En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y la fiscal general, Claudia Paz y Paz, explicaron que los capturados integraban una banda desmantelada el 19 de septiembre último.

Los apresados fueron identificados como Erin Danilo Montenegro Rodríguez y Héctor Aníbal Pineda Kunze, líderes de la banda. Además, los agentes activos Joaquín Sic Jerónimo, Félix Armando Lucero Rodríguez, Mario Xicol Bol, Baudilio Rodelvi López Fuentes, Tranquilino Chávez Tobar, Lucas Gabino Ujpán Mendoza —pertenecen a la Unidad Motorizada de la PNC— y Óscar Enrique Tautiu Julajuj, asignado a Huehuetenango.

El grupo es sindicado de plagio o secuestro, robo agravado, conspiración, asociación ilícita y asociación ilegal de gente armada, y abuso de autoridad.

Modo de operar

López Bonilla indicó que la banda comenzó con la observación de actividades en las casas de cambio y luego contactaron a particulares y agentes de fuerzas de seguridad.

“Para entonces ya tenían conocimiento sobre las personas que cambiaban grandes cantidades de dinero, ilícito en su mayoría. Como no podían denunciar ante las autoridades, esto empezó a afectar a otras personas que cambiaban pequeñas cantidades de dinero lícito”, indicó.

No obstante, los afectados comenzaron a denunciar, y después de detectar un mismo patrón, las investigaciones concluyeron que en la mayoría de casos se trataba de agentes policiales que montaban operativos para robar el dinero.

Paz y Paz añadió que Montenegro prestaba dinero a criminales, y de esa manera creía que no sería denunciado.

Los sindicados fueron identificados como Julissa Marisela Colindres Pérez, de 18 años, y los hermanos Gabriel de Jesús, 30, y Juan Carlos Calero Mairena, 31, ambos de nacionalidad nicaragüense. Este último tiene orden de captura internacional por plagio o secuestro y asesinato.

Las investigaciones

Según el MP, las misioneras, una ecuatoriana y una estadounidense, ambas de 22 años, permanecieron en cautiverio en una vivienda ubicada en la 1a. avenida, lote 215, colonia El Esfuerzo 2 de esa ciudad.

Los plagiarios exigían una fuerte suma de dinero, pero integrantes de la Fuerza de Tarea contra el Secuestro e investigadores del MP hicieron el montaje de las negociaciones para la liberación.

“La madrugada de ayer efectuaron el primer pago de rescate, en el kilómetro 58 de la ruta de Palín hacia Escuintla. Fue ahí donde se procedió a buscar el lugar de cautiverio”, explicó el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

Después, a eso de las 4 horas, las víctimas fueron liberadas.

Durante los allanamientos, las fuerza de seguridad incautaron los celulares con los que negociaban la liberación, el dinero pagado por el rescate, libretas de cuentas bancarias que se presume que han sido utilizadas para pago de rescates en otros plagios.

Antecedentes

Las pesquisas del MP revelan que ese grupo es responsable del secuestro y muerte de Lauro Chinchilla Guerra, 61.

La víctima fue plagiada el 14 de junio último y fue localizado muerto siete días después.

Los investigadores explicaron que Calero Mairena laboraba con Chinchilla. Luego lo secuestró y asesinó, para evitar vinculaciones con el caso.

Según agentes de la Comisaría 12, el bus circulaba en la 15a. avenida y 14 calle, en la referida zona, cuando los individuos asaltaron a los pasajeros.

Los aprehendidos fueron identificados como Selvin Javier Saldaña Hernández, de 22 años, Adrián Enrique Rodríguez Monroy, 26, y un adolescente de 16.

Los dos adultos fueron remitidos al juzgado de turno de la Torre de Tribunales, y el adolescente, a un juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal.

La Policía informó que a los asaltantes les decomisaron un envoltorio con marihuana, cuatro celulares, dos billeteras, un reloj para hombre, dos cadenas de plata, una navaja y una pistola negra de juguete, con la que supuestamente intimidaban a sus víctimas.

Marco Antonio Quiñónez fue detenido en la 20 avenida 13-26, colonia Kaminal Juyú, zona 7, y Fernando Rafael Diéguez, en la 6a. calle 4-99, zona 1 de Mixco.

Las autoridades realizaron cinco allanamientos en diferentes zonas y quedaron pendientes tres órdenes de capturas.

Investigadores dijeron que en la residencia de Quiñónez localizaron celulares, pantalones, tres bolsones, zapatos, una sotana de la facultad de Derecho de la Usac y un gorro pasamontañas.

Mientras que en la residencia de Rafael Diéguez decomisaron bolsones, pañuelos, celulares, un CPU, memorias y marihuana.

Vea el video

Pesquisas

Según el MP, los sindicados fueron identificados luego de una serie de análisis realizados a videos y fotografías proporcionados por testigos que presenciaron los hechos.

Expertos se encargaron de los análisis y determinaron que los señalados no desfilaban con el grupo de personas, durante la tradicional marcha en conmemoración, por el aniversario de la Revolución del 20 de Octubre de 1944.

“Ellos se enfilaron desde la 14 calle y 5a. avenida, en la zona 1”, dijeron investigadores.

En los videos se observa cómo estudiantes, con el rostro cubierto, destruyeron ventanas y reflectores del edificio de Gobernación.

Las órdenes de captura fueron solicitadas por la Fiscalía de Delitos Patrimoniales y fueron giradas por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, el 7 de noviembre recién pasado.

“A dos años me presento ante la ciudadanía a rendir cuentas de lo que hemos trabajado funcionarios del MP durante el 2012”, expresó.

Paz y Paz explicó que, aunque hay avances, el ente investigador sigue en la lucha contra la impunidad.

“El MP va por el camino correcto, pero falta combatir el 72 por ciento de impunidad”, enfatizó.

A la presentación del informe asistieron el presidente Otto Pérez Molina; el presidente del Congreso, Gudy Rivera; el magistrado Gabriel Gómez, representante de la Corte Suprema del Justicia, y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Francisco Dall’Anese, entre otros funcionarios.

Resultados

Entre los logros obtenidos que resaltó la funcionaria figura la investigación en casos de crímenes contra la vida, que pasó de una efectividad de 5 por ciento al 30 por ciento durante el 2012.

Señaló que en el 2009 la Fiscalía de Delitos contra la Vida tramitó nueve mil 385 expedientes, pero resolvió solo 435, mientras que durante este año, con una cantidad similar de denuncias, resolvió mil 938.

Los logros, dijo, se deben a la implementación de una persecución penal estratégica en delitos contra la vida, junto a un plan para combatir las pandillas.

“Esto se suma a la utilización de la tecnología, como los análisis de ADN y el Sistema Integrado de Identificación Balística”, afirmó.

Otro éxito es la desarticulación de estructuras criminales y la dignificación y atención a las víctimas.

Casos

Paz y Paz refirió que le dan énfasis a la atención a víctimas de violencia de género porque es el delito más denunciado, ya que ingresan cada año 35 mil casos, entre violencia sexual y contra la mujer. El juzgado de turno que funciona desde noviembre último ya realizó 563 audiencias, 112 órdenes de captura y 59 autos de procesamiento.

En cuanto a la Fiscalía contra la Corrupción explicó que están conscientes de que necesita mejorar sus índices de efectividad.

“Se trabaja en la creación de la Unidad de Análisis Financiero que se integrará con 40 auditores forenses”, dijo.

Cinthia Fernández, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), expuso que hay capacidad para lograr que el modelo de atención tenga frutos.

“El MP no es el único ente del sistema de justicia, les compete a muchas de las instituciones del sector justicia. Debe haber coordinación institucional, y fundamentalmente que haya coordinación con el Organismo Judicial a nivel de su Corte Suprema —de Justicia— y su Cámara Penal, que se necesita que trabajen muy bien con la coordinación interinstitucional”.

Por su parte, Pérez Molina, refirió: “Estamos en un momento donde se ha llegado a una disminución de incidencia criminal en delitos en contra de la vida, lo cual hace propicio el espacio para que instituciones se involucren en proceso de investigación.

A criterio de los denunciantes se ha incurrido en delitos ambientales tras la exploración minera.

De acuerdo con Carlos Loarca Solórzano, asesor legal de la Asociación Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala (Plurijur) y representante legal del Frente de Defensa Miguelense (Fredemi), la acción legal presentada en el MP documenta delitos que esperan que sean investigados.

Entre los señalamientos se incluyen usurpación de aguas, usurpación de propiedades, contaminación industrial de las fuentes de agua en San Miguel Ixtahuacán, propagación de enfermedades a plantas y animales, falsedad material y falsedad ideológica.

Los denunciantes explicaron que en los últimos siete años ha habido contaminación ambiental, cultural y ecológica. También que se ha afectado la salud de unas 50 mil personas de las comunidades aledañas, como resultado de la exploración y explotación mineras.

En la denuncia, los comunitarios solicitan al MP que comience la persecución penal contra directivos, ejecutivos, administradores, funcionarios y empleados de Montana.

Informes

Loarca Solórzano explicó que cuentan con informes de Fredemi que sustentan que el proyecto ha contaminado casi en su totalidad el río Cuilco, de cuyas aguas se abastecen familias y ganado. Además, se emplea para riego.

El río atraviesa la comunidad Siete Palos, que ha sido una de las más afectadas.

“Hay estudios de los ministerios de Ambiente y de Energía y Minas que demuestran que hay contaminación ambiental. Se cuenta con estudios independientes internacionales, como de universidades de prestigio, que demuestran que en resultados médicos de orina y sangre, los pobladores tienen altos niveles de plomos, síntomas de arsénico en la piel, erupciones, salpullido, decoloración de la piel y caída del cabello”, manifestó LoarcaSolórzano.

La demanda

Los demandantes presentaron un informe con más de cien testimonios de pobladores afectados por la contaminación. Este incluye fotografías de adultos y menores con afecciones, así como ganado que murió por beber agua del río Cuilco.

Explicaron que entre los casos más recientes figuran aproximadamente cien niños de una escuela, cuyo director presentó fotografías de cada caso. “En este álbum se observa a la mayoría de los estudiantes con problemas de erupciones en la piel, mientras que los adultos presentan caída de cabello y decoloración de la piel”, aseguró.

Agregó: “Estos resultados son síntomas de contaminación. Incluso el Gobierno, en conversaciones que hemos sostenido, ha reconocido la contaminación por arsénico, y las autoridades decidieron la construcción de una planta de descontaminación. Estamos al tanto de ellos”.

Las comunidades afectadas están integradas por más de 50 mil pobladores y se tienen documentados unos cien casos con los que solicitan a la fiscal general, Claudia Paz y Paz, que se haga cargo y que priorice de acuerdo con el criterio de política criminal y que el caso sea referido a la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente de la capital.

“Los jueces y fiscales de San Marcos están comprados por Montana. Además, solicitaremos a la Cicig —Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala— que intervenga para investigar los vínculos de funcionarios con la empresa”, se indicó.

Testimonios

Aniceto López, uno de los representantes de San Miguel, explicó que es necesario que las autoridades tomen en cuenta los informes y testimonios que presentan los denunciantes, pues a la fecha solo verifican lo que presenta la empresa.

“Ellos —las autoridades— deben verificar, pues aparte de los informes, la empresa ya no da seguimiento a compra de terrenos, sino que obtienen propiedades ubicadas en los alrededores de las viviendas o partes estratégicas donde posteriormente hacen perforaciones y túneles que pasan debajo de nuestras propiedades”.

Según testimonios, uno de los trabajadores de la mina enfermó y acudió a varios hospitales en Quetzaltenango y San Marcos, pero falleció. La empresa solo pagó los gastos funerarios, y para que la viuda no demandara, le ofreció trabajo.

Otro de los problemas que afrontan los comunitarios que se oponen al funcionamiento de la mina son las amenazas para que no denuncien. “Los visitan en sus viviendas, y los coaccionan para que no presenten denuncias”, se aseveró.

En mayo del 2010, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la medida cautelar para comunidades mayas al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de proteger y resguardar la vida y la integridad personal de los miembros de 18 comunidades.

En diciembre del 2011 fueron modificadas para asegurar el acceso a agua apta para consumo humano, doméstico y segura para el riego, pero las comunidades recalcan que hasta hoy las medidas han sido incumplidas.

Los comunitarios exigen a las autoridades que se recopile información para ampliar investigación del caso y la debida tipificación penal de las graves violaciones a los derechos fundamentales individuales y colectivos en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa.

Yuri Melini, director general del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas), explicó que los comunitarios y los recursos para la agricultura podrían estar en riesgo si la actividad de la empresa se desarrolla.

“Hay registros documentados en los cuales hay antecedentes previos de muertes de animales, pero no ha habido ninguna investigación por parte del Inacif —Instituto Nacional de Ciencias Forenses— o del MP, y por eso se ha puesto de su conocimiento, para que inicien investigaciones al respecto”, dijo.

Melini agregó que si en la actualidad ya se ven muertes de animales, “qué no podría ocurrir con daños a la salud humana con elementos de metales residuales en alimentos. Consideramos que el MP inicie investigación oportuna, objetiva y pertinente que permita identificar las causas reales, y si la empresa resulta responsable, que sea perseguida penalmente”.

Antecedentes

En 1998, durante un estudio de exploración se determinó una proyección de 1.4 millones de onzas de oro en el área de la actual mina Marlin.

El Ministerio de Energía y Minas emitió la licencia de explotación el 27 de noviembre del 2003.

El proyecto entró en fase de construcción en el 2004, y finalizó en el tercer trimestre del 2005. A partir del cuarto trimestre del mismo año, empezó la extracción de oro y plata.

Los investigadores aseguran que estos grupos se fortalecieron en los últimos tres años y alcanzaron lo que deseaban: “Causar terror”.

Con el efecto paralizante obtenido por el miedo convirtieron la extorsión en una empresa ilícita.

De esta manera los pandilleros llegaron a cobrar grandes sumas de dinero semanales o mensuales, una vez que afinaron sus estrategias para obtener el efectivo en una forma fácil.

Con el dinero los pandilleros tienen capacidad de dar dividendos a sus grupos, pagarles a sus sicarios y comprar droga.

El MP especifica que tres temporadas del año marcan el aumento de exigencias de cuotas de los extorsionistas, que son los días previos a la Semana Santa, el bono 14 y la temporada navideña.

“Generalmente este pago es una cuota extra, que coincide con el pago normal. Por ejemplo, si cada bus paga Q1 mil mensuales de extorsión debe agregar una cuota más. Las víctimas deben ser puntuales o, de lo contrario, la respuesta inmediata de los delincuente es la muerte de uno de sus socios o trabajadores”, explica un fiscal.

En una grabación captada por la Policía, uno de los negociadores de la pandilla le dice a sus víctimas: “Vos ya sabés que tenés que tener la plata, o ¿te querés morir? Ahí te acordás que si no te morís vos, tu gente ¿va?…”.

Lavado

Las pesquisas efectuadas por el MP en los últimos meses contra pandillas extorsionistas dan cuenta de que las organizaciones criminales utilizan negocios para lavar millones de quetzales que obtienen de manera ilícita.

Las estructuras, que en el 90 por ciento de casos son coordinadas desde las cárceles, procuran intimidar a las víctimas que son propietarias de negocios, para que los cierren.

Afirman que el objetivo es apoderarse del negocio y se lo entregan a sus familiares o contratan personal para que se los administre.

Los sectores más codiciados han sido la colonia El Limón, zona 18; Villalobos y El Mezquital, zona 12, así como la zona 6.

En la provincia también se han apoderado de algunos negocios, en especial panaderías y abarroterías.

De esta manera, según las autoridades, es como los extorsionistas han llegado a manejar entre Q40 mil y Q100 mil mensuales con dinero de extorsiones que retiran de cuentas bancarias.

Las autoridades refieren que a sus víctimas les entregan números de cuentas para depositar, para después enviar a mujeres vinculadas a la pandilla a recoger el efectivo.

De esta manera fue como el 29 de noviembre último capturaron a María Vidalia Ixmatul, de 52 años, quien hacía cobros para varios grupos delictivos cuyos cabecillas están en la cárcel.

Ixmatul fue detenida en la 14 avenida y 5a. calle de la colonia Linda Vista, zona 4 de Villa Nueva.

Mauricio López, ministro de Gobernación, expresa que muchas mujeres están vinculadas sentimentalmente a las pandillas y son usadas para llevar celulares que utilizan para intimidar.

En muchos otros casos usan a menores de edad, que pasan a formar parte de la red.

Estructura

“Aprendimos que había tres cosas que hacer: conocer al enemigo, su territorio y su estructura”, manifiesta Mario Bossos, criminalista y jefe de la Fuerza de Tarea contra Extorsiones al Transporte.

Este fue un hecho básico para conocer a los grupos, conocer a su cabecilla, el funcionamiento de la banda, su logística y todas las personas que la integraban.

Por su parte, Elías Pumay, también jefe de la Fuerza de Tarea, dice que los pandilleros se apropiaron del territorio capitalino, la Costa Sur y el occidente.

“Comenzando desde la cárcel, donde tienen tiempo para planificar, aprendieron a dirigir y nada se mueve si ellos no dan la orden”, refiere.

Investigadores de la Unidad contra Extorsiones, del MP, aseguran que en el transcurso del año lograron desarticular siete bandas más que el año último.

Exponen que los resultados positivos se deben al trabajo en equipo con el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil.

A esto le agregan el apoyo de la información proporcionada por bancos del sistema, empresas telefónicas y denuncias de los afectados, pues de esta manera es como han detectado e individualizado a quienes integran los grupos delictivos.

Negociadores

En el análisis de inteligencia que efectuaron las Fuerzas de Tarea observaron que las estructuras criminales tienen líder, sicario, logística y personal que cobra, roba vehículos y motos y consigue armas, y alcanzaron mayor nivel con sus negociadores.

“Casi llegan a convertirse en banda del crimen organizado para cometer otros delitos, como el secuestro”, dice Pumay.

Según explican, individualizaron a los grupos, pues en las pesquisas encontraron que había otro tipo de delincuentes que se dedicaban a extorsionar y no eran necesariamente pandilleros.

Afirman que los familiares de los antisociales han visto que es buen negocio y extorsionan por su lado para obtener más dinero, pero también están aquellos que denominan “paisas” —que no pertenecen a pandillas— y que son integrantes de otros grupos delictivos.

López refiere: “Los pandilleros de la Mara Salvatrucha manejan algún tipo de negocios, son más estratégicos en sus acciones, en sus movimientos, pero los de M-18 lo único que saben hacer es generar violencia, pero lo hacen para infundir terror, son más carroñeros”.

Indican que la idea es causar psicosis. El funcionario señala que las pandillas tienen estructura piramidal, pero aún no alcanzan la complejidad de una mafia.

Por su parte, el MP asegura que, según las estadísticas que maneja la Fiscalía de Delitos contra la Vida, el 50 por ciento de las muertes violentas que se investigan están relacionadas con extorsiones y ajuste de cuentas entre pandilleros o grupos contrarios.

El 7 de agosto pasado, los trabajadores de dicha empresa distribuidora de energía eléctrica realizaban reparaciones a la altura del kilómetro 120 ruta al Atlántico, cuando fueron retenidas por un grupo de personas presuntamente encabezados por Catalán Victoria.

Los agraviados son: Óscar Estuardo Roque Rosales, Óscar Humberto Vargas, Benjamin Orellana Guzmán, David Marroquín Roldán, Juan Carlos Fuentes Ortiz, Óscar Amilcar Vargas Morales y Byron Nolberto Velásquez García.

Las investigaciones del Ministerio Público (MP), según el expediente, revelan que la financiera operaba en México y luego se instaló en el país, en donde los ejecutivos captaron a los inversionistas. Las operaciones eran efectuadas por nueve financieras ubicadas en diferentes lugares.

“Hubo gente que invirtió desde US$1 millón hasta US$10 millones, y cuando solicitaron las ganancias y no las recibieron, o pidieron su capital, no lograron recuperar nada”, explicaron fiscales del MP.

Los afectados presentaron las denuncias y cuatro años después las autoridades establecieron que los fondos fueron enviados a México y posteriormente regresaron a Guatemala.

Investigaciones

Ronny López, jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, explicó: “Siguiendo la pista de las investigaciones se descubrió que la estafa osciló en más de US$150 millones, los cuales fueron cursados hacia México. Se determinó que los fondos fueron retirados en ese país”.

Las pesquisas arrojaron que el dinero fue utilizado por los accionistas de la financiera Enrique Martín Villalobos Gómez, Asdrubal Portillo Jiménez y Claudia Maritza García Magaña, pero a la vez reutilizados para gastos administrativos del Hotel Crowne Plaza.

Los tres tienen orden de captura por delitos de intermediación financiera y estafa propia en forma continuada.

También tienen orden de aprehensión el abogado Juan Carlos Ovando Corzo, de 49 años, y el gerente del negocio hotelero, Efraín Estuardo Gudiel Castellán, 50.

Ambos tienen orden de captura por desobediencia y obstrucción a la justicia, informó Saúl Sánchez, agente fiscal de la Unidad de Delitos contra Bancos.

“Fueron buscados en el hotel y en tres allanamientos realizados en las zonas 6 y 7, y en la salida a carretera a El Salvador, por Fraijanes, pero se dieron a la fuga”, resaltó Sánchez.

El MP, en coordinación con la Fiscalía contra el Crimen Organizado de México, ha intercambiado información, lo que ha llevado a detenciones en ese país de personas vinculadas con esta red.

Rafael Díaz Chayeb, quien representa a cuatro de los inversionistas más grandes que fueron estafados en el vecino país, explicó sobre las capturas de los hermanos Rodolfo y Rolando García Garza —ambos con trámite de extradición a Guatemala— por el mismo caso.

Postura

La abogada Lea de León, quien representa a la financiera Valat International Holdings, Ltd., señaló que las autoridades a lo largo del proceso han querido vincular al hotel con la referida entidad, pero no lo han logrado “porque no hay lazos contables, sino un socio en común —sociedad anónima extranjera—”.

Agregó: “Las órdenes de captura de hoy en contra de las dos personas no tienen nada que ver con la querella que otorgó la intervención, porque son nombramientos recientes de uno y dos años”.

La fiscal general Claudia Paz y Paz explicó en conferencia de prensa que los efectivos castrenses son sindicados de ejecución extrajudicial, ejecución extrajudicial en grado de tentativa y lesiones, por la muerte de pobladores de varios cantones de Totonicapán.

“Es la primera vez que se le imputan cargos a militares por reaccionar y participar en manifestaciones populares, desde la firma de la paz”, dijo la fiscal luego de haber señalado al coronel Juan Chiroy Sal como el principal responsable de la masacre.

Chiroy estaba a cargo de la tropa integrada por más de 80 efectivos del Ejército entre —personal de seguridad ciudadana y equipos antidisturbios—, que salieron esa mañana a las 9 horas de la capital, con instrucciones de apoyar a las Fuerzas Especiales Policiales (FEP).

El coronel Chiroy habría respondido a una orden del general Roel Clemente de León, comandante de la Guardia de Honor.

Los señalamientos se les imputan después de que evidencias fotográficas y de video revelaran que Chiroy abandonó a su tropa, minutos después de obviar instrucciones de las fuerzas civiles, que les recomendaron no acercarse al área de concentración, ya que no era conveniente involucrar a las fuerzas militares.

Kilómetros antes del lugar de la protesta se habían instalado dos contingentes policiales de la Comisaría de Totonicapán y de las FEP de la capital.

“Cuando identificó situación de riesgo, no se comunicó con el mando policial, a quienes les hubiera podido pedir auxilio. Lo más grave es que abandonó a su tropa y la dejó sin mando”, dijo Paz y Paz.

Organizaciones nacionales e internacionales criticaron la participación del Ejército en los disturbios, entre ellos el procurador de los Derechos Humanos, quien exigió al MP investigar la línea de mando militar.

El Alto Comisionado de la ONU dijo que “existen elementos relevantes para considerar que las muertes podrían comprometer la responsabilidad del Estado de Guatemala bajo la figura de ejecución extrajudicial o arbitraria”.

En tanto, Francisco Dall’Anese, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sugirió al presidente Otto Pérez Molina promover una reforma legal para prohibir la participación de militares en tareas de seguridad pública.

Capturados

Los soldados detenidos fueron identificados como Dimas García Pérez, Marcos Chun Sacul, Ábner Enrique Cruz Pérez, Abraham Gua Cojoc, Felipe Chuc Coc, Ana Rosa Cervantes Aguilar, Edín Adolfo Agustín Vásquez y Manuel Lima Vásquez.

Los dos últimos son sindicados por ejecución extrajudicial consumada. Contra Lima Vásquez existen evidencias gráficas de que en el lugar apuntó contra los pobladores.

En el caso de Agustín Vásquez, el informe forense lo relaciona con el análisis de fragmentos balísticos que se encontraron en el cuerpo de Santos Nicolás Hernández Menchú.

El resto fueron capturados por el mismo delito pero en grado de tentativa, al no poderse determinar si las balas de sus armas causaron la muerte de las víctimas.

El lugar del crimen fue investigado en un kilómetro a la redonda, y se analizan un total de 108 casquillos, 89 restos de bombas de gas lacrimógeno, 11 muestras de sangre, 18 prendas de vestir, 12 fusiles galil y 69 informes periciales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Se estudian más de 50 imágenes y videos, así como 150 declaraciones.

Paz y Paz explicó que ocho armas fueron accionadas, pero no se ha podido establecer cuáles de ellas están relacionadas con las víctimas, pero especificó que las investigaciones continúan.

Además, se analizarán las lesiones de las víctimas sobrevivientes, para establecer si los fragmentos en las heridas son de perdigones u otros tipo de material.

También se tomará en cuenta la supuesta participación de un guardia de seguridad privada, quien pudo haber iniciado el ataque.

Los fusiles de los involucrados fueron verificados por el Inacif, luego de que el Ministerio de la Defensa indicara a quién pertenecía cada una de las armas.

Fuentes castrenses informaron que Chiroy tenía 25 años de alta en la institución. Desde hace cuatro años fue ascendido al grado de coronel, era el subcomandante del escuadrón de seguridad ciudadana y tenía bajo su mando a unos 500 hombres.

Los sindicados fueron detenidos en el cuartel de la Guardia de Honor, en donde permanecían desde el día de la masacre, y luego trasladados a la Torre de Tribunales. Luego fueron enviados a la cárcel militar Mariscal Zabala.

Para hoy a las 9 horas está programada la audiencia de primera declaración en el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo.

Hasta ayer, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) había recabado unas 250 evidencias y el MP más de 225 testimonios.

Según análisis del MP, ambas partes coinciden en 90 por ciento los testimonios: “Todos actuaron con el afán de protegerse ante la amenaza que percibieron”.

Integrantes del grupo castrense explicaron que actuaron solos, sin orientación, pues quien estaba a cargo de la tropa y de dirigirlos era el coronel Xiroy.

La decisión fue aparentemente para “alejar” a la turba que amenazaba con retenerlos.

Varios de los sobrevivientes dijeron que manifestaban en forma pacífica, cuando vieron llegar camiones con soldados.

“Iban bien armados con carabinas, cascos blancos y bombas lacrimógenas. Nosotros no teníamos armas, solo teníamos palos y piedras. Quisimos dialogar para defender nuestros derechos”, explicaron.

Investigaciones

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reporta en los resultados de las necropsias que el ataque fue directo, debido a la posición de los balazos.

El hecho ocurrió el 4 de octubre en la cumbre de Alaska, cuando manifestantes, convocados por autoridades indígenas de los 48 cantones de Totonicapán, protestaban por el alto precio de la energía eléctrica, los cambios a la carrera magisterial y las reformas constitucionales.

Una semana después, el Inacif revela que los informes balísticos detallan que al menos ocho de los 12 fusiles que portaba la tropa fueron utilizados durante el enfrentamiento.

No obstante, las fuentes refieren que no han logrado verificar qué balas eran de qué fusil y cuántas personas dispararon.

Búsqueda

Los investigadores también analizan los tipos de heridas que tienen 38 de los manifestantes de la cumbre de Alaska.

“Las balas de los fusiles Galil dejan orificio de entrada y uno de salida, pero se analiza por qué varias de las víctimas parecieran tener esquirlas. El problema está en que este tipo de armas no dejan estas secuelas, pues al momento de entrar en el cuerpo se desintegran”, explicaron.

Según el informe del Inacif, las víctimas fueron lesionadas en partes vitales, como pecho, corazón, caderas y extremidades inferiores, y otras tenían hemorragias o se habían desangrado.

Otro detalle, según las fuentes, es que en el sitio no encontraron casquillos de la escopeta que supuestamente accionó un guardia de seguridad privado, lo que pudo haber iniciado el ataque armado, como se informó.

“El camión quemado fue localizado a una distancia muy larga —unos dos kilómetros del lugar del enfrentamiento—, y que atribuían que un guardia de seguridad había disparado; sin embargo, se tuvo conocimiento de que ese camión no llevaba agente de seguridad”, indican.

Hasta ayer, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) había recabado unas 250 evidencias y el MP más de 225 testimonios.

Según análisis del MP, ambas partes coinciden en 90 por ciento los testimonios: “Todos actuaron con el afán de protegerse ante la amenaza que percibieron”.

Integrantes del grupo castrense explicaron que actuaron solos, sin orientación, pues quien estaba a cargo de la tropa y de dirigirlos era el coronel Xiroy.

La decisión fue aparentemente para “alejar” a la turba que amenazaba con retenerlos.

Varios de los sobrevivientes dijeron que manifestaban en forma pacífica, cuando vieron llegar camiones con soldados.

“Iban bien armados con carabinas, cascos blancos y bombas lacrimógenas. Nosotros no teníamos armas, solo teníamos palos y piedras. Quisimos dialogar para defender nuestros derechos”, explicaron.

Investigaciones

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reporta en los resultados de las necropsias que el ataque fue directo, debido a la posición de los balazos.

El hecho ocurrió el 4 de octubre en la cumbre de Alaska, cuando manifestantes, convocados por autoridades indígenas de los 48 cantones de Totonicapán, protestaban por el alto precio de la energía eléctrica, los cambios a la carrera magisterial y las reformas constitucionales.

Una semana después, el Inacif revela que los informes balísticos detallan que al menos ocho de los 12 fusiles que portaba la tropa fueron utilizados durante el enfrentamiento.

No obstante, las fuentes refieren que no han logrado verificar qué balas eran de qué fusil y cuántas personas dispararon.

Búsqueda

Los investigadores también analizan los tipos de heridas que tienen 38 de los manifestantes de la cumbre de Alaska.

“Las balas de los fusiles Galil dejan orificio de entrada y uno de salida, pero se analiza por qué varias de las víctimas parecieran tener esquirlas. El problema está en que este tipo de armas no dejan estas secuelas, pues al momento de entrar en el cuerpo se desintegran”, explicaron.

Según el informe del Inacif, las víctimas fueron lesionadas en partes vitales, como pecho, corazón, caderas y extremidades inferiores, y otras tenían hemorragias o se habían desangrado.

Otro detalle, según las fuentes, es que en el sitio no encontraron casquillos de la escopeta que supuestamente accionó un guardia de seguridad privado, lo que pudo haber iniciado el ataque armado, como se informó.

“El camión quemado fue localizado a una distancia muy larga —unos dos kilómetros del lugar del enfrentamiento—, y que atribuían que un guardia de seguridad había disparado; sin embargo, se tuvo conocimiento de que ese camión no llevaba agente de seguridad”, indican.

La pesadilla de esta familia comenzó el 15 de agosto recién pasado, cuando el paciente llegó al Hospital Ciudad Vieja, zona 10, para que le extrajeran un lipoma —bola de grasa— en la espalda, por medio de una cirugía menor.

Los trámites para concretar la operación ocuparon ocho meses, y el costo de esta fue de Q200, lo cual fue cubierto por el seguro Grupo Medax —Corporación de Hospitales—.

Renato González, su hijo, refirió que esa mañana su padre ingresó”sonriente y entusiasta” en la sala de cirugía del Hospital Ciudad Vieja, y junto a su madre, Malena Díaz, pasaron a la sala de espera.

Desde entonces, relataron, viven una mezcla de frustración, desesperación, impotencia y devastación emocional.

Complicación

Esa mañana, al notar que González Sandoval llevaba más de una hora en el quirófano, hijo y madre se preocuparon y buscaron respuestas, pero nadie apareció. Transcurrió un tiempo más y el médico Mayco Araujo y el anestesiólogo Óscar Sarti salieron a darles información.

“Hubo una pequeña complicación”, escucharon, y quedaron perplejos al enterarse de que el paciente se encontraba en mal estado de salud.

“Los niveles de oxígeno disminuyeron por debajo del mínimo aceptable —90—. Lo estabilizamos, pero hay que esperar a que despierte”, agregaron los médicos.

Una hora más tarde observaron que los facultativos y enfermeras lo trasladaban a la sala de cuidados intensivos. “Convulsiones”, lograron escuchar mientras estos corrían a entubarlo para “calmarlo”.

Siguieron con una tomografía. Mientras, el tiempo transcurría, llegó la noche y la opción de inducirle coma barbitúrico. Con esto el paciente debía reaccionar en 48 horas, pero no sucedió.

Malena Díaz contó: “Ante la insistencia, los médicos nos explicaron que tuvo paro respiratorio, falta de oxígeno por más de tres o cuatro minutos. Le dieron masaje en el corazón y le inyectaron adrenalina, lo que ocasionó daño cerebral”.

Posteriormente ingresó en la habitación donde reposaba su esposo, le acarició la cabeza y notó un chichón.

Consultaron a los especialistas y estos aseguraron que desconocían sobre esa inflamación. Un médico dijo que se trataba de un golpe, pero nadie explicó qué paso.

Posoperación

Al ver que el paciente no respondía, los médicos sugirieron trasladarlo a otro hospital de la misma red —Las Américas—, pues allí cuentan con el equipo necesario, pero advirtieron de que el seguro médico había llegado a su límite —Q100 mil—, y antes de movilizarlo la familia tuvo que abonar Q30 mil.

Le hicieron una serie de exámenes, pero a causa de la entubación el paciente contrajo neumonía y ahora debían alimentarlo por la vía intravenosa. El diagnóstico confirmó daños cerebrales.

El 24 de agosto, los médicos alertaron a la familia de que, debido a la inflamación en el cerebro, había “probabilidad alta de que quedara de por vida en estado vegetal o morir por cualquier deficiencia”.

La denuncia

Los familiares de González Sandoval denunciaron en el Ministerio Público, según consta en el expediente 2012-118986, por daños gravísimos, a los dos médicos —Araujo y Sarti—, y al hospital Ciudad Vieja, por medio de su representante legal. “Queremos responsabilizar al hospital. Sabemos que pasaron muchas cosas que no debieron suceder. Además, deben asumir los gastos, porque mi papá ingresó por algo menor”, afirmó Renato González.

El 22 de agosto, personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses se presentó al sanatorio para analizar el expediente y efectuar otras diligencias.

Ayer, Renato González llegó al nosocomio acompañado de un representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ya que en el hospital le dijeron que hasta ahora tiene una deuda de Q302 mil.

Representantes de los médicos, administrativos y abogada del centro asistencial informaron que hoy se reunirían con la Junta Directiva para analizar el expediente.

González relató que su padre se jubiló, trabajó como gerente regional de una multinacional y se retiró para concretar proyectos propios, como impartir clases y asesorías.

“Era muy sano, hacía deporte; raras veces enfermó. En su vida visitó pocas veces los hospitales o médicos”, refirió.

“Esto era una cirugía menor. Tuvo que salir en 30 minutos, pero ya no despertó”, lamentó González.

Evelyn Hernández, abogada del Hospital, solicitó la credencial de la reportera que cubrió la presente nota y se quedó con una fotocopia, medida que se interpreta como ilegal.

A esto se suma, según investigadores del Ministerio Público (MP), la lucha de poderes por el narcotráfico, la incursión del grupo los Zetas para apropiarse de territorio y el incremento del tráfico de personas y madera, entre otros delitos.

De acuerdo con cifras del MP y la Policía Nacional Civil (PNC), el departamento de Guatemala dejó de ser el más violento y con más altos índices criminales, y pasó del primero al tercer lugar en el último año.

Las investigaciones del MP revelan que los crímenes se han incrementado en La Libertad, Petén; Esquipulas, Chiquimula; Zacapa; Agua Blanca, Jutiapa; Escuintla y Santa Rosa, entre otros lugares.

“Uno de los factores principales ha sido la intensificación de la persecución criminal por determinados delitos. Por ejemplo, en los grupos dedicados al sicariato se ve un descenso en las muertes violentas en Guatemala y un ascenso en los departamentos”, explicó Mynor Melgar, secretario general del MP.

El fiscal afirmó que otro fenómeno se da cuando se traslada a pandilleros a cárceles de la provincia, debido a que se incrementan las extorsiones, asaltos y, por ende, las muertes violentas, ya que junto a ellos se mudan sus familiares y amigos.

“Al crecer las pandillas se les hace pequeño el territorio, entonces se da un fenómeno de expansión. Algunos migran junto con sus familiares y hacen alianza con delincuentes locales, o los desplazan y se dan los homicidios”, expuso.

Acciones

Entre las acciones recientes de las autoridades para investigar y contrarrestar estos fenómenos está reforzar las fiscalías, con más personal.

“Por ejemplo, en fiscalías como la ubicada en La Libertad fueron nombrados dos auxiliares para dar seguimiento a las investigaciones”, indicó el MP.

Además de recientes nombramientos, solicitarán al Ministerio de Gobernación apoyo para integrar más investigadores policiales para avanzar en las pesquisas”.

Análisis

En cuanto a las causas y forma de muerte de las víctimas, el MP refirió que dependen del lugar donde ocurren los casos.

En La Libertad, por ejemplo, que es un área extensa que involucra a Sayaxché, “el fenómeno se debe a la existencia de diferentes tipos de hechos delictivos”, se indicó.

“Circula mucho tráfico de madera, flora, fauna, drogas y armas; inmigrantes y trata de personas. Obviamente es zona fronteriza que tiene una fuerte incidencia criminal”, señaló.

En Agua Blanca, Jutiapa, donde se reportan unos 86 homicidios, el ente investigador indica que es una cifra elevada, tomando en cuenta la tasa poblacional —cantidad de personas que vive en el municipio—.

“En esta área, también vinculada con Asunción Mita, Ipala y Morales, que son parte de la frontera, ya estudiamos unas líneas de investigación que nos llevarán al factor principal”, explicó Melgar.

Escuintla va a la cabeza

En Escuintla, a pesar de que no es un área fronteriza, han aparecido varios cuerpos, por lo que los investigadores analizan la posibilidad de que Nueva Concepción sea utilizado como botadero de cadáveres.

“Es posible que la incidencia se deba a que el lugar es utilizado para encubrir crímenes. Matan a las víctimas en otras áreas y los abandonan en ese municipio, aprovechando que tiene lugares desolados y eso lo convierte en botadero de cadáveres”, indicó.

En el último año, Escuintla pasó de la casilla tres al primer lugar de los departamentos con más homicidios.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), en esa llamada el denunciante informó que en diferentes negocios de la capital, un grupo de personas mantenían retenidas a varias adolescentes que eran utilizadas para diferentes fines.

Entre los detalles que aportó el denunciante destaca el tiempo y la forma de operar de la red, nombres de integrantes, ubicación de los negocios y trato a las víctimas.

Alexander Colop, fiscal contra la Trata de Personas, del MP, explicó que con apoyo de investigadores de la PNC dio seguimiento a la denuncia durante tres meses. “Se montó vigilancia, se corroboraron direcciones de los negocios y seguimiento a quienes ingresaban y salían de los lugares. De esa forma se individualizó a los sindicados”, expresó el fiscal.

Los negocios

Las investigaciones determinaron que la estructura era liderada por Juan Mateo Hernández Coj, de 46 años, su hijo Walter Mateo Hernández Julián, 21, y su esposa Tatiana Esquivel Gómez, 35.

Los sindicados son propietarios de negocios que funcionan con fachadas de venta de licor, comida y hoteles, ubicados en la capital y Amatitlán, donde mantenían esclavizadas a las menores.

Después de tres meses de investigación, las autoridades descubrieron los horarios, días y lugares a donde eran trasladadas las víctimas. “Los viernes por la tarde las tenían a todas en los negocios; por eso aprovechamos a realizar 20 allanamientos en Mixco, Villa Nueva y La Terminal de la zona 4”, refirió el fiscal.

Agregó: “Así determinamos la función de cada uno y logramos desarticular a la banda. Liberamos a las 14 menores, que fueron trasladadas a albergues temporales. Dos de ellas, en estado de gestación”.

Las pesquisas revelaron que la familia era apoyada por Cornelio Silvestre Luis Cux, 32, quien intimidaba a las menores con armas de fuego. “Eran vigiladas para que no salieran y no tuvieran comunicación con sus familiares, para que no pidieran ayuda y no revelaran las operaciones de la banda”, informó Colop.

Esquivel Gómez tenía la función de cocinar y repartir los alimentos a las adolescentes y otros trabajadores de los negocios, mientras que Mateo Hernández supervisaba a los encargados y los lugares, en diferentes horarios y días específicos.

Las otras 11 personas detenidas se desempeñaban como encargadas y facilitaban la explotación de las menores.

Todos fueron aprehendidos por los delitos de trata de personas, asociación ilícita, y promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución.

Colop explicó que las jóvenes eran del occidente del país. “Eran contactadas por otras jovencitas que trabajaron con la estructura. Recibían pago de Q500 o Q700; otras, nada”.

Según el MP, Mateo Hernández inspiraba confianza porque era pastor evangélico y viajaba a la provincia, lo cual “pudo facilitar el reclutamiento de las menores”.

Según el Ministerio Público (MP), entre los detenidos está David Estuardo Cervantes Urízar, líder del grupo, quien fue capturado en la 16 avenida 25-00 condominio Vista de Elgin, zona 13.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, la organización operaba desde hace unos tres años y contrataba personas llamadas “pitufos” para trasladar dinero y droga del aeropuerto La Aurora a varios países.

Además utilizaban empresas donde hacían transferencias electrónicas hacia Panamá, Hong Kong, Taiwán y Estados Unidos.

“Tienen otras actividades ilícitas como sicariato, robo de residencias, tumbe de drogas, comercio y tráfico de precursores químicos”, afirmaron agentes.

Los identifican

La banda fue identificada luego de la captura de tres personas en el aeropuerto, el 3 de abril último, cuando llevaban droga y dinero en su organismo.

Según las pesquisas, la estructura movilizaba cada semana a unas 20 personas, quienes trasladaban US$9 mil 500, mientras que otras ingerían droga en cápsulas o pepas con hasta US$105 mil.

“El año pasado movilizaron US$1.5 millones. Este año casi superan esa cifra”, afirmó un fiscal.

El MP explicó que Cervantes Urízar es el líder y se encargaba de la administración y control del grupo. Además hay dos personas que les distribuyen el dinero para lavarlo.

La forma de operar fue revelada por exintegrantes de la banda. “El grupo tiene personal encargado de alquilar casas para guardar el dinero y armas. Rellenan maletas de dinero en doble fondo y preparan a los pitufos para salir por el aeropuerto”, explicaron investigadores.

Otro equipo se encarga de cambiar dólares a quetzales.

Algunas víctimas son los pitufos que trasladan dinero. “Agentes policiales que conocen del negocio los interceptan y les roban, y ellos se ven obligados a pagar lo perdido”, dijeron.

El grupo tortura a quienes presume que le robaron droga o dinero, y tiene un médico que mantiene viva a la persona hasta que dice dónde o quienes tienen lo perdido.

El MP continúa las investigaciones de áreas de operación del grupo, ya que en allanamientos ubicaron contratos de arrendamiento de una casa en Huehuetenango y varios estados de cuenta. Prevé determinar a qué grupo de narcotraficantes le lavan dinero.

Las evidencias fueron localizadas el 8 de junio último, cuando agentes fiscales del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron 33 viviendas en las colonias Prados de Villa Hermosa, zona 7; San Miguel Petapa, zona 21; barrio El Gallito, y colonia La Isla, zona 3.

Investigadores del MP y del Ministerio de Gobernación explicaron que los integrantes de la banda se conocían, pues en una computadora fueron localizadas varias fotografías en donde figura la mayoría de ellos en grupo.

“En algunas de las fotografías se observa que el grupo está de viaje, pues llevan mochilas, equipaje, visten camisas sport con lentes oscuros y se encuentran en áreas montañosas”, dijeron.

Las pruebas

A las evidencias se suman los 26 reconocimientos fotográficos de los afectados que los denunciaron por secuestro, robo de vehículo, violación, y además, por obligar a las víctimas a retirar dinero en cajeros automáticos.

De acuerdo con investigadores, los victimarios “quedan más que vinculados con los diferentes hechos”, pues en los teléfonos decomisados había videos y audios donde planificaban los secuestros.

“En los videos queda evidenciado cómo marcaban a las posibles víctimas. En uno se observa cómo vigilaban a las mujeres desde el interior de un restaurante ubicado en un centro comercial de la Calzada Roosevelt. Las seguían y verificaban sus rutas, y posteriormente las interceptaban”, refiere la fuente.

Agrega: “En las grabaciones se escucha cómo planificaban los abusos contra ellas”.

Otros videos evidencian que algunas de las víctimas eran llevadas a las residencias de los integrantes de la banda, donde las ataban de pies y manos y luego las torturaban.

“A varias las quemaban con cigarrillos. En otras grabaciones se observan algunas de ellas sedadas, en áreas verdes o al aire libre”, refirieron los investigadores.

Objetos

Al momento de la identificación de los agresores, las víctimas también reconocieron varias de sus pertenencias, como cadenas, ropa —sudaderos, pantalones—, teléfonos celulares y documentos de identificación.

En los allanamientos, las autoridades decomisaron varios vehículos y dos motocicletas utilizados por la banda.

Una de las motos fue reportada como robada, luego de que una persona de nacionalidad brasileña anunciara la venta de esta por internet.

“Los interesados —presuntos violadores— se reunieron con el vendedor, le pidieron probar la moto y le dejaron en garantía un carro, pero este había sido robado. Posteriormente la moto fue localizada en uno de los allanamientos en la zona 3”, explicaron los agentes.

Hasta ahora las autoridades han capturado a 11 presuntos integrantes de la banda, quienes fueron ligados a proceso por asociación ilícita, plagio o secuestro, violación agravada y robo agravado.

Las evidencias fueron localizadas el 8 de junio último, cuando agentes fiscales del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron 33 viviendas en las colonias Prados de Villa Hermosa, zona 7; San Miguel Petapa, zona 21; barrio El Gallito, y colonia La Isla, zona 3.

Investigadores del MP y del Ministerio de Gobernación explicaron que los integrantes de la banda se conocían, pues en una computadora fueron localizadas varias fotografías en donde figura la mayoría de ellos en grupo.

“En algunas de las fotografías se observa que el grupo está de viaje, pues llevan mochilas, equipaje, visten camisas sport con lentes oscuros y se encuentran en áreas montañosas”, dijeron.

Las pruebas

A las evidencias se suman los 26 reconocimientos fotográficos de los afectados que los denunciaron por secuestro, robo de vehículo, violación, y además, por obligar a las víctimas a retirar dinero en cajeros automáticos.

De acuerdo con investigadores, los victimarios “quedan más que vinculados con los diferentes hechos”, pues en los teléfonos decomisados había videos y audios donde planificaban los secuestros.

“En los videos queda evidenciado cómo marcaban a las posibles víctimas. En uno se observa cómo vigilaban a las mujeres desde el interior de un restaurante ubicado en un centro comercial de la Calzada Roosevelt. Las seguían y verificaban sus rutas, y posteriormente las interceptaban”, refiere la fuente.

Agrega: “En las grabaciones se escucha cómo planificaban los abusos contra ellas”.

Otros videos evidencian que algunas de las víctimas eran llevadas a las residencias de los integrantes de la banda, donde las ataban de pies y manos y luego las torturaban.

“A varias las quemaban con cigarrillos. En otras grabaciones se observan algunas de ellas sedadas, en áreas verdes o al aire libre”, refirieron los investigadores.

Objetos

Al momento de la identificación de los agresores, las víctimas también reconocieron varias de sus pertenencias, como cadenas, ropa —sudaderos, pantalones—, teléfonos celulares y documentos de identificación.

En los allanamientos, las autoridades decomisaron varios vehículos y dos motocicletas utilizados por la banda.

Una de las motos fue reportada como robada, luego de que una persona de nacionalidad brasileña anunciara la venta de esta por internet.

“Los interesados —presuntos violadores— se reunieron con el vendedor, le pidieron probar la moto y le dejaron en garantía un carro, pero este había sido robado. Posteriormente la moto fue localizada en uno de los allanamientos en la zona 3”, explicaron los agentes.

Hasta ahora las autoridades han capturado a 11 presuntos integrantes de la banda, quienes fueron ligados a proceso por asociación ilícita, plagio o secuestro, violación agravada y robo agravado.

Los detenidos fueron identificados como Heriberto Enrique Lara Romero, de 18 años, alias el Negro; Ervin Rolando Sub, 21, alias el Gato; Jhony Mauricio Milián Santiago, 22, y el mexicano José Adán Espinoza Soto, 30, todos sindicados de plagio y secuestro, y asociaciones ilícitas. Anoche, fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2, a solicitud del MP.

Tres de los aprehendidos están señalados de haber forzado a la víctima a ingresar en un vehículo para secuestrarlo y posteriormente desaparecerlo; otro colaboró en varias acciones, informaron fuentes del MP.

En los allanamientos, las autoridades decomisaron varios celulares y chips de diferentes empresas telefónicas, entre otros objetos.

Las investigaciones del MP señalan que los sindicados habrían participado en el secuestro del mexicano José Luis Tepezano Macías, 42, quien fue plagiado en un sector de ese municipio, y a pesar de que la familia pagó un rescate de US$50 mil —unos Q400 mil— tras una negociación, aún se desconoce su paradero.

Otro detenido

Por ese caso ya fue capturado Gertulio Antonio Hernández Cabrera, 34, el pasado 15 de abril, en San Benito, Petén, a quien se le señala de ser el socio de la víctima y principal sospechoso de dirigir la banda, a la que se le atribuyen otros secuestros en Izabal.

Uno de los allanamientos de ayer en San Benito se efectuó en el club nocturno Bragas, propiedad de Hernández, el cual fue cerrado hace una semana porque se creyó que allí podría estar sepultado el cuerpo de Tepezano, pero la búsqueda resultó negativa.

Otro inmueble cateado fue el autohotel Dubái Suites, que en un inicio el MP determinó que también pertenecía a Hernández, pero al momento del allanamiento se presentó un documento de otro supuesto propietario, identificado como Marvin Geovanny Guzmán Díaz, quien podría ser un testaferro.

Las pesquisas

Investigadores policiales y del Comando Antisecuestros explicaron que la víctima decidió, junto a su esposa y cuatro hijos, migrar de Jalisco, México, para instalarse en San Benito, Petén, en noviembre del 2011, después de asociarse con Hernández, con quien acordó abrir una sucursal de su empresa de helados y hielo.

“Él es propietario de una empresa de helados en México y quiso abrir una sucursal en Costa Rica, pero conoció a Hernández, quien distribuía materia prima, vía terrestre, a Juan Carlos Panafox —compadre de Tepezano—, originario de Nogales, Sonora, y propietario de una maquiladora en Guadalajara”, explicó un investigador.

Agregaron las fuentes que Hernández convenció de esa manera a Tepezano para instalar la empresa en Guatemala y construir en un terreno que la víctima compró en San Benito por Q1.5 millones.

“Hernández también logró que el terreno lo registrara a su nombre, tras convencerlo de que por ser mexicano no podía adquirir bienes en el país”, señaló el investigador.

El terreno, de gran extensión, además de construir el área para la empresa, serviría para levantar, a un costado, la casa donde viviría la familia de la víctima.

La empresa sería abierta días antes de la Semana Santa, y ya estaba equipada. El negocio, situado en la calle Torinza y barrio El Trébol del citado municipio, se llamaría Elieth.

En la actualidad, las cuentas bancarias de Hernández están congeladas y “falta determinar lo que pasará con la propiedad, que está a su nombre”, indicaron las fuentes.

La desaparición

La mañana del pasado 19 de marzo fue secuestrado Tepezano. A eso de las 14 horas, Hernández recibió llamadas en las que le pidieron rescate por el mexicano.

A la 16 horas de ese día, la esposa de la víctima preguntó si hubo comunicación, y el socio le dijo que no, pero una hora después le indicó que los plagiarios pedían US$100 mil —unos Q800 mil—.

Marta Angélica Jota Flores, esposa de la víctima, presentó la denuncia en el MP pero después la retiró, cuando Hernández la convenció de decir a las autoridades que aparentemente su esposo había aparecido y que solo sería cuestión de que pagaran el rescate, que ya había negociado en US$50 mil —Q400 mil—, con lo que se resolvería el problema.

Jota solicitó una transferencia bancaria en México hacia un banco de la capital guatemalteca y personalmente se presentó a recogerlo para entregarlo a Hernández, quien pagaría el rescate por medio de una tercera persona, en el entronque de Río Hondo a Chiquimula.

La mujer decidió regresar a su país junto a sus hijos al ver que su esposo no aparecía.

Ya en su país, Jota presentó una denuncia y declaró como prueba anticipada. La Fiscalía de México en conjunto con el MP de Guatemala investigan el caso.

Las autoridades tienen pendientes dos órdenes de captura, una en San Benito y otra en San Juan Sacatepéquez.

Se conoció que la jueza a cargo del caso firmó una orden de allanamiento al final de la tarde, minutos después de que uno de los sindicados se fugó. Se presume parentesco entre ambos.

El operativo empezó a las 5.30 horas —duró unas siete horas— y concluyó con el decomiso de cuatro paneles solares —uno fue destruido—, entre otros artículos ilegales.

De acuerdo con Ruddy Esquivel, vocero del SP, también hallaron 73 baterías para celulares, 1.5 libras de marihuana, cuatro onzas de pólvora negra y 40 armas punzocortantes hechizas —cuchillos y desarmadores—.

Además, hojas y documentación con nombres, direcciones y números de teléfonos.

“Lo más curioso son los paneles solares, pues con estos los reclusos pueden cargar todo tipo de dispositivo pequeño, entre ellos los teléfonos móviles”, explicó Esquivel.

Objetivo

El motivo de la requisa era descubrir ilícitos e identificar a integrantes de grupos criminales que puedan operar desde los reclusorios, señaló el vocero.

“Lo que se pretende con esta medida es minimizar el flagelo de posibles extorsiones que pueden suscitarse desde centros carcelarios”, enfatizó.

El lugar fue inspeccionado por agentes de la guardia penitenciaria del Grupo Especializado en Requisas y Traslados, las Fuerzas Especiales Policiales, la Unidad Canina Policial y fiscales del Ministerio Público.

Según fiscales de ambas naciones, propietarios de cadenas hoteleras cinco estrellas recibieron llamadas en las que les exigían hasta US$500 mil.

Investigaciones determinaron que las comunicaciones provenían de Guatemala, luego de que los denunciantes proporcionaran números telefónicos desde donde los extorsionaban con el número de área 502.

“Las víctimas negociaban cuotas y transferían pagos de US$2 mil a US$5 mil por medio de Western Union”, explicaron.

Los detectan

Autoridades determinaron que la mayoría de llamadas provenían específicamente de la cárcel de máxima seguridad el Infiernito.

“En diferentes requisas localizamos guías telefónicas de otros países, y otras llamadas coincidían con teléfonos instalados en Jalapa”.

Esos datos permitieron a los pesquisidores capturar a unas ocho personas, quienes fueron enviadas a El Salvador, donde son procesadas por extorsión.

Ambas fiscalías investigan unas 15 denuncias.

Las amenazas

Según se tuvo conocimiento, entre los hoteles extorsionados se encuentran el Sheraton y Hilton.

“Los contactaban telefónicamente y fingían ser guías de un grupo de turistas de más de 30 personas. Requerían hablar con encargados o gerentes de los hoteles, y cuando se los comunicaban, los amenazaban y exigían el dinero”.

La intimidación consistía en indicar que tenían hospedados en los hoteles a un grupo de sus cómplices. Si se negaban a pagar, que esperaran consecuencias, explicaron fiscales.

Buscan a banda

Las pesquisas son dirigidas en contra de integrantes de la banda denominada el Chapín, que también extorsiona en otros países, como Honduras.

Las investigaciones datan de hace tres años, y en Guatemala no hay denuncias contra ninguno de los integrantes de esa estructura, pero se sabe que está formado por reclusos y pandilleros en libertad.

Eddy Armando Salay Barillas, de 42 años, capturado el 19 de noviembre del 2011 en Mazatenango, Suchitepéquez, por los delitos de estafa propia, asociación, conspiración, intermediación financiera y lavado de dinero, es sindicado de ser uno de los que estafaron a más de 60 inversionistas en la financiera que operó entre el 2003 y el 2006.

La audiencia estaba programada en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, pero se suspendió porque el expediente no estaba disponible.

La financiera

Según el MP, Valat International Holdings, Ltd, era una empresa mexicana constituida en Guatemala que captaba fondos, en su mayoría en dólares.

“Ofrecían tasas de interés entre el 12 y el 15 por ciento, y con esto captaron clientes”, indicó.

La entidad dejó de funcionar en noviembre del 2006, cuando la Superintendencia de Bancos (SB) denunció en el MP que la empresa no estaba inscrita en el Registro Mercantil ni vinculada a ningún banco o entidad financiera que respaldara su funcionamiento.

Según la denuncia, la entidad no podía captar dinero del público, por lo tanto sus representantes incurrieron en el delito de intermediación financiera, tipificado en la Ley de Bancos y Grupos Financieros.

En diciembre de ese año, el MP allanó una de las oficinas ubicadas en la zona 10, donde solo encontró cenizas de los documentos que servirían como medio de prueba.

Lo único que no fue quemado fueron copias de pagarés y tarjetas plásticas.

Las negociaciones con los inversionistas se hacían de manera directa en un hotel capitalino.

La constitución de la financiera fue protocolizada sin legalización de firmas el 25 de junio de 1998 por un notario, a petición de dos personas y Asdrúbal Estuardo Portillo Jiménez, Enrique Martín Villalobos Gómez —mexicano—, según escritura pública adjunta a la denuncia.

Los dos últimos mencionados son prófugos de la justicia. El MP emitió una alerta a la Interpol e intercambia información con fiscalías mexicanas, ya que ese país los investiga por casos de estafa.

Actualmente los afectados se encuentran en fase de negociación con los sindicados para recuperar el dinero invertido.

Según los afectados, han recibido llamadas telefónicas, en las cuales les dicen que tienen retenidos a familiares que se dirigen a EE. UU. y a otros que viajan a México para vender productos o importar vehículos.

Las denuncias ingresaron en diciembre último a la Unidad de Acción Nacional contra el Desarrollo de Pandillas (Panda) de la PNC y en la sede del MP, en el citado departamento, y según las autoridades, ya comenzaron a investigar.

A la fecha, Panda tiene unas 12 denuncias que fueron presentadas por pobladores de varias comunidades de Jalapa durante las tres primeras semanas de diciembre.

“Las llamadas han sido para exigir dinero a cambio de dejar en libertad a las personas retenidas en ese país —México—”, informó un investigador.

De acuerdo con las primeras pesquisas, todas las denuncias han tenido el mismo patrón: se exigen transferencias que oscilan entre US$3 mil y US$13 mil. El dinero ha sido retirado mediante códigos proporcionados por las víctimas en un banco, en áreas de Chiapas y Quintana Roo, México.

Amenazas

Según investigadores, las víctimas eran llamadas a sus celulares desde teléfonos con numeración del país vecino.

“Les daban descripciones y detalles de sus familiares. Coincidían con el lugar hacia donde se dirigían y quiénes viajaban a ese país por comercio. Además, les decían que tenían anotado cada cuánto tiempo pasaban la frontera”, explicó un agente policial.

Una de las amenazas más fuertes era que, si no depositaban el dinero, “descuartizarían a la persona retenida”. Por eso varios guatemaltecos fueron extorsionados en distintas ocasiones y depositaron hasta US$13 mil.

Según las pesquisas, por temor, las víctimas nunca intentaron verificar si en realidad sus familiares estaban secuestrados. “En unos casos determinamos que los extorsionistas tenían información de las personas, pero nunca las secuestraron. Sin embargo, sí recibieron el dinero exigido vía telefónica”, dijo un fiscal.

Para rastrear el origen de las llamadas, los investigadores coordinan con autoridades de México y EE. UU., a fin de detectar a los grupos de extorsionistas y a personas vinculadas con estos.

Relatos

“El teléfono sonó. Observé que el número desde donde llamaban era desconocido, pero igual, respondí. Una voz con tono como cantado me dijo: Tenemos secuestrado a …; si no depositas US$7 mil en menos de ocho horas, en el banco, te mandamos el cuerpo en una caja y la cabeza en otra”, relató uno de los extorsionados.

Agregó: “Horas más tarde volvieron a llamar y nos exigieron el código del banco, para retirar el dinero”.

Ruta peligrosa

Las denuncias también apuntan a que pobladores de Jalapa que viajan de manera temporal a México, sobre todo en la ruta a Tamaulipas, son retenidos en puestos de registro ilegal.

“Son interceptados por grupos de entre 20 y 30 personas vestidas de militares, a quienes deben pagar una cuota de circulación de entre US$100 y US$500; de lo contrario, son víctimas de hechos delictivos”, revelan las pesquisas.

Un viajero relató que cuando regresaba a Guatemala con tres automóviles rodados, unos individuos se los quitaron, los quemaron y luego los lanzaron en un barranco. Otras personas son asaltadas cuando cambian quetzales por moneda mexicana.

Álex Colop, jefe de la Unidad Contra la Trata, del Ministerio Público, informó que se enteraron del caso por una investigación en EE. UU., sobre un sitio electrónico en que se reproducía pornografía infantil.

Investigación

En la página Dreamboard, usuarios de diferentes países suministraban fotos y videos pornográficos de menores de edad, en forma gratuita.

“La investigación de EE. UU. comenzó en septiembre de 2008. Determinaron que estaban involucrados varios usuarios, entre ellos Higueros. Nos facilitaron el IP de la computadora desde la que enviaba el material. Obtuvimos su correo electrónico, cuenta de Facebook y otros datos que permitieron ubicarlo”, afirmó Colop.

El fiscal dijo que hasta ahora han capturado a otras 26 personas, la mayoría en EE. UU., Alemania, Holanda y otros países europeos.

La captura

Higueros fue aprehendido en su residencia, en la colonia Jardines de la Asunción, después de cuatro meses de investigación.

“En el allanamiento se encontró una cantidad exagerada de material pornográfico, equipo tecnológico y prendas de vestir de niños”, informó Colop.

“No se ha determinado quiénes son las víctimas ni si Higueros tiene cómplices. Necesitamos que denuncien los casos”, dijo.

Los investigadores del MP verifican si el material que Higueros compartía en el sitio electrónico eran copia de videos de otros países o si los grababa él con niños guatemaltecos.

Las posibles víctimas pudieron haber sido niñas de entre 5 y 11 años de edad, de planteles educativos de la zona 5.

El fiscal no descarta que EE. UU. requiera a Higueros para juzgarlo por haber difundido ese material.

Higueros vivía con su madre, quien dijo desconocer a qué se dedicaba él, y con un hermano, que no se encontraba al momento de la captura.

Un investigador refirió que el señalado dijo al momento del cateo: “Señor, reconozco que tengo problemas y que estoy enfermo. Pasen adelante, van a encontrar lo que vienen a buscar”.

Proceso

Higueros será escuchado hoy por la jueza Marta Sierra, señalado de difusión de pornografía infantil y tenencia de ese material.

El militar, que intentó ganar las elecciones en el 2004, pero fue relegado por los votantes a un tercer lugar, es hoy un ciudadano de 85 años que tendrá que enfrentar a la justicia en Guatemala, y ha comenzado a mover sus cartas para evitar ser capturado.

Sobre él pesan acusaciones de genocidio, tortura, desapariciones forzadas, terrorismo de Estado y crímenes contra la humanidad, las cuales ha negado en repetidas ocasiones al decir que no ejecutó ni ordenó tales acciones.

Ríos Montt ha sido citado para dar una primera declaración el próximo jueves.

Señalamientos

Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, presentó una denuncia en la Audiencia Nacional española contra el militar golpista, al que señala junto a otros militares y exfuncionarios de la quema de la Embajada de España el 31 de enero de 1980.

La demanda presentada por Menchú y otros activistas humanitarios motivó al juez Santiago Pedraz a solicitar la extradición de Ríos Montt, por genocidio, terrorismo y torturas, cometidos entre 1978 y 1986.

El requerimiento fue rechazado en Guatemala por la Corte de Constitucionalidad en el 2007.

La Asociación por la Justicia y Reconciliación solicitó en aquel año la investigación contra el ex jefe de Estado (1982-1983) por su supuesta responsabilidad en las masacres perpetradas durante su mandato.

En el 2010 se presentó otra denuncia por las masacres en el área Ixil, documentadas en los planes Victoria 82, Sofía y Firmeza 83.

Ahora, sin el fuero legislativo, con un partido político languideciente y sin aliados en esferas del Estado, Ríos Montt decidió retirarse de la arena política.

primer intento

Ríos Montt nació en Huehuetenango el 16 de junio de 1926. A los 20 años ingresó en la Escuela Politécnica para formar parte de la promoción 47, la más numerosa —63 cadetes— desde que es institución fue fundada.

El General, como es llamado, fue postulado en 1974 a la Presidencia de la República por el Frente Nacional de Oposición, que lideraba el partido Democracia Cristiana Guatemalteca. Pese a que ganó la contienda en votos, el Congreso designó al general Kjell Eugenio Laugerud García.

Como premio de consuelo, Ríos fue enviado a España como agregado militar. No se supo nada de él en una década.

A su retorno, ya dedicado a predicar en la iglesia evangélica Verbo, fue llamado por un grupo de oficiales jóvenes que encabezó el golpe que depuso al general Fernando Romeo Lucas García en un momento en que la guerrilla había cobrado notable fuerza.

Golpe con golpe

El 23 de marzo de 1982, dos semanas después de que el general Ángel Aníbal Guevara cantara victoria en otra elección fraudulenta, se produjo la asonada que marcó el inicio de la más controversial parte en la vida de Ríos Montt, al encabezar un triunvirato.

El militar afirma que no tuvo acción en el golpe, pero luego de tres meses disolvió la junta militar que dirigía, se proclamó presidente de la República y asumió el poder de forma autócrata.

Durante los 16 meses que gobernó, sus paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil combatieron y cometieron abusos. Además, se mantenía fuerte control sobre la población rural, a través de programas como Frijoles y Fusiles.

Fue derrocado en 1983 por el general Óscar Mejía Víctores, su ministro de la Defensa.

Tres veces diputado

En enero de 1990 fundó el FRG en busca de llegar a la Presidencia, pero no pudo ser candidato por impedimento constitucional, al haber sido caudillo de golpe militar; optó por conseguir inmunidad en el Congreso.

En las elecciones de 1995 ganó una diputación y presidió el Legislativo en el período 1995-1996.

En las elecciones de 1999 llegó al Legislativo por segunda ocasión, y lo presidió del 2000 al 2003. Fue en ese período que logró la candidatura, pero la sombra de corrupción que pesó sobre el gobierno de Alfonso Portillo y el FRG le costó el rechazo ciudadano, que lo relegó a un tercer puesto. En el 2007 ganó una diputación, que asegura es el último escaño de su vida.

Dinastía

Ríos Montt llegó a ser una figura política poderosa en el país, con una cohorte de prosélitos, muchos de los cuales han emigrado a otros partidos o se han retirado de la actividad pública. Su hija Zury siguió sus pasos en el Congreso, pero ella tampoco buscó una curul para la actual legislatura.

Su hijo, Enrique, también es fundador del FRG, y durante el gobierno de Portillo fue jefe del Departamento de Presupuesto del Ejército. Está implicado en supuestas transferencias anómalas de los ministerios de Educación, Salud y Gobernación al de la Defensa por Q906 millones.

Su sobrino Guillermo Sosa fue diputado del FRG y ahora es viceministro de Comunicaciones.

Su esposa, María Teresa Sosa, también es fundadora del partido, y ha sido diputada y su consejera.

Ahora sin poder, su estrella se apaga y la próxima semana debe presentarse al Juzgado Primero de Alto Riesgo para responder sobre una denuncia de violación a los derechos humanos. La Fundación Rigoberta Menchú pide que sea detenido; él confía en que haberse presentado voluntariamente ayude a mostrar que no tiene intención de fugarse.

Un informe publicado en la página electrónica de la Oficina para el Control de Bienes en el Extranjero (Ofac, en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, señala a Chacón como “una de las principales líderes del tráfico de drogas en Guatemala”.

Según esa dependencia, Chacón Rossell es “una de las más poderosas narcotraficantes en Centroamérica. Además de dirigir una organización de narcotráfico y lavado de dinero, con operaciones en Honduras y Panamá, para suplir a los carteles mexicanos”.

El informe detalla que la guatemalteca es “responsable de transportar miles de kilos de cocaína cada mes, a través de Guatemala a México, y luego a EE. UU.”.

“Se cree que cada mes lava decenas de millones de dólares procedentes del narcotráfico, lo que la convierte en la ‘lavadora’ más activa de Guatemala”, precisó la Ofac.

Adam J. Szubin, director de esa entidad, expresó en el comunicado: “Las actividades de tráfico de droga de Marllory Chacón, y sus vínculos con los carteles mexicanos de droga, la hacen una figura crítica en el comercio de narcóticos”.

Procesos

A Chacón Rossell le aparecen en Guatemala cuatro procesos judiciales, en diferentes ramos y fechas.

En el expediente 3287-2000 del Juzgado Tercero Penal, donde fue identificada con el apellido de casada —Castellanos— le aparece un caso que fue desestimado y archivado.

En el Juzgado Cuarto Penal también le aparece un proceso por el delito de estafa propia, pero también fue archivado por falta de mérito.

En un expediente del Juzgado Décimo Penal está registrada como “solicitante”, contra dos personas, por los delitos de hurto agravado y portación ilegal de arma de fuego.

Además, fue demandada en el Juzgado Tercero Civil, según consta en el expediente 6542-2005.

Otros vinculados

Además de Chacón, la designación de narcotraficante incluyó a su esposo, el hondureño Jorge Andrés Fernández Carbajal, y a los guatemaltecos Hayron Eduardo Borrayo Lasmibat y Mirza Silvana Hernández de Borrayo, quienes poseen y operan las empresas Revoluciones Por Minuto Aceleración S.A. y Bingotón Millonario, cuyos sorteos gozan de gran popularidad en el país.

La lista incluye a dos empresas localizadas en Panamá—Fer’Seg S.A. y Andrea Yari S.A.—, que según el Departamento del Tesoro, son manejadas por Fernández Carbajal.

Según los registros de la página del Organismo Judicial, a Fernández Carbajal le aparece un proceso por divorcio voluntario en el 2002, según el expediente 4040-2002, con Oldina Yari Menéndez Ruano.

El Ministerio Público indicó que ese mismo año fue procesado en el ramo penal por narcotráfico.

A Borrayo Lasmibat le aparecen dos procesos en el ramo civil.

Las referidas empresas estarían involucradas en el narcolavado de dinero que realiza Chacón Rossell con sus asociados en Panamá y Guatemala.

En medios escritos de Honduras desconocen actividades de Fernández Carbajal.

Sanciones

Al ingresar en la lista de la Ofac, los ciudadanos estadounidenses no pueden comercializar ni tener relaciones financieras con Chacón Rossell y sus asociados. La sanción también aplica acciones de bloqueo de todos los bienes de esta, así como congelación de inmuebles y cuentas bancarias.

Lo anterior es estipulado por la Ley de Designación de Cabecillas del Narcotráfico Extranjero —Foreign Narcotics Kingpin Designation Act—, de diciembre de 1999, que establece quiénes o qué tipo de organizaciones son narcotraficantes en el extranjero para aplicar medidas financieras en su contra.

En esa lista se encuentran más de mil personas, a escala mundial, entre ellas, varios guatemaltecos.

La publicación también señala que Centroamérica ha visto en años recientes un repunte de la actividad del crimen organizado, cuyos carteles buscan facilidad de maniobra frente a los esfuerzos antinarcóticos que EE. UU. financia en Colombia y en México, a través de la Iniciativa Mérida.

En facebook

Una página de Facebook, con el nombre de Bingotón Millonario, que fue actualizada por última vez en abril del 2011, daba cuenta de que esta lotería familiar generó más de dos mil 700 empleos directos e indirectos, al contar con miles de puntos de venta en Guatemala.

Sostenía que entregó, durante los últimos tres años a esa fecha, más de Q15 millones a 595 mil ganadores, y casi Q3 millones a programas sociales.

En los últimos comentarios de esa página, publicados en noviembre del 2011, varios compradores de números expresaron su molestia al no haber obtenido respuesta de los últimos boletos comprados.

Según el fiscal Ronny López, la medida está dirigida a desarticular estructuras criminales que se dedican al flasheo —activación ilegal de celulares— y al robo a mano armada de estos aparatos para su venta.

¿Qué acciones han emprendido durante estos ocho meses?

Lo primordial fue promover la implementación de la base de datos, sobre todo en la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), así como la base general del MP, donde se obtiene información de los móviles reportados como robados. Esto facilita la petición de aprehensión, luego de una investigación.

¿Quiénes tienen acceso a esa base?

Las telefonías móviles, la SIT y el MP, pero es por medio de denuncias que se tiene la información. La persona afectada llama a la telefonía que le presta el servicio y esta se encarga de verificar los datos y de desactivar el número de Imei —identificador del aparato— para que el móvil ya no funcione.

¿Cuántos números telefónicos tiene la base, cómo funciona?

La unidad se ha alimentado con alrededor de dos millones de números. Las telefonías tienen un sistema que automáticamente avisa que el móvil está reportado como robado.

¿Cuándo iniciaron las pesquisas?

Partimos de la fecha del convenio, que fue en abril. Se empieza a trabajar con la base de datos, ya que hay una gran cantidad de celulares reportados como robados de tiempo anterior, que no aparecerán en la base.

¿Hacia dónde se dirigen los esfuerzos de la unidad?

Lo que buscamos son los mercados criminales, centros de flasheos y desarticular las bandas —asaltantes, coordinadores y vendedores, entre otros—, que se dedican a robar celulares.

¿Cómo operan las bandas?

El problema empieza cuando las personas compran celulares usados. Las bandas organizadas dependen de sus compradores. Si alguien llega a solicitar un BlackBerry, por ejemplo, y no hay en existencia, coordinan con la banda para conseguirlo.

¿Cómo se coordinan?

Estos grupos están estructurados y planean con la gente que hace trabajo de campo, a quienes especifican el celular que necesitan. Algunos se movilizan en centros comerciales para ubicar a sus víctimas.

Al detectar el aparato requerido se comunican con quienes se trasladan en moto y les indican la persona que deberán asaltar.

¿Dónde ocurren los robos?

Tenemos un grupo de investigadores que trabaja en centros de incidencia de robos. Todo mundo sabe dónde ocurren los hechos, pero nadie denuncia. Lo que hacemos, como autoridad para llegar a los centros exclusivos de mayor incidencia, es observar quiénes son los motoristas, cómo se movilizan, los identificamos y los seguimos para investigar y solicitar su captura.

¿Quéáreas son las más afectadas?

No es ningún secreto que es en la parada de los semáforos donde los móviles son robados y son trasladados a puntos de reventa. También se tienen celulares sustraídos fuera del país, en Honduras y El Salvador.

¿Esto a qué se debe?

A que son lugares donde hay más pedidos para exportar. Ya tenemos comunicación con fiscalías de esos países para hacer operativos simultáneos e intercambiar información. Es tiempo que estas bandas sepan que se les acabará el negocio.

¿Cuántos celulares han sido decomisados?

Desde que empezamos con la unidad hemos decomisado cerca de mil 500, los cuales se llevan al MP donde son revisados para verificar el chip y la batería, así como las llamadas recibidas y realizadas. Luego se verifica si están vinculados con hechos criminales.

¿Cuáles son los resultados de los últimos meses?

Hace dos semanas hicimos operativos en la 20 calle, zona 1, donde se capturó a 13 personas. Se efectuó la primera indagatoria y quedaron ligados a proceso por alteración fraudulenta de terminales móviles, delito regulado en la Ley.

Además, ama portarse como un niño y considera que trabajar es un juego muy divertido. Sus pantalones, hechos de musgo verde suave y flexible, hacen juego con sus lentes de aros de madera con lanza gotas que funcionan como cristales.

Bobble busca hacer equipo con Clank, pero también ser asistente de Tinker Bell. Mientras lo consigue, en esta historia Tink, Rosseta y Silvermist se reúnen a fin de concebir una gran idea, pues una bella flor crece al lado de una rosa que pone en riesgo su crecimiento.

Tink decide construirle con pequeñas ramitas un lindo tallo para que la flor se aferre y crezca sin ningún problema.

Hadas ofrece diferentes historias para compartir con el público infantil. Cada martes se lanza un nuevo fascículo, acompañado de una figura del hada de la semana.

Según investigadores de la Unidad de Delitos Relacionados con Bancos, Aseguradoras y Financieras, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, durante las fiestas de fin de año es cuando grupos delincuenciales clonan y roban tarjetas.

De acuerdo con datos recabados por el MP, en lo que va del año varios bancos y sus clientes han sido víctimas de fraude por unos Q5 millones. “De estos, calculamos que solo en diciembre han sido Q2 millones”, dijo un investigador.

Aunque en todo el país se cometen esos hechos, los fiscales explicaron que los mayores problemas se registran en Mixco y Villa Nueva; Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y Sololá.

En Sololá, la Fiscalía ha recibido más de 70 denuncias de turistas extranjeros que han sido víctimas del robo de su tarjeta de crédito.

Uno de los investigadores explicó que ese tipo de robo es el más practicado por los delincuentes, ya que los extranjeros manejan créditos de hasta US$100 mil, con tope de US$10 mil.

Denuncias

Según las autoridades, cuando los usuarios se percatan de que su plástico ha sido clonado, presentan la denuncia en una agencia bancaria, la cual inicia una investigación interna. “Si se confirma que es un caso de clonación, se gestiona la reposición de los fondos”, señaló un pesquisidor.

Enseguida, la entidad bancaria traslada la denuncia al MP, para que se investigue el hecho.

El mayor problema que tienen los investigadores es que ese tipo de delitos no está tipificado en la Ley.

“Ese delito no existe. Por eso, cuando se captura a un supuesto integrante de una banda de clonadores, lo vinculamos por caso especial de estafa, usurpación de entidad, falsificación de documentos públicos y privados o manipulación de información”, explicaron las autoridades.

En lo que va del año, el MP ha desmantelado tres bandas de ese tipo, integradas por entre cinco y seis individuos cada una.

“En la actualidad tenemos un caso con 20 denuncias en menos de una semana. Detectamos que es un grupo que opera en un sector específico, que logró ingresar en la base de datos y clonar información de varias tarjetas”, informó un agente fiscal.

Entre los grupos recién desmantelados se encuentra uno integrado por supuestos colombiano y un mexicano, que fueron detenidos luego de que un usuario, cuya tarjeta se trabó en el cajero, observó cuando uno de los delincuentes la extraía del aparato y huía del lugar en un automóvil.

El afectado anotó el número de placas del automotor y presentó la denuncia en el MP.

“Montamos operativos en los alrededores del cajero donde ocurrió el hecho, y logramos detectar a ese grupo y vincularlo a otros casos”, explicó el investigador.

Nueva modalidad

La clonación de tarjetas de crédito y débito es catalogada por fiscales del MP de nueva modalidad de robo bancario.

“No es más que una nueva modalidad, pues es la sustitución de la violencia de antes, cuando eran comunes los asaltos a mano armada. Ahora utilizan otro mecanismo para agenciarse de dinero en forma ilícita”, aseguraron las autoridades.

Según los investigadores, eso no implica que haya complicidad del personal que trabaja en los bancos, pues los datos de la persona que se requieren —en el caso de clonación— existe en documentos.

“Son casos complejos que nos ha costado investigar, pero se ha logrado individualizar a varios grupos, entre estos dos que investigamos”, puntualizó un pesquisidor.

“Mi demanda es para que el MP investigue a 32 supuestos integrantes del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), ambas fracciones terroristas de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca”, explicó.

Refirió que los señalados fueron autores intelectuales y dirigentes de personas que participaron en más de 45 hechos de violencia cometidos entre 1978 y 1982, entre desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos de empresarios y colocación de bombas.

Quien encabeza la lista de sindicados es Enrique Paz y Paz, padre de la fiscal general, Claudia Paz y Paz Bailey.

Los casos

Entre los casos señalados, ocurridos en 1980 y que según De Matta están documentados, se encuentra un atentado terrorista registrado el 5 de septiembre de ese año.

En esa ocasión los autores utilizaron artefactos explosivos y carros bomba en la esquina de la 6a. avenida y 8a. calle de la zona 1, con los que mataron a niños limpiabotas, cuyos restos quedaron esparcidos en el Portal del Comercio, copas de árboles y edificios circundantes.

En el expediente también se menciona otro caso ocurrido el 11 de febrero de 1980, cuando células terroristas atacaron en forma simultánea, con armas de fuego y explosivos, la sede de la Embajada de El Salvador en Guatemala y la subestación de la Policía Nacional de la zona 3.

Ese día, las fuerzas de seguridad llegaron a tiempo y desactivaron una bomba de alto poder destructivo, dirigida a un diario del país.

“En una guerra hay dos lados, y solo se ha dañado a la familia militar. Por eso pedimos a la fiscal que investigue, porque hizo el juramento de servir al país. No hizo excepción de personas y todos merecemos ser tratados por igual”, indicó De Matta.

Trasladan denuncia

Paz y Paz Bailey dijo que la denuncia fue trasladada a la Agencia especial para la investigación de los delitos cometidos por grupos armados no estatales durante el conflicto armado interno, que se encuentra en la Fiscalía de Derechos Humanos.

“Creo que con estas denuncias ganamos todos porque el escenario es la justicia. Así como ellos la exigen en casos donde estuvieron implicados supuestos miembros de la guerrilla, también hay donde estuvieron implicados supuestos integrantes del Ejército. Mi obligación es atenderla. Creo que las vías legales son vías legítimas en un estado de Derecho”, expuso.

Este es el segundo caso que conocerá la unidad citada. La primera querella fue presentada por Ricardo Méndez Ruiz, respecto de un secuestro del que fue víctima en 1982.

Jorge Rolando Barrios, abogado constitucionalista, refirió que si bien los familiares de los caídos durante el conflicto armado tienen derecho de pedir investigación por parte del Estado, el cese de la persecución contra militares es una pretensión que trasciende las facultades del MP y de los tribunales, ya que están obligados a abrir investigación.

Prensa Libre intentó comunicarse con algunos de los denunciados, pero no respondieron sus teléfonos.

Según denuncias recibidas por las autoridades, el referido grupo está señalado de contar con el aval del alcalde local, Gerardo Higueros.

Las capturas se realizaron tras dos allanamientos efectuados en la Calle del Río, sector norte, y en el callejón Las Armonías, ambas viviendas ubicadas en la zona 1 del referido lugar.

La población y el MP identificaron a Juan Manuel Ralón Solórzano, de 52 años, y a Víctor Manuel Anleu Mogollón, 64, —capturados— como presidente y vicepresidente de un grupo ilegal que opera desde hace año y medio en ese sector.

Manuel Santiago Cululen Cumes, 37, el tercer involucrado, está prófugo.

Los tres están sindicados de detenciones ilegales, lesiones graves y lesiones leves.

Según Benedicto Tenaz Arévalo, fiscal del MP de Sololá, en la entidad investigadora se han presentado denuncias por varios delitos, como destrucción de viviendas, allanamientos ilegales y desapariciones forzadas de personas.

Agregó que el grupo patrulla en especial por las noches, selecciona a las víctimas y ordena a sus colaboradores que las golpeen con leños, bates de béisbol y armas de todo tipo.

Desaparición

De acuerdo con Tenaz, los detenidos son sindicados de la desaparición de Luis Gilberto Tian, el 4 de octubre último.

Lorena Caal, esposa de la víctima, asegura que fue retenido por el grupo de encapuchados.

“La investigación ha sido lenta porque no tenemos suficientes testigos, pues aquí la gente tiene miedo”, señaló Caal.

En cuanto a las capturas, dijo: “No estoy satisfecha, porque queríamos que capturaran a los demás; se fugaron dos”.

Tian fue retenido cuando regresaba de la feria local. Según testigos, los encapuchados se lo llevaron en un picop de doble cabina. Días después de la desaparición de Tian, en el lugar conocido como Jacuzzi, a orillas del río San Francisco, localizaron ropa y zapatos de la víctima.

La denuncia de ese hecho la efectuó la periodista Lucía Escobar, directora de radio Ati y columnista de El Periódico.

Escobar acusó en un programa al alcalde de Panajachel de “representar y defender a los encapuchados” como individuos que con el rostro oculto patrullan de noche las calles para supuestamente velar por la seguridad de la ciudad.

La periodista recibió mensajes amenazantes en los que le advierten que “acabará en el fondo del Lago —de Atitlán—”, en alusión a la ocultación de cadáveres en ese lugar, que Escobar refería en uno de sus artículos.

Por medio de un comunicado, Reporteros sin Fronteras pidió ayer a las autoridades del país que garanticen la protección de Escobar e investiguen “de manera seria y eficaz” a los autores de las amenazas de muerte y acusaciones de tráfico y consumo de droga.

Juan Luis Font, director de El Periódico, vio positivas las capturas, pero reprochó que “las autoridades se tomaron mucho tiempo para realizarlas”.

Manifestó: “Existe el riesgo de que en otros lugares del país se produzca la misma situación”.

Capacitados

La gobernadora departamental de Sololá, Elena Yojcom, dijo a Prensa Libre que el año pasado se integró una junta, en la que participaron los 19 alcaldes de Sololá y el Ministerio de Gobernación.

“Se dio capacitación de seguridad ciudadana, participación ciudadana y planificación en diferentes talleres en Santiago Atitlán, San Pedro La Laguna y Panajachel, pero los alcaldes son los principales que dirigen las juntas de seguridad”, afirmó.

Añadió: “Cuando supimos de denuncias en contra de los grupos, fui con el alcalde y le planteé el problema. Vino la viceministra Lorena Guerra y se comprometió a mandar agentes, patrullas y motos”.

La funcionaria manifestó: “De esa cuenta, Panajachel tiene 33 agentes, cuatro autopatrullas y dos motos. Al persistir el problema, investigaron y confirmaron que los encapuchados no eran las personas que formaban la junta de seguridad”.

Preocupación

El abogado penalista Jorge Barrios refiere que por las condiciones de inseguridad que se viven en el país se ha relajado “mucho” la aprobación de ciertas organizaciones privadas de seguridad.

“Es muy preocupante que se establezca la existencia de organizaciones al margen de la ley, y que encima de todo tengan patrocinio de funcionarios. Esto coloca a la ciudadanía en una situación de altísimo riesgo y absoluta indefensión”, manifestó.

Añadió: “En este caso —Panajachel— se supo porque fue afectada una persona que tiene acceso a medios de comunicación, pero cuántas situaciones similares habrá en que las personas no tienen capacidad de denunciar o están atemorizadas sin ninguna alternativa de protección”.

“Es necesario que haya una clasificación previa —de los grupos que darán seguridad—. Normalmente, cuando se piden las autorizaciones para asociaciones o grupos privados, siempre hay alguien que tiene que hacerse responsable de los actos de las personas que lo conformen”, señaló.

Agregó que la solicitud y exigencia para el MP y los tribunales es “que, en el caso de Panajachel, investiguen para determinar qué otras personas tienen injerencia en esos hechos, independiente de la posición que tengan”.

Antecedentes

Ralón Solórzano, uno de los capturados y principal sindicado por la población de liderar el grupo de encapuchados, participó en la contienda electoral como candidato a alcalde por el Partido de Avanzada Nacional.

Los lugareños agregaron que fue deportado de Estados Unidos hace varios años, pues en aquel país fue sindicado de dos delitos —que no detallaron—.

En Panajachel, los acusan de haber aceptado dinero del narcotráfico para pagar su campaña política, así como de haber participado en una golpiza contra Gerardo Montejo, presunto expendedor de drogas, quien migró a Huehuetenango.

Anleu es señalado de ser el máximo cómplice de Ralón.

Según dicen los pobladores, a pesar de usar capuchas, muchas personas los han reconocido.

El alcalde indígena Juan Quiché no dio ninguna declaración sobre el asunto, pues afirmó que le correspondía al alcalde Higueros, quien indicó que no podía atender por estar reunido con el concejo local.

Según investigaciones, en lo que va del año las autoridades han incautado US$4 millones en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Rolando Rodenas, jefe de la referida Fiscalía, explicó que de diversas maneras viajeros intentan llevar el dinero a otros países. “Lo esconden en el doble fondo de maletas, se lo adhieren a la piel, lo meten entre muñecos de peluche o los ensamblan a la suela de los zapatos”, explicó.

La Ley

Las autoridades han descubierto que en un mismo vuelo viajan hasta 10 personas con menos de US$10 mil, para no tener que declararlos y evitarse problemas legales.

Rodenas añadió que al preguntarles por qué llevan esa cantidad en efectivo, la mayoría coincide con que van a comprar repuestos o mercadería.

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos, toda persona —nacional o extranjera— que al momento de viajar lleve más de US$10 mil en efectivo, o su equivalente en quetzales, debe declararlos a su salida del aeropuerto, en formularios de la Intendencia de Verificación Especial.

En caso de violar esa norma, un guatemalteco puede ser sancionado con prisión inconmutable de seis a 20 años, más una multa igual al valor de los bienes decomisados.

Al extranjero, además de las penas anteriores, se le expulsará del territorio nacional al cumplir su condena.

En el Aeropuerto

Según Rodenas, los casos de lavado de dinero se han concentrado en el Aeropuerto Internacional La Aurora. “Solo allí se han incautado unos US$4 millones, así como Q360 mil y 310 mil pesos colombianos”, informó.

Agregó que en la actualidad están procesadas 30 personas, entre ecuatorianos, colombianos, coreanos y centroamericanos, que intentaban viajar a Panamá con dinero sin declarar.

Como ejemplo, recuerda que registros de la División de Análisis de Información Antinarcótica (DAIA), de la Policía Nacional Civil, señalan que el 20 de julio último, en la terminal aérea fueron detenidos los guatemaltecos Byron Tomás Herrera, de 46 años, y Aníbal Guzmán Duarte, 22.

La captura se efectuó a las 5 horas, cuando dos perros entrenados detectaron un doble fondo en sus maletas, en las cuales llevaban dos ollas y un termo con US$359 mil sin declarar.

Otro hecho similar ocurrió el 21 de mayo último, cuando la DAIA capturó a la abogada Nora Georgina Franco, 30, que pretendía llevar a Colombia US$202 mil que escondía en cuatro latas, entre su equipaje.

Verónica Godoy, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, califica de positivo que se impongan más controles en el aeropuerto, ya que es evidente que es el lugar por donde más sale el dinero.

“Esto depende de la capacitación de quienes vigilen el aeropuerto y de las fuerzas de seguridad para identificar ciertas características y formas de comportamiento y así detectar nuevas formas de esconder el dinero”, señaló Godoy.

Agregó que en la actualidad, con la Ley de Extinción de Dominio (LED), ese dinero servirá para reforzar a las instituciones relacionadas con la seguridad.

Sentencias

El 17 de agosto recién pasado, los juzgados Quinto y Octavo Penal emitieron las primeras sentencias en relación con la LED, mediante las cuales más de US$700 mil pasaron al Estado.

La primera, por un monto de US$400 mil decomisados al colombiano John Mario Villada Arango, cuando intentó sacarlos sin declarar del país, el 20 de julio último, y fue detenido en la terminal aérea.

La otra, por US$320 mil, que fueron incautados a Helmut del Cid, quien fue capturado en el mismo lugar.

Un fiscal del lugar indicó que el comportamiento de Zuñiga fue extraño pues la retención del personal según aseguró se debió a que sospechaba que los auxiliares fiscales llevaban armas ocultas en sus vehículos.

Posteriormente dejó libre al personal, luego de negociar con la PNC.

La jefatura de seguridad del MP envió un delegado para establecer los motivos que ocasionaron el incidente aunque no se descarta que esta
persona tenga algún problema sicológico pues los empleados de la institución denunciaron que ha tenido un comportamiento anormal en las
últimas semanas.

El MP efectuó la referida diligencia la semana recién pasada, pero fue hasta ayer que los peritos confirmaron que las muestras encontradas son positivas, para la presencia de sangre.

Las autoridades descubrieron en el condominio Los Manantiales, carretera a San José Pinula, donde Siekavizza vivía, rastros de sangre en la habitación de ella, pero aún no se ha determinado a quién pertenecen.

Para despejar la duda, familiares de la desaparecida pidieron ayer a la Fiscalía que tome muestras del ADN de los padres de ella.

Hipótesis

Rony López, fiscal contra el Crimen Organizado, explicó que hasta ahora se plantean cuatro hipótesis del caso.

La primera refiere que Siekavizza fue secuestrada por un grupo de individuos que perdieron el control y la asesinaron, y por eso no pidieron rescate.

La segunda es que fue atacada por alguna persona cercana a ella, y la tercera, que se encuentra en algún centro médico, retenida contra su voluntad, y por eso no se ha podido comunicar con su familia.

La última hipótesis es que decidió abandonar su vivienda. Mientras tanto, aún no se tienen indicios de que esté viva o muerta.

Las pesquisas

Las investigaciones del MP han ido encaminadas a localizar evidencias de la presencia de Siekavizza cerca de su vivienda y sitios que frecuentaba.

Según la declaración de una empleada suya, la última vez que la vio fue el miércoles 6 de julio, cuando le llevó una taza de té a su habitación. Después no volvió a saber nada de ella.

Según la investigación basada en el testimonio del esposo, Roberto Barreda, el jueves 7 de julio Cristina pudo haber salido a las 6.45 horas de su residencia para correr en las cercanías de su vivienda. Sin embargo, vecinos y agentes de seguridad del lugar aseguran no haberla visto ese día. Su esposo fue el último en verla.

El fiscal López explicó que uno de los problemas en la investigación es que el expediente del caso llegó a su unidad 10 días después de que Siekavizza desapareciera, y dos investigadores privados ya habían emprendido algunas averiguaciones.

Piden plegarias

Amigos y familiares participaron ayer en una ceremonia religiosa, en la iglesia San Martín de Porres, zona 15, para rogar por que aparezca pronto Siekavizza.

Llorando, Angelys Molina, madre de la desaparecida, aseguró que continuarán en la lucha para saber qué fue lo que sucedió con su hija. “Es duro, pero por el amor que le tengo estoy aquí parada y voy a luchar hasta el último momento para esclarecer este hecho”, enfatizó.

Entre aplausos, sonidos de pitos y gritos de ánimo fue recibido en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), zona 2, Telón Noj, quien en cuanto salió de su trabajo se dirigió apresurado a esa sede, para actualizar sus datos.

A las 23.48 horas se paró frente a la puerta de ingreso, consultó su reloj y comprobó que aún estaba a tiempo. Corrió en medio de un grupo de personas que, al ritmo de la música que ambientaba el lugar, esperaban la hora de cierre.

Al filo de la medianoche se acercó a la ventanilla 20. Una mirada y sonrisa tímidas se reflejaron en su rostro cuando le dijeron que sería el último en ser atendido.

“Casi no llegaba. El tiempo no lo ayuda a uno. Desde que anunciaron que podíamos actualizar datos estuve pendiente, pero vine hasta hoy. La verdad es que uno deja todo para última hora”, comentó.

Telón Noj es originario de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, pero reside en la zona 6 capitalina. La lealtad a su lugar de origen lo instan a votar en ese municipio. “Ese fin de semana —11 de septiembre— estaremos presentes allá, para votar”, aseguró.

Según la boleta de empadronamiento, el ciudadano Telón Noj votará en la mesa número 1.

El campanazo

Con una fiesta terminó una de las etapas más trascendentales del padrón electoral. A la medianoche del sábado, con campanas y al ritmo de música de la temporada, magistrados del TSE declararon en forma oficial el cierre del proceso.

María Eugenia Villagrán, presidenta del TSE, agradeció la participación de la ciudadanía. “Guatemala está respondiendo a la democracia. Le da un sí a la paz y a la tranquilidad que necesitamos”, expresó.

Varios magistrados coincidieron en que hubo afluencia masiva de los guatemaltecos. “Logramos rebasar más del millón de empadronados desde que inició el programa, el 24 de febrero último. Hemos salido a la calle a demostrar que Guatemala sí necesita cambios”, afirmó uno de ellos.

Los magistrados enfatizaron que un aspecto que influyó en la participación ciudadana fue el cambio de documento de identificación personal.

A escala nacional fueron instalados más de 530 puntos de empadronamiento, entre delegaciones, subdelegaciones y equipos móviles.

Villagrán informó que los datos oficiales se darán a conocer en agosto, un mes antes de las elecciones.

Las cifras

Leonel Escobar, jefe del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, dijo que aún no cuentan con actualización de datos de inscritos, pues mucha información de los departamentos está en tránsito. Agregó que después de la suspensión del registro entran en la fase de depuración.

“En esta fase empieza la exclusión de miembros del Ejército, PNC, PMT, guardias de presidios o personas que hayan perdido nacionalidad guatemalteca”, explicó.

La lista incluye a quienes estén suspendidos en sus derechos y la depuración de personas fallecidas en los últimos días”, agregó Escobar.

Según la resolución, además del ex director del Sistema Penitenciario, también fueron beneficiados Edwin Emanuel Rivera Gálvez, Mario Roberto García Fresh y Óscar Miguel Díaz Maldonado, quien quedó en libertad de manera inmediata.

Giammattei, Rivera y García no podrán recuperar su libertad en tanto el fallo no quede firme.

La jueza se basó en la falta de pruebas por parte del Ministerio Público, así como en las declaraciones de testigos, quienes relataron que los acusados no fueron encontrados en los lugares donde se efectuaron las ejecuciones.

Giammattei dijo que se trata de un acto y persecución política. “Ha quedado demostrado una vez más, ante la insistencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que se prestan a juegos absurdos. A partir de hoy soy un preso totalmente ilegal”, expresó.

Los otros sindicados en el caso fueron enviados a juicio oral, dos de ellos pertenecían al Comando Antisecuestros de Gobernación.

“El Tribunal, al resolver por mayoría, declara: se absuelve a los procesados de la comisión del delito de peculado, por el cual se formuló acusación en su contra”, indica la resolución.

La sentencia fue dividida, ya que las juzgadoras Coralia Contreras y Patricias Deras resolvieron que el ex gobernante es inocente del desvío de Q120 millones del Ministerio de la Defensa, en el 2001.

Lo mismo decidieron en el caso de los ex ministros antes mencionados.

Morelia Ríos, presidenta del Tribunal, razonó su voto al exponer que sí había pruebas contundentes para condenar a Portillo.

En la resolución se leyó que el Tribunal no le otorgó valor probatorio a las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

No le dio valor como prueba al testimonio de Armando Llort Quiteño, ex presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), quien declaró contra Portillo al afirmar que él fue quien le prestó los Q30 millones que fueron ingresados en la bóveda del CHN.

“Tenía conocimiento de lo actuado, por lo que para este tribunal su exposición fue engañosa, con fraude y farsa”, refiere la sentencia. Tampoco las pruebas documentales aportadas por el MP fueron suficientes para convencer al Tribunal.

Por esta razón los absueltos recuperarán su libertad. Maza Castellanos y Arévalo Lacs cumplirán arresto domiciliario, arraigo y deberán firmar el libro del Tribunal a partir del 16 de mayo.

Sin embargo, el ex presidente deberá seguir en prisión porque tiene pendiente el proceso de extradición tramitado por EE. UU., que lo solicita por lavado de dinero.

Investigación pobre

El ex gobernante mostró su satisfacción por el fallo del Tribunal. “Se demostró que no había pruebas en mi contra. Esto se debe a una mala asesoría que le dieron a Carlos Castresana, ex jefe de la Cicig”, expresó Portillo.

Afirmó que no demandará al Estado por esta acusación y expuso que no descarta alguna vinculación al proceso electoral. “En los próximos días tendrán noticias de mí”, expresó.

El ex mandatario dijo: “Me siento satisfecho de la resolución del Tribunal. Creo que esto no termina aquí. Seguramente el MP apelará y nosotros seguiremos en la discusión”.

El ex ministro Arévalo Lacs dijo que siempre hubo tranquilidad y paz en su corazón. “Siempre he obrado con solvencia íntima, con honestidad y rectitud, lo cual quedó demostrado en el Tribunal”, insistió.

Maza Castellanos se limitó a decir que siempre dijo que era inocente.

El abogado defensor de Portillo, Telésforo Guerra, indicó que el proceso en contra de Portillo era un montaje realizado por personajes que quisieron aprovecharse de las declaraciones de dos personas que estaban en el extranjero, en referencia a Llort Quiteño y Salomón Molina.

“Nunca hubo una prueba. La extradición solicitada por EE. UU. también se caerá sola”, enfatizó.

Apelarán

La fiscal general, Claudia Paz y Paz, quien llegó minutos antes de que iniciara la audiencia, salió sin esperar que finalizara, como una muestra clara de enfado por la resolución.

Manifestó que apelarán la sentencia emitida por el Tribunal.

El MP acusaba a los tres ex funcionarios de haber aprobado una modificación presupuestaria de Q120 millones, a través de un acuerdo gubernativo, en febrero del 2001.

La investigación del MP indicaba que esos fondos fueron retirados de la cuenta del Ejército y se emitieron dos cheques, uno por Q72 millones y otro por Q48 millones, los cuales fueron cobrados por Juan José Pineda, empleado del Ejército ya fallecido.

De ese monto, Q30 millones habrían sido desviados al CHN.