La principal hipótesis apuntaba a que la muerte del animal se produjo por un ataque con armas cortopunzantes perpetrado entre el miércoles y jueves de la semana pasada.

Sin embargo, los científicos forenses indicaron el miércoles que una “hemorragia pulmonar es la causa de muerte, según necropsia. No se notó penetración de picahielo, como se dijo inicialmente”.

El informe señaló además que el hipopótamo tenía heridas en la boca que podrían haber sido producidas por sus mismos colmillos, con lo que se descarta que “Gustavito” haya sido atacado por desconocidos, como afirmaron las autoridades a medios de prensa local.

La FGR interrogó este miércoles al director del Zoológico Nacional, Vladlen Henríquez, por la muerte en circunstancias poco claras del hipopótamo “Gustavito”.

El pasado lunes, el director del parque natural aseguró que el hipopótamo había fallecido debido a “complicaciones ocasionadas tras un ataque con varillas de hierro y picahielos”, en un ataque perpetrado por desconocidos.

No obstante, sindicalistas de la Secretaría de Cultura, que administra el zoológico, desmintieron tal versión y aseguraron que “Gustavito” estuvo enfermo al menos 17 días antes de morir. Además, acusaron a personal del zoológico de negligencia.

“Dieciocho días antes de su muerte se había enfermado. Eso fue comunicado oportunamente y los veterinarios lo atendieron, pero no le dieron seguimiento a su caso. Después de haber sido atendido, Gustavito siguió sin ganas de comer y se sentía muy débil. Por su debilidad es que se caía y se hería solito. Aquí hay negligencia del director del zoológico y de los veterinarios”, dijo el sindicalista Ricardo Amaya al medio La Prensa Gráfica.

Por otra parte, la empresa que custodia el Zoológico Nacional ha indicado que la muerte del animal fue “debido a pugnas existentes” entre los empleados y directores del parque.
El año pasado también se reportaron hechos delictivos en el parque nacional, el único de su tipo en El Salvador, cuando fueron robadas cinco guacamayas rojas, ave ya extinguida el país centroamericano.

El Salvador conmovido

La misteriosa muerte de Gustavito ha conmocionado a la opinión pública nacional e internacional y generado un debate sin precedentes en una nación acostumbrada a la violencia criminal contra las personas.
“En la sociedad salvadoreña es más fácil lograr la empatía por los animales que por lo seres humanos”, quienes muchas veces se muestran indiferentes frente a la violencia diaria, lamentó al respecto el criminólogo y analista político Ricardo Sosa al dar cuenta del impacto que el tema está teniendo en las redes sociales.
Sosa cree que la población se ha habituado a las noticias sobre homicidios mostradas en los medios de comunicación.
El Salvador está asolado por el pandillerismo criminal y es por ello considerado como el país más violento y peligroso de Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 81 por cada cien mil habitantes, según cifras oficiales.
El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), José María Tojeira, destacó la amplia cobertura del tema en detrimento de otras cuestiones vinculadas a la violencia contra las personas.
“Un periódico le daba tres páginas a la brutalidad contra el hipopótamo y una esquina reducida al asesinato de una persona. Es probable que la muerte del animal y la indignación que despierta sea el resultado de lo hartos que estamos de tanta muerte inocente”, aseguró. “Pero hay muertes que podemos prevenir y sin embargo nos quedamos callados”, destacó el también sacerdote jesuita.
La muerte del hipopótamo “Gustavito”, de 15 años, es investigada por la Policía y la Fiscalía locales. La principal hipótesis apunta a que fue producida por un ataque con armas cortopunzantes sufrido días antes.
Sin embargo, también han surgido interrogantes en lo que a esa versión se refiere, ya que los propios trabajadores y sindicalistas del zoológico dudan de que la muerte de “Gustavito” haya sido causada por actos de violencia premeditada. En lugar de ello, aseguran que el animal estaba enfermo desde hacía varios días y que las laceraciones son producto de caídas que sufría por los dolores estomacales que tenía.
Silvia Elena Regalado, secretaria de Cultura de la Presidencia -a cuyo cargo está el Zoológico Nacional- anunció por su parte que pidió a la Policía Nacional Civil (PNC) que investigue las causas y detenga a los responsables.

Condenan muerte

“Este hecho nos ha indignado y aunque no tiene antecedentes en el parque, como Secretaría de Cultura lo condenamos enérgicamente. He girado las instrucciones para que las medidas de seguridad propias sean redobladas. También hablé con autoridades de la Policía Nacional Civil, quienes me afirmaron apoyo en la seguridad del zoológico”, señaló Regalado.

En el mismo sentido se había expresado la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl, cuando visitó el domingo las instalaciones del parque y comprobó las heridas del hipopótamo.
El tema ha acaparado las redes sociales y los medios de comunicación locales, donde se genera un amplio debate: hay quienes culpan a los mismos vigilantes y empleados del zoológico, y quienes hablan de pandilleros y vándalos.
No faltaron incluso las acusaciones al Gobierno de parte de la oposición política por el presunto descuido en el que se mantiene a los animales, vinculado esto al reciente robo de aves, como guacamayas, que están en peligro de extinción.

El ex mandatario, que está siendo procesado desde el año pasado, fue capturado y procesado el 31 de octubre pasado, junto con siete personas más de su entorno, por los delitos de peculado (uso indebido de fondos públicos) por un monto de 246 millones de dólares, así como lavado de dinero.

El cuñado de Saca, hermano de la primera dama Ana Ligia Mixco Sol, es una figura política del partido Gran Alianza Nacional (GANA). Entre los 11 detenidos están tres directores de importantes agencias de publicidad: Funes y Asociados, América Publicidad y Anle Group, respectivamente Gerardo Funes, Rolando Durán y Ernesto Lemus.

Los detenidos fueron trasladados a las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC).

En el llamado “Caso Saca” están también detenidos y procesados tres importantes ex funcionarios del Gobierno de Saca: el ex vocero presidencial Julio Rank, así como los ex secretarios Elmer Charlaix y César Funes.

Desde el 2014, la Justicia salvadoreña procesa por enriquecimiento ilícito a otros dos ex presidentes: Francisco Flores (1999-2004), quien murió en enero del 2016, y Mauricio Funes (2009-2014), asilado actualmente en Nicaragua.

Pese a su fallecimiento, el proceso civil se le continúa a Flores para recuperar los bienes que habría obtenido ilícitamente, mientras que a Funes se le procesaría en ausencia.  

“No dialogamos con criminales y nos apegamos a las leyes del país. Es nuestra determinación”, dijo el viernes categóricamente el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez Landaverde, ante un ofrecimiento que las pandillas o maras hicieron.

Representantes de las tres principales y más violentas pandillas, conocidas como maras en El Salvador y Centroamérica, dieron a conocer recientemente a través de un diario local su intención de dialogar con el Gobierno, partidos políticos y organismos humanitarios para desarticularse e integrarse a la sociedad.

Secundando a Ramírez Landavarde, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, también recalcó que no hay ni habrá diálogo con criminales.

Estos enfrentamientos han provocado en 2016 más de 500 muertos entre los pandilleros y un poco más de 60 entre los agentes del Estado. Sin embargo, los homicidios, en su mayoría provocados por las pandillas, ascendieron en 2016 a 5 mil 278.

A causa del accionar de las maras la tasa de homicidios de El Salvador es de las más altas del mundo: 104 por cada 100.000 habitantes en 2015 y 84 por cada 100.000 habitantes en 2016, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las estadísticas propias de El Salvador.

En 2012 el gobierno del entonces presidente Mauricio Funes estableció la llamada “Tregua Mara” por 14 meses, en los que los asesinatos violentos bajaron a la mitad, pero no así las extorsiones y otros delitos como el tráfico de drogas.

Observadores locales e internacionales sostienen que las pandillas aprovecharon que la represión menguó durante la tregua para fortalecerse y profesionalizarse, así como para ampliar sus territorios.

“Este año vamos a profundizar los golpes contra la estructura criminal; vamos a profundizar los golpes a las extorsiones y el control del sistema carcelario”, apuntó también el vicepresidente Oscar Ortiz en sesión del Gabinete de Seguridad.

Ante el ofrecimiento de las maras, Ortiz afirmó que “el país no puede estar bajo la amenaza, con un arma en la cabeza. Un grupo criminal no puede competir con el Estado”.

IPAZ hizo este llamado de “cero violencia” a todos aquellos que ejercen diariamente la violencia: pandillas, agentes del Estado (policías y soldados), así como a grupos de exterminio o escuadrones de la muerte, que con su accionar han colocado a El Salvador como unos de los países más peligrosos del mundo.

“Este es un tiempo propicio para hacer gestos concretos de paz y aunque no vivimos en una guerra abierta, la violencia nos está matando, las familias están llorando la pérdida de seres queridos, el luto y la zozobra se ha apoderado y la Navidad como tiempo de paz reclama paz”, dicen los representantes de IPAZ, entre ellos el reconocido obispo luterano Medardo Gómez.

 “Es un llamado a los grupos de pandillas a que paren la violencia que tanta muerte causa y que tanto preocupa y castiga a nuestro pueblo salvadoreño, que lo hagan como un gesto que nos haga sentir la esperanza de vivir en paz” , dijo Gómez.

“Ya mucha sangre se ha derramado”  y “es tiempo de que las pandillas den muestra de querer parar y alejarse de la violencia”  para reinsertarse como miembros productivos de la sociedad, agregó Gómez.

Según cifras de la Policía Nacional Civil  (PNC) , entre enero y noviembre pasados se registraron cuatro mil 946 homicidios, cifra muy alta aunque menor a los seis mil 71 asesinatos cometidos en igual período del 2015.

El director de la Policía, comisionado Howard Cotto, atribuyó la reducción en los homicidios a “la mayor operatividad”  que han tenido las autoridades.

El pastor de la iglesia evangélica Torre Fuerte Nelson Valdez señaló en la misma rueda de prensa que “el país vive con un estrés social”  por causa de la violencia.

“El llamado es a que esta violencia pare (…), pues los más golpeados son la gente pobre” , clamó Valdez.

La violencia en El Salvador es atribuida principalmente a las pandillas, que tienen unos 70 mil miembros, de los cuales 16 mil están encarcelados, según las autoridades.

El Gobierno salvadoreño acusa a las “maras”   (pandillas) de mantener los altos índices de homicidios y otros crímenes que sitúan a El Salvador como uno de los países más violentos del mundo.

Hasta el 7 de diciembre anterior el país centroamericano registrabacinco mil 34 asesinatos, con lo que superó por segundo año consecutivo las cinco mil muertes violentas.

Desde 1999 solo el 2015 había sobrepasado esta cifra; estuvieron cerca del 2011  (cuatro mil 371) , 2006  (tres mil 927) y 2014  (tres mil 915) .

Desde abril pasado el Gobierno implementó medidas de represión fuertes para tratar de frenar la violencia pandilleril. En lo que va de año la policía reportó más de 500 enfrentamientos armados en los que han muerto casi 600 pandilleros y unos 60 agentes del Estado.

Coyle es asesor en materia de prisiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Durante un foro público sobre el tema realizado en El Salvador, Coyle exhortó al Gobierno a mantener a los reos seguros y garantizar su buena salud, como así también capacitarlos para reincorporarlos a la sociedad y contar con personal penitenciario calificado.

“Las cárceles deben incluir una infraestructura adecuada, tecnología, personal penitenciario evaluado, higiene y salud”, fueron algunas de las recomendaciones realizadas por Coyle.

Las cárceles salvadoreñas se encuentran sobrepobladas en un 367 por ciento, segun cifras oficiales.

“El problema de hacinamiento lo tenemos en el cien por ciento del sistema, en todas las prisiones, el más grave es en el penal de San Vicente, Usulután y Ciudad Barrios”, explicó el director de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), Rodil Hernández.

Entre las acciones que el Gobierno ha ejecutado como estrategia para minimizar el hacinamiento, Hernández mencionó la habilitación de más de siete mil espacios en una nueva infraestructura que estarla lista en el 2018 y el uso de brazaletes electrónicos.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya ha señalado que en las prisiones se quebrantan derechos a la integridad personal y salud de los internos.
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Los registros han sido corroborados también por la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguridad (Assaes) y del Consejo Nacional de Seguridad Privada (Conasepris).

Este fenómeno es parte de la criminalidad que abate al menor país de la America continental, de 21 mil kilómetros cuadrados y densamente poblado, con 6.2 millones de habitantes.

Las autoridades indican que durante el 2015 fueron asesinados 90 empleados de empresas de seguridad privada, casos que también fueron denunciados por las gremiales de seguridad privada.

El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo por sus tasas de homicidios, que en el 2015 llegaron a 104 por cada cien mil habitantes. La mayoría de homicidios los ejecutan las pandillas o maras con armas de fuego, segun reportes oficiales.

Las víctimas estaban velando a un pariente cuando tres hombres armados y vestidos de militares los sacaron a la fuerza y los introdujeron en un vehículo que los llevó a rumbo desconocido.

Las personas asesinadas, según los investigadores, no eran pandilleros ni habían recibido amenazas, por lo que se están investigando otros posibles móviles de este asesinato múltiple.

Por su parte, el director de la policía, Howard Cotto, informó que en mayo se cometieron 333 asesinatos, lo que supone un promedio de 10 asesinatos diarios.

“En el mes de mayo del 2015 hubo 200 asesinatos más que los que hubo en este mes en el 2016, muestra también una tendencia hacia la baja de los homicidios en el mes de abril pasado”, apuntó el jefe policial.

Analistas locales consideran que los homicidios han bajado luego de radicales medidas adoptadas por el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, encaminadas a controlar las cárceles donde se han aislado a los jefes pandilleros, la persecución y desarticulación de pandillas y recuperación de territorios.

En una reciente publicación del diario digital ElFaro.net aparecen dos destacados dirigentes de Arena: el diputado Ernesto Muyshondt y el alcalde Salvador Ruano, en una reunión con jefes de las pandillas o maras, que habría tenido lugar en el 2014, en medio de la campaña presidencial que se desarrollaba entonces.

Arena ha justificado esas reuniones al decir que pretendrían neutralizar a los pandilleros para que no actuaran contra las elecciones ni contra Arena.

También menciona un compromiso de Arena con los pandilleros de cerrar el penal de máxima seguridad ubicado en la ciudad de Zacatecoluca e indica que “estos compromisos asumidos por los delegados de Arena con criminales son a cambio de votos e, incluso, consultan con las pandillas el nombramiento del titular del Ministerio de Justicia y Seguridad”.

Por lo tanto, el gobierno le demandó a la Fiscalía General “una investigación de oficio siendo hechos públicamente aceptados, así como para establecer si la actual alza de la criminalidad corresponde a negociaciones y acuerdos entre dirigentes de este partido con los grupos criminales, nuevamente con fines de desestabilización y electorales”.

Iglesia llama a enfrentar la violencia

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, ante la violencia homicida con signos de epidemia que vive ese país centroamericano demandó a todos los sectores trabajar por construir la paz.

“La violencia es como una epidemia que debe atenderse con prontitud”, exclamó el arzobispo durante la misa dominical celebrada en la céntrica catedral de la capital salvadoreña.

Para el religioso “el país se desangra, el país muere por la violencia de las pandillas a la que se la dado un tratamiento “inadecuado por décadas” desde que comenzó.

En lo que va de este año, según estadísticas oficiales, el país acumula un poco más de 1.600 homicidios, por lo que el promedio de muertes violentas por día es de 23.

El CJS también ordenó realizar una auditoría al actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de ex vicepresidente de la gestión del 2009 al 2014.

La justicia local, en hechos que no tienen precedentes en la historia del centroamericano, ha auditado y procesado al ex mandatario Flores, que gobernó entre 1999 y el 2004 y falleció por un derrame cerebral el 31 de enero en medio de un proceso en su contra por enriquecimiento ilícito.

“Es muy normal y bueno lo que está pasando”, aseveró el analista Salvador Samayoa, quien advirtió que en el futuro los funcionarios se cuidarán de haber las cosas bien.

Se está investigando también a los ex mandatarios Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014). A Funes la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya le ordenó un proceso civil, mientras que Saca está en proceso de probar la legalidad de más de 6 millones de dólares de ingresos en su período presidencial.

De acuerdo con el informe de Probidad, Cristiani y Calderón Sol declararon al retiro de sus gestiones con patrimonio de 352 mil 70 y 557 mil 213 dólares, respectivamente.

En caso de encontrar irregularidades que constituyeran delitos en el caso de Cristiani y Calderón Sol, éstos según, la ley local, ya habrían prescrito legalmente, aunque podrían ser encausados en juicios civiles.

El viernes pasado, en horas de la noche, la policía salvadoreña inició un operativo para cumplir con la orden de arresto dada por el juez español Eloy Velasco a la Policía Internacional (Interpol). Entre el viernes y sábado se logró capturar a cuatro de los 17 reclamados, 16 de los cuales están en El Salvador.

En tanto, familiares de  los militares perseguidos y prófugos de la justicia aseveraron que “no se entregarán” a las autoridades, exigieron la libertad inmediata de quienes fueron apresados y negaron la legitimidad de una posible extradición a España.

El 16 de noviembre de 1989, en plena guerra civil, una unidad élite de la Fuerza Armada penetró en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) y asesinó a sangre fría a seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas domésticas. Entre los asesinados estaban Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín-Baró, rector y vicerrector de la UCA, respectivamente. Ambos, así como otros tres sacerdotes muertos, eran españoles.

Por su parte, los líderes de la derecha local defienden a los ex militares, y aseguraron que la captura es ilegal y contraria a los acuerdos de paz firmados entre la guerrilla y el gobierno en 1992, que pusieron fin a la guerra civil.

Jorge Velado, presidente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Manuel Rodríguez, líder del Partido de Concertación Nacional (PCN) y Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), rechazaron públicamente las capturas y negaron la posibilidad de las extradiciones a España.

Los políticos derechistas aseguran que el caso de los jesuitas asesinados el 16 de noviembre de 1989 ya ha sido juzgado y que la justicia salvadoreña ya falló en contra de las capturas y las extradiciones de los ex militares.

Los líderes de la derecha salvadoreña aseguran que “no se deben abrir heridas del pasado”. Además, aseveraron que ellos también fueron víctimas de crímenes, como asesinatos y secuestros, por parte de la guerrilla.

Los ex militares Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zarpate Castillo y Antonio Ramiro Ávalos Vargas fueron capturados entre el viernes y sábado pasado y están siendo resguardados en la Subdirección de Tránsito Terrestre mientras son procesados por un tribunal que decidirá su extradición.

Entre los ex militares prófugos de la justicia están los ex generales Humberto Larios, Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes y Rafael Bustillo, todos del Alto Mando que dirigió la guerra en El Salvador y presuntamente planearon el asesinato de los jesuitas.

Todos los perseguidos son señalados por la Comisión de la Verdad (1993), de Naciones Unidas (ONU), como criminales de lesa humanidad.

La guerra iniciada en 1980 y concluida en 1992 a través de una negociación de Naciones Unidas (ONU) tuvo un costo de 70 mil muertos, ocho mil desaparecidos y un millón de refugiados. Luego de terminado el conflicto se impuso una amnistía que está vigente y que ampara a militares y guerrilleros que cometieron delitos de lesa humanidad.