Es el día de su boda y nunca antes se han visto. Ella está ahí, vestida de blanco, para que los pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) no la maten; él, porque cree que se casará con una ciudadana de Estados Unidos para emigrar a aquel país de manera legal.

Días después del matrimonio, la novia volverá a una casa en la que otras salvadoreñas como ella sufren de explotación sexual y bajo amenazas de muerte son obligadas por pandilleros a formar parte de una inusual estructura criminal. El novio, en cambio, morirá.

Según las autoridades salvadoreñas, una nueva estructura criminal de las pandillas podría estar operando en el país. La bautizaron como las “viudas de negro” y dicen que podría ser una demostración de la diversificación de sus actividades delictivas.

“Era una operación bien sofisticada, bien planificada”, dijo Violeta Olivares, jefa de la Unidad Especializada de Trata y Tráfico Ilegal de Personas de la Fiscalía General de la República, a la AP.
Aunque El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, la noticia cobra aún más relevancia porque, según Olivares, ésta es la primera vez que el gobierno detecta que las pandillas operan en la modalidad de trata de personas con matrimonios forzados.

En el país operan tres grandes pandillas —Barrio 18 Revolucionarios, Barrio 18 Sureños y la Mara Salvatrucha (MS-13)_, pero las autoridades han precisado que sólo esta última es responsable de las “viudas de negro”.

Los detalles de la operación llegaron a oídos de la justicia gracias las declaraciones de una de las víctimas, que logró escapar y la Fiscalía tiene bajo su cuidado. Según explica el organismo, Mónica —nombre falso que le asignaron para protegerla mientras dure la investigación— detalló que una mujer llamada Esmeralda Aravel Flores Acosta —actualmente prófuga— la contrató para realizar oficios domésticos, pero al llegar a la casa en la que trabajaría comprendió que se trataba de una propiedad de la Mara Salvatrucha.

Descubierto el engaño, a Mónica no le quedó más obedecer. “Vas a tener que estar aquí, te guste o no te guste, y te casarás con un desconocido al que le dirás que tienes la ciudadanía estadounidense”.

Luego siguió la boda: la vistieron de blanco, la llevaron hasta la alcaldía de un municipio al occidente del país y ahí se encontró con su futuro marido.

La Mara Salvatrucha ordenó a Mónica que se casara con Melvin Reyes, un hombre al que le prometieron que tras el matrimonio podría emigrar legalmente a Estados Unidos. Los investigadores ignoran cuánto suele pagar una víctima como Melvin por un supuesto enlace con una ciudadana estadounidense, pero sí saben que los hombres son timados para que compren un seguro de vida argumentando que es un requisito de las autoridades migratorias para comprobar un compromiso de vida entre los esposos y una garantía económica para la mujer.

Al respecto, la Asociación de Empresas de Seguros dijo a la AP que como gremial no cuentan con información sobre la investigación, ya que ésta forma parte de un proceso que está en manos de la Fiscalía.

Los matrimonios de las “viudas de negro” finalizan al cabo de un mes o un poco después. A las mujeres se les informa que sus maridos fueron asesinados —que fue una muerte violenta— y se les exige reclamar el cuerpo en la morgue, encargarse de los trámites del sepulcro y pedir a la fiscalía que investigue el crimen. Días después —concluido el papeleo legal— las mandan a cobrar el seguro del que son beneficiarias. En todos los casos, las mujeres son acompañadas por miembros de las pandillas.

Confirman muerte 

La fiscalía no ha revelado detalles personales sobre Melvin ni sus familiares, pero el órgano sí confirmó que fue asesinado y miembros de la Mara obligaron a Mónica a cobrar el dinero del seguro.

Junto con Mónica, la fiscalía protege a otra testigo identificada como “Mateo”. Según Violeta Olivares, ambas fueran reclutadas en las mismas circunstancias y fueron víctimas de amenazas, violencia física, verbal y psicológica para contraer matrimonio con dos hombres desconocidos. De acuerdo a Olivares, ambas relataron que sufrieron vejaciones entre 2014 y 2016.

De acuerdo con Olivares, para desmantelar la estructura criminal y clarificar el caso contaron con el apoyo de la División de Investigación Criminal Trasnacional de la Policía Nacional Civil y de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. La Fiscalía señaló que investiga otros dos casos similares, pero hasta el momento no tiene un estimado de las víctimas afectadas ni de cuántas salvadoreñas podrían atravesar por una situación similar.

Según Olivares, el proceso de investigación continúa y a la fecha se han girado ocho órdenes de arresto contra presuntos implicados en el caso, pero sólo han logrado capturar a tres: Karla Jennifer Flores Acosta, Maria Cristina de Cruz e Isabel del Carmene Méndez Dueñas. Los demás siguen prófugos.

Las detenidas fueron imputadas por trata de personas agravada, proposición y conspiración en el delito de homicidios agravado, estafa agravada y agrupaciones. De ser encontradas culpables, podrían cumplir condenas de al menos 20 años de cárcel.

Tras escapar, Mónica denunció la ubicación de la casa donde estaba secuestrada. Gracias a eso se logró la detención de las tres implicadas y encontraron a una menor de edad y a otra víctima. La propiedad de la pandilla se ubicaba en un suburbio en la periferia sur de San Salvador y durante la operación se incautaron 4.000 dólares en efectivo, pero —según la fiscal— se cree que la suma por la que se estafó a las instituciones bancarias podría ascender a 100.000 dólares.

Las autoridades salvadoreñas han dedicado años a combatir a las pandillas. En julio de 2016, una operación a nivel nacional propinó un duro golpe a la economía de estas agrupaciones y derivó en la captura de los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha, entre ellos, Marvin Adaly Ramos Quintanilla, alias “Piwa”, al que las autoridades identifican como el responsable de las finanzas del grupo.

La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil informaron que el asesinato de los dos estudiantes universitarios ocurrió en el municipio de Ayutuxtepeque, en la periferia norte de la capital.       

Familiares de las víctimas, dijeron que los estudiantes no tenían ninguna relación con las maras o pandillas que operan en la zona.       

En el cantón El Zapote, del municipio de Mejicanos, en la periferia norte de San Salvador, presuntos pandilleros mataron a balazos a un pasajero de autobús. Otra persona resultó herida durante el ataque.       

Las autoridades también reportaron varias balaceras entre las fuerzas de seguridad y grupos de pandillas en diferentes puntos del país, en las que murieron cuatro delincuentes.      

En El Salvador, considerado uno de los países más violentos del mundo, las pandillas están integradas por más de 60 mil jóvenes y adolescentes, y las autoridades los responsabilizan de la mayoría de homicidios y otros delitos que se cometen en el país.

Más de 13 mil están presos y sus cabecillas han sido enviados a una cárcel de máxima seguridad, donde están completamente incomunicados con el exterior.  

La Policía Nacional Civil  (PNC) informó que el enfrentamiento se registró cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en una reunión que realizaba un grupo de pandilleros en un cantón del municipio de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán, a 33 kilómetros al este de la capital.       

La Fiscalía General de la República reportó la muerte de cinco pandilleros en ese nuevo hecho de violencia en la nación centroamericana.       

Las autoridades no reportaron bajas en las fuerzas de seguridad, ni capturas.       

De acuerdo con informes de la policía, en lo que va del año se han registrado más de 300 balaceras entre las fuerzas de seguridad y los delincuentes, con saldo de 290 pandilleros muertos.       

Agrega que al menos 30 miembros de la corporación policial, la mayoría de ellos en periodo de licencia; 13 militares y un guardia carcelario han sido asesinados por las pandillas.       

Las autoridades atribuyen a esos grupos el asesinato de 62 policías, 17 militares, seis guardias de centros penales y un fiscal el año pasado.       

Prisión preventiva para pandilleros

Tres pandilleros acusados de asesinar a un jefe policial y a un agente la semana recién pasada fueron enviados a prisión preventiva mientras afrontan una investigación judicial, informó el lunes la Fiscalía de ese país centroamericano.

La fuente detalló que la medida fue emitida por el Juzgado Primero de Paz de Atiquizaya, donde este 1 de septiembre el subcomisionado Alberto Marroquín Ayala, Jefe de Operaciones de la Policía en el occidental departamento de Ahuachapán, y el agente Nelson Paz fueron asesinados durante un tiroteo.

Los señalados fueron identificados por las autoridades como Marvín Arévalo, José Blanco y Alexis Blanco, quienes participaron “materialmente”  en el hecho.

Según la Policía, “los sujetos son miembros activos de la estructura criminal (pandilla) que opera”  en la localidad del occidente salvadoreño.

Las maras o pandillas —establecidas en populosos barrios— están integradas por más de 70 mil jóvenes y adolescentes, y las autoridades los responsabilizan de la mayoría de homicidios y otros delitos que se cometen en el país.       

Más de 13 mil están presos y sus cabecillas han sido enviados a una cárcel de máxima seguridad, donde están completamente incomunicados con el exterior.  

También ordenó que se publique los gastos del diseño, producción e implementación de campañas del 2010, así como los gastos de actividades protocolarias realizadas en ocasión de visitas de funcionarios extranjeros.

Lo anterior, en cumplimiento del derecho de acceso a la información pública del demandante y la ciudadanía en general.       

La orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema se produce en respuesta a una demanda contra el Instituto de Acceso a la Información Pública  (IAIP) que declaró en reserva la información de los gastos de viajes al efectuados por el ex presidente Funes y su exesposa Vanda Pignato, durante su mandato del 2009 al 2014.       

Según la resolución, la información la presidencia deberá hacerla pública en el portal de transparencia de dicha institución.       

Además, la Sala señala que “la información anterior debe ser divulgada, la información presente o futura sobre los mismos puntos” y la presidencia de la República deberá abstenerse de catalogar como información reservadas los datos mencionados correspondientes a cualquier periodo presidencial.       

La Corte Suprema remitió certificación de la resolución a la Corte de Cuentas de la República y al ministerio Público, a fin de que se realicen las auditorías e investigaciones correspondientes para determinar posibles responsabilidades administrativas y/o penales de las personas que, de acuerdo con la ley, eran responsables de la generación y resguardo de la información objeto de este amparo.       

En un principio la presidencia de la Republica se había negado a entregar la información demandada argumentando que revelar los viajes pondría en riesgo la seguridad del mandatario debido a que los protocolos de seguridad, logística y transporte seguían siendo los mismos que del actual presidente.       

Después informó que no había localizado en los archivos de casa presidencial información sobre los viajes oficiales de Funes y su esposa y que había respaldos administrativos de los viajes de presidentes desde el ex presidente Alfredo Cristiani a Funes.       

Cristiani gobernó el país de 1989 a 1994 y fue sucedido por Armando Calderón Sol  (1994-1999) , Francisco Flores  (1999-2004) y Tony Saca  (2004-2009), todos del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista  (Arena) .       

El expresidente Funes, que llegó al poder postulado por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional  (FMLN), enfrenta un juicio civil por enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía también mantiene abierta una investigación relacionada con delitos de corrupción durante el gobierno del exmandatario.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, informó a los periodistas que un agente de la Policía Nacional Civil murió y tres más resultaron heridos cuando fueron emboscados el domingo en la noche por pistoleros en el cantón Copinol, departamento de Cuscatlán, a 39 kilómetros al este de la capital.      

Otro policía, que estaba con licencia, murió al ser atacado por desconocidos cuando descansaba en su casa en el municipio de San Vicente a 60 kilómetros al este de San Salvador.       

Landaverde informó que tres presuntos pandilleros murieron en un intercambio de disparos con fuerzas combinadas de la policía y del ejército, que se registró en el municipio de Ilopango, en la periferia este de la capital.       

El ministro advirtió que “la policía y la fuerza armada están en la obligación de perseguir a estos grupos, darles captura y llevarlos ante la justicia y en la medida que se resistan de esta manera, usando armas de fuego, seguirán dándose estos eventos” .       

Informó que en lo que va del mes, 42 presuntos pandilleros han muerto al enfrentarse a las fuerzas de seguridad.       

Desde el 2015, las maras o pandillas han incrementados sus ataques contra policías, militares y sus familiares.

En el 2015, 63 policías, 19 militares, un jefe fiscal y un juez fueron asesinados en El Salvador.

En lo que va del año 28 policías han sido asesinados en su mayoría cuando se encontraba de licencia.

También fueron asesinados un guardia cárcel y 13 militares.

Las autoridades atribuyen a las pandillas haber asesinado en 2015 a 62 policías, 17 militares, seis guardias de centros penales y un fiscal.      

En El Salvador, considerado uno de los países más violentos del mundo, las pandillas establecidas en populosos barrios están integradas por más de 70 mil jóvenes y adolescentes.

Más de 13 mil están presos.  

 La Policía Nacional Civil, creada tras los acuerdos de paz que pusieron fin a la cruenta guerra civil de 1980 a 1992, cuenta con unos 24 mil efectivos.

El Salvador sufre un clima de violencia criminal generado principalmente por las peligrosas pandillas.

Según cifras oficiales, hasta el 9 de agosto pasado se registraron tres mil 542 homicidios en ese país, en su mayoría atribuidos a las pandillas.

 Comenzó a trabajar como asesor de desarrollo comunal de la alcaldía de Ilopango, en la periferia de la capital salvadoreña, y también se hizo de un negocio de venta de autos usados importados de Estados Unidos.

Se unió a una iglesia evangélica, en la que se congregaba regularmente e incluso estudió hasta graduarse como pastor.       

Pero el 28 julio, Ramos fue detenido junto con varios cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha, declarada por Estados Unidos como una organización criminal trasnacional. Las autoridades también incautaron bienes, miles de dólares, cerraron negocios y congelaron cuentas bancarias, en lo que describieron como un golpe el corazón financiero de la MS 13.       

Las autoridades sostienen que la nueva vida de Ramos era solo una fachada y que usó sus credenciales de pastor evangélico para entrar a las cárceles, donde se reunía con otros cabecillas de la pandilla con quienes planificaba actividades criminales.       

Con la figura de pastor, dicen los fiscales, buscaba esconder su verdadero trabajo: ayudar a la Mara Salvatrucha a ejecutar sus operaciones en la calle y manejar sus finanzas en un momento en que, en medio de golpes de las autoridades, la pandilla ha avanzado en la diversificación de sus operaciones, lo que incluye ocultar dinero a través de empresas o negocios que funcionaban en una aparente legalidad.       

Pero Ramos niega todas las acusaciones y trata de mostrarse como un hombre arrepentido, convertido por Jesús.       

“No es cierto que yo sea el financista. No es cierto que yo haya ingresado a los penales. No es cierto”, alegó el pandillero cuando fue presentando ante el tribunal de justicia que lo está juzgando.       

“Eso había quedado atrás” , respondió cuando se le preguntó sobre su relación con las pandillas.       

Escuchas telefónicas

Las autoridades presentaron como evidencia en su contra cientos de escuchas telefónicas que implican a Ramos, incluida una de enero en la que supuestamente ordenó el asesinato de tres pandilleros en la prisión de Izalco, en el oeste de El Salvador.       

Se conocen pocos detalles de la vida de Ramos, incluyendo el significado de su apodo “Piwa” .       

Los que lo conocen prefieren no hablar, porque —dicen— en este país las pandillas están por todos lados y te pueden matar por casi nada.

De acuerdo con un documento de identidad obtenido por The Associated Press, Ramos Quintanilla nació el 22 de mayo de 1980 en San Rafael Oriente, una pequeña ciudad a unos 125 kilómetros al sureste de la capital.       

Tras el anuncio oficial del golpe a la finanzas de la Mara Salvatrucha, en una operación denominada “Jaque” , Ramos llevaba una camisa de vestir de manga larga que ocultaba los tatuajes en sus brazos, los cuales fueron visibles cuando se presentó a los medios el día después de su detención. Sonriendo, tomó la mayoría de las preguntas de los reporteros aunque dio respuestas recortadas.       

Casi sin querer hablar, Ramos dijo a la  AP  que era de Soyapango, un barrio conocido por su peligrosidad al este de San Salvador, visto por algunos como un área de reclutamiento de la banda. Dijo que sus padres ya no radican ahí, pero no respondió cuando se le preguntó si todavía estaban vivos.       

Al parecer, como muchos jóvenes salvadoreños, Ramos se unió a la pandilla cuando apenas era un adolescente.

Declarado culpable de homicidio

En el 2000 fue declarado culpable de homicidio agravado en grado de tentativa, condenado a 15 años y encerrado en una prisión de máxima seguridad en el municipio de Zacatecoluca, conocido como “Zacatraz” .       

En el 2012 fue uno de cabecillas de las pandillas favorecidos con los beneficios de la tregua entre las pandillas que fueron trasladados a una prisión de mediana seguridad en ciudad Barrios y fue liberado en octubre del 2013.       

Ramos se trasladó a la capital, donde viven su esposa e hijos y mantuvo un perfil bajo.       

El alcalde del municipio de Ilopango, Salvador Ruano, confirmó a la  AP  que Ramos dirigió el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso, financiado a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  (USAID, por sus siglas en inglés) y que buscaba ayudar a los más vulnerable de las áreas urbanas del país, con énfasis en jóvenes y madres cabezas de familia.       

La  AP  tuvo acceso a documentos oficiales de la alcaldía en los que se confirma que Ramos tenía el cargo de “asesor” en el Departamento de Desarrollo Ciudadano Municipal, desde noviembre del 2013 hasta que lo despidieron en mayo de 2016. 

Ramos vivía con su esposa, una maestra de una escuela cristiana biling e, y sus dos hijos pequeños en La Miramonte, un barrio de clase trabajadora donde varios vecinos entrevistados por la  AP  dijeron que casi no lo conocían. Nadie respondió en la puerta de su casa y una mujer que vive en las proximidades dijo que no los había visto desde hacía un par de días y que al parecer se habían ido.       

Asistían a la iglesia evangélica Nazareth, cuyo pastor se negó, a través de un intermediario, a conversar con la  AP .       

“Él no era nuestro pastor, solo se congregaba aquí”, dijo una mujer en la iglesia, quien habló con la condición de guardar el anonimato por temor a represalias de las pandillas.

Dijo que la policía había ido a la zona desde la captura de Ramos y que decían que era la iglesia de la Mara Salvatrucha.       

“Parecía buena persona. Había oído que había dejado las pandillas” , añadió.       

Organización sin fines de lucro

De hecho, fue una organización sin fines de lucro, la Red de Pastores y Líderes para el Desarrollo Nacional Torre Fuerte, la que lo graduó como pastor y le extendió su credencial como Capellán Mayor en 2015 después de un año de estudio. 

“Para mí, Marvin es una persona de espiritualidad y desde que lo conocí lo he visto como un hombre pegado al Señor” , dijo a la  AP  el pastor Nelson Valdez, quien dirige la también conocida como RED Torre Fuerte. Aseguró que no sabía que siguiera en las pandillas.       

Tal vez lo único que hoy lo hace dudar es que se conducía en diferentes tipos de vehículos, algunos de ellos lujosos, pero dijo que en su momento no le dio importancia “porque vendía carros usados y de eso vivía” .       

Ramos tenía dos armas registradas, una pistola y un fusil calibre 22. “Cuando lo capturaron andaba la pistola registrada y otra ilegal” , dijo el encargado de la RED.       

Valdez, quien también es abogado y representa a la esposa de Ramos, dijo que ella no quería hablar con los medios de comunicación.       

Las autoridades salvadoreñas dicen que apenas dos meses después de salir de prisión, Ramos consiguió certificados oficiales de no antecedentes penales, lo que le permitió tramitar permisos para portar armas de fuego. Los fiscales investigan si fue ayudado por algún funcionario del gobierno.       

También se investiga cómo logró el permiso para visitar las cárceles, a pesar de que hay restricciones para los miembros de las pandillas.       

“Estamos investigando” , dijo el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde.       

La Fiscalía presentó el documento que le permitían a Ramos ingresar a las cárceles, aunque él rechazó todo. “Mi trabajo ha estado en las comunidades” , dijo.       

Según las investigaciones, Ramos era el financista de la Mara Salvatrucha, responsable de administrar el dinero producto de las extorsiones y los ingresos de la venta de droga y otros ilícitos.       

Por medio de testaferros, la Mara Salvatrucha manejaba varios hoteles de paso, restaurantes, cervecerías populares, strip clubs, importadoras de vehículos, talleres mecánicos, empresas del transporte colectivo y de moto taxis, taxis piratas, y hasta una casa de citas ubicada en una zona exclusiva de la capital.       

Ramos está acusado de haber sido la figura clave en una nueva estructura corporativa conocida como “La Federación” , que controla las operaciones junto a la llamada “Ranfla” , como se conoce al grupo tradicional de líderes.       

“Los miembros de  La Federación’ son cabecillas en libertad, mientras que los de La Ranfla son cabecillas presos” , explicó el jefe del ministerio Público, Douglas Meléndez.   

Explicó que una de las cajas fuertes no pudo ser abierta y fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía para que expertos lo hagan y determinen qué contiene.

El exmandatario, que supuestamente se encuentra fuera del país en una consultoría, escribió en su cuenta de Twitter que el allanamiento “es un show” de la Fiscalía y que “las armas encontradas en mi casa de habitación están legales. Una parte de ellas son obsequios de la Fuerza Armada y de la Policía. ¿Eso es corrupción?”

Soy ExPdte de la República. Tengo rango de "alto riesgo". La ley no limita el número de armas que puedo registrar. Dónde está el delito?

— Mauricio Funes (@FunesCartagena) August 20, 2016

“Soy ex presidente de la República. Tengo rango de alto riesgo. La ley no limita el número de armas que puedo registrar. ¿Dónde está el delito?”, agregó.

Por su parte, el presidente Salvador Sánchez Cerén salió en defensa de su antecesor, al que elogió por su trabajo en beneficio de los sectores más pobres del país. Dijo que Funes se propuso levantar la economía de El Salvador y en cinco años logró crecimiento económico, “salió de menos tres y llevó la economía al 2,0”.

En declaraciones durante un acto público en el municipio de Guaymango, en el departamento de Ahuachapán, a 100 kilómetros al oeste de la capital, Sánchez Cerén sostuvo que la forma de gobernar de Funes provocó inconformidades de grupos de poder en el país, y “en todo esto hay mucha venganza de por medio de sectores y de partidos que quieren aprovechar esta situación”.

“Vean las noticias, toda la información. Ya acusan al presidente y además ya lo han condenado, irrespetándole el derecho constitucional que tiene la presunción de inocencia. Y al presidente Funes no se le ha demostrado todavía nada, lo que se ha hecho es una investigación, pero no se le ha comprobado absolutamente nada”, agregó.

Sánchez Cerén dijo que confía “en el sano juicio” del fiscal general, Douglas Meléndez.

Varias armas han sido localizadas en la vivienda allanada en Cumbres de Cuscatlán. #EnDesarrollo pic.twitter.com/hJ1spwpLM5

— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) August 20, 2016

“Creo en su madurez, y su compromiso con la justicia y que él va a garantizar que no exista manoseo de aquellos sectores que quieren desde ya condenar al presidente Funes”, añadió.

El allanamiento forma parte de una investigación de la Fiscalía, que el miércoles registró varias viviendas y negocios de un empresario salvadoreño, uno de los amigos cercanos a Funes, que se había beneficiado con millonarios contratos durante su gobierno de 2009 a 2014.

Las autoridades registraron siete propiedades, entre ellas empresas y viviendas, de Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, quien al principio del gobierno de Funes fue presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Menéndez es dueño de la mayor empresa de seguridad del país.

Vivienda allanada en Urbanización Cumbres de Cuscatlan, calle Xochiquetzal N°76 #EnDesarrollo pic.twitter.com/M3ddkGsNt2

— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) August 20, 2016

Amaya aclaró que los allanamientos tienen como objetivo incautar documentación que les permita confirmar que se hayan cometido delitos, pero dijo que todavía no hay una acusación formal contra el exmandatario, quien tampoco tiene restricciones para salir del país.

Funes está siendo procesado en un tribunal civil de la capital por un presunto delito de enriquecimiento ilícito y, según investigaciones, el expresidente y su familia deberán justificar el origen de unos US$728 mil.

La demanda civil incluye a la exprimera dama y actual secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, y a uno de sus hijos, Diego Roberto Funes Cañas.

 El 29 de marzo, las autoridades decretaron estado de emergencia en siete cárceles y trasladaron a un penal del occidente de ese país a más de 300 cabecillas de pandillas que desde esa fecha permanecen aislados, suspendiendo las visitas íntimas y familiares.

Uno de los objetivos era cortar toda comunicación de las pandillas con sus bases en las calles, pero esto no se ha logrado totalmente.       

“La asegunda fase de cumplimiento de las medidas extraordinarias va a representar un incremento de la operatividad, vamos a intervenir no solo en el centro penal, sino en sus entornos”, explicó en entrevista con la televisión local el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde.       

“Vamos a variar en la forma de operar, ya que de acuerdo con nuestro trabajo de investigación hay otras formas en que los privados de libertad est��n pretendiendo restablecer la comunicación desde y hacia los centros penitenciarios”, manifestó.     

Las medidas extraordinarias aprobadas por la Asamblea Legislativa incluyen la regulación de la movilización de reos a diligencias judiciales, la suspensión de los plazos procesales y mayores facultades al gobierno para evitar el flujo de tráfico de llamadas telefónicas desde los centros penales y se contemplan medidas severas para las empresas telefónicas que no acaten la orden de bloquear las señales en los alrededores de las cárceles.       

Pero Landaverde denunció que algunos abogados que defienden a los pandilleros están trasladando los mensajes desde las cárceles a los cabecillas de las pandillas en la calles.       

“Lamentablemente los defensores particulares de muchos privados de libertad están haciendo esa función, o personas privadas de libertad que son puestas en libertad, son los que están trasladando los mensajes” , afirmó.       

Según las autoridades de Seguridad Pública, las pandillas que tiene presencia en barrios y comunidades popular están integradas por más de 70 mil jóvenes y adultos y son los responsables de la mayoría de los crímenes cometidos en ese país.

Están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, extorsionan y cobran derecho de piso a comerciantes y empresarios del transporte, y asesinan a los que se niegan a pagar.  

El vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, dijo el jueves en la televisión local que aunque está de acuerdo con la sentencia de la Sala en la forma como deben ser elegidos los diputados suplentes, se debería permitir que concluyan su periodo.       

“Lo que yo no comparto, pero no quiere decir que no vamos acatar, es que ellos no puedan concluir su período, porque compitieron, participaron en base a las reglas establecidas y adquirieron un derecho” , dijo Gallegos.       

Los diputados han dicho que van acatar la sentencia, pero también aseguraron que si no permiten que continúen los suplentes, “se vería en grave peligro las actividades parlamentarias” .  

La Ley de Amnistía General fue impulsada por el entonces presidente del país, Alfredo Cristiani (1989-1994), horas antes de la publicación de un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que responsabilizó a los altos mandos militares de crímenes de guerra, entre ellos el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989.

La amnistía favoreció a los responsables asesinatos, masacres y desaparición de miles de personas en ese periodo. Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón de élite Atlacatl, entrenados en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza de los jesuitas, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados. Dos se beneficiaron después por la amnistía.

Amparándose en esta ley, la Corte Suprema de Justicia denegó en 2012 la extradición de 13 militares retirados solicitada por España por su presunta implicación en el asesinato de los jesuitas.

La sala de lo Constitucional de la Corte Suprema explicó en un comunicado el miércoles que considera que la norma viola varios artículos de la Carta Magna y es contraria al derecho de acceso a la justicia y a la protección de los derechos fundamentales.

En su análisis del contenido de la ley, los magistrados establecieron que los artículos 1 y 4 son inconstitucionales “porque impiden las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones a dichos derechos”, apuntó el comunicado.

La amnistía no se adecua al marco jurídico del país porque “contradice el derecho de indemnización por daño moral” al impedir la reparación contemplada en la Constitución y el derecho internacional de los Derechos Humanos, explicó la sala en su nota.

En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que la ley de amnistía carece de validez porque es contraria a la convención interamericana. Esto supone que nunca fue válida y, por lo tanto, tiene que dejar de ser un obstáculo para investigar, procesar y sancionar a los responsables de crímenes como la masacre de El Mozote de 1981, donde los militares asesinaron a casi un millar de campesinos, en su mayoría mujeres, ancianos y niños.

El ministro de Defensa, el general David Munguía Payés, calificó la decisión de la Corte Suprema de “un error” porque podría significar un retroceso en el proceso de pacificación.

“Es un error declarar inconstitucional la ley de amnistía, espero que esto no se convierta en una cacería de brujas. No quiero pensar que la derogatoria de la ley podría poner al país de cabeza”, manifestó a una televisora local.

Quienes se oponen a la derogación de la ley piensan que abre la puerta a que familiares de las víctimas pidan a la Fiscalía General de la Republica que abra investigaciones sobre crímenes perpetrados durante el conflicto armado tanto por militares como por guerrilleros o grupos de extermino que actuaron impunemente.

En una breve declaración, la presidenta de la Asamblea Legislativa, la excomandante guerrillera Lorena Peña, dijo que “no podemos hablar a la ligera de un tema grave. Hay miles de personas que participaron en la guerra” y evitó referirse a quienes podrían ser investigados por los crímenes de lesa humanidad.

En su resolución la sala también establece que según el derecho internacional los delitos contra la humanidad no prescriben y que medidas internas tanto legislativas como de otro tipo “no pueden impedir el juzgamiento, y el esclarecimiento de la verdad y la aplicación de la justicia”.

En cuanto a los delitos de lesa humanidad, los magistrados afirman que “no nos encontramos ante comportamientos individuales y aislados de quienes los consumaron (…) por el contrario, son el resultado de lineamientos y órdenes emanadas de un aparato organizado de poder, donde es claramente visible la jerarquía, el mando y el funcionamiento automático de dichas estructuras armadas”.

Para la sala, los autores materiales o directos de crímenes de lesa humanidad actuaron generalmente bajo la dirección de superiores en las estructuras militares, paramilitares y guerrilleras a las que pertenecían y hay una responsabilidad penal tanto de los ejecutores directos como de aquellos que dieron las órdenes para violar derechos fundamentales.

El Fiscal General Douglas Meléndez dijo que habían girado 22 órdenes de capturas en contra de los integrantes de este grupo compuesto por policías, empresarios y personas particulares, pero el director de la Policía Nacional Civil, comisionado Howard Cotto, informó que “hasta el momento tenemos un total de 10 detenidos que pertenecen a la estructura conocida como autodefensas”, que venía operando desde el 2014.       

En el procedimiento destaca la detención de José Nelson Alvarenga Ramírez, que se desempeñaba como jefe de la sección de patrimonio y extorsiones de la ciudad de San Miguel, a 135 kilómetros al este de la capital; Jaime Balmore Villacorta Lizama, que era jefe del puesto policial del municipio de Chirilagua, San Miguel; así como la captura del cabo Adán Benedicto Hernández Montoya, jefe de del pueblo policía de la playa El Cuco, San Miguel.       

Según las investigaciones, un grupo de empresarios, a los que no identificaron, había reunido a un conjunto de policías con el objeto de matar a delincuentes a cambio de dinero y según la Fiscalía, los homicidios que se investigan podrían llegar a 40 víctimas       

“No podemos permitir que nuestro país se convierta en el viejo oeste y este caso es una muestra de ello, donde tenemos indicios que hubo ejecuciones sumarias de parte de los imputados, en perjuicio de algunas personas que ni siquiera tenían antecedentes penales”, manifestó el Fiscal General.   

El estudio no reveló el monto pagado, pero según información del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador, los pequeños comerciantes pagan en extorsiones aproximadamente 10 millones de dólares mensuales.

Según el criminólogo experto en pandillas, Carlos Ponce, consultor del estudio, la afectación de las extorsiones tiene una fuerte correlación con la presencia de pandillas en el entorno donde se encuentran estas empresas.

El estudio señala que un 49% de las empresas afectadas están ubicadas en lugares donde han presencia de las pandillas y que un 28% ha sido víctima cuando no hay presencia de estos grupos criminales.

También registraron un 12% de extorsiones oportunistas, que implica tácticas que buscan mantener el anonimato del victimario, como el uso de teléfonos celulares para contactar a la víctima y métodos impersonales para la entrega de pagos, como depósitos electrónicos y remesas.

La investigación muestra que las micro y pequeñas empresas de El Salvador en su mayoría son víctimas de extorsiones de tipo sistemático, sin embargo las autoridades de seguridad pública ubican a la telefonía como el foco alrededor del cual gira la extorsión, concentrándose así en la extorsión oportunista y no en la sistemática, que se caracteriza por la interacción persona entre víctima y victimario.

Los resultados de la encuesta confirman además le elevada “cifra negra” o “cifra oculta” presente en el delito de extorsión, la cual se produce por la falta de denuncia, en gran parte, por el miedo a represalia o por la percepción de que de nada sirve denunciar, o en algunos casos por la misma falta de confianza en las autoridades.

El vicepresidente Oscar Ortiz aseguró recientemente que con las medidas extraordinarias implementadas por el gobierno se ha registrado una notable disminución en los homicidios y las extorsiones, porque los pandilleros están huyendo y han abandonado sus territorios.

“Se han seleccionado por ser cabecillas, por tener una fuerte incidencia en la acción delictiva en los territorios”, agregó.       

Explicó que las fotografías de los cabecillas, entre los que figuran varias mujeres, serán repartidas entre la ciudadanía con el lema “millones de ojos te buscan” y también serán difundidas en las redes sociales.

El plan está pensado para los ciudadanos denuncien anónimamente llamando a los números de emergencia 122 y 911.       

El jefe de la policía informó que estos pandilleros tienen pendientes órdenes judiciales en diferentes tribunales por varios delitos.       

Director Gral. Comdo.Howard Cotto informa de lanzamiento de los 100 cabecillas de estruct.delictivas más buscados pic.twitter.com/bwJ0LQNPcK

— PNC El Salvador (@PNC_SV) May 16, 2016

Luego de una matanza de 11 trabajadores que se le atribuye a las pandillas, el Gobierno salvadoreño decretó estado de Emergencia en siete cárceles y trasladó hasta el penal de Quezalpeteque a los reconocidos cabecillas de estos grupos criminales.

Días después logró que la Asamblea Legislativa aprobara un paquete de medidas extraordinarias que afectan al sistema penitenciario y los autoriza para someter aislamientos severos a estos criminales.      

La Asamblea le otorgó mayores facultades al gobierno para evitar el flujo de llamadas telefónicas desde los centros penales y se han contemplado medidas severas para las empresas telefónicas que no acaten la orden de bloquear las señales en los alrededores de las cárceles.       

Según las autoridades, las pandillas establecidas en barrios populosos y comunidades están integradas por más de 70 mil jóvenes y adultos, y son las responsables de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.

Más de 13 mil pandilleros están presos y sus cabecillas han sido enviados al penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz, donde permanecen totalmente aislados y no se les permiten visitas.   

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De acuerdo con las investigaciones de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, el ex mandatario y su familia deberán de justificar el origen de US$728 mil 329.

Entre las irregularidades señaladas por la Sección de Probidad, la ex primera dama presuntamente saldó deudas cuando al parecer ella no tenía ingresos como secretaria de Inclusión Social.

La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador también dio un plazo de cinco días para que la Dirección General de Impuestos del ministerio de Hacienda le entregue información certificada de documentos presentados por Funes en el pago de impuestos. También se hicieron requerimientos al Registro de Comercio, al Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas, y al Registro de Propiedad Intelectual.

El caso contra el ex presidente que gobernó el país de junio 2009 a mayo 2014 inició cuando la Sección de Probidad de la Corte Suprema encontró inconsistencias en su declaración patrimonial.

En la resolución, la Corte Suprema señaló que, según el resultado de la investigación, comparando sus ingresos y deudas, Funes “no podría tener la posibilidad de ahorrar durante su período de gestión. Sin embargo, los saldos reflejados al 31 de mayo de 2014 en sus cuentas bancarias suman un total de 150.323,31 dólares, los cuales no se justifican con los ingresos reportados por el ministerio de Hacienda”.

De ser encontrado culpable, el ex presidente será obligado a devolver al Estado el dinero por el que está siendo demandado y quedaría inhabilitado para ejercer cualquier tipo de cargo público por un período de 10 años.

Funes, que llegó al poder postulado por el partido guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es el segundo ex presidente de El Salvador que enfrenta un juicio por enriquecimiento ilícito desde que fuera aprobada la ley de 1959, y el tercer ex mandatario salvadoreño en ser procesado judicialmente en los últimos nueve meses por irregularidades durante su gobierno.

El ex presidente Francisco Flores (1999-2004) murió recientemente al sufrir un derrame cerebral en arraigo domiciliario a la espera de un juicio en su contra por el desvío de US$15 millones de dólares que llegaron al país para ayudar a los damnificados de los terremotos de 2001. Gran parte de ese dinero fue a parar a las cuentas del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que lo llevó al poder.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador también ordenó recientemente a un tribunal de lo civil que inicie un juicio por enriquecimiento ilícito al ex presidente Tony Saca, que gobernó de 2004 a 2009.

El Procurador, David Morales emitió dos resoluciones referentes a casos de privación arbitraria de la vida por ejecuciones extralegales y uso desproporcionado de armas de fuego ocurridos en 2015, en el marco de operativos realizados por policía y soldados.       

Afirmó en conferencia de prensa que las investigaciones “evidenciaron serios indicios de que agentes del Estado actuaron al margen de la ley en dichos operativos”.      

El primero de los casos denunciados ocurrió el 26 de marzo 2015, en la Finca San Blas, a unos 25 kilómetros al oeste de la capital, donde se reportó la muerte de ocho personas: seis hombres adultos, un joven de 17 años y una joven de 16.       

Las autoridades reportaron que policías y soldados se enfrentaron a 15 presuntos pandilleros cuando ingresaron a una finca que supuestamente había sido tomado por los delincuentes.

El segundo caso fue registrado el 16 de agosto 2015, en el cantón Pajales, municipio de Panchimalco, a unos 18 kilómetros al sur de San Salvador, en la que cinco presuntos pandilleros murieron al enfrentarse a tiros con las fuerzas de seguridad, que no tuvo bajas.       

“En ambos casos, hemos llegado en esta Procuraduría a la conclusión de que se han producido las ejecuciones extralegales, que durante el procedimiento policial hay elementos serios, objetivos, claros de información que apuntan a la realización de ejecuciones extralegales de las personas que allí fallecieron”, afirmó Morales.       

Según la Procuraduría, el caso de San Blas existe evidencia forense reveló que cuatro de los cuerpos “fueron movidos de posición para alterar la escena” y que uno de los fallecidos presentaba edema cerebral, pese a sufrir lesiones en órganos vitales que hubieran provocado muerte súbita, “lo que hace presumir nuevos disparos causados ya estaban heridos”.       

En el caso del cantón Los Pajales, Morales señaló que “tres de los fallecidos presentaban edema cerebral, a pesar de recibir múltiples disparos en órganos vitales que hubieran generado muerte súbita, lo que hace presumir nuevos disparos cuando ya estaban heridos” .       

Morales agregó que “existe información testimonial que refiere que se realizaron ejecuciones, pero ha sido ignorada por las autoridades policiales. La fuerza armada se negó a proporcionar la información requerida por esta Procuraduría”.       

Señaló que en la legitima labor de respuesta ante la delincuencia, “se han producido excesos y las autoridades pudieron haber llegado a violencia ilegal, (y) este tipo de posibles abusos para mi deben ser erradicados, (porque) el Estado no puede ser igual o peor que el criminal”.

Se están desplazando

En tanto, el director de la Policía Nacional Civil  (PNC), Howard Cotto, dijo este lunes que ve posible que las pandillas se estén desplazando de la zona rural, donde operan las Fuerzas Especial de Reacción El Salvador  (FES) , a la urbana por medidas “extraordinarias”  implementadas por el Gobierno.

El Gobierno salvadoreño desplegó el pasado 20 de abril al comando elite rural FES conformado por 600 militares y 400 policías que tienen como objetivo principal “golpear”  y “desarticular”  a las estructuras armadas que se resguardan en las zonas rurales del país centroamericano.

“Es una posibilidad que dirigentes de las estructuras criminales (pandillas) estén indicando a sus miembros que se desplacen a zonas urbanas, si bien no lo podemos confirmar, nuestra fuerza especial está capacitada para operar en la zona urbana si es necesario y si las condiciones lo requieren”, dijo Cotto durante rueda de prensa.

Enfatizó “la corporación policial y la FES están preparados para enfrentar cualquier situación que se presente durante el desarrollo de las medidas extraordinarios”.

La Unidad de Delitos de Anticorrupción de la Fiscalía presentó la demanda ante la Cámara Primera de lo Civil, pues de acuerdo con las investigaciones de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, el exmandatario y su esposa, Ana Ligia de Saca, no habrían podido justificar el origen de US$4.5 millones.  

En marzo, la Corte Suprema de Justicia ordenó al tribunal de lo civil que comenzara un juicio por enriquecimiento ilícito contra Saca, el segundo exmandatario enviado en los últimos meses a enfrentar la justicia por presuntas irregularidades durante su mandato.     

Embargo

La Corte Suprema también ordenó que comenzara el proceso de embargo de una finca con un área de 5 mil 24 metros cuadrados inscrita a su nombre, el congelamiento de cinco cuentas bancarias a su nombre y de su esposa Ana Ligia, y además ordenó la restricción de transferencias de las acciones que Saca, su esposa y sus hijos Gerardo Antonio, José Alejandro y Christian Eduardo Saca Mixco, poseen en varias empresas de comunicación.    

Saca, que gobernó el país del 2004 al 2009, llegó al poder postulado por el derechista partido Alianza Republicana Nacionalista  (Arena), es el tercer exmandatario procesado judicialmente en los últimos nueve meses por presunto enriquecimiento ilícito.

“He autorizado al presidente de ANDA (Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Marco Fortín) para declare una emergencia”, dijo en conferencia de prensa el presidente Salvador Sánchez Cerén.       

El mandatario explicó que con el estado de emergencia, el presidente de esa entidad podrá gestionar alrededor de US$3.5 millones que le permitan construir nuevos pozos, contratar pipas de agua y tomar otras medidas para abastecer del precioso liquidó a más de 2.5 millones de personas que residen en el área metropolitana de San Salvador.       

Por su parte el secretario para asuntos de vulnerabilidad y director general de Protección Civil, Jorge Meléndez, declaró alerta naranja en el área metropolitana de San Salvador que le permite a las autoridades implementar medidas urgentes para el abastecimiento y previsión de agua en las zonas y comunidades que presentan graves problemas de abastecimiento de acuerdo al diagnóstico de ANDA, así como tomar medidas para reducir el consumo innecesario de agua potable. 

Meléndez explicó que, según las leyes, la alerta naranja le permite a las instituciones del gobierno central, de otros poderes del Estado y de los gobiernos municipales, “reorientar sus presupuestos para atender la emergencia”.       

#AlertaNaranja para el AMSS para la implementación de medidas emergentes para abastecimiento de Agua Potable pic.twitter.com/bjip5kemqX

— Casa Presidencial (@presidencia_sv) April 14, 2016

A su vez, el presidente de ANDA dijo que las medidas a ejecutarse bajo la declaratoria de emergencia se enfocarán primordialmente para garantizar el abastecimiento de la zona suroriental del área metropolitana de San Salvador.

Agregó que también perforarán cuatro pozos para el abastecimiento del área metropolitana de San Salvador, adquirirán nuevos de rebombeo y comprarán seis pipas con una capacidad de 20 metros para abastecer a la población.       

La crisis de agua potable que enfrenta el país se agudizó en los últimos días con la crecientes protestas de cientos de ciudadanos que a diario cierras calles de la capital y las carreteras como la que conduce al aeropuerto internacional “Monseñor Oscar Arnulfo Romero”, exigiendo el abastecimiento del vital líquido.       

Las autoridades de ANDA han dicho que la producción del agua ha bajado debido, entre otras cosas, a los efectos del cambio climático y al equipo obsoleto con el que trabajan. Fortín dijo que tienen en equipos de bobeo con más de 35 años de uso.       

Meléndez sostuvo que la escasez de agua está relacionada con cuatro años continuos de lluvia por debajo del promedio anual, a la expansión de la urbanización que impermeabiliza más el área de terrenos incluyendo las zonas de recarga hídrica, así como el aumento de la demanda de aprovisionamiento de agua.       

“Este es un problema que se ha salido de las manos, ya no hay agua y con lo que ganamos no podemos estar comprándola a los camioneros”, dijo Tomas Recinos, que vive en uno de populosos barrios del municipio de Sana Tecla, en le periferia oeste de la capital.       

Explicó que los camiones cisternas venden en barril de agua en un dólar, pero afirmó que, “el agua no es buena para tomarle, está contaminada, tenemos que comprar agua envasada, pero es más cara que el diésel”.   

 “Los que viven un poco cerca les da cierto temor de que los identifiquen y luego agarran represalias cuando andan en su tiempo libre”, comentó la policía, con 20 años de experiencia y el rostro visible tras sus gafas de sol. “En sus horas de descanso uno se vuelve más vulnerable” .       

un motivo para tener miedo. Las pandillas ultraviolentas han abierto la veda contra la policía en este país centroamericano, en respuesta a una operación iniciada el año pasado por el gobierno.

Los asesinatos de agentes casi se multiplicaron por dos en 2015, a más de 60, y en lo que va de año han muerto 15 policías, incluidos dos el martes. En algunos casos se los ataca cuando están fuera de horas de trabajo y relajándose con familiares, que también se convierten en víctimas.       

Los crecientes ataques son un indicio de que el conflicto en El Salvador se está saliendo de control y amenaza con convertirse en una guerra abierta.

“Han logrado provocar una sicosis y una paranoia dentro de la policía” que daña la ya baja moral del cuerpo, indicó Jeannette Aguilar, experta en pandillas y directora del Instituto Universitario de Opinión Publica en la Universidad Centroamericana en San Salvador.       

También forma parte de una cadena de asesinatos de venganza y represalias que ha puesto al país en la senda a más violencia, indicó.       

Tasa de homicidios más alta

El Salvador tuvo en el 2015 la tasa de homicidios más alta fuera de zonas de guerra, con 103 asesinatos por cada cien mil  residentes. En los primeros tres meses de este año se han producido más de 2.000 asesinatos, por encima del ritmo del año pasado.       

La violencia ha hecho que miles de salvadoreños pongan rumbo a Estados Unidos. La agencia de refugiados de Naciones Unidas pidió la semana pasada acciones inmediatas para ayudar a los que huyen de la violencia en El Salvador y las vecinas Honduras y Guatemala, en cifras tan altas cómo no se había visto desde que la región se vio golpeada por guerras civiles en la década de 1980.       

Aguilar vio 2015 como un momento definitorio en la violencia de El Salvador, ya que tanto el gobierno como las pandillas adoptaron estrategias de más confrontación e incluso ciudadanos corrientes tomaron las armas para perseguir a los delincuentes.       

Abren campos de entrenamiento

Las bandas abrieron campos de entrenamiento en las montañas y detonaron un coche bomba en la capital. Empezaron a atacar a la policía y sus seres queridos, y también a soldados cuando el ejército intervino en la lucha.

En apenas tres semanas de enero se acusó a pandilleros de las muertes del padre de un policía, el hermano de un soldado, las esposas de dos policías y una mujer y su hijo que eran familiares de un policía.       

El mes pasado, el soldado de las fuerzas especiales Enrique Ramos fue asesinado junto con tres familiares a los que visitaba en una zona rural. Aparecieron atados de pies y manos, con los cuerpos cosidos a balazos y heridas de machete. Las autoridades dijeron que la pandilla Barrio 18 controla la zona.       

Para Guevara, es personal: varios de los colegas de la inspectora fueron asesinados fuera de sus horas de trabajo, en crímenes que ella está segura fueron obra de pandillas. Un agente estaba en casa barriendo su patio, “totalmente relajado” . Otro estaba arreglando su tejado.       

“No fue casualidad, sino que ya tenía un objetivo”, afirmó.

Marvin Reyes, otro policía con 20 años de experiencia, dijo que según sus cuentas, este año han sido asesinados 13 agentes y 25 de sus familiares. Eso fue antes del martes, cuando según las autoridades, hombres armados de Barrio 18 mataron a dos agentes en un ataque contra los policías que escoltaban a un testigo. Murieron seis supuestos pandilleros. 

Reyes dijo que los policías ganan tan poco que no tienen más opción que vivir en barrios controlados por las pandillas a las que combaten. Simplemente ir a casa por la noche pone a sus familias en peligro, de modo que a menudo duermen en comisarías.

Muchos agentes han abandonado casas que siguen pagando para arrendar otra en un lugar distinto. Muchos abandonan el cuerpo, en su mayoría para mudarse a Estados Unidos. 

“Nosotros tenemos que convivir con los delincuentes, a la par. Nuestros hijos van a la escuela donde van los delincuentes. Nuestros hijos caminan en los mismos lugares donde camina el hijo del delincuente” , dijo Reyes.

“Las pandillas vieron que nosotros somos vulnerables cuando estamos de licencia, cuando no estamos de turno”.

Reyes y otras personas han intentado organizarse para pedir mejores condiciones de trabajo y sueldo, en un país donde el salario base de la policía es de 425 dólares al mes antes de impuestos. Pero la ley prohíbe sindicarse a los policías, y el mes pasado Reyes fue suspendido sin sueldo junto con otros cinco policías activistas.       

Fuerzas de seguridad son vulnerables

El Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, que fue director nacional de la Policía hasta enero, admitió que las fuerzas de seguridad son vulnerables.

El ministro afirmó que la respuesta adecuada es más formación y, lo más importante, acabar con los responsables de los ataques contra la policía para demostrar que no se tolerarán. 
    
“Muchas estructuras delincuenciales han encontrado que es una forma de mantener una especie de pulso con el gobierno, esperando que el gobierno, bajo esa presión, se siente con ellos” , señaló. “Ya el gobierno expresó con claridad que no lo va a hacer, de forma que está significando un periodo no sólo doloroso, sino duro en cuanto al trabajo en la policía” .       

Las bandas ordenaron este mes un alto el fuego unilateral y el goteo diario de muertos se detuvo, pero nadie parece creer que aguantará.       

El gobierno ha ido endureciendo su estrategia. Las autoridades anunciaron la semana pasada el traslado de 342 líderes de pandillas encarcelados hasta un penal de máxima seguridad donde se verán aislados. La semana pasada, el presidente Salvador Sánchez Ceren convocó a mil reservistas del ejército para sumarse a la batalla.       

Aguilar opina que provocar a las pandillas y rehuir el diálogo ignora el hecho de que en muchos casos, los ataques de pandillas responden a supuestas ejecuciones extrajudiciales y otros abusos de la Policía.       

También plantea el riesgo as convertir el conflicto en una guerra abierta entre bandas, fuerzas de seguridad y civiles, advirtió.       

“Esto va a generar un derramamiento de sangre imparable en las comunidades”, dijo.

El vicepresidente Óscar Ortiz explicó en una entrevista con la televisión local que una de las primeras medidas impulsadas por las autoridades de seguridad fue “aislar, cortar todo tipo de comunicación” entre los cabecillas de las pandillas detenidos y los integrantes de esos grupos “para que no sigan reproduciendo actividad criminal”.

“Hemos avanzado no menos del 80% y esto se está traduciendo que hacia afuera se ha reducido drásticamente el nivel de extorsiones y sobre todo la planificación de nuevos asesinatos de manera articulada”, dijo Ortiz sobre la decisión de obligar a las empresas telefónicas a cortar la señal en las cárceles, desde donde salen las órdenes para cometer homicidios, extorsiones y otros delitos.       

“La misión es desarticularlos, reducirlos, golpearlos y sobre todo buscar de manera dirigida la estructura estratégica que representa el primer nivel de mando, el segundo nivel de mando y el tercer nivel de mando”, explicó Ortiz.       

Agregó que “a estos grupos criminales los tenemos que reducir tanto dentro de las comunidades donde están establecidos como en las zonas fuera de esas comunidades”.       

Ortiz también destacó la importancia de desarmar la estructura de la extorsión que golpea fuertemente la economía de todos los salvadoreños y que según afirmó es la fuente de financiamiento de las pandillas.

• En VIDEO/archivo: Pandillas causan temor en El Salvadorhttps://www.youtube.com/embed/dvsnvzEtT6M

“Este proyecto tiene como objetivo garantizar las medidas necesarias para un efectivo control y seguridad en el sistema penitenciario de todo el país y principalmente proteger a los y las salvadoreñas de las actividades ilícitas que aun desde el sistema penitenciario se siguen coordinando, se siguen direccionando a grupos delincuenciales que operan en todo el territorio nacional”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad Pública Mauricio Ramírez Landaverde luego de entregar el paquete.      

Señaló que entre las medidas que esperan adoptar son: los traslados de los privados de libertad de una cárcel a otra, que incluye la posibilidad del traslado de algunos al régimen especial de internamiento, que iniciaron el martes al aislar a 299 cabecillas de los grupos delincuenciales.       

Explicó que el aislamiento de los líderes pandilleros se realizó en el marco del estado de emergencia que permite la ley penitenciaria, pero hizo énfasis en que con la aprobación de la ley por los diputados el gobierno tendrá mayores libertades para continuar con los traslados de acuerdo a las necesidades.       

También se podrá aplicar la restricción y de ser necesario la suspensión de las visitas de todo tipo en todo el sistema penitenciario, a excepción de las realizadas por los abogados de los reos, “que podrán desarrollarse, pero en condiciones de mayor control”.       

Las autoridades han dicho que hay casos donde los abogados se convierten en mensajeros de las pandillas, para el cometimiento de delitos.   

Pide unidad

El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén llamó el jueves a la unidad nacional y pidió al Parlamento nuevos recursos financieros para hacer efectivas las acciones para erradicar la violencia criminal, que mantiene al país como uno de los más peligrosos del mundo.

El mandatario también anunció que ordenó al ministerio de Defensa “agilizar el proceso para convocar y contratar a mil efectivos de la reserva experimentada del ejército para actuar en funciones especiales”.

La Policía Nacional Civil afirmó que la tasa de homicidios diarios bajó de 23 a 8.5 desde que las pandillas anunciaran el sábado pasado un cese de homicidios a nivel nacional por 72 horas.

El martes hicieron un “ofrecimiento indefinido”, que se mantiene vigente.

El anuncio de los pandillas fue difundido en un video publicado en las redes sociales en el que ofrecen el cese de homicidios a cambio de que el Gobierno no implemente las medidas extraordinarias anticrimen impulsadas en las cárceles, desde donde el Gobierno dice que salen las órdenes de extorsionar y asesinar.

El martes, Sánchez Cerén ordenó por 15 días Estado de Emergencia en siete de los 22 centros penales del país, pero el mandatario consideró que la emergencia debe prolongarse para que sea eficiente.

“El decreto establece también el corte de las telecomunicaciones en los espacios físicos donde están ubicados los centros penitenciarios”, dijo.

“Esperamos contar con el apoyo de las empresas telefónicas, y la comprensión de las comunidades cercanas que pueden ser afectadas”, agregó.

El martes, supuestos integrantes de pandillas convocaron a una breve y limitada conferencia de prensa en la cual llamaron a “su gente” a darle continuidad al cese de homicidios, pues el plazo de 72 horas iniciado el sábado 26 de marzo terminó la media noche del martes.

“Hemos llamado a nuestra gente a que continúe la baja de homicidios, que tengamos paciencia y que no caigamos en provocación de la Fuerza Armada”, dijo uno de los voceros de las pandillas.

El 10 de febrero la Corte Suprema ordenó a una Cámara de lo Civil que abriera juicio contra el ex presidente Mauricio Funes del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que gobernó el país de 2009 a 2014.

Saca es el tercer ex mandatario procesado judicialmente en los últimos nueve meses por irregularidades durante sus mandatos.

Los quince magistrados de las Corte Suprema conocieron el informe de la Sección de Probidad en el que se determinó que el expresidente Saca no había logrado esclarecer la procedencia de cinco de los US$6.5 millones que llegaron a su patrimonio mientras fue presidente de la República.

Cuando asumió la presidencia de la República, Saca declaró un patrimonio por US$3.6 millones y al concluir el mandato cinco años después era de US$13.1 millones, según las declaraciones presentadas a la Sección de Probidad que han hecho públicas medios locales.

La auditoría del patrimonio del exmandatario refleja que Probidad detectó 13 irregularidades que inicialmente alcanzaban US$6.6 millones y que, tras haber justificado algunos, quedó reducido a US$5 millones 63 mil .

En la investigación se encontró depósitos mayores o iguales a los US$2 millones en cuentas bancarias del exgobernante.

“Declárese que existe indicios de enriquecimiento ilícito del expresidente Elías Antonio Saca González, en relación con las declaraciones patrimoniales presentadas ente la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia”. Expresa la resolución.

La Corte Suprema también ordenó que se remita certificación oficial de esta resolución y del expediente respectivo a la Sección de Probidad de la Fiscalía General de la República, “para que investigue y promueva de manera diligente y oportuna las acciones correspondientes”.

En la resolución de 45 páginas, la Corte Suprema ordenó el proceso de embargo de una finca con un área de cinco 5,024.84 metros cuadrados inscrito y el congelamiento de cinco cuentas bancarias a su nombre y de su esposa Ana Ligia Mixco de Saca.

La Corte también ordenó a la Promotora de Comunicaciones S.A de C.V., Grupo Samix S.A. de C.V., Radiodifusión de El Salvador S.A. de C.V., y Stereo Noventa y Cuatro Punto Uno S.A. de C.V., abstenerse de anotar, inscribir o hacer constar cualquier traspaso de acciones en los libros de registros de accionistas por parte de Saca, su esposa o sus hijos.

La Corte ha enviado a juicio por presunto enriquecimiento ilícito al expresidente Mauricio Funes y al que era director del Seguro Social en su mandato, Leonel Flores, y al diputado Reynaldo López Cardoza, de un partido derechista minoritario.

También acordaron incentivar la movilización de toda la población, de instituciones públicas y organizaciones privadas, “específicamente para la destrucción de criaderos y medidas de protección para evitar la picadura del zancudo (mosquito), fundamentalmente en mujeres embarazadas” .      

Menjivar, que la víspera participó en una conferencia de la Organización Mundial de la Salud, sostuvo que “el esfuerzo más fuerte que tenemos que realizar es la destrucción de los criaderos, no hay otro más importante” .     
 

Los países del Sica llamarán a la comunidad internacional, a organismos y fundaciones para que respalden el plan.       

El Salvador fue el cuatro país que confirmó en noviembre la circulación del virus del zika. Menjivar dijo que desde se tuvo la confirmación El Salvador ha cumplido “al pie de la letra lo que pide el reglamento sanitario internacional” .  

Coordinan respuestas al zika

 Autoridades sanitarias de América Latina se reunieron el miércoles en Montevideo para coordinar sus respuestas al desafío del zika, en un clima de alarma reforzado por un posible caso de contagio por vía sexual en Estados Unidos.

    Los ministros de Salud de 12 países de Sudamérica, además de México y Costa Rica, se comprometieron a “diseñar y ejecutar campañas de educación para el control vectorial”  y “fomentar acciones permanentes y colaborativas para la generación de conocimiento”  sobre el vius del Zika.

    Transmitido por el mosquito Aedes aegypti que también es vector del dengue y la chicunguña, el nuevo virus está vinculado a un inusual brote de microcefalia en recién nacidos de Brasil y probablemente también a una enfermedad neurológica.

    “Lo que les preocupa a los ministros es la rapidez con la que se ha difundido la infección del virus del Zika, ya que en menos de un año se ha diseminado en 26 países”  del mundo, dijo a la directora de la Organización Panamericana de la Salud  (OPS) , Carissa Etienne, quien también asistió a la reunión.

    Con casos aislados confirmados en Indonesia, Tailandia, Cabo Verde y temores ante la vulnerabilidad de contagios en Asia, por ahora América del Sur es la región más afectada: más de 1,5 millones de enfermos en Brasil y más de 20.000 en Colombia.

    En Brasil, los casos de microcefalia ha aumentado de 150 a 4.793 en cuatro meses, si bien el nexo con el virus no se ha demostrado científicamente aún.

    No obstante, la Organización Mundial de la Salud  (OMS) declaró el lunes una alerta sanitaria mundial por el posible vínculo entre el zika en embarazadas y esta malformación, que impide el desarrollo normal del cerebro del feto.

    El ministro de Brasil, Marcelo Castro, afirmó el miércoles en Montevideo que sí existe “de manera categórica e indudable”  una “correlación entre el zika y los casos de microcefalia. Las evidencias son múltiples e incuestionables” .

    Etienne recordó, no obstante, que “en otros países no se han reportado casos de microcefalia asociados a la infección con virus de Zika” .

    El virus también es sospechoso de causar el síndrome neurológico de Guillain-Barré  (SBG) , que podría causar una parálisis definitiva.

Guerra al Aedes aegypti

Poco antes el miércoles, la directora para Europa de la OMS, Zsuzsanna Jakab, había pedido a esa región coordinar acciones “para controlar los mosquitos, incluso movilizando a la población para eliminar los lugares de reproducción, usar insecticida y matar las larvas” .

    “La respuesta ante este problema va a estar en la lucha contra el mosquito transmisor del virus” , coincidió Etienne.

    Cuando se le preguntó si se considera la posibilidad de fumigar por aire las zonas afectadas, la responsable de la OPS recordó que esta medida “no elimina las larvas del mosquito, sino solo a los adultos, por lo tanto tiene un valor muy limitado” .

    A las puertas de los Juegos Olímpicos de Rio en agosto, Brasil desplegó más de medio millón de agentes de salud y militares, entre otros, para combatir el mosquito.

    “Estamos haciendo el mayor esfuerzo en la historia de Brasil” , indicó a la prensa en Montevideo el ministro de salud brasileño, Marcelo Castro.

    “Tenemos 46 mil agentes de combate que están yendo de casa en casa, y los reforzamos con otros 266 mil agentes comunitarios de salud que no hacían este trabajo, más 210 mil militares de las fuerzas armadas del país” , agregó.

Contagio por vía sexual

La última señal de alarma por el zika llegó de Texas  (sur de EEUU) , donde se reportó un caso del virus transmitido por vía sexual y no por la picada de un mosquito. Según informaron las autoridades de Salud del condado de Dallas, el paciente tuvo sexo con una persona enferma que había viajado a Venezuela.

    Si bien los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos  (CDC) confirmaron esta infección, no investigaron cómo el individuo la había contraído, dijo un portavoz a la  AFP .

    “En caso de confirmarse, (este vínculo) representaría una nueva dimensión del problema” , advirtió Etienne.

    En este sentido, el ministro de Salud uruguayo, Jorge Basso, matizó que aún “no hay respuestas o evidencias”  del contagio sexual.

    La perspectiva de que el virus se transmita sexualmente y no solo por la picada del mosquito es preocupante para Europa, Estados Unidos y otras regiones fuera de América Latina, donde hasta ahora todos los casos han sido importados.

    La OMS y la OPS calculan que habrá 3 a 4 millones de casos de zika para 2016.

    El virus fue descubierto en una selva de Uganda llamada Zika, en 1947.

Su gobierno dio un paso extraordinario al recomendar a las mujeres que eviten quedar embarazadas por dos años ante la rápida expansión del virus y esta mujer de 34 años dice que ahora planea empezar a usar anticonceptivos. Teme que para cuando se decida que es seguro concebir, ya habrá pasado el momento para ella.       

“Me dije ya no voy a poder tener niños, ya no. Porque a veces las mujeres cuando ya estamos mayores es bien difícil tener un bebé”, dijo Guzmán. Si bien todavía no está del todo clara la relación entre el Zika con un defecto de nacimiento conocido como microcefalia, las recomendaciones hechas por El Salvador y al menos otros seis países y funcionarios del área de la salud de toda América Latina han generado mucho temor entre las potenciales madres de las zonas afectadas por el virus.       

En algunos casos, las convicciones religiosas tropiezan con los peligros de que los bebés puedan nacer con la cabeza más pequeña de lo normal, y con una expectativa de vida corta.       

“¿Qué pasa en un país en donde el aborto está penalizado absolutamente?”, preguntó Angélica Rivas, de Acdatee, una organización salvadoreña sin fines de lucro que aboga por despenalizar el aborto. “Lo que se puede prever es un aumento en las tasas de abortos clandestinos, abortos inseguros y ante la no posibilidad, todo un tema de salud mental para las mujeres”.       

Se estima que en el 2008 se realizaron al menos 4.4 millones de abortos en América Latina, de los cuales 95% habrían sido clandestinos y en condiciones inseguras, según cifras del Instituto Guttmacher, un centro de análisis estadounidense sobre derechos reproductivos.       

“Cuando las mujeres estén desesperadas buscarán sus propias soluciones”, dijo Carmen Barroso, directora para el hemisferio occidental de la Federación Internacional de Paternidad Planeada.       

Hasta ahora, sólo en Brasil se ha notado un aumento pronunciado en los casos de microcefalia asociados al virus del Zika.       
https://youtube.com/watch?v=5aIGPzaOEC0

El aborto es ilegal en Brasil, excepto en casos de violación, si la vida de la madre corre peligro o si hay una anencefalia, otro defecto de nacimiento que afecta el cerebro. Las autoridades han dicho que por ahora no piensan añadir la microcefalia a la lista de excepciones, aunque el diario Folha de Sao Paulo opinó en un editorial que la reciente asociación entre el Zika y la microcefalia “revive la necesidad de discutir la despenalización del aborto”.       

La microcefalia, generalmente, se produce porque hay un problema cerebral que puede ser causado por una variedad de razones: anormalidades genéticas, trastornos como el síndrome de Down, consumo de drogas o alcohol, infecciones o problemas nutritivos.       

La OMS dice que pueden pasar entre seis y nueve meses antes de que se establezca o se descarte un vínculo entre el Zika y la microcefalia.       

Un problema relacionado es cómo detectar los embarazos que pueden estar en riesgo. La microcefalia generalmente no es diagnosticada al principio del embarazo. Un estudio publicado en el 2000 indicó que es diagnosticado alrededor de las 28 semanas, aunque el doctor Jeffrey Ecker, especialista en medicina materna del Massachusetts General Hospital, dijo que a veces puede ser detectado en el segundo trimestre.       

“No sabemos tanto como quisiéramos”, dijo Ecker. Para colmo, aproximadamente el 80% de las personas infectadas con el Zika no presentan síntomas, de acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.       

“El Zika no produce efectos en todas las madres embarazadas. Es una tasa que no sabemos todavía”, dijo el doctor Carlos Espinal, de la American Health Foundation.      

Hasta ahora, añadió, ningún organismo ni autoridad han sugerido la realización de un aborto terapéutico para las mujeres embarazadas que hayan estado contagiadas con el Zika.     
 

El mosquito que transmite el Zika, que es el mismo que produce el dengue y la chikungunya, se encuentra en buena parte del continente americano. E incluso en países donde no hay casos confirmados de microcefalia, como El Salvador, las mujeres, nerviosas, se hacen preguntas difíciles de responder.       

“No le puedo decir qué haría, y además está prohibido abortar, me meten a la cárcel”, dijo Dinora Martínez, una salvadoreña de 26 años y quien ya tiene un niño de 5 años. “Si lo hiciera, no le contaría a nadie”, luego de recordar que en el país hay clínicas clandestinas que realizan esos procedimientos.      

“Temo que mi bebé tenga algún problema”, dijo Kerly Rocío Ariza, una joven colombiana de 17 años y cinco meses de embarazo a quien hace poco se le diagnosticó el Zika. “Eso me asusta mucho porque he visto por televisión los síntomas que yo tuve y la verdad me dijeron que era peligroso”.       

En Quito, Ecuador, a dos mil 850 metros de altura, María de Jesús Rivera, de 26 años y cuatro meses de embarazo, no oculta su susto. “No vamos a ir a la playa, nos da miedo, queremos que salga sanito, sin problemas de ningún tipo”, dijo esta mujer, que en teoría no corre peligro ya que se estima que el mosquito que transmite el virus no se reproduce en lugares de más de mil 800 metros.      

Pero ella misma reconoce que la posibilidad de que un hijo nazca con algún problema pone a la gente en una disyuntiva.

“El aborto va en contra de nuestras creencias religiosas, pero es mejor no exponer a nuestro bebé”, dijo.       

En el hospital de mujeres de San Salvador, el médico Carlos Amaya Campos les explicó a varias pacientes esta semana los posibles riesgos del Zika.

Sin llegar a los extremos del gobierno, con su recomendación de no quedar embarazadas por dos años, les propuso usar métodos anticonceptivos durante seis meses y después volver a evaluar la situación.

A las mujeres que ya están embarazadas, les dijo que usen mangas largas y repelente.       

“Brasil, que es el que más casos tiene de bebés con microcefalia, dijo (que esperen) seis meses”, señaló Amaya.

“No sé por qué nuestro gobierno habló de dos años. Esperamos que en seis meses la epidemia esté lo suficientemente controlada y que puedan quedar embarazadas”.     

“Al momento de ese reconocimiento encontramos al paciente en estado crítico, con pronóstico de vida reservado” , dice el informe de los médicos forenses, que también señalan que es indispensable que se continúe dando cuidados médicos especializados en la Unidad de Cuidados Intensivos.       

El tribunal también solicitó al director del hospital donde está internado que notifique sobre el padecimiento del expresidente  (1999-2004) y el tratamiento al que está siendo sometido.       

“Su estado es crítico, es grave, pero por lo menos se tiene la ventaja que no ha empeorado, eso es lo que han dicho los médicos” , dijo a periodistas la abogada defensora Yanira Ticas.       

El abogado Edgar Morales Joya explicó que los médicos hicieron un cateterismo para evacuarle un coágulo que le obstaculizaba una arteria y otra operación quirúrgica para retirarle un fragmento del cráneo para darle más espacio al cerebro y así lograr que este se desinflame.       

Los abogados del exmandatario también desmintieron los rumores que el expresidente había muerto. “No hay nada novedoso que haya que modificar su situación, se mantiene grave, en coma” , afirmó Ticas.       

Entretanto seguidores, amigos y familiares del expresidente siguen llegando a las proximidades del hospital, donde montaron un pequeño altar improvisado con velas, flores y mensajes pidiendo por la salud de Flores.      

El expresidente sufrió el domingo un derrame cerebral a consecuencia de un coágulo y fue trasladado de emergencia al hospital, donde fue operado para desbloquear la arteria obstruida y cayó en coma.       

Flores estaba en arresto domiciliario a la espera de ser juzgado por el desvío de más de 15 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán para ayudar a los damnificados de los terremotos del 2001 que nunca llegaron a las manos de las víctimas.       

Entre los amigos del exmandatario que se sumaron a la vigilia hay diputados y dirigentes del partido que defienden su inocencia.       

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Jorge Velado, afirmó que a Flores “lo han encarcelado cuando no hay pruebas suficientes” .

Afirmó que el exmandatario no se quedó con el dinero que donó Taiwán y dijo que habría que investigar a quienes recibieron esos fondos.       

“Francisco Flores lo único que hizo fue trasladar los fondos para que llegaran al partido y, por lo tanto, si hay que preguntarle a alguien es a quienes recibieron los fondos para la campaña (presidencial) del 2004 y no culpar a quien sólo fue un emisario” , manifestó el líder partidario.   

Tres médicos forenses cumplieron la orden del Juzgado Quinto de Sentencia que lleva el proceso contra Flores, de 56 años, por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares.       

“Al momento de ese reconocimiento encontramos al paciente en estado crítico, con pronóstico de vida reservado”, dice el informe de los médicos forenses, que también señalan que es indispensable que continúen los cuidados médicos especializados en la Unidad de Cuidados Intensivos.       

Antes, una abogada desmintió que el exmandatario tenga muerte cerebral, un rumor surgido en redes sociales y retomado por medios extranjeros.

El tribunal también solicitó al director del hospital donde está internado que notifique sobre el padecimiento del expresidente (1999-2004) y el tratamiento al que está siendo sometido.       

“Su estado es crítico, es grave, pero por lo menos se tiene la ventaja que no ha empeorado, eso es lo que han dicho los médicos” , dijo a periodistas la abogada defensora Yanira Ticas.       

Agregó que “se le han hecho dos intervenciones quirúrgicas en la cabeza. Definitivamente hay un problema grave que va a tener secuelas, pero aún no se sabe cuáles serán las secuelas que va a tener”.       

El abogado Edgar Morales Joya explicó que los médicos hicieron un cateterismo para evacuarle un coágulo que le obstaculizaba una arteria y otra operación quirúrgica para retirarle un fragmento del cráneo para darle más espacio al cerebro y así lograr que este se desinflame.       

Los abogados del exmandatario también desmintieron los rumores que el expresidente había muerto. “No hay nada novedoso que haya que modificar su situación, se mantiene grave, en coma”, afirmó Ticas.       

Nos unimos en oración por la situación que atraviesa Expresidente Francisco Flores y su familia. pic.twitter.com/kPmeQIykXs

— ARENA (@ARENAOFICIAL) January 26, 2016

Entretanto seguidores, amigos y familiares del expresidente siguen llegando a las proximidades del hospital, donde montaron un pequeño altar improvisado con velas, flores y mensajes pidiendo por la salud de Flores.      

El expresidente sufrió el domingo un derrame cerebral a consecuencia de un coágulo y fue trasladado de emergencia al hospital, donde fue operado para desbloquear la arteria obstruida y cayó en coma.   

Flores estaba en arresto domiciliario a la espera de ser juzgado por el desvío de más de 15 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán para ayudar a los damnificados de los terremotos de 2001 que nunca llegaron a las manos de las víctimas.       

Entre los amigos del exmandatario que se sumaron a la vigilia hay diputados y dirigentes del partido que defienden su inocencia.       

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Jorge Velado, afirmó que a Flores “lo han encarcelado cuando no hay pruebas suficientes” . Afirmó que el exmandatario no se quedó con el dinero que donó Taiwán y dijo que habría que investigar a quienes recibieron esos fondos.       

“Francisco Flores lo único que hizo fue trasladar los fondos para que llegaran al partido y, por lo tanto, si hay que preguntarle a alguien es a quienes recibieron los fondos para la campaña (presidencial) de 2004 y no culpar a quien sólo fue un emisario”, manifestó el líder partidario. 

El ministro de Justicia y Seguridad Pública Benito Lara dijo el martes que hay tres resoluciones de la Corte Suprema “que son un poco contradictorias y nosotros nos encontramos un poco en el limbo”.       

El juez de instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, giró las órdenes internacionales de localización y captura para los 17 militares salvadoreños involucrados en el asesinato perpetrado el 16 de noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador.       

Velasco reclama la presencia de los militares, entre ellos varios que formaron parte de alto mando de la fuerza armada salvadoreña y eran responsables de la dirección de la institución castrense durante la guerra civil  (1980 y 1992), que dejó más de 76 mil muertos, unos 10 mil desaparecidos y miles de desplazados.       

Lara señaló que en el 2011 la Corte Plena emitió una resolución en la que se afirmaba que la difusión roja de Interpol no equivale a una orden de captura, sino solo a localización. Pero en agosto del 2015 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema cambió de criterio y afirmó que las alertas de difusión roja emitidas por Interpol equivalen a una orden de captura.       

Según la resolución del 2011, la policía no puede capturar con fines de extradición sin orden judicial y ningún juez puede decretar la detención preventiva con fines de extradición sin delegación expresa de la Corte.       

En mayo del 2012, la Corte Suprema acordó denegar la solicitud de extradición porque el asesinato de los jesuitas fue cometido antes de que en el 2000 se reformara el artículo constitucional que no permitía la extradición de los salvadoreños en ningún caso.       

Los jesuitas fueron ejecutados por fuerzas especiales del ejército salvadoreño el 16 de noviembre de 1989.       

“El tema es que la Corte le dice a la policía usted no puede capturar, entonces vamos a interponer una petición a la Corte Plena para que nos esclarezca esto”, dijo el funcionario.       

Lara informó que la policía tiene localizados a los oficiales castrenses retirados solicitados por el juez español.

“Nuestra institución está lista para cualquier decisión, lo que nos diga la Corte Plena” y que si emite la orden van a capturar a los militares sin importar que “pueden haber efectos políticos”.       

“Si hay una resolución judicial como lo expresa, pues bueno a nosotros no nos queda más que cumplir, no nos toca discutir la orden”, afirmó.       

Los militares incluidos en la petición de extradición y que eran integrantes de la cúpula castrense cuando ocurrió el asesinato son:

• El exministro de Defensa Rafael Humberto Larios.

Los exjefes de la fuerza aérea:

• Juan Rafael Bustillo
• Juan Orlando Zepeda
• José Ricardo Espinoza Guerra
• Antonio Ramiro Avalos
• Tomás Zarpate
• Francisco Elena Fuentes
• Guillermo Alfredo Benavides
• Joaquín Arnoldo Cerna
• Oscar Alberto León
• Carlos Mauricio Guzmán
• Gonzalo Guevara Cerritos
• Oscar Mariano Amaya
• Héctor Ulises Cuenca
• José Alberto Sierra y Ángel Pérez Vásquez     

España también ha pedido a Estados Unidos que entregue al entonces ministro de Seguridad, el coronel Inocente Orlando Montano, detenido en ese país por violar leyes migratorias.      

Los sacerdotes jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa en la que vivían dentro del campus universitario.      

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón elite Atlacatl, entrenados en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.      

Otros dos fueron beneficiados posteriormente por una amnistía decretada en 1993 por el presidente Alfredo Cristiani  (1989-1994) , pocas horas antes de que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.  

El director general de Centros Penales, Rodil Hernández confirmó que los tres pandilleros fueron asesinados por sus mismos compañeros en el Sector Dos del Penal de Izalco, departamento de Sonsonate, a 65 kilómetros al oeste de la capital.       

Centros Penales explicó que la trifulca se originó por una pugna interna entre grupos de la pandilla Mara Salvatrucha, que concluyó con la muerte de tres miembros de la facción conocida como Fulton.       

Los fallecidos fueron identificados como Efraín Elías Ramos Ayala, Alexis Gutiérrez y Wilfredo Antonio Hernández. El reo herido fue identificado como Jeremías Sánchez Cortez.       

Hernández informó a los periodistas que “la situación ha sido controlada”, los reos fueron llevados a sus celdas y que se decretó estado de emergencia por cinco días.       

• Video/archivohttps://www.youtube.com/embed/1yK

Mas de 13 mil pandilleros guardan prisión en diferentes cárceles del país y según las autoridades estos grupos de delincuentes que tienen presencia en barrios y colonias populares, son responsables de la mayoría de crímenes que se cometen en El Salvador.       

En agosto del 2015, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró que las pandillas, quienes los apoyen y financien son terroristas, y los tribunales de justicia podrán imponerles penas severas de hasta 60 años de cárcel.       

Estados Unidos también declaró a la mara Salvatrucha una organización criminal trasnacional y el Departamento del Tesoro de ese país anunció en el 2014 sanciones económicas contra seis miembros o colaboradores de este grupo.  

Pero Costa Rica también anunció que aprovechará el foro regional para discutir el problema de los miles de cubanos migrantes varados en ese país desde el 13 de noviembre y que pretenden seguir su camino por tierra hacia los Estados Unidos.

El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, dijo que no se descarta que se aborde el tema y cree que pueden encontrar una salida al problema ya sea por compromisos unilaterales o compromisos bilaterales de los países de tránsito con Costa Rica.

Sin embargo, advirtió que cualquier solución en el caso de los cubanos, no se puede hacer discriminado a los migrantes centroamericanos “que día a día sufren vejámenes, día a día exponen sus vidas y día a día también muchas veces son retornados a sus países de origen”.

El jefe de la diplomacia salvadoreña ha criticado que haya una ley en Estados Unidos que solo favorece a los migrantes cubanos y que discrimina a los centroamericanos.

La Ley de Ajuste cubano, el foco de atracción para los emigrantes, fue aprobada en la década de 1960 en el marco de la Guerra Fría y otorga a los cubanos beneficios inmediatos para residir y trabajar en cuanto pisan territorio estadounidense.

“Es algo que le siempre le dijimos a Estados Unidos, miren señores, nosotros vamos hacer todo lo posible para disminuir este flujo y lo disminuimos en más de un 50%, pero ninguna medida va ser sostenible en el tiempo si no impulsamos una estrategia de mediano y largo plazo”, dijo el canciller salvadoreño durante entrevista con la televisión nacional.       

“Por eso les propusimos la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala)”, agregó Martínez en referencia a la iniciativa que busca reducir el flujo de niños migrantes que viajan de forma irregular a Estados Unidos.       

Efectivamente, el arribo de estos menores a la frontera se redujo de 68 mil 541 en el año fiscal 2014 a 39 mil 970 en el 2015, según la Oficina de Aduanas estadounidense.      

Sin embargo, la llegada de niños no acompañados y familias aumentó en agosto, cuando arribaron casi 10 mil de ellos, un incremento de 52% en comparación al mismo mes del 2014.

En septiembre y octubre, la llegada de menores solos siguió en alza. En septiembre aumentó en 85% en comparación al año anterior, mientras que en octubre casi se duplicó en comparación al mismo período.       

La iniciativa contempla un abordaje programático de acciones a corto y mediano plazo, y está conformada por cuatro componentes: crecimiento económico, mejorar la seguridad en el lugar de origen de migrantes, capital humano y el fortalecimiento de capacidades de instituciones de los países de origen de los migrantes.       

Los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador presentaron a Estados Unidos la iniciativa y el gobierno estadounidense solicitó al Congreso US$1 mil millones para un plan que busca mejorar la seguridad y reforzar las instituciones de esas naciones centroamericanas, pero un panel clave del Senado aprobó solamente US$675 millones.

La votación definitiva sobre este proyecto presupuestario no se espera hasta antes de fin de año.       

“El presidente (Barack) Obama se comprometió, anunció y pidió mil millones (de dólares) al Congreso, pero por las discusiones propias del Congreso de los Estados Unidos esos recursos no han sido aprobados”, señaló Martínez.       

El canciller salvadoreño sostuvo que el incremento en el flujo de la migración irregular de niños sin acompañantes “no solo es un llamado de atención para nosotros, sino también para nuestro socio, para Estados Unidos que adquirió un compromiso”, y señaló que sobre la base de ese compromiso han ejecutado medidas de persecución de los traficantes de personas, implementaron una campaña de concientización sobre los riesgos que tiene la migración irregular, sobre todo para los niños, “ y los recursos prometidos no llegan.       

“Aquí tenemos una señal de alerta, de que si no hacemos nada en dirección de cambiar las causas estructurales de esa migración, por mucho que hagamos siempre vamos a correr el riesgo de que eso se repita”. 

Se desconoce el paradero de Vásquez, aunque la semana pasada dio declaraciones a un canal de televisión local y dijo que se encontraba en El Salvador.

La orden de captura fue notificada a la Policía Nacional Civil y a la policía internacional Interpol, a fin de que Vásquez sea arrestado en El Salvador o en cualquier país donde El Salvador tiene convenio internacional de extradición.

La Corte Suprema recibió el lunes la solicitud de extradición de Estados Unidos pero esta no fue tramitada debido a que no se había adjuntado la orden de captura y fue hasta el miércoles que la aprobó la Corte Plena integrada por los 15 magistrados.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Vásquez de recibir sobornos de la empresa de marketing deportivo Media World a cambio de los derechos comerciales de partidos de la selección de El Salvador.

El Comité Ejecutivo de Fesfut informó que el actual vicepresidente del ente rector del fútbol salvadoreño, Juan Francisco Peñate, aceptó haberse reunido por motivos personales en septiembre de este año con el representante de la empresa Media Word, Fabio Tordin, también acusado de soborno y fraude.

Al trascender detalles de las investigaciones, Peñate pidió permiso para ausentarse de su cargo, pero no renunció y se espera que la Asamblea General del Fútbol que se reunirá el próximo 19 de diciembre, como máxima autoridad del fútbol de El Salvador, lo destituya.

“Lo único que vamos agregar son las recomendaciones para incrementar el control prenatal y para hacer seguimiento en el control de niño sano a los recién nacidos” , agregó.      

El virus Zika es propagado por un mosquito y los síntomas de la enfermedad son similares a los del dengue como la fiebre y dolor muscular.       

El Salvador mantiene una campaña de combate frontal contra el zancudo transmisor del dengue, el Chikungunya y el Zika, con programas para eliminar criaderos, fumigación y promoción de buenos hábitos de salud.       

La presencia del virus Zika en El Salvador fue confirmado el 25 de noviembre recién pasado, luego de recibir el reporte de tres muestras positivas de 10 enviadas al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Fort Collins, Colorado, Estados Unidos.

A partir de esa fecha se han presentado más de 295 casos sospechosos procedentes de todos los departamentos del país.       

Espinoza dijo que información recabada por la OPS en Brasil, donde se ha registrados más casos, “nos pone en alerta la posibilidad de que el virus pueda asociarse en algún momento con complicaciones neurológicas” , sobre todos si se presenta en pacientes embarazadas en primer y segundo trimestre de la gestación.       

La alerta de la OPS refiere la expansión del virus en Latinoamérica, la cual se ha agravado después que países como Brasil reportó tres fallecimientos asociados al Zika, también las Islas de la Polinesia Francesa han relacionado al Zika con un alza inusual de anomalías congénitas y problemas neurológicos.

Las autoridades de Salud de ambas naciones han reportado un preocupante incremento de recién nacidos con microcefalia.  

Honduras estudian el primer caso

 Las autoridades sanitarias de Honduras informaron este viernes de que estudian un caso sospechoso del virus del zika, una enfermedad similar al dengue y a la chikunguña transmitido por el mismo mosquito.

El viceministro hondureño de Salud, Francis Contreras, dijo a periodistas que el Departamento de Epidemiología analiza un eventual caso del nuevo virus.

Se trata de una mujer, cuya identidad ni edad fue revelada, señaló el funcionario, al comentar que el caso del zika presumiblemente se registró en el sur del país centroamericano.

“Hay un caso sospechoso, pero no lo podemos confirmar hasta que el laboratorio no nos diga que es positivo, ya se le tomaron las pruebas y el laboratorio lo debe confirmar” , apuntó.

El Ministerio de Salud está “con la vigilancia epidemiológica al máximo”  para descartar la posible presencia en el país del virus zika, que es producido por el mosquito aedes aegypti, subrayó Contreras.

Enfatizó que en Honduras existen posibilidades para la llegada del virus endémico, debido al alarmante aumento de casos de dengue en los departamentos sureños de Valle y Choluteca, fronterizos con El Salvador, cuyas autoridades confirmaron hace dos semanas tres casos de personas contagiadas con el virus.

El zika produce fiebre, dolores de cabeza y musculares, debilidad y en algunos casos conjuntivitis, de acuerdo con las autoridades.

“Hoy quiero hacer público un segundo caso de acusación de abuso sexual de menores contra otro de nuestros sacerdotes. Se trata del sacerdote Juan Francisco Gálvez”, dijo en conferencia de presa el arzobispo capitalino, monseñor José Luis Escobar Alas.       

Precisó que el 15 de octubre, Gálvez fue suspendido de todas sus funciones sacerdotales y pastorales. Eso significó separarlo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en el municipio Rosario de Mora, departamento de San Salvador, a 23 kilómetros al sur de la capital.       

Monseñor Alas dijo que contra el excura pesan cinco acusaciones de abuso sexual de menores de edad.

Precisó que Gálvez no aceptó la responsabilidad y que luego de concluir el proceso de investigación, el caso se enviará al Vaticano para que sea finalizado y se dicte la sentencia respectiva.       

El caso del padre Gálvez pocos días después de conocerse el escándalo de abuso sexual que involucra a Jesús Delgado, quien se desempeñaba como vicario general de la Arquidiócesis de San Salvador.       

Según la acusación, Delgado habría abusado de una niña cuando esta tenía nueve años y continúo haciéndolo hasta que cumplió 17.

La víctima —cuya identidad no ha sido revelada— tiene actualmente 42 años y el delito cometido por el sacerdote prescribió, por lo que no podrá ser llevado ante los tribunales de justicia.       

Monseñor Delgado aceptó la culpabilidad y de inmediato fue separado de sus funciones.

Está recluido en una casa religiosa y dijo estar dispuesto a reunirse con la víctima y pedirle perdón.       

• El diario La Prensa Gráfica de El Salvador publicó en su sitio web las declaraciones de Monseñor Alas.

Delgado, de 77 años, es uno de los sacerdotes salvadoreños más conocidos a nivel mundial por su cercanía con el asesinado arzobispo Oscar Arnulfo Romero, de quien fue secretario persona en la década de 1970 y también escribió su biografía oficial.       

“Me duele profundamente lo que ha pasado y pido perdón a las víctimas de estos casos y a toda la sociedad por esta situación causada por estos sacerdotes nuestros que ya enfrentan la justicia eclesiástica y le reitero mi compromiso por la justicia en favor de las víctimas”, dijo el exarzobispo.       

Escobar Alas dijo que en el caso del padre Gálvez se cree que todas las víctimas ya son mayores de edad, pero señaló que hay que ver si los delitos no han prescrito para que este caso pueda ser llevado ante los tribunales.       

Según las leyes salvadoreñas, después de 10 años este tipo de delito prescribe y los victimarios no pueden ser llevados ante la justicia.       

El arzobispo expresó su desacuerdo durante la misa en la catedral metropolitana: “Alzo hoy la voz en nombre de la justicia y por el bien de nuestros niños para exigir a la Asamblea Legislativa que suprima la prescripción del delito de abuso sexual de menores de la Ley Procesal Penal de nuestro país”.       

“Dicha prescripción es perversa porque favorece la impunidad del criminal y expone a tan grave peligro a nuestros inocentes niños, el crimen de abuso sexual contra un menor no puede prescribir”, agregó.   

“Siguiendo instrucciones del señor arzobispo (José Luis Escobar Alas) les comunicó que monseñor Jesús Delgado ha sido suspendido de todas sus funciones sacerdotales, pastorales y administrativas porque se ha recibido la denuncia de abuso sexual de menores de edad e inmediatamente se ha procedido a la suspensión” , dijo el conferencia de prensa el canciller de la arquidiócesis de San Salvador, monseñor Rafael Urrutia.       

“Quiero decirles que lamentamos profundamente estos hechos, pedimos perdón a la víctima, a la sociedad y pedimos al Señor que nos llame a la conversión” , agregó.       

La victima cuya identidad no ha sido revelada tiene en la actualidad 43 años y el crimen cometido por el sacerdote y según las leyes penales de ese país, el crimen ya habría prescrito por lo que no podrá ser llevado ante los tribunales.

Urrutia dijo que la víctima ha pedido que Delgado “deje el ministerio y le pida perdón, solamente” .       

Confirmó que el arzobispo Escobar Alas encabeza la comisión de la Iglesia que investiga el caso y dijo que monseñor Delgado “está dispuesto a reunirse con la víctima para pedirle perdón” .

Según las investigaciones, entre otros casos, Magaña Figueroa negoció con defensores y jueces la devolución de miles de dólares incautados a extranjeros en la frontera El Amatillo, y quienes fueron procesados por lavado de dinero.       

Se estableció que desde el 2011, los involucrados efectuaban negociaciones, así como la entrega de dinero a efecto de obtener resoluciones favorables para sus clientes. En otros casos, hacían negociaciones para repartirse entre ellos el dinero que había sido incautado producto de las detenciones de sus clientes.       

En el 2014, la FGR desarticuló parte de la banda capturando 128 personas ligadas a redes de corrupción y narcotráfico entre los que figuran 12 policías, dos fiscales, tres jueces y tres colaboradores jurídicos de juzgados especializados y de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como también a un sacerdote vinculado a estructuras delincuenciales.       

La red de corrupción estaba integrada por abogados, pandilleros, fiscales, policías, personas particulares, jueces y empleados del sistema judicial que propiciaban la liberación judicial de pandilleros y narcotraficantes acusados de delitos graves como homicidios, robos, extorsiones y tráfico ilícito de drogas, entre otros.       

Entre los implicados también se encontraban miembros de la pandilla Barrio 18, donde destaca el líder nacional de esa agrupación criminal, José Timoteo Mendoza Flores, alias El Chory, quien se encuentra preso en la cárcel de Cojutepeque, acusado de homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración para homicidio agravado, hurto agravado, con un total de 33 órdenes de captura.   

Según la información los presuntos pandilleros ingresaron a la vivienda, ordenaron a todos tirarse al piso y luego les dispararon con escopetas calibre 12, fusiles AK-47 y pistolas calibre 45 y 9 milímetros.       

Cuatro personas murieron en el lugar, otra falleció cuando recibía atención médica en el hospital público de Usulután, mientras que cuatro más, entre ellos un niño de 11 años, resultaron con heridas de bala.       

La Fiscalía General de la República identificó a las víctimas como Nelson Mauricio Rodríguez Juárez, Freddy Enrique Juárez, Geovanni Quintanilla Fuentes, Luis Alonso Juárez y Kevin Díaz Gómez.       

Las pandillas que tienen presencia en barrios y colonias populares de todo el país, están involucradas en la mayoría de homicidios, el narcotráfico y el crimen organizado, extorsionan y cobran renta a comerciantes del transporte y asesinan a los que se niegan a pagar.       

Según estadísticas oficiales, el 2014 cerró con tres mil 942 homicidios en el país, mil 429 más que el año anterior.  

El jefe de la Policía de la zona explicó que el operativo de captura es el resultado de una investigación que inició en abril.    

El inspector Cubias dijo que se investiga si algunos de los capturados han participado en ataques a miembros de la Policía.    

En los últimos meses los policías, militares, guardias de centros penales y autoridades civiles se han convertido en blanco de los grupos criminales.   

Cifras mortales

Las autoridades de Seguridad Pública atribuyen a las pandillas haber asesinado desde enero a 50 policías, a un mecánico de esa fuerza, a 17 militares, a seis guardias de centros penales y a un fiscal. En 2014 fueron asesinados 39 policías, en su mayoría cuando se encontraban de licencia.   

Reciente la Corte Suprema de Justicia declaró que las pandillas y quienes las apoyen y financien son terroristas y los tribunales de justicia podrán imponer a los pandilleros penas severas de hasta 60 años de cárcel.   

En El Salvador las pandillas establecidas en populosos barrios y comunidades están integradas por más de 70 mil jóvenes y adultos. Más de 13 mil están presos y según las autoridades están involucrados en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.

El caso trascendió luego que la Corte Suprema ordenara a una cámara judicial que iniciara un proceso contra el diputado cuando entre lo declarado por López Cardoza y los datos que constaban en informes rendidos por distintas entidades públicas y privadas se detectaron irregularidades que hicieron presumir un posible enriquecimiento ilícito.       

Al ordenar el inicio del juicio, la Corte también dispuso como medida cautelar el embargo preventivo de cinco bienes inmuebles y la congelación de las cuentas bancarias del diputado y su esposa.

La Fiscalía solicitó que se mantengan esos embargos.      

En la investigación se estableció que el diputado adquirió inmuebles sin recurrir a créditos y sin registrar retiros de fondos de sus cuentas bancarias y que los precios de compra de los inmuebles eran sustancialmente bajos y los valores declarados poco tiempo después eran significativamente superiores.      

La investigación tampoco pudo establecer de dónde provinieron los fondos gastados en la campaña política.

Además, los créditos adquiridos antes de ser electo diputado fueron pagados antes de su vencimiento y los gastos declarados no coincidieron con su estilo de vida ya que entre el 2009 y el 2015 entre el diputado y su esposa realizaron unos 50 viajes personales de turismo.  

“Como juez responsable tengo que hacer un análisis integral de todo el proceso, eso significa analizarlo objetivamente, legalmente, y analizar también la intervención de las partes, entonces estoy señalando como fecha para dar resolución el día 3 de diciembre a las nueve de la mañana”, dijo García concluir el viernes la audiencia preliminar.

Por dos días consecutivos el juez García escuchó a los representantes de la Fiscalía General, abogados querellantes y defensores que expusieron sus argumentos en un juicio que atrajo el interés de todo el país, mientras representantes de organizaciones sociales se mantuvieron en las proximidades del tribunal exigiendo justicia.

Pese a padecer una trombosis en una de sus piernas el expresidente Flores que estuvo presente durante el juicio, tomando apuntes y revisando los mensajes en su celular, pidió al juez cerrar la participación de la defensa y aprovechó para clamar justicia.

“Yo me presenté voluntariamente y me sometí al sistema judicial porque tenía la confianza que podría encontrar un espacio eminentemente jurídico que me permitiera una valoración de pruebas y no un espacio de presunciones, inferencias, imaginaciones, sino que la valoración de las pruebas”, manifestó el mandatario que vestía un traje oscuro.

“Me presenté voluntariamente acá porque busco justicia, busco que se haga lo justo que es el fin de nuestro sistema legal, su objetivo y la aspiración que tenemos todos los salvadoreños”, agregó.

El 5 de setiembre de 2014, después de cuatro meses de permanecer prófugo, el exmandatario derechista se presentó por sorpresa y de forma voluntaria ante la justicia para responder por los cargos de corrupción que le imputa la Fiscalía.

El exmandatario, quien permanece bajo arresto domiciliario, está acusado de la apropiación de 15 millones de dólares donados por Taiwán para los damnificados por los terremotos de 2001.

Durante la audiencia, una de las partes demandantes pidió a García incluir el delito de lavado de dinero entre los cargos contra el expresidente.

No obstante la Fiscalía salvadoreña pidió que el expresidente no sea juzgado por el delito de lavado de dinero porque “no es pertinente”.

“No basta con citar que hay delito de lavado de dinero, sino que hay que fundamentarlo”, dijo el fiscal Zamora, quien pidió que  “se declare que no ha lugar esa petición”.

La Fiscalía acusa a Flores de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares.

El abogado querellante René Landaverde dijo en la sesión que Flores “efectuó movimientos de ese dinero” siguiendo “líneas de una típica forma de lavado”.

Precisó que un cheque del gobierno de Taiwan por 10 millones de dólares fue depositado en un banco de Costa Rica, de donde fue transferido a Miami y posteriormente se le perdió la pista.

También apuntó indicios de que parte de ese dinero financió la campaña electoral del sucesor de Flores, Antonio Saca (2004-2009), de su mismo partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Otros cinco millones de dólares habrían sido apropiados directamente por Flores, según la acusación de la Fiscalía.

Los señalamientos fueron rechazados por la defensa de Flores, encabezada por el abogado Edgar Morales Joya, quien pidió al juez García “absolver de cargos” al expresidente.

Artiga Barrientos estaba de licencia para visitar a sus familiares y debía de presentarse este lunes en el cuartel.

El asesinato ocurrió a la altura del caserío La Esperanza, del municipio de Apopa, departamento de La Libertad, a 25 kilómetros al noreste de la capital.       

En los últimos meses los policías, militares, guardias de centros penales y autoridades civiles se han convertido en blanco de los grupos criminales      

Las autoridades de Seguridad Pública atribuyen a las pandillas haber asesinado desde enero a 49 policías, a un mecánico de esa fuerza, a 17 militares, a seis guardias de centros penales y a un fiscal.

#ElSalvador Matan a soldado en Tenancingo: Un soldado de la Fuerza Armada que se encontraba de licencia (día de… http://t.co/7UrUVNUBfh

— El Salvador Hoy (@ElSalvadorHoy24) August 18, 2015

En el 2014 fueron asesinados 39 policías, en su mayoría cuando se encontraban de licencia.      

Las autoridades han dicho que los ataques de las pandillas buscan obligar al Gobierno a negociar con ellos una nueva tregua, como la pactada en el 2015 cuando los homicidios bajaron de 14 a cinco al día, pero el gobierno ha sido tajante y ha reiterado que no se sentará a negociar con grupos criminales.       

Según estadísticas oficiales del estatal Instituto de Medicina Legal, en los primeros nueves meses del año se han registrado más de cinco mil homicidios y la mayoría de estos crímenes no han sido resueltos.

Las autoridades responsabilizan a las pandillas de la mayoría de los homicidios.      

Según estadísticas oficiales, el 2014 cerró con tres mil 942 homicidios en el país, mil 429 más que el año anterior.

• En video/archivo vea: Matan a 14 pandilleros en cárcel de El Salvador. (Youtube/Afpes)

https://www.youtube.com/watch?v=1yK-G2TQG1I

Los habitantes de dos humildes comunidades III y Amaya, de la colonia Guatemala, en la zona este de la capital, denunciaron que los supuestos pandilleros les ordenaron dejar sus casas, luego que en la zona se registrara el asesinato de un supuesto integrante del grupo.       

Las calles de estas humildes comunidades se convirtieron en los últimos días en “campos de batalla” entre miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, dos de los grupos criminales más violentos que operan en el país.       

Así es la vida en estos lugares donde viven personas humildes, obreros y empleados, la mayoría con bajos ingresos y que no tienen opciones.      

“Yo me quedó, no tengo donde ir, ¿Y para donde me voy?, si todos los lugares son iguales, respondió una mujer que dijo llamarse Teresa, pero que también por miedo no dio su apellido.       

“Ellos (las pandillas) trabajan con el miedo”, afirmó el funcionario del Gobierno salvadoreño que advirtió que las autoridades seguirán combatientes a estos grupos criminales.       

Entretanto, unidades combinadas de la Policía Nacional Civil y de la fuerza armada se desplegaron en la zona para tratar de transmitir confianza a la gente de estas comunidades que no abandonaron sus casas y que pueden ser objetos de represalias.       

En estas zonas, las pandillas se apoderan por las fuerzas de algunas viviendas donde instalan lo que se conoce como “Casa Destroyer” donde se reúnen para planificar los hechos delictivos.        

En El Salvador las pandillas establecidas en populosos barrios y comunidades están integradas por más de 70 mil jóvenes y adultos. Más de 13 mil están presos y según las autoridades están involucrados en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.   

Las autoridades reportaron el hallazgo de la cabeza del sargento de la policía junto con un carné de identificación dentro de una mochila que fue abandonada en la carretera de Oro, en el municipio de Apopa, en la periferia norte de la capital.

Unidades de la policía realizaron un rastreo por la zona pero no encontraron el resto del cuerpo.       

“Presumimos que él fue privado de libertad ayer mismo (lunes) y que en horas de la noche o en la madrugada el cráneo fue lanzado en ese lugar. No hemos encontrado aún el resto del cuerpo, pero ya estamos investigando este hecho condenable y llevado a cabo con características execrable” , expresó a periodistas luego de participar en un acto público.  

Las pandillas han asesinado desde enero a 52 policías, a un mecánico de esa fuerza, a 15 militares, a seis guardias de centros penales y a un fiscal.

En el 2014 fueron asesinados 39 policías, en su mayoría cuando se encontraban de licencia. 

En otro hecho de violencia, cuatro presuntos pandilleros, entre ellos una mujer, fueron asesinados en una zona rural del municipio de Santa Ana, a unos 56 kilómetros al oeste de la capital salvadoreña.

Los cuerpos fueron abandonados cerca de una carretera y según la información de la policía los tres hombres estaban amarrados de pies y manos y tenían tatuajes presuntamente alusivos a las pandillas.       

Entretanto el estatal Instituto de Medicina Legal, informó que el mes de septiembre cerró con 689 homicidios, un promedio de 23 diarios.       

El director de Medicina Legal, el médico psiquiatra Miguel Fortín Magaña, señaló que en los primeros nueve meses del año, se han registrado 4 mil 942 asesinatos, 2 mil 63 más que en el mismo periodo del 2014 cuando contabilizaron 2 mil 879.       

Según estadísticas oficiales, el 2014 cerró con 3 mil 942 homicidios en el país, mil 429 más que el año anterior.

La Fiscalía y la Policía informaron que los dos hombres identificados como los gemelos Carlos Francisco Aparicio Arana, alias el Extraño y Franklin Mauricio Aparicio Arana, alias Scrapy, ambos de 22 años, fueron asesinados con arma blanca y sus cuerpos en bolsas plásticas abandonados en la carretera El Litoral, a unos 106 kilómetros al este de la capital.

Las autoridades informaron que los hombres, que formaban parte de las estructuras de la Mara Salvatrucha  y que estaban fichados como criminales de alta peligrosidad, se encontraban en su casa de donde fueron llevados por la fuerza por un grupo de presuntos pandilleros, en una zona rural de Concepción Batres, a 118 kilómetros al este de San Salvador.    

Las autoridades de Seguridad Pública sostienen que la mayoría de las víctimas de los homicidios son producto de enfrentamientos armados las fuerzas de seguridad con las pandillas, como también debido a las purgas internas o guerra entre estos grupos criminales.    

Pero el director del estatal instituto de Medicina legal, el médico psiquiatra Miguel Fortín Magaña, ha dicho que no se puede afirmar que la mayoría de las víctimas de los homicidios son personas vinculadas con estas estructuras criminales debido a que no hay una investigación científica que lo confirme.

Defensores de los derechos humanos también han pedido que se investigue la posible participación de grupos de extermino.    

En El Salvador las pandillas establecidas en populosos barrios y comunidades están integradas por más de 70 mil jóvenes y adultos.

Más de 13 mil están presos y según las autoridades están involucrados en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.    
Según cifras preliminares de la Policía, septiembre cerró con 677 homicidios, un promedio diario de 22 muertes violentas.

En agosto registraron 907 homicidios, 30 al día.    

Según estadísticas oficiales, el 2014 cerró con 3 mil 942 homicidios en el país, 1mil 429 más que el año anterior.  

La Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía identificó a los detenidos como los pandilleros Max Adalberto Cruz del Cid, de 33 años; y Carmelina Yamileth Castro Rivas, de 26 años, a los que se les atribuye el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud Pública.       

La metanfetamina es un estimulante potente y adictivo que afecta el sistema nervioso y se puede producir fácilmente en pequeños laboratorios clandestinos.       

La Fiscalía informó que según las investigaciones esta pareja de pandilleros intentó introducir al país metanfetaminas en un autobús del transporte público internacional. La droga fue encontrada en una inspección rutinaria.       

La pandilla Barrio 18, al igual que la Mara Salvatrucha  (MS-13) y todos los grupos de pandillas, han sido declaradas organizaciones terroristas, y según las autoridades están vinculados a la mayoría de crímenes que se cometen en el país y tienen vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico.

 En El Salvador, considerado uno de los países más violentos del mundo, los pandilleros están involucrados en la mayoría de los crímenes que se cometen.

Captura a 46 pandilleros

Un total de 46 miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha  (MS13) fueron capturados por la Policía Nacional Civil  (PNC) por diversos delitos en dos puntos diferentes de El Salvador, informó hoy la Fiscalía.

En la localidad de Cojutepeque  (este) la PNC detuvo a 19 pandilleros acusados de extorsión, homicidio y actos de terrorismo.

De estos, nueve pertenecen al Barrio 18 y “responderán por los delitos de extorsión y actos de terrorismo” .

De igual forma, otros cinco miembros de esta pandilla y cinco de la MS13 serán procesados por supuestamente participar en tres homicidios diferentes.

Por otra parte, en el término local de Mejicanos  (norte) la entidad policial capturó a 27 miembros del Barrio 18 ala Revolucionarios, por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.

“Las órdenes de detención están basadas en diversas investigaciones de casos de extorsión registrados en marzo, abril y mayo del presente año en los municipios de Ciudad Delgado (nordeste) y Mejicanos” , detalló la Fiscalía.

Las autoridades de Seguridad del Gobierno salvadoreño acusan a las pandillas de mantener los altos índices de violencia que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo.

El automóvil, que había sido reportado como robado, quedó totalmente destruido y expertos de la policía investigan qué tipo de explosivos se utilizaron y si fue detonado a control remoto.       

Un vigilante privado que trabaja en la zona y que se identificó como Pedro Martínez dijo que “se escuchó como un trueno, como cuando explota un transformador” eléctrico.       

La explosión se produjo en un horario en el que casi nadie pasa por el lugar, lo que favoreció que no se reportaran víctimas.      

El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que esta acción terrorista demuestra que “hay certeza de que grupos criminales tienen explosivos”.       

El Salvador en caída libre… Coche bomba afuera del Ministerio de Hacienda, ahora por la madrugada… pic.twitter.com/Hz6Wq8wo7y

— Max Mojica (@MaxMojica) September 11, 2015

El 28 de agosto técnicos de la policía desactivaron un coche bomba en las proximidades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

El ministro de la Defensa Nacional, general David Munguía Payés, informó entonces que se trataba de un explosivo plástico que identificó como C-4.      

Las autoridades dijeron que en la investigación están siendo apoyados por el departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos  (ATF por sus siglas en inglés).

“Estamos hablando de dos niños que fueron intercambiados” , dijo el Fiscal General Luis Martínez luego de la audiencia privada donde los bebés fueron entregados a sus verdaderos padres. Se investiga si hubo dolo en el intercambio de los niños.       

El niño de los misioneros cristianos que residen en Estados Unidos fue encontrado a través de las pruebas genéticas ordenadas por la Fiscalía que se realizaron a los otros bebés varones que nacieron en el Hospital Centro Ginecológico el 21 de mayo.       

Las pruebas fueron realizadas por el estatal Instituto de Medicina Legal y según la información oficial se hicieron análisis de ADN a cuatro familias y en dos hubo un resultado de compatibilidad absoluta.       

No se reveló el nombre de la otra familia que tenía uno de los niños intercambiados porque el Fiscal General dijo que hay reserva total del caso para garantizar la privacidad de los implicados.  

#ElSalvador | Encuentran a bebé y entregan a padres > http://t.co/i9atntLKYl pic.twitter.com/3hxaaE2n9m

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) September 8, 2015

El caso del intercambio de bebé en #ElSalvador, tema de portada en @DailyMirror pic.twitter.com/p7Eh3CG6P0

— La Prensa Gráfica (@prensagrafica) September 7, 2015

Entrevista con el fiscal que investiga el caso, divulgada por La Prensa Gráfica.

En la sentencia suscrita por los cinco magistrados de la Sala, se concluye que “son terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la pandilla 18 o mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminales que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado” .

Agrega que los jefes de las pandillas, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de “terroristas” en sus diferentes grupos y formas, e independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos  (extorsiones) , lavado de dinero, narcotráfico o de otra índole.

En su sentencia, la Sala también define lo que debe de entenderse por “terrorismo”, y señala que este puede ser interpretado conforme al marco de valores y principios contemplados en la Constitución y el derecho internacional, según los cuales el terrorismo constituye el ejercicio organizado y sistemático de la violencia.

Sala Constitucional declara como terroristas a pandilleros y a quienes los apoyan y financian – Los magistrados… http://t.co/NDplnl18Pa

— InformateSV (@InformateSV) August 24, 2015

https://twitter.com/racorte/status/635954998418014208

##BreakingNews Sala Constitucional declara como TERRORISTAS a pandilleros de todo el pais. Muchas… https://t.co/SF3GpIOO1S

— mariojavier (@mariojaviersv) August 24, 2015

En las cárceles de Quezaltepeque y de San Francisco Gotera, están recluidos más de dos mil pandilleros del Barrio 18 Revolucionarios.

Martínez dijo que tenían información que se preparaba una matanza en una cárcel, pero que no tenían los detalles de cuándo y en que cárcel sucedería.

“Si teníamos información, esto es parte de una purga que está sucediendo dentro de la estructura de la pandilla terrorista 18 Revolucionarios. La información salió del penal de Gotera”, afirmó.

Las autoridades sostienen que la matanza es producto de purgas internas de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, que en las últimas semanas ha sido golpeada por la Policía que ha reportado la captura de los cabecillas de varias clicas de esta estructura criminal,     sin embargo, el director general de la policía, comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que la corporación no tenía información que se preparaba una matanza.

“La Policía Nacional Civil no tenía indicios de que pudiera ocurrir una situación de este tipo, mucho menos en el Centro Penal de Quezaltepeque”, afirmó.

Pero luego reconoció que sí estaban analizando información de los servicios de inteligencia de la Policía.Las autoridades informaron que los 14 pandilleros que murieron la cárcel de Quezaltepeque fueron estrangulados y apuñalados por sus mismos compañeros.

Landaverde también informó que el fin de semana registraron 76 homicidios, confirmando la tendencia de incremento de hechos violentos, en su mayoría protagonizados por las pandillas rivales.
Sin embargo, defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por la reacción de los policías y militares, y han denunciado abusos de autoridad, violencia arbitraria y respuesta excesiva con armas de fuego.

El jefe policial reportó que el sábado registraron 45 homicidios, que incluye a los 14 pandilleros muertos en la cárcel de Quezaltepeque.

El domingo hubo 31, incluyendo la muerte de cuatro jóvenes en una zona rural del municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután, al este del país.

“El mes de agosto tiene un comportamiento parecido a los meses de mayo y junio”, cuando las autoridades registraron 643 y 677 homicidios, respectivamente”, informó.

Según las estadísticas oficiales, el 2014 finalizó con tres mil 942 homicidios en el país, mil 429 más que un año anterior.

Recrudece violencia

Los homicidios en El Salvador superaron en casi 8 meses de este año el total de tres mil 912 de todo el 2014, de acuerdo con cifras oficiales reveladas este lunes, según las cuales solo el pasado fin de semana se registraron 76 casos en todo el país.

Hasta el pasado miércoles 19 de agosto el estatal Instituto de Medicina Legal registraba tres mil 840 homicidios, que sumados a los 76 del fin de semana totalizan tres mil 916, cuatro que más que todo el 2014 y ello sin contar los crímenes que se registraron los días 20 y 21 a falta de una cifra oficial.

Un portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC) reveló este lunes que solo el sábado pasado ocurrieron 45 muertes violentas, con lo que El Salvador superó, por tercera vez consecutiva este agosto, el récord de asesinatos en 24 horas registrado el 18 de agosto con 43.

El domingo fueron 31 las personas asesinadas, de acuerdo a las cifras de la Policía.

El dato del pasado fin de semana incluye el asesinato el sábado de 14 miembros de la pandilla Barrio 18 en un penal de Quezaltepeque.

El director de la PNC, Mauricio Landaverde, dijo este lunes en conferencia de prensa que “la tendencia de agosto es similar a la de los meses de mayo y junio”, este último catalogado como el mes “más violento”  de la historia reciente de El Salvador.

De mantenerse la tendencia, El Salvador podría sobrepasar los seis mil  asesinatos al finalizar el 2015 y registrar una tasa de más de 96 homicidios por cada cien mil habitantes, cifra sin parangón en lo que va del siglo XXI.

Las autoridades de Seguridad salvadoreñas acusan a las pandillas Barrio 18, Mara Salvatrucha (MS13) y otras minoritarias de mantener los altos índices homicidios para obligar al Ejecutivo a negociar prebendas para sus líderes encarcelados.

También señalan que el número de asesinatos se ha visto incrementado por los pandilleros muertos en los constantes enfrentamientos entre dichos grupos y los cuerpos de seguridad.

En lo que va de año han muerto 45 policías salvadoreños, dos de ellos el pasado fin de semana.

Buscan salida

El Salvador vive un momento de conflictividad social sin precedentes debido a la escalada de violencia homicida generada por las pandillas, que buscan medir fuerzas con el Gobierno, según los analistas.

Las alertas sobre la complicada situación que afronta el país se intensificaron luego de que en la última semana se registraran más de 240 homicidios, incluyendo 14 pandilleros masacrados por una purga interna en el penal de Quezaltepeque, en la periferia norte de San Salvador.

“Estamos ante un grave escenario de conflictividad social sin precedentes y no se ve por ningún lado una solución a corto plazo”, declaró el profesor universitario Roberto Cañas.

Los crímenes son, en gran parte, atribuidos a las pandillas, que cuentan con unos 72 mil miembros, de los cuales 13 mil se encuentran en prisión.

Para contener la violencia, la policía y el ejército, bajo la coordinación de la Fiscalía, desarrollan operativos con detenciones masivas de pandilleros, muchos de los cuales están siendo juzgados como terroristas.

El analista de temas de seguridad, Juan Ramón Medrano, apunta que la confrontación se profundiza en el país, dejándolo en una situación difícil de dilucidar. “El gobierno tiene un plan que le apuesta a disminuir la cantidad de homicidios, la extorsión y el crimen a futuro, pero tiene que presentar resultados”, explica el catedrático.

Medición de fuerzas

El vicepresidente salvadoreño, Óscar Ortiz, advierte las pandillas intentan hacer una demostración de fuerza en momentos que el Estado busca “revertir”  la ola criminal.

En una entrevista televisiva, Ortiz explicó que las pandillas muestran su músculo al actuar de forma “indiscriminada contra la población” , reaccionando a las operaciones de la fuerza pública y desatando una especie de guerra interna entre las facciones, como lo que ocurrió en el penal de Quezaltepeque.

El exdiputado y excomandante guerrillero Raúl Mijango, quien se desempeñó como mediador entre pandillas salvadoreñas en el 2012, sostuvo en entrevista que la represión no es la solución, y subrayó que es necesario establecer un “diálogo”  con las pandillas.

En lo que va del año han muerto 45 policías y 14 militares. Los medios responsabilizan a las pandillas de estos ataques.

“Esta batalla contra el crimen la vamos a ganar nos va tomar un tiempo, va a ser duro, va a ser difícil, incluso doloroso”, comentó el Vicepresidente en relación a las pérdidas humanas de los enfrentamientos.

Pese al complicado escenario, Ortiz confía en que el Estado se impondrá aunque se produzca un “cierto desangramiento de la familia salvadoreña”.

Costo de la violencia

En enero pasado, el Consejo de Seguridad, integrado por el gobierno y la sociedad civil, presentó un plan contra la violencia que exige una inversión de US$2 mil 100 millones en los próximos cinco años.

Obtener ese financiamiento es un desafío para el Ejecutivo, que según el vicepresidente Ortiz, invierte 12% del PIB por año para atender el problema de la inseguridad.

Para aprender de otras experiencias regionales, los miembros del Consejo de Seguridad se reunieron en Colombia con representantes gubernamentales quienes les explicaron sobre los mecanismos utilizados, con el apoyo de la empresa privada, para financiar la guerra contra la violencia.

Para el analista Juan José Martel, la violencia en El Salvador “es una enfermedad que trae décadas, no se atendió hace 15 o 20 años cuando hubiese sido barato atenderla es grave y el tratamiento que necesita es largo, es doloroso y es costoso”.

Señaló que otros, “han perdido la vida en hechos confusos atribuidos a la intervención policial o militar” mientras que los niños más pequeños han sido víctimas al encontrarse en el lugar en que ocurrieron los enfrentamientos.       

El organismo reconoció el esfuerzo de la policía y la fuerza armada para enfrentar la delincuencia y los instó a continuar ejerciendo las tareas de seguridad y represión del delito pero “en estricto apego a la ley, haciendo un uso racional de la fuerza y de los medios permitidos para tal fin” .       

Recientemente un niño de cinco años resultó herido de bala en la cabeza en un tiroteo entre presuntos pandilleros y una patrulla de la fuerza armada en una populosa comunidad al norte de la capital.       

Otro niño de nueve años murió al recibir un disparo en la cabeza en un tiroteo entre pandilleros en una comunidad al norte de San Salvador y una niña de ocho meses murió este lunes junto a su madre y abuelo cuando un grupo de pistoleros ingresó a su vivienda y les disparó en una zona al norte de ese país.       

Al comentar los casos más recientes el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos David Morales afirmó que “la violencia está alcanzado atrozmente a niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores” .       

Agregó que “tenemos un niño con una bala en la cabeza de la Comunidad La Isla I, aparentemente por uso arbitrario del arma de fuego por parte de un agente militar… los niveles de violencia son inaceptables y debemos repudiarlos” .  

Las víctimas fueron identificadas como José Gilberto Raymundo Reyes, de 63 años; su hija Sara Carolina Raymundo Soto, de 32, y la niña Maylin, de ocho meses.

El hombre había regresado recientemente de Estados Unidos de visitar a su familia. Según las primeras investigaciones al menos 10 hombres que portaban armas largas y cortas ingresaron a la vivienda y abrieron fuego.

Recientemente en esa zona presuntos pandilleros asesinaron a cuatro personas y otras cuatro resultaron con heridas de bala tras atacar a un autobús del transporte público.     

En otro hecho de violencia, la Policía Nacional Civil informó que seis campesinos, todos familiares, fueron asesinados el lunes en el interior de una finca de café, en el municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, a 78 kilómetros al noroeste de la capital.    

Según las autoridades, las pandillas que tienen presencia en barrios y colonias populosas están involucradas en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país. 
  

El agente herido recibe atención en el hospital de emergencias del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en la capital. 
     
Según la primera información de la policía, los agentes estaban destacados en un puesto policial de la Villa de San Matías, en el departamento de La Libertad, a 34 kilómetros al noroeste de la capital, y recibieron una llamada telefónica alertándolos de una emergencia en el lugar donde fueron atacados.

Al llegar al lugar fueron emboscados por unos 10 presuntos pandilleros que les dispararon con fusiles M16 y armas cortas.      
El agente Rivera Villalobos murió en el lugar mientras que el sargento y el otro agente, que no fue identificado, fueron trasladados al hospital aún con vida. El sargento Gómez murió en el hospital del Seguro Social.   
    
Unidades combinadas de la Policía y de la fuerza armada iniciaron un operativo de búsqueda en la zona, en el que participan helicópteros policiales y militares. 
     
Con la muerte de Rivera Villalobos y Gómez en lo que va del año los grupos criminales han asesinado a 36 policías, a un mecánico de la corporación, a 13 militares, a seis guardias de centros penales y a un fiscal.

En el 2014 fueron asesinados 239 policías, en su mayoría cuando se encontraban de licencia. 
     
Los ataques de las pandillas arreciaron luego de que el gobierno se negara a negociar con sus cabecillas y respondiera enviándolos a una cárcel de máxima seguridad, donde han perdido todos los privilegios penitenciarios.  
    
Según las autoridades, los pandilleros están involucrados en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país. Un 60% de las víctimas son miembros de estas estructuras criminales que tienen presencia en barrios populosos.

El presidente de la Asociación del Transporte Público de Pasajeros Roberto Soriano informó que “al menos el 90% de las unidades ya están trabajando, pero mañana (sábado) todo estará completamente normal”.

El viceministro de Transporte, Nelson García, dijo durante una entrevista con la Televisión Nacional, que “el servicio tiende a normalizarse, ya se restableció el servicio en la mayoría de la franja norponiente de Salvador”. Añadió que solamente dos rutas no están trabajando en la capital.

García dijo que el Plan de Contingencia puesto en marcha el jueves recién pasado continuará con la presencia de la Policía y de la fuerza armada en las calles y las terminales de buses, así como también con el acompañamiento dentro de las unidades para garantizar la seguridad de los pasajeros y del personal del transporte.

Los autobuses, camiones y pick up del gobierno continúan dando el servicio de transporte a la población en la zona metropolitana de San Salvador.

El empresario del trasporte, Elizardo Lovo confirmó que ellos pararon porque una de las dos pandillas con mayor presencia en ese país, el Barrio 18 los amenazaron con matar a los choferes. Las amenazas llegaron por intermediarios, según dijo.

“Lo que ellos quieren es que sus cabecillas salgan de la cárcel de máxima seguridad”, afirmó Lovo en entrevista con la televisión local.

El secretario de Comunicaciones del gobierno salvadoreño Eugenio Chicas dijo que muchos empresarios decidieron sacar sus unidades, pero reconoció que aún hay cerca de 100 rutas de autobuses en paro.

El empresario de autobuses Genaro Ramírez confirmó que policías y soldados estaban dando seguridad a las unidades pero denunció que las amenazas de las pandillas continúan y advirtió que “ahora los pandilleros se van a ir contra nosotros los empresarios”. Por lo menos ocho motoristas han sido asesinados por pandilleros desde el domingo.

Los transportistas denunciaron que las pandillas exigieron que todos los empresarios paguen la llamada renta, que es la cantidad semanal que deben de entregar para no ser atacados por los grupos criminales.

Chicas dijo que los pandilleros usan la paralización del transporte como una forma de presión, “pero nuestro gobierno ha sido claro, no vamos a negociar con criminales”.

Según el viceministro de Transporte Nelson García, “no están funcionado todas las unidades, pero ya se restableció el servicio en la mayoría de la franja norponiente de San Salvador. Donde todavía tenemos dificultades es la parte sur”. Aseguró que hay un proceso de normalización del transporte.

“Ha mejorado, hay más rutas (de autobuses) trabajando, pero muchas unidades siguen guardadas por el miedo a estos muchachos (pandillas)”, manifestó Esteban Miranda cuando se aprestaban a subirse a un camión del ejército que presta el servicio gratis desde la periferia norte de la ciudad.

En el centro histórico de la capital, con gran presencia de policías y militares, lucía tranquilo, decenas de autobuses, camiones y pick up que puso a circular el gobierno, llegaron a la zona sin problemas.

“No tuve problemas, llegue sin novedad” porque hay camiones y camionetas que substituyen a los autobuses. “Están cobrando caro, me cobraron un dólar, pero puedo llegar al trabajo”, agregó Manuel Zepeda, que trabaja en un local comercial del centro de la capital. La tarifa de transporte es 20 centavos de dólar.

La embajada de los Estados Unidos en El Salvador advirtió a los ciudadanos de su país sobre las amenazas de las pandillas con intensificar el nivel de violencia y citó como ejemplo los recientes ataques a los trabajadores del transporte público y el ataque con una granada que explotó en el parqueo de un importante hotel de la capital.

La embajada aclaró que no tiene conocimiento de ninguna amenaza específica dirigida contra los ciudadanos de Estados Unidos. Sin embargo, dijo que la , la violencia de las últimas semanas, junto con la nueva información, demuestra la necesidad de ser cautelosos y les recomendó evitar estar en bares y restaurantes al aire libre.

El vice ministro de Transporte, Nelson García, confirmó que de las 1.133 rutas del transporte colectivo que cubre todo el país, “44 rutas están trabajando de forma irregular y otras no están trabajando.”

García también anunció medidas de emergencias para proteger a la población y que pondrán en circulación autobuses de empresas privadas, así como autobuses y camiones de la Policía y del ejército para garantizar que los ciudadanos lleguen a sus destinos.

La Fiscalía General de la República confirmó el asesinato de dos motoristas en diferentes zonas de la capital.

El primer subdirector general de la Policía Nacional Civil, comisionado Howard Cotto, anunció que habían suspendido las licencias de todo el personal policial para hacerle frente a la situación y confirmó que las pandillas están involucradas en las amenazas.

Confirmó que los pandilleros llegaron hasta las terminales de autobuses y distribuyeron panfletos que contenían amenazas contra los empresarios.

Sostuvo que “la intención de estos grupos criminales es buscar una negociación o tregua, que ya han venido insistiendo y que los cabecillas que están en Zacatecoluca puedan regresar a penales que no sean de máxima seguridad.”

“Les dijeron a los compañeros que no vinieran a la marcha, los amenazaron con meterlos presos, que si venían se atuvieran a las consecuencias, pero yo creo que por eso no nos pueden meter presos”, dijo a los periodistas uno de los soldados que lideraban la protesta.

El soldado que no pudo ocultar su nerviosismo y molestia, también con el rostro cubierto, habló con uno de los oficiales que llegaron al lugar para advertirles que debían de regresar a sus puestos de trabajo.

“El motivo de esta marcha es porque necesitamos el bono, queremos que se nos entregue el bono de 600 dólares que el gobierno prometió”, dijo el militar mientras trataban de alentar a sus compañeros para que no desistieran, pero al parecer la advertencia del oficial caló en los militares que poco a poco comenzaron a retirarse.

Según el militar, el bono solamente se le entregó a los miembros de la Policía Nacional y no hubo para los soldados que también combaten la criminalidad.

También se citó a dar explicaciones al director general de Centros Penales, Rodil Hernández.

La investigación surge luego que Paolo Luers, uno de los mediadores de la tregua de pandillas, publicara el 15 de julio recién pasado en su blog el manuscrito firmado por 13 de los cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS 13) y de las dos fracciones del Barrio 18, que guardan prisión en una cárcel de máxima seguridad, en la que plantean su propuesta al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén y al Consejo de Seguridad Ciudadana.

Consejo de Seguridad Ciudadana

El Consejo está integrado por representantes de la empresa privada, diferentes iglesias, municipalidades, partidos políticos y la Fiscalía General de la República.

Los rumores de una nueva tregua de las pandillas tomó fuerzas con la publicación de la carta y que se haya registrado una disminución de los homicidios, pero el director de la Policía Mauricio Ramírez Landaverde declaró que la reducción es producto de los golpes que han dado a las estructuras de pandillas, “capturando a sus cabecillas que habían asumido la dirección.”

Señaló que luego de un ascenso en los homicidios en los últimos meses, ahora “hemos mejorado un poco, tenemos un promedio de 15 homicidios al día en lo que va del año, y en julio tenemos un promedio de 14 diarios.” Junio cerró con 22.6 muertes violentas al día.

“En cuento a los rumores de una segunda tregua hipócrita y hereje vamos a verificarlo, yo espero que la gente irresponsable y mal intencionada hacia el bienestar de la gente trabajadora y honrada no venga nuevamente a impulsar ese falso pacto que nunca benefició a la población salvadoreña“, manifestó Martínez.

Agregó que mantienen una investigación de los principales voceros de las pandillas, los ex guerrilleros Raúl Mijango y Luers.

Martínez, que también forma parte del Consejo de Seguridad Ciudadana, dijo que “yo advertí que el día que comenzaran a hablar el tema de la tregua o algún fenómeno similar en el Consejo, yo me retiro porque no vamos a permitir continuar con un proceso nefasto, hereje y perverso.”

Según el reporte, sujetos vestidos de negro asesinaron con armas de fuego a dos mujeres y un hombre en el cantón Salinas Zamorano, jurisdicción de Jiquilisco, departamento de Usulután, a 85 kilómetros al sudeste de la capital.

Las víctimas fueron identificadas como las hermanas Doris Alicia Morales Guevara, de 21 años, y Marisol del Carmen Morales Guevara, de 19, además de Franklin Alberto García Cruz, de 30 años, este último era promotor de la unidad de salud de la zona.

Las mujeres fueron asesinadas en el interior de su vivienda. “Al parecer usaron escopeta y armas cortas. Estando en la escena, vino una persona llorando, manifestando que había otro hecho de sangre donde se encontraba un joven fallecido”, dijo a periodistas una oficial de la Policía.

Explicó que al hombre que fue asesinado en el patio de su casa ubicado en la misma zona, “le tocaron la puerta y le dijeron que saliera, el salió, y le dieron varios disparos”.

Según las autoridades las víctimas tenían vínculos con la pandilla Mara Salvatrucha (MS 13) que opera en la zona.

En otro hecho de violencia, tres estudiantes fueron asesinados a balazos por presuntos pandilleros en el caserío Agua Zarca, en el municipio de Olocuilta, departamento de la Paz, a 22 kilómetros al sureste de la capital.

Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Brandon Arístides Mejía Comayagua, de 16 años, y Alfredo Alexander Mejía Comayagua, de 15 años, así como César Adonay Chávez, de 15, quienes fueron atacados con armas de fuego cuando se bañaban en un río.

Las autoridades dijeron que los jóvenes no estaban perfilados como pandilleros y que eran estudiantes del octavo y noveno grado, del centro escolar de la zona.

Según las autoridades las maras o pandillas que tienen presencia en barrios populares y en zonas rurales, están involucradas en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país. Se estima que más de 70 mil jóvenes y adultos están integrados en las pandillas y que unos 10 mil entre ellos sus cabecillas, están en las cárceles.

Buscan acuerdo

Mientras, los cabecillas de las pandillas de El Salvador enviaron una carta al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara y al Consejo de Seguridad Ciudadana, en la que piden se instale el diálogo para buscar la paz.

Paolo Lers, uno de los mediadores de la tregua de pandillas, publicó el miércoles en su blog el manuscrito suscrito por 13 de los cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS 13) y de las dos fracciones del Barrio 18, que guardan prisión en una cárcel de máxima seguridad, en la que plantean su propuesta al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén y al Consejo de Seguridad Ciudadana, integrado por representantes de la empresa privada, diferentes iglesias, municipalidades, partidos políticos y la Fiscalía General de la República.

“Hacemos un llamado a ustedes a darle oportunidad a la nación salvadoreña a desarrollarse en un ambiente más pacífico y establecer los mecanismos que puedan permitirnos a ambos establecer acuerdos para alcanzar la tan anhelada paz a través del diálogo; quedando por sobrentendido que en ningún momento buscamos negociar nada con nadie, ya que estamos claros de nuestra condición”, expresan.

Las pandillas acordaron una tregua en marzo del 2012 y los homicidios bajaron hasta cinco por día. Desde que la tregua se rompió en septiembre del 2013, los homicidios han aumentado y junio cerró con un promedio de hasta 22 al día.

El gobierno del presidente Mauricio Funes (2009-2014), nunca aceptó haber negociado, pero reconoció que había actuado como facilitador del acuerdo entre pandillas y dijo que no les prometió nada.

No obstante, el hecho es que algunos líderes de las pandillas fueron trasladados de la cárcel de máxima seguridad conocida como Zacatraz, a prisiones en las que sus condiciones de vida mejoraron.

En lo que va del año las pandillas han buscado sentarse a dialogar, pero el presidente Sánchez Cerén les ha cerrado toda posibilidad, les advirtió que cumplirá con su mandato de aplicar la ley, y regresó a Zacatraz a los cabecillas de las pandillas, donde supuestamente pierden todos los beneficios penitenciarios y no tienen comunicación con el exterior.

El vicepresidente de la República, Oscar Ortiz que reconoció la existencia de la carta, reiteró que “no se puede negociar con grupos criminales”.

En El Salvador, considerado uno de los países más violentos del mundo, los pandilleros están involucrados en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país. Estados Unidos declaró a la Mara Salvatrucha una organización criminal transnacional.

El tema ha tomado fuerza en sectores opositores al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, luego que el consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Thomas Shannon, dijo a periodistas locales durante su reciente visita al país, que podría ser de ayuda contar con un comité similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para combatir la corrupción, el crimen organizado y la escalada de violencia que sacude a El Salvador.

Los periodistas le preguntaron al consejero Shannon si consideraba viable instalar una CICI en ese país, y respondió que sería inteligente para El Salvador y Honduras buscar un aporte o una ayuda de la comunidad internacional, pero señaló que esa es una decisión que compete a los salvadoreños, aunque reconoció que en Guatemala ha dado muy buenos resultados.

Sin espacio

Ante las voces que consideran la necesidad de instalar en el país una comisión semejante, Chicas manifestó que, “estamos siempre abiertos al mundo para el diálogo, para el intercambio, para conocer de otras experiencias, pero intervención en ese sentido consideramos que, ni constitucionalmente existe el espacio para eso, ni políticamente existe tampoco espacio para eso”.

Añadió que “tenemos una institucionalidad derivada de los Acuerdos de Paz (que pusieron fin a 12 años de guerra 1980-1992) que nos ha permitido contar con los resortes, los mecanismos, los soportes institucionales para resolver nuestros propios problemas”.

Una de las publicaciones reveló el nombre de los líderes pandilleros que habrían ordenado los ataques y dio detalles de los vehículos y armamentos que se usarían.

Agregó que además los pandilleros realizarían ataques armados a restaurantes de la Zona Rosa, ubicados en la exclusiva colonia San Benito, con el propósito de distraer a las autoridades mientras atacaban la casa presidencial.

Al trascender la información la Fiscalía informó que realizará la investigación de oficio.

El vicepresidente y ex comandante guerrillero Oscar Ortiz dijo a los periodistas que no hay una amenaza concreta y que el Organismo de Inteligencia del Estado “ha iniciado las investigaciones”.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones del gobierno, Eugenio Chicas, sostuvo en una entrevista con Radio Nacional que “no le damos relevancia. Es un hecho que surge de la rumorología de redes sociales”.

Explicó que la versión “circuló en internet sin ningún fundamento, sin ninguna responsabilidad, luego un periódico local lo retomó y le dio un rango de cobertura en su espacio digital y eso le ha dado esa dimensión”. Chicas negó además que la información tenga como origen documentos de inteligencia del gobierno.

El funcionario señaló que en el país hay plena libertad de expresión y de prensa y que cada medio de comunicación tiene el derecho de publicar lo que considere conveniente, pero afirmó que “pone en riesgo su credibilidad si de rumores construye una noticia”.

En los últimos meses las pandillas han arreciando sus ataques contra las autoridades y en lo que va del año han asesinado a 34 policías, a un mecánico de esa fuerza, a 13 militares, a seis guardias de centros penales y a un fiscal.

Pistoleros de la pandilla Barrio 18, llegaron el martes reciente hasta las proximidades del edificio del Parlamento Centroamericano, en las proximidades del Centro de Gobierno, se bajaron de un vehículo y le dispararon a los policías a corta distancia que no lograron desenfundar sus armas.       

Los asesinos huyeron del lugar a bordo de un vehículo en que abandonaron a pocas cuadras de la escena del crimen y abordaron otro vehículo en el que se dieron a la fuga.       Las autoridades iniciaron la búsqueda con el apoyo de helicópteros de la Policía y fueron alertados que los atacantes se habían refugiado en una auto hotel de la zona.

Fuerzas combinadas de la Policía y del ejército hicieron una revisión en el auto hotel y en una de las habitaciones encontraron a los tres hombres que según las autoridades participaron en el ataque y los identificaron como miembros de la pandilla Barrio 18.       

Con la muerte del agente Montiel Benítez, en lo que va del año los grupos criminales han asesinado a 34 policías, a un mecánico de la corporación, a 13 militares, a seis guardias de centros penales y a un fiscal. En el 2014 fueron asesinados 239 policías, en su mayoría cuando se encontraban de licencia.

Los ataques de las pandillas arreciaron luego que el gobierno se negará a negociar con sus cabecillas y respondiera enviándolos a una cárcel de máxima seguridad, donde han perdido todos los privilegios penitenciarios.       

Según las autoridades, los pandilleros están involucrados en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país. Un 60% de las víctimas son miembros de estas estructuras criminales que tienen presencia en barrios populosos.       

El mes de junio cerró con 677 homicidios, superando los registros históricos en El Salvador. En mayo se reportaron 641 homicidios, con un aumento significativo en comparación con los primeros meses del año.       

El 2014 cerró con tres mil 942 asesinatos, un aumento de mil 429 muertes violentas en comparación con el 2013.  

La Policía Nacional Civil informó que el agente fue atacado el sábado cuando viajaba en una moto con sus hijos en el cantón La Esperanza, del municipio de Huizúcar, departamento de La Libertad, a 25 kilómetros al sur de la capital.

Según la información, los pandilleros interceptaron al agente identificado como José Adán Servellón Benavides y lo balearon. Los delincuentes secuestraron a ambos menores y después los dejaron en libertad.

Unidades combinadas de la policía y del ejército, apoyadas por unidades helicópteros, peinaron la zona en busca de los criminales.

En lo que va del año los pandilleros han asesinado a 29 policías y 13 militares, en su mayoría cuando se encontraban de licencia. Algunos fueron ejecutados frente a familiares.

En otro hecho de violencia, supuestos pandilleros asesinaron el sábado a dos mujeres dentro de un autobús que efectuaba su recorrido desde el municipio de Apopa, en la periferia norte de la capital, hacia San salvador.

Según las autoridades, dos hombres, supuestamente pandilleros, ingresaron en la unidad y dispararon contra las dos mujeres identificadas como Rosenda Ambrosia Zelaya, de 84 años, y su nieta Elizabeth Zelaya.

La dos mujeres murieron después de que las llevaran aún con vida a un puesto de auxilio de la Cruz Roja, en Apopa. Las autoridades dijeron que investigan el caso y que se desconocen las causas del doble homicidio.

En tanto, la Fiscalía General de la República informó el sábado que dos pandilleros murieron en un intercambio de disparos con la policía en una zona rural del municipio San Luis Talpa, del departamento de La Paz, a 34 kilómetros al sudeste de la capital.

En El Salvador, la violencia roza el nivel de guerra sin pronta solución http://t.co/WzuGeo12Pw pic.twitter.com/Ff6OWbeM8A

— AP Noticias (@AP_Noticias) June 22, 2015

Se ha corrido el rumor que sólo las chicas de los pandilleros pueden teñirse de rubia o pelirroja y de que quien desobedezca podría pagar las consecuencias.

“Además, dicen que tampoco pueden llevarse amarillo y rojo en la ropa, ni rejilla”, cuenta Claudia Castellanos, una peluquera que trabaja en un salón de belleza de un barrio elegante de la capital. “Viera que ya atacaron a una mujer en un busito por ir de amarillo”.

Los rumores son falsos

Las pandillas, cada vez más sofisticadas, y no sólo a nivel criminal sino también en lo que tiene que ver con su imagen, publicaron un comunicado negándolo con rotundidad. Pero abrumadas por unos niveles de violencia que compiten con los que se vivieron durante la guerra contra la insurgencia de hace décadas, pocas mujeres están dispuestas a jugársela y convertirse en objetivo potencial de aquellos a quienes ya saben capaces de cualquier barbaridad.

El Salvador acaba de vivir uno de los peores meses desde el fin de la guerra civil, en 1992, con 635 homicidios registrados en mayo, 20 al día, en un país de poco más de seis millones de habitantes. Y junio, de seguir así, podría ser aún peor.

Castellanos cuenta con los dedos de su mano las clientes que han entrado a pedirle que les tiñera el pelo: una, dos, tres, tal vez cuatro…

“No esperas aclaraciones”, dice María José Estrada, una exrubia de 32 años que vive en las afueras de San Salvador. “Esos están locos y matan”.

El miedo se ha generalizado en ese país. Cae la noche, cierran los comercios y las calles se quedan desiertas. Frente a las comisarías de policía, donde muchos agentes pasan la noche porque se sienten más seguros que tomando un bus hasta sus casas, hay barreras que tratan de impedir ataques con granadas.

Veinticuatro policías han muerto asesinados por pandilleros en lo que va de año.

Los taxistas se cuidan de moverse con los vidrios abajo para que se les pueda reconocer y conocen los cambios de luces que deben darles a los banderas (vigilantes) de las pandillas, que controlan la entrada de muchas colonias.

La Policía y quienes conocen ese mundo achacan el repunte de la violencia y la inseguridad crecientes a la ruptura de la tregua entre pandillas que el gobierno facilitó desde el 2012. Aunque los homicidios descendieron hasta un 75%, los críticos del diálogo creen que la tregua abrió espacios que reforzaron a las pandillas, que les permitieron sofisticar su extorsión, entrenarse y dotarse de más y mejores armas.

Ofensiva contra las pandillas

Los líderes de las pandillas encarcelados fueron transferidos a regímenes penitenciarios más permisivos y, desde allí, pudieron gestionar no sólo la tregua sino sus actividades criminales.

Pero en enero, apenas medio año después de asumir el poder, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén rechazó en público cualquier posibilidad de un proceso de paz y dio inicio a una ofensiva contra las pandillas, además de devolver a sus líderes a regímenes de aislamiento desde donde ya no pueden gestionar a sus organizaciones. Ahora en la calle manda una nueva generación más joven y sanguinaria.

“Quitas el liderazgo maduro, con el que te puedes entender políticamente, y tendrás que ver estructuras más jóvenes y fanatizadas que quieren darse a conocer”, explica Raúl Mijango, un ex comandante guerrillero que facilitó la tregua. “Quieren guerra”.

Y la Policía está lista para pelearla.

“Las cosas tienen que empeorar antes de empezar a mejorar”, dijo un policía que no acepta ser citado por miedo a represalias. “Si me encuentro con uno, plomazo le voy a dar antes de que me lo dé él a mí.”

La Policía dice que es la presión que está aplicando contra las pandillas lo que ha provocado un éxodo de los criminales al mundo rural, extendiendo la violencia a lugares que antes la vivían con menor intensidad.

Mientras quienes decían ser sus parientes trataban de levantarlos cuesta arriba para depositarlos en el vehículo de la morgue, con dificultad y no sin que se cayesen al suelo varias veces antes de llegar, un subinspector recordaba lo sucedido.

Alguien les avisó de un tiroteo. Los pandilleros, miembros de la Mara Salvatrucha, se entrenaban en un galpón que un día albergó ganado y trataron de huir al saberse descubiertos. Uno de ellos, el más joven, el líder de la clica, o grupo, tenía una granada militar que no llegó a usar.

Se protegen contra violencia

La población sabe que eso ya sucede a menudo y trata de protegerse.

A Carlos Tremiño, un comerciante de 42 años que vive al norte de la capital, ya no le queda otra opción que acompañar a sus hijos adolescentes cada día a la escuela para protegerlos de los pandilleros.

“Esos estos jodidos los acechan en las salidas y entradas a las escuelas. Les ofrecen todo para que entren a las pandillas y si se niegan los matan”, dice.

“La situación está mala, cada día hay más asesinatos, las pandillas están por todos lados. Yo voy hacer todo para cuidar a mis hijos.”

Howard Cotto, Subdirector General de la Policía y antiguo comandante guerrillero dice que en esta ocasión las pandillas no encontrarán el apoyo social que ellos tuvieron cuando se enfrentaron al gobierno en los 80.

“No tienen proyecto político ni ideología”, dice. “Por eso son mucho más vulnerables.”

Pero también cree que la de hoy no es una guerra que se pueda ganar militarmente si no se modifican las condiciones sociales de exclusión que vive gran parte de la juventud de ese país. Aunque afirma que en un año se ha arrestado a unos 12 mil pandilleros de una cifra que podría llegar a 70 mil, reconoce que “podemos entrar en una comunidad y llevarnos a 50 pandilleros que otros 50 entrarán en la pandilla.”

“Sólo con represión no resolveremos nada”, concluyó.

Mijango sigue viendo la negociación como la única salida posible para evitar que el país se hunda en un baño de sangre como el que se vivió cuando el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se levantó contra los gobiernos conservadores de la década de los 80.

Solo que ahora es el FMLN quien gobierna, son las pandillas quienes controlan el 90% del territorio en el que viven los salvadoreños.

Y según Mijango, se está haciendo “el mismo cálculo que el gobierno hizo en 1982, antes de 12 años de guerra con 75 mil muertos.”

Policías hombres y mujeres, muchos de ellos con los rostros cubiertos con pasamontañas y acompañados de familiares, se congregaron frente a las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones y luego marcharon hacia Casa Presidencial, pero unidades de choque de la policía les cerraron el paso.

“No pueden pasar, no podemos permitirles que pasen, los compañeros lo saben y tienen que comprender”, dijo a los periodistas un oficial que estaba al frente de la Unidad de Mantenimiento del Orden.

El oficial se negó a comentar si son justas o no las demandas de sus compañeros. Los policías y los guardias de centros penales exigen un ajuste salarial de mil dólares mensuales.

“Las mujeres policías estamos aquí para defender nuestros derechos, queremos que nos den un salario justo, queremos que nos paguen mil dólares mensuales porque lo que ganamos no es suficiente para cubrir los gastos de nuestros hogares”, dijo una policía cubierta con el rostro cubierto.

Agregó que “salimos todos los días a la calle a defender al pueblo y arriesgamos nuestras vidas, cuando salimos de licencia nos están matando y no es justo lo que nos están pagando”.

El lunes en la noche pandilleros del Barrio 18 asesinaron a un agente de la policía destacado en la División de Protección a Personalidades Importantes quien logró sacar su arma e hirió a tres atacantes que fueron capturados.

Una mujer y un niño que pasaban por la zona resultaron con heridas de bala. En lo que va del año, los criminales han asesinado a 26 policías cuando se encontraban de licencia. En 2014 las pandillas intensificaron sus ataques contra policías y mataron a 39 agentes.

Marvin Reyes, vocero de los policías, explicó que a la marcha y concentración sólo se presentaron “los compañeros que están de licencia, porque muchos están trabajando para proteger al pueblo”.

“Este movimiento no se va a detener, la organización de los trabajadores y trabajadoras de la policía es una realidad”, agregó.

El policía denunció que el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) prometió mejorar las condiciones de trabajo y salariales de los policías “pero solo cumplió con los oficiales, para ellos llegó la mejora bastante sustanciosa entre US$600 y US$1 mil 200”, agregó.

En tanto, el ministro de Justicia y Seguridad Pública Benito Lara informó que especialistas de la policía desactivaron una trampa explosiva colocada en un automóvil abandonado en una populosa colonia del municipio de Soyapango, en la periferia este de la capital.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara reconoció el martes que la cifra de homicidios en mayo llegó a 635 y dijo que “uno de los móviles en este momento es la disputa territorial entre las pandillas, de manera fundamental”.

Pero el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde afirmó también que “se trata de una campaña para hacer crecer homicidios y por hacer números. En estos casos los grupos criminales se van por lo más fácil”.

El jefe policial dijo que el 60% de las víctimas son pandilleros vinculados con estas estructuras criminales, que habrían sido asesinados por grupos rivales o por sus mismos compañeros.

El ministro Lara sostuvo que el incremento de la violencia también está relacionado con el traslado a otros centros penales de más de 2.600 miembros de estas estructuras criminales, entre ellos los cabecillas que fueron enviados a la cárcel de máxima seguridad conocida como Zacatraz, en el municipio de Zacatecoluca, a 56 kilómetros al este de la capital, donde han perdido todos los beneficios penitenciarios.

Reveló además un incremento de balaceras entre las pandillas y los cuerpos de seguridad y dijo que en los primeros cinco meses del año han decomisado cerca de 1.400 armas, entre ellas “muchas armas largas que antes no se miraban con frecuencia”.

“Es un armamento que ha dejado de ser la pistolita, o el trabuco (arma hechiza)”, dijo el funcionario que también aclaró que “no es que tengan una cantidad inmensa de armas”.

• Según estadísticas oficiales, el 2014 cerró con 3.942 homicidios en el país, 1.429 más que el año anterior.

A las 10 hora local, las campanas de las iglesias de San Salvador, El Salvador, anunciaron la ceremonia de beatificación de monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Miles de salvadoreños comenzaron a congregarse este sábado en una plaza capitalina donde se desarrolla este sábado la beatificación de monseñor Oscar Arnulfo Romero, asesinado por un francotirador cuando oficiaba misa en marzo de 1980.

Las delegaciones de miles de parroquias del interior del país y otras naciones centroamericanas ingresaron a la plaza de manera ordenada y con banderas amarillas y blancas, los colores de la Iglesia Católica.

“Podrán matar al profeta, pero no la voz de la justicia, su voz nunca la van a callar”, entonaron los feligreses de la parroquia de la Señora de La Asunción, de uno de los suburbios del norte de la capital.

“Sus palabras quedarán para la eternidad”, dijo Marlene Sánchez, una empleada de 26 años.

Se veía a jóvenes, la mayoría nacidos después del asesinato del arzobispo, pero que relataban que conocieron la vida y muerte de Romero a través de sus abuelos, padres y las parroquias de las comunidades. Para el seminarista hondureño Carlos Zavala, de 24 años, monseñor Romero “ha influenciado la labor pastoral en América Latina para ponerla al servicio del pueblo… estoy emocionadísimo y estamos aquí enfrente del templete donde será la beatificación”.

Los invitados especiales comenzaron a llegar al templete, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani, el primer mandatario de la derechista Alianza Republicana Nacionalista. Durante su mandato (1989-1994) se firmaron los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil y se emitió una ley de amnistía para todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos, entre ellos los autores intelectuales y materiales del magnicidio de Romero.

Al acto asisten  más de 260 mil personas reunidas en un radio de 5.6 kilómetros.

Vea el video donde el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, visita la cripta de monseñor Oscar Romero. (Video: La Prensa Gráfica/El Salvador).

A continuación se reproduce el texto del sumo pontífice: “La beatificación de monseñor Oscar Arnulfo Romero Galdámez, que fue Pastor de esa querida Arquidiócesis, es motivo de gran alegría para los salvadoreños y para cuantos gozamos con el ejemplo de los mejores hijos de la Iglesia.

Monseñor Romero, que construyó la paz con la fuerza del amor, dio testimonio de la fe con su vida entregada hasta el extremo.El Señor nunca abandona a su pueblo en las dificultades, y se muestra siempre solícito con sus necesidades.

Él ve la opresión, oye los gritos de dolor de sus hijos, y acude en su ayuda para librarlos de la opresión y llevarlos a una nueva tierra, fértil y espaciosa, que mana leche y miel (cf. Ex 3, 7-8) . Igual que un día eligió a Moisés para que, en su nombre, guiara a su pueblo, sigue suscitando pastores según su corazón, que apacienten con ciencia y prudencia su rebaño (cf. Jer 3, 15).

En ese hermoso país centroamericano, bañado por el Océano Pacífico, el Señor concedió a su Iglesia un Obispo celoso que, amando a Dios y sirviendo a los hermanos, se convirtió en imagen de Cristo Buen Pastor.

En tiempos de difícil convivencia, Monseñor Romero supo guiar, defender y proteger a su rebaño, permaneciendo fiel al Evangelio y en comunión con toda la Iglesia.

Su ministerio se distinguió por una particular atención a los más pobres y marginados. Y en el momento de su muerte, mientras celebraba el Santo Sacrificio del amor y de la reconciliación, recibió la gracia de identificarse plenamente con Aquel que dio la vida por sus ovejas.

En este día de fiesta para la Nación salvadoreña, y también para los países hermanos latinoamericanos, damos gracias a Dios porque concedió al Obispo mártir la capacidad de ver y oír el sufrimiento de su pueblo, y fue moldeando su corazón para que, en su nombre, lo orientara e iluminara, hasta hacer de su obra un ejercicio pleno de caridad cristiana.

La voz del nuevo Beato sigue resonando hoy para recordarnos que la Iglesia, convocación de hermanos entorno a su Señor, es familia de Dios, en la que no puede haber ninguna división.

La fe en Jesucristo, cuando se entiende bien y se asume hasta sus últimas consecuencias genera comunidades artífices de paz y de solidaridad. A esto es a lo que está llamada hoy la Iglesia en El Salvador, en América y en el mundo entero: a ser rica en misericordia, a convertirse en levadura de reconciliación para la sociedad.

Monseñor Romero nos invita a la cordura y a la reflexión, al respeto a la vida y a la concordia. Es necesario renunciar a la violencia de la espada, la del odio, y vivir la violencia del amor, la que dejo a Cristo clavado en una cruz, la que se hace cada uno para vencer sus egoísmos y para que no haya desigualdades tan crueles entre nosotros.

Él supo ver y experimentó en su propia carne el egoísmo que se esconde en quienes no quieren ceder de lo suyo para que alcance a los demás. Y, con corazón de padre, se preocupó de las mayorías pobres, pidiendo a los poderosos que convirtiesen las armas en hoces para el trabajo.

Quienes tengan a Monseñor Romero como amigo en la fe, quienes lo invoquen como protector e intercesor, quienes admiren su figura, encuentren en él fuerza y ánimo para construir el Reino de Dios, para comprometerse por un orden social más equitativo y digno.

Es momento favorable para una verdadera y propia reconciliación nacional ante los desafíos que hoy se afrontan. El Papa participa de sus esperanzas, se une a sus oraciones para que florezca la semilla del martirio y se afiancen por los verdaderos senderos a los hijos e hijas de esa Nación, que se precia de llevar el nombre del divino Salvador del mundo.

Querido hermano, te pido, por favor, que reces y hagas rezar por mí, a la vez que imparto la Bendición Apostólica a todos los que se unen de diversas maneras a la celebración del nuevo Beato”.

Según la información, cuatro de los cadáveres fueron localizados en la calle, otro fue encontrado en las proximidades de la vivienda donde fueron secuestrados y uno de los pandilleros era menor de edad.

Las autoridades revelaron que los pandilleros pertenecían a la Mara Salvatrucha (MS13) y de acuerdo con las primeras investigaciones, la matanza fue perpetrada por un grupo de más de 10 hombres vestidos de negro que llegaron a la vivienda, secuestraron a los pandilleros y posteriormente los ejecutaron.

-Triple homicidio-

En otro hecho de violencia, las autoridades reportaron un triple homicidio en la comunidad San Hilario del departamento de Usulután, a 110 kilómetros al sudeste de San Salvador.

La Fiscalía señaló que las víctimas, supuestamente miembros de la Mara Salvatrucha, fueron identificadas como Ernesto Antonio Hernández Argueta, de 20 años, y José Milton A y José Francisco R, ambos de 15.

Los supuestos pandilleros murieron por balas de escopetas y fusiles M16.

Las autoridades informaron también del asesinato de un militar y su esposa, ocurrido la tarde del sábado recién pasado cuando viajaban en un autobús de transporte colectivo en la jurisdicción de San Juan Opico, del departamento de la Libertad, a 43 kilómetros al noroeste de la capital.

Las primeras investigaciones apuntaron a que los asesinos subieron al vehículo y fueron directo a dispararle al militar para luego acribillar a su esposa.

La MS13 es una de las principales pandillas que operan en El Salvador y fue incluida en el 2012 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su lista de las agrupaciones criminales más peligrosas del mundo, junto al cartel de drogas los Zetas, de México; la Yakuza, japonesa, y la Camorra, italiana.

Según funcionarios, las maras o pandillas que tienen presencia en barrios pobres y populares de ese país están involucradas en la mayoría de crímenes que se cometen.

En los últimos meses, El Salvador ha experimentado un repunte de la violencia criminal, en la que sus principales generadores son las peligrosas pandillas.

De acuerdo a cifras del Instituto de Medicina Legal (forense), las víctimas de la violencia totalizaron 1 mil 551 entre enero y abril recién pasado.

Según la información de la Fiscalía, los detenidos ofrecían a personas llevarlas a Estados Unidos a cambio de US$7 mil 500.

Iraheta Méndez fue electo el 1 de marzo como diputado suplente por el departamento de Cabañas, en la zona central del país.

La Fiscalía también busca a un tercer implicado identificado como Oscar Arturo Alfaro, de 32 años, quien supuestamente era el encargado de hacer diferentes préstamos a las personas interesadas en viajar a Estados Unidos. A las víctimas se les exigían garantías de inmuebles por los préstamos.

Los detenidos serán llevados ante los tribunales de justicia donde serán juzgados.

Papa pide acciones

El Vaticano quiere que la ONU adopte como parte de sus objetivos la lucha contra la trata de personas, y que ésta sea considerada como un crimen contra la humanidad, informó este martes la Santa Sede.

La Academia Pontificia de Ciencias Sociales celebra desde el viernes pasado su asamblea anual. Desde entonces varios naufragios de inmigrantes en el Mediterráneo han conmocionado al mundo.

En este sentido, la organización planteó este martes la posibilidad de que se reconozca a nivel internacional, con la categoría jurídica de crimen en contra de la humanidad, la trata de personas.

El papa Francisco tiene previsto recibir el 28 de abril al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el Vaticano para una reunión centrada en la defensa del medio ambiente, aunque la lucha mundial contra la trata de personas, que fue calificada por el pontífice como una “tragedia del siglo XXI”, podría ser incluida en la agenda.

También espera que se proponga la eliminación de la trata de personas como un objetivo de la ONU.

Los expertos del Vaticano señalaron además que para luchar contra el tráfico, hay que combatir la “demanda” , es decir el hecho que empresas busquen reclutar a personas para el trabajo forzado.

Según un reciente informe de Naciones Unidas sobre el tráfico de personas, un 70% de las víctimas en el mundo son mujeres y un 72% de los traficantes son hombres.

Según cifras de la Policía Nacional Civil, en marzo recién pasado se registraron 481 homicidios en ese país. Un promedio de 15.5 al día. Y abril no parece iniciar mejor: sólo en los primeros cinco días se registraron 73 asesinatos, de nuevo 15 diarios. Si la violencia no se frena, El Salvador superará en breve a Honduras como ese país sin guerra declarada con más homicidios per cápita del mundo.

Mientras las autoridades aseguran que el incremento de homicidios se debe una maniobra de las pandillas para obligar a negociar al gobierno, otros consideran que es una reacción de los líderes de las pandillas contra la política de mano dura aplicada tras el fracaso de la tregua entre la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que comenzó durante el gobierno anterior en la primera mitad del 2012.

La tregua, que arrancó con una serie de traslados de los líderes pandilleros de una cárcel de máxima seguridad a prisiones con menos restricciones, se tradujo en una caída en los homicidios desde una media de 14 diarios a un promedio de cinco durante 16 meses seguidos. Sin embargo, los asesinatos volvieron a repuntar hacia junio del 2013 y ya nunca descendieron.

El nuevo gobierno del exlíder guerrillero, Salvador Sánchez Cerén, asumió a mediados del 2014 y abiertamente se ha manifestado en contra de cualquier proceso de negociación con las pandillas, que según diversos informes podrían tener hasta 70mil miembros, 10 mil de ellos encarcelados, en un país de seis millones de habitantes.

Desde que tomó posesión la nueva administración, no sólo se ha revertido cualquier medida favorable a los pandilleros en materia de concesiones penitenciarias sino que envió a los líderes pandilleros de vuelta a las cárceles de máxima seguridad. Su gobierno también reformó la ley con el objetivo de que los policías puedan llevarse sus armas a casa.

“Aquel miembro de la institución que tenga la necesidad de usar su arma de fuego en cumplimiento del deber o en defensa de su propia vida o de terceras personas, que lo haga sin ningún temor. Hay una institución y un gobierno que lo va a proteger“, dijo el director general de la institución en enero recién pasado.

Vea el reportaje que elaboró la cadena hispana en EE. UU., Univisión. (Youtube).

Muchos de los ataques de las pandillas se han dirigido a la Policía. En lo que van del año los pandilleros han matado a 20 policías frente a los 39 que asesinaron en el 2014, según datos oficiales.

Para explicar la violencia y su aumento, Mauricio Ramírez Landaverde, director general de la Policía Nacional Civil dijo que “las pandillas de una forma deliberada quieren hacer números, incrementar las cifras de forma deliberada para presionar, para pretender acorralar a las instituciones y al país entero“, dijo recientemente

El exdiputado y exguerrillero Raúl Mijango, que durante el 2012 y el 2013 fue parte de la negociación de la tregua y en enero trató de reactivarla infructuosamente, dijo que “todo lo que está pasando ya estaba anunciado. (pero) Esto se puede parar en cuestión de días.”

“La decisión de trasladar a los cabecillas a la cárcel de máxima seguridad conocida como “Zacatraz” (a 54 kilómetros al este de la capital) provocó la reacción de grupos operativos de las pandillas que incrementaron sus ataques contra policías y la población“, agregó.

Algunos observadores y expertos ven una combinación de factores detrás de la violencia, aunque todos asociados al fin de la tregua.

Ana Tager, directora regional para América Latina de la organización civil Interpeace, consideró que el regreso de los líderes a la cárcel de máxima seguridad se ha traducido en que no puedan mantener contactos con sus grupos en las calles, donde otros cabecillas no ven ningún incentivo en reducir la violencia frente a unas autoridades que han prometido perseguirles a cualquier costo.

“La gente en la calle está viendo que sus liderazgos estaban apostando a algo que realmente no caminó, no funcionó“, dijo. “El que está en la calle quiere vivir su momento y nada más.”

Quince salvadoreños mueren a diario producto de la violencia. (Foto Prensa Libre: AP).

Además, agregí que existen indicios de que las pandillas podrían comenzar a ver como rivales no sólo a otros grupos, sino a los cuerpos de seguridad, lo cual podría incrementar aún más la violencia.

El temor de Tager es que “ellos empiecen a visualizar que probablemente el enemigo no es el (grupo pandillero) contrario, sino que pueden ser las fuerzas de seguridad del Estado“.

La analista expuso que “el gobierno de El Salvador no cumplió su parte, por ejemplo, la creación de oportunidades de reinserción para los criminales.”

Muchos analistas entienden que el número de homicidios en El Salvador funciona como una especie de “resorte” elástico, un término utilizado en el pasado, que las pandillas contienen y sueltan, un foco del que suben y bajan la intensidad, según sus intereses del momento.

Durante el velorio de uno de los policías, varios agentes cubiertos de sus rostros con pasamontañas no pudieron ocultar su enojo y en entrevista con la televisora Megavisión se dirigieron a los pandilleros para advertirles que los van a perseguir.

“Le hacemos un llamado a estos delincuentes, no les tenemos miedo, los vamos a topar, no les tenemos miedo, además no queremos que Asuntos Internos de la PNC se meta”, dijo uno de los policías que vestía ropa de fatiga y que no se identificó.

En la primera semana de marzo de 2012, los cabecillas de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 acordaron una tregua en momentos en que se registraban al menos 14 muertes violentas al día, Los homicidios bajaron a cinco por día.

Para facilitar la comunicación y trasladar las ordenes de parar los homicidios, 30 reos de alta peligrosidad recluidos en una cárcel de máxima seguridad conocida como Zacatraz fueron llevados a otras cárceles, donde se reunieron con el resto de los pandilleros

Pero a finales de 2013, las pandillas intensificaron sus ataques contra las fuerzas de seguridad y las pandillas rivales y a principios de 2015 volvieron a registrarse más de 14 homicidios diarios Marzo de 2015 cerró con 481 homicidios, llegando a 16 muertos violentas por día, lo que lo convierte en uno de los meses más violentos en los últimos cinco años.

Alarmante incremento de la violencia

La nación centroamericana ha experimentado un recrudecimiento de homicidios en las últimas semanas.

Las autoridades reportaron el martes nuevos enfrentamientos armados con grupos de delincuentes y el hallazgo de cinco pandilleros que fueron ejecutados en una finca en el oeste del país.

Según informaciones de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, cinco pandilleros fueron ejecutados por desconocidos en una zona rural del municipio Chalchuapa, a unos 78 kilómetros al oeste de la capital.

La información da cuenta que las víctimas eran miembros de la pandilla Mara Salvatrucha y fueron sacados de sus viviendas por hombres no identificados que los asesinaron con arma blanca y dejaron sus cuerpos en una calle de la zona.

Las autoridades identificaron a las víctimas como Rubén Arturo Avilés, de 22 años; Edwin Ernesto Morán, de 20; Josué Humberto Rivera, de 20; Hugo R, de 17; y Francisco A, de 14.

Otros dos pandilleros murieron y dos resultaron lesionados cuando se enfrentaron a la policía en diferentes puntos del país y se informó que decomisaron una subametralladora UZI.

En las últimas semanas las pandillas han incrementado sus ataques contra los cuerpos de seguridad con granadas fragmentarias contra locales de la policía que afortunadamente no han dejado víctimas.

Las pandillas también han enfocado sus ataques contra agentes de la corporación policial cuando se encuentran de licencia, y en lo que van del año han matado a 19 agentes.

En el operativo participaron fuerzas del Grupo de Reacción Policial y según el reporte oficial la acción dejó ocho delincuentes muertos, entre ellos una mujer, y un policía quedó con heridas leves.

Se decomisaron cuatro fusiles M-16, un fusil A2, una escopeta y dos armas cortas, así como municiones.

El hecho ocurrió el mismo día en que miles de salvadoreños se vistieron de blanco y salieron a las calles para exigir un fin a la violencia.

Según las autoridades los pandilleros están involucrados en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país, el 70% de los homicidios se les atribuyen y un 49% de las víctimas corresponde a miembros de esas estructuras criminales.

El 2014 cerró con tres mil 942 asesinatos, un aumento de mil 429 en comparación con el año anterior.

Seguidores de Romero, muchos de ellos extranjeros; el presidente Salvador Sánchez Cerén y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, participaron de una misa en la pequeña capilla del hospital La Divina Providencia que atiende a enfermos de cáncer terminal y donde el prelado fue asesinado.

El obispo de Saltillo, México, monseñor Raúl Vera, presidió la emotiva misa. “Don Óscar es un don que va a ayudar a la Iglesia a recuperar su sentido profético y no cabe duda que sus méritos están en la presencia de Dios“, dijo a The Associated Press.

Agregó que “Don Óscar es un poderoso intercesor del mundo en este momento para todos nosotros y una luz para la Iglesia.”

– Miles de peregrinos-

La pequeña capilla del hospitalito para cancerosos no fue suficiente para albergar a los miles de peregrinos que esperaron que terminara la misa en la que participaron varios sacerdotes y obispos y luego marcharon hacia la catedral, en un recorrido de unos siete kilómetros, para visitar la cripta que guarda los restos del religioso.

Al frente de la marcha los peregrinos portaban un inmenso retrato del arzobispo mártir, al que ahora todos llaman “San Romero de América.”

El papa Francisco aprobó el 3 de febrero el decreto para su beatificación, en el que se reconoce el “martirio” del arzobispo que fue asesinado por “odio a la fe.”

Romero será proclamado beato, un paso intermedio hacia la canonización, en una ceremonia que se realizará en la capital salvadoreña el 23 de mayo.

“Estoy aquí para rendirle homenaje a nuestro santo, Romero es nuestro, es de todos los salvadoreños, es San Romero de América y del mundo“, dijo a AP Catarino Pereira, un campesino que llegó desde Chalatenango para participar de la misa y la marcha a la catedral.

-Piden justicia

El hombre de 64 años y de piel curtida por el sol, también llegó para pedir justicia para el arzobispo que “murió por defendernos a nosotros los pobres, por defender a los más débiles. Por eso lo mataron.”

Miles de salvadoreños marcharon en la capital para conmemorar a Monseñor Romero. (Foto Prensa Libre: EFE).

Romero, llamado “la voz de los sin voz“, recibió un disparo mortal cuando oficiaba misa un día después de pedir a los militares en una homilía: “En nombre de Dios y de este sufrido pueblo les ruego, les suplico, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión.”

Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, creada poco después de los acuerdos de paz, determinó que el autor intelectual del crimen fue el ya fallecido mayor Roberto D’Abuisson, fundador del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó el país durante 20 años (1989-2009).

Amnistía promulgada

Sin embargo, los responsables materiales del crimen no serán castigados debido a una amnistía promulgada por el gobierno de Arena horas antes de ser divulgado el informe de la Comisión en 1993.

Por su parte, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos David Morales dijo que “monseñor Romero representa un caso de demanda de justicia para el pueblo de El Salvador y para los pueblos oprimidos del mundo.”

Agregó que “monseñor fue víctima de una ejecución extrajudicial perpetrada por un escuadrón de la muerte, escuadrones de la muerte, incluido el que asesinó a monseñor Romero que funcionaron con la tolerancia, el apoyo, financiamiento del Estado y también de poderosos sectores que dominaban el país con su poder económico.”

Morales dijo que se conoce quienes participaron en el asesinato del arzobispo pero criticó al sistema de justicia salvadoreño que “no ha sido capaz y no ha tenido voluntad” de llevar adelante una investigación del magnicidio y sostuvo que para este caso “las amnistías y las prescripciones no aplican.”

El presidente Salvador Sánchez, (cuarto de izquierda  a derecha), participa en un oficio religioso en memoria del monseñor Romero. (Foto Prensa Libre: EFE).

Romero será proclamado beato, un paso intermedio hacia la canonización, en una ceremonia el 23 de mayo. “Monseñor Romero es un mártir, un profeta, un pastor, un hombre de Dios, un servidor de los pobres, un hombre de Iglesia y lo hicieron un modelo a seguir”, dijo Rosa Chávez, amigo y fiel servidor de Romero.

El obispo no pudo ocultar la emoción al ver como miles de jóvenes, entre ellos muchos extranjeros participaron el sábado en una peregrinación de farolitos y vestían camisas con el rostro del arzobispo y que durante todo el recorrido hasta la catedral metropolitana no pararon de cantar y expresar su admiración y respeto por el que ahora llaman “San Romero de América”.

“Mis padres y mis abuelos me contaron quién fue monseñor Romero, no lo conocí pero sé cómo defendió a los más débiles, a los más pobres”, dijo Roberto Salazar, un joven universitario de 21 años que junto a un grupo de amigos vestían con orgullo una camisa en la que se leía: “Romero Vive”. “A monseñor Romero lo mataron por defender a los pobres, por denunciar la injusticia”, agregó Roberto.

Rosa Chávez afirmó que los jóvenes han entendido que “Romero es un modelo a seguir” y por eso están acompañando todas las actividades que lo recuerdan y eso garantiza un futuro diferente al que ellos tienen derecho, “para que haya vida, esperanza y justicia en El Salvador”. Pero no solo los jóvenes salvadoreños siguen a monseñor Romero, centenares de extranjeros lo admiran y lo veneran. Christine Onesek, de 25 años, que llegó desde Denver, Colorado, EE. UU., para trabajar con las comunidades eclesiales de base, dijo que estaba impresionada por la participación de los jóvenes que no paraban de cantar y hablar del arzobispo mártir, “creo que los mueve el espíritu de Romero.

“Para mí monseñor es sacrificio, es martirio, es profeta, y es un santo de la Iglesia católica del mundo” , agregó esta joven estadounidense que lucía orgullosa la camisa con el rosto de Romero.

Rosa Chávez destacó que hasta los que atacaron en vida a monseñor Romero y los que trataron de evitar que el proceso de beatificación avanzara, están cambiando. “Muchos están revisando su visión, muchos están pidiendo perdón” .

Recordó que en los años 80, en los días más difíciles de la Iglesia Católica salvadoreña, algunos hasta pegaron calcomanías en sus carros en las que se leía, “Haga patria, mate un cura”.

Romero, llamado también “la voz de los sin voz”, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 con un disparo al corazón cuando oficiaba misa, un día después de pedir a los militares en una homilía: “En nombre de Dios y de este sufrido pueblo les ruego, les suplico, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión”.

Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, creada poco después de los acuerdos de paz, determinó que el autor intelectual del crimen fue el ya fallecido mayor Roberto D’Aubuisson, fundador del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó ese país durante 20 años (1989-2099).

Sin embargo, los responsables del crimen no serán castigados debido a una amnistía promulgada por el gobierno de Arena horas antes de ser divulgado el informe de la Comisión en 1993.

Según la información de la Policía, los asesinos bajaron al custodio de un autobús y lo mataron para luego huir a bordo de otro bus.

Otro guardia identificado como Henry Miranda Barrera, de 30 años, fue asesinado por desconocidos en una zona rural del municipio Monte San Juan, en central departamento de Cuscatlán, al noreste de San Salvador.

Según las primeras investigaciones los asesinos se transportaban en una motocicleta.

Matan a pandilleros

En tanto, en otro hecho de violencia un hombre no identificado mató a dos pandilleros que pretendían asaltar a los pasajeros de un autobús en un populoso barrio en la periferia este de la capital.

De acurdo con la Policía, el desconocido interceptó a los pandilleros que se transportaban en una motocicleta y les disparó. Uno de los pandilleros murió en lugar y el otro cuando era atendido en un hospital público. El hombre se dio a la fuga.

Según las autoridades los pandilleros están involucrados en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país. El 70% de los homicidios se atribuye a las pandillas y un 49% de las víctimas son miembros de esas estructuras criminales.

Los problemas comenzaron el día de las elecciones, el domingo recién pasado, cuando algunos centros de votación abrieron sus puertas después de lo estipulado y algunas mesas concluyeron su trabajo casi 24 horas después del cierre de la votación.

Además por una falla en la transmisión y divulgación de los resultados el Tribunal Electoral suspendió el domingo el escrutinio preliminar.

La magistrada del Tribunal, Guadalupe Medina, señaló que por primera vez en la historia del país “hemos tenido tres elecciones en una, con tres papeletas y además con la aplicación del voto cruzado”, que unido a los problemas del sistema informático “complicó todo.”

Desde el 2012 y para elegir diputados los salvadoreños pueden optar por apoyar sólo al candidato, votando por rostro y sin que el voto vaya al partido que lo postula. Además pueden votar por bandera o por candidatos de más de un partido, lo que se conoce como voto cruzado.

Los salvadoreños acudieron a las urnas para elegir 84 diputados a la Asamblea Legislativa, 262 consejos municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

Sin tener información confirmada, los dos partidos mayoritarios, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se han proclamado “la primera fuerza política de ese país.”

Arena sostiene que obtuvo 36 diputados y el FMLN que alcanzó 34. Todos podrían sumar diputados cuando se pelee voto a voto en el escrutinio final. En tanto, la Gran Alianza para la Unidad Nacional (Gana), dice que logró 11 diputados.

Según las proyecciones de analistas y de los mismos partidos, ni Arena ni el FMLN alcanzarían la mayoría simple de 43 de los 84 diputados, lo que los obligará a buscar consensos con las otras fuerzas políticas.

“El voto cruzado ha llevado a que se cometan graves errores y hay que ver las actas que tienen problemas, todo puede cambiar por un voto”, afirmó el diputado del FMLN, Sigfrido Reyes.

El diputado Guillermo Gallegos de GANA sostuvo que han hallado urnas con 1.200 y hasta 2.600 votos cuando la lista era de 500.

Se estima que los resultados se conocerían recién en 12 días.

“Espero que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tengan la valentía de acompañar al presidente promoviendo las denuncias y que caigan las cabezas que tengan que caer de los verdaderos responsables porque este es un daño irreparable al país“, agregó.

Olivo que se negó a dar mayores detalles del supuesto sabotaje, dijo que aún se encuentra recolectando las pruebas, y prometió que el jueves dará más detalles.

Visiblemente molesto respondió a las críticas formuladas por dirigentes del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que hasta le han exigido que renuncie.

“No voy a renunciar, Arena quisiera que yo renuncie, a mí me propuso el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, también tendrían que pedirle también la renuncia a los otros magistrados“, expresó.

Tres de los magistrados del Tribunal son propuestos por los tres partidos mayoritarios y dos los propone la Corte Suprema de Justicia. La elección la hace la Asamblea Legislativa con votación calificada, con dos tercios de los 84 diputados.

Por su parte el también magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas dijo que “por tema de responsabilidad hay que ver si realmente hubo algún especie de sabotaje, si hubo alguna mala intención“, pero afirmó que “hay algunas personas en el Tribunal que no hicieron su trabajo de la manera más correcta, no obstantes tener toda la experticia“

El Tribunal suspendió la noche del domingo el escrutinio preliminar debido a una serie de fallas en la transmisión de las actas de las 10.621 mesas receptoras de votos que administraron las votaciones de tres elecciones: municipales, legislativas y del Parlamento Centroamericano.

Esta es la primera vez desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 y que dieron vida al actual Tribunal Supremo Electoral, que el escrutinio preliminar no es divulgado, pero la magistrada Guadalupe Medina trató de restarle importancia y resaltó que “este escrutinio solo sirve para hacer proyecciones“, y señaló que con el escrutinio definitivo se conocerán los ganadores de los 262 consejos municipales, los 84 diputados de la Asamblea Legislativa y los 20 diputados del Parlamento Centroamericano.

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Guadalupe Medina dijo a la AP que la decisión se tomó en una reunión con representantes de los partidos políticos. Como “el escrutinio preliminar no tiene mayor incidencia más que sólo ver proyecciones, acordamos suspenderlo y mañana (martes) iniciamos el escrutinio definitivo”, agregó.

Explicó que el escrutinio final se hará de forma manual con las actas originales y con la participación de los representantes de los partidos políticos, la Fiscalía y la Procuraduría General de la República”, agregó.

La magistrada Medina señaló que los ganadores de las elecciones se conocerán hasta concluir el escrutinio definitivo.

Miles de salvadoreños acudieron el domingo a las urnas para elegir 84 diputados a la Asamblea Legislativa, 262 consejos municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

Pero la nueva modalidad de voto cruzado en la elección de diputados provocó que los salvadoreños tuvieran alguna confusión al momento de votar y esta complejidad se trasladó al conteo de los sufragios, por lo que todavía el lunes en algunas urnas seguían contando votos.

Desde los comicios de 2012, para elegir diputados los salvadoreños pueden optar por apoyar sólo al candidato sin que el voto vaya al partido; pero en estas elecciones además de poder votar por partido o postulante, se puso en vigencia el voto cruzado o lista abierta, un mecanismo que permite a los electores escoger candidatos de más de un partido en una misma elección.

“El conteo ha estado complicado, han sido tres elecciones, tres papeletas y esto del voto cruzado provocó algunos problemas entre los partidos” , dijo a la AP Teresa Escamilla, que formó para de una de las 10.621 juntas receptoras de votos.

El Tribunal pidió a los partidos políticos y a los candidatos confiar en los resultados oficiales y evitar proclamarse ganadores, pero ante la incertidumbre sus seguidores han comenzado a publicar tendencias en la competencia por los consejos municipales.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, sostuvo que “en materia estrictamente de transparencia tenemos un fallo que nos representa un retroceso en relación a la elección de 2014, pero la limpieza del proceso no puede estar en duda, las votaciones se han producido en tranquilidad, con mucha vigilancia, los incidentes que fueron negativos, fueron incidentes aislados”.

Según información no oficial emanada por los partidos habría paridad en la disputa por la alcaldía capitalina. Los sondeos preelectorales daban como ganador al empresario Nayib Bukele, un empresario de 33 años y candidato del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) , pero el presidente del Consejo Nacional Ejecutivo de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) , Jorge Velado, dijo que “la lucha está muy cerrada, nada está definido”.

La dirigente del Frente, Norma Guevara, dijo que respetará la petición del Tribunal Supremo Electoral de no dar resultados pero afirmó que “tenemos una gran ventaja” en la competencia por la alcaldía capitalina.

Sin ofrecer cifras, el presidente de Arena afirmó a periodistas que “nosotros somos los grandes ganadores, vamos a tener mayoría en el Parlamento Centroamericano y hemos ganado importantes alcaldías”.