“¡Ladrones!, ¡chorizos!”  gritaban los manifestantes congregados ante la Audiencia Nacional mientras llegaban los 37 presuntos implicados en esta red de apropiación ilícita de decenas de millones de euros de fondos públicos entre 1999 y 2005.

Los ingredientes del “caso Gürtel”  son de sobra conocidos por los españoles: “sobornos”, “falsas facturas”, “caja negra”, “cuentas en Suiza” … También muchos de los juzgados, entre ellos dos antiguos tesoreros del Partido Popular (PP).

La formación presidida desde el 2004 por Rajoy no está encausada por la comisión de delitos  (la financiación ilegal de partidos se incluyó como delito en 2015) pero podría tener una responsabilidad civil al lucrarse de los fondos obtenidos ilegalmente por sus alcaldes.

En la entrada del tribunal, quien despertaba más atención era Luis Bárcenas, tesorero del PP desde 1988 hasta su dimisión en 2009, acusado entre otros de haber escondido decenas de millones de euros en el extranjero.

Bárcenas puso en jaque a Rajoy en 2013 tras filtrarse a la prensa unos documentos suyos que presuntamente demostraban el pago de sobresueldos en negro a los dirigentes del partido -entre ellos el mismo jefe de gobierno- , hechos investigados en otra causa.

Sobornos para conseguir adjudicaciones

El principal acusado es el empresario Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama que dio nombre al caso  (“Gürtel” es “Correa” en alemán).

Este empresario, a quién le gustaba apodarse “don Vito”  como el mafioso de la película El padrino, anunció antes del proceso que lo contaría “todo”.

Se le acusa de sobornar a ediles del PP entre 1999 y 2005 para hacerse con obras púbicas y la organización de grandes eventos como la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 a precios “muy superiores”  a los del mercado.

En el 2015, en una confesión publicada por el periódico eldiario.es, Correa explicó el funcionamiento: los empresarios le pagaban comisiones del 2% o el 3% del monto total de la adjudicación y él, tras apartar su parte, las entregaba “en efectivo”  a Bárcenas.

El empresario, con un boyante estilo de vida, era próximo al ex jefe de gobierno conservador (1996-2004) José María Aznar e incluso fue testigo en la boda de su hija en 2002.

En camisa verde de manga corta, apareció otro de los protagonistas: el exedil del pueblo madrileño de Majadahonda José Luis Peñas. Durante dos años registró conversaciones en secreto con Correa y otros acusados.

Esta revelación, clave para destapar la trama, le servirá como atenuante, aunque podría ser condenado a más de seis años de prisión por percibir estos fondos.

Parálisis política

La exministra de Sanidad de Rajoy, Ana Mato, dimitida en 2014 por el escándalo, también será juzgada como “partícipe a título lucrativo”  por los delitos cometidos por su exmarido, Jesús Sepúlveda.

Su ex-esposo se enfrenta a cargos de desvío de fondos públicos y tráfico de influencias como alcalde de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. La trama habría obsequiado a la familia con un Jaguar, viajes a Eurodisney o fiestas de cumpleaños según la prensa.

Y mientras, en una sala contigua ocupada por otro juicio, declaraba el martes otro antiguo pilar del PP: Rodrigo Rato, exministro de Economía y exdirector general del Fondo Monetario Internacional, juzgado por presunta malversación de fondos públicos entre 2010 y 2012 y quien negó los cargos en su contra.

Desde entonces, el país no dispone de ejecutivo electo aunque Rajoy espera aprovechar la profunda división del Partido Socialista Obrero Español  (PSOE) para formar un gobierno en minoría.

Niega acusaciones

Rodrigo Rato, ex director gerente del FMI, juzgado en España por desvío de fondos en su época de banquero  (2010-2012), afirmó este martes que el sistema de tarjetas opacas que dirigió era “perfectamente legal”.

El que fuera ministro de Economía del gobierno español durante ocho años está siendo juzgado junto a otros 64 ex directivos de Caja Madrid y Bankia, acusados de sufragar cuantiosos gastos personales con tarjetas “black”, sin justificar ni declarar nada de esto a la administración fiscal.

A su llegada al tribunal en San Fernando de Henares, al este de Madrid, Rato fue recibido a gritos de “ladrón” y “estafador” por varios manifestantes que perdieron sus ahorros en productos tóxicos recomendados por la entidad que dirigió, Bankia.

Rato, exministro de Economía de 67 años de edad, entró con una cartera en la mano y sin decir nada en el anexo de la Audiencia Nacional, la máxima instancia penal española, donde se desarrollará el macrojuicio contra él y otros 64 acusados hasta diciembre.

En un caso conocido en España como el de las “tarjetas black”, Rato está imputado junto con otros 64 exdirectivos del banco Caja Madrid y de su entidad sucesora Bankia, surgida en el 2011 de la fusión de siete cajas de ahorros.

Se les acusa de la “apropiación indebida” de más de 12 millones de euros (US$13 millones) entre el 2003 y el 2012, mediante el uso de tarjetas bancarias opacas con las que sufragaron sin límite ni control fiscal cuantiosos gastos personales.

La publicación del detalle de esos gastos –joyas, bolsos Louis Vuitton, fiestas en discotecas, viajes– causó sonrojo en una España sometida a una política de austeridad tras el inicio de la crisis económica en el 2008.

Rato, antaño una estrella del conservador Partido Popular (PP), actualmente en el poder, fue el ministro de Economía del conservador José María Aznar de 1996 a el 2004, y dirigió el Fondo Monetario Internacional desde ese año hasta el 2007.

Su carrera como banquero apenas duró dos años, del 2010 al 2012, pero desembocó en el peor escándalo bancario de la historia de ese país.

La entrada en bolsa de Bankia fue un auténtico desastre, y en el 2011 tuvo que ser nacionalizada y precipitó un rescate europeo del sector bancario español, por más de 41 mil millones de euros (US43 mil millones).

Indignación popular

Según la fiscalía Rato mantuvo en el 2010 “el sistema corrupto” establecido por su predecesor al frente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y luego lo reprodujo en Bankia.

Con su tarjeta, Rato está acusado de haber gastado en dos años US$100 mil, que reembolsó antes del juicio. La fiscalía pide contra él cuatro años y medio de cárcel y el reembolso de US$2.9 millones, monto total de los gastos de las “tarjetas black” por él y los demás acusados.

También en el banquillo figuran numerosos miembros del Partido Popular, del que fue expulsado Rato, y personalidades de sindicatos y de partidos de izquierda. Un representante del partido Izquierda Unida, por ejemplo, está acusado de haber gastado 456 mil 500 euros con su “tarjeta black”.

La fiscalía pide por otro lado seis años de cárcel contra Blesa, excompañero de estudios de Aznar, que lo hizo nombrar al frente de Caja Madrid.

Blesa, ex inspector de Hacienda, no declaró a la administración fiscal ni un solo euro de los 436 mil que gastó con su tarjeta opaca en siete años.

“Blesa ganaba unos 3.5 millones de euros al año y además tenía una tarjetita para robar todo lo que quería!”, dijo un taxista jubilado, Antonio Hernández, protestando como muchos otros ahorristas y accionistas ante la puerta del tribunal.

“¡Y a nosotros nos han robado la salud y el alma!”, añade este pensionista, que como miles de personas perdió la mayor parte de sus 36 mil euros ahorrados en un producto bancario tóxico recomendado por Caja Madrid a sus clientes.

Rato está procesado en dos casos más: uno por presunto fraude en la salida a bolsa de Bankia, que no habría informado debidamente de sus condiciones financieras, y otro por presunto blanqueo de dinero a través de la compra de un hotel en Berlín.