Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), reveló cómo el militar se constituyó en una autoridad para los reclusos, ya que le  solicitaban beneficios.

“La Cicig, con el Ministerio Público, puso la mirada en el Sistema Penitenciario en un intento por interpretar y dar respuesta al sentir de la sociedad, que ha visto con perplejidad cómo los centros de reclusión son controlados, no propiamente por las autoridades, sino que en ocasiones por el poder de convictos y reclusos, lo que ha dado lugar a que se realicen acciones de diverso orden, en el que se cobra además por todos los beneficios”, aseveró Velásquez.

Detalló que entre las prebendas otorgadas  reos se encuentran mínimas condiciones de seguridad, comodidades básicas, privilegios incompatibles con un régimen carcelario, así como ingresos y uso de bienes suntuarios, visitas diarias, acceso a teléfonos de última generación y hasta la propia negociación de su traslado a otros reclusorios con controles menos estrictos.

Poder paralelo

Velásquez afirmó que la investigación estuvo centrada en el descubrimiento de los poderes paralelos y su relación con particulares —intermediarios y gestores— y de las propias autoridades de Presidios.

“Se documentó la existencia de una red criminal en la que participa como eje central un privado de libertad, condenado por ejecución extrajudicial —muerte de monseñor Juan José Gerardi, el 26 de abril de 1998—, recluido en Pavoncito, el señor Byron Lima Oliva, quien representa para muchos de los reos la verdadera autoridad y por tanto a él recurren a solicitar y pagar traslados a centros penitenciarios, favores y privilegios”, refirió Velásquez.

Aseguró que Lima Oliva tiene influencia en el Sistema Penitenciario y fuera de este, a tal grado que llega a los ámbitos político y económico.

“Es público que mantiene contactos y recibe visitas de diversas personalidades, de actores públicos que él mismo ha revelado a través de su cuenta de Facebook, haciendo ostentación del poder”, dijo el titular de la Cicig.

También afirmó que dentro del Sistema Penitenciario tiene el control de Pavoncito y somete a los reclusos a sus órdenes.

Desde el 2002

Prensa Libre tiene registrado que, desde el 18 de agosto del 2002, Lima Oliva empezó a tomar acciones para hacerse del poder en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.

El 26 de diciembre del mismo año, los reclusos denunciaron que el militar se estaba apoderando del control de todos los sectores.

Esto se hizo efectivo el 14 de febrero del 2003, cuando el Sistema Penitenciario decidió el traslado de 200 cholos a otras cárceles.

Ya en Pavoncito, Lima Oliva logró consolidar poder y riqueza a tal grado que ha adquirido propiedades, entre estas una casa en la playa, un lote en un condominio exclusivo, vehículos —como una camioneta Suzuki  y una Land Cruiser blindadas,  Porsche y Jaguar—, un spa, y nueve caballos.

Velásquez indicó que solicitarán que el dominio de estos bienes  sea extinguido  a favor del Estado.

Antecedentes

Esta no es la primera ocasión en que las autoridades emprenden acciones para intentar tomar el control de las prisiones.

El 25 de septiembre del 2006, las autoridades llevaron a cabo un vasto operativo para tomar el control de la Granja de Rehabilitación Pavón, que era controlada por un grupo de reclusos. Esa vez murieron siete reos que eran considerados  cabecillas de la red.

En esa ocasión, Prensa Libre logró documentar que  Luis Alfonso Zepeda González —condenado por asesinato— era el líder del comité de orden y disciplina y controlaba ese penal, lo que le representaba ingresos de Q600 mil mensuales, y todo sucedía ante el silencio cómplice de las autoridades de  entonces.

Por este caso ya fue condenado en Suiza Erwin Sperisen, exdirector de la Policía Nacional Civil, por ejecución extrajudicial, y  Carlos Vielmann,  exministro de Gobernación, está pendiente de enfrentar a la justicia española.

En el país ya fue condenado Víctor Soto, exjefe de la División de Investigación Criminal  (Dinc).

Otro hecho criminal ocurrió en febrero del 2007  en la cárcel de máxima seguridad El Boquerón, Santa Rosa,  cuando fueron masacrados cuatro policías involucrados en el caso Parlacén. Extraoficialmente se supo que  un grupo de personas ingresó a esa prisión para matar a los agentes, aunque   las autoridades   atribuyeron el hecho a  pandilleros  recluidos allí.

Un caso reciente  es el de Rigoberto Morales Barrientos, alias Rigorrico, quien formó una red de extorsionistas desde la cárcel de máxima seguridad  el Infiernito, Escuintla, la cual  le generó sumas millonarias bajo el amparo de las autoridades de esa prisión.
Con información de Byron Vásquez, Hugo Alvarado y Jerson Ramos

GOBERNACIÓN

“No tengo  amiguismo”

“Con Camargo no me une ninguna relación ni ningún tipo de amiguismo que parcialice mi opinión”, expresó el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla,  respecto de la captura del director del Sistema Penitenciario, Édgar Camargo.

Indicó que en ningún trabajo ni en  ninguna profesión se puede garantizar que una persona tenga el cien por cien de pureza.

“El tema de confianza es relativo. Busqué una persona con capacidad profesional y la tiene. Qué pasó en el camino, no puedo decirlo”, refirió.

“En este caso —de Camargo— hay una investigación, una formulación de cargos y un debido proceso que servirá para probar el nivel de responsabilidad que pueda tener en lo que se le está sindicando”, dijo.

“Cualquiera puede tener experiencia y fallar voluntaria o involuntariamente; no me compete juzgarlo. Es un tema de investigación”, expuso López Bonilla.

El funcionario explicó que el centro de todo esto se llama Byron Lima Oliva, quien tiene 15 años de estar en la cárcel. “Él es  un privado de libertad que se ha creído el dueño de cuanto ocurre en el Sistema en todos estos años”, expuso.

Byron Lima Oliva

“Mi familia está pagando”
 

“Yo tengo todos los correos electrónicos enviados a mi persona por el ministro de Gobernación, todos los mensajes de texto, todas las fotografías y todos los videos, para ponerlos a su disposición —señor juez—, y que yo pueda  explicar, porque aquí hay una confabulación.

Están planeando eliminarme”, expresó ayer el capitán Byron Lima Oliva, al salir   del juzgado.

“Hay facturas también de la esposa del ministro, y también del director de Inteligencia Civil, Manuel Alvarado Franco, y otras personas”, dijo.

“El Ministerio de Gobernación intentó ponernos a los reos de Pavoncito cuotas de Q100 mil semanales, pero nosotros no accedimos”, expresó.

Lima Oliva indicó: “Casualmente, cada vez que voy a obtener mi libertad, por el beneficio de la redención de pena,  aducen un problema más”. Agregó: “El problema del ministro conmigo es que yo le arruiné un negocio de US$534 millones con la Embajada de Taiwán. Yo mismo hablé con el embajador Adolfo Sun  y le dije que la empresa que se usaba era fantasma”.

Lima Oliva  dijo que si el presidente Otto Pérez  quiere llevar una gestión transparente  debe entregar a las autoridades a López Bonilla, para ser investigado por  señalamientos en  su contra.

Carlos Ramiro Contreras, Sergio Roberto Lima y Gustavo Adolfo Dubón, titulares de la Sala, se excusaron de continuar a cargo del proceso por genocidio instruido contra los generales Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de Estado de facto y exdirector de Inteligencia Militar en 1982, respectivamente.

El Ministerio Público intentó separar a Contreras, Lima y Dubón, contra quienes se planteó recusación, después de que beneficiaron al exgobernante al otorgarle un amparo provisional que restituyó al abogado Francisco García Gudiel en su defensa. A pesar de que se rechazó la acción de la Fiscalía, los funcionarios decidieron excusarse.

Byron Oswaldo de la Cruz, magistrado de apoyo de la instancia mencionada, asumió el proceso y convocó a dos magistrados vocales suplentes para integrar la Sala.

Aunque se contactó por vía telefónica a 10 suplentes, ninguno dio respuesta positiva y no se logró integrar el órgano colegiado.

De la Cruz envió a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia una carta en que pidió que se nombre una nueva sala para que dé cumplimiento a la resolución de la CC, que dejó sin efecto la condena contra Ríos Montt.

El magistrado De la Cruz también solicitó al tribunal constitucional que se amplíe el plazo de 24 horas señalado para cumplir el fallo emitido el lunes último.

CC actuó mal

La exjueza Yolanda Pérez manifestó su rechazo a la decisión de anular las actuaciones del juicio por genocidio efectuadas a partir del 19 de abril.

“Estoy de acuerdo con los votos disidentes. Existe el recurso de apelación especial”, explicó Pérez, y indicó que la referida acción sirve para señalar los defectos procesales.

En ese sentido, Marco Antonio Canteo, de Seguridad en Democracia, indicó que la decisión de la CC es ambigua porque podría significar el reinicio del debate.

“A partir del 19 de abril se tendrá que retomar el debate. Otra vez a recibir las pruebas”, destacó el analista.

El penalista Jorge Barrios dijo que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo podría continuar a cargo del caso. “Ni la CC lo está resolviendo así”, aseguró.

Decisión oportuna

Francisco García Gudiel, defensor de Ríos Montt, calificó de una “decisión oportuna” la resolución emitida por el tribunal constitucional.

“Como no cumplieron con la orden de suspender el debate, todo lo que sucedió a partir del 19 de abril es nulo de hecho y de derecho”, expuso García Gudiel.

El abogado de Rodríguez Sánchez, César Calderón, indicó que aunque la decisión de la CC perjudica a su cliente debe tomarse como una acción valiente.

“Si el proceso fue mal desarrollado se tiene que retomar el orden y reencauzar bajo control”, dijo.

Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación contra el Terrorismo, aseguró que en la actitud de los magistrados de la Sala Tercera “se puede observar temor hacia la presión que ejercen los grupos extranjeros y de derechos humanos, así como las comisiones diplomáticas que se encuentran en el país”.

Justifica fallo

El magistrado Roberto Molina Barreto, ponente de la resolución que anuló la sentencia contra Ríos Montt, expresó que hay juristas que opinan sobre el fallo, pero no conocen los fundamentos que originaron la decisión del máximo tribunal.

Expuso que la conclusión a la que él y sus homólogos Héctor Hugo Pérez y Alejandro Maldonado arribaron surgió luego de haber analizado cada minuto de los videos de las audiencias del debate.

Se constató que el Tribunal no acató el fallo emitido por la Sala Tercera Penal, que resolvió la restitución de García Gudiel, quien fue expulsado el 19 de marzo del 2013, y dejó en suspenso el debate hasta que el fallo quedara firme.

“No es posible que se incumpla una resolución de un tribunal de amparo y que fue confirmada por la Corte”, aseveró el magistrado ponente.

Solo el 24 de diciembre murieron 17 personas en forma violenta: 15 a balazos y dos por arma blanca. En este caso, según la Policía, 15 fueron por venganzas, uno por problemas personales y uno fue víctima de robo.

El 25 de diciembre perecieron 18 personas. La Policía explicó que 16 casos se relacionan con venganzas, uno por problemas pasionales y otro por ajuste de cuentas. Otras tres personas murieron atropelladas, y cuatro en accidentes de tránsito.

En el Hospital Roosevelt reportaron el ingreso de 12 personas por quemaduras, y en el Hospital General San Juan de Dios, nueve, quienes fueron auxiliadas por bomberos Voluntarios y Municipales.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron del traslado de tres personas a diferentes hospitales.

Operativos

La Policía también informó sobre la captura de 391 personas, entre ellas Wálter Libaniel Arias Jácome, de 30 años, sindicado de violación con agravación de la pena, agresión sexual, maltrato a menores y violencia contra la mujer.

Según Sara Payes, encargada de la Niñez, de la Procuraduría General de la Nación, entre el 24 y 25 de diciembre se activaron cinco alertas Alba-Keneth por menores desaparecidos.

Según las pesquisas, a la fecha a esa organización se le han contabilizado por lo menos 256 estafas. Investigadores de la Fiscalía Metropolitana aseguran que aún se trata de identificar a empleados del Registro de la Propiedad Inmueble y de juzgados que pudieran haber participado en esos ilícitos.

La estafa y la usurpación no son las únicas anomalías por las que se señala a ese grupo. Las pesquisas también han vinculado a los abogados señalados en unas 90 muertes de dueños de inmuebles.

La banda también incluye a más de 70 jaladores, tramitadores o testaferros, que suplantan la identidad de los verdaderos propietarios. Ayer, el MP logró la detención de nueve tramitadores, a quienes encontraron sellos de municipalidades e instituciones gubernamentales.

Esos casos forman parte de los más de dos mil expedientes que conoce la Fiscalía Metropolitana. Los fiscales aseguran que a diario reciben un promedio de tres denuncias por el robo y usurpación de terrenos en diferentes lugares del país.

Las investigaciones han establecido por lo menos tres organizaciones delictivas en todo el país dedicadas a ese tipo de estafas.

Identificados

Gustavo Adolfo Gudiel Valenzuela fue capturado el 14 de septiembre último y, según las pesquisas, podría ser el cabecilla de la banda que desde el 2000 ha despojado de sus bienes a ancianos y migrantes, especialmente.

Solo a Gudiel Valenzuela se le involucra en unos 16 casos.

En apariencia, este se encargó de reclutar a otros 17 abogados, que le prestan sus protocolos y, con documentos falsos, respaldan los traspasos. Entre esos profesionales del Derecho hay dos fallecidos.

El resto de abogados, cuyos nombres se omiten, posee en común que figuran en varias escrituras de compraventa, comparten redes sociales y protocolos, entre otros detalles.

A Edwin Mayén y a Ruth Alvarado, excandidatos a diputados por la Unión del Cambio Nacional y Centro de Acción Social, respectivamente, también se les vincula con esos ilícitos.

Alvarado aseguró que su situación fue aclarada, y negó estar procesada; sin embargo, la Fiscalía está próxima a presentar acusación formal en su contra por dar fe de que conocía al supuesto vendedor de una propiedad, pero su identidad resultó ser falsa.

Mayén, quien tiene tres órdenes de captura en su contra, no contestó las llamadas a su teléfono celular.

El presidente del Colegio de Abogados y Notarios, Fredy Cabrera, indicó que trabajan para unificar los sistemas de informática con el Registro de la Propiedad Inmueble, para controlar a los profesionales que gestionan escrituras.

“Hay personas que llegan como abogados, queriendo inscribir propiedades de manera anómala”, explicó.

Asesinatos

Lo que se inició como una investigación del crimen contra Flor de María Gil Ovalle, jueza de Trabajo y Previsión Social, llevó a la Fiscalía a descubrir una red de estafadores de bienes inmuebles a la que, además, se les contabiliza la muerte de 90 personas que habían perdido sus propiedades.

Por ese hecho está procesado el abogado Roger Mauricio González, quien elaboró la escritura de compraventa a favor de Víctor Asariel Calderón, también ligado a proceso.

Forma de operar

Las pesquisas han detectado diversas modalidades en las que los delincuentes se apoderan de los inmuebles.

En ocasiones logran información de las personas que han extraviado documentos, y suplantan fotografías para que sus testaferros efectúen la transacción. También se ha identificado que hay familiares o personas allegadas que conocen la cantidad de inmuebles que posee la víctima y se lo comunican a la banda.

Cuando se tienen los datos, se realiza una escritura de compraventa donde comparecen testaferros con otras identidades. Estos, a su vez, hacen otra compraventa, pero siempre figuran los mismos abogados, que dan fe de las identidades.

Al final, venden la propiedad, pero el último en adquirirla desconoce que todos los trámites son falsos.

En Tamahú, Alta Verapaz, por ejemplo, simpatizantes portaban pancartas con la imagen del ex presidente Portillo, quien enfrenta proceso legal en el país e investigación en EE. UU. y Francia.

En esa actividad, Mario Estrada, secretario de la UCN, tomó como ejemplo a Portillo, y aseguró que es necesario que el pueblo retome el poder.

Durante una semana, Prensa Libre intentó obtener la versión de Estrada, pero no respondió a llamadas telefónicas a su celular, así como a la sede ucenista.

También se le buscó a través de Sidney Shaw Arrivillaga, secretario general adjunto, y Silvio Florit, encargado de prensa de la UCN, pero no se logró la comunicación; además, se envió una carta en la que se solicita información, pero tampoco hubo respuesta.

Puede participar

Expertos consultados consideran que Portillo no tiene prohibición legal para participar, pese a estar en prisión preventiva. El artículo 59 del Código Penal establece la suspensión de derechos políticos solo para los condenados.

“La prohibición de participar se da hasta que la persona esté condenada, e incluso cuando estén agotados todos los recursos”, explicó Oswaldo Samayoa, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, y agregó que tampoco hay prohibición en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

“Preocupa su participación, porque tiene procesos penales abiertos y los delitos por los que se le acusa son contra la administración pública. Debería quedar inhabilitado de participar en estos procesos electorales”, manifestó Samayoa.

Renzo Rosal, integrante del Foro Guatemala, considera que el ex presidente busca refugio. “No es delito, pero son acciones no éticas ni morales. Políticamente hablando, es una opción para Portillo”, señaló Rosal.

“Estamos sobrepasando los límites del asombro, donde un ex presidente con todos los procesos que tiene quiera lanzarse a diputado”, expresó Marco Antonio Barahona, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos.

Los detenidos fueron identificados como Áxel Gustavo Bolvito Tista, 24 años; Carlos Aníbal Morales Muñoz, 34; Nelson Ribelino Tista Tista, 23; y Sender Noé Durini Chavarría, 29, este último ex inspector de las Fuerzas Especiales de Policía.

Todos son sindicados de conspiración y facilitación de información, y las pesquisas apuntan a que forman parte de un núcleo que opera en el país para los Zetas.

El allanamiento estuvo a cargo de la División de Análisis e Información Antinarcótica, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.

Durante la operación se decomisaron dos fusiles M-16, un fusil AR-15, un fusil Five Seven, con mira telescópica; una escopeta calibre 12, cinco granadas para lanzagranadas M-79, seis explosivos TNT y 400 municiones calibre 5.56, 7.19 y para AK-47.

La Policía incautó cuatro chalecos blindados, 30 tolvas para fusil AK-47, tres pistolas calibre 9 milímetros, en la que se lee “comandante Machucaso Z”, además de un picop con documentación de Tabasco, México, y placas guatemaltecas.

Operaciones de la banda

Según informes de inteligencia, los Zetas comenzaron a incursionar en Guatemala desde el 2008. De acuerdo con la Policía, los miembros de ese grupo pudieron haber participado en al menos 10 acciones violentas como la ocurrida en Zacapa, cuando ultimaron a Juan León, supuesto narcotraficante rival de estos.

Esa banda también ha sido señalada de haber perpetrado la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, México, en la cual murieron cinco connacionales.

Según información de las autoridades antinarcóticas, España se quedó dirigiendo la organización “los Leones” después del asesinato de Juan José (Juancho) León, en marzo del 2008.

Al cierre de esta edición, habían sido identificados Julio Chávez, Napoleón Villagrán Guerra, Léster Mayorga y Alirio Villafuerte, guardaespaldas de España, quienes se conducían en el vehículo Land Cruiser placas 587 DNW.

Los hechos

Testigos relataron que España estaba en las cercanías de su finca cuando cuatro vehículos con un grupo fuertemente armado ingresó por la parte trasera y atacó al supuesto narco.

En el lugar se entabló un enfrentamiento armado en el cual quedaron muertos los cuatro guardaespaldas, y España logró huir, pero debido a la gravedad de las heridas de bala, falleció en el kilómetro 146.5, en el vehículo blindado Land Cruiser placas 762DDF.

El reporte oficial revela que las armas utilizadas en el ataque fueron de grueso calibre, tales como AK 47 y lanzagranadas.

Otra versión es que España y su equipo de seguridad se enfrentaron con desconocidos en una venta de licor en la carretera a Zacapa, quienes se defendieron a tiros. Los guardaespaldas intentaron recuperar el cuerpo de España, pero no les habría sido posible.

Motivos del ataque

Varias son las versiones que se manejan sobre el ataque. Las primeras revelan que España se apoderó de todos los bienes de Juancho León y que parte de la organización se vengó por ello.

Otros aseguran que España manejaba la distribución de vehículos de la familia Stragá, lo que provocó una riña entre ellos.

Además, se asegura que este hizo malos negocios con un grupo de narcos mexicanos, quienes lo atacaron a balazos.

España aparece como propietario de por lo menos dos empresas y socio de una más.

Según investigaciones  de la Policía,  el Ministerio de Gobernación y la Contraloría General de Cuentas, el contrato 220-2008,  suscrito el 25 de noviembre de 2008 entre la PNC y la IM,  reportaba que esta institución  se encargaría de fabricar  uniformes y equipo para las dependencias de Gobernación.

Sin embargo,  durante el programa Gobernando con la Policía efectuado en febrero último,  agentes denunciaron que tenían 13 años de no recibir uniformes.
En esa actividad se denunció que los agentes policiales deben pagar entre Q200 y Q300 por cada uniforme, los cuales  adquieren principalmente en comercios de la zona 6.

 “Los policías tienen unos 13 años de no tener una entrega sistemática de  uniformes. Algunos se adquirieron con  la Industria Militar”, aseguró Carlos Menocal, ministro de Gobernación.

El funcionario explicó que solicitó  la auditoría de todos los contratos efectuados durante los dos últimos años .
“Le pedimos a la Contraloría que durante nuestra administración se lleve a cabo una auditoría concurrente, para que nos acompañen en todos los gastos”, dijo  Menocal.

Carlos Mencos, contralor general de Cuentas, indicó que ese contrato está sujeto a auditoría, con el propósito de establecer si hubo anomalías, lo cual determinará si es o no lesivo para el Estado.
 “Lo que sabemos hasta el momento es que se entregaron más de Q120 millones, y necesitamos establecer en dónde están los uniformes”, detalló.
Este caso también  se encuentra en investigación  en la Fiscalía de Delitos Administrativos.

Simulaban entrega

Durante la administración de Francisco Jiménez en la cartera  del Interior se suscribió un contrato por Q162 millones 102 mil 685, los cuales se ejecutarían en el 2008 y el 2009.
Según el Ministerio de Finanzas, a la fecha  ha pagado a la IM Q124 millones 881 mil 243.19, y el resto lo cancelará este año.
En ese contrato se pidieron 35 mil quepis, pese a que la   PNC  solo cuenta con 21 mil agentes; 10 mil pares de zapatos, la misma cantidad de pares de botas estilo militar, cinco mil pares de botas de hule, uniformes, gorgoritos, ocho mil  literas, 20 mil capas con el logo de la PNC y otros requerimientos que se consignan en el contrato al que Prensa Libre tuvo acceso.

Las pesquisas han  establecido que la IM simuló la entrega del equipo, y  para eso contó con la ayuda de la unidad de  Apoyo Logístico   de Gobernación.
En esa unidad quedó consignado por escrito que se entregaron los implementos, pero en la práctica no fue así.   Por ejemplo, cuando al indicarse el ingreso de un lote de 10 mil uniformes, solo se recibían mil.

Los comprobantes únicos de Registro, del Ministerio de Finanzas, a los cuales Prensa Libre tuvo acceso, dan cuenta de que se efectuaron  20 pagos a la IM desde el 11 de agosto del 2008 al  11 de diciembre del 2009,  y que está pendiente la contabilidad de este año.
Los fondos salieron de una cuenta del Estado, en el Banco de Guatemala, a la   cuenta 3033352537, a nombre de la Industria Militar,  en el Banco de Desarrollo Rural.
Este diario intentó durante una semana obtener la versión de Jorge Vega, encargado de la IM, pero no respondió las llamadas telefónicas.

Antecedentes

El 11 de julio del 2005, este  matutino publicó sobre el fraude de Q31 millones cometido  en la compra de botas, capas y colchonetas a la IM, en la gestión en el Ministerio del Interior de Arturo Soto  y el  viceministro Óscar Montoya, en  el gobierno de  Óscar Berger.
El caso se descubrió después de  que se practicó una auditoría interna  en ese ministerio,  la cual evidenció que Soto y Montoya habían autorizado la compra y que los productos nunca fueron entregados por la IM.