En el ámbito universitario, me siento complacido por la readecuación curricular desarrollada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, especialmente por la incorporación de cursos en derechos humanos y pueblos indígenas. El nacimiento institucional del Instituto de Derechos Humanos de la USAC, el cual formó a más de 400 alumnos en temas de derechos humanos; desarrolló 6 investigaciones; abrió el programa radial: En armonía; y desarrolló talleres y seminarios permanentes en derechos humanos. Esto fue posible gracias al equipo de trabajo del instituto. Por último, quiero destacar el acuerdo inter-universitario en materia de derecho laboral que nos permitió desarrollar programas de actualización docente en dicho tema, con la participación de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, Rafael Landívar, Mariano Gálvez, MINUGUA, UNOPS y OIT.

Como sombras, para todos, las peores y más profundas están en el lado económico: la crisis del café y el azúcar que dejó a miles de personas sin empleo que, en Jocotán y Camotán, se reflejó en la hambruna que produjo la muerte de varios niños y niñas. El aumentó sensible de la violencia común, algunos con visos políticos como el caso del sindicalista Zermeño, así como el maltrato intra-familiar. La pérdida de fe en el aparato estatal que lleva a la población a linchar a supuestos delincuentes; el caso más reciente: el cantón Los Chilares, aldea Lomas de Zaragoza, Chimaltenango, donde perdieron la vida seis personas, entre ellos, un menor de dos años. Otro fenómeno es el aumento de demandas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala, al erosionarse la credibilidad del sistema de administración de justicia de nuestro país.

En ese panorama y la llegada del nuevo año, debemos proponernos una mejor relación familiar y asumir un mayor compromiso en la lucha contra el hambre y la injusticia. Afortunadamente, creo que en esto, estamos todos de acuerdo.

Era normal que nos reuniéramos en las delegaciones el licenciado Roberto Enrique Quiñónez Díaz y el licenciado Miguel Angel Jáuregui, gestionando arrestos domiciliarios o elaborando convenios y transacciones. Es justo de mi parte reconocer la atención y amabilidad que nos brindaron los agentes de seguridad que trabajan en la oficina de orden de esos centros de detención.

Pero, lo importante de esa experiencia y que hoy deseo compartir con usted lector, es la visión sobre las horas y formas en que se produce la mayor parte de accidentes este día de la navidad. La velocidad más que el alcohol es el primer factor de riesgo -las compras de última hora, las visitas-. Esto da un margen mayor de accidentes entre las doce al mediodía y las cuatro de la tarde; las nueve a las once de la noche y, finalmente, de la una a las tres de la mañana del otro día.

Las colisiones son particularmente violentas y sus resultados graves, por la velocidad del impacto. Los peatones, motoristas y ciclistas son víctimas, en ocasiones, de su falta de precaución. Deben recordar que la cohetería, el alcohol, afectan los márgenes de visibilidad de los conductores, o que éstos pueden perder el control y arrollarlos.

Atravesar las calles es peligroso y deben tomarse precauciones adicionales, especialmente si estamos acompañados por niños. Ver hacia todos lados -un piloto puede venir en contra vía- y si observamos un carro rápido o descontrolado no se debe intentar pasar.

Si fatalmente nos involucramos en un accidente, recordar primero que la víctima ante todo es un ser humano y merece atención, no dejarla tirada y huir, sino brindarle auxilio inmediato, muchos lesionados pueden salvar su vida con una llamada telefónica o previniendo a otros autos para que no los arrollen. La persona lesionada está indefensa y tirada sobre la vía. Escapar del lugar es un acto moralmente censurable. La presunción de inocencia que nos proporciona tener una licencia de conducir se transforma en un caso de excepción para gozar de libertad.

Evadir la persecución penal es muy difícil, pues por lo general siempre existe quien anota el número de la placa -la cual a veces queda tirada en el lugar del accidente- o los fiscales y la policía nacional pueden seguir la pista hasta hallar al culpable.

Navidad es una fiesta de recogimiento, evitemos exponernos, nosotros y a nuestra familia a los accidentes.

Diferentes comunicadores y medios de comunicación han manifestado su preocupación por dicha ley, por considerar que atenta contra la libertad de emisión del pensamiento, consagrada en el artículo 35 de nuestra Carta Magna, y fundan su apreciación en la opinión consultiva número OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice: Por unanimidad que la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida al acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Al analizar en forma crítica ambos textos, observamos una posible antinomia entre dos normas constitucionales. ¿Cómo resolverlo, si ambas normas tienen la misma jerarquía? El criterio de la pirámide kelseniana no es útil, a mi juicio. La solución es la interpretación integracionista de Hart, para quien los derechos no son excluyentes, sino se integran mediante el reconocimiento de límites. No hay derechos absolutos. La razón de ser del periodismo es difundir las ideas y así lo consideró la Corte de Constitucionalidad en el fallo emitido dentro del expediente número 1270-96, al razonar: la libertad de emisión del pensamiento que proclama la Constitución en su artículo 35 es válida, según el propio texto, ejercerla por cualquier medio de difusión y sin censura, ni licencia previa. Esta disposición debe preservarse, en cuanto garantiza la difusión de las ideas y no puede ser objeto de matización que implique limitarla.

La superación moral, científica, técnica y material de un periodista está determinada por el derecho a comunicarse libremente. En este sentido, la colegiación obligatoria de periodistas es contraria a los propósitos del artículo 90 de la Constitución. El legislador constitucional hábilmente estableció que la libre emisión del pensamiento no necesita licencia previa y este es, a mi juicio, el límite del control profesional.

Entre los dos bandos, murieron 107 millones de personas. Las pérdidas alcanzaron el billón de dólares americanos. Requirió de los Estados preparar a la población para la lucha y aumentar su capacidad militar, lo cual, provocó una carrera armamentista que tuvo como consecuencia el aparecimiento de armas de destrucción masiva como la bomba atómica.

Los odios se convirtieron en acciones inhumanas contra poblaciones civiles y combatientes: genocidios, torturas, desaparición forzada, destrucción de infraestructura alimentaria.

Al finalizar la lucha, las potencias vencedoras suscribieron el 8 de agosto de 1945 el Acuerdo de Londres, firmado por los representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Unión Soviética, el cual estableció la creación de un Tribunal Internacional Militar para enjuiciar a los autores de los crímenes de guerra. Estos fueron ubicados en tres bloques: crímenes contra la paz, de guerra, y contra la humanidad.

Una de las conclusiones más importantes del Tribunal -dictada en 1946- fue que la guerra es un crimen contra la humanidad.

El 24 de mayo de 1945, en San Francisco, California, se adopta la Carta de las Naciones Unidas, la cual en su primer considerando reconoce: el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias.

Los derechos humanos entendidos como la supresión del temor y la miseria, se convierten en el centro de la cultura de paz en el ámbito mundial. Es así como el 10 de diciembre de 1948 se proclama la Declaración de los Derechos Humanos, la cual representa un reconocimiento de los derechos mínimos de todo ser humano que los Estados y las personas están obligados a respetar, para garantizar la paz.

A partir de ese momento, se inicia un proceso de construcción de un marco internacional de protección de los derechos humanos en el cual destacan los Pactos Internacionales, Convenciones y Declaraciones. Sin embargo, en América Latina, la Guerra Fría y las luchas armadas internas, impiden el desarrollo político de dicha proclama.

La finalización del enfrentamiento y los compromisos por la paz, suscritos en los países en conflicto, le dan una nueva vitalidad a la Declaración que debe ser hecha suya por todos, con el objeto de desterrar la injusticia, violencia y discriminación. Pero, para ello, lo más importante es divulgarla, sin limitación de fronteras. Principiemos en Guatemala.

Por un lado, el drama de la muerte, al cortar la vida de una persona, ¿para qué?, ¿cuántas personas más han de morir?, ¿por qué ocasionar un dolor tan grande a miles de familias? Por el otro, la indiferencia del comunicador. El medio documentó un hecho real y el redactor obvió comentarlo; en cambio, el avance del combate, un hecho de muchos frentes y kilómetros, fueron descritos y comentados ampliamente, dando la impresión de que lo sucedido al oficial no tiene importancia.

La verdadera historia es que toda guerra sólo produce destrucción, muerte y sufrimiento, eso es lo que el video nos mostró. Muchos pensamos que la caída del muro de Berlín traería al mundo una época de paz y distensión; pero nos equivocamos. Los conflictos y víctimas -muertos y heridos- son mayores cada día. Por un lado, acciones terroristas irracionales, como el caso de las torres gemelas; por el otro, una lucha con armas de destrucción masiva, eficaces, que no diferencian entre un soldado y un niño.

Y eso es lo que nos transmiten las comunicaciones, una batalla virtual, donde el espectador sólo observa un sinnúmero de tomas que enfocan objetivos militares localizados y en los que hacen impacto las bombas o una pantalla con un fondo verde, en la que observamos un juego de luces que terminan en fogonazos. Esto nos dificulta comprender las consecuencias de la lucha, el verdadero drama humano no lo captamos.

La pérdida de vidas que se contabiliza como un simple dato estadístico, las amputaciones o terribles lesiones, el miedo, la desazón, la destrucción de ciudades y culturas no se registran, son ignoradas.

Para nadie es secreto -por haberlo sufrido en carne propia o conocer de otras experiencias- que en múltiples ocasiones las capturas se producen arbitrariamente. Un mal momento, una pelea con un policía, puede representar ser sometido a la cárcel injustamente. Muchas de esas arbitrariedades deben ser evitadas y la presencia de profesionales del Derecho en las comisarías, por sí sólo, infunde respeto y temor en el agente de seguridad.

La Constitución Política de Guatemala proclama como valor superior del ordenamiento jurídico la libertad, entendida como la autonomía del individuo para elegir entre diferentes opciones vitales. La detención ilegal o arbitraria anula este principio constitucional. La libertad física debe entenderse como la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas coercitivas injustificadas que restringen o amenazan la autonomía de toda persona.

Con el fin de evitar este abuso, el derecho limita la potestad pública, imponiendo barreras; son las llamadas garantías del sindicado: protección contra la detención arbitraria o ilegal; oposición al uso irracional de la fuerza; prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes; el incumplimiento de plazo para poner a disposición de la autoridad competente al detenido; la falta de notificación de la causa de detención; la no información de los derechos del sindicado; conducirlo a un centro de detención ilegal; obligarlo a declarar ante autoridad distinta de la jurisdiccional competente.

La violación a estas disposiciones fundamentó en -Estados Unidos- la llamada teoría de la fruta envenenada. Tolerar los excesos de la administración representa enfermar a todo el sistema. Por eso, cualquier acto ilegal de los funcionarios anula lo actuado. Esto ha permitido prestigiar a los diferentes actores de la seguridad pública, a quienes se les obliga a conducir sus actos dentro de la legalidad.

Inventar partes, crear pruebas, inducir a las mordidas, golpear a los detenidos son prácticas que deben terminar; por eso, la idea de colocar a los defensores en los lugares inmediatos a la detención, me parece una idea acertada, que no es nueva, sino tiene sus orígenes en el Siglo XVIII, al sancionar el principio de legalidad como una defensa de la persona frente al poder, conocida como la Carta Magna del Derecho Penal.

Anselmo Feuerbach la inmortalizó en su famosa frase ?nullum crimen, nulla poena sine previe lege?. Lo que significa que la acción punitiva del Estado debe atenerse estrictamente a lo establecido en la ley.

La antigua arteria comercial que muchos transitamos para ver vitrinas, se convirtió en un lugar obscuro, sucio, peligroso en ocasiones, que atemorizó a compradores que prefirieron la seguridad y limpieza de otros centros comerciales.

La crisis obligó a cerrar negocios o reconvertirse en empresas mayoristas, para las cuales, la calidad del producto quedó en segundo lugar.

De manera afortunada, la Municipalidad capitalina, asumió la responsabilidad de rescatar el corazón de la ciudad y como primera medida dispuso eliminar rótulos luminosos sobre calles y avenidas, lo que permite recuperar la vista del valioso tesoro arquitectónico del lugar.

Al recuperar la luz, se observan aún, viejas construcciones -la mayor parte de ellas en buen estado- alineadas en manzanas. Vista que impresiona a propios y extraños, que a la larga puede servir para desarrollar políticas turísticas de importancia.

En no pocas ocasiones, escuché a visitantes extranjeros decir que Guatemala es interesante en el interior -Quiché, Petén, Sacatepéquez, Panajachel, Quetzaltenango-, pero la ciudad capital no despertaba entusiasmo y, mientras más rápido salieran al interior, mejor.

El Centro, con sus museos, iglesias, callejones, puede convertirse en un foco de atracción para propios y extraños, impulsor y democratizador de la economía y el salario.

Esta primera acción, permite vislumbrar la importancia de recuperar la zona. Es apenas un paso, falta entubar bajo tierra los cables de alumbrado eléctrico, telefónico, de empresas de cable, etcétera; en forma similar como lo han hecho en algunas vías de la Antigua Guatemala.

Reordenar y fiscalizar los expendios de bebidas alcohólicas, barras show y las llamadas pensiones. Mejorar los sistemas de alumbrado, proporcionar mayor seguridad, son medidas urgentes.

Otro beneficio es fortalecer un orden que permita democratizar el comercio en el centro de la ciudad, posibilitando una mayor participación de empresas en el mercado, al ofrecer productos en forma directa al cliente, beneficiándolo con el precio y calidad de los mismos.

En forma indirecta, mejora el empleo formal, cuantitativa y cualitativamente, porque parte de la competencia es la atención al cliente.

Lograrlo, será un mérito de la actual administración municipal, al devolver la vida a una de las zonas más importantes de la ciudad.

Esperemos que el año por venir, nos deje esa alegría.

El mundo se ha transformado en forma dramática, aumentando la crisis. El rápido crecimiento del comercio mundial, la exportación de tecnología y la expansión de las empresas transnacionales, han dado lugar a una economía global crecientemente interdependiente.

La relación tradicional entre la producción y finanzas -economía real e imaginaria del papel- ha cambiado profundamente. En forma sorprendente, el mundo de las finanzas se multiplica frente al mundo de la producción, modificando las estructuras productivas, la configuración de la fuerza de trabajo, la demanda, la composición del producto, las formas de operación de las empresas y el papel de los servicios, que ahora tienen más énfasis en las comunicaciones.

Pero, a la par de ello, la dependencia económica de nuestro país de los dueños del dinero, aumenta a tal punto, que gran parte de los presupuestos nacionales se invierten en pagar la llamada deuda pública, comprometiendo los programas de inversión social y el futuro de la población. Actualmente adeudamos cerca de once mil millones de quetzales, que nuestros hijos y nietos deberán pagar.

De estas experiencias, podemos concluir que el fin de la escasez, proclamada por Herbert Marcuse y el neoliberalismo, es una utopía. La experiencia ha demostrado que el mercado no es perfecto.

El mercado libre es un instrumento eficaz -por el lado de la oferta- para producir y distribuir bienes en abundancia. Sin embargo, por el lado de la demanda, la economía es incapaz de generar suficientes fuentes de ingreso para sostener el nivel de la oferta. Sigue siendo el gran problema original de la economía capitalista: la sobreoferta de bienes y la insuficiencia del lado de los ingresos.

El argentino Mario Bunge, profesor de la McGill University de Montreal, Canadá, señala que para salir de la crisis es necesario fortalecer los procesos de autogestión popular y convertirlos en competitivos, a fin de democratizar el ingreso.

Extremo que el profesor de la Universidad de Guerrero, México, Carlos Ordóñez Mazariegos, ilustró en el Congreso Latinoamericano de Sociología, celebrado en Antigua Guatemala la semana pasada, al explicar el éxito de las cooperativas agrícolas del altiplano.

Es importante que el Gobierno interprete dichas experiencias y tome como una alternativa de desarrollo el apoyo a la economía comunitaria y participativa.

Arbitrariedad que se observa en todo el mundo y contra la cual surgen los derechos del consumidor. El consumo siempre ha estado reservado a las clases sociales con mayores ingresos. Sin embargo, en el siglo pasado, al aumentar la oferta, algunas empresas, con el fin de permanecer en el mercado ofrecieron productos de mala calidad o dañinas a la salud, utilizando fuertes campañas publicitarias. Productos que, en ocasiones, provocaron la muerte de varias personas o enfermedades irreversibles, como el caso de aceite adulterado en España, el problema de las vacas locas en Europa -consumo de concentrados no vegetales-, venta de hamburguesas contaminadas, etcétera.

Como reacción, en Estados Unidos se inicia un movimiento de consumidores, con el objeto de proteger el mercado de estos abusos.

Es así como el 15 de marzo de 1962, nombrado Día Mundial del Consumidor, el presidente de ese país, John Fitzgerald Kennedy emite la famosa declaración de los derechos básicos del consumidor, en la que se reconoce: el derecho a la seguridad, a ser protegido contra el mercado de bienes dañinos a la salud o a la vida; derecho a ser informado, protección contra información fraudulenta; acceso a una variedad de productos competitivos; y derecho a ser oído.

La Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de abril de 1985 emite la resolución número 39/248 que contiene las Directrices de Protección al Consumidor, que brinda protección al consumidor frente a las cláusulas leoninas.

El consumidor es una persona física que ejerce una función económica al participar en el mercado comprando y consumiendo los productos que se le ofrecen, por lo que tiene derecho a que los productos sean útiles para el uso que se destinan -seguridad física-; y deben estar protegidos contra los abusos contractuales.

Cláusulas de exclusividad, rescisión sin responsabilidad, sanciones excesivas son algunos de los ejemplos.

Hecho de profundas consecuencias en nuestro país, por nuestro carácter multicultural y excluyente. La mayor parte de guatemaltecos buscamos paz, hermandad y rechazamos la intolerancia y la discriminación. Por esta razón, creo oportuno reflexionar sobre la igualdad racial.

Existe acuerdo en reconocer desde la perspectiva empírica que los seres humanos son a la vez iguales y desiguales entre sí. Lo natural es la diferencia, esa dimensión individualista que Recasens Siches denomina ?la unicidad de cada individuo, esencialmente única, intransferible, incanjeable, privadísima, exclusiva?.

Pero, la igualdad es una regla moral, normativa. El profesor Calsamiguia, lo señala: Cuando decimos, todos los hombres son iguales, no estamos describiendo lo que ocurre en el mundo. En realidad somos muy conscientes de que existen diferencias entre los hombres y difícilmente podemos encontrar dos que tengan cualidades idénticas.

No es un principio descriptivo de la realidad social, sino una exigencia que nos indica cómo deben ser los hombres en una sociedad justa. Al afirmar que aspiramos una sociedad donde todos los pueblos y sus miembros gocen de la misma dignidad, nos ubicamos en lo ético. Esta afirmación contrasta con la realidad, pero, marca el camino a seguir.

El principio de la equidad racial se fundamenta en la lucha de los pueblos contra las condiciones de explotación y discriminación provenientes de las desigualdades económicas, sociales y culturales a que son sometidos. No se trata de un colectivismo que niegue la autonomía moral e individual del sujeto, sino una crítica social contra aquellos elementos que impiden, a la mayoría, alcanzar el máximo nivel de desarrollo integral.

Existen personas que juzgan esto imposible, pero es suficiente conocer las comunidades del país, para observar que sin dejar de ser libres, viven fraternalmente.

La visión indígena no es una visión de ruptura, sino de armonía, donde lo individual, social y natural están íntimamente relacionados. Lo contrario es la visión utilitarista y hegemónica que niega la multiculturalidad y que proclama como única cultura el egoísmo o el colectivismo totalitario.

Han transcurrido más de quinientos años y no logramos un diálogo intercultural que nos permita superar prejuicios, porque ignoramos u olvidamos nuestra historia. Esa es nuestra realidad, la cual, debemos cambiar, para principiar a construir una nación donde la igualdad racial deje de ser una utopía.

Los tres trabajan en Casa Alianza, institución que se dedica a proteger a los llamados niños de la calle. Su actividad ha merecido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales.

Esfuerzo que tiene como riesgo la intolerancia e incomprensión de sectores que se ven favorecidos por la existencia de miles de niños a quienes pueden explotar fácilmente.

De acuerdo con la información periodística, estos grupos, escudados en la impunidad, realizan acciones de intimidación contra el personal de Casa Alianza, especialmente contra su asesor jurídico Héctor Dionisio. Estos van desde amenazas por teléfono hasta un intento de agresión.

Todo ello ante la pasividad e inmutabilidad de la autoridad responsable de proteger la seguridad y la vida de las personas, la cual olvida que una de las reglas elementales de la seguridad pública es la prevención y que tienen por tanto la obligación de brindar protección a quien se ve amenazado o perseguido. No obstante, parece que son más importantes los operativos o retenes para detectar carros robados, empleando en esta tarea un gran número de agentes.

Si el Gobierno pretende dar una nueva imagen de seguridad, debe empezar por garantizar la integridad de todos los habitantes de Guatemala. De lo contrario, aunque capture a todos los fugados del Infierno o detenga a los integrantes de cien bandas de asaltabancos, la percepción seguirá siendo que, en nuestro país, quien vive en la ilegalidad está más protegido que los ciudadanos honestos.

La denuncia presentada a la prensa por Casa Alianza no debe tomarse como un simple incidente, la misma merece ser investigada a fondo. La seguridad del ciudadano a vivir en una sociedad donde impere la autoridad y justicia, sin miedo o temor a ser blanco de acciones terroristas, por el simple pecado de luchar por sus convicciones, es justamente lo que diferencia a una sociedad democrática de otra que no lo es.

No se trata de llenar las cárceles con detenidos, sino que sepa, quien se atreve a cometer un delito, que será capturado y condenado. Tolerar el hecho inicial, la simple amenaza, es facilitar acciones mayores y eso no debe permitirse.

Creo que la gran mayoría de guatemaltecos aspiramos a vivir honradamente y en paz, con un Gobierno que proteja y garantice nuestra seguridad. Elemento esencial para restablecer la armonía social.

Ihering dijo: Prefiero el orden a la justicia, porque el orden en sí apareja una idea de justicia, mientras la justicia sin un orden es anarquía.

Frente a esta realidad los pueblos indígenas reivindican el derecho a determinar su futuro, mediante la elaboración de sus prioridades y estrategias en los campos culturales, económicos y sociales. El desarrollo económico por sí solo no es la solución a los problemas indígenas, sólo es un elemento -importante eso sí- dentro de un proceso de desarrollo integral el cual no puede ser definido en las esferas estatales, sino debe ser elaborado desde las propias comunidades, respetando su cosmovisión armónica de la vida, sus costumbres e instituciones.

El etnodesarrollo no es sólo desarrollo sostenible, es, además, desarrollo integral del pueblo en un triángulo donde la armonía tiene tres esquinas: lo natural, lo social y lo individual.

La cultura judeo-cristiana, fundamento de la concepción antropocéntrica oficial, luce aislacionista y desarrolla valores que contradicen a la cosmovisión indígena. El desarrollo del hombre fundado en la producción, olvidando el equilibrio armónico en lo social y con la naturaleza, es inaceptable para los pueblos, quienes reivindican el derecho a determinar cómo y de qué manera crecer.

El mejor ejemplo es la crisis alimentaria que vive el país. Este y los Gobiernos que lo antecedieron, planificaron y ejecutaron programas de diversificación de cultivos e impulsaron la industria de productos no tradicionales, todo lo cual es importante.

Sin embargo, descuidaron la producción de maíz y frijol, productos básicos de la economía de subsistencia de nuestro país. Por eso, su pérdida por la sequía ha provocado que varias poblaciones estén al borde de la crisis alimentaria.

No es casual que el elote, la milpa, tenga una simbología de vida en la cosmovisión indígena. Es el producto que ha permitido subsista la civilización maya, en tanto, el oro, la plata y los espejos, representan su explotación.

Sin abandonar los programas de desarrollo de otros sectores del país, el Gobierno debe apoyar las estrategias alimentarias de los pueblos indígenas, quienes deberán determinar qué, cómo y cuándo consumir.

Los factores que permiten caracterizar un desastre es la extensión del área afectada, la intensidad del impacto, la duración del impacto, la velocidad de inicio y la predecibilidad; este último, es el período de recurrencia que presentan los fenómenos naturales, lo que permite prevenir las consecuencias en algunos casos.

Las inundaciones provocadas por las lluvias es un hecho cierto, y que deben tomarse medidas para su prevención, también lo es. Me pregunto: ¿se han tomado las medidas adecuadas que permitan aminorar los daños de las inundaciones? La falta de una adecuada infraestructura de protección a las personas y el medio ambiente, provoca que los desastres naturales con mayores consecuencias fatales, se produzca en los países en vías de desarrollo. El desplazamiento interno que obliga a la construcción de viviendas en lugares inadecuados ha creado un gran número de personas expuestas al peligro.

El Instituto de Estudio para América Latina y África, definió el derecho a la prevención y protección contra los desastres naturales como: el derecho de toda persona a exigir que se realicen todo el conjunto de acciones que vayan dirigidas a prevenir catástrofes, calamidades, paliar y aminorar sus consecuencias.

Contra esta inseguridad natural, la Asamblea General de Naciones Unidas en la resolución de fecha 8 de diciembre de 1988, declaró: “Abandonar a las víctimas de desastres naturales y situaciones de emergencia humanitarias, representa un atentado contra la dignidad humana”.

El decenio de los 80 fue caracterizado por turbulentos cambios políticos y económicos en todo el mundo. Los organismos humanitarios centraron su atención en los conflictos y sus resultados: desplazados internos, refugiados. En este contexto son creados el Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y su sucesora, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios que orientaron la mayor parte de sus recursos -90%- a favor de las víctimas de la guerra. Pero el aumento de las víctimas de catástrofes naturales -65,8 millones de víctimas de inundaciones y los 59.3 millones de víctimas del hambre provocada por la sequía en un año promedio-, obligó a democratizar el gasto, el cual se repartió a la mitad.

Las catástrofes aumentan día a día en número y los recursos cada vez son menos abundantes; por eso, la responsabilidad en la elaboración de estrategias que disminuyan los efectos de las catástrofes es vital en una política de protección hacia las personas.

A pesar del repudio mundial contra los actos terroristas, éstos, lejos de disminuir, alcanzan su más alto grado de crueldad en las acciones suicidas dirigidas contra el Centro Mundial del Comercio y el Pentágono en Nueva York y Washington, respectivamente. El número de muertos podría ser catastrófico, y oscilaría entre 5,000 y 30,000 personas.

Como siempre suele suceder, la mayor parte de víctimas son trabajadores o turistas, que se convirtieron en blanco político, sin saber por qué y para qué, muchos de los cuales no tendrán ni el derecho a ser encontrados o recibir sepultura según sus costumbres, y no cabe duda que entre ellos habrá más de un guatemalteco o centroamericano.

A distancia, los televidentes fuimos testigos de los hechos y nos imaginamos los grados de terror que produjo dicha acción. Desde el secuestro de los aviones, asesinato de sus pilotos, hasta el impacto con los rascacielos. La angustia que padecieron los ocupantes de los edificios, quienes seguramente no entendían lo que sucedía -especialmente al no funcionar puertas y ascensores- hasta el desplome de las torres.

Para las víctimas y todo el pueblo norteamericano, mi solidaridad.

También un llamado a la reflexión a quienes dirigen, ordenan y ejecutan estos actos, para que cesen los mecanismos violentos y las luchas se desarrollen en otros escenarios -políticos, económicos y culturales-, porque su acción de hoy, su acción generará más violencia y sufrimiento.

El Gobierno de Estados Unidos y sus aliados han declarado la guerra al terrorismo, y se debe confiar que sus acciones no excederán los límites proporcionalmente planificados. Desafortunadamente, la espiral de violencia lejos de contenerse podría ser cada día mayor y los actos mortíferos más despiadados.

Las víctimas merecen justicia, los responsables deben ser plenamente identificados, procesados y castigados en consonancia con la magnitud de sus delitos. Si alguna lección debemos sacar de los hechos ocurridos en Estados Unidos es que el mundo rechaza toda forma de terrorismo.

Sobre el particular, es alentador el sistema meticuloso y altamente responsable utilizado por los norteamericanos en las investigaciones, el cual debe ser considerado un acierto que evitará cualquier molestia a personas inocentes.

De acuerdo con lo informado por el director de la radio, Javier Padilla, la víctima fue amenazada, por lo menos en tres ocasiones, antes de sufrir el atentado. Si la policía tuvo conocimiento de esas acciones intimidatorias y no reaccionó, existe una responsabilidad por omisión.

La función del comunicador tiene un alto riesgo y las fuerzas de seguridad deben tener planes de seguridad preventiva. Si éstos no existen o no se implementaron, debe ser investigado y justificado ante la opinión pública.

Los atentados contra la libre emisión del pensamiento tienen un componente individual y uno social. Por un lado, es una agresión contra un ser humano y por el otro una acción para esconder la verdad al gran público: el pueblo. Por eso, la garantía del derecho a la información, libre de toda coacción o amenaza, es considerada como la piedra angular del sistema democrático.

El Estado de Guatemala reconoce el derecho a la información. Sin embargo, los casos comentados, prueban que ello es una utopía, porque dicha libertad es restringida constantemente, ya sea por mecanismos lícitos o ilícitos.

Los ejecutores materiales e intelectuales, generalmente, pertenecen a sectores de poder – políticos, económicos -, o a grupos ilegales -narcotráfico, secuestradores, asaltantes-, quienes necesitan de una Prensa complaciente que lejos de ser un control social, sea un aliado, un encubridor que desvirtúe la noticia, la esconda o en último caso la minimice.

Los métodos para lograr sus objetivos son variados, desde la persecución personal a la económica. La historia de Guatemala está llena de ambos ejemplos. El caso de Jorge Luis Marroquín, director del semanario Sol Chortí, asesinado en junio de 1997, hecho del cual se sindica como autor material al alcalde de Jocotán, Chiquimula, José Manuel Oajaca, quien actualmente es prófugo de la justicia, es uno de ellos.

Ser comunicador en nuestro país es un apostolado, muchos son incomprendidos, otros perseguidos y asesinados, por el único delito de informar a la población lo que ocurre a su alrededor.

Gracias a la labor de investigación periodística y su difusión, múltiples actos de corrupción han sido descubiertos; limitar, restringir o disminuir la función de control del periodismo, dejaría a la sociedad indefensa frente al abuso. Es necesario tomar conciencia de ello y reclamar al Estado la debida protección a los periodistas, así como justicia y reparación para las víctimas, caso contrario, nos encontraremos a merced de poderes fácticos y corruptos.

La violación más grave de los derechos económicos y sociales es el hambre. El 16 de noviembre de 1974, la Conferencia Mundial de la Alimentación, aprobó la Declaración Universal sobre la erradicación del Hambre y la Malnutrición; en su artículo primero reconoce como derecho inalienable el no padecer hambre y malnutrición.

?Todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus capacidades físicas y mentales. La sociedad posee en la actualidad recursos, capacidad organizadora y tecnología suficiente y, por tanto, la capacidad para alcanzar esta finalidad.

En consecuencia, la erradicación del hambre es objetivo común de todos los países que integran la comunidad internacional, en especial de los países desarrollados y otros que se encuentran en condiciones de prestar ayuda?.

El presidente Alfonso Portillo, ha reconocido que el combate contra la pobreza es uno de los retos más importantes del Estado. El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, expresa: ?Una paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo socioeconómico orientado al bien común que responda a las necesidades de toda la población.

Que ello es necesario para superar las situaciones de pobreza, extrema pobreza, discriminación y marginación social y política que han obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, económico, cultural y político del país y han constituido fuente de conflicto e inestabilidad?. A pesar de todas estas intenciones y proclamas, el derecho a un nivel de vida adecuado sigue siendo una utopía.

Al igual que en el Africa, donde millones de personas han muerto por el terrible beriberi, la población rural guatemalteca vive de cultivos de subsistencia -maíz, frijol- y una mala cosecha amenaza poblaciones enteras.

Mientras tanto, miles de hombres, mujeres, niños y ancianos, dependen de la solidaridad nacional que podamos brindarles. El Hogar Bethania debe constituirse en nuestra trinchera o símbolo desde el cual debemos desterrar la indiferencia de este país.

El empresario, trabajador, estudiante, todos están sujetos a condiciones legales. El Estado en esta maraña de relaciones juega un papel importante: determina los contenidos escolares; la graduación y promoción docente; restringe programaciones televisadas; determina y ejecuta las principales decisiones políticas, sociales y económicas. Es el gran director social.

Durante toda la historia de la humanidad, una búsqueda permanente es la selección del gobernante. Platón, filósofo, sobre todo pedagogo, reflexionó sobre el papel del Gobierno en la educación. El creador de la Academia -centro de la cultura griega-, en una época donde la de comunicación era rudimentaria y la educación elitista y casi personal, predijo la importancia del Estado como educador. Miles de años más tarde, con medios de información sofisticados y masivos, su predicción se cumple.

El papel del gobernante no se limita a organizar y decidir cómo y sobre qué educar. Forma con el ejemplo. La función pública es administrar, pero, formativa a la vez. El funcionario público puede reproducir una cultura de violencia o de tolerancia.

El discurso agresivo, descalificador, irrespetuoso, provoca reacciones similares en los oponentes. El gran público aprende del debate político que la violencia es preferida sobre la tolerancia. Esta tendencia a descalificar al oponente se generaliza a todos los actos sociales.

Durante la lucha armada interna, ser autoridad en el área rural era tener poder sobre la vida o muerte de cualquier persona. Apreciación que antiguos comisionados militares o patrulleros civiles siguen teniendo. Por eso, con gran facilidad se involucran en actos de linchamiento o ajusticiamiento; acciones que no interpretan como delitos, sino como actos de justicia.

Cualquier plan de gobierno -el actual o cualquier otro- puede desarrollarse en un ambiente de tolerancia, no es la descalificación del oponente lo que va a proporcionar mayor legitimidad a las ideas de los gobernantes. Es la fuerza del argumento y la forma en que éste se comunica a la sociedad. El papel del gobernante requiere de una gran responsabilidad, su discurso siempre tiene un efecto pedagógico. La corrupción, impunidad o violencia se pueden nutrir de un mal manejo de la expresión pública o al contrario un discurso tolerante, honesto, fortalece la democracia.