Funes afronta juicio civil por corrupción

El expresidente de El Salvador Mauricio Funes  (2009-2014) afronta hoy el juicio civil en contra, con audiencia probatoria, por supuesto enriquecimiento ilícito al no poder justificar la procedencia de unos US$700 mil, en su etapa al frente del Gobierno.

Además, Diego Roberto Funes Cañas, hijo del exmandatario, deberá hacer frente al mismo proceso, ya que, según la Fiscalía General de la República  (FGR) , “adquirió unos vehículos por un valor de 118.600 dólares, que no ha podido justificar” .

El proceso civil se realizará por decisión que la Corte Suprema de Justicia  (CSJ) , que el 9 de febrero de 2016 ordenó efectuar una audiencia probatoria en la que los imputados y sus representantes legales tengan la oportunidad de brindar documentación de la legalidad del dinero investigado.

En caso de no poder justificar la procedencia de los montos por los que afrontan el proceso, deberán devolverlo en su totalidad, más la sanción que decida el juzgado correspondiente.

Funes está siendo investigado, además, por otros casos de corrupción; no obstante, el proceso que inicia este martes no contempla otros señalamientos que no sean el de enriquecimiento ilícito.

El pasado 6 de septiembre, el Gobierno de Nicaragua concedió asilo a Funes, a su compañera Ada Michell Guzmán Sig enza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco, de 34 años, Diego Roberto Funes Cañas, de 25 años y Mauricio Alejandro Funes Guzmán, de 2 años.

Las víctimas fueron identificadas por la Fiscalía como el soldado Carlos Ramos, de 19 años  (quien se encontraba de licencia) , su padre Santos Ramos  (39) y sus familiares Adrián Ramos  (21) y Alberto Ramos (17) .

Los cuatro fueron atacados con armas cortantes y de fuego cuando se econtraban de paseo en un río en las proximidades de Olocuilta, 17 km al este de San Salvador, una zona donde operan las violentas pandillas.

Militares y policías son blanco predilecto de las pandillas salvadoreñas, en particular cuando se encuentran de licencia.

En lo que va del año, las pandillas han asesinado a cuatro militares y a una decena de policías que participan en planes represivos para contener sus delitos.

El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, adelantó el lunes que el Gobierno estudia “medidas extraordinarias” para contener la oleada de violencia homicida atribuida principalmente a las pandillas.

En el 2015 El Salvador registró seis mil 657 homicidios, que lo convirtieron en una de las naciones sin guerra más violentas del mundo, con un promedio de 104 homicidios por cada cien mil habitantes.

Seguridad en la calle

El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, evalúa sacar a todo el Ejército y llamar a los reservistas como una medida “extrema”  para controlar la escalada de violencia que ha duplicado la cifra de asesinatos respecto al 2015, informó el miércoles el portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas.

“El presidente está valorando de qué manera y con qué recursos se pueda, si se necesita, desplegar a todo el Ejército”  y “eventualmente el Gobierno podría decidir llamar a la reserva nacional”, dijo Chicas en una entrevista en el canal estatal.

No obstante, señaló que Estas medidas implican un costo que debe sufragarse con los US$900 millones en bonos, cuya emisión tiene congelada la Sala de lo Constitucional desde junio del 2015 por posibles “vicios de forma y contenido”  en su proceso de aprobación en el Parlamento.

El pasado lunes, Sánchez Cerén convocó a los presidentes del Parlamento y de la Corte Suprema de Justicia para estudiar “medidas extraordinarias”  de seguridad, como el estado de Sitio.

El hecho que propició la convocatoria fue la masacre de 11 trabajadores perpetrada por la pandilla Mara Salvatrucha el 3 de marzo en una zona rural de la localidad de San Juan Opico, y que fue ordenada desde dos cárceles.

La Constitución salvadoreña establece que “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías”  y que “tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República”.

El artículo 29 señala que la implementación del estado de sitio “se hará por medio de decreto del órgano Legislativo o del órgano Ejecutivo”, mientras que el número 30 apunta que este no puede exceder los 30 días.

Las autoridades de Seguridad acusan a las “violentas”  pandillas de generar la escalada de violencia que vive El Salvador en el 2016, que se ha cobrado la vida de mil 537 personas hasta el 6 de marzo, un 113.5% más que en el 2015, cuando se contabilizaron 720 muertes violentas en este lapso.

Libertad de Prensa

El Gobierno salvadoreño no restringiría la libertad de Prensa y expresión en caso de que se instaure un estado de Sitio para contrarrestar el recrudecimiento de la violencia en el país, aseguró el portavoz gubernamental, Eugenio Chicas.

“Nuestro Gobierno de ninguna manera está pensando en un régimen que afecte las libertades democráticas, especialmente la libertad de expresión”, dijo Chicas.

Enfatizó que tampoco “está en el radar de discusión”  que esta medida restrinja a los medios de comunicación, a pesar de que la Constitución de este país lo autoriza.

“Los alcances de una medida de esa naturaleza son los que están en discusión (entre los tres poderes del Estado) para ver si esa herramienta puede ser útil para superar la grave crisis (de violencia) que tenemos en este momento”, explicó el funcionario.

La cámara, que además exculpó al exmandatario del delito de lavado de dinero, tomó la decisión el viernes recién pasado, aunque no pudo ser trasladado a su domicilio hasta este lunes, porque “era necesario cumplir con los trámites oportunos para que el juzgado diese su autorización” .

La resolución de la Cámara fue emitida el viernes recién pasado a últimas horas de la tarde, por lo que “no se pudo tramitar la autorización, al coincidir con fin de semana” , agregó la fuente.

La querella manifestó que apelará la resolución de la Cámara “por considerar que no está apegada a derecho”  y consideró “que la misma contiene incongruencias e irregularidades que deben ser sujeto de investigación” .

La abogada querellante Bertha Deleón explicó “se extralimitó en lo resuelto”  porque el recurso presentado por la defensa versaba sobre la detención provisional y “añadir la exculpación de lavado de dinero, implica una violación al principio de congruencia procesal” .

Asimismo, mostró su “indignación”  por la decisión de la cámara el partido oficialista salvadoreño, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional  (FMLN) .

   La Fiscalía salvadoreña acusa al exmandatario, de apropiarse de unos 15 millones de dólares donados por Taiwán para proyectos sociales.

El 3 de diciembre recién pasado, el juez Miguel Ángel García Argüello del Juzgado Séptimo de Instrucción agregó a la imputación el delito de lavado de dinero y revirtió la medida cautelar de arresto domiciliario que gozaba Flores desde octubre del 2014, después de que estuviera hospitalizado durante 19 días por una trombosis.

Flores, que gobernó entre 1999 y el 2004, fue acusado en el 2014 por la FGR de apropiarse de cinco millones de dólares y desviar otros 10 hacia una cuenta del partido Alianza Republicana Nacionalista  (Arena) , ahora en la oposición y que lo llevó al poder.

El juez García Argüello también determinó que procedía modificar la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito al de lavado de dinero.

No obstante, la acusación de enriquecimiento ilícito se mantuvo porque dentro de las declaraciones patrimoniales hechas por el acusado al finalizar su período presidencial, no se justificó un ingreso por más de 343 mil dólares, que son indicio del referido delito, según García Argüello.

Los fondos supuestamente malversados por Flores tenían como destino diferentes programas de reconstrucción y atención a las víctimas de dos sendos terremotos que asolaron al país centroamericano en el 2001.

El juicio contra el exmandatario esta previsto se realice el 18 de enero del 2016 y será ventilado por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.

El agente de la Policía Nacional Civil  (PNC) asesinado fue identificado como José Daniel Preza Navas, quien al momento del crimen se encontraba realizando una mudanza ayudado por otros dos compañeros que resultaron heridos en el tiroteo.

La identidad de los pandilleros fallecidos no ha sido facilitada por las autoridades, así como tampoco el móvil del crimen.

 En lo que va del 2015 han sido asesinados en El Salvador 40 policías, además de 13 militares y un jefe fiscal.

Solo en la actual semana cuatro efectivos policiales fueron asesinados a manos de miembros de pandillas.

Las autoridades de Seguridad salvadoreñas acusan a las pandillas Mara Salvatrucha  (MS13) , Barrio 18 y otras minoritarias de atacar a los cuerpos de seguridad para “obligar”  al Gobierno a negociar prebendas para sus líderes encarcelados.

Diferentes sectores de la sociedad señalan que los constantes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las pandillas constituye una “guerra tácita” .

 En marzo del 2012 las pandillas acordaron una tregua y los homicidios se redujeron a cinco por día, pero desde que la tregua se rompió en septiembre del 2013 los asesinatos han aumentado hasta más de 20 al día.    

El gobierno del presidente Mauricio Funes  (2009-2014) nunca aceptó haber negociado pero reconoció que había actuado como facilitador del acuerdo entre pandillas y dijo que no les prometió nada.      

Pero el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén cerró toda posibilidad de dialogar con las pandillas y ordenó que los cabecillas de esas estructuras criminales fueran enviados a la cárcel de máxima seguridad conocida como Zacatraz, donde han perdido todos los privilegios penitenciarios.