Sentencia de muerte

Una sentencia de muerte distribuida el lunes pasado en un papel por miembros de la Pandilla 18 en tres viviendas se regó como pólvora en el Reparto Lempira de San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras, 240 km al norte de la capital.

“Atentamente de la Pandilla 18, les damos 24 horas para que se hagan humo (se vayan) de esta área, después no vayan a lamentar, van a haber vidas caídas” , dice el mensaje escrito en computadora.

El Hoyo, situada en la ladera de una colina, es habitada desde hace 20 años. Son tierras privadas que los habitantes invadieron y que las autoridades les permitieron ocupar después.       

Selkin Arita, vocero de la policía, dijo a periodistas el jueves que unas 140 personas habían huido, y que unos 100 policías y soldados fueron desplegados en un operativo de seguridad en la zona.     

“Instamos a los pobladores a retornar a sus hogares porque hemos destacado policías y militares a salvaguardar sus vidas y pertenencias” , dijo por su parte el coronel Tito Moreno, comandante de la Brigada 105 de las Fuerzas Armadas. 

 Pero Gloria y otros vecinos, como Délfida López, no se detuvieron y se agregaron a la estampida de vecinos.

 “Me voy a trasladar a la colonia Flor de Cuba. Ya mis (cinco) hijos se fueron, qué voy a quedar haciendo sola aquí?” , pregunta Délfida, de 58 años, cuya pobreza no le permitió contratar un vehículo sino un carruaje maltrecho tirado por un avejentado caballo para transportar las tablas de desechos que formaban su deplorable vivienda.

“Aquí da miedo… si se fija, no hay ninguna pulpería, todas las cerraron los mareros” , lamenta.

Un pueblo fantasma

“Este parece un pueblo fantasma”, reconoce un suboficial del destacamento militar que tomó un taller de estructuras metálicas como cuartel general.

Arita explica a la AFP que los pandilleros exigieron a los vecinos desalojar las viviendas de la calles principal porque quieren convertir la vía en la frontera de los territorios que controlan la 18 y la pandilla rival Mara Salvatrucha (MS-13) para la venta de drogas y extorsiones.

” De este lado está la 13 y del otro la 18“, explica el militar.

Este jueves, unas 30 familias también huyeron de la colonia Las Torres, en el sur de la capital, luego que los pandilleros les mandaran una nota similar, dándoles 48 para desalojar sus vivienas en esa barriada pobre.

Igual que en San Pedro Sula, los vecinos contrararon vehículos y subieron de prisa lo que pudieron para escapar y buscar un lugar de menor riesgo.

Miembros de otro contingente policial acudieron en axilio pero el éxodo no se detenía.

“Mi familia no tiene dónde ir, pero nos vamos porque tenemos miedo de perder nuestras vidas si no lo hacemos” , dijo a la televisión local una mujer que se identificó como Antonia Romero.       

Barrio 18 y la rival Mara Salvatrucha, las dos pandillas que operan desde la década de 1980 en Honduras, son las que se disputan la zona.     

Un caso similar ocurrió el lunes en una colonia de San Pedro Sula, ciudad norteña y la segunda en importancia de Honduras, donde centenares de lugareños abandonaron sus hogares por amenazas, presuntamente también del Barrio 18.   

Intimidación por la impunidad

El coordinador de la oenegé Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera, dice que ” intimidación de los mareros“a la población en San Pedro Sula es ” consecuencia de la impunidad generalizada que prevalece en este país“, donde ” solamente el 4% de las personas que cometen delitos llegan a juicio.

Mientras, en la capital Tegucigalpa la 18 controla 150 barrios y colonias y la MS-13 está en 70.

Agrega que las pandillas violentas han existido por décadas en Honduras pero a partir de los años 90 ambas agrupaciones se consolidaron como “fuerzas dominantes” , producto de la llegada de deportados desde Estados Unidos, causando “un repute en la violencia” .

Recuerda que la tasa de homicidios se elevó en el 2014 en San Pedro Sula a 140 por cada cien mil habitantes y 81 en la capital, entre las más altas de mundo.

Según la Embajada de Estados Unidos, ambas pandillas tendrían unos 36.mil miembros pero otras instituciones consideran que tienen mucho menos.

El primero consiste en hacer un inventario de las existencias de medicinas.

“Si no existe inventario de medicamentos en el país ellos (el ejército) se han comprometido a traerlo del lugar más cercano en el que se pueda encontrar”, tras el inventario, el ejército “identificará cuales son los centros privados que puedan garantizar calidad precio y logística para la entrega de medicamentos y el país acabará por tener un sistema de almacenaje y distribución de medicamentos”, explicó el presidente.
Se intervendrá en total 10 hospitales en todo el país.

El sistema sanitario de Honduras se encuentra bajo un fuerte cuestionamiento después de que se hicieran públicas una serie de graves irregularidades que descapitalizaron por un valor aproximado de 120 millones de dólares al Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) y a los almacenes de medicamentos del país a través de una trama de corrupción liderada por el ex director del IHSS, Mario Zelaya.

El esquema de desfalco implicaba, además de otras irregularidades, la compra de medicamentos sobrevalorados e incluso defectuosos hasta niveles que una comisión multipartidaria del congreso nacional que lo investigó calificó de criminales. La comisión llegó a registrar el caso de 11 mujeres que presuntamente fallecieron tras consumir medicamentos defectuosos.

Según el diagnóstico presentado por Batres, se ha detectado una situación de desabastecimiento de medicamentos a hospitales y centros de salud, entre los que se señaló lo que tratan hipertensión o diabetes, asma y deficiencia renal y se han encontrado medicamentos que eran retenidos sin motivo y no seguían su cadena de distribución a los pacientes. Señaló el ejemplo de 10 millones de pastillas de acetaminofén retenidas en un almacén.

Desde hace semanas, decenas de miles de hondureños protestan por diferentes ciudades del país en un movimiento que se conoce como “Marchas de las antorchas” convocado a través de redes sociales por jóvenes que se autodenominan “Indignados” y comenzaron a protestar a raíz de que se conoció que morían pacientes en los hospitales por falta de medicamentos en un contexto de corrupción generalizada en el sistema de salud.

También reclaman el fin de la impunidad en el país, que asciende según datos oficiales a más del 90% de los crímenes cometidos, y piden que se instale una Comisión Internacional contra la Impunidad a través de las Naciones Unidas.

Orden de captura internacional

Un juzgado emitió este miércoles una orden de captura internacional contra el exministro de la Presidencia de Honduras (2006-2009), Enrique Flores Lanza, acusado de corrupción durante el gobierno del derrocado expresidente Manuel Zelaya, informó un tribunal local.

La portavoz del juzgado penal de Tegucigalpa, Kelyn Ortega, indicó que Flores Lanza “está acusado por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos por 40 millones” de lempiras, cerca de US$2 millones.

Precisó que se emitió una orden de captura a la Interpol (policía internacional) y una alerta migratoria.

El abogado defensor del exministro, Raúl Suazo, dijo tener entendido que Flores Lanza salió del país.

Los fondos fueron retirados por el gobierno de Zelaya para gastos aprobados por el Poder Ejecutivo para realizar una consulta popular en la cual se preguntaría si la población estaba de acuerdo en instalar una “cuarta urna” en las elecciones de noviembre de ese año para consultar si se convocaba a una asamblea constituyente.

El día en que se iba a celebrar la consulta, Zelaya fue derrocado por una alianza político militar que lo acusó de usar el mecanismo para intentar perpetuarse en el poder.

El mandatario se había enfrentado a sectores influyentes de Honduras por aliarse al “socialismo del Siglo XXI” promovido por el entonces presidente de Venezuela, el fallecido Hugo Chávez.