El gobernante informó que la designación del secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad “provocará algunas rotaciones dentro del Gabinete”.

La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad establece que se debe crear una secretaría técnica de seguridad. Ese puesto se le ofreció a la ex ministra de Gobernación Adela de Torrebiarte, en octubre último, pero ella no aceptó.

Colom hizo ver que entre esas rotaciones se contempla que Jairo Flores, actual subsecretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y encargado de Cohesión Social Urbano, será trasladado a otro cargo, “en donde va a apoyar más”.

Se espera que los cambios se oficialicen en las primeras semanas de enero.

El vicepresidente Rafael Espada se reunió ayer con alcaldes, líderes comunitarios y ejecutivos de Unión Fenosa, para buscar solución a los problemas de distribución de energía eléctrica en San Marcos, los cuales originaron disturbios el 24 de diciembre.

“Queremos establecer una mesa de diálogo, para evitar problemas en Año Nuevo, similares a los ocurridos durante la Navidad”, expresó Espada. En esa fecha, vecinos bloquearon carreteras, en protesta por los cortes en el servicio de energía eléctrica y cobros excesivos.

El vicegobernante informó del irregular cobro de la tasa municipal en La Reforma, San Pablo, Malacatán, El Rodeo y Nuevo Progreso, y la falta de mantenimiento en las líneas de transmisión, que son los principales problemas que han generado disturbios y bloqueos de carreteras.

En el marco del 12 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, que pusieron fin a 36 años de guerra interna, el presidente Álvaro Colom ve avances. Mientras, en un acto religioso se resaltó que las causas que originaron el conflicto se mantienen.

De acuerdo con el mandatario, los principales avances después de la firma de la paz se han dado en una mayor apertura para los indígenas y la participación de la mujer dentro de la sociedad.

“Aunque no ha sido total la participación de los pueblos indígenas, no se puede comparar a años atrás de 1992, cuando se firmó el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas”, enfatizó Colom.

El 29 de diciembre de 1996, el Gobierno y los grupos guerrilleros de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron, en el Palacio Nacional de la Cultura, un documento que puso fin a un conflicto armado interno que duró 36 años y dejó más de 200 mil víctimas.

El gobernante también destacó como avance de la paz la reincorporación de la guerrilla, la desarticulación de cuerpos militares y el retorno de los refugiados de México y de Honduras.

Las declaraciones del mandatario fueron dadas a su salida de la Catedral Metropolitana, donde participó en una ceremonia religiosa organizada por el Foro Ecuménico por la Paz y la Reconciliación.

Vitalino Similox, secretario ejecutivo de esa agrupación, aseguró que las causas que originaron la guerra en Guatemala aún continúan. “Estamos preocupados porque las causas del conflicto armado persisten y, peor aún, se han agregado otras”, afirmó el religioso.

Similox enumeró la intolerancia política, el fanatismo ideológico, la pobreza, la concentración de la riqueza en pocas manos, el racismo y la exclusión como los principales males que aquejan a los guatemaltecos.

Criticó que la reconciliación no es una realidad, y eso genera frustración sobre todo entre los jóvenes, que manifiestan una conducta violenta.

“Esa situación es aprovechada por sectores como el crimen organizado y el narcotráfico, porque ofrece enriquecimiento ilícito, pero que también pone en riesgo la vida de las personas”, aseveró.

Colom, quien participó en el acto religioso, admitió que esas causas no han sido corregidas. “Yo siempre lo he dicho: la firma de la paz fue solo para callar los fusiles, y las verdaderas causas no se atacaron”, expresó.

También aseguró que su administración está llegando a la médula de la pobreza, por medio de salud y educación gratuita, y la lucha por establecer una modernización fiscal que pase de 12 por ciento de la carga tributaria, para que haya más recursos para el funcionamiento del Estado.

Acto Música para celebrar  

Un concierto de dos horas fue ofrecido ayer por la Orquesta Sinfónica y Filarmónica, a cargo del maestro Jorge Sarmientos, e integrada por 70 músicos, en conmemoración del 12 aniversario de la firma de la paz.

La actividad se efectuó en la Plaza de la Constitución y contó con la presencia del presidente Álvaro Colom; su esposa, Sandra Torres; el vicepresidente Rafael Espada; el secretario de la Paz, Orlando Blanco, y el ministro de Cultura y Deportes, Jerónimo Lancerio.

URNG Estancados 

La URNG declaró que los acuerdos de paz están estancados.

“Doce años después, la situación del incumplimiento de los acuerdos de paz se refleja en la violencia social y delictiva, la pobreza y la pobreza extrema, el desempleo creciente, la impunidad descarada, el imperio de la codicia empresarial en materia de especulación de precios, la ausencia de generación de empleo digno y salarios justos”, expuso ese partido.

La URNG cuestionó al Gobierno por no haber tomado en cuenta la aplicación de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz como política de Estado. Esa agrupación surgió en 1982 como coordinadora de los cuatro grupos guerrilleros más importantes del país (PGT-ND, FAR, EGP y ORPA). Además, fue signataria de esos acuerdos.

David Tereta Coz, agente de la SAAS acusado de secuestro y trata de personas, fue destituido en noviembre, luego de que una evaluación determinó que era de “poca confiabilidad”.

Según Ricardo Marroquín, jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), desde que tuvo conocimiento del caso —en octubre último— se inició una investigación interna, en la que se determinó que, más allá de la denuncia de la víctima de trata, Tereta no tenía el perfil de confiabilidad suficiente para seguir en la institución.

Tereta fue acusado por una joven de 21 años de haberla secuestrado, violado y grabado en video, en noviembre del 2007, junto con otros tres hombres que también podrían formar parte de la SAAS. Por ahora no se ha emitido ninguna orden de captura.

Cuando fue despedido, Tereta estaba asignado al servicio de seguridad de la mujer y las hijas de un funcionario de este gobierno.

Ahora se evalúa al resto del personal —900 personas—, para saber si hay más agentes implicados en la supuesta red de trata de mujeres.

“Algo que nos preocupa mucho es que hayan podido usar de refugio la casa presidencial de Izabal (lugar que la víctima reconoció como el de su cautiverio), por eso le dijimos al MP que tiene las puertas abiertas para hacer cualquier reconocimiento”, refirió el funcionario.

El presidente Álvaro Colom dijo que no está informado sobre lo acontecido, pero enfatizó en que no se tolerará ningún acto de este tipo, y subrayó que es un caso aislado que no tiene vinculación con el trabajo general de la SAAS.