacar a los que las emprenden.
 
 

La deflagración, provocada según responsables por un artefacto explosivo improvisado de 4 kg adosado al autobús, se produjo en el barrio comerciante de Saddar, cuando el vehículo estaba recogiendo a los empleados para llevarlos a sus oficinas.

“Por lo menos 16 personas murieron y más de 24 sufrieron heridas en la explosión de un autobús de empleados gubernamentales” , indicó a la  AFP  un alto responsable policial, Mohammad Kashif.

Fuentes policiales y sanitarias confirmaron el balance.

La televisión difundió imágenes caóticas de heridos ensangrentados siendo evacuados, zapatos y restos diseminados sobre la calzada. El autobús llevaba a unos funcionarios de Mardan a Peshawar.

Por el momento, el atentado no fue reivindicado.

“El conductor nos dijo que nos preparáramos para la parada de Sunehri Masjid, pero entonces se produjo una tremenda explosión y sentí saltar el autobús. Sólo vi llamas y humo en la parte trasera del vehículo” , comentó Faqir Gul, de 32 años, en el hospital en el que fue ingresado por una herida en la cabeza.

El atentado del miércoles subraya que los milicianos conservan la capacidad de realizar ataques a gran escala pese a las amplias ofensivas militares paquistaníes, como la iniciada en junio del 2014 en el cercano Waziristán del Norte, una zona tribal donde operan talibanes y otros grupos extremistas locales y extranjeros vinculados a Al Qaeda. 

En el 2014, las autoridades lanzaron una ofensiva militar en las zonas tribales de Pakistán, feudo de los islamistas, que ha costado la vida a miles de combatientes, según el ejército.

Muchos otros combatientes islamistas se refugiaron en Afganistán, con lo que la situación de la seguridad en Pakistán mejoró considerablemente.

Desde el lanzamiento de la campaña, el número de víctimas de ataques extremistas cayó en el 2015 a su número más bajo desde el 2007, cuando comenzó la insurrección talibana en Pakistán.

La televisión mostró imágenes de una pared derrumbada y trozos de metal esparcidos por el suelo.

“Estaba haciendo cola para renovar mi documento de identidad, cuando oí a alguien gritar Allahu Akbar (Alá es grande). Luego me vi tirado en el suelo”, contó Nasir Khan, un obrero de 29 años.

El ataque fue reivindicado por una rama de los talibanes paquistaníes (TTP), en plena ofensiva militar contra los feudos de los insurgentes en el noroeste del país.

“Jamaat ul Ahrar reivindica el ataque contra los locales de la NADRA en Mardan”, indicó esta facción talibana en un comunicado transmitido por mail.

El texto promete seguir atacando las instituciones del Estado paquistaní “que participan directa o indirectamente en esta guerra” contra los islamistas.

Actualmente, Pakistán lleva adelante una ofensiva contra los talibanes y otros grupos armados en el noroeste, a lo largo de la frontera con Afganistán.

Jamaat ul Ahrar ha reivindicado decenas de ataques en Pakistán, entre ellos un doble atentado suicida contra un mitin político que causó 16 muertos en agosto, y otro contra dos iglesias de Lahore en marzo.

Desde hace más de una década, el ejército de Pakistán se enfrenta a varios grupos islamistas armados. Más de 27.000 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad han muerto en ataques perpetrados durante todo este período, según el observatorio South Asia Terrorism Portal.

No obstante, el nivel de violencia ha bajado y 2015 podría ser el año menos mortífero desde 2007, cuando emergió el movimiento de los talibanes paquistaníes.