Es justamente allí, en una elección sin saber lo que se está eligiendo que deriva toda la frustración acumulada de sociedades como la guatemalteca que, una y otra vez, se topan con que no cuentan con los elementos suficientes para poder desarrollar y después elegir sus liderazgos políticos. Y vamos teniendo que validar, ratificar, legitimar con una pálida papeleta y una cruz una decisión que nos afectará cuatro años —aunque en realidad son muchos más, porque la política pública (mala y buena) tiene inercia y se extiende, a veces indefinidamente—.

En el momento por el que pasa Guatemala, con el ambiente social y político tan pero tan volátil y enrarecido (coyuntura), y con los niveles de desigualdad y debilidad institucional tan altos (estructura), esta incertidumbre se acentúa. Se magnifica.

La población rural, en promedio menos crítica y con un ancestral escaso acceso al poder central, se conforma con dinámicas locales, en donde lo concreto, lo inmediato, es suficiente para convivir con un sistema político y económico que como en el fondo nunca le ha dado nada, pues con espejitos y baratijas —que en el siglo XXI son almuerzos gratis, camisetas, láminas y rifas de electrodomésticos— basta. Así que difícilmente por ahí vendrá la fuerza transformadora en la actual crisis.

La población urbana, por su parte, arde y se consume en su catarsis, pero sin terminar de coronar una posibilidad de reforma real. Estamos como cuando hacíamos competencias de pulsos en la escuela, por ratos inclinamos el brazo en una dirección y por ratos en otra. Mientras tanto, nuestro oponente gana tiempo y apuesta al cansancio, eso sí con una sonrisa cínica que nos repite y recuerda el nivel de descaro que ha desarrollado amplia e impunemente.

Así, los problemas de siempre, esos históricos frenos a nuestro desarrollo, siguen allí, fermentándose: bajo empleo formal, baja productividad de los factores de producción, baja carga tributaria, desnutrición crónica, déficit de infraestructura pública —caminos, agua, luz, internet, médicos, policías, maestros, trabajadores sociales—, deterioro de nuestra base de recursos naturales, expulsión de nuestra mano de obra —calificada o no—, inseguridad ciudadana, narcotráfico y crimen organizado.

La tensión entre esta coyuntura y aquella estructura no termina de sintetizar. ¿Puede un país vivir así indefinidamente? ¿Puede este país soportar otros cuatro años sin contenido en sus tomadores de decisión? ¿Por qué nos está costando tanto organizarnos, cerrar el negocio, somatar de una buena vez la mesa y comenzar a reconstruirnos?

Pero hoy eso ha cambiado. El dique mental que nos cohibía y amedrentaba finalmente cedió. La sociedad despertó y reaccionó como no lo hacía desde hace por lo menos tres generaciones. Tanto así, que ya no saben qué hacer con nosotros. Somos el pulpo se salió de la botella y ahora no hay santo poder que lo meta de vuelta.

En ese despertar, en ese caldo de cultivo es que caen las declaraciones del arzobispo. Que dicho sea de paso son absolutamente consistentes con las estadísticas nacionales que nos dicen a gritos que un 70% de la población ocupada está en el sector informal, que tenemos a más de un millón de paisanos que han tenido que dejar el país para salir en busca de mejores oportunidades económicas, y que aún somos una población muy rural y muy joven.

Todo eso junto nos pone contra la pared, ante una realidad muy cruda y muy grave. Debajo de la actual crisis corren problemas de difícil, pero de urgente corrección, en donde probablemente uno de los más importantes y urgentes sea la generación de oportunidades de empleo para todos esos muchachos y muchachas que hoy se topan con callejones oscuros, sucios y sin salida.

Es fundamental, entonces, poder hacer los amarres entre reformas al sistema político que la sociedad está demandando y transformaciones económicas estructurales que se necesitan en el país. Al final del día, devolverle un poco de decencia a la actividad política y el saneamiento de las instituciones públicas no es un fin en sí mismo, sino una condición necesaria, pero no suficiente para poder mejorar las condiciones de vida de todos nosotros.

En la coyuntura actual nuestro principal activo han sido los jóvenes, algunos de ellos con más y otros con menos oportunidades. Algunos de barrio, otros de colonia, otros de aldea, da igual. Aun así, en medio de tanta desigualdad, hemos logrado conectar unas Guatemalas con otras y nos hemos hecho sentir y escuchar. Imagínese entonces qué pasaría si de esta crisis lográramos salir bien librados y le cambiamos la trayectoria al país. Si logramos ampliar los espacios de participación política e inserción económica de nuestra juventud, de manera tal que el destino de la mayoría de estos muchachos ya no sea la informalidad, la migración, el crimen organizado o el narcotráfico.

He allí la importancia de no perder de vista el horizonte. Ese mismo que, como bien dijera Eduardo Galeano, sirve para hacernos avanzar, movernos en dirección de un estadio mejor, de una Guatemala distinta que nos sepa arropar a todos.

Finalmente, hace tan solo un par de días nos enteramos que —¡después de 90 días sin reunirse!— el gabinete económico tímidamente opina sobre la crisis y cómo esta podría reflejarse en indicadores macroeconómicos de corto plazo. No nos dicen nada muy iluminador, por cierto. Más bien, lo que sí resulta increíble es que los análisis de dicho gabinete sigan proyectando tasas de crecimiento económico en el rango del 3.6% al 4.2%, como si nada estuviera pasando. O sea que en su lógica y algoritmo seguimos business as usual y las jornadas de abril y mayo en la plaza central, cabeceras departamentales y frente a embajadas de Guatemala alrededor del mundo, no tendrán mayor impacto en la economía nacional. Qué raro, ¿no?

Eso solo se puede explicar de dos formas: porque, o hay una lectura deliberadamente politizada de la coyuntura económica, postrer esfuerzo del gabinete por tratar de minimizar la situación crítica por la que atraviesa este decadente gobierno; o bien, nuestra estructura económica se ha sofisticado a tal punto que ha logrado prescindir de la política para su funcionamiento, lo cual sería gravísimo y solamente reforzaría la necesidad de acometer reformas de fondo que nos permitan volver a reconectar ambos mundos —política y economía—, como normalmente sucede en cualquier sociedad del mundo.

Especulaciones aparte, lo que todos los ciudadanos indignados tenemos que tener claro es que esta crisis y las reformas que vamos a acometer para transformar a fondo el sistema político tendrán consecuencias económicas que, en el escenario más benigno, se traducirán en cautela de parte de inversionistas y en una posible contracción de la inversión pública y del crecimiento. Y lo que la élite política tiene que tener claro es que los ciudadanos estamos conscientes y dispuestos a pagar los costos de este cambio de piel, porque sabemos que los beneficios son mucho mayores y que el statu quo dejó de ser una opción desde el 25 de abril.

Así nos está sucediendo. Estamos experimentando cosas nuevas. Experiencias inéditas en nuestro imaginario. Sensaciones y emociones que estoy convencido marcarán a toda una generación, porque le habrán dado un referente nuevo, rejuvenecido, sobre el cual poder seguir construyendo un país con rostro más humano y amable. La Guatemala distinta que sigue siendo posible.

Las marchas masivas y crecientes que están teniendo lugar son quizás la expresión más concreta, es cierto. Aunque ya no son el único ejemplo. La plaza se ha convertido en el verdadero espacio público, donde nos hemos dado cita todos los guatemaltecos, independientemente del piso que habitemos en el edificio de cinco niveles que un día dibujó con tanta maestría don Edelberto Torres.

A fuerza de empellones a puertas y ventanas, de romper tabiques y muros falsos, hemos salido al aire libre a conectar y reconocernos. Primero solamente a darnos cita en un día y hora específicos. Vernos la cara, corear juntos, cantar un himno, quizás sonreírnos, darnos la vuelta y volver a nuestra esquinita.

Pero como contagiados por la enorme energía y positivismo que se multiplica cuando se logra construir un objetivo que todos perseguimos, cuando verdaderamente nos sentimos parte de algo, nos hemos quedado con ganas de repetir esa experiencia y ponernos a prueba una y otra vez. Y para sorpresa nuestra, la energía social sigue allí. El entusiasmo ha crecido y quizás hasta nos han comenzado a dar ganas de pensarnos cada vez más como un enorme colectivo, orgánico, organizado, y cada vez menos como simple colección de individuos que por esas casualidad y curiosidades de la historia logran compartir por un instante efímero.

Las ganas de seguir alimentando “esto”, esto que se siente tan bien, esto que por primera vez nos muestra nuestro rostro en plural y construye ese inmenso mosaico de voces, colores, edades, y estaturas, esas ganas siguen allí. Que no nos extrañe en un país de jóvenes que hayan sido los mismos jóvenes quienes hayan dado el paso al frente, y hayan dibujado un hermoso collage que no se nos va a olvidar jamás y que seguramente vamos a evocar y repetir de ahora en adelante. Cuando recordemos que fue en estas jornadas de mayo que la juventud universitaria de todas las casas se volvió a trenzar en una sola, y desfilar juntos hacia un objetivo común, movidos por un deseo de cambio igualmente común.

Es el enorme poder que tiene la cohesión social. Esa que tanta falta nos estaba haciendo y que, como bien hemos experimentado estos días, tanta fuerza tiene y libera, y tanto bien nos está trayendo. Allí y en ninguna otra parte radica la posibilidad del cambio. ¡Adelante Guatemala, esto apenas comienza!

Ahora la protesta gradualmente comienza a combinarse con propuesta y con mucha auditoría social. Así debe ser y así debe continuar. La estrategia de hacer las concesiones políticas mínimas necesarias para mantener a flote esta decadente administración hasta enero del 2016 —o cuando menos hasta septiembre del 2015— no aplica.

Dos hechos así lo confirman. Primero, el fallido intento del presidente de conformar una comisión de tecnócratas notables para conducir un proceso de reforma de la SAT, y segundo, la oposición y suspicacia que despertó la terna para candidatos a la Vicepresidencia, tanto en su versión original como modificada a última hora. Todas personas del régimen, que no dan garantía alguna de poder cumplir una función fundamental en los meses por venir.

¿Por qué digo función fundamental? Porque la ciudadanía comienza cada vez más a construir en su imaginario una ruta crítica con básicamente dos escenarios.

Por un lado, está el escenario en que se preservan las reglas actuales del juego y se designa un vicepresidente, para luego pedir la renuncia del presidente, e inmediatamente después ir detrás de una reingeniería profunda al sistema político e instituciones claves.

Si tal cosa se cumple, con la designación del vicepresidente de facto estamos ante la elección de una persona que deberá asumir interinamente la conducción del Ejecutivo.

Por el otro, está un escenario de cambio más radical e inmediato, que aprovecha el momentum, exige directamente la renuncia del presidente, pero además la suspensión de las elecciones, la conformación de un gobierno provisional integrado por personas honorables, y la implementación de una reforma del Estado.

Ambos escenarios convergen en dos cosas: a) necesidad de reformas de fondo con mucho diálogo social, b) actores con real capacidad de liderar la transición, y no solamente llevar a término una administración colapsada en tanto llega la siguiente.

Cualquiera sea la ruta que finalmente adoptemos, dentro del grupo de reformas una agenda mínima comienza a tomar forma. 1) restructuración por la que debe pasar la SAT para evitar que más recursos públicos sigan desviándose a través de redes de defraudación fiscal; 2) juicio contra personas individuales y jurídicas que defraudaron al fisco; 3) cambios a la ley de partidos políticos, para que transparenten las fuentes de financiamiento, a la vez que se creen los mecanismos para una competencia más equitativa entre diferentes organizaciones; 4) modificaciones al sistema de elección de diputados para que, entre otras cosas, se ponga límite al número de reelecciones y se elimine el mecanismo de elección por listados.

Probablemente, una vez superada esta primera etapa de protesta y agenda mínima, el paso inmediato deberá ser llamar a una asamblea nacional constituyente, que permita concluir todo el proceso con una refundación del contrato social que los guatemaltecos queremos para las siguientes décadas.

Así, el coctel para encauzar esta crisis se compone de tres ingredientes básicos: primero, durante las semanas y meses por venir, mucha, muchísima movilización y protesta, pacífica, pero sostenida, combinada con un ejercicio de identificación de liderazgos honorables; segundo, permanente auditoría social de las acciones de los tres poderes del Estado, ejercida en redes sociales, plazas y foros, pero también desde dentro de las instituciones, con el concurso de la burocracia que apoya el cambio; y tercero, mucha capacidad de propuesta para impulsar aquellas reformas que ya han sido identificadas como los principales cuellos de botella para el saneamiento de nuestro sistema político.

¡Eso sí, hay que estar muy vigilantes y dispuestos a salir a la calle en cualquier momento!

Hay años luz entre lo que sucedió en la plaza de la Constitución el 25 de abril y el 3 de mayo. Noche y día. Luz y sombra. Convicción versus acarreo. Legitimidad contra feria. Dos caras tan distintas de esta misma moneda llamada Guatemala.

No se pueden hacer escenarios, comentaba alguien hace poco. Todo está cambiando rápidamente. Cada día aparecen piezas de información que necesariamente obligan a recalibrar y mantener la guardia alta.

Lo único cierto es que la presión ciudadana hay que mantenerla para obligar a que esto llegue a un punto de no retorno. Ese en donde finalmente se abran opciones de reforma real y sustantiva a un sistema político que ya no da para más.

En tal contexto, el peso que hoy cae sobre la espalda de la sociedad civil es enorme.

Por una parte es muy alto el riesgo de quedarnos entrampados en la crisis que ha detonado la CICIG al destapar la mafia de “La Línea”, y concentrar toda la energía social en movilizaciones exigiendo la renuncia de los mandatarios, ¡y solamente eso! Ojo, no hay que perder de vista que, desde una perspectiva de más largo plazo, ellos dos, así como los muchos otros que también tendrán que rendir cuentas, son solamente actores del momento. Operadores de un sistema más complejo que reproduce corrupción.

Luego, además del precedente que es necesario establecer y por lo cual continuamos exigiendo la renuncia de las más altas autoridades, en paralelo se debe hacer el trabajo preparatorio que nos aliste para una discusión de fondo y reforma. Evidentemente no contamos con los partidos políticos, quienes han dado sobradas muestras de no tener capacidad técnica ni política, mucho menos legitimidad para intermediar este diálogo social.

Pero la cosa no termina allí, porque a eso hay que sumarle la dinámica del proceso electoral que el domingo partió con concentraciones de diferentes partidos tanto en la ciudad capital como en departamentos.

Y que seguramente intentará repetir vicios y falencias de toda la vida: cascarón, bulla, tarima y pitos, pero nada más. En dos platos, desgaste y despilfarro.

Sin embargo, a diferencia del pasado, hoy la sociedad civil tiene la oportunidad de construir una enorme sinergia sobre la base de la crisis actual, que obligue a los candidatos a comprometerse con una agenda de reforma del Estado. Aunque el argumento de una asamblea nacional constituyente comienza a ganar tracción, el diablo, como siempre, estará en los detalles. De allí que la participación y presión ciudadana, amplia y plural, debe mantenerse para hacer el contrapeso que las circunstancias exigen.

Tenemos pues ante nuestros ojos la gestión de un triple proceso: sentar un precedente que de una señal clara de intolerancia ciudadanía a la corrupción y abusos de nuestra élite dirigente; crear las condiciones y participar en un diálogo social que genere reformas a nuestro sistema político; y tratar de encauzar lo más posible el evento electoral de septiembre próximo.

¡De ese tamaño es el animal!

El escándalo de “La Línea” fue el mechazo que detonó la debacle patriota, quienes estaban de un triunfalismo y arrogancia como no se veía en el Ejecutivo desde los tiempos de la firma de la paz. Por algo dicen que no hay que hablar demasiado rápido, ni escupir al cielo, ni jurar que de esta agua no beberé. Ahora, con la cola entre las patas, nos les ha quedado otra que pedir paciencia y calma, y hasta buscar iluminación divina.

Pero así como son de predecibles y nefastas estas regularidades en nuestra vida política, así también pareciera estar resurgiendo la dignidad perdida de nuestra clase media, que ya se atreve a indignarse públicamente, asolearse, dar cacerolazos y pedir el cambio. Si algo nos quedó claro a los guatemaltecos el sábado pasado es que, al igual que con las jornadas de aquel mayo del 93, hay límites que los políticos no deben cruzar.

Las fotos aéreas de la plaza de la Constitución son realmente conmovedoras. Transmiten una fuerza ciudadana que muchos creíamos en un coma profundo e infinito. Ni se diga de la explosión geométrica que tuvo lugar en redes sociales con análisis producidos casi en tiempo real, de mañana, tarde, noche y madrugada, para alimentar así el argumentario de todos nosotros los indignados.

Como bien leí en una de las muchas frases que circularon: cuando el gobernante pierde la vergüenza, el pueblo pierde el respeto. No cabe duda que eso es exactamente lo que ha sucedido en este país. El respeto se esfumó y las figuras del actual presidente y vicepresidenta están muy devaluadas. La ausencia de liderazgo ha sido patética. Simple y llanamente han quedado a merced y han sido devorados por toda esta energía social que anda suelta.

No es para menos. Menudo favor nos han hecho este par. No solamente conformaron un equipo infestado de forajidos de quinta categoría, sino que además contribuyeron al descarrilamiento de nuestra ya maltrecha democracia y enclenques instituciones. ¡Aquí está tu seguridad y tu empleo!, diríamos en buen chapín.

¿Se acuerda de aquella otra columna que escribí hace un mes titulada “¡Maldita corrupción!”? Sí, esa en donde decía que (sic) “además del daño que la corrupción ocasiona per se, el efecto de más largo plazo es que impide el florecimiento de una saludable diversidad política. La sociedad deja de interesarse por la coherencia de los planteamientos programáticos de sus elites dirigentes y comienza a pedir lo básico: un mínimo de decencia.” Bueno, si entonces me hizo falta un ejemplo, pues allí tiene este botoncito de muestra.

¿Y ahora qué? ¿qué y hacemos después de la protesta? Esas son las preguntas que están en el ambiente. No es cosa menor, porque de la respuesta que demos derivarán consecuencias inmediatas pero también de más largo plazo. Será el precedente que indicará si como sociedad supimos o no aprovechar esta ventana de oportunidad hasta hoy abierta, pero que ya hay quienes comienzan a tratar de cerrarla, sigilosos, tras bambalinas, a empujoncitos suaves, con esa paciencia cínica que los ha caracterizado siempre. Están apostándole a que el clamor ciudadano será otra más de nuestras irregularidades regulares.

Es hora de romper con ese oráculo. Que no sea solamente honradez lo que exijamos. Este es el momento de protestar, pero también de proponer y mucho más aún de reformar.

La pregunta del trillón de dólares pasa a ser entonces ¿cuáles debieran ser los criterios para elegir este tema y no aquel otro, para asignarle más recursos a la necesidad social “x” que a la necesidad social “y”? Y la respuesta, como usted seguramente intuye o ya lo ha pensado en más de una oportunidad, es simple y obvia: no hay. Precisamente allí reside la razón de ser del juego democrático, para tratar de convencernos que las prioridades identificadas por el candidato tal son mucho más urgentes y de mayor impacto social que propone el candidato cual.

Para terminar de complejizar todavía más esta imaginación, es necesario decir también que en la selección de prioridades sociales debe haber una altísima dosis de convicción, y a veces hasta un poco de fe, de que se está haciendo la elección correcta, pues los resultados que verdaderamente valen la pena, esos que transforman la vida de las personas de manera sustantiva, no llegan de inmediato. Generalmente son procesos largos que toman mucho tiempo.

Es así como el ciudadano votante tiene ante sí una de las mayores debilidades del sistema democrático: la paradoja de tener que elegir sin poder constatar los resultados de su elección y poder premiar o castigar a su elegido en el momento justo. Incentivo muy perverso pues desincentiva la participación de los votantes tanto como la necesidad de buen desempeño de los votados. Los gobernantes deciden y las consecuencias más profundas y duraderas no se hacen sentir sino años después, cuando ya se largaron.

Luego, si la corrección del rumbo no puede hacerse en tiempo real ni nada que se le asemeje, ¿qué instrumentos nos quedan a los ciudadanos para hacer una elección política y juzgar los méritos de un candidato versus otro, de un equipo versus otro, de un enfoque de desarrollo versus otro? Básicamente dos.

Primero, la narrativa que logra articular cada uno de los contendientes, ese cuento donde intentan convencernos que su visión de la sociedad y sus planes a futuro recogen las necesidades más importantes de la sociedad, y las soluciones propuestas son las que procuran el mayor bienestar para la mayoría.

Y segundo, la solvencia moral y profesional de los colaboradores cercanos al candidato. Gestionar un gobierno es tarea de muchas personas, y por lo mismo es fundamental entender quién llega a cada puesto. Así comienzan a gestarse expectativas en la población, tanto en cuanto a capacidad técnica como honradez y habilidad para constituir equipos de trabajo eficaces y eficientes.

Ahora salgamos de ese imaginario y aterricemos en un país real y concreto, Guatemala, por decir algo. Donde ni lo primero (narrativa) ni lo segundo (equipos) aplica. Porque en algún momento decidimos como sociedad que ya no es necesario discutir ideas y propuestas alternativas, sino más bien la tendencia es que todo más o menos se parezca, por aquello de que el que se aleja mucho del hato corre el riesgo de perderse y ser devorado. Y porque el uso y costumbre de nuestra muy noble y muy leal cultura política chapina tiende a ocultar los nombres de futuros empleados públicos hasta el último minuto.

¿Y entonces?, me dirá usted. Entonces, le diré yo, que es justamente allí en donde tenemos que seguir insistiendo desde el graderío. Para que los toros se pinten tal y como son y nos permitan hacer una elección sin esa enorme catarata en el ojo político del ciudadano común, votante medio, agente económico, como usted quiera verse o llamarse. De ese ejercicio depende mucho la perspectiva y futuro de nuestra democracia y desarrollo.

Que Latinoamérica va hacia un ajuste y consolidación fiscal parece inevitable. Pero que dicho ajuste tomará formas muy diversas también lo es. Afortunadamente los decálogos ya no nos aplican pues hay condiciones suficientes en cada país para pensar y dialogar de manera creativa la gestión de nuestras economías.

Así por ejemplo, el reporte habla con mucha nitidez a países como Guatemala, que con bajas cargas fiscales y bajos niveles de gasto público dicha consolidación sería difícil de imaginar por la vía de reducir gastos solamente. Ello automáticamente nos coloca en una discusión que evalúe otras opciones como buscar mayor eficiencia, transparencia y progresividad en el uso de recursos públicos, temas todos que evidentemente hemos descuidado durante los últimos años.

La otra dimensión que me parece destacable tiene que ver con esta visión más o menos consensuada de que el tipo de ajuste que se de en la región será cualitativamente distinto a la raja-tabla de otros tiempos, que comenzaba siempre a cortar por el eslabón más débil: el social. ¿Qué ha cambiado? Seguramente el aumento en gasto social durante los últimos veinte años ha generado suficiente inercia, que aunado a un crecimiento importante en la clase media de muchos países, han creado hoy un ambiente político distinto que obliga a ser más dialogantes en épocas de vacas flacas. La sociedad latinoamericana ha tomado mucha conciencia y valoriza los logros sociales alcanzados, y difícilmente estaría dispuestas a ponerlos en juego por la sola necesidad de cuadrar las cuentas fiscales.

Paulatina y sanamente nos estamos moviendo hacia la búsqueda de opciones menos bruscas y con más visión de largo plazo. Los logros sociales y el empoderamiento de una nueva clase media son dos condiciones que posiblemente obliguen a un ajuste quizás más lento, pero a la larga más sostenible e incluyente.

Un documento por demás pertinente en tiempo de elecciones, cuando comienzan a recalentar los viejos motores simplistas y monotemáticos de política económica. Ojalá y la evidencia que aportan reportes de este tipo sea aprovechada para obligar a los liderazgos políticos a tener un debate mucho más consciente y ajustado al momento actual del país. Como en otros países de la región, Guatemala también debe apuntalarse en las voces de su clase media para forzar un diálogo y gestión macroeconómica responsables y con mucha más visión de futuro. Esa es la naturaleza de nuestro laberinto.

En todo caso, lo que no puede dejar de llamarnos la atención es ese enorme distractor en que se convierte la corrupción. Desviando energías y recursos de aquello otro que en principio es mucho más sustantivo y edificante para la sociedad: el juego y competencia de ideas y propuestas alternativas para atender necesidades sociales. De eso va la democracia y a eso aspira el desarrollo.

En países más atrasados en términos de institucionalidad, organizaciones políticas y propuestas conceptuales la cosa es todavía peor, pues la corrupción se convierte en un freno doble. Además del daño que ocasiona per se, impide el florecimiento de una saludable diversidad política. La sociedad deja de interesarse por la coherencia de los planteamientos programáticos de sus elites dirigentes y comienza a pedir lo básico: un mínimo de decencia.

En lugar de estar enfocados en temas sustantivos al desarrollo social, los escándalos que nos regalan a diario las clases dirigentes hacen que las demandas sean vuelvan muy primarias: que roben pero que por lo menos hagan obra. ¿Obra? Sí, obra. Que quiere decir asfalto, tubo, cemento y block.

Así es como la corrupción frena el progreso presente y futuro. En países como Guatemala se nos pasan los años con una democracia que se quedó enana, un Estado anoréxico que no encontró la forma de dejar de serlo, partidos políticos que fueron vaciados de contenido, y una sociedad civil con déficit de atención, limitaciones discursivas e incapaz de resonar sus pocos mensajes para motorizar cambios.

Todo, o una muy buena parte, a causa de esta maldita corrupción que nos carcome.

El clamor por lo esencial, por intentar detener –o cuando menos denunciar– el descaro, paraliza todo lo demás: estrategias de desarrollo, claridad y consistencia en la política económica, consolidación de un modelo de protección social, cualificación y meritocracia en nuestra burocracia, reformas a la Constitución, por decir algo.

Por supuesto, aunque en este río revuelto perdemos todos, como en la rebelión en la granja de Orwell, unos pierden más que otros porque unos son más iguales que otros.

Porque en Guatemala la espera es un lujo que ya solo se pueden dar unos pocos. Los mismos pocos de siempre. Esos a los que el impacto de un fallo de mercado o una ineficiencia gubernamental les representa poco más que una molestia o costo marginal que siempre pueden trasladar. Mientras que para el resto mayoritario, este descalabro que estamos viviendo supone limitar seriamente las perspectivas de una vida plena.

Esto es lo que volverá a estar en juego en cinco meses. Y me temo que no con mucha perspectiva de cambio. Al menos no dentro de las reglas actuales del juego y de sus actuales jugadores. Se agotó el sistema, compatriotas. Démonos cuenta que la pita ya no da para más. ¿Y ahora?

Le deseo un feliz descanso de Semana Santa.

Un fenómeno muy propio de la sociedad norteamericana, en realidad de su clase media, que con los años ha idealizado la educación superior como ese pase o garantía que le dará a los jóvenes una vida próspera, feliz y bien remunerada. Pero que cada vez más deja de ser cierto, pues los tiempos han cambiado, y las cosas ya no son tan lineales como muchos creen o quisieran.

Para comenzar, el costo de las universidades en dicho país puede llegar a tal magnitud que obliga a padres a ahorrar con muchos años de anticipación, y/o a jóvenes a tomar préstamos enormes para costear sus estudios. Hay pues una inversión de recursos muy importante, que se hace bajo el supuesto de que los retornos a ese grado académico serán suficientemente altos para repagar deudas, reconstruir ahorros, y además vivir mejor que la generación anterior.

Tenemos individuos y hogares tomando decisiones de inversión en capital humano sobre la base de información equivocada, incompleta, o que en el mejor de los casos ha dejado de ser válida en el mundo actual. Porque ya no es verdad que al final del túnel los está esperando un empleo estable, decente y bien remunerado. De hecho, un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York señala que 46% de los graduados de universidades se desempeñan en trabajos que no requieren estudios superiores. ¿Y entonces?

Hasta hoy son básicamente dos los supuestos que explican este comportamiento de hogares con hijos en edad escolar. Primero, la creencia de que existe una relación lineal —ojalá exponencial— entre educación y remuneración. Y segundo, la apuesta a que, aun y cuando dicha relación no se cumpla para todo el mundo, para aquellos afortunados que logren ingresar a universidades de cierto prestigio, las conexiones que harán serán un activo tanto o más importante para la inserción laboral futura.

El problema es que la ruta “más educación formal, mayor productividad, salarios altos”, no sucede siempre; y la ruta “escuela prestigiosa, red de contactos, mejores trabajos futuros”, no puede generalizarse a toda la sociedad porque depende de la reputación de la escuela a la que el joven logra ingresar. Y como por definición la oferta de tales escuelas es menor que la demanda, automáticamente se genera un proceso de exclusión que inhibe el poder igualador de la educación al hacer más costosos los procesos de búsqueda de empleo.

Esta discusión que parece tan de primer mundo, con algunos ajustes es igualmente válida para un país como Guatemala. ¿Por qué?

Primero, porque somos una sociedad con enormes desigualdades, y la educación superior es una de las muchas formas en que hemos profundizado estas brechas. Segundo, porque siendo Guatemala un país de jóvenes, la formación y gestión de nuestros talentos debiera ser prioridad nacional. Tercero, porque así como el caso norteamericano está indicando que la formación superior ya no es panacea, con mayor razón en Guatemala debiéramos pensar en una estrategia de generación de capital humano que adopte diferentes formas, en vez de insistir en la receta única del cartón de licenciado.

No hay que olvidar que América Latina comenzará a agotar su bono demográfico hacia el 2020. Y aunque Guatemala tendrá todavía entre 10 y 20 años más, bien que nos haría aprender de lo que están viviendo otras sociedades más avanzadas y enfocarnos en una estrategia que invierta recursos en educación de manera diferenciada.

El primero tiene que ver con absorción de mano de obra. Es decir, hay más trabajadores ingresando a la fuerza laboral que número de empleos generados. Un fenómeno que además se agudiza en países con una estructura demográfica como la guatemalteca, donde aún estamos disfrutando —en realidad malgastando— el bono demográfico. El segundo problema tiene que ver con el nivel que queremos dar a esa retribución mínima que la ley garantiza a cada trabajador.

Y aunque están relacionados absorción con nivel salarial, no son lo mismo. Por eso mezclar salario mínimo con creación de empleo más que aclarar enreda.

En un país como Guatemala, la baja creación de empleo se explica mucho más por cosas como infraestructura inadecuada, institucionalidad débil, inseguridad, violencia, baja calidad en la formación técnica y profesional de nuestra mano de obra, y una limitada capacidad de nuestro empresariado para adoptar tecnologías; y mucho menos por el nivel al cual se fija el salario mínimo. De hecho, empresas que dependen de una fuerza laboral retribuida con salario mínimo no son precisamente los motores que una economía necesita para crecer, innovar y añadir valor a largo plazo. Luego, decir que a menor salario mínimo se generan más empleos es un argumento que no se sostiene mucho que digamos.

Por otra parte, el significado que tiene el salario mínimo no es solamente su valor monetario. El salario mínimo es también la expresión concreta de un acuerdo al que la sociedad y sus actores económicos y políticos llegan para decirnos “nadie debe emplear su tiempo y recibir un pago inferior a x”.

Es un piso mínimo, al igual que lo son muchos otros elementos que definen cualquier contrato social, como por ejemplo los sistemas de educación y salud públicas, los sistemas de pensiones y los sistemas de protección social. Es decir, el salario mínimo forma parte de esa red de garantías sociales y económicas que los guatemaltecos estamos dispuestos a garantizarnos unos a otros.

Entonces, ¿por qué empecinarnos en bajar aún más el nivel y desmantelar nuestro ya débil contrato social en vez de invertir capital político y económico en atender las verdaderas barreras a la productividad, innovación y generación de empleo formal que tanto necesita Guatemala?

Al final, ¿qué porcentaje de la población se emplea por un salario mínimo? No lo sé, pero sí sé que más o menos tres cuartas partes de nuestra población se emplea en la informalidad y menos de un 5% cuenta con algún tipo de estudios universitarios. Me atrevería a decir entonces que nos estamos asustando con el petate del muerto, pues tampoco es el volumen de trabajadores afectados por el nivel del salario mínimo lo que debe motorizar esta discusión.

Ahora bien, olvidémonos de todos estos argumentos y llevemos la propuesta al límite. Es decir, supongamos que a partir de mañana cada municipio puede fijar su propio salario mínimo —porque me imagino que la idea del gobierno no era dejarnos con una simple experiencia piloto, en donde un puchito de municipios juegan con reglas distintas a las de todo el resto—. Ello implicaría que cada municipio tendría que tener la capacidad de negociar y lograr acuerdos, lo cual sabemos que no es así de sencillo. No pasa ni siquiera a nivel nacional, mucho menos en espacios locales en donde presumiblemente las asimetrías entre actores y riesgos de captura del proceso serían todavía más agudos.

Para terminar, me parece que lo rescatable de todo esto es darnos cuenta de que poco a poco nos vamos orillando a tener que reabrir un diálogo nacional mucho más amplio y complejo, que redefina las bases sobre las cuales queremos seguir viviendo en sociedad. El sistema político y muchas de las instituciones económicas que de él derivan han dado ya muestras de total agotamiento.

Pero mientras ese momento llega, por ahora ¿no será que le estamos ladrando al árbol equivocado?

Una mirada creativa en su método y formas de estrujar los datos para tratar de identificar a esos pobres que Rubén Katzman había bautizado ya desde 1989 como “pobres crónicos”, para diferenciarlos de aquellos otros que enfrentaban tal condición de manera transitoria o inercial. Hoy, con métodos cuantitativos más sofisticados, el tema vuelve a estar sobre el tapete, y nos da un jalón de orejas muy fuerte a los guatemaltecos, que claramente tenemos una papa hirviendo en las manos.

El mensaje principal del documento es brutal: uno de cada cinco latinoamericanos o alrededor de 130 millones de personas no han conocido nada distinto a la pobreza, subsistiendo con menos de US$4 al día a lo largo de sus vidas. Estos son los pobres crónicos de la región. Personas que nacieron, crecieron, se reprodujeron y murieron pobres. Una población que ni de oídas supo de las mieles del crecimiento económico y tampoco les llegó la ambulancia de la protección social.

En un extremo del espectro está Uruguay, con menos del 10% de pobreza crónica, y en el otro está Guatemala, con la tasa más alta de toda Latinoamérica —¡50%!—. En otras palabras, la mitad de nuestra población pobre no ha podido mejorar su condición durante una década de bonanza; y, como en la muerte de Santiago Nasar a manos de los gemelos Vicario: nadie dijo, ni dice, ni hizo, ni hace nada.

Pero, además, este nuevo análisis de la pobreza crónica en la región nos revela que ya es un fenómeno que afecta tanto al medio urbano como rural. De hecho, en algunos países —Chile, Brasil, México, Colombia y República Dominicana— el número de pobres crónicos urbanos es mayor que el de pobres crónicos rurales. No es el caso de Guatemala, pues seguimos siendo de los países más rurales en un continente que es mayoritariamente urbano.

Y por si no fuera ya suficiente, el estudio confirma una vez más eso que tanto hemos dicho y repetido por años: el crecimiento económico no ha bastado para sacar a los pobres crónicos de la pobreza, ya que “los países con las tasas más altas de pobreza crónica fueron los que menos crecieron. Por ejemplo, Guatemala creció menos del 1% al año y aproximadamente el 50% de la población inicialmente pobre permaneció en la pobreza en el 2012 (sic)”.

Con tanta y tan contundente evidencia, uno esperaría que buena parte del debate nacional estuviera enfocado hacia la manera de revertir estos números nefastos, que no son otra cosa que la crónica de una pobreza anunciada. Pero, de nuevo, nadie dijo, ni dice, ni hizo, ni hace absolutamente nada.

Cada vez más y más se la menciona.  Ya no solamente entre académicos sino en el mundo de la política pública también.  Aunque no se tenga mucha claridad respecto de qué significa realmente.  ¿Qué es la inclusión social?  A veces pareciera que resulta más sencillo asociarlo
a otros procesos para tratar de atrapar el término.  Por eso es que nos referimos a cosas como crecimiento económico incluyente, o un sistema político excluyente.  En todo caso, la noción que nos revolotea a todos cuando hablamos de inclusión o exclusión social tiene que ver algo así como con “tomar en cuenta o dejar fuera” a alguien o a un grupo.

La literatura sobre el tema nos dice que la inclusión social es un proceso de mejoramiento de habilidades, oportunidades y dignidad de las personas.  Especialmente de aquellas que se encuentran en desventaja sobre la base de su identidad.  Es decir que la inclusión social se la asocia a elementos como raza, étnica, género, religión, preferencia sexual, lugar de residencia, discapacidad física o mental, por citar solamente algunos ejemplos.

Al asociar la inclusión social con elementos de identidad automáticamente se convierte en un tema relevante para todo tipo de sociedades, sean estas ricas o pobres.  También pasa a ser relevante para todos los estratos socioeconómicos.  Es decir, se posiciona como un concepto verdaderamente global.  Ya no es como otros temas en donde los países avanzados y ricos pueden prescribir, y los países más atrasados y pobres tienen que tomar nota y hacer la tarea.  Así, la inclusión social no se refiere solamente a bienestar económico, sino que incorpora otras dimensiones como voz y empoderamiento.

De manera tal, podemos entonces decir que en toda sociedad habrá siempre grupos de personas que son excluidas, independientemente de su nivel de ingreso.  Por ejemplo, solamente por el hecho de asociárseles a determinado grupo étnico, por sus creencias religiosas o sus preferencias sexuales pueden ser excluidos, y con ello privárseles de la oportunidad de desarrollar sus habilidades plenamente.
¿Y cuál es el problema con excluir? O dicho de otra manera, ¿qué gana una sociedad, economía o país con ser más incluyente? Para comenzar
(¡y solo para comenzar!), la utilización del recurso humano se ve afectado.

Si hay mucha gente excluida, hay mucho talento subutilizado o desperdiciado.  Y con ello, la economía no alcanza su potencial.  Hay desperdicio.

Pero además, en presencia de exclusión, alcanzar acuerdos sociales se convierte en algo aún más difícil ya que, por definición, algunos tomarán las principales decisiones en la sociedad, y otros simplemente las sufrirán sin haber podido opinar ni mucho menos incidir.  Así, la exclusión favorece la fragmentación en los países, y dificulta la gobernabilidad.

¿No le suena familiar toda esta reflexión en abstracto? A mí sí.  Quizás porque soy producto de un país que se ha construido sobre la base de excluir, a personas, a grupos, a territorios, a capítulos enteros de su misma historia.  Quizás por eso es tan sencillo pasar del concepto al ejemplo.

trosada@gmail.com

Cada vez más y más se la menciona. Ya no solamente entre académicos sino en el mundo de la política pública también. Aunque no se tenga mucha claridad respecto de qué significa realmente. ¿Qué es la inclusión social? A veces pareciera que resulta más sencillo asociarlo a otros procesos para tratar de atrapar el término. Por eso es que nos referimos a cosas como crecimiento económico incluyente, o un sistema político excluyente. En todo caso, la noción que nos revolotea a todos cuando hablamos de inclusión o exclusión social tiene que ver algo así como con “tomar en cuenta o dejar fuera” a alguien o a un grupo.

La literatura sobre el tema nos dice que la inclusión social es un proceso de mejoramiento de habilidades, oportunidades y dignidad de las personas. Especialmente de aquellas que se encuentran en desventaja sobre la base de su identidad. Es decir que la inclusión social se la asocia a elementos como raza, étnica, género, religión, preferencia sexual, lugar de residencia, discapacidad física o mental, por citar solamente algunos ejemplos.

Al asociar la inclusión social con elementos de identidad automáticamente se convierte en un tema relevante para todo tipo de sociedades, sean estas ricas o pobres. También pasa a ser relevante para todos los estratos socioeconómicos. Es decir, se posiciona como un concepto verdaderamente global. Ya no es como otros temas en donde los países avanzados y ricos pueden prescribir, y los países más atrasados y pobres tienen que tomar nota y hacer la tarea. Así, la inclusión social no se refiere solamente a bienestar económico, sino que incorpora otras dimensiones como voz y empoderamiento.

De manera tal, podemos entonces decir que en toda sociedad habrá siempre grupos de personas que son excluidas, independientemente de su nivel de ingreso. Por ejemplo, solamente por el hecho de asociárseles a determinado grupo étnico, por sus creencias religiosas o sus preferencias sexuales pueden ser excluidos, y con ello privárseles de la oportunidad de desarrollar sus habilidades plenamente.

¿Y cuál es el problema con excluir? O dicho de otra manera, ¿qué gana una sociedad, economía o país con ser más incluyente? Para comenzar (¡y solo para comenzar!), la utilización del recurso humano se ve afectado. Si hay mucha gente excluida, hay mucho talento subutilizado o desperdiciado. Y con ello, la economía no alcanza su potencial. Hay desperdicio.

Pero además, en presencia de exclusión, alcanzar acuerdos sociales se convierte en algo aún más difícil ya que, por definición, algunos tomarán las principales decisiones en la sociedad, y otros simplemente las sufrirán sin haber podido opinar ni mucho menos incidir. Así, la exclusión favorece la fragmentación en los países, y dificulta la gobernabilidad.

¿No le suena familiar toda esta reflexión en abstracto? A mí sí. Quizás porque soy producto de un país que se ha construido sobre la base de excluir, a personas, a grupos, a territorios, a capítulos enteros de su misma historia. Quizás por eso es tan sencillo pasar del concepto al ejemplo.

De manera crítica van confrontando su propia visión del desarrollo con respecto de propuestas alternativas que han estado —y siguen estando— muy difundidas y arraigadas en el imaginario popular.

Siempre con ejemplos concretos para dejar el punto en claro, pero también con la sencillez propia del que sabe que no puede dar una respuesta contundente a una pregunta tan fundamental como las razones de la prosperidad y del atraso.

Así, cuestionan la “hipótesis de la geografía”, puesta en boga en el siglo XVIII, la cual plantea que las personas en climas tropicales tienden a ser haraganes y faltos de curiosidad.  Y cómo estas características los lleva a no trabajar lo suficiente y a no innovar, razones que explicarían su pobreza.  Hoy en día dicha hipótesis ha mutado y se dice que sociedades ubicadas en climas tropicales son más propensas a enfermedades que merman su estado de salud, y por ende su productividad, y que los suelos tropicales son mucho menos propicios para una agricultura productiva.

De manera similar confrontan la “hipótesis de la cultura”, la cual arguye que la Reforma protestante y la ética que esta generó, estimularon el surgimiento de la sociedad industrial moderna en Europa Occidental.

El argumento también se puede extrapolar a la influencia no solamente de una religión, sino de una cultura: la inglesa, por ejemplo.  Curioso argumento que me hizo recordar la comparación que se hace de pueblos como Almolonga y Zunil, o el comentario de qué hubiera sido de América Latina si en vez de

España el colonizador hubiese sido Inglaterra.

Finalmente, le sale al paso a la “hipótesis de la ignorancia”, la cual sostiene que los países pobres son pobres porque tienen muchas fallas de mercado y porque sus economistas y formuladores de política pública no saben cómo corregir esta situación.

Luego lo que estaría haciendo falta es mejores tecnócratas y una clase dirigente mejor informada, que pudieran proponer mejores soluciones.

A todas estas explicaciones, los autores les encuentran un contraejemplo para rebatirlas, y a la vez que reforzar la tesis central del libro: son las instituciones —políticas primero, y económicas después— las que explican el desempeño de las naciones.

Poderoso planteamiento ese de llevarnos de lo político a lo económico.  De cómo las instituciones políticas, que son las llamadas a distribuir el poder generan los incentivos para que surjan instituciones económicas que favorezcan o inhiban la iniciativa, la innovación, la visión de largo plazo, y con ello el crecimiento económico y bienestar social.

Dado el lento proceso que suponen los cambios institucionales, mucha de la crítica al libro se ha centrado en lo limitado de su propuesta para que países como Guatemala finalmente salgan del atraso.

Pero, en realidad, si usted lo piensa despacio, el cambio institucional no es menos fatalista que explicar el subdesarrollo de los países por su ubicación geográfica, su cultura o la ignorancia de sus elites.

En fin, esta columna no pretende ser un resumen del libro ni mucho menos.  Son solamente dos o tres ideas para provocarlo con una lectura valiosa y obligatoria para cualquiera que esté interesado en esas preguntas amplias que nos ocupan a los que trabajamos en desarrollo.
trosada@gmail.com

El WDR 2015 construye su argumento alrededor de lo que ellos (el Banco Mundial) llaman los tres principios de las decisiones humanas: el pensamiento automático, en donde muchas de nuestras decisiones se toman casi de manera refleja, es decir, sin mucha deliberación y/o análisis sofisticado; el pensamiento social, que reconoce la importancia de la conducta cooperativa entre individuos; y el pensamiento basado en modelos mentales, que señala cómo las personas no nos inventamos conceptos sino más bien invocamos muchos de ellos al observarlos en otros.

De estos tres principios se desprende una conclusión muy poderosa: el cómo es tanto o más importante que el qué. Un colega y amigo economista suele decir que “generalmente no es lo que se dice sino el ‘modito’ con que se dice”. Y aunque parezca broma, es una expresión con gran contenido, pues muchas veces con solamente cambiar la manera en que se comunica un mensaje o encontrar el momento más oportuno para plantear una decisión se pueden inducir mucho mejores resultados. En política pública esto puede hacer toda la diferencia entre la adopción de una tecnología más eficiente o la disuasión de una conducta que se considera socialmente indeseable.

Ahora bien, si esta línea de trabajo ya se venía desarrollando en las ciencias sociales desde hace varios años, como podemos constatar en la amplia literatura de la economía del comportamiento y experimental, ¿cuál es entonces la novedad del WDR 2015? Me parece que hay dos cosas que merecen resaltarse.

La primera, que este marco conceptual haya permeado tan alto en una organización como el Banco Mundial, hasta convertirse en el tema de su publicación anual más importante. Eso podría llegar a tener un impacto en la forma como se implemente la política pública de los países en desarrollo, pues es innegable que, para bien y para mal, organizaciones de alcance global como ésta tienen un enorme poder de influencia para colocar temas e instalar determinadas prácticas.

La segunda, que dentro del mismo reporte hay un reconocimiento –de hecho dedican un capítulo completo– a los sesgos y prejuicios que los mismos expertos, funcionarios encargados de formular políticas y profesionales del desarrollo tienen en el ejercicio de su profesión. Esto no es cosa menor, pues de alguna manera hay allí un mea culpa y llamado de cautela a la manera en que deben tomarse análisis y prescripciones al momento de definir reformas, programas y proyectos. Importante porque aunque la sociedad civil del mundo entero siempre ha alzado la voz a las recetas que emanan de organismos financieros internacionales, no se había abierto la puerta a la posibilidad de discutir los sesgos y prejuicios que también la tecnocracia tiene.

Ojalá sepamos aprovechar este interesante espacio alternativo de reflexión que se ha creado. Bien conducido creo que puede significar nuevas y muy constructivas formas de diálogo político desde la periferia hacia el centro y viceversa. Por ahora “kudos” al banco por este aporte.

trosada@gmail.com Opinión: Economía y Desarrollo

CIUDAD DE GUATEMALA – De allí surgieron ideas muy fuertes como la consolidación de fondos de inversión social, la creación de un banco de desarrollo con un esquema de gobernanza muy original, y el acceso al sector privado de muchos de los activos que estaban hasta ese momento en manos del Estado.

En la década siguiente la discusión migró hacia el gran tema de reducción de la pobreza, y con ello el surgimiento de estrategias nacionales, departamentales y municipales, los diferentes ejercicios de levantamiento de información primaria para poder monitorear las dinámicas de pobreza, y toda una batería de estudios que constituyeron un avance sustantivo en la comprensión de muchas de las causas de dicho fenómeno.

Surgió entonces la idea de construir redes de protección social como mecanismos de política pública para revertir esa aguda pobreza y desigualdad. El esquema más utilizado fueron las transferencias monetarias condicionadas.  La idea básica era intentar romper el ciclo intergeneracional de pobreza a través de entregar efectivo a hogares pobres —contribuir mínimamente a revertir la pobreza monetaria actual— a cambio de que lleven a sus hijos a la escuela y el centro de salud —mejorar el capital humano para revertir la pobreza estructural de mañana—. 

Más tarde en el tiempo  se comenzó a hablar de combinar crecimiento económico con reducción de pobreza a un ritmo creciente y sostenible.  Es decir, la pregunta que nos estábamos haciendo era: ¿será posible encontrar algún tipo de crecimiento económico que beneficie a los más pobres?  En apariencia una pregunta de Perogrullo, pero que deja de serlo al observar la evidencia empírica. 

Allí nos damos cuenta de que el país ha tenido períodos de crecimiento sin que necesariamente este se haya traducido en mejoras a las condiciones de vida de la mitad más pobre de la población.  En otras palabras, el crecimiento económico no es un reductor automático de pobreza.

De manera reciente, uno de los experimentos que se están intentando es la posibilidad de articular de manera mejor la política de protección social con la de fomento productivo, utilizando como puerta de entrada a la población que ya es beneficiaria de programas de protección social.  ¿Por qué así y no al revés?  ¿Por qué comenzar por los beneficiarios de protección social y no por los de programas de fomento productivo? Por dos razones básicamente. 

La primera, más conceptual, porque la protección social por definición debiera estar focalizada hacia la población más pobre de cualquier país.  Así, pensar el crecimiento económico desde los usuarios de la política social nos obliga a hacer explícito y directo el mecanismo de transmisión que se busca con una estrategia de inclusión productiva.  En otras palabras, el derrame ha sido superado como posible canal de redistribución del crecimiento.

Y en segundo plano, desde una perspectiva mucho más operativa y de “realismo” en la implementación de política pública, porque debemos reconocer que la política social ha sido muchísimo más efectiva en institucionalizarse; en generar cuadros dentro de la burocracia pública; en desarrollar instrumentos de focalización, entrega, seguimiento y evaluación; entre otras ventajas.

Eso la hace mucho más  apetecible ante los ojos de los formuladores de política pública que hoy se enfrentan a un desafío doble: por una parte, cómo lograr un mayor crecimiento  económico en la base de la pirámide; y por la otra, como se logran articular diferentes programas que muchas veces los Estados nacionales ya están ejecutando, pero sin que estos lleguen a la población más necesitada.

Por ahí va más o menos el debate regional.  Es verdad que es un esfuerzo relativamente nuevo, cuyos resultados tendrán que verse en los próximos años.  Sin embargo, bien haríamos en Guatemala si le damos un seguimiento cercano a experiencias mucho muy interesantes como las que se gestan en Perú, Brasil y más recientemente en México.

trosada@gmail.com

En una discusión sobre la reforma tributaria chilena,  el economista Jorge Marshall reflexionaba sobre algo que él llama “el círculo virtuoso entre recaudación y desarrollo”.  

Interesante recordatorio de cómo el desarrollo no sucede de manera espontánea, sino que más bien debe apuntalarse de varios factores como una robusta recaudación tributaria, sólidas instituciones, transparencia y rendición de cuentas, participación y contrapesos en el sector público, por citar algunos cuantos ejemplos. 

Dos elementos llaman poderosamente la atención de su análisis.  
El primero tiene que ver con la necesidad de dar señales claras de mayor eficiencia y efectividad de parte del Gobierno, porque de otra manera (sic) “se corre el riesgo de trasladar el malestar de la población desde la falta de equidad en el acceso a servicios sociales de calidad, al funcionamiento deficiente de las instituciones públicas”.  Así, la sociedad confunde dos problemas relacionados,  pero diferentes. 

Por un lado el exceso de desigualdad, que merma el sentido de pertenencia a un grupo social que resulta ajeno a mi identidad e intereses.

Tan simple como que el prójimo que pasa frente a mí es tan distinto a mí, que no me reconozco en él o ella y,  por tanto,  tampoco veo la ocasión o necesidad de cooperar para conseguir un objetivo común que nos beneficie a ambos. 

Por el otro, el descrédito de las instituciones públicas ante su mal funcionamiento, con lo cual dinamitamos los únicos puentes posibles para conectar necesidades sociales con bienes y servicios públicos.  Se explica entonces el surgimiento de propuestas voluntariosas,  pero muchas veces poco edificantes para el largo plazo, como el desmantelamiento del aparato público en funciones elementales para dar ese sentido de cohesión que por definición está ausente en contextos de mucha desigualdad.    

¡Pero aún hay más!
El segundo elemento que llamó mi atención del análisis que hace el economista chileno tiene que ver con  que (sic) “(la)  responsabilidad política del Estado respecto de la sociedad es directamente proporcional al tamaño de la recaudación, lo que se expresa en mayores expectativas ciudadanas en las instituciones públicas”.

Esa premisa sí que va directo a la vena, y amerita contar no hasta 10  ¡sino hasta 20  o 30!…  Es decir,  que no podemos tampoco pedir peras al olmo y demandar al Estado más responsabilidad que la que su dotación de recursos le permite.
 Si queremos más de aquello que vemos funcionar en otras latitudes con cuatro estaciones al año —parques, plazas, seguridad, asfalto, agua, luz, salud y educación—, hay que pagar el precio asociado. 

Poderosa aseveración que de inmediato me hizo pensar en Guatemala y sus ya descoloridas discusiones.  
Que se repiten como disco rayado, una y otra vez, cuando hay que aprobar un nuevo préstamo, cuando hay un proyecto de reforma fiscal sobre el tapete, o cuando la recaudación tributaria no da signos de mejora sustantiva y, como hoy, se proponen medidas para aumentar los ingresos fiscales con medidas que, en el mejor de los casos, dan en qué pensar. 

Lo esperanzador es que tales reflexiones tengan lugar en un país como Chile, otrora experiencia exitosa  de la liberalización y el mercado, hoy en una senda más balanceada.  Que reconoce el valor elemental de lo público, de la institucionalidad y la procura de la equidad social, como tres cimientos sobre los cuales construir su permanencia en el grupo de países etiquetados como de mayor desarrollo.  

Lo retador para los guatemaltecos es encontrar la manera de trasladar ese discurso, a veces conceptualmente tan ajeno, a una realidad con tantas urgencias como la nuestra.  Pero hay que seguir intentando.  En algún momento la peña tendrá que ceder…
trosada@gmail.com

Un día llegó a mi cuarto donde yo estaba estudiando, y sin mediar mucha conversación me dejó sobre la cama el periódico de ese día, con una noticia muy chiquitita, circulada con su famoso marcador rojo. Antes de salir, me dijo: “Creo que deberías aplicar”. Leí la nota dos o tres veces, y allí comenzó todo esto. Tenía entonces 17 años.

Ahora que lo pienso, veo cómo en su mismo nombre está condensada toda su esencia: United World Colleges (UWC). Es un proyecto educativo construido alrededor de un riguroso programa académico y una estrategia de intensa convivencia y proyección social. Apuesta por el entendimiento y convivencia pacífica entre individuos, entre distintos imaginarios, entre religiones, entre mitos y creencias. Así de sencillo, pero así de difícil de explicar cuando no se ha vivido.

Sin duda alguna, fueron dos de los años más intensos que he pasado en la vida. Cada vez que los repaso me doy cuenta de que fue allí donde se plantaron muchas de las ideas que han motorizado mucho de lo que vino después.

Una experiencia tan intensa, que 20 años después tuvimos la osadía de permitir que nuestro primogénito también la viviera. Sus padres somos firmes creyentes del poder transformador que tiene la educación. Estamos convencidos de que son los jóvenes el alma del cambio, y que haciéndolos convivir antes de que sus prejuicios se solidifiquen podremos poco a poco demoler estructuras mentales que dificultan el desarrollo y la paz.

El fin de semana pasado fuimos a acompañarlo y celebrar juntos su graduación. Volví a resucitar esas emociones que acompañan la vida en los UWC, ahora atemperadas por el paso del tiempo y la experiencia de ser padre. Muchachos y muchachas en sus trajes nacionales, compartiendo su cultura, criticando agudamente, pero también proponiendo soluciones para este mundo que les estamos heredando.

En mis años era la Guerra del Golfo, la caída del Muro de Berlín, la liberación de Mandela y los 500 años de la llegada de Colón a América. La generación de mi hijo interpela el conflicto en Siria, la crisis de la Unión Europea, la Primavera Árabe, y observa atentamente el despertar de China.

Al terminar el día y caminar por ese campus ya vacío, pensé con nostalgia en aquel marzo de 1991 y en este mayo del 2014. En cómo ha cambiado el mundo desde entonces y cómo en muchas cosas sigue siendo tan igual. Pensé en mi hijo y en su futuro cada vez menos incierto. Pensé también en los UWC, y en la necesidad de mantener y multiplicar oasis como estos. Porque fueron, son, y sin duda, seguirán siendo, una apuesta, una propuesta y un ejemplo concreto de que otro mundo es siempre posible.

Aun así, en algunos países se ha logrado superar este período inicial de aprendizaje y consolidación, y los registros de beneficiarios se han llegado a convertir en pieza clave para la asignación y ejecución de una buena parte del gasto público.

Pero conceptualmente hay otra crítica fundamental a esta herramienta, de la que se habla mucho menos: el riesgo de pulverización de la política fiscal. Los registros, tal y como se han concebido hasta hoy, pueden diluir muchísimo el efecto del gasto público, convirtiendo un caudal importante de recursos en una brisa insignificante y de bajo impacto. ¿Por qué?

El tipo de transferencia directa que se monitorea con estos instrumentos tiene como supuesto subyacente que todo o casi todo se puede resolver por la vía de acciones y relaciones entre el Estado y el individuo. En otras palabras, se asume que los efectos indeseables de un fenómeno externo o política económica se pueden mitigar a través de una transferencia directa a las personas: pobreza monetaria, discriminación a ciertos grupos sociales, reconversión productiva para enfrentar efectos de liberalización económica, mitigación ante el cambio climático, etcétera.

En algunos casos puede que esa sea la estrategia correcta, pero ese no es siempre el caso. De hecho, la evidencia más reciente en países que han tenido éxito en reducir pobreza apunta a la necesidad de intervenir con inversiones públicas no solamente a nivel individual sino colectivo. Es decir, hay otras acciones de carácter grupal que son importantes, y que demandan cantidades de recursos que superan los montos que usualmente se transfieren a una persona de manera individual.

Aquí no me refiero solamente al financiamiento para la generación de bienes públicos con objetivos muy deseables como alcanzar mayor cohesión social o fortalecer el capital social. También para el logro de rentabilidad y sostenibilidad económica se requieren inversiones de mayor escala: una planta procesadora, un beneficio de café, un centro de almacenamiento, etc.

Así, el diseño y uso de instrumentos como los padrones de beneficiarios para la focalización del gasto púbico deben también capturar esta otra dimensión colectiva, tan importante y complementaria a las intervenciones dirigidas a individuos. Ningunear la relación del Estado con colectivos pequeños —barrios, cooperativas, etc.— a cambio de priorizar la relación directa Estado-individuo es un disparo en el pie.

trosada@gmail.com

Veinte años después nos encontramos con sorpresas. Si bien es cierto que hemos reducido de manera significativa la pobreza extrema en el mundo, la evidencia nos dice que ha sido fundamentalmente por el desempeño que tuvo China, seguido por el crecimiento económico del resto de países en desarrollo que hemos mantenido durante los últimos años, y por algunas mejoras en la distribución del ingreso.

Como prácticamente se ha cumplido el período para el cual se plantearon estos ODM, es natural que se reabra el debate sobre si debemos hacer una renovación de votos y volver a fijarnos nuevas metas de desarrollo a nivel mundial. El Banco Mundial ha tirado la primera piedra y ha dicho ¿por qué no eliminar la pobreza extrema para el 2030? Y la respuesta no se ha hecho esperar de parte de los especialistas. Es poco factible, nos dicen. Hay razones para ser cautos y moderar expectativas.

En primer lugar, porque a medida que se reduce el número de pobres extremos, los que van quedando en tal condición son justamente esa pobreza dura de difícil transformación. Segundo, el que hasta hoy ha sido el gran motor de la reducción de pobres en el mundo (China), dejará de serlo y no es tan claro que el segundo país más poblado del mundo (India) pueda seguir el mismo patrón.

En tercer lugar, porque a medida que nos acercamos a esa pobreza profunda, el papel que deben jugar las políticas redistributivas es mucho mayor que el que tiene el crecimiento económico a secas. Y eso bien sabemos que es un tema todavía muy poco asumido —por decir lo menos— por las élites políticas y económicas, que en su gran mayoría son más proclives a jugarse más por estrategias pro crecimiento y mucho menos por la redistribución —aunque solo sea de oportunidades—.

El otro dato interesante de esta coyuntura por la que atraviesa la comunidad del desarrollo internacional es la gran ausencia de América Latina. Al ser un grupo fundamentalmente de países de renta media, y al no concentrar los bolsones más grandes de pobreza en el mundo, pues como que no nos dan mucha vela en el entierro.

Craso error que debemos corregir cuanto antes, más aún si hemos de revalorizar a la equidad como un instrumento central que permita la superación definitiva de la indigencia, a la vez que permita círculos virtuosos de crecimiento con paz social.

Interesante reto tenemos los latinoamericanos, de intentar introducir en la redición de los ODM a la desigualdad extrema como característica indeseable el desarrollo de cualquier sociedad. ¡Y sobre desigualdad, los latinos sí que podemos echar más de un cuento al resto de la humanidad!

El cuento es menos claro cuando se comienza a preguntar qué tipo y cuánta educación se necesita en un país como Guatemala. Y se vuelve totalmente borroso cuando se abre la discusión de quién y cómo debe pagar en cada nivel educativo. Algunos piensan que el sistema debiera ser enteramente público.

Otros pensamos que ciertamente ese es un derecho humano, pero no automático, vitalicio, ni aplicado de la misma manera.

En un país como el nuestro, la formación de capital humano, a medida que se avanza en la escalera escolar, más que un derecho universal se vuelve un privilegio al que tienen acceso unos pocos.

Sin embargo, la fuente de financiamiento del sistema educativo público continúa recayendo en una inmensa masa que no tiene mayor injerencia para poder exigir calidad y rendición de cuentas, ni a maestros ni a estudiantes.

El lunes último una pequeña nota de prensa nos recordó, cifras en mano, los elevados costos del fracaso escolar en cada uno de los niveles educativos. Números que lloran sangre: 36 por ciento de nuestros niños en primero primaria, 22 por ciento en segundo, 19 por ciento en tercero, 55 por ciento de los muchachos en primero básico no aprueban el año.

La pregunta que hay que hacer es inmediata y fulminante. ¿Quién debe pagar por ese “fracaso” escolar? Hablemos del costo económico primero. Si la educación es privada, probablemente la respuesta sea: los padres del muchachito que no ganó el año. En ese caso le aseguro que las medidas correctivas no se harán esperar mucho —¡por lo menos así era en mi casa!—.

En el caso de la educación pública, corremos el riesgo de que al ser de todos no es de ninguno. Por tanto, a menos que el sistema tenga capacidad de reacción, lo más probable es que no importe si el alumno se instala en primero básico o en primer semestre de la Universidad, uno, dos o tres años. Total, el costo es nulo (o muy bajo) para la persona, la familia y el sistema —¡aunque no lo sea para la sociedad!—.

El problema es que, aparentemente, también hay un costo personal y social asociado al fracaso escolar. Por ejemplo, la probabilidad de que un niño que vive en el campo pierda un año y vuelva al año siguiente a repetir el grado es baja.

Por tanto, nuestro sistema educativo debiera reconocer esta realidad, sobre todo en los primeros años de escuela. Los costos del fracaso superan con creces las bondades de una calificación a fin de año, que tampoco es el mejor indicador ni el más preciso para capturar todo lo que sucede en el aula.

Lo opuesto sucede a nivel universitario, en donde el estudiante ya está en capacidad de asumir con plena responsabilidad los costos y los beneficios de desempeño. En ese nivel, el sistema debiera ser mucho más estricto y selectivo a favor de aquellas personas que verdaderamente van a la universidad a formarse y lo hacen en el menor tiempo posible.

Así como en los primeros años de formación puede justificarse la promoción universal, porque el fracaso escolar puede ser fulminante para el futuro de nuestros niños; a nivel superior debiéramos aplicar con mucha rigurosidad criterios de selección y descreme de aquella población que se dedica con seriedad y compromiso para utilizar los recursos públicos, que le son transferidos para que obtengan un grado académico superior. En ambos casos el fin es el mismo: procurar educación pública con criterios de eficiencia en el uso de sus recursos, de eficacia en la formación de nuestra población, y de equidad hacia aquellos con menos oportunidades.

Si bien es cierto que es bueno identificar ineficiencias en el uso de recursos asignados a la educación pública en los niveles primario y secundario, esa discusión debe extenderse con igual o mayor rigurosidad y exigencia hacia el uso de recursos públicos asignados a subvencionar la educación superior. El fracaso escolar no es solo en primaria y secundaria, también se extiende a la universidad.

El problema muchas veces es que nuestros universitarios —no todos, afortunadamente— tienen más capacidad de vociferar para defender su sagrado derecho a calentar banca.

Mientras que nuestros chiquitos en Caulotes o San Mateo Ixtatán no tienen más opción que recibir el jalón de orejas de un sistema educativo anacrónico y desigual. Al final, tenemos que estar claros que el fracaso escolar es fracaso de todos.

Y si el punto de partida fuera el inicio de las conversaciones entre las partes, probablemente rozaríamos ya el cuarto de siglo. En otras palabras, a tres cuartas partes de nuestra población el capítulo del conflicto armado interno que les tocó vivir fue su fase de negociación, acuerdos, e implementación de lo pactado.

Una lógica lineal, en donde yo recuerdo más aquello que me acaba de suceder, haría pensar que los Acuerdos de Paz debieran estar dentro de los referentes históricos que se guardan con mayor frescura en la mente de nuestra población adulta —no digamos nuestros dirigentes políticos—. Y si eso fuera así, debieran ser usados como referentes, lo mismo que otros esfuerzos de diálogo nacional igualmente valiosos —el Pacto Fiscal es otro ejemplo—.

Pero no es así. Del contenido de todos los acuerdos, probablemente el dato que ha podido inmortalizarse con mayor efectividad es el relativo a la carga tributaria del país. El famoso, mágico y elusivo 12 por ciento al que todos nos referimos cada poco, cuando se discute el papel del Estado y los recursos que necesita para cumplir con sus funciones.

Irónicamente ni siquiera recordamos con precisión la cifra de muertos, desaparecidos y desplazados. Salvo aquellas familias —la mía es una de ellas— en donde todavía tenemos en la sala de la casa la foto y presencia de uno de aquellos jóvenes idealistas, que supieron tenerlos bien puestos y creyeron —equivocadamente o no, la historia será quien los juzgue— salir a la calle a solidarizarse, protestar e intentar transformar una realidad que les parecía injusta y abusiva con los derechos de la mayoría.

Hoy escuchamos en tarimas gritos y discursos delirantes que, cuando no son epidérmicos para la magnitud del problema social que tenemos entre manos, ponen en evidencia un minimalismo e inconsistencia conceptual, que francamente solo se puede explicar por una sola razón: a inversiones políticas, económicas y sociales de la magnitud que tuvieron los Acuerdos de Paz, les estamos aplicando una tasa de depreciación demasiado alta.

La coyuntura actual nos hace pensar que bien valdría la pena desempolvarlos y agitar nuevamente la discusión nacional que plantearon aquellos acuerdos, llevarlos un poco más lejos del sitio de Internet de la Sepaz, los cambios diarios de la rosa en el Palacio Nacional de la Cultura, o el cumpleaños de cada 29 de diciembre. En esa letra están identificados con mucha claridad y precisión, probablemente los principales grandes temas que hoy todavía nos afligen: seguridad, empleo, crecimiento económico, reducción de pobreza, institucionalidad democrática, derechos humanos, reforma del sector justicia, derechos de los pueblos indígenas, papel de la sociedad civil, poblaciones desarraigadas y excluidas, entre otros.

Pero además, el proceso de paz guatemalteco tiene la ventaja de que todavía los jóvenes podrían interactuar vivamente con la mayoría de personajes que los tejieron. Ese es otro gran activo que nos debiera ser de gran utilidad, más allá de la letra muerta y los análisis publicados que pueden contar solamente una parte del proceso.

Fue un esfuerzo valioso, amplio, lento, doloroso, lleno de sobresaltos, pero que definitivamente resume y demuestra una capacidad de diálogo y convivencia pacífica de los guatemaltecos. Capacidad de sentarnos a una misma mesa, a pesar de nuestras profundas diferencias de origen; de identificar una agenda estructural, bajándola del campo de las generalidades y buenas intenciones a un plano un poco más tangible, con deducción de responsabilidades más claras y un cronograma más o menos preciso.

En fin, no me cabe la menor duda que las causas de muchos de los problemas identificados en los Acuerdos de Paz siguen vigentes, como tampoco es secreto que otros nuevos retos han aparecido desde entonces, y que seguramente necesitaríamos una segunda generación de acuerdos nacionales que tuvieran la capacidad de reconocer esos nuevos problemas que hoy nos agobian.

Creo que el diálogo sigue siendo la mejor avenida por la cual transitar para poder seguir viviendo en sociedad y en democracia. En todo caso, aprovecho para darles las gracias a todos ustedes, hombres y mujeres, que trabajaron en primera, segunda o tercera fila en el proceso de paz. Dejaron un legado valioso, que hoy debemos tratar de no convertir en simples recuerdos de paz.

Apreciado lector, ¡que tenga un buen inicio de año!

Un pequeño ejemplo de ello lo tenemos en nuestra política social, en donde los guatemaltecos también hemos apostado al concepto de transferencias condicionadas en efectivo como herramienta para la reducción del a pobreza. En Brasil el programa Bolsa Familia ha recibido un particular impulso institucional y político desde el 2003 con el gobierno del presidente Lula. Desde entonces ha hecho significativos esfuerzos por ampliar su cobertura e impacto social, convirtiéndolo en pieza clave para la función redistributiva de aquel Estado. Hoy tiene prácticamente garantizada su continuidad en la siguiente administración que los brasileños elegirán el mes próximo.

En esa línea, hace algunas semanas apareció un reportaje publicado en la revista The Economist, discutiendo de forma prospectiva el programa insignia de la política social en aquel país. Vale la pena compartir algunos mensajes porque mucho de lo que allí se dice puede perfectamente trasplantarse a cualquier otra nación latinoamericana que esté utilizando instrumentos similares para atender a su población más pobre.

Las bondades y debilidades de Bolsa Familia están a la vista. Pero además son debatidas abierta y ampliamente, lo cual suma a favor de la transparencia y apropiación del concepto por parte de la sociedad. Los números duros revelan que dicha intervención ha contribuido en menos de 10 años a reducir el índice de desigualdad de Gini, de 0.58 a 0.54; ha acelerado un proceso de reducción de pobreza y desnutrición rural —fenómeno que ya venía dándose desde la década de 1990—, y además no ha representado un costo demasiado alto para el erario público —más o menos 0.5 por ciento del PIB—.

A pesar de ello, la discusión parece estar puesta hacia el nuevo y principal reto que tiene el programa: cómo hacerlo igualmente efectivo en un contexto de pobreza urbana. Por ejemplo, hoy se discute si las transferencias condicionadas en las ciudades han dejado a muchos hogares pobres en una condición relativamente peor que la que tenían antes, cuando eran usuarios de un conjunto de transferencias gubernamentales tales como programas contra la desnutrición infantil, subsidio a combustibles para cocinar, transferencias para adolescentes, entre otros.

De igual forma se debate sobre los impactos sobre trabajo infantil, en donde aparentemente el programa no ha sido tan efectivo, ni en el campo ni en la ciudad. Pero sobre todo en contextos urbanos, en donde el monto de la transferencia que se da a los hogares parece insuficiente para cubrir lo que los niños podrían ganar haciendo trabajos informales en las calles.

En resumen, los brasileños tienen ya una idea bastante acabada en cuanto a beneficios y retos que Bolsa Familia deberá enfrentar en los próximos años. La intervención ha sido exitosa en términos de reducción de la desigualdad y pobreza. Sin lugar a dudas ha beneficiado a los hogares más necesitados del ámbito rural. Ha cerrado brechas campo-ciudad en cuanto a escolaridad y desnutrición infantil. Y todo ello a un costo relativamente bajo comparado con la cobertura y el impacto socioeconómico alcanzados.

Sin embargo, evidencia acumulada de varios años de monitoreo y evaluación ya alerta sobre la necesidad de hacer ajustes para reconocer características diferentes entre la población más pobre, particularmente la que vive en centros urbanos. Hay que revisar el sistema de incentivos que tiene el programa para sacar a más y más niños fuera de las calles y llevarlos hacia escuelas y centros de salud.

Ha quedado claro que la pobreza y desigualdad urbana tiene una naturaleza muy diferente, quizás más compleja, que la pobreza y desigualdad rural. Por tanto, los ajustes que se darán en el área urbana probablemente apuntarán a volver “más competitivos” los beneficios de Bolsa Familia con respecto a otras fuentes alternativas de ingreso. Incluso, quizás sea necesario complementar con otro tipo de intervenciones que vayan más allá de la transferencia de dinero.

De cualquier manera, si hubiera que resumir en una línea programas como este, diríamos que son un éxito rural y un reto urbano.

Lo hace de dos maneras. Por una parte, comparando a la región con los países miembros de la OCDE, con lo cual logra un efecto de claroscuro que llama a la reflexión sobre lo que podría llegar a ser el músculo fiscal latinoamericano. Y por la otra, citando cifras y estudios todos relativamente recientes y de autores diversos y reconocidos, dando así autoridad suficiente a la línea de argumentación.

Por el lado de los ingresos fiscales la radiografía revela, entre otras cosas, una incapacidad muy grande para redistribuir; bajos niveles de recaudación —a pesar de contar con tasas impositivas no muy distintas a otras regiones del mundo—; importantes agujeros negros de deducciones, exenciones y vacíos legales; incapacidad de desplazar la carga de ingresos tributarios desde los hogares pobres y de clase media hacia los hogares más ricos; y una seria debilidad para recaudar impuestos individuales sobre la renta —e.g. mientras que la OECD recauda por este concepto cerca del 9 por ciento del PIB, América Latina ligeramente supera el uno por ciento—.

Por el lado del gasto los problemas tampoco son menores. A pesar de haber aumentado su nivel en las últimas décadas, los beneficios de dicho gasto —ya sea en forma de servicios o de transferencias de ingreso— no están llegando a la población más pobre. Sobre este último punto es interesante el análisis que hace sobre los recursos públicos dedicados a educación, señalando dos problemas fundamentales: bajos niveles de calidad y deficiente focalización. Alarman los datos con respecto de beneficiarios del gasto en educación por cada nivel educativo, de lo cual se deduce que es urgente trabajar en la progresividad, sobre todo en el caso de educación media y superior.

Para terminar, el reporte cierra con una discusión que es central para la definición del papel redistributivo del gasto público, y que pasa por el rol que juegan las transferencias públicas. Dichas transferencias típicamente vienen en forma de seguridad social —pensiones o seguro al desempleo— o de asistencia social —transferencias condicionadas o no condicionadas—.

Contrario al imaginario que muchos comparten, la porción de asistencia social no solamente alcanza un magro 15 por ciento del gasto en transferencias públicas, sino que además evidencia niveles aceptables de focalización hacia los estratos socioeconómicos más bajos. Lo opuesto sucede en el caso de la seguridad social, en donde no solamente son quintiles superiores de población los más beneficiados, sino que además por su capacidad de movilización social y presión política logran imponer rigideces que hacen más difícil la implementación de reformas. En suma, la porción de gasto dedicado a asistencia social en la región parece ser mucho más costo-efectiva que la parte asignada a seguridad social.

Después de leer el documento quedé con un sabor de boca agridulce. Sin decirlo de forma explícita, deja en el ambiente dos mensajes muy sutiles. El primero tiene que ver con el profundo poder y valor que tiene el cabildeo en la construcción y conducción de los Estados —particularmente los latinoamericanos, que adolecen de una profunda y crónica debilidad institucional, muchas veces en un contexto de sociedades segmentadas, así como de procesos políticos que impiden pensar el quehacer público con una perspectiva de mediano plazo—.

El segundo mensaje, todavía más sutil, se deduce de hacer un rápido análisis de procesos fallidos y exitosos de reforma en la región, en donde el hilo rojo de procesos exitosos ha sido la construcción de confianza entre actores con capacidad de un efectivo cabildeo político. Parece que es allí en donde reside en última instancia la posibilidad de transformación o estancamiento indefinido de cualquier agenda.

La historia de la región demuestra una y otra vez que siempre se puede construir una línea argumental técnicamente fundamentada, sin que ello garantice reforma alguna. De la misma manera, con un efectivo cabildeo ejecutado por operadores políticos conscientes de su entorno idiosincrático, hasta la más débil de las propuestas coge vuelo. Pan para nuestro matate.