Por la muy lamentable realidad que estamos viviendo al momento en nuestro país, me parece importante compartir, tanto para los investigadores como para  la ciudadanía, algunas ideas que he ido recopilando al respecto, relacionadas con la explicación del crimen.

Partes de esta sección han sido extraídas de un primitivo escrito titulado El futuro viable de la criminología, criminología en acción, de la Universidad de Montreal, 1968. El escrito en cuestión dice que se ha elaborado un útil modelo analítico de tres sistemas principales: cultura, sociedad y personalidad. El sistema cultural se refiere a valores y normas; el sistema social, a la estructura o la interacción grupal e individual, que se refiere a las fuerzas biosicológicas y psiquiátricas dentro del individuo. Estos son sistemas interesantes, interesados y aislados por motivos analíticos. Cada individuo es un organismo biológico, un bagaje de valores transmitidos culturalmente, un miembro de algunos grupos sociales que de tal modo interactúan con otros. Los tres sistemas están, en la realidad, engranados y combinados, pero las disciplinas del conocimiento enfocan diferentes aspectos de cada sistema.

Tanto en la criminología académica como en la mentalidad popular pueden notarse cambios en el énfasis sobre el sistema. Si el moderno análisis del crimen y del criminal puede datar desde los escritos de Cesare Lombroso en el último cuarto del siglo XIX, el énfasis en la primera etapa puede encontrarse, seguramente, en el sistema individual. Por ejemplo, sobre el criminal atávico o de nacimiento, que era un retrasado biológico en una primera etapa evolutiva, una anomalía genética caracterizada por marcados rasgos físicos como prognatismo, brazos lagos y frente oblicua.

Estudios sicológicos desde 1915 hasta la actualidad han enfatizado sobre la condición mental del individuo.

La tarea principal de dichos estudios era proyectar una tipología de personalidades, con uno o más tipos de personalidades, con uno o más tipos susceptibles de desviación en general, o hacia algún tipo específico de desviación.

Un movimiento hacia el sistema social surgió en la década de los años 20. El “entorno” solo es considerado como la escena de acción para la persona, sino como un material con el cual se construye la propia personalidad. El énfasis en la sicología social como el lado “subjetivo de la cultura social” lo coloca en proximidad con un enfoque de la personalidad y la cultura. Las personas tienen actitudes o propensión a actuar; los valores son externos al individuo y a los objetos hacia los cuales la gente tiene actitudes. Ciertas urgencias sociales, como el deseo de seguridad, de amor, satisfacción del yo, de respuestas, de reconocimiento y nuevas experiencias universales, pero de intensidad variable en distintas personalidades.

Con la noción de que el aprendizaje es parte de un modelo de respuesta que lleva a la desviación que enfatiza el sistema social y la interacción entre el individuo y su grupo, encontró un fértil campo donde desarrollarse en 1924. Ahora la persona que se convierte en criminal debido a frecuentes, largas, intensas o tempranas asociaciones con otros que fueron criminales, comparados con aquellas que no lo fueron. La asociación diferencial realmente cambió el enfoque de la Criminología, sobre el sistema de la personalidad, hacia el sistema social.

Pero todavía debía llegar otro cambio, uno que firmemente colocara el peso de la explicación en un ámbito más amplio, que tomara como causa macrofuerzas e hiciera del delincuente un individuo más cautivo del determinismo histórico, político y económico, que de su interacción biológica o personal con otros.

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Se dice que uno de los síntomas más claros de que un gobierno está agotado es que empieza a  aplicar soluciones sencillas a problemas sumamente complejos.

En un sentido amplio, el término “Estado fallido” se usa para describir a un Estado cuyo gobierno se ha hecho ineficaz, teniendo solo un control nominal sobre su territorio, un gobierno que convive con grupos ilegales armados, como es el caso de los sicarios y extorsionadores, que tienen aterrorizada a gran parte de la ciudadanía —léase pilotos y usuarios de camionetas urbanas y extraurbanas, comerciantes, propietarios de tiendas y almacenes—, y ahora en modalidad motorizada, que atracan a propietarios de automóviles particulares circulando.

Lamentablemente, este y anteriores gobiernos solo han visto los afloramientos de la delincuencia, sin penetrar a reconocer sus verdaderas causas y raíces. Se dice, en forma generalizada, que mucha de la delincuencia radica y surge en los centros penales del país.

Parece ser —y debiera verificarse— que a los sentenciados, cumpliendo condena, se les tiene en condiciones infrahumanas y, como generalmente la mayoría de ellos son personas ignorantes cuyas familias son de escasos recursos económicos, se ven obligados a satisfacer sus necesidades ingentes valiéndose de la telefonía celular, en forma ilegal; la prueba es que para los delincuentes de galones, y los de cuello blanco y corbata, se ha creado una cárcel como la de Mariscal Zavala o Matamoros, donde viven a cuerpo de rey, o sea que los fuertes militares que albergan la tropa para fines específicos como la invasión territorial o motines que salen del fuero policiaco han sido desvirtuados al convertirlos en cárcel.

He pensado que los señores jueces deberían limitar su acción a dictar sentencia y no entrar a discriminar al tipo de delincuente. Digo esto para casos como el de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, a quien confinaron a Santa Teresa, pero en un “apartheid” privilegiado.

Los ciudadanos que han cometido algún delito, a mi parecer, deben ser sancionados todos por igual. Si el fallo judicial es privarlos de libertad, deben ir a cumplir su sentencia en las cárceles que son para todos, puesto que el delincuente no tiene clase social.

En resumen, los delincuentes que entran en una clase de persona que debe pagar su delito con privación de libertad, deben purgarlos en los centros de detención por lo que deben tener condiciones razonables de habitabilidad para todos, porque esa sentencia no incluye tortura de ninguna clase, y menos aproximarse al tipo de ergástulas como lo fueron en Europa, en el siglo XVIII.

Por otra parte, “la vagancia es punible”, igual que “el trabajo forzoso”, y el Estado incumple con esos preceptos. Ello obliga a que los centros carcelarios ofrezcan todas las facilidades ocupacionales para los distintos intelectos y capacidades, buscando la entretención de los reos, a la vez que apoyen una formación intelectual, o el desarrollo de sus habilidades innatas. En el sistema actual, tampoco reciben asistencia psicológica, cuando el acto delincuencial como femicidio o violencia intrafamiliar puede tener muchas motivaciones que los jueces de sentencia no deben ignorar.

La forma actual se puede resumir en que los que cometen delitos entran burros y salen mulas.

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En Derecho se entiende justicia  como virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece, y Derecho  es el conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civil, y a cuya  observancia pueden ser compelidos los individuos, por la fuerza. La Constitución guatemalteca, en su artículo 18, se refiere a la pena de muerte, o sea que constitucionalmente está vigente, pero  como consecuencia de un fallo judicial  no se aplicado a criminales que han cometido asesinatos  incluso con todos los agravantes: alevosía, nocturnidad y  despoblado. La ultima vez que se aplicó fue en el 2000, por inyección letal, a dos    miembros de una banda  llamada los Pasaco;  sin embargo, todos los días trasciende al gran público  la ejecución alevosa en las calles citadinas de hombres, mujeres, jóvenes y niños, acción  que ejecutan sicarios  con el fin de amedrentar a la población.

Los asesinatos de mujeres van en aumento y septiembre fue el mes más violento, después de mayo. Además, más de millar y medio de pilotos del transporte urbano han sido asesinados en los últimos 24 meses.

Me permito exhortar a los diputados a reparar en esta situación y meditar sobre la necesidad y oportunidad de sacar del congelador el artículo 18 de la Constitución de la República, que además sería un respaldo más para la institucionalidad y el orden social en el país.

El gran debate doctrinal sobre la legitimidad de la pena de muerte ha constituido una de las más vivas polémicas que se han sostenido en el campo de la disciplina jurídica, como tal. Es por ello que me permito tratar sobre tan inquietante tema, reservándome el derecho de dar mi opinión al respecto.

Hay países que han abolido la pena capital, pero como consecuencia de cuantiosas inversiones dinerarias para fortalecer las instituciones judiciales de investigación y de seguridad, para que haya paz y tranquilidad social, paralelamente con la creación de empleos, asistencia social y educación cívica y moral desde la niñez, así como campañas moralizadores para toda la ciudadanía.

Ha habido dos posturas: la tesis abolicionista y la antiabolicionista, de donde se desprende una posición ecléctica. Amnistía Internacional presentó la siguiente estadística: 60 países mantienen vigente la pena de muerte y la aplican; 91 la han abolido completamente; 11 la mantienen reservada para crímenes cometidos en circunstancias excepcionales.

La tesis abolicionista propone que se suprima, con el argumento de que no produce efectos intimidatorios, y la antiabolicialista propone que se instaure.

Los defensores de la postura ecléctica consideran que la pena de muerte no debe ser aplicada en tiempo de normalidad, pero sí en circunstancias extraordinarias de descomposición social, como es nuestro caso actualmente.

Concretando, en Guatemala la necesidad es lo que propiamente justifica la reinstalación de la pena de muerte, pues es indiscutible que sin ese castigo se seguirán incrementando los crímenes feroces e irá en aumento el número de malhechores con el gran peligro que para la sociedad guatemalteca representa.

Claro que para su aplicación se exige que concurran las indispensables condiciones: 1) que solo debe aplicarse para casos gravísimos; 2) que exista un proceso investigativo altamente profesional que aporte plena prueba y humanamente cierta de la culpabilidad del condenado; 3) que haga sufrir menos al condenado; y 4) que no se aplique en presencia del pueblo. La publicidad debe sustituirse por la notoriedad.

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En el decreto legislativo 207 del 30 de noviembre de 1945, el Congreso de la República, tomando en consideración que la Usac fue declarada autónoma y que, por lo tanto, no se justificaba que en su plan de estudios existiera un ciclo correspondiente a la enseñanza secundaria, que corresponde directamente al Estado, en un por tanto decretó en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Educación Pública, decreto  gubernativo 1959,   que el mismo quedara así: “La Enseñanza Secundaria se da en institutos nacionales o en particulares autorizados (artículo 1º.).

El artículo 32 de la Ley Reglamentaria de Educación Pública, decreto gubernativo 2081, quedó como sigue: artículo 32. “La enseñanza secundaria comprende cuatro años y define el Plan de estudios para cada año lectivo, incluyendo clases generales como: Solfeo y Canto; Educación Física; Dibujo lineal y natural; trabajo manual; Lengua latina. Quedando suprimidos los artículos 29 del decreto gubernativo 201 y el 35 del 2081 en su artículo 4º.

Por acuerdo gubernativo número 81, del 18 de mayo de 1946, el presidente de la República, considerando que año con año, en el período de inscripción, la cantidad de aspirantes a los estudios posprimarios era superior a la capacidad de las aulas y del profesorado disponible, y que de los maestros que servían en las escuelas, muchos de ellos, teniendo vocación para ejercer la carrera docente no habían tenido la oportunidad de hacer los estudios pedagógicos que los capacitaran para la función educativa, o bien, habiéndolos iniciado no pudieron terminarlos por múltiples circunstancias, acordó aprobar un reglamento de estudios libres y de capacitación docente, autorizó la impartición de los estudios libres de enseñanza posprimaria de Bachillerato, Comercio, Artes industriales con opción al título o diploma correspondiente.

Se entendió por estudios de capacitación y nivelación docentes los que se hicieran en las asignaturas del plan de estudios de los institutos normales, en la carrera de Magisterio, sin tener la obligación de asistir a las clases ordinarias de los establecimientos, pero llenando los requisitos y sujetándose a las limitaciones que contenía el reglamento.

Los docentes y las personas mayores de 20 años también podían seguir estudios de capacitación y nivelación, siempre que llenaran las condiciones siguientes: a)Haber servido como maestro de escuelas primarias, nacionales o privadas durante un período no menor de cinco años, con resultados satisfactorios, siempre que hayan cursado y aprobado el último grado de la Escuela primaria integral. b)Haber tenido el Diploma de Maestra especializada en la enseñanza de párvulos y ejercido la profesión por un período no menor a tres años. c)Haber obtenido el diploma de Preceptor, Maestro de enseñanza rural o de enseñanza elemental. d)Haber cursado y aprobado, por lo menos, las asignaturas del Primer año normal. e) Tener el diploma de graduado en Ciencias y Letras y haber servido como catedrático en establecimientos nacionales y particulares.

Con esta disposición quedaron derogadas las establecidas por el reglamento de estudios libres y de capacitación y nivelación docentes, de fecha 22 de julio de 1945 y todas las disposiciones reglamentarias que se opongan al cumplimiento de este reglamento.

Así también se reglamentaron los estudios de los institutos normales públicos y privados para preparar maestros y maestras, y por la demanda también los hay en jornadas nocturnas.

Alrededor de los años 30 hubo una proliferación de colegios privados nacionales y extranjeros de gran prestigio.

No me explico el porqué ni a quién se le ocurrió colocarle Gaviotas a un reclusorio para menores   que han cometido una falta grave o un delito. El nombre pertenece a un ave del orden de las palmípedas. Son compañeras ruidosas y vocingleras de pescadores y gente del mar. Fue también popularizado como una canción regional mejicana escrita por el compositor hidalguense  Manuel Esquivel Durán  e interpretada por la diva mejicana Chayito  Valdez, más conocida como la Reina de la Canción, y otras famosas como Lucha Villa.

En los últimos años varios indicios demuestran que la Sociología está adquiriendo una popularidad creciente. Por una parte, aumentó de manera considerable la cantidad de alumnos inscritos en los cursos de esa carrera en las universidades de varios países del mundo, cursos ya bien diferenciados, de los de asistencia social. Por la otra, en los temas de carácter público se tiende a dar crédito a las opiniones de quienes se llaman a sí mismos sociólogos. En consecuencia, es muy importante que los profesores y los estudiantes de Sociología adquieran una idea más clara de la clase de preguntas que puede contestar su disciplina y de aquellas a las que no logrará responder.

Sería interesante conocer cuáles fueron los argumentos, que en su momento, invocaron quienes concibieron la idea de fundar esa institución llamada Gaviotas y qué conocimientos relacionados poseían, porque con los acontecimientos de aparente rebelión interna que allí se han suscitado se hace necesario analizar las causas con seriedad y profesionalismo, en vez de solamente tomar una actitud policial para tratar de restituir el orden perdido.

El convencimiento de que la tradición sociológica dominada por el empirismo y el positivismo encierra muchas imperfecciones es lo que hace que quien escribe trate de motivar a quienes corresponda, en el Estado, a retrotraer los fundamentos para revisarlos, porque la tradición empirista impulsa a resolver los problemas colectivos a partir de toscas generalizaciones ad hoc. Y esto porque no estamos hablando de resguardar ganado, o de una rebelión en una cárcel de adultos, sino de educar con principios y valores éticos y morales a jóvenes de 7 a 17 años, ya que quizá en la mayoría de los casos no los reciben de sus padres, que seguramente no juegan ese importante papel, y solo son progenitores, y si además se les imparten cursos acordes con los programas educativos del ministerio correspondiente.

En resumen, debería dársele la estructura de un internado para varones, y calcar ese modelo para niñas, a fin de evitar otra situación como la ocurrida en el Hogar Virgen de la Asunción.

La naturaleza hace que todos los niños nazcan física y mentalmente normales, salvo factores externos o hereditarios que lo impidan. Entonces se les llama malcriados (mal criados), o sea que la mala crianza procede de los padres o los mayores que los rodean. Tal situación requiere que un sociólogo de la institución, previo a recibir a un niño, visite el hogar del cual procede, para hacer una serie de observaciones que le permitan conocer su ambiente físico, moral y legal, porque es la única forma fiable para recoger importantes insumos para estudiar la causa de la conducta irregular del niño o niña, y así la asistencia psicológica que se le provea sea correctamente inducida, ya que la mayoría de esos menores aprenden a encerrarse en el silencio por temor a más agresiones.

El enfoque científico de la Sociología enfatiza el papel que deben desempeñar los modelos teóricos en la orientación que el profesional escoge para abordar los problemas de su investigación.

Aunque el tema pareciera extemporáneo porque el próximo evento electoral se encuentra en lontananza, es oportuno tratarlo esperando que en el Congreso  lo sometan a  análisis, por las múltiples ventajas que conlleva en  beneficio para el país. A mi criterio, es algo que debería adoptarse en Guatemala, por sus múltiples y evidentes beneficios para el desarrollo de la Nación y  la creación de una cultura democrática.

La democracia liberal ha sido construida con base en el concepto de representación, tan presente en la práctica política actual, desde los tiempos de Hobbes hasta los teóricos de modelos más recientes.

En el modelo original de la democracia representativa —con sus premisas políticas o diseños jurídicos— no cabe cómodamente una propuesta encaminada a lograr la efectividad de un instrumento que supone la existencia de un mandato imperativo como vínculo de poder. Como es el caso del voto programático.

El ejercicio del voto programático deriva en la creación de un mandato imperativo para el ejercicio del poder público. De manera resumida, es un andamiaje adscrito a la Ley Electoral y de Partidos Políticos consistente, básicamente, en los siguientes elementos: se vota por un programa —los partidos políticos en contienda deben tener un claro programa de gobierno—, que es entendido como una propuesta vinculante, si se llega a acceder al poder es obligatorio su cumplimiento y, en caso de no hacerlo, deriva en la posibilidad de sanciones de diversa índole.

El voto programático fue visto y encuadrado en la teoría democrática de varios países sudamericanos, particularmente en Colombia se ha desarrollado en la práctica eligiendo presidentes, gobernadores y alcaldes.

En el caso de Guatemala, hemos tenido 63 presidentes en 196 años —tomando como uno las juntas de Gobierno—. Si restamos los 62 años que han ocupado las cuatro grandes dictaduras —Rafael Carrera, Justo Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico— a ese total de 196 años desde la “independencia”, resulta un promedio de un presidente cada dos años.

¿Cómo puede un país “remontar su vuelo” —como reza nuestro himno nacional—, si cada una de las caras y caretas que han ocupado la silla presidencial no han sido más que arribistas politiqueros, sin un plan o programa de gobierno, y solo con el plan de cooptar al Estado?

En nuestra historia patria, el único candidato presidencial que conocía a cabalidad las necesidades y prioridades que el país requería fue el Dr. Juan José Arévalo Bermejo, de tal manera que el dictador Jorge Ubico Castañeda, cuando él se empezaba a perfilar como candidato alternativo, lo obligó directa o indirectamente a exiliarse en la república de Argentina.

El expresidente Vinicio Cerezo Arévalo, recuerdo, presentó un documento que contenía planes por desarrollar, o algo por el estilo. Fuera de ellos, todos los demás candidatos han llegado a la Presidencia sin más visión que enriquecerse y sentir las mieles del poder.

Obviamente, para adoptar e instituir el voto programático en Guatemala es imperativa la creación de leyes y reglamentos en lo atinente al sistema electoral, la Constitución de la República, la Ley Electoral y quizá hasta la creación o derogación de otras normas.

El voto programático consiste en la obligatoriedad a los candidatos a presidente de la República, alcaldes y gobernadores a presentar un programa de gobierno al momento de solicitar su inscripción como aspirantes a tales puestos, y si al ser elegidos no lo cumplen, la población electoral puede invocar algunos mecanismos legales que permiten incluso removerlo del puesto.

En el cajón de mis “trapos literarios viejos” encontré un libro de Sociología que llevábamos en el Bachillerato, y un tríptico de un evento relacionado con la posición del Grupo de seguimiento al tema del trabajo infantil (GTI) realizado en Guatemala el 20 de noviembre del 2012, los cuales despertaron mi interés por lo acontecido en el Hogar Seguro Virgen de La Asunción, luego en la correccional para menores Las Gaviotas y otros sucesos en los que se ven involucrados niños, adolescentes y jóvenes.

En el mencionado libro de Sociología atrajo mi atención una anécdota que relata un hecho relacionado con una visita hecha por el emperador Napoleón Bonaparte a la Academia Militar Saint Chamond, en Francia, cuando de manera servil el director de la Academia le preguntó cuál era, en su opinión, la edad en que debía iniciarse la educación de los jóvenes. La respuesta de Napoleón fue: “Quince años antes de que nazcan, educando a la madre”.

En cuanto al tríptico mencionado, su título fue El impacto social del trabajo en la niñez y la juventud, en el cual participaron algunos personajes de la época como la señora Ana de Molina. Los objetivos del Foro fueron: Iniciar un proceso de conocimiento sobre las temáticas de la economía contemporánea y su relación con el trabajo de los niños, niñas y adolecentes trabajadores; Conocer los impactos potenciales que las políticas de la economía contemporánea tienen sobre la niñez y la adolescencia trabajadora; Compartir los conocimientos que sobre el tema tengan los miembros del GTI; Los aportes realizados en este foro y otras actividades que se realicen serán una plataforma que servirá para ir construyendo la posición del GTI sobre estos temas económicos que de una u otra forma inciden en la población, especialmente de aquella en mayor riesgo y vulnerabilidad: los niños y las niñas y adolescentes trabajadores, entre otros.

Imagino que, obviamente, debió producirse un informe sobre los resultados y recomendaciones del Foro; sin embargo, en la Hemeroteca Nacional no encontré nada al respecto. Cosa usual en este tipo de eventos.

Como el tema está sobre el tapete, y además concierne a nuestros legisladores, el Gobierno Central y la iniciativa privada, me permito abundar en la información sobre lo que se entiende por trabajo infantil. El trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo o actividad que priva a los niños o niñas de gozar su infancia. En efecto se trata de actividades que son perjudiciales para su salud física y mental, por lo cual impiden su desarrollo en general. El trabajo infantil incluye trabajo infantil antes de la edad mínima. La edad legal mínima en que los niños pueden aplicar autorizados a un trabajo es de 15 años, 14 años en los países subdesarrollados, para trabajos livianos, solo unas horas de vez en cuando; el límite mínimo de edad es de 13 a 15 años. Finalmente, para realizar trabajos arduos, el límite asciende a los 18 años, 16 bajo ciertas condiciones en los países subdesarrollados.

Las peores condiciones de trabajo infantil consisten en todas las formas de esclavitud o prácticas similares, como el trabajo forzoso, la trata, la esclavitud por deudas de los padres o la servidumbre. Esta también incluye actividades ilícitas o a las que puedan poner en peligro la seguridad, la salud y la moral de los menores, como la prostitución, la pornografía, el reclutamiento forzoso debido a conflictos armados, el tráfico de armas o de drogas, etc.

El trabajo forzoso incluye tareas domésticas con horarios excesivos o en un medio insalubre o peligroso, o que requieran uso de sustancias tóxicas o herramientas peligrosas.

Los efectos negativos del trabajo infantil son muchos, además de envejecimiento prematuro, desnutrición, depresión o drogadicción.

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La delincuencia es un fenómeno universal y tan antiguo como la misma humanidad. Ya en la Biblia, con el asesinato perpetrado por Caín, hijo de Adán y Eva, en su hermano Abel, concurre el fenómeno delincuencial que se aloja dentro de la criminalidad. Dentro de la criminalidad no es solo el asesinato el delito que se imputa. En síntesis, es el conjunto de acciones consideradas ilegales y que son perseguidas y castigadas por la justicia. En el marco de la delincuencia se encuentra el crimen, una acción considerada como especialmente grave.

La idea de criminalidad tiene dos acepciones. Por una parte es el conjunto de elementos y factores que permiten que una acción sea considerada criminal. La segunda entiende la criminalidad como el número de delitos criminales que han ocurrido en un lugar determinado, en un período de tiempo. Este último significado es el más común, ya que los medios de comunicación y las autoridades utilizan el índice de criminalidad como un dato importante para evaluar la seguridad en un territorio determinado.

La evolución de la criminalidad es un índice fundamental para comprender la realidad social. Al mismo tiempo, el tipo de crímenes que se cometen es importante para conocer ese fenómeno delictivo.

Ancestralmente, el crimen ha tenido tanta importancia que se ha conjugado en la ciencia reconocida como Criminología, que estudia todos los aspectos que forman parte de ese tipo de conductas. Se trata de un conocimiento que engloba elementos de la Sociología, el Derecho y la Psicología.

La Criminología intenta comprender un hecho aislado, un crimen concreto y, paralelamente, lo estudia como expresión de una sociedad.

La seguridad, en sus distintos aspectos, es una de las necesidades básicas de la humanidad, como lo es el amor, pues sin ellas es difícil llevar una vida normalizada.

En las últimas décadas ha surgido un nuevo concepto: el crimen organizado, que no se refiere simplemente a los grupos mafiosos tradicionales, sino también la trata de personas se incorpora a la idea de crimen como una realidad global. De hecho, los cuerpos de seguridad de otros países cooperan conjuntamente para luchar contra el crimen organizado.

El crimen también tiene su historia y su evolución. Los historiadores y los medios de comunicación se han ocupado tradicionalmente de los crímenes más famosos de la humanidad: Julio César, Lincoln, Kennedy, Luther King, Gandhi.

En Guatemala fue noticia internacional el asesinato del periodista Alejandro Córdova y el cometido contra una niña, en un negocio llamado El Torreón, por Miculax Bux.

Los crímenes pueden tener distintas génesis: políticas, pasionales, religiosas, tráfico de drogas y, ahora, la extorsión.

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El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró el otro día a la revista Skynews que no recuerda el nombre del médico ni el de alguno de los médicos que emitieron declaraciones de impedimento físico que le permitieron eludir el prestar servicio militar cinco veces durante la guerra de Vietnam, según consta en la Administración Nacional de Archivos y Registros estadounidense. Las dos primeras veces fueron en los años 1964 y 65; la tercera, en 1966; la cuarta, a principios de 1968; y en la quinta ocasión fue declarado no apto para prestar servicio militar. En una entrevista reciente con el New York Times, el gobernante dijo que “los espolones óseos que tuvo en el hueso calcáneo fueron una enfermedad menor, que no había tenido un impacto significativo”.

Ya como candidato presidencial, Trump había sido objeto de intensas críticas, por sus declaraciones sobre el historial bélico del senador demócrata John McCain, sobre quien dijo que no es un héroe de guerra, como muchos consideran, solo porque estuvo en una prisión norvietnamita” —obviamente porque fue capturado en el campo de batalla—. También criticó la forma como Barack Obama enfrentó el radicalismo islámico y el avance económico de China, y señaló a México como un vecino “que no es amigo porque está ahogando económicamente a EE. UU.”.

Su costumbre de ser afín a la critica destructiva, según me comentó un psicólogo amigo, es característica de personas que tienen temor de ser criticadas porque tienen muchas “colas” —antes de que me digan, digo—.

La ola de rechazo contra Donald Trump se está extendiendo en el mundo entero. El papa Francisco explicó por qué no critica a Trump: “No me gusta anticiparme a los acontecimientos, veremos qué hace”, aseguró en una entrevista publicada el domingo 29 de enero por la prensa italiana.

En relación con haber eludido las obligaciones legales impuestas a los jóvenes estadounidenses en cuanto a la obligación de prestar servicio militar al cumplir la mayoría de edad, Trump manifestó en cierta ocasión, hipócritamente, sentir una especie de culpa por no haber servido a su país en la guerra de Vietnam. Y ha asegurado que si hubiera sido llamado habría ido. Todas estas aclaraciones que nadie le ha pedido ponen de manifiesto su intención de justificar sus cobardes posiciones: eludir la vindicta pública y la ley respectiva.

En 1943, el psicólogo Henry Murray escribió un revelador perfil psicológico de Adolfo Hitler, en que indica: “Su débil apretón de manos demuestra una radical incapacidad para mantener relaciones humanas dentro de parámetros normales, y a quien lo aterra la intimidad.

Al leer sobre el emperador romano Nerón, célebre por ser la persecución de los cristianos y el incendio de Roma, se encuentran similitudes el temperamento de Hitler y el de Trump.

Las innumerables arbitrariedades y extravagancias atribuidas al emperador romano Calígula durante su breve paso por el poder dejaron fuera de toda duda el carácter excéntrico e incluso demente de su personalidad.

Durante los primeros meses de su reinado, Calígula ejerció una política de marcado tono demagógico-populista, lo que le permitió gozar de alguna popularidad entre sus súbditos. Presa de una enfermedad que afectó su mente, pronto empezó a cometer sus célebres extravagancias.

Entre toda la información gráfica que se ofreció por televisión de los actos callejeros de rechazo y desafío al nuevo presidente estadounidense en Washington, en otros Estados norteamericanos y otros países, se grabó en mi retina el cuadro que mostraba a policías antimotines tratando de disuadir a manifestantes descontentos, especialmente mujeres, por la investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso fue una situación nunca vista en la toma de posesión de los 45 gobernantes que le antecedieron. Presagio de que de hoy en adelante la era de Trump será de constante confrontación y represión al derecho de protesta que tienen los ciudadanos, como ya se está viendo.

El trasfondo de las protestas fue para defender la igualdad, la inclusión, la condena de la discriminación racial, la aversión e irrespeto por el sexo femenino y la cosificación que ese personaje ha hecho de la mujer en su vida privada y pública.

Los sicólogos no tendrán ninguna dificultad en señalar la tipología de la personalidad de Trump, pero quienes carecen de esa disciplina solo pueden verlo como un típico estadounidense ordinario, inculto descendiente de inmigrantes, como lo fueron sus padres, enriquecido, pero ignorante del conocimiento de la existencia de otras culturas ancestrales que han sido el cimiento del Derecho, los valores éticos y morales que equilibran la rotación de la tierra.

Su visión de la vida y su moral parecen estar notoriamente relacionadas únicamente con la riqueza material. Los bostezos manifiestos en la ceremonia religiosa que se le ofreció dieron a entender que no tiene más Dios que el dinero.

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Es una lástima que el señor Donald Trump, quien recibe la banda presidencial de los Estados Unidos hoy, desconozca la fábula del León y el ratón. Esta cuenta que el rey de la selva fue atrapado por una red colocada por unos cazadores, y ante sus atronadores rugidos ninguno de los habitantes de la selva se atrevió a salir para averiguar qué pasaba, salvo un ratoncito que con sus dientes fue capaz de cortar los lazos de la red y liberarlo.

En el sentido sociológico, el poder es la capacidad de un individuo o grupo de llevar a la práctica su voluntad, incluso a pesar de la resistencia de otros individuos o grupos. Puede ejercerse el poder por medios físicos, psicológicos o intelectuales. Un hombre puede lograr el poder por el hecho de ser físicamente más fuerte que otros; puede igualmente llegar a ser poderoso por ser capaz de ejercer una influencia psicológica o por sus éxitos financieros sobre otros hombres o multitudes. En circunstancias favorables, sus dotes pueden procurar a un hombre una posición de poder dentro de una comunidad o de una nación. El poder de un individuo puede ser considerablemente realzado si consigue ganar para sus fines la devota consideración de un grupo que simpatiza con ellos. Tal grupo puede ser un partido político, una sociedad secreta o una orden religiosa —por mencionar solo unos ejemplos—. Pero si una estructura de poder puede apoderase de todo un Estado y moldearlo con los principios de su propia organización, entonces nos encontramos con el Estado totalitario. En la época medieval, Derecho, religión y moralidad social estaban íntimamente relacionados.

El señor Trump, en papel de dictador, ha violado leyes fundamentales de los Estados Unidos que atañen a que nadie puede tomar decisiones que corresponden al Estado sin la anuencia del Congreso. Además se abrogó el derecho de agredir las relaciones internacionales establecidas por el Derecho Internacional, entre México y su país, al declarar por sí y ante sí, con odio racial, que establecería un muro divisorio entre ambos territorios en el momento en que ni siquiera había sido nominado candidato presidencial.

Viendo las cosas desde el punto de vista rústico, el “visionario” señor Trump no se ha dado cuenta de que la barrera que se propone construir lo aislará de toda América Latina, que puede surtirse de materias primas, diversos insumos, vehículos y productos terminados, de Europa y Asia, a mejores precios.

Aunque no soy agorero ni me gusta pronosticar, la lógica me hace señalar que Estados Unidos van a ser llevados por su presidente electo a múltiples problemas que hasta la fecha han sido cubiertos por mano de obra latinoamericana.

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Rótulos con el texto del acápite deberían colocarse en la sala de juntas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en los pasillos, en las oficinas, los consultorios, las salas de encamamiento, los quirófanos y hasta en los sanitarios.

Como primer antecedente de la legislación social en Guatemala están en las Leyes de Indias, compiladas en 1680. Ellas constituían intento de la corona Española de limitar los desmanes que sus súbditos cometían contra los indígenas. Entre sus disposiciones se encuentra la del establecimiento de la jornada laboral de ocho horas. Si bien es cierto que su aplicación dejó mucho que desear, esas leyes fueron un curioso anticipo de la legislación laboral profesionista que se implementaría siglos después. Las Leyes de Indias fueron renovadas en 1835 y 1851. En 1877 se dictaron varias normas de tipo laboral.

La Constitución de 1921 entroniza los principios e instituciones laborales que estaban en boga a escala internacional y es la plataforma de la legislación posterior. Sin embargo, en materia de seguridad social, solo se regularon algunos aspectos, muy periféricamente.

En 1926 se decretó la Ley del Trabajo, que incluía la protección del salario, la jornada de ocho horas diarias y 48 horas a la semana, descanso semanal, la protección al trabajo de mujeres y menores, y protección a la madre obrera. En 1932 se estableció por decreto el Sistema de jubilación, pensiones y montepíos para funcionarios y empleados públicos. En 1944, mediante decreto, se estableció la Secretaría de Gobernación, Trabajo y Previsión Social, equivalente a un ministerio de Gobierno, que cubría incapacidad, desempleo, vejez y muerte del trabajador.

El IGSS fue creado oficialmente el 30 de octubre de 1946, durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo. Él contrató a dos técnicos extranjeros, especialistas en el tema, además del ingeniero y actuario guatemalteco Milton Zepeda.

Desde varios años atrás se han venido presentando quejas contra médicos del IGSS y contra la institución, por deficiencias de diversa índole. De algunas de esas demandas, al final no se publican los resultados. Otras, de gran trascendencia, no han sido llevadas a los tribunales —generalmente, por falta de recursos de los afiliados ofendidos para pagar un abogado—, pero han trascendido por haber ocupado espacios de prensa.

Como anécdota, deseo contar cómo mi padre, una persona muy conservadora, fue el afiliado número 007. Seguramente, aprovechando la oportunidad, decidió hacerse un chequeo general. Para su asombro, el resultado daba positivo para sífilis. Convencido de que eso no podía ser realidad, constató que, efectivamente, se trataba de una confusión en la cual habían cruzado dos expedientes. Su gran preocupación, entonces, fue la de que el IGSS localizara al realmente afectado para ponerlo al tanto y evitar una situación altamente peligrosa.

Desde hace varios años atrás, la mayoría de gobernantes —no obstante que el IGSS es una entidad autónoma— han tomado esa institución como un nicho para alojar a amigotes, a fin de que se harten y “compartan”, o para pagar favores, porque el saqueo no es de ahora ni es la forma más jugosa; desde hace unos 15 o 20 años el fraude está en los contratos de compras y abastecimientos.

Sería conveniente revisar los trabajos de quienes han sido jefe de servicios de actividades financieras, actuariales y estadísticas —si existe la plaza— porque el 80% de las deficiencias se originan por carencia o incompetencia en los servicios actuariales. Esos son los planos de ruta para conocer el crecimiento o decremento de la población afiliada en cuanto a enfermedad, incapacidad y retiro, por edad o muerte, o sea que determinan las cifras que, en todo aspecto, va requiriendo la institución, para ser permanentemente eficiente, ya que los servicios que se deben prestar no son gratuitos, sino prepagados por los afiliados y las cuotas patronales.

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En este punto pensé que estaba incursionando en un terreno escabroso porque la historia está llena de nombres de hombres célebres y hombres talentosos dirigiendo empresas importantes, tanto como de mujeres destacadas, inspiradoras, profesionales talentosas, importantes, creativas, virtuosas, incluso la actual directora de la Nasa es mujer. Ello me permitió aclarar que mi intención era dar reconocimiento a la mujer, genéricamente hablando.

Mi tema va dirigido a la mujer citadina de escasos recursos, y escasa educación, que en su responsabilidad originaria con gran valentía se abre paso a codazos todos los días para llenar en vacío familiar que dejan los hombres, que ni siquiera asumen responsabilidad personal sobre sus propias vidas.

Las niñas maduran más temprano que los varones. Desde sus 10 u 11 años guardan como sacramental el sigilo del inicio de sus menstruos, apoyan en los quehaceres de la casa y en la crianza de sus hermanitos menores, asisten a los institutos para prepararse mejor, esperando que la sociedad se interese en propiciar oportunidades para ellas.

En la capital, al transitar por el Paseo de la Sexta desde muy temprano, se ve a mujeres, incluso con un niño en la espalda, empujando una carretilla de supermercado, ofreciendo desayunos a los jóvenes que se desempeñan en las tiendas, y durante el día también ofrecen elotes cocidos, porque hay demanda, dado que la economía familiar no es un tema para el Gobierno. Creo que en la provincia la situación es mejor.

En Guatemala, la única mujer que participó abiertamente en política fue doña Dolores Bedoya de Molina, en 1821, y desde entonces han transcurrido 63 presidentes, incluyendo al actual, que con muy honrosas excepciones, no han dejado huella de honestidad ni desarrollo para el país.

Recientemente vimos la fortaleza de carácter de una mujer que en EE. UU. luchó para alcanzar el poder y demostrar que las mujeres pueden, al margen de su posición ideológica. Yo insto a las estudiantes y graduadas en Ciencias Políticas para que organicen y capitaneen un partido político femenino y construyan una organización para apoyar a las mujeres que luchan solitarias. Si en algo puedo serles útil, con gusto apoyo para proponer a una mujer de reconocida solvencia moral y capacidad para futura Presidenta de la República.

Cuando me enteré del resultado de la reciente consulta electoral de los Estados Unidos, me quedé boquiabierto. Esto, porque por enésima vez acerté sobre mi creencia con relación al resultado final de algún asunto controversial de mi interés, de cualquier índole pero, esencialmente, en el área Socio Política, aunque mi expectativa no sea congruente con lo que finalmente hubiera querido que fuera. Hago esta confesión porque no se trata de ser agorero o brujo; creo que a muchas personas les pasa algo semejante. Tampoco se trata de apostarle a dos púgiles en contienda, para siempre ganar con cualquiera de ambos. Tampoco se trata de ciencias ocultas. Solo puedo suponer que no es más que el resultado de un profundo análisis que se da en el subconsciente, cuando el tema motiva mi interés.

El viernes 30 de septiembre, en este matutino expresé opinión negativa sobre el candidato Donald Trump. Argumenté que, “a ojos vista”, carecía de una aceptable cultura general y política. Pero cuando alguien me pidió opinión personal sobre el probable ganador, manifesté que, aunque Trump no era el candidato de mis simpatías, bien podría ser ganador, porque en sus apariciones públicas se le notaba autenticidad y porque sus mensajes eran lo que el elector en Norteamérica, en voz baja, deseaba oír.

Me parece que los estrategas de la señora Clinton le recomendaron que destacara su dialéctica política, su calidad profesional, su experiencia política y su urbanidad. El resultado fue un cúmulo de ideas, muchas veces incomprensibles. Algo así como que en Guatemala alguien que hubiera querido poner un plato de fiambre en cada uno de los hogares repartiera en cada uno todos los ingredientes necesarios para elaborarlo, o sea todas las materias primas, pero sin tomar en cuenta que en esta época el gran público ya no hace su propio fiambre, si no que lo compra hecho.

Si le damos toda clase de verduras y vegetales, aceite de olivas, pollo, quesos, chorizos, ajos, cebollas, pimienta recién molida, pimentón, jengibre, huevos duros, embutidos varios, un chile pimiento, filetes de pollo, etc. y fuego a todos los habitantes del país, solo uno entre miles sabrá, con todos esos ingredientes, elaborar un fiambre. Y solo uno entre millones de personas sabrá combinarlos para inventar con ellos un plato nuevo, aceptable por “todos”.

Lo mismo ocurre con las ideas políticas. Si damos información genuina y honrada, pero fragmentaria, con toda sinceridad, pero sin ninguna hilación, esperando que los receptores de estas ideas entiendan lo que estamos diciendo, solo uno entre mil podrá entender nuestro mensaje, y solo uno entre un millón podrá extraer conclusiones de ese confuso montón de materias primas que les hemos entregado.

Todo ese montón de materias primas que repartió la señora Clinton le costó más de 687 millones de dólares. Se atuvo a los datos que le dieron las “empresas encuestadoras”, a quienes pagó 11.1 millones de dólares. Confió en el voto de las minorías, siendo que ellas aún no son determinantes.

El ganador invirtió solo 307 millones de dólares, un 47% menos. Le habló a un triste subconsciente disperso en Norteamérica. Lo que convierte en “temas de salón”, espectros que ya se consideraban borrados en las naciones diz que civilizadas. Lo que resulta peligroso. Y contagioso. Sobre todo en países como los nuestros, tan fragmentados; por ejemplo, en lo racial.

La violencia es una de las múltiples manifestaciones de la pobreza, es por ello que me permito tomar de el libro El mundo al revés del autor Eduardo Galeano, los siguientes hermosos párrafos: (…) “Es tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir”. También me inspiró para involucrarme en este tema, la lectura del libro: Pariendo pobres de Roxana Ávila, licenciada en Informática y Administración Pública.

La pobreza se define como situación o condición socioeconómica de una población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer sus necesidades vitales. Tristemente la pobreza es un patrimonio del mundo.

La causa es la desigualdad que se agrava en el reparto de los ingresos y de la riqueza en los países y entre ellos, contribuye a consolidar ésta. Las razones por las que tantas personas no pueden satisfacer sus necesidades fundamentales son complejas, al ser esencialmente de naturaleza política, económica, estructural y social, familiar o espiritual, y se refuerzan por la ausencia de voluntad política, y los seres están limitados por la inadecuación de las medidas que toman los poderes públicos, especialmente en lo que toca a la explotación de los recursos locales.

En el plano individual los seres están limitados a la imposibilidad de acceder a los recursos, al conocimiento o a las ocasiones de disfrutar de un modo de vida decente.

En el plano social, las causas principales son las desigualdades en el reparto de los recursos, de los servicios y del poder. Estas desigualdades a veces están institucionalizadas en forma de tierras, de capital, de infraestructura, de mercados, de crédito, de enseñanza y de servicios de información. Lo mismo ocurre con los servicios sociales: educación, salud, agua potable y salud pública. Estas desigualdades perjudican más a quienes habitan en las zonas rurales, en las que viven el 77% de los pobres del mundo, aunque sin duda en las ciudades están todavía más desfavorecidos; todas estas dificultades afectan más a las mujeres que a los hombres.

El problema nacional es que la pobreza es generadora de violencia intrafamiliar, el alcoholismo, el divorcio y la procreación descontrolada, porque el hombre acosado por la asfixiante situación, se siente disminuido en su incapacidad de generar el ingreso familiar necesario, y para reafirmar su hombría, copula irreflexivamente incrementando la prole irreflexivamente.

En los planos social, económico y estructural, las resultantes son múltiples, variadas y generadoras de distintos tipos de violencia: Los embarazos de jovencitas, la procura de los papás, sobre todo de las madres, por casar pronto a la mayorcita, para quitarse una boca de encima, la imposibilidad de evitar que los varones tengan que cambiar la escuela primaria por una “caja de lustre” para agenciarse los alimentos del día y llevar algunos centavos a la casa por la noche —y ojalá los lleven— otros, se incorporan a grupos de mareros y las jovencitas entregadas a la prostitución, la realidad que nos presentan las noticias como una eficiente labor, no es más que el afloramiento de la pobreza.

La Constitución dice en su Artículo I. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado, garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Irrespetar o violar la Constitución constituye un delito fraglante.

La Administración Hospitalaria es una especialidad enfocada a la autonomía de la gestión de los servicios y las instituciones hospitalarias.

Actualmente, en Guatemala, una universidad privada cuenta con una maestría en Administración Hospitalaria, que llena un vacío que ha existido en este y otros países.

La dirección hospitalaria incluye, además de los servicios médico-quirúrgicos, la adquisición de equipos e insumos varios y los medicamentos. Pero como esta humanitaria acción esencialmente corresponde al Estado, al igual que la educación pública, se ha politizado, incluyendo los servicios que corresponden a la Seguridad Social, que en teoría es una institución autónoma, al servicio de los trabajadores. La administración hospitalaria debería ser encomendada a un administrador de empresas y a un director médico.

Parece que, aproximadamente hasta 1978, en la administración pública solo hubo “pulpitos corruptitos” que a partir de esa época crecieron y engordaron a nivel de la Presidencia y del Congreso. Hasta ese momento las compras hospitalarias de medicamentos eran así: los directores contaban con un administrador. El director con el grupo de médicos elaboraba la “Terapéutica Dirigida” a seguir para el año siguiente y, por medio de los agentes vendedores y visitadores médicos de las empresas proveedoras hacían el pedido necesario, con el que surtían mensualmente la farmacia del hospital. Los agentes y visitadores llegaban mensualmente, presentaban al administrador las facturas del mes anterior a cobro, inventariaban los saldos de los medicamentos que les correspondían; la administración cotejaba facturas, elaboraba la solicitud del respectivo cheque de pago, los saldos de existencias y el nuevo pedido. Ese papeleo lo presentaban al médico director, para su revisión y firma, los devolvía al cajero y este entregaba el pago, reteniendo los comprobantes.

Así de sencillo. Nunca hubo manifestaciones reclamando salarios de los empleados de Salud Pública, de ciudadanos quejándose por falta de insumos o deudas multimillonarias a proveedores, ni muertes numerosas de pacientes mayores o infantes, ni partos a 10 metros del hospital. Parece que los “pulpitos gordos” son altamente virulentos porque el IGSS está en agonía, por contagio.

Lamentablemente, la administración pública, desde aquel 1978, fue erradicando sin miramiento a funcionarios de alto rango, eficientes, de frente en alto, honorabilidad reconocida, sin caras ni caretas horripilantes, y fue sustituyéndolos por personas lábiles, o sea que resbalan y se deslizan fácilmente en los terrenos del compadrazgo y la corrupción.

Por lo que se ve, no han sido suficiente escarmiento los juicios y la larga sentencia que aguardan nuestro anterior presidente y la exvice, porque, según se dice, las campanas siguen diciendo en su tañir, dan, dan, darán.

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Así se denominó, varios años atrás, a un baile que consistía en que la pareja, frente a frente, daba tres pasitos adelante y cuatro para atrás, y tal parece que el gobernante y su camarilla lo aprendieron. Lo inconveniente está en que lo están usando para gobernar.

Si bien dice el adagio latino “humanum est errare” (es de humanos cometer errores), ha sido sana la costumbre de que las personas, ante la necesidad de tomar una decisión difícil, consulten con alguien de su entera confianza, que sea idóneo o versado en el tema. Es de ahí de donde, desde la antigüedad, los reyes, los papas y otros soberanos han contado siempre con consejeros. En la clásica novela El Príncipe y el Mendigo de Marck Twain , se nos relata que el Príncipe en algunas noches se disfrazaba de mendigo y, escapándose subrepticiamente del Palacio Real, iba a los barrios pobres a preguntar y escuchar las opiniones de sus súbditos con relación al reinado de su padre.

El expresidente estadounidense John F. Kennedy (1960-1963), no obstante su grado académico en Harvard, haber sido miembro de la Cámara de Representantes y oficial de la marina de guerra norteamericana, destinó un salón contiguo a su despacho, en el cual dispuso un área con muebles de sala y catres y colchonetas. Ahí permanecía un grupo plural de ciudadanos norteamericanos de distintos orígenes, oficios, culturas y costumbres, en absoluta francachela, a quienes acudía para que le dieran su punto de vista sobre algún tema de interés público atinente a la ciudadanía, incluyendo migrantes, para conformar su criterio. Este grupo, obviamente, era por fuera del Consejo de Estado.

En Guatemala, no es primera vez que el Gobierno toma una decisión y luego se echa para atrás. La ciudadanía no es ajena a eso y su reacción no es tanto de decepción con la administración pública, sino que la situación genera inseguridad.

Esa misma situación está viviendo el pueblo estadounidense respecto del aspirante a la Presidencia Donald Trump, quien se ha hecho multimillonario, sin duda dignamente, pero adolece de una aceptable cultura general. Demuestra carecer de buenos modales, no tiene conocimientos ni experiencia política. En la mesa de noche al lado de la cama de los presidentes está el teléfono “rojo”, cuyo objeto es declarar en un momento dado la orden de activar la defensa o el ataque de una guerra nuclear, y ese es uno de los temores de la ciudadanía que lo adversa.

Ni Supermán ni Mandrake se atreverían a gobernar un país sin un consejo de Estado y un grupo de asesores, pero este no integrado por “cuates”, compañeros de farándula o para devolver favores, sino un gabinete formado cien por ciento por ciudadanos profesionales, no comprometidos con grupos de interés.

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A finales del Siglo XVII, la Escuela Liberal difundió el principio de la incompetencia del Estado para actuar en la vida económica, porque estimó que al Estado, ente jurídico, le faltaba el motor del interés individual, único móvil que, a su juicio, era capaz de producir una actividad óptima. Y presentó pruebas de cómo el Estado en su intervención económica alcanzaba resultados muy inferiores a los que es capaz de alcanzar el esfuerzo individual.

Sobre estas ideas, con estos argumentos y con los fracasos evidentes que el Estado de Guatemala ha mostrado en las últimas décadas —por la corrupción inveterada de muchos de los últimos gobernantes, y que alcanzó el top de la corrupción durante el anterior período de gobierno del Partido Patriota—, muchos piensan en la incompetencia del sector público como algo que es inherente del Estado e incuestionable.

A mi juicio, el problema se plantea mal porque se parte del principio de que el Estado es un ente estático, que no evoluciona según las necesidades que debe afrontar. La realidad es que el Estado puede evolucionar y transformarse, y eso es, precisamente, lo que la ciudadanía espera del actual gobierno después de su primer año de noviciado: que con una adecuada organización —obviamente no comprometida con intereses espurios ni nepotismo ni compromisos por amistad—, pueda adaptarse a las nuevas condiciones históricas, económicas y sociales que estamos viviendo a partir de abril del 2015.

En consecuencia, el problema debe plantearse sobre esta base: ¿es necesario que el Estado intervenga en la vida económica?, ¿es posible dejar entregada una economía nacional al libre juego de los intereses individuales? La experiencia en otras naciones ha demostrado que la acertada actuación del Estado es absolutamente indispensable, pues es la única entidad con el peso suficiente para imponer fórmulas de solución. Adecuadas, por supuesto. Inspiradas en el logro del bien común a partir de las capacidades unidas de todos los recursos con los que cuenta el país.

Una crisis representa para la ciudadanía, desde el punto de vista de su simple manera de vivir, un descenso sumamente apreciable en sus posibilidades de subsistir. El desempleo puede ser el inicio de una de esas crisis, capaz de generar otros conflictos de gran trascendencia nacional.

Si entendemos que el Estado somos todos nosotros y no una entidad ajena, bien podemos comprender y aceptar la intervención del Estado. Y más aún, entenderla como necesaria en la vida económica, y aun deseable para muchos. Lo que procede es dotar al Estado —es decir, a nosotros mismos— de los organismos necesarios para poder actuar con precisión y con el máximo de eficiencia. Un órgano que parece necesario para estos propósitos es un Consejo de Estado, integrado por personas de reconocida capacidad, sin intereses gremiales, que permita actuar a partir de mayores consensos.

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No se por qué, pero es notorio que la riqueza de proverbios en Guatemala se ha ido perdiendo. Eso me parece muy penoso porque son sentencias, adagios o refranes cargados de mucha lógica y sabiduría práctica para vivir o eludir casos de la cotidianidad, sin afanes ni problemas. El que encabeza estas reflexiones refleja muy bien muchas de nuestras acciones personales y de nuestros gobernantes, pasados y presentes, que “la beben fría” o toman decisiones tardías sobre acontecimientos que se sabe que, indefectiblemente, van a suceder.

Las palabras introductorias vienen al caso para comentar el destrozo de las carreteras ni bien entrado el invierno, el hacinamiento humano en las cárceles del país, el déficit de aulas escolares, así como de hospitales públicos de enfermedades comunes, que incluyen al IGSS; la carencia de hospitales de especialidades, como hospitales infantiles, hospitales de cardiopatías, de gastroenterología, de traumatología, distribuidos en la provincia. Y no porque se haya incrementado la enfermedad o el deseo de los niños por estudiar, sino simplemente porque los programas de gobierno de los partidos políticos jamás han existido y, menos, haber hecho proyecciones estadísticas de crecimiento de la población para prever los requerimientos de servicios públicos, acorde con las proyecciones del crecimiento poblacional.

Fue necesario que se produjeran crímenes en la granja penal Pavón para desnudar la realidad del mal llamado Sistema Penitenciario, para que ahora aparezca en los medios de comunicación un ministro y hasta el presidente fotografiados, colocando la primera piedra de una nueva cárcel. Igualmente, fue necesario que un gobernante y su vice reventaran el tonel de la corrupta ambición para que la corrupción generalizada en lo público y en lo privado quedara al desnudo y se activara notoriamente el sistema de hacer públicos los juicios, al menos los de alto impacto —procedimiento para la administración de la justicia penal que fue propuesto por el entonces presidente de la Corte Suprema licenciado Edmundo Vásquez Martínez, que culminó con la aprobación del actual Código Procesal Penal.

¿Será que todos somos ineptos o solo los ineptos han copado los puestos en la Administración Pública?

Nadie previó que el transporte público existente en determinado momento iba a colapsar por el crecimiento de la ciudad y de la población citadina. Entonces, quienes pudieron se hicieron de un automóvil familiar, pero no se mejoraron los accesos a los sectores circunvecinos. Ninguno previó que con la baja en los precios de los combustibles y las facilidades para comprar una motocicleta el incremento de la circulación de esos vehículos iba a requerir drásticas regulaciones en el Reglamento de Tránsito.

“Después de ahogado el niño, cegado el pozo”

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Se denomina espectro electromagnético (E.E.M) a la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas. Referido a un objeto se denomina “espectro” a la luz, radiaciones UV (ultravioleta), rayos X y a la radiación IF (infrarroja). El E.E.M. es el resultado de la distribución de diferentes componentes de distintas longitudes de onda del conjunto de las radiaciones de naturaleza eléctrica y magnética.

Para mejor entender decimos que es un bien público, porque forma parte del espacio aéreo guatemalteco, como una cúpula formada por ondas eléctricas-magnéticas que cubre todo nuestro territorio. Por tanto, el Estado guatemalteco puede intervenir por mandato de ley, pero no lo hace, para garantizar el pluralismo informativo y la competencia y evitar las prácticas monopolísticas del citado bien. La radio, la televisión, la telefonía, la difusión por cable, el telégrafo, el télex y, actualmente, internet son algunos de los medios que utilizan el E. E. M. para enviar y recibir mensajes, y en general toda clase de datos e información.

Como bien público, el espectro electromagnético es inalienable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control exclusivo del Estado, que debe garantizar el acceso a su uso en igualdad de oportunidades y en los términos que fije la Ley. Por lo tanto, la libertad de fundar medios masivos de comunicación haciendo uso de este bien público también se ve limitada. Al hacer uso de E.E.M. se tiene que subordinar obligadamente a las normas que lo reglamentan. Para ello hay que revisar el Reglamento Guatemalteco de Radiocomunicaciones del Convenio de la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT) y ver los documentos que se refieren a gestión, control y vigilancia del E.E.M., así como el decreto 195 de 2005, fundamentos de la recomendación UIT-TK52, que quizá necesiten actualización.

La Constitución de Guatemala, en su artículo 121. Bienes del Estado, entre el listado de bienes el inciso h. dice que son “las frecuencias radioeléctricas”. Ahora que se están haciendo algunas reformas a la Carta Magna me permito sugerir al Congreso una redacción para el inciso h: El espectro electromagnético del Estado es un bien público, inalienable e imprescriptible.

En la mayoría de países latinoamericanos —conozco el caso de Colombia— existe una dependencia gubernamental específica para negociar los espacios electromagnéticos con los empresarios de las radiodifusoras, radiocomunicaciones privadas, televisoras, cable, correo electrónico, VHF, fax y toda actividad que requiera emplear las ondas electromagnéticas, y, en consecuencia, a cada una de esas empresas privadas les corresponde fijar el precio del tiempo que comercializan.

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El Artículo Constitucional 119 Sección 10ª. Obligaciones del Estado, dice: “Promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa, para lograr un adecuado desarrollo regional del país”. Desde 1985 esto no se ha logrado tal como los legisladores tal vez lo imaginaron.

Durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo se emitieron los decretos 7-86, Ley de Regionalización, y 52-87, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Pudiera pensarse que muchas de las acciones de nuestros gobernantes se fundan solo en ir sacando la tarea del día, mediante el proceso de prueba y error o quizá la mayoría de quienes se emplean en la administración pública son expertos torcedores de los planes, leyes y reglamentos, y no cito programas de gobierno porque ninguno de los partidos políticos que han alcanzado el poder ha presentado alguno.

La regionalización del país, establecida en ocho regiones, ha sido exitosa. Sin embargo, el decreto 52-87, mediante el cual se crearon el Sistema Nacional de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Fondos Sociales, la sempiterna existencia de gobernadores departamentales, que por cierto carecen de descripción de puesto y funciones, así como los alcaldes, que en la práctica no han llenado el requisito de ser una extensión del Gobierno Central en la provincia. Estos entes operan como sistema paralelo al Gobierno Central, tienen autonomía y no están obligados a rendir cuentas. Manejan del 12 al 15% del Presupuesto Nacional.

La propuesta al Estado es que esos cargos, constitucionalmente aceptados, ahora que se está revisando la Constitución para adecuarla a las nuevas realidades de la ciudadanía y providencias anticorrupción sean sustituidos por viceministros, uno de cada cartera, que radiquen en cada una de las ocho regiones del país, para que desempeñen sus labores atinentes en forma itinerante, supervisando personalmente el trabajo, la eficiencia, calidad, probidad y puntualidad del personal de cada una de sus correspondientes dependencias.

Si se va a construir un puente en Zacapa, el viceministro de Obras Públicas a cargo de la región III (Izabal, Chiquimula, Zacapa y El Progreso) estará pendiente de que las calidades y cantidades de materiales coincidan con los planos correspondientes y lo solicitado. El de Salud Pública, radicado en la región VII (Huehuetenango, Quiché, Totonicapán y Sololá) velaría por el cumplimiento de deberes y responsabilidades del Gobierno sobre esa fundamental área, así como el estado de los hospitales.

Esta es la única forma como el jefe del Ejecutivo prodrá contar verdaderamente con ojos y oídos que le permitan gobernar, a base de políticas de Estado.

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En el año 45 a de C., el emperador Julius Cesar declaró la primera restricción vehicular de la historia, de los carruajes y coches tirados por caballos en Roma y otras ciudades italianas, de las 6 a las 16 horas, porque creaban severos problemas de congestión vehicular, exceptuando aquellos que transportaban sacerdotes, oficiales, visitantes y ciudadanos de alto rango.

A partir de entonces varias ciudades como Atenas, en Grecia; Säo Paulo, en Brasil, en 1997; Ciudad de México y Bogotá, Colombia, en 1998; San José de Costa Rica, Santiago de Chile y La Paz, Bolivia, en 1986, han tomado medidas atinentes y, en los Estados Unidos, el Memorial Drive, que rodea el río Charles, en Cambridge, Massachussetts, es cerrado los domingos, de ll a 19 horas, durante la primavera y el verano, para permitir el uso exclusivo por parte de peatones, corredores, patinadores y ciclistas.

En Colombia, hace algunos años surgieron empresas de buses lujosos para transportar de un punto definido a los invitados a una fiesta campestre, reduciendo así el consumo de combustibles, y que los ya “traguiteados” regresaran manejando. En Bogotá se cierran varias avenidas en el centro de la ciudad los domingos, de 7 a 14 horas, práctica conocida como Ciclovía. En Guatemala, se implementó en la Avenida de Las Américas, zona 13, Pasos y Pedales. En París, el 17 de marzo de 2014, hubo restricción vehicular para mitigar la contaminación atmosférica, que alcanzó 93 mcg/metro cúbico, siendo el nivel de alerta 80 mcg /metro cúbico, ¿Cuánto será en Guatemala?

Esta es una medida de gestión de la demanda de transporte por diversas razones, para establecer prohibiciones a la circulación de varias clases de automotores, en cierto tiempo o cierto lugar, y es utilizada principalmente en zonas urbanas o en emergencias.

Hay varias alternativas: en Bogotá, la restricción se ha ejercido con el último número de la placa, restringiendo la entrada al centro de la ciudad con los últimos cuatro dígitos por día, por lo que cada automóvil no debe circular dos días de la semana y se puso en marcha la rotación anual de los números, para evitar que los días de la semana de la restricción fueran fijos.

Veo seños fruncidos en muchos guatemaltecos, ante la restricción vehicular hacia la que estamos yendo, sobre todo porque el precio de los combustibles sigue a la baja, pero puede subir. Además estamos contribuyendo a reducir la contaminación ambiental y los madrugones que debemos hacer para salir de las zonas residenciales que rodean la capital y superar los tranques que se forman para llegar a los trabajos a la hora puntual y por las tardes, para volver a casa a descansar.

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Vale la pena recordar que esos manifestantes, si no se les atiende y resuelven sus demandas en forma satisfactoria y adecuada, se convierten en grupos de presión que fácilmente alcanzan cierto grado de politización y se ven impelidos, por unas u otras razones, a actuar en la esfera política, lo cual no es conveniente para un gobierno en ninguna de las etapas de su gestión, porque dependiendo del grado de politización alcanzado por el grupo, se le unen una o varias agrupaciones políticas cuya suma de motivos es total e impredecible, como ocurrió el 25 de abril del 2015 en Guatemala, cuando la población se unió bajo un solo reclamo: la corrupción.

El actual gobierno debe tomar en cuenta que los grupos de presión no se forman solo por empleados públicos o sectores obreros y campesinos con solicitudes específicas, sino también por otros sectores. Por ejemplo, cuando un partido gobernante o el Gobierno mismo, a los pocos meses de haberse estrenado, no da muestras positivas de su gestión, los sectores económicos, sociales, políticos, institucionales y otros sin denominación pueden organizarse y actuar.

¿Por qué es importante para un gobierno poner interés en cada una de las manifestaciones que se dan, por insignificantes que parezcan? Porque al igual que en la patología humana, cualquier manifestación que presente el cuerpo es un síntoma que si no se atiende oportuna y eficazmente, tiene que desarrollar un síndrome que no es más que un conjunto de síntomas característicos de una enfermedad que puede llegar a ser grave, lo que en Administración Pública equivaldría a autogenerarse graves problemas políticos, como le está sucediendo a la presidenta Dilma Ruseff, en Brasil.

Una frase lapidaria de los latinos es vox populi vox dei —la voz del pueblo es la voz de Dios—, pero los políticos gobernantes tradicionalmente nunca le han puesto atención.

El pueblo guatemalteco que protesta no lo hace porque esté en contra de la agricultura, sino de los cultivos extensivos; tampoco está en contra de la generación de energía eléctrica, sino del uso inadecuado de la hidrografía de Guatemala para tal fin.

El artículo 19, en su inciso a) reza: “Requisitos para la existencia y funcionamiento de los partidos. Para que un partido político pueda existir y funcionar legalmente se requiere: a) Que de conformidad con el último censo oficial de la República, cuente con un mínimo de un afiliado por cada dos mil habitantes que estén en pleno goce de sus derechos políticos e inscrito en el Registro de Ciudadanos. Por lo menos la mitad de estos ciudadanos deben saber leer y escribir”.

La pregunta del millón es: ¿Qué motiva actualmente a esos dos mil ciudadanos a inscribirse en tal o cual partido? Entre las respuestas que pueden esperarse están: compadrazgo, pisto, promesas sin sustento, novelería y otras por el estilo, porque la única razón valedera para ingresar a un partido político o a cualquier tipo de agrupación es que haya comunión y afinidad de ideas, pero como los partidos políticos de los últimos años carecen de ideologías, solo puedo imaginar que quienes se afilian lo hacen inspirados en un eslogan o porque el candidato es guapo o guapa, porque les simpatiza la actividad que desempeñan, por chistoso o porque parece ser el menos peor. En la época de las dictaduras, en Guatemala existieron dos partidos políticos: Liberales y Conservadores; lamentablemente, después de la gesta cívica libertadora de 1944 desaparecieron esas dos denominaciones políticamente válidas porque fueron desacreditadas; la Liberal, porque detrás del nombre de esa ideología se refugiaron los dictadores y déspotas anticlericales, y la Republicana o Conservadora, porque con esa etiqueta se cubrieron los incondicionales recalcitrantes adeptos a la iglesia Católica, también llamados cachurecos.

Después de la revolución del 44 surgieron partidos con alguna identidad ideológica: El Partido de Acción Revolucionaria y el Partido Revolucionario, ambos con tendencia de izquierda; la Democracia Cristiana Guatemalteca (Socialdemócrata), el Movimiento de Liberación Nacional (derechista) y el Frente Popular Libertador (centro–izquierda). Así es como los partidos guatemaltecos no reciben contribuciones de sus simpatizantes y tienen que prostituirse acudiendo a financistas que buscan prebendas y, terminado el período presidencial que acuerparon, desaparecen sin haber podido dejar algún avance.

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Internacionalmente se reconoce que una luz roja intermitente es una señal de “peligro”. Una importante cantidad de guatemaltecos estamos viendo una luz roja intermitente, visible desde cualquier punto de la República, y el “peligro” que está advirtiendo. La alarma no está relacionada con las gravísimas consecuencias de la precariedad con que el actual gobernante encontró las arcas nacionales: los ciudadanos de todos los estratos sociales y culturales del país estamos enterados de la razón de ello y vemos con satisfacción que los causantes de esta debacle están en prisión, siendo juzgados y que serán sentenciados.

Esa luz roja intermitente advierte del “peligro” que implica que en los 75 días que lleva el actual gobernante en la silla no se vean políticas públicas ni decisiones sustantivas de administración pública.

Voy a referirme únicamente a tres de las políticas que deben, debían o debieran haberse tomado en cuenta, ya no digamos en un plan de gobierno —que no ha habido—, sino por un lógico conocimiento de las necesidades ingentes que constituyen el primer paso para un nuevo presidente: de desarrollo social, sobre el uso razonable de la tierra y de defensa del territorio nacional, no de invasión extranjera, como reza el himno nacional, sino de la actividad de apropiación sobre los ecosistemas a consecuencia de actividades agropecuarias extensivas, acciones de deforestación y el crimen de robarse el agua de ríos como Madre Vieja, en el sur de Guatemala, y en Petén, petroleras y empresas agropecuarias que han botado infinidad de árboles en áreas protegidas —como la Reserva de la Biósfera Maya—, y minería a cielo abierto en el centro, oriente y occidente del país.

¿Qué han hecho nuestros gobiernos respecto de la sequía en grandes áreas del territorio? Poner nombres alusivos como Corredor Seco y empezar a “negociar” la compra de cientos de toneladas de maíz y frijol, para apacharle la cabeza al clavo, en vez de rectificar, con políticas públicas, la causa al conocido problema de deforestación para implantar monocultivos extensivos, como palma africana y caña de azúcar, con la cual hasta se ha pretendido obtener combustibles —sin tomar en cuenta la necesidad de la tierra para el cultivo de alimentos—.

Expertos alemanes que en 1779 recorrieron el país con el explorador Alejandro von Humboldt dictaminaron que este no es un país de vocación agrícola, sino forestal. Pero tenemos el orgullo estúpido de creer que sabemos más que las autorizadas opiniones de auténticos expertos.

Los efectos del cambio climático, experimentado por todos, con el intenso frío que nos azotó de modo inusual de enero a mediados de marzo confirma mis palabras.

Es importante que el gobernante acuda a profesionales y expertos, incluso extranjeros, aptos en distintas disciplinas, para manejar con acierto temas que nunca fueron de su saber.

Talentosos guatemaltecos y extranjeros amantes de Guatemala han escrito desde 1977 más de 10 docenas de opúsculos y artículos de prensa, aportando sus talentos y experiencias con vistas a resolver los múltiples problemas que mantienen a este país en el estancamiento secular de nuestro desarrollo.

Tengo en mis manos el opúsculo del autor David Cohn Pollag, nacido en Guatemala en 1936. De padre judío-alemán y madre católica guatemalteca. Creció entre los sectores más pobres de la población guatemalteca, haciendo sus estudios primarios y secundarios en escuela pública. Por sus méritos fue becado en la University of the Pacific, en California. Graduado de licenciado en Psicología en la URL de Guatemala. Experiencia de vida y trabajo en tres continentes; de ellos, dos años de trabajo agrícola en dos kibutz en Israel. Un año como psicólogo, en la comunidad para desadaptados sociales. En Lausana, Suiza.

Esos datos eran suficientes para que las cartas remitidas por Pollag a las autoridades guatemaltecas de 1977, bajo la presidencia del general Kjell Eugenio Laugerud García y, luego, en 1990, al licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo y a los entonces candidatos presidenciales Serrano Elías y Arzú Yrigoyen, de las cuales tengo copia en mi poder, merecieran que los interfectos hubieran hecho algo más que agradecer al Sr. Cohn Polag por “el envío de su interesante trabajo”. Copia de estas amables pero en ese momento diplomáticas respuestas también obran en mi poder.

Las cartas de Pollag eran emisarias del envío de “todo” el trabajo pormenorizado y detallado de sus experiencias y las ventajas socioeconómicas, culturales y sanitarias, que tendría para Guatemala el establecer el primer sistema israelita de Kibutz, para sistematizar e incrementar la productividad agrícola con alta rentabilidad para los trabajadores agrícolas, satisfacer a menor costo la demanda interna y, en consecuencia, la exportación de los excedentes.

Pollag, en carta dirigida en septiembre de 1990 al director de la AID, dice: “Todo, menos el Kibutz israelí ha sido ensayado en Guatemala. La Reforma Agraria en El Salvador, promovida por los EE. UU., no logró evitar una guerra fratricida de 10 años. La sustitución de las importaciones de la década de los sesentas, la “Alianza para el Progreso” de Kennedy, y ahora la iniciativa de “La cuenca del Caribe”, han sido todos programas ineficientes y han producido solo mejoras parciales y el progreso de mayormente un pequeño sector o estrato superior, así como del capital extranjero aquí invertido. El país no ha logrado un desarrollo sanamente estructurado y progresivo”.

Eso me lleva a pensar que la aportación de Pollag no pudo ser valorada porque en esa época estaba vigente el fantasma del comunismo internacional, de la farándula política del siglo XIX, pero hoy día creo que la ciudadanía no puede seguir siendo arrastrada por el carro desvencijado de la farándula política esclava de fórmulas hueras y sepultadas.

Si la propuesta hubiera sido valorada en toda su dimensión, la situación del campesinado guatemalteco y nuestro subdesarrollo secular hace 38 años hubiera empezado a ser diferente.

La dramática iliquidez a que ha sido llevado el Estado guatemalteco, tanto por la corrupción como por la baja recaudación, ha causado estragos irreparables. La primera causa puede que se reduzca porque una parte de los corruptos del gobierno anterior ya está siendo enjuiciada y guarda cómoda prisión a donde están siendo remitidos los delincuentes de “galones” y los de “corbata”; y la otra, al hospitalito privado que compró en Mixco.

La segunda causa es la baja recaudación de impuestos, en gran parte por fraude, pero fundamentalmente por la torpeza de los dirigentes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quienes no obstante de conocer la mala situación socioeconómica de la mayor parte de la ciudadanía guatemalteca, dispusieron cambiar el método de reportar detalladamente el giro económico, financiero y fiscal personal, en formularios que podían ser adquiridos fácilmente en las librerías y rellenados a mano, lo cual, además, requería la exigencia de pedir factura por sus compras.

El hecho de haber sustituido las declaraciones de ingresos y del IVA —mensuales, trimestrales, semestrales o anuales— por el actual sistema digital electrónico, obviamente le simplificó el trabajo a los contadores y auditores de la SAT, pero la Ley obliga al Gobierno a facilitarle al ciudadano el pago de impuestos. Pero la realidad, tomando como base los rating que publican las televisoras y las radioemisoras, es que solo el 56% de la población posee una computadora; y un 27%, internet. ¡Alarmante!

Por lo anterior, el 14 de enero recién pasado visité el Instituto Nacional de Estadísticas, 8ª. calle 9-75 de la zona 1, para corroborar tales datos. Allí me remitieron a la 12 Av. 7-50 de la misma zona, donde no había personal, solo un policía de guardia que debió abandonar su puesto para entrar en un salón grande, lleno de escritorios, a buscar a alguien que me atendiera. Salió una señora, con ninguna apariencia de ser profesional en estadística, quien me pidió tres veces que le repitiera la pregunta y al fin me respondió: “Eso no lo manejamos aquí”. La cuestión es: ¿Cuál fue la base de datos que utilizaron los genios de la SAT para disponer que los reportes personales se manejaran electrónicamente?

Siguiendo con mi investigación decidí acudir a la SAT ubicada en zona 9. Entre las personas que encontré allí había adultos mayores de 80 años, quienes deseaban ser borrados como ciudadanos afectos al informe periódico a ceros, porque por no poseer internet tenían que pagarle Q10 a alguien que les faccionara cada expediente y así evitar la multa de Q80 al mes.

La respuesta que les dieron fue que para cancelar NIT no era importante su edad, sino que mostraran un acta de defunción o la presentación de sus libros de contabilidad y los talonarios de facturas autorizadas que no hubieran empleado. ¿Siendo personas individuales no obligadas a llevar contabilidad?

Desde la antigüedad, y después en la época mercantilista, se ha hablado de que la economía del Estado es parasitaria de la economía privada. Sabido es que la Escuela Liberal tiene como uno de sus postulados el limitar la actividad del Estado a los campos en que la economía privada no puede actuar, y aunque estos principios liberales han debido ceder el paso a las poderosas realidades económicas que el mundo ha contemplado desde el siglo XVIII hasta nuestros días, se continúan sosteniendo ideas que colocan la actividad económica del Estado en un plano subalterno, que les es común a quienes aún desearían ver al Estado en un mero rol complementario de la economía privada.

Se habla del parasitismo del Estado porque extrae una cuota del ingreso nacional, que se supone producida por el solo esfuerzo económico de los individuos, pero se ignora o se silencia que la renta nacional no es solo el producto del esfuerzo económico privado, sino también el esfuerzo económico del Estado.

Así como el industrial que adquiere materias primas y las transforma no es parasitario del productor de la materia prima, tampoco el Estado es parasitario de la economía privada porque utilice una parte de la renta de ese sector para transformarla en bienes y servicios. A esto podría agregarse que la mera redistribución de rentas, que el Estado hace a través de su política fiscal, tiene y trae las más impredecibles consecuencias económicas y que con el uso de estas rentas trasladadas al sector público, el Estado es capaz de mantener el nivel de la renta nacional y aún acrecentarla; y lo que es más, a través de una razonable política de gastos, en una época de deflación, puede volver a reflotar una renta nacional que hubiera sido destruida como consecuencia de los trastornos cíclicos.

La escuela liberal difundió el principio de la incompetencia del Estado para actuar en la vida económica porque estimó que al Estado, ente jurídico, le faltaba el motor del interés individual, único móvil que es capaz, a su juicio, de producir una calidad óptima y allegó pruebas de cómo el Estado, en su intervención en la vida económica, alcanzaba resultados muy inferiores a lo que es capaz de alcanzar el esfuerzo individual. Sobre esas ideas, con estos argumentos y con los fracasos evidentes que el Estado ha tenido en algunas intervenciones económicas, muchos piensan en la incompetencia del Estado como algo que le fuera inherente.

Si aceptamos que la intervención del Estado —la nueva Guatemala— en la vida económica es necesaria y aún deseable para muchos, lo que procede es dotar al Estado de las instituciones necesarias para una competente actuación en la vida económica que le permita precisamente, cuando deba actuar, hacerlo con el máximo de eficiencia.

*Politólogo

Entre los postulados del pensamiento clásico financiero está el equilibrio presupuestario. Se suponía que uno de los principios sanos en la confección de los presupuestos estatales era el del equilibrio anual, entre los dos grandes rubros del presupuesto público: entradas y gastos.

Fue tanta la fuerza que logró adquirir este postulado que la mayoría de las legislaciones presupuestarias, elaboradas en el período en que los principios clásicos imperaban en forma absoluta, lo incorporaron a las leyes orgánicas de presupuestos; incluso, los textos constitucionales estaban influenciados por esta exigencia del equilibrio anual.

Las nuevas finanzas se rebelan contra esta exigencia, que si bien plenamente aconsejable en períodos de equilibrio o estabilidad económica puede significar, en cambio, un marco de hierro en períodos de desequilibrio económico o durante las épocas de inflación o de depresión.

Es así como se produce el primer ataque a la vieja concepción, en torno al postulado del equilibrio anual del presupuesto; y destruida esa exigencia, las finanzas pasan a adquirir una gran movilidad que les permite ser adaptadas a los períodos cíclicos de la economía particular de los distintos países. La trascendencia de dicha concepción se puede apreciar si nos formulamos algunas de las siguientes preguntas: ¿Qué significa financieramente equilibrar un presupuesto en un período de deflación? Que como consecuencia de la caída de los ingresos privados, el Estado ve también reducidos sus ingresos y por ello debe reducir sus gastos. Económicamente, esto significa que se restringe la demanda que en una economía significa el poder de compra del Estado, lo que viene a agravar la falta del poder de compra del sector privado. Significa menos oportunidad de empleo y, seguramente, sumar un nuevo factor de desocupación a la desocupación ya producida por la falta de demanda que afecta al sector privado. Esto significa impulsar aún más la curva descendente del ingreso nacional y agravar la crisis.

¿Qué significa el presupuesto equilibrado en tiempo de inflación? Que el Estado ve aumentados sus ingresos y le es difícil resistir la tentación de emprender una política de gastos, de los que siempre hay necesidad. Con sus ingresos aumentados, el Estado emprenderá nuevas obras, creará nuevas oportunidades de trabajo, aumentará la demanda del sector privado, y todo ello constituirá otro nuevo estímulo para la inflación.

De esta observación que hoy parece simple, pero que escapó al análisis económico por mucho tiempo, las nuevas finanzas prescinden del principio del equilibrio anual del presupuesto y lo buscan en períodos más prolongados de tiempo, de modo que coincidan con las faces cíclicas de la economía. La política fiscal ha de acomodarse así, no al rigor del ejercicio anual, sino a los períodos cíclicos, a fin de que actúe precisamente como factor anticíclico.

Revisando escritos de la historia de los gobiernos desde 1821, no he encontrado huellas de alguna campaña gubernamental de concienciación sobre la obligación de la ciudadanía de pagar impuestos. Lo que sí recuerdo es que hubo la Ley del Papel Sellado y los Timbres Fiscales.

Desde la antigüedad, el hombre —genéricamente hablando—, desde temprana edad, ya sea aisladamente o en grupos de convivencia más amplios, ha desarrollado actividades destinadas a procurarse bienes que aplican a la satisfacción de sus necesidades. Esta actividad, específicamente considerada, se denomina Actividad Económica y puede ser definida como el esfuerzo que las personas hacen para procurarse bienes con qué satisfacer sus necesidades; comprende desde los simples procesos del trueque hasta la compleja actividad de organizar una empresa de cualquier índole.

Pero el hombre, en el transcurso de la historia, siguiendo su tendencia sociable ha ido formando grupos de convivencia humana más amplios e integrados por mayores vínculos de acercamiento: familias, tribus, clanes y, finalmente, la forma máxima de convivencia social que es el Estado.

El Estado comprende una agrupación de personas unidas por vínculos de muy distinta naturaleza y que, sin embargo, implican un poderoso elemento de conexión; los unos, de orden material, necesitan la ocupación de un espacio de tierra; los otros, de carácter espiritual como son las tradiciones y el sentimiento de igual destino, la propia historia vivida en común, sentimientos afines y por último sentimientos espirituales que se han ido formando a través del tiempo. Sobre estos elementos se forma un Estado, cuando esta comunidad de personas es capaz de organizarse en régimen jurídico y con posesión de un territorio.

Entonces surge el Estado y con él, imperativos como son el mantenimiento del orden jurídico que se encuentra establecido y la defensa de su soberanía. Estas son las necesidades llamadas absolutas, que un Estado debe atender para su propia conservación, pero el desarrollo del mismo Estado va agregando a estas las llamadas relativas, que obedeciendo como a una ley aumentan progresivamente.

El Estado debe satisfacer estas necesidades y para ello, igual que los individuos para satisfacer sus necesidades particulares, también debe desarrollar estrategias propias para procurarse bienes con los que ha de satisfacer las necesidades públicas.

La necesidad de los Estados de recaudar impuestos es tan antigua como que en Egipto, 3,400 años a.C., ya se encontraban experiencias financieras. Lo mismo puede decirse de Babilonia y Persia, y aún en La Biblia, donde encontramos que la dispersión de las 12 tribus de Israel y la ruina de la monarquía Hebrea, a la muerte del rey Salomón, no es ajena a fenómenos tributarios.

En resumen, la principal causa del subdesarrollo de nuestros países, es la anticultura del pago de impuestos que ha surgido como corolario a los desaciertos de nuestros gobernantes.

Quienes votaron en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2015, por cualquiera de los candidatos que concursaron, deben darse cuenta de que con su personal criterio expresaron con democrática soberanía su simpatía por la persona que representaba o coincidía con su manera individual de ser y de pensar sobre quién debía ser el próximo presidente de Guatemala. Nadie cerró los ojos para marcar la papeleta y quienes la anularon mostraron también —con los ojos abiertos— su criterio y opinión respecto de los aspirantes.

El análisis de tal situación nos mueve a recordarle a los lectores que no mostraron interés por la persona que ganó, que ello nos les quita el derecho de mostrar opinión de aprobación o desaprobación por las decisiones que finalmente el elegido para presidente pueda tomar. Pero quienes no votaron se negaron a sí mismos el derecho de opinar, derecho que la libertad de expresión democrática les concedía. O sea que decidieron ser ciudadanos de segunda categoría; esta calificación no implica sino decisión propia. Los seres humanos poseemos ciertos derechos inalienables, o sea derechos que nadie puede quitarnos ni otorgarnos. Incluyen el derecho de cada individuo de dar alas a su mente y a su alma para que sigan caminos de su propia elección, libres de temor o coerción para elegir, y con la única limitación de no interferir en los derechos de los demás. El apóstol indígena mexicano, Benito Juárez, lo expresó así: “El respeto al derecho ajeno, es la paz”. La mayoría de nosotros coincide en declarar que en una democracia la voluntad popular debería ser transformada sin tergiversaciones en acción gubernamental. O, lo que es lo mismo, un gobierno democrático debería hacer todo aquello que el pueblo le pidiera y no debería hacer nada que estuviera contra la voluntad popular. Los marxistas, según sus propias palabras, aparentemente ven a la democracia como la realización de todo aquello que es bueno para el pueblo, y creen que un grupo selecto, el partido comunista, está mejor capacitado que el pueblo mismo para decidir lo que es bueno para este. Es decir que ellos parecen creer que la democracia es gobierno “para” el pueblo. En cambio, nuestro concepto de democracia es que el pueblo es el que debe decidir por sí mismo lo que es bueno para el pueblo, y que la democracia es indefectiblemente gobierno por el pueblo.

Por lo menos en un sentido se pone de acuerdo la gente, y es que el gobierno de la mayoría constituye una característica esencial de la democracia. Los líderes de opinión que hacen objeciones al gobierno “ilimitado” de las mayorías no creen, por supuesto, que deba defenderse el mandato de las minorías como más democrático. Su posición es más bien la siguiente: ninguna institución de gobierno puede tener poder para despojar de ciertos derechos a las minorías. Es, por lo tanto, una idea acerca de la imprescindible limitación de los poderes gubernamentales en una democracia; no es, ni quiero serlo, una declaración sobre el modo en que deben tomarse las decisiones de un gobierno democrático. La mayoría de nosotros está enteramente de acuerdo con la idea de que si en una democracia el gobierno tiene el poder legítimo y puede resolver un asunto específico, deberá hacer lo que la mayoría de los miembros de una comunidad quieren que haga.

*Politólogo

Por otra parte están las irregularidades de varias de las campañas electorales precedentes de quienes han llegado a ocupar la silla presidencial, quienes lo han hecho en soledad porque no han podido ni sabido estimular el apoyo de la ciudadanía, y esta tampoco ha descubierto qué es el “poder soberano”.

Debemos entender que el término democracia no significa el bienestar o la prosperidad del pueblo, sino un método de gobierno del mismo; y una medida democrática es aquella que se origina en, o tiende a promover ese método de gobierno; no es, por lo tanto, una medida destinada a aumentar o rectificar la distribución de la prosperidad o del bienestar. De ahí que ese grupo crea que la calificación de una decisión con el membrete de “democrática”, ya sea en lo económico, en lo social o en otros asuntos, no depende de su contenido, sino de la manera como se llegó a ella.

Esto nos lleva a considerar el segundo gran diferendo: el que se relaciona con la pregunta… ¿El ejercicio de la democracia requiere que la simple mayoría popular tome cualquier medida que considere necesaria? o ¿debe limitarse de algún modo el derecho de la mayoría a gobernar?

Gran parte del debate sobre la naturaleza de la democracia gira sobre la cuestión del “gobierno de la mayoría”. Parece conveniente definir con mayor precisión lo que el término significa. Cualquiera que lea cuidadosamente lo que se ha escrito sobre “gobierno de la mayoría” descubre muy pronto que el término es utilizado con frecuencia para referirse a tres cosas completamente diferentes, cosa que muchos de nosotros pasamos por alto: 1. El principio de la mayoría; 2. Doctrina del gobierno de la mayoría, y 3. Lo que llamamos “democracia con gobierno de la mayoría”.

Bajo estos términos, ahora es fácil determinar cuál es la posición de los “mayoritarios absolutos”. Varios autores, entre ellos Lord Bryce, H. Krabbe, Hans Kelsen y mi persona, de vez en cuando hemos escrito en su defensa.

Hay quienes sostienen que la verdadera democracia es la posesión, por parte de todos los ciudadanos, de ciertos derechos inalienables que ningún organismo del gobierno puede violar.

*Politólogo independiente