El Ministerio Público (MP), la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, la unidad antipandillas y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) efectuaron tres allanamientos en busca del sospechoso.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo que el sindicado, de 38 años de edad, es acusado de la muerte de un vecino de ese condominio y de un piloto de autobús, en el 2010.

Según la página web del MP, se estableció que Andrino Valle mató al piloto de autobús Miguel Antonio Montenegro Chunchón, de 20 años, quien fue atacado en el Cementerio General de la capital, el 18 de julio de 2010, cuando asistía al sepelio de otro de sus compañeros, también asesinado.

Al aprehendido se le incautaron tres pistolas, una escopeta, tres cuatrimotos, una motocicleta y 13 teléfonos celulares.

Después de su captura, el cabecilla de la banda fue trasladado al juzgado de turno de Sacatepéquez.

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez ordenó su captura, el 11 de abril de 2013, por el delito de asesinato.

Érick Cárdenas, procurador de la Niñez, de la PGN, explicó que le llama la atención que hayan devuelto a la bebé, a quien sus padres han decidido nombrar Linsy Sherlyn, ya que la mayoría de niños robados son entregados en adopciones anómalas o para venta de órganos.

Indicó que las denuncias van desde sustracción de menores en hospitales nacionales, hasta el robo en las calles.

Algunos de los nosocomios donde ha habido reporte de robo están en Suchitepéquez, Retalhuleu y Jalapa.

En Quetzaltenango, una mujer fue asesinada y sus dos pequeños hijos fueron robados. Días después, los niños fueron recuperados y la sindicada del hecho está en prisión.

Personal implicado

Cárdenas explicó que en el caso de los hospitales generalmente hay trabajadores involucrados en la sustracción.

Cuando el niño está fuera del centro asistencial, la estructura delincuencial busca certificaciones de nacimiento, las cuales obtienen con médicos y, en su mayoría, comadronas.

Al tener este documento van a las sedes departamentales del Registro Nacional de las Personas, donde inscriben a los recién nacidos como hijos de algún cómplice.

Mario Alberto Ajpacajá y Micaela Tziac denunciaron la sustracción de su hija recién nacida el viernes 3 de agosto, cuando desapareció luego de la visita, cuando la mujer que se la robó aprovechó para ingresar.

Según las primeras investigaciones, se trata de una fémina que entra durante la hora de la visita, no utiliza los ascensores, sino sube por las rampas y llega hasta al área donde están las mujeres que han dado a luz.

Por estar sola

Al parecer, cuando la supuesta médica vio sola a Tziac la eligió como víctima, por lo que se acercó a la madre, le dio una pastilla para dormirla y se llevó a la bebé.

Ese día Ajpacajá no pudo ingresar para ver a su esposa, debido a que llegó con su hija de 2 años, y esperaba regresar al siguiente día.

Después de que la noticia salió en los medios de comunicación, donde se explicó que autoridades investigaban en las cámaras del Hospital, la recién nacida apareció a eso de las 22 horas del domingo último.

La pequeña fue abandonada, envuelta en unas colchas y bolsas, en la acera de la 13 calle A y 2a. avenida del barrio El Gallito, zona 3.

Cuando apareció la niña tenía consigo una nota en que se informaba que se trataba de la bebé sustraída del Hospital General San Juan de Dios y quienes se la habían llevado eran menores que querían tener la experiencia de ser padres.

Prueba positiva

Los Bomberos Voluntarios trasladaron a la recién nacida a una estación, donde la PGN pidió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que tomara muestras de ADN a ella y a Tziac, para confirmar que se trataba de madre e hija.

Cárdenas confirmó anoche que el examen de ADN dio positivo, es decir que la pequeña abandonada sí es la hija de la pareja Ajpacajá Tziac.

El Ministerio Público investiga a siete trabajadores del Hospital, la mayoría enfermeras que estaban de turno al momento de la sustracción de la bebé.

Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes, afirmó que esa organización es querellante en el caso y se investiga la relación que exista entre la estructura que se robó a la niña del San Juan de Dios y otra que podría operar en el Roosevelt.

Con el hallazgo del domingo en la noche, de manera preliminar un juez de turno definió dejarla en una casa hogar, junto a su progenitora.

Sin embargo, la Fundación pidió al juzgado que fuera trasladada al albergue de esa organización, lo que fue concedido.

La familia de Ajpacajá, proveniente de Totonicapán, viajó a la capital, al igual que la familia de Tziac, quienes llegaron desde Chicacao, Suchitepéquez, para apoyar en la búsqueda de la bebé.

“Es un ser humano y por eso tenemos que pelear. Los malhechores nos vieron la cara de tontos, pero no somos así. Las enfermeras hasta se rieron de nosotros cuando llegamos y nos vieron pidiendo que regresaran a la nena, pensaron que todo se iba a quedar así”, expresó Lorenzo Tziac, abuelo de la recién nacida.

HOSPITAL

Vocero niega amenazas

Sobre la advertencia que familiares de la pareja Mario Alberto Ajpacajá y Micaela Tziac afirman que les hizo un guardia de seguridad identificado como Wálter Muñoz, Víctor Ramírez, vocero del Hospital General San Juan de Dios,  explicó que no tienen ningún reporte al respecto.

Afirmó que a  no les ha llegado ningún reporte de amenaza a la familia, por lo cual esperan que se aclare esa situación.

Agregó que  Muñoz no tiene autorización para dar declaraciones ante los medios de comunicación y de hacerlo será en el Ministerio Público.  

Agregó que, en cambio, sí hay un guardia del hospital que se encuentra lesionado, y según su versión se debe a que un familiar de la pareja lo golpeó.

En cuanto a las medidas que tomarán para evitar más robos de recién nacidos, Ramírez explicó que desde el fin de semana empezaron a restringir el ingreso de las visitas  a una persona por paciente de  la maternidad y la pediatría.

La Dirección analiza  medidas permanentes para la seguridad de esas dos áreas del nosocomio, indicó Muñoz.

Maternidad

IGSS atrasa pulsera electrónica

Las maternidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) siguen sin  utilizar la pulsera electrónica anunciada en septiembre del 2012 como medida de seguridad para prevenir el robo de bebés.

El año pasado, la publicidad oficial del IGSS anunció  la medida, que consiste en colocar brazaletes con un “chip inteligente” para registrar a los niños y sus madres en el momento del parto, pero una visita efectuada ayer por Prensa Libre a la maternidad del IGSS, zona 13, reveló que esa protección continúa sin usarse.

Todas las madres y sus hijos que ayer abandonaron el hospital portaban la pulsera de plástico convencional, y no sabían del nuevo sistema.

El departamento de Comunicación  Social del IGSS respondió que antes de poner en marcha   la medida se hizo un plan piloto  que ahora está en fase de conclusión.

Según la información, la gerencia será la que determine cuándo se implementará el sistema, en todos los hospitales del Seguro Social.

Prevención

Habrá cámaras en nosocomios

El ministro de Salud, Jorge Villavicencio, anunció ayer  la compra de cámaras de seguridad para hospitales nacionales, para evitar el robo de niños e insumos.

Los primeros aparatos  se instalarán en los hospitales Roosevelt, San Juan de Dios, de Cobán y de Huehuetenango.

Comisión

Demandan pesquisas

El presidente de la Comisión de Salud del Congreso, Roberto Kestler, afirmó que hay deficiencias interinstitucionales en los hospitales, y exigió una investigación exhaustiva para determinar si existe una banda de robaniños en los nosocomios, ya que “no es la primera vez que ocurre”.

FUNDACIÓN

Ven posibles nexos de red

La Fundación Sobrevivientes es querellante en el proceso por la sustracción de la recién nacida en el hospital San Juan de Dios. Según el expediente en esa organización, junto a la Fiscalía  investigan qué vínculos existen entre la estructura de ese nosocomio y el Roosevelt.

Un tribunal contra el Femicidio lo culpó de haber golpeado a su cónyuge y a su hija, el 10 de enero del 2010, cuando la esposa de Talamonti lo sorprendió viendo imágenes de otra mujer en su computadora.

Ante los reclamos de la esposa, Talamonti le respondió con fuertes golpes. Su hija, en ese entonces de 9 años, trató de defender a su madre, pero él también descargó su enojo contra la niña.

El hecho denunciado ocurrió cuando Talamonti laboraba en la Procuraduría de Derechos Humanos. Por este caso, el también exfuncionario de Presidios fue trasladado el lunes último al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, informó Rudy Esquivel, vocero del SP.

Según la sentencia del Tribunal especializado contra el Femicidio, Talamonti debe cumplir una condena de seis años y ocho meses de prisión.

El SP dejó a su exdirector en un lugar aislado, para evitar que sea objeto de agresiones del resto de reclusos, agregó Esquivel.

Tenía una pena menor

Anteriormente, el exfuncionario había sido sentenciado a cinco años por violencia física. Esta es la pena máxima en estos casos y que la ley permite que sea conmutable, por lo que debía pagar aproximadamente Q9 mil, pero no estuvo de acuerdo con el fallo, por lo que decidió apelarlo.

Por esa razón, el caso llegó a otro Tribunal contra el Femicidio, donde le fue dictada la pena de seis años y ocho meses de cárcel.

Por la cantidad de años que debe permanecer en prisión, Talamonti no puede recibir una medida sustitutiva para cumplir la sentencia.

Su gestión en presidios

Talamonti fue director del SP entre el 1 de abril y el 4 de agosto del 2009, según registros del Ministerio de Gobernación.

Durante esos cuatro meses, Talamonti invirtió en el mantenimiento de las antenas bloqueadoras de señal de celulares para las prisiones. La primera que inauguró fue en la cárcel de Chimaltenango, que después se comprobó que no eran del todo funcionales.

También ofreció poner su esfuerzo para reducir la corrupción y admitió que investigaría a fondo para detener a los involucrados.

Además, Talamonti creó una mesa multidisciplinaria para programas de reinserción de reos, pero se desintegró cuando dejó el puesto.

La situación del nosocomio afecta a pacientes internados como Gabriel Navas, quien ingresó en agosto del 2009, por un problema de apendicitis, cuando tenía 14 años.

La inflamación del apéndice, que requería solo días de hospitalización, lo ha tenido junto a los médicos del San Juan de Dios durante más de tres años, tras varias cirugías, una de las cuales le dejó un agujero en ese órgano, y otra, un trozo de intestino al descubierto, lo que lo obliga a mantener suero todo el día.

Navas ingresó mes y medio antes de cumplir los 15 años, y en noviembre último cumplió 18. Su falta de recursos económicos lo condena a seguir en el hospital mucho tiempo más.

Sus riñones se han destruido, pues no puede hidratarse ni comer, ya que no puede retener ningún alimento.

La única salida, según Lorena Lorenzo, madre del adolescente y quien también permanece en el hospital, es llevarlo a otro país, donde provean una mejor nutrición, pues hasta que Navas esté bien nutrido podrá ser operado para cerrarle la perforación en el apéndice.

“Acá le dan una fórmula, que es lo más nutrido que le pueden dar, pero así está desde hace más de dos años y no ha avanzado”, lamenta la mujer.

Carencias

“A poco más de seis meses de la denuncia por falta de medicamentos, la situación no ha cambiado: el aprovisionamiento es cíclico, nos compran insumos solo para dos o tres semanas. Por eso pedimos abastecimiento permanente”, expresó el médico Napoleón Méndez.

Añadió: “Faltan muchos medicamentos entre analgésicos, antibióticos, anestésicos, sedantes y el material quirúrgico es viejo, no se ha renovado. Las carencias son en todos los niveles, pero en emergencia es más dramático, porque requieren diagnóstico inmediato”.

Méndez afirmó que la reunión con directores del hospital no dio los resultados esperados.

“Nos pidieron un tiempo de espera, pero nosotros no podemos esperar, porque hay pacientes graves que necesitan una solución inmediata. No nos pudieron dar respuesta. Al hospital le hace falta que le den el presupuesto que le corresponde para medio funcionar, es cuestión de presupuesto”, señaló.

Respecto de la consulta externa del hospital, Méndez explicó: “No es que se suspendieran labores, lo que se ha manejado en los últimos seis meses es un retardo en los ingresos de las personas. No queremos seguir jugando con las personas diciéndoles que vengan después, citarlos dentro de un mes, y que regresen y que no haya medicamentos”.

“No hay en plaza”

El ministro de Salud, Jorge Villavicencio, explicó que el desabastecimiento se debe a deudas. “En el San Juan de Dios la deuda ha causado que proveedores no quieran proveer, pero especialmente que no hay en plaza, pero hay sustituto; no es algo que no se puede solucionar”, aseguró.

El funcionario agregó que se tiene una deuda de Q50 millones, y que han detectado fallas que deben corregir, como robo de materiales y en la cocina, por lo que actualmente hay una auditoría en ese hospital.

A Hernández Coj el juez undécimo, Eduardo Cojulún, le dictó libertad inmediata, arraigo, firmar el libro cada tres días y una fianza de Q20 mil, pese a que le congelaron más de Q700 mil que tenía en sus cuentas bancarias y cuando fue capturado le hallaron Q106 mil en efectivo, sin que demostrara su procedencia, según la Fiscalía.

Hernández Coj ya había pedido su libertad en cuatro ocasiones anteriores, con el argumento de que padece diabetes. Sin embargo, el juez Décimo, Wálter Villatoro, quien se encuentra de vacaciones, le había denegado la solicitud, por lo que ahora Cojulún atiende sus casos.

Villatoro había argumentado que era necesario que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) dictaminara si la enfermedad ameritaba que Hernández Coj fuera atendido en forma ambulatoria o debía ser hospitalizado, requerimiento que no fue necesario para que Cojulún dictara libertad a favor del acusado.

Negocio familiar

Hernández Coj fue detenido el 8 de agosto último, junto a otras 13 personas, entre ellas su esposa, hijo y primo, quienes retenían a al menos 14 menores de edad, a quienes supuestamente explotaban sexual y laboralmente en negocios como bares y cantinas ubicadas en La Terminal, zona 4, así como en las zonas 7 y 11.

A esta persona le fueron halladas más de 20 propiedades y sus familiares tenían registrados a su nombre diferentes negocios donde retenían a las adolescentes.

Varias de las 14 jóvenes que fueron rescatadas el 8 de agosto último estaban embarazadas, como consecuencia de la explotación sexual.

Alexánder Colop, fiscal contra la Trata, explicó que hoy apelarán la decisión de Cojulún, ya que se dio sin un dictamen que probara la enfermedad y necesidad de que Hernández Coj estuviera hospitalizado, por lo cual no se vulneraba el derecho a la salud, que fue el argumento del juzgador para beneficiarlo con medida sustitutiva.

Presentan queja

Zulma Subillaga, jefa de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata, indicó que presentarán una queja en la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial (OJ).

Afirmó que aunque respeta la independencia de poderes, le parece que debe ser un esfuerzo estatal, pues aunque el Ejecutivo trata de construir una institucionalidad contra la trata, este tipo de decisiones no ayudan.

La vicepresidenta Roxana Baldetti también se manifestó contra la decisión de Cojulún.

Leonel Dubón, del hogar El Refugio, que protege a víctimas de trata, presentó ayer su queja en el OJ contra el juez.

Cojulún dijo que no se pronunciará al respecto, pues no le han notificado sobre ninguna queja en su contra.

Aproximadamente a las 11 horas, los Bomberos Voluntarios recibieron una llamada y al llegar al mirador de Santa Elena Barillas, encontraron los cuerpos quemados de Marvin Pérez Aguilar, 36, y su conviviente, quien fue identificada solo como Mónica.

La pareja había sido secuestrada el 28 de noviembre último, junto a su hija de 8 años. La niña apareció un día después del hecho, en el mismo vehículo en que fueron plagiados, y hasta ayer fue hallada la pareja.

Por la posición en que se encontraban los cuerpos, los peritos suponen que fueron atados de pies y manos.

En Chimaltenango

Aparte, vecinos alertaron a los socorristas cuando vieron llamas en un terreno baldío. Al llegar los bomberos apagaron el fuego y se percataron de que se trataba de un cuerpo.

La víctima fue identificada como Reyes Tzunuc Hernández, 71, cuyo cadáver fue hallado en la 6a. calle, entre 4a. y 5a. avenidas, finca Los Aposentos 1, zona 1 de Patzún, Chimaltenango.

Los heridos fueron identificados como Catalina Martín Chilel, 60, y Adolfo Ramírez, 70. El hombre tenía una herida de bala en el rostro, y la mujer, golpes en varias partes del cuerpo.

Por aparte, en Boca del Monte, Villa Canales, fue localizado Jorge Danilo Nimatuj Vásquez, 22, quien fue atacado la madrugada de ayer.

Su cuerpo estaba entre la 6a. y 7a. avenidas y 2a. calle de la zona 2 de ese municipio, aparentemente lapidado, informaron los Bomberos Voluntarios. Testigos indicaron que la víctima era albañil y había sido amenazado de muerte.

En otro hecho, la Policía descubrió el cuerpo de Fredy Estuardo González, 43, en un vehículo estacionado en el kilómetro 28 de la ruta Interamericana.

González tenía varios balazos, y de acuerdo con la primera hipótesis de la Policía Nacional Civil, fue atacado por quien lo acompañaba.

El vehículo no tenía ninguna perforación y estaba bien estacionado.

Soterrado

En el kilómetro 15 de la carretera a San José Pinula, los Bomberos Voluntarios trabajaban anoche para rescatar el cuerpo de un hombre que fue soterrado al derrumbarse un paredón en la orilla de un barranco.

La víctima caminaba con sus hijos en busca de chatarra cuando ocurrió el deslizamiento.

Ambos infantes fueron cambiados el 29 de enero del 2011, un día después de que nacieron en un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pero los esposos Cordero se percataron de ello en marzo de este año.

“Estoy alegre porque encontré a mi hijo, lo que tanto soñaba y pensé imposible, pero triste porque dejamos a Carlitos, nuestro otro hijo, a quien hemos criado desde recién nacido y siempre va a seguir siendo nuestro bebé. Nunca nos vamos a alejar de él”, expresó Marlyn Medrano.

El miércoles último, luego de que una las pruebas de ácido desoxirribonucléico (ADN) practicadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) dio positivo en uno de los menores que fueron sometidos a análisis, ambos fueron llevados a la Procuraduría General de la Nación (PGN), donde pasaron la noche.

La prueba también confirma que Carlos Leonel, a quien la pareja Cordero Medrano cuidó, es hijo de Ardón Barrios.

Ayer por la mañana ambas familias fueron trasladadas al Juzgado Quinto de la Niñez, y con los resultados de ADN como prueba se hizo el cambio respectivo. El verdadero hijo de los Cordero regresó con ellos, y Ardón no aceptó al pequeño que fue identificado como suyo, por lo que este fue trasladado al hogar Amor del Niño.

Alegría y tristeza

Cordeo expresó: “Estamos entre alegría y tristeza, porque tuvimos que dejar a Carlitos. Nos da tristeza ver sus fotos, sus zapatitos y su ropita”.

“Le pedimos al juez que nos lo dejara, pero él dijo que eso sería más difícil”, lamentó.

Cordero relató que lo más duro fue cuando la otra madre no les quería entregar a su hijo; sin embargo, considera que fue más dramática la situación para ella.

“Pobre la señora, porque llegó con un bebé y se fue sin nada. Nosotros regresamos con uno, y eso llena un poco el espacio que dejó Carlitos”.

Ardón Barrios pidió otra prueba de ADN, la cual se efectuará el 20 de agosto, informó Larry Robles, procurador General de la Nación.

Las certificaciones de nacimiento de los niños fueron anuladas por orden judicial, y ahora el hijo de los Cordero Medrano se llamará Deivis Mateus, que significa, según ellos, regalo de Dios, y llevará sus apellidos.

Pide castigar negligencia

Cordero demandó castigo para los responsables del cambio de los bebés, ya que les causaron daño psicológico. “No fue un animal ni un objeto el que cambiaron por negligencia”, resaltó.

Medrano refirió que desde que vio al menor que le entregaron ayer tuvo el presentimiento de que se trataba de su hijo, ya que se parece al primogénito, Crístofer.

La PGN ofreció a las dos familias atención psicológica, para que superen el impacto que la confusión les causó.

Hechos y circunstancias

• Cuatro meses se llevó la búsqueda del hijo biológico de los Cordero.

• El Inacif debió practicar 92 pruebas de ADN para llegar hasta Denis Israel Ardón Barrios,  hijo biológico de  Cornelio Cordero y Marlyn Medrano.

• Carlos Leonel, quien ha crecido en el seno del hogar  Cordero Medrano, es hijo biológico de Fabiola Julisa Ardón Barrios.

• Ambos menores fueron cambiados luego de que nacieran en un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el 28 de enero del 2011.

• El 8 de marzo del 2012 la pareja Cordero Medrano se sometió a una prueba de ADN para verificar si el niño que tenía como su hijo en realidad lo era, y el resultado fue negativo.

• El 1 de agosto último, la PGN dio a conocer a las familias  los resultados de ADN  y ayer fue entregado a los Cordero Medrano su verdadero hijo.

En el primer hecho, en el bulevar El Naranjo, zona 4, localizaron los cuerpos baleados de tres hombres. En el otro ataque murieron dos menores, un hombre y una mujer, en la zona 1.

Por aparte, Maximiliano Sebastián Ixquereu Juárez, de 29 años, agente de la Policía Nacional Civil, asignado a la comisaría 14 en la capital fue baleado desde una motocicleta en la 4a. avenida y 1a. calle, zona 1, barrio El Centro, Poptún, Petén, cuando iba a visitar a amigos.

A Abel Isaías Figueroa, 30, le dispararon en la 2a. avenida y 5a. calle final de la zona 2 de Chimaltenango.

Socorristas atendieron a dos personas heridas de bala y trataron de auxiliar a otras dos, atacadas cuando bebían licor en la 5a. avenida y 2a. calle colonia Valle Verde, El Porvenir, Villa Canales.

Las víctimas mortales eran Luis Pericop, 26, y Wálter Alfredo Lucero, 26, y los heridos: Eduardo Grijalva, 20, y Jorge Armando López, 19.

En otro hecho, los Bomberos Municipales Departamentales informaron del hallazgo de un cuerpo semicalcinado, de unos 35 años, en Playa de Oro, zona 12 de San Miguel Petapa.

A unos 200 metros de allí, horas después, encontraron el cuerpo de Benigno Pernillo Suruy, 34, con un disparo.

Guardia de seguridad

Nefy Alexander Vásquez, 20, un guardia, fue baleado cuando iba a su casa, donde lo esperaba su esposa y un niño de año y medio, en el asentamiento La Buena Esperanza, zona 6.

También murió Juan Ricardo Tzoy, 20, en su abarrotería, en el lote 122, aldea San José del Manzano, Santa Catarina Pinula.

Además, José Manuel Bool, de 15, sufrió un ataque armado en la 15 avenida B, y 5a. calle de la colonia Atlántida, zona 18.

Otra víctima fue un hombre de unos 30 años, en el cantón central de Canalitos, zona 24, frente al lote 9, quien murió en el hospital San Juan de Dios.

Sergio Morán, 26, fue baleado porque se negó a entregar su celular cuando caminaba frente al lote 26, manzana 11, anexo Nuevo Mezquital, zona 12.

Además, un hombre fue atacado en Tiquisate, Escuintla.

Irma Palma, oficial del Programa Mundial de Alimentos (PMA), destinó US$500 mil —unos Q4 millones— para esta emergencia.

La ayuda será enviada, según Palma, a 150 mil personas que perdieron sus reservas de alimentos y no tienen para los próximos dos meses.

La ayuda —consistente en maíz, frijol, harina, aceite y atol, entre otros productos— ya empezó a llegar a los albergados en 22 refugios de Izabal y nueve de Jutiapa, dijo Palma.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo designó US$50 mil —unos Q400 mil— para la evaluación de necesidades de los afectados y la estrategia para empezar la recuperación de los daños.

De la Unión Europea

José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea (UE), envió una nota al mandatario Álvaro Colom, en la que le comunica la decisión de ese organismo de entregar ayuda para los damnificados.

En un comunicado, la UE señala que destinó€3 millones —unos Q33 millones— para El Salvador, Honduras y Guatemala, y la mayor parte será para los afectados por Ágatha en este último país.

El documento incluye una declaración de Kristalina Georgieva, comisaria europea de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis, quien expresa: “Cuando se produce una crisis de esta envergadura, la reacción debe ser rápida, concreta y basada en las necesidades sobre el terreno”.

La funcionaria europea agrega: “Con la ayuda aprobada hoy, queremos enviar una primera ola de solidaridad europea en la región, pero seguiremos el desarrollo de los acontecimientos, por si hay más necesidad”.

Preparan evaluación

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios puso en alerta a un equipo de especialistas en evaluación y coordinación de desastres, en caso de que sea necesario su despliegue.

También redactó una lista de productos de primera necesidad que están preparados para salir desde la base logística del organismo en la ciudad italiana de Brindisi.