Quienes nos dedicamos al análisis político, casi sin excepción, coincidimos en que los procesos electorales han contribuido muy poco a elevar la cultura cívica de los guatemaltecos. Los comicios han estado dominados por el marketing y el hígado, no por el análisis y la razón, en un medio en el cual los partidos son aves de paso y la política es considerada un mal necesario.

Por ello, no es de extrañar fenómenos tan contradictorios como la elección de Alfonso Portillo, quien obtuvo un masivo respaldo ciudadano y antes de cumplir un año de gobierno ya era repudiado por la mayoría de sus electores, quienes lo eligieron sin mayor conciencia.

La actual contienda electoral acusa los mismos vicios. Un politólogo dominicano, quien visita frecuentemente nuestro país, sostiene que solamente en Guatemala es posible que un candidato como Oscar Berger puntee en las encuestas, careciendo de partido, de programa y de discurso.

Yo le respondo que la fuerza electoral de Berger radica, precisamente, en su indefinición política y en una personalidad bonachona, que le resulta carismática a muchos electores. Las múltiples y sistemáticas tiranías que nos han sojuzgado no permitieron que se formara una sólida cultura política, ni partidos con tradición y arraigo. La percepción del ciudadano común es que la política es sinónimo de guerra, de confrontación; así, mientras más anodina sea la posición de un candidato y de un partido, mientras menos polémica represente, más simpatías cosechará.

Los estrategas electorales de Berger han entendido cabalmente este fenómeno y le han sacado provecho. Durante meses me dediqué a analizar y comentar los programas de gobierno de los diferentes partidos, y me sorprendió que la Gana contara solamente con un folletín de cuatro páginas.

Me entrevisté con varios asesores de Berger, quienes me dieron evasivas, hasta que uno me respondió con mucha franqueza: ?Nuestra estrategia es no decir mucho, para no dar flancos a nuestros adversarios. Tenemos programa, pero no lo daremos a conocer?.

Así, sin definiciones claras, la Gana es el partido que sus seguidores se imaginan que es; cada uno lo define según sus preferencias políticas, culturales y religiosas. Con sus directivos sucede lo mismo; varias veces, cuando se compromete con los campesinos e indígenas, he oído a Eduardo Stein decir preocupado: ?No sé si este compromiso solamente es mío o de la Gana?.

Sin apasionamientos partidarios, he sostenido que solamente tres partidos presentaron programas de gobierno: UNE, FRG y URNG, en ese orden de consistencia. Los demás publicaron ocurrencias y generalidades, pero al final no importa, pues las simpatías por Berger o Colom no se fincan en compromisos programáticos, sino en la emotividad.

Encuestas como la de Vox Latina acrecientan el ejercicio light de la opinión política, al hacer preguntas que comienzan ?Por lo que ha oído en la calle… qué opina sobre tal asunto?. Ya ni siquiera miden la opinión del encuestado basada en su propio criterio, sino en el rumor callejero. Así se cierra el círculo del marketing político: primero se satura al ciudadano con mensajes sin mayor contenido y luego se le pregunta su opinión con base en lo que ha oído.

Al respecto, debo agradecer al licenciado Juan Pablo Pira, de Vox Latina, que me haya enviado una larga carta respondiendo a mis cuestionamientos sobre la penúltima encuesta. Sin embargo, a pesar de ser la pregunta reiterada por muchos, no contestó en qué lugares del país han efectuado las entrevistas, a fin de poder evaluar la representatividad de la muestra.

En síntesis, quienes contienden por la Presidencia deberían llegar a ella con transparencia y coherencia. Tendrían que informar sobre sus financistas y equipos de gobierno, y contar con propuestas programáticas coherentes, sólidas y viables, para que el ciudadano los elija por su propuesta política, no por su sonrisa.

Candidatos, partidos y analistas deberíamos recordar el aserto de Jesús Reyes Heroles, humanista y político mexicano: ?En política, la forma hace parte del contenido?.

La guerra de comerciales, declaraciones, encuestas y entrevistas no ha ayudado en absoluto a la clarificación de los programas de Gobierno, pues el marketing primó sobre el análisis, en un país polarizado, cuya ciudadanía está acostumbrada a ver las cosas en blanco y negro.

En el ámbito político militar, durante 30 años, la guerrilla y el ejército fueron los polos opuestos e irreductibles de dos estrategias que sucumbieron por el paso del tiempo y las transformaciones mundiales. En el ámbito social, ricos y pobres representan la opulencia y la miseria contrastada hasta la náusea, al grado de que Guatemala ocupa el tercer lugar mundial en concentración de la riqueza.

En el ámbito cultural, indígenas y ladinos protagonizan una innecesaria confrontación, que ha impedido construir, durante cinco siglos, una identidad nacional, incluyente y sumatoria. En el ámbito religioso, manos perversas acrecientan las contradicciones entre católicos, evangélicos y los practicantes de la cosmovisión maya, con el avieso fin de mantenernos divididos y dominados.

Lógicamente, el ámbito político electoral no podía ser la excepción; por ello no es de extrañar que la confrontación entre el FRG y los demás partidos -salvo el PAN- que ocupó la atención de la ciudadanía durante la primera ronda electoral, haya sido sustituida, casi de inmediato, por una virulenta confrontación entre Colom y Berger.

En mi correo electrónico he recibido cientos de mensajes en contra de Álvaro Colom y su partido, con un contenido tan virulento, que genera una reacción contraria al propósito de sus anónimos remitentes, pues todos los que tenemos dos dedos de frente rechazamos tales prácticas, máxime si van dirigidas contra la esposa y la madre del candidato.

En contrapartida, a Colom lo ha dominado el natural enojo que generan tales mensajes, atacando a un Oscar Berger que no polemiza, provocando el rechazo de los votantes indecisos que dicen ya no querer más confrontación.

Sin embargo, durante el frustrado debate entre los candidatos presidenciales, los seguidores de sendos partidos se enfrentaron soezmente, dando un deplorable espectáculo, que debió ameritar la suspensión temporal del evento, si los moderadores hubieran tenido la capacidad y la voluntad para desempeñar bien su papel.

Particular reflexión debería motivarnos la actitud de las vociferantes y elegantes seguidoras de Berger, quienes mantuvieron una actitud tan vulgar, que sus lujosas vestiduras no pudieron ocultar su falta de educación.

Digo esto sin ánimo de acrecentar la polémica, pues me ha indignado escuchar en los círculos de la ?alta sociedad? que no quieren que gane Colom porque su equipo es de gente ?cholera?, evidenciando con su miope clasismo que confunden la calidad humana con la apariencia.

Igualmente, es preocupante que en la Octava Encuesta, el 63.5% de los entrevistados sostiene que Oscar Berger ?debería contestar los ataques que le hace Alvaro Colom?.

Quienes elaboraron la pregunta hacen, de antemano, un juicio de valor, al no distinguir entre ataques -que sí ha habido- y señalamientos o cuestionamientos válidos, induciendo una posición contestataria en los encuestados, quien responden en consecuencia, acrecentándose la incultura política.

El candidato ganador encontrará al país devastado por cientos de problemas estructurales y coyunturales, razón por la cual todos los analistas hemos planteado la necesidad de un pacto político en el Congreso de la República, y un pacto social con las fuerzas populares de la nación. La pregunta obligada es ¿será posible gestar tales pactos en el clima de polaridad social imperante?

Los candidatos, sus asesores y partidarios deberían, por una vez, deponer la irreflexión y el sectarismo, para que -sin renunciar a sus preferencias partidarias- sentemos las bases para la construcción de la impostergable unidad nacional, basada en la justicia social, la equidad de género y etnia, y la imperancia de un Estado democrático de Derecho. Mañana podría ser tarde.

Con un campanazo iniciamos el ascenso de la cuesta de Enero, con la condena, en Cuba, de tres guatemaltecos acusados de actividades terroristas. El hecho puso en el tapete el tema de la soberanía: cada nación debe ser libre de definir su destino sin la intervención de fuerzas extranjeras. Este es un principio básico contenido en la Carta de la ONU, y de su vigencia plena depende la paz mundial, hoy tan amenazada por diferentes bandos.

En Febrero, escuchamos una fuerte campanada por la impunidad con la que fue asesinado Cesar Rodas Furlán, testigo clave en el caso de la Tipografía Nacional, y por el secuestro de Lizardo Sosa, presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria. Ambos hechos criminales presagiaron el clima de impunidad que reinaría durante todo el año, pues evidenciaron que el Estado no provee seguridad a ningún ciudadano, ni siquiera a sus más altos funcionarios.

La campanada de marzo fue por los presuntos actos de corrupción que se adjudican a funcionarios del más alto nivel.

El uso injustificado del avión presidencial por César Medina, a quien EU le canceló la visa, al igual que al general retirado Francisco Ortega Menaldo, dio pie a una cadena interminable de denuncias de corrupción, que han mermado la confianza ciudadana en funcionarios e instituciones, al grado que la comunidad internacional ha tenido que intervenir con medidas enérgicas, nunca antes vistas en al ámbito diplomático.

En abril, las campanas tocaron a rebato por nuevos y múltiples casos de presunta corrupción: irregularidades millonarias en la compra de papel en la Tipografía Nacional, disolución del Departamento de Operaciones Antinarcóticos, el CACIF se retira de la Junta Directiva del IGSS por sospechas de fraude, el Presidente es investigado por el Congreso de la República.

Se hace evidente que el cáncer de la corrupción contamina al Estado y a la sociedad.

La campanada de mayo resuena por resoluciones legales polémicas: Francisco Alvarado Macdonald mantiene su libertad bajo fianza y el Vicepresidente, Francisco Reyes, es exculpado por la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República.

En junio, las campanas presagian serios problemas para el Estado de Derecho: los ex Patrulleros Civiles se toman el Petén en demanda de indemnización, y el Presidente Portillo acusa a dos militares retirados y al director de un diario de haber fraguado, al menos, tres golpes de Estado.

Con la presencia del Papa y la beatificación del hermano Pedro, resuena una campanada de alegría para los feligreses católicos, en el mes de Julio.

La campanada de agosto anuncia las esperadas protestas sociales: mediante siete manifestaciones populares se actualiza el reclamo agrario y salarial, y se rechaza la indemnización a los ex PAC; da inicio el paro hospitalario. Para el movimiento social fue evidente que sus demandas no serán atendidas si no demuestra capacidad de movilización.

En septiembre, una trágica campanada pone de manifiesto la indefensión de los migrantes y de los pobres, con la muerte de 14 jornaleros en Maine, EU, y con las 36 víctimas del deslave en San Lucas Tolimán. Se manifiesta la desidia gubernamental para atender calamidades públicas.

Después de once años de lucha de la familia Mack y de la sociedad guatemalteca, una campanada triunfal anuncia, en octubre, la condena del coronel Juan Valencia, por el asesinato de Myrna Mack. Tal esfuerzo demuestra que se puede luchar contra la impunidad.

En noviembre, con un débil campanazo, da inicio la contienda electoral, con la celebración de asambleas generales de diversos partidos políticos. Aparecen muchas ofertas electorales, pero ningún planteamiento programático serio.

La campanada de diciembre fue trágica; anunció el asesinato de don Antonio Pop Caal y una masacre durante el motín carcelario en Pavoncito.

Este recuento de hechos relevantes evidencia que el balance del año 2002 fue negativo; de nosotros, todos, depende que el Año Nuevo sea mejor. El futuro no se decreta, se construye, paso a paso. Brindemos por la vida. ¡Salud!

El primer crimen se ha perpetrado contra la inteligencia, contra el ámbito de las ideas libertarias, contra el concepto de igualdad en la diversidad, contra la visión de una nación intercultural.

Todos estos conceptos formaron parte del ideario y de la lucha de don Tono; contra ellos se ha atentado con premeditación, alevosía y ventaja.

El segundo crimen se cometió contra la lucha del movimiento indígena por alcanzar una ciudadanía plena, en pie de igualdad con el resto de la sociedad, en la perspectiva de incidir en la definición, implementación y seguimiento de las políticas públicas.

El mensaje ha sido claro: los indígenas libertos, los que se alzan contra la ignominia y la vergüenza del racismo y del colonialismo se juegan la vida.

El tercer acto criminal ha sido contra la espiritualidad maya, contra la libertad de culto, contra el derecho a la propia cosmovisión.

Al segar la vida de un preclaro guía espiritual q?eqchi?, se impone el culto al poder -ya sea de las armas, del dinero o de la política- por encima del humanismo, de la fraternidad y del equilibrio con la naturaleza.

Después de este recuento de agravios, coincido plenamente con el editorial de Prensa Libre, del pasado jueves, en el sentido que es un insulto a nuestra inteligencia pretender negar que el asesinato de Pop Caal constituye un crimen político.

Si los argumentos anteriores no bastan, debo agregar las amenazas recibidas por colegas que se pronunciaron contra el secuestro de don Tono.

Pocas horas después de haber aparecido su artículo en este diario, Marielos Monzón recibió una llamada telefónica insultándola y amenazándola de muerte, conminándola a no seguir escribiendo contra los poderes ocultos y la impunidad.

Al preguntarle las razones por las cuales no denunció el hecho, me relató todos los trámites que efectuó ante las autoridades competentes, por las anteriores amenazas recibidas, y cómo las investigaciones no han avanzado en absoluto.

La incompetencia y la desidia del MP, que constituye denegación de justicia, también alientan la impunidad.

Para no incurrir en omisión de denuncia, y con la autorización de la interesada, denuncio por este medio, ante el Fiscal General, ante el Procurador de los Derechos Humanos y ante el Jefe de MINUGUA, que la periodista María de los Angeles Monzón Paredes ha sufrido, nuevamente, amenazas de muerte por ejercer la libertad de prensa, en relación con el secuestro y asesinato del ciudadano Antonio Pop Caal.

Espero que los personeros aludidos no vayan a responder solicitándole a Marielos que realice los mismos trámites que ya finiquitó, y que de oficio, como la ley manda, investiguen estas nuevas amenazas.

Más de cien mil copias de esta denuncia, tantas como ejemplares de Prensa Libre circulen este día, constituirán evidencia documental de que todos fueron notificados.

Sirva esta columna, también, para hacer un llamado a todos los periodistas, organizaciones gremiales y medios de comunicación para que se pronuncien en defensa de una colega que ha mantenido una lucha inclaudicable contra la impunidad.

En marzo del presente año cumplí treinta años de acompañar al movimiento indígena en sus luchas; he compartido con ellos atentados, persecución, exilio, éxitos y fracasos, sueños y esperanzas, convencido de que la democracia, la libertad y la paz solamente serán posibles cuando se resuelva la cuestión étnico nacional.

Aunque mi aporte haya sido modesto, considero que me da derecho a cuestionar, por el respeto que me merecen, el silencio injustificado de muchas organizaciones y líderes indígenas ante el secuestro y asesinato de don Tono.

Aunque no haya sido ese el propósito, ese silencio fortalece la impunidad y acrecienta el sectarismo.

Espero que el derrame de la sangre del hermano motive una reflexión profunda sobre estos temas, y genere unidad de acción en contra de las fuerzas oscurantistas que pretenden acallar las luchas de los pueblos indígenas.

Aprovecho para manifestar mi solidaridad a la familia de la víctima, especialmente a su hermano, don Esteban Pop Caal, y a sus hijos, quienes me han honrado con su amistad y con quienes hemos bregado por la construcción de una Patria multicultural, donde quepamos todos.

La biotecnología no entraña solamente riesgos; también aporta amplios beneficios a la humanidad, tales como las vacunas y muchos otros avances científicos que nos permiten una mayor calidad de vida. Sin embargo, modificar los genes de un ser vivo debe ser una actividad rigurosamente regulada y controlada, y solamente debería desarrollarse si se supedita al bien común, y si existen estudios y garantías suficientes de que no generará riesgos a personas, animales y plantas.

Los seres vivos que han sufrido alteraciones en sus genes se conocen como organismos genéticamente modificados -OGM-, u organismos transgénicos, y han generado una polémica mundial.

La mayoría de OGM son plantas alimenticias, producidas por empresas con afán de lucro, de las cuales ya depende buena parte de la nutrición humana. Actualmente se cultiva, comercializa y consume maíz, trigo, soya y arroz transgénicos, y no existe ninguna evidencia científica que demuestre que sean más nutritivos o productivos que los convencionales.

Estos granos pueden implicar riesgos tanto para los consumidores como para la diversidad biológica de cada país, pues, si son sembrados, podrían contaminar los genes de especies nativas, tal como sucedió con las plantaciones de maíz de 15 comunidades indígenas del Estado de Oaxaca, México. Este fenómeno podría implicar la pérdida de nuestras semillas nativas, tener que pagar regalías a las empresas, y depender de ellas para nuestra alimentación.

Además, empresas como Monsanto/Aventis producen maíz con insecticida incorporado, aduciendo que su cultivo es más económico porque no hay que fumigarlo. Sin embargo, el ahorro en agrotóxicos podría tener grandes costos para la diversidad biológica, pues muchos insectos y pájaros se alimentan de maíz; la ruptura de las cadenas biológicas puede provocar el crecimiento desmedido de nuevas plagas, que requerirán ser investigadas y fumigadas, lo que implicaría hambrunas y grandes pérdidas económicas.

Los anteriores ejemplos evidencian la necesidad de normar la generación, producción y comercialización de OGM, para garantizar nuestra seguridad biológica. La bioseguridad se compone de elementos legales, científicos, técnicos, institucionales, administrativos, políticos, económicos, sociales y culturales.

En Guatemala carecemos de un marco regulatorio en materia de bioseguridad, por lo que hay que emitir las normas necesarias, constituir las instituciones y procedimientos regulatorios, y desarrollar las capacidades científicas y técnicas para aplicar los mecanismos de control y salvaguarda. Todo ello con un amplio proceso de consulta y participación ciudadana, especialmente de los pueblos indígenas, quienes han sido, históricamente, los custodios de nuestra biodiversidad.

Un primer paso sería integrar un Comité Nacional de Bioseguridad, en el que estén representados todos los sectores interesados, y que tenga por prioridad la defensa de nuestra diversidad biológica, supeditando el interés particular al nacional. Además, dicho Comité deberá promover que Guatemala suscriba instrumentos legales internacionales que, como el Protocolo de Cartagena, se han establecido para enfrentar las amenazas biológicas.

Es probable que este tema le parezca algo complejo y ajeno a su realidad, pero se equivoca. Casi todo el huevo, el pollo y la leche que Ud. consume proviene de animales alimentados con maíz transgénico. Los poporopos que se come en el cine o el cereal con el que desayuna son, por lo general, alimentos transgénicos. Casi todos los suplementos alimenticios para niños contienen lecitina de soya transgénica, y no lo especifican en la etiqueta.

¿Ya se dio cuenta de que los transgénicos han invadido su vida sin que nadie se lo advierta? Por ello lo invito a apoyar la constitución de un marco regulatorio efectivo, que norme la importación, producción, manipulación y comercialización de OGMs. Mañana será tarde.

De cara al nuevo Milenio, el mayor reto de estos institutos políticos consiste en transformar la vieja izquierda -ortodoxa, sectaria y elitista- en una alternativa social al neoliberalismo excluyente.

Si bien es fácil definir el reto, es muy difícil encontrar en el ideario social una síntesis de las aspiraciones populares que se resuma en un programa político, el que -impulsado por un instrumento partidario incluyente- movilice al inmenso contingente de ciudadanos excluidos de los beneficios de la modernidad.

Es decir, la izquierda tradicional debe encontrar una nueva síntesis entre su teoría política y la prática social.

Un aspecto poco explorado de los diversos impactos que ha provocado el modelo neoliberal, es el que se refiere a la relación que tradicionalmente se daba entre ?los teóricos? y ?los políticos?.

Visto como una tendencia más o menos generalizada, unos y otros tenían claridad sobre la importancia de ambas esferas, independientemente de la elección personal por una u otra.

El pensamiento crítico se nutría de la relación constante con la práctica crítica, y viceversa.

Las grandes transformaciones de los últimos veinte años, en cuya base se encuentra la difusión masiva de los principios ideológicos neoliberales, han provocado cambios profundos en la esfera del quehacer teórico y, sobre todo, en su relación con la esfera de la práctica.

Es decir, no sólo ha cambiado la forma de pensar, sino también la forma en que el pensamiento se traduce en práctica política.

Se ha escrito y debatido mucho en torno al significado de la ?caída de los paradigmas?, pero se ha puesto escasa atención en torno a dos aspectos claves: ¿Cómo se están construyendo los nuevos paradigmas? y ¿Cómo estos guiarán la práctica política?

La forma en que se han abordado estos problemas es más bien esquemática e ideologizada: o bien se aduce que los paradigmas democráticos están irremediablemente sepultados; o bien, se afirma que dichos paradigmas que hasta ahora habían guiado la práctica política de la izquierda se mantienen sin ningún cambio.

La primera posición ha llevado a muchos teóricos de izquierda a abandonar sus antiguas posiciones justificándose ?en el peso abrumador de la realidad?; la segunda posición -que es la que nos interesa aquí- ha servido para justificar en muchos de los casos una inamovilidad del pensamiento en aras de un supuesto mantenimiento de los principios, de los ideales, de las causas justas.

Ambas posiciones extremas se unen en un punto: no permiten la re-creación del pensamiento y eluden la construcción de nuevos paradigmas útiles para la acción política.

Sobre los posibles caminos para avanzar en la concepción de un proyecto alternativo al neoliberalismo es muy importante reconocer que existen avances; pero mucho más importante es reconocer que ellos se encuentran dispersos y con niveles dispares de concreción.

Sólo en algunos aspectos, sobre todo los económicos, se han empezado a construir algunas propuestas alternativas, no obstante que todavía tienen un alto grado de generalidad.

Un aspecto muy importante a considerar es que, a diferencia de las décadas anteriores, y debido no sólo al impacto del modelo neoliberal, sino también al proceso de especialización de las ciencias sociales, cada vez es más difícil encontrar reunidos en una sola persona las características de un intelectual productor de pensamiento que, paralelamente, participe de manera directa en política.

Esto es un hecho real que nos explica la dificultad actual por lograr un encuentro entre las ideas y la práctica.

Además, convocar a la formulación y puesta en marcha de un proyecto alternativo al neoliberalismo requiere de una nueva y superior práctica política, consensuada y democrática, basada en principios sólidos y en una ética incorruptible.

Encontrar en el ideario colectivo nuevas y eficaces formas de organización es otro reto para superar la crisis de los partidos de izquierda.

Estas son muchas de las cuestiones que la izquierda, organizada en partidos o no, deberá responder para poder convertirse, como en Brasil, en una alternativa de poder social frente a la brutalidad excluyente del neoliberalismo. La disyuntiva es clara: renovarse o morir.

El proyecto de Ley presentado por la CONIC al Congreso de la República, el enjuiciamiento de una joven akateca en EU, la aprobación de la Ley de Difusión y Promoción de la No Discriminación, un Acuerdo Ministerial que limita el ejercicio de la espiritualidad indígena y la celebración del Tercer Congreso Nacional de Educación Maya han sido noticia destacada en la prensa y en la radio.

Según el estudio ?Los medios de comunicación y la sociedad guatemalteca a través de sus discursos?, coordinado por Gustavo Berganza, menos del 5% de las notas periodísticas de los medios de comunicación corresponden al tema indígena, a pesar de que atañen a la mitad de la población.

?Lo que denota este divorcio entre la realidad mediática y los datos demográficos es el predominio de una ideología que tiende a considerar a todos los guatemaltecos como pertenecientes a un grupo homogéneo en términos etnoculturales?, sostiene el estudio citado.

En mi opinión, la anterior conclusión se queda corta, pues la pobre cobertura noticiosa sobre los indígenas responde, también, a una concepción racista de nuestra patria que, consciente o inconscientemente, ignora u oculta una realidad multiétnica y pluricultural que salta a la vista por todos lados. Baste citar, como ejemplo, el artículo publicado recientemente por Ana María Rodas, en el que sostiene que -por decisión de los editores- solamente ?la gente bonita? (rubia, acomodada y urbana) aparece en los suplementos sociales de moda que, con fotos a todo color, muestra como se divierten los juniors en la Zona Viva.

Tras varios años de relativo silencio, desde el resultado adverso de la última Consulta Popular, el movimiento indígena comienza a expresar públicamente sus demandas, después de incipientes procesos de recomposición organizativa en el ámbito comunitario, que aún no se expresan suficientemente en la política nacional.

La multitudinaria marcha campesina de la semana pasada sirvió de marco para que la CONIC presentara al Legislativo una propuesta de Ley, con el fin de normar los derechos de los indígenas, tal como lo estipula el artículo 70 constitucional. Más allá del acierto o no de algunos de sus artículos, esta iniciativa legislativa deberá ser sometida a un amplio proceso de consulta, tal como lo norma nuestra Carta Magna y el Convenio 169 de la OIT.

Ignorar este obligado proceso consultivo es lo que ha provocado el rechazo de diferentes organizaciones indígenas a la recién aprobada Ley de Difusión y Promoción de la No Discriminación, lo cual le resta legitimidad y da pie a recursos de inconstitucionalidad.

Más grave aún es el craso error cometido en el Ministerio de Cultura, al emitirse un Acuerdo Ministerial que obliga a los guías espirituales indígenas, o ajq´ijab´, a utilizar un carné para ingresar a los sitios sagrados que se encuentran bajo la jurisdicción de esa cartera.

No sólo se trata de un miopía política, sino de una normativa sin validez, por violar la libertad de culto y de libre locomoción, garantizadas constitucionalmente; además, tipifica un acto de discriminación. A pesar de las voces de protesta de los dirigentes y dignidades mayas, el Ministerio se obstina en limitarle el ingreso a los dueños primigenios de los lugares sagrados.

Durante el Tercer Congreso Nacional De Educación Maya, los indígenas concluyeron en la necesidad de formular un pensum unificado de educación mayanse en todos los niveles, y de constituir la universidad maya. Reclaman así, el derecho a definir los contenidos de su propia educación, libertad que se les ha negado al imponerles los temas sustantivos y la castellanización.

Desde San Miguel Acatán, se ha alzado la voz de apoyo de los paisanos de Petrona Tomás Tomás, conocida como Eulalia Miguel, quien será juzgada en Palm Beach, Miami, EU, acusada de dar muerte a su hija recién nacida. En una carta dirigida al Presidente Portillo, 27 organizaciones demandan que sea trasladada a Guatemala, para ser juzgada por el sistema legal del pueblo akateco.

Lastimosamente, las autoridades siguen con la centenaria práctica de ignorar los reclamos indígenas. La historia sigue demostrando que, para ser oídos, los primeros guatemaltecos deben aunar a su voz la fuerza de su movilización social.

Vivimos sobre un volcán de injusticias que puede explotar en cualquier momento.

Líderes de varias organizaciones que conforman la Plataforma Agraria entregaron, el jueves pasado, a la Unidad de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura -MAGA- la solicitud de 920 jefes y jefas de familias del sur occidente que requieren asistencia alimentaria por la situación de hambre que enfrentan en sus comunidades.

Según la Plataforma Agraria -PA- representantes de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo de Colomba (CODECO), la Unidad del Movimiento Campesino de Génova-Flores (UMCAGEF) y la Asociación de Sololatecos Unidos para el Desarrollo Integral (ASUDI), atendiendo el compromiso hecho el pasado 16 de octubre por el ministro de Agricultura, Edín Barrientos, de distribuir ayuda alimentaria en las comunidades más afectadas por la crisis del café, hicieron llegar el listado de familias necesitadas.

Los peticionarios son originarios de más de 25 comunidades de los municipios de Colomba, Génova y Flores, departamento de Quetzaltenango, y de San Marcos La Laguna, San Juan La Laguna y San Pablo La Laguna, departamento de Sololá.

En fechas próximas, otras cinco organizaciones también entregarán planillas de familias requeridas de asistencia alimentaria.

Los dirigentes de las tres organizaciones campesinas expresaron la disposición de las familias que representan de laborar en beneficio de sus comunidades en el marco del Programa de Alimentos por Trabajo que impulsa el MAGA.

Dentro de las tareas que proponen son: el mantenimiento de las áreas de café; reforestación; diversificación de cultivos; capacitación para oficios no agrícolas y la siembra de nuevos cultivos; y programas de formación y capacitación para el fortalecimiento organizativo.

El Dr. Danilo Cardona, quien recibió las peticiones por parte del MAGA, manifestó su determinación de responder a las demandas planteadas al más corto tiempo.

Esta lacerante realidad, que se multiplica por todo el país, es el trasfondo de los reclamos campesinos que, por decenios, han sido ignoradas por los distinto Gobiernos y por terratenientes improductivos, que mantienen ocioso más del 72% de la tierra cultivable.

Fue necesaria, una vez más, la realización de una multitudinaria manifestación, encabezada por la CONIC, para que las demandas campesinas fueran atendidas, después de meses de espera por las resoluciones de la denominada Comisión de Alto Nivel y bajo rendimiento.

Quince mil labriegos se tomaron la capital, esta vez de manera temporal, para insistir en una situación que ni la sociedad ni el Gobierno quieren ver: el hambre es la cara más visible de la debacle en el agro.

Gracias a la presión social, los campesinos fueron recibidos por el Presidente Portillo, quien asumió diez compromisos, entre los que destacan: decretar de urgencia nacional la iniciativa de ley presentada por la CONIC al Congreso de la República; crear una comisión para dar atención técnica a la propuesta de ley; declarar de urgencia nacional la crisis agraria y cafetalera; destinar US$ 100 millones de los eurobonos para el tema de tierra, capacitación y asistencia técnica; tratar con el Fiscal General el tema de los desalojos de fincas ocupadas; el MAGA facilitará, en 48 horas, el capital de trabajo para las comunidades que se han beneficiado con entrega de tierras.

Otros compromisos asumidos por el Ejecutivo fueron resolver, en seis meses, las solicitudes agrarias presentadas al Fondo de Tierras; inversión de Q4 millones para la diversificación agrícola en las comunidades que se encuentran en situaciones difíciles; y la reducción del 12 % de la deuda por títulos de propiedad de tierra en varias comunidades.

Frente a esta realidad explosiva, Patricia Monge, Directora Ejecutiva de la Cámara del Agro, hizo un llamado a los campesinos para que no se dejen manipular por ?falsos líderes, quienes los instigan a cometer ese tipo de delito, y que responden a intereses políticos y partidarios?.

La misma actitud miope tuvo María Antonieta, quien ordenó que les dieran pasteles a las masas hambrientas que se tomaron su palacio durante la Revolución Francesa. Hasta cuando yacía bajo la guillotina, comprendió la emperatriz que el hambre es mala consejera.

En 1996, durante el gobierno de Alvaro Arzú, con estricto apego a las injustas reglas neoliberales, los DAI para el maíz amarillo se redujeron del 40% al 5%. Esto ha provocado que se importe casi todo el grano -de origen transgénico- y que el área de cultivo se haya reducido a su nivel histórico más bajo, generando desempleo y hambre entre los campesinos pobres del país.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, el contingente importado de maíz amarillo para este año alcanzará las 576 mil toneladas métricas, equivalentes a más de 12.6 millones de quintales. Si el promedio nacional de producción de maíz por manzana anda por los 30 quintales, y cultivar cada manzana requiere de unos 85 jornales, quiere decir que, gracias a los neoliberales, se han dejado de generar unos 36 millones de jornales anuales, equivalentes a Q774 millones, que hubieran llegado a hogares con hambre.

El contingente de maíz importado, casi todo transgénico, es utilizado en un 85% por los avicultores, que producen 309 millones de libras de carne y 1,710 millones de huevos. Aunque constituye una de las fuentes más baratas de proteínas, más de la mitad de la población no tiene acceso a ellas.

El discurso del libre comercio suena a risa en este caso, pues el maíz amarillo se le compra a países que, como EU, han subsidiado con U$ 174, 000 millones a sus agricultores. El precio tampoco es un argumento válido, pues el maíz nacional es más barato que el importado, y no está genéticamente modificado.

Los datos oficiales dan cuenta que la industria avícola genera 45,000 empleos directos, lo cual, aunado a la importancia que el pollo y el huevo tienen en la ingesta nacional, hace inviable retornar los DAI a la tasa de 40% de golpe, pero no se puede seguir afectando a los más pobres con importaciones de maíz caro y dañino.

De inmediato, deberá aplicarse una política progresiva de sustitución de importaciones de maíz amarillo, dotando a los productores de semilla mejorada, asesoría técnica y facilidades de comercialización para satisfacer la demanda nacional y reducir el hambre. En un proceso de negociación con el MAGA, los importadores ya han aceptado comprar a los campesinos un contingente de maíz amarillo a Q60.00 más IVA, lo cual es un gran avance, pues los intermediarios les ofrecen Q25.00.

El tema alimentario debe ser discutido en una Mesa Nacional, en la que tomen parte todos los involucrados y el interés público prive sobre el privado, para generar un Plan Nacional Alimentario que regule los temas de soberanía, seguridad e inocuidad alimentaria.

El otro tema, aún más grave, es el de importar granos transgénicos que, de ser sembrados, podrían contaminar todas nuestras semillas y destruir un patrimonio genético milenario, que heredamos de los mayas.

Está probado científicamente que una espora de trigo -que es más pesada que la del maíz- puede mantenerse en suspensión aérea durante una hora; con vientos de 60 a 80 Kms por hora, la posibilidad de contaminación por polinización es incontenible.

De acuerdo con las leyes de propiedad industrial, si las milpas de los campesinos son polinizadas por transgénicos, aún en un porcentaje mínimo, deberán pagarle regalías de U$45.00 por hectárea a las empresas transnacionales, aunque usen su propia semilla contaminada. Los transgénicos, además, generan alergias, tumores intestinales y resistencia a los antibióticos; esos son los costos sociales que los brillantes tecnócratas no tomaron en cuenta cuando impulsaron la importación de granos genéticamente modificados.

Nuestra Constitución nos garantiza el derecho a tener alimentación suficiente y de calidad; ya es hora de ponernos de pie, de ejercer nuestra ciudadanía plena y de dejar de comer huevo… contaminado.

A pesar de ser uno de los ciudadanos más connotados de las verapaces, los medios de comunicación le han dado una escasa cobertura al secuestro del jurista Pop Caal, y los órganos de seguridad han hecho gala de incompetencia. No me cabe la menor duda que tales omisiones se deben a que el plagiado es un q?eqchi; es contra esta discriminación que ha luchado toda su vida Don Tono y su familia.

Según sus familiares, el abogado verapacense fue plagiado el 9 de octubre del 2002, entre las 18 y las 20 horas, frente al Centro Universitario del Norte, CUNOR, de la ciudad de Cobán, Alta Verapaz. El vehículo que conducía fue encontrado abandonado en ese lugar, en las primeras horas de la mañana del día siguiente. La familia fue contactada por los plagiarios hasta las 11:00 horas para pedir un rescate económico. Las comunicaciones para definir los términos de la negociación se realizaron durante dos días, pero desde el viernes 11 de octubre sus captores no han vuelto a hacer contacto, ni se tiene ninguna información sobre don Antonio Pop Caal.

Si hay un término que define a Antonio Pop Caal es el de liberto. A lo largo de toda su vida se ha ido liberando de las ataduras de la pobreza, la ignorancia, el racismo, la alienación y el colonialismo interno, ese que nace en la mente y el espíritu del oprimido tras siglos de sojuzgamiento.

Antonio Pop Caal nació el 13 de Junio de 1940, en la aldea Chirremesché, de Cobán, Alta Verapaz. Sus padres fueron mozos colonos que más tarde se dedicaron a la sastrería, emigrando a la ciudad de Cobán para poder darle estudios a sus hijos.

Cursó su primaria en la Escuela Víctor Chavarría, de Cobán; a la edad de 12 años, como premio en su calidad de alumno brillante, fue enviado por el obispo de las verapaces a estudiar bachillerato en el Seminario Menor de Santiago, de la capital. Posteriormente, cursó tres años de Filosofía en el Seminario Mayor del Espíritu Santo, en Quetzaltenango.

Por su extraordinaria capacidad intelectual, fue enviado a estudiar sacerdocio al Seminario Mayor de Palencia, España, y de allí a la Universidad de Salamanca, de donde egresó con un Doctorado en sociología, filosofía y teología.

En su conciencia ya bullía la rebelión contra el colonialismo cultural y religioso, por lo que, recién ordenado sacerdote, renunció de la carrera eclesiástica, sin haber oficiado su primera misa, y regresó a Guatemala a iniciar una vida laica, en defensa de la identidad indígena.

Al intentar validar sus estudios universitarios realizados en España, las autoridades educativas del país le indicaron que estos no tenían ninguna validez, sin reconocerle siquiera sus estudios de básico y bachillerato, por haberlos cursado en centros educativos religiosos. Sin arredrarse frente a este obstáculo, realizó los estudios básicos y la carrera de maestro por suficiencia.

Posteriormente, se trasladó a Guatemala para cursar la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, en la Universidad de San Carlos, de donde se graduó de Abogado y Notario, no sin antes participar en la Asociación de Estudiantes Universitarios -AEU-.

Desde entonces, don Tono fue ganándose, con tesón y talento, un espacio connotado entre los intelectuales mayas que, armados de razón y corazón, se han enfrentado al racismo imperante en nuestro país, impulsando el debate sobre la identidad del pueblo maya y la indianidad, y escribiendo dos obras ya clásicas: Réplica de un indio ante una disertación ladina, y Judeocristianismo y colonización.

Fue miembro del primer grupo de indígenas organizados llamado CABRACAN, además de fundador de la Academia de las Lenguas Mayas, de la Asociación de Abogados de Alta Verapaz y de diversos grupos de guías espirituales maya Q?eqchis.

Desde esta columna llamo a periodistas, intelectuales, artistas, dirigentes indígenas y a toda la ciudadanía para que impulsemos una campaña nacional para rescatar, con vida, a don Antonio Pop Caal, un hombre libertario que, con su ejemplo de lucha, nos ha trazado el camino a la interculturalidad.

Eulalia Miguel, la joven canjobal de 16 años acusada en EE.UU. de matar a su hija, es la víctima que será sacrificada en el altar de la exclusión, donde se rinde culto a una posmodernidad de la cual no somos dignos.

?Me permito remitirle a la interfecta, sospechosa de homicidio, con las agravantes de ser indocumentada, pobre, mujer e india?; así rezaría, en español, el parte judicial de Eulalia, si ahora no cuidaran el lenguaje para aparecer como políticamente correctos, que es el eufemismo con el que hoy día se le denomina a la tendencia de seguir haciendo lo mismo, pero con discreción y recato.

Ignoro si la joven canjobal asfixió o no a su hija, al intentar ocultar su preñez y su parto, temerosa de ser expulsada de la casa y del país en los que era considerada paria. Sin embargo, no puedo olvidar que el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico da cuenta del doloroso testimonio de mujeres que, presas del mismo temor que Eulalia, asfixiaron involuntariamente a sus hijos al taparles la boca para acallar su llanto, cuando se ocultaban de la persecución de los soldados y de los patrulleros de autodefensa civil.

En ese contexto, dos asuntos tengo por ciertos: que los principales responsables de la muerte de la recién nacida son aquellos que han legitimado un mundo sin justicia, en aras del derecho ilimitado al lucro, y que sobre ella caerá todo el peso del racismo, del clasismo, del machismo y del espíritu de superioridad de quienes creen que EE.UU. es el gendarme del mundo, y que no le perdonarán haber burlado su frontera y haber cometido, presuntamente, un delito en su territorio.

Eulalia Miguel no tiene marido ni una familia integrada; es indocumentada, menor de edad, mujer e indígena; carece de dinero y trabajo; no entiende inglés y mal habla el español; no pertenece a ninguna organización y es ciudadana de un Estado que la ha abandonado a su suerte y con el cual EE.UU. está de pleito.

En otras palabras, es la víctima ideal para que los burócratas, que confunden la ley con la Justicia, lancen un mensaje de escarmiento a los migrantes pobres que, al pasar ilegalmente la frontera, dejan en ridículo a los sistemas de seguridad estadounidenses, empeñados en hacernos creer que son los únicos que pueden librarnos de la amenaza del terrorismo.

Por supuesto que ya nadie quiere recordar que la migración de Eulalia, como la de millones de latinoamericanos pobres, tiene su origen en las guerras que los distintos gobiernos de EE.UU. financiaron, y en un injusto sistema económico diseñado para favorecer a la metrópoli. La indígena canjobal será juzgada por un sistema legal punitivo, diseñado para castigar infractores, no para readaptar seres humanos ni entender sus motivaciones.

De entrada, se han violado sus derechos al mantenerla en una prisión para adultos y al no haberle provisto un intérprete canjobal para rendir su declaración; la Fiscalía ya anunció que pedirá que le impongan una pena de 30 años de cárcel, y el Jurado estará compuesto por ciudadanos anglófonos, que no saben ni dónde está ubicada Guatemala, que desconocen nuestras miserias y el racismo que sufren los indígenas, y que no entienden las razones que empujan a los pobres a migrar a un país que los trata como criminales.

Eulalia Miguel emigró del territorio Canjobal, que se ha reducido a las inhóspitas tierras altas de los Cuchumatanes, en Huehuetenango, uno de los departamentos más pobres de Guatemala: en 19 de sus 31 municipios se padece desnutrición crónica y los índices de pobreza alcanzan hasta un 95%.

Altísimas tasas de mortalidad infantil, analfabetismo, desempleo e insalubridad son la norma en una región de la cual huyen todos los que pueden, en dirección al norte.

Si algo le queda de dignidad y vergüenza al Canciller, debería asistir con todos los recursos del Estado a Eulalia Miguel, quien se ha convertido en una víctima de la injusticia globalizada, en una peregrina de la desesperanza.

No quiero sonar apocalíptico pero el daño observado es brutal e impactante; mueve a la indignación, a la rabia, a la denuncia. Escribo desde Tayasal, la mayor de las islas del lago Itzá, en Petén, después de un recorrido por las comunidades de la denominada ruta a la Reinita. Es la extensa y abandonada región del centro-sur del departamento, comprendida entre las cuencas de los ríos Pasión, San Juan y Santa Amelia, al oeste de la Reserva de Vida Silvestre de Machaquilá.

La zona es poco accesible por una brecha rodera que parte desde San Francisco, y toma de tres a cuatro horas llegar a decenas de comunidades de campesinos q´eqchis, que luchan denodadamente por sobrevivir en una región donde el Estado no existe y no hay más ley que la del monte. En el caserío La Lucha -mejor nombre, imposible- un dirigente indígena me aclaró con sabiduría: ?nuestra comunidad está a seiscientos kilómetros de olvido de la capital?.

La ruta a La Reinita fue una zona de selva tropical baja, donde la frontera agrícola avanza inconteniblemente, empujada por el hambre de los campesinos, la inconciencia de los ganaderos y la ambición de los narcos. Los primeros luchan ante el Fondo de Tierras para comprar fincas semiabandonadas, para dedicarse a la producción de granos; los segundos han convertido la selva en potreros, y los traficantes adquieren tierra para justificar pistas de aterrizaje, con intenciones de suyo conocidas. Todo esto, con la complacencia o la indiferencia del Estado.

A la altura de El Jabalí, los comunitarios aseveran que Byron Berganza, sindicado de ser uno de los mayores narcotraficantes del país, es el propietario de un enorme latifundio de aproximadamente 360 caballerías, el cual se extiende hacia el oeste, hasta las cercanías de Sayaxché. Muchos potreros, poco ganado y pistas de aterrizaje componen un paisaje caracterizado por la lejanía a toda forma de autoridad constituida, donde el fuerte somete al débil, y la naturaleza es destruida sin más razón que el lucro.

Estas condiciones, que favorecen la impunidad, son el caldo de cultivo para el abandono oficial que sufren decenas de comunidades campesinas, carentes de vías de acceso, salubridad, agua, asistencia técnica, escuelas, electricidad y todo lo que necesita el ser humano para vivir con dignidad. La CNOC, los misioneros Paulinos, los distribuidores de papalinas y refrescos, y uno que otro periodista ambiental somos los escasos visitantes a estas comunidades olvidadas, que reclaman ciudadanía plena y la asistencia integral de un Estado y una sociedad que les han negado todo.

La necesidad más sentida de los campesinos q´eqchis es el agua, a pesar de habitar en una región productora del vital líquido. A pesar de las copiosas lluvias, el suelo de roca porosa no retiene el agua, que fluye hasta los grandes ríos, que distan varios kilómetros de las zonas habitadas.

Entre los vestigios de una selva devastada, carentes de toda infraestructura y servicios, se han asentado miles de campesinos indígenas, actores de un drama inhumano que les obliga a comprar, vía los bancos y el Fondo de Tierras, la tierra de sus antepasados, que les fuera despojada durante los últimos siglos. Pagan caro y con intereses por aquello que les pertenece y ha sido usado hasta el agotamiento.

Ya es hora de reconocer que la sociedad guatemalteca tiene una deuda con los indígenas y con la naturaleza, y exigir que el Estado -ese ente amorfo que nos debería representar a todos- emita normas y políticas para preservar lo más valioso de nuestra nación: población, cultura y medio ambiente.

Ante este cuadro apocalíptico, en el que se aprecia la devastación de la naturaleza y de la solidaridad humana, es que me atrevo a citar a Milton, y asevero que asistimos a la pérdida del paraíso que nos obsequió el destino, donde la serpiente que induce al mal fue sustituida, con creces, por la codicia humana.

Para el fin anteriormente enunciado, se perfilan dos proyectos pujantes: el turismo de enclave y las plantaciones madereras.

El primero se basa en la idea de explotar las bellezas escénicas de nuestro país, sin darle participación equitativa a las comunidades que las han conservado e, incluso, impidiéndoles el acceso una vez sean privatizadas.

Las plantaciones madereras se impulsan, generalmente, talando bosque primario -lo que implica acabar con su biodiversidad- y replantando después, para reclamar los incentivos forestales que otorga el Instituto Nacional de Bosques -INAB.

Sendos proyectos le están disputando a los pueblos indígenas los territorios en los que fueron arrumbados, desde hace siglos, después de que se les despojó de las fértiles tierras bajas, donde se desarrolló el cultivo de la grana, primero, y del banano y el algodón después.

Según un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO- intitulado Pueblos Indígenas y Pobreza, que ya he citado en esta columna, los indígenas habitan, predominantemente, en 193 municipios, que representan el 58% del total.

En ellos, además de producirse el 73% de las hortalizas y el 43% del café, concentra, en promedio, más de la mitad de los diferentes tipos de bosques del país. En el territorio referido, que cobra insospechado valor para los nuevos proyectos turísticos, se localiza el 85% de los monumentos culturales y el 89% de los parques regionales.

Ambos datos bastan para comprender por qué el hábitat de los pueblos indígenas está amenazado por madereros y empresarios turísticos. Las empresas transnacionales no se quedan atrás, y buscan comercializar la rica biodiversida nacional, para lo cual intentan apoderarse de los conocimientos legendarios que, por generaciones, han acumulado los pueblos indígenas sobre los poderes curativos de plantas y organismos.

En Perú, por ejemplo, una empresa farmacéutica patentó los medicamentos extraídos de la uña de gato y, ahora, los ashanincas, de quienes obtuvieron la información, deben pagarle regalías para utilizar el remedio con que han venido curándose durante siglos.

Los indígenas llevaron el caso a los tribunales internacionales, que le dieron la razón a la farmacéutica, basados en las nuevas leyes de propiedad industrial.

La sabiduría de los indígenas guatemaltecos es altamente codiciada, así como nuestra biodiversidad: contamos con 8,681 variedades de plantas superiores, 250 de mamíferos, 231 de reptiles, 88 de anfibios y 664 de aves. Un botín atractivo para aquellos que no tienen escrúpulos para comerciar con la vida.

Gracias a los pueblos indígenas que han conservado su medio ambiente, se pudo establecer el Sistema de Areas Protegidas -SIGAP-, el cual genera 2,015 millones de quetzales anuales, en bienes y servicios, equivalentes al 2.5% del PIB.

Para su protección, el Estado asigna la ridícula suma de 30 millones de quetzales, con los cuales el CONAP no puede frenar su depredación.

Hoy no estamos como en la época de la conquista; contamos con mejores condiciones para evitar este nuevo saqueo, que compromete nuestro futuro y el de nuestros descendientes. ¿Piensa esperar hasta que sus nietos lo increpen por haber dejado que los despojaran de su patrimonio natural? Ahora es cuando.

Para que el ciudadano medio -rural, pobre e indígena- se pueda alimentar debidamente, debe tener ingresos suficientes para comprar su comida a bajo precio. Esto implica que el Estado debe impulsar políticas de pleno empleo, estimular técnica y financieramente la producción, y romper con las cadenas de intermediación comercial, que encarecen los productos y empobrecen al productor.

La inocuidad de los alimentos es uno de los aspectos más complejos para alcanzar la seguridad alimentaria nacional. Se considera que un alimento inocuo es aquel que no hace daño, si se consume racionalmente; dentro de tal consideración, se ha levantado un debate mundial sobre la inocuidad de los alimentos trasgénicos, que son aquellos producidos manipulando sus genes, gracias a los avances de la biotecnología.

Los alimentos transgénicos violentan las leyes de la naturaleza, pues a algunas plantas se les mezclan genes de animales, como los tomates resistentes a las heladas, por tener genes de salmón. En otros casos, se producen granos con insecticida incorporado. Todo esto se hace en los laboratorios de empresas privadas, sin mediar pruebas de consumo de largo plazo, por lo que no se sabe, a ciencia cierta, qué efectos tendrán en el ser humano.

Las empresas transnacionales, como Aventis/Monsanto, se limitan a certificar que su producto transgénico es apto para el consumo humano pues, según los estudios de laboratorio, no contienen tóxicos. Sin embargo, nada dicen de los efectos colaterales, pues tales investigaciones implicarían costos millonarios y años de trabajo.

A la fecha, ha sido probado que algunos alimentos transgénicos producen alergias y, lo más grave, resistencia al benigno efecto de los antibióticos, lo cual podría implicar la muerte de consumidores por enfermedades infecciosas comunes.

Las empresas fabricantes de alimentos genéticamente modificados se defienden planteando que aquellos que cuestionamos su inocuidad deberíamos probar que son dañinos, pues somos los acusadores.

Tal argumento es mañoso y riñe con la doctrina jurídica, pues, en este caso, la carga de la prueba recae en aquellos que generan un nuevo ser vivo, que no existía en la naturaleza; son ellos quienes deben probar plenamente su inocuidad.

Para curarse en salud, la humanidad ha concebido una salvaguarda legal denominado Principio de Precaución, el cual considera que la tecnología de los organismos genéticamente modificados no es segura, hasta que se pruebe lo contrario. Tal principio está contenido en el Protocolo de Cartagena Sobre Bioseguridad, y ha servido de base a los países de la Unión Europea para no permitir el ingreso de muchos alimentos transgénicos en su territorio.

Producto de esta polémica, Edin Barrientos, actual Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- invitó a un grupo de periodistas y ambientalistas para abordar esta temática de manera seria e integral. Hemos alcanzado un primer acuerdo de gran trascendencia: el MAGA emitirá, concertadamente, una política de Estado sobre alimentos transgénicos, con acompañamiento de la prensa y de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Cuatro de los diez principios básicos que contendrá tal política son los siguientes: a) Promover un programa para alcanzar, en cinco años, la suficiencia alimentaria nacional; b) apego progresivo al Principio de Precaución, estableciendo su plena vigencia cuando se alcance la suficiencia alimentaria; c) prohibición de importación, comercialización y experimentación de semillas transgénicas; d) la carga de la prueba recaerá en aquellas personas individuales o jurídicas que pretendan importar, experimentar o comercializar alimentos transgénicos.

La primera piedra ya está sentada y demuestra que, cuando hay voluntad política y tolerancia, es posible edificar, entre la ciudadanía y el Estado, una nueva Guatemala, más justa, equitativa y democrática, en la cual el acceso a una alimentación barata, nutritiva y segura esté garantizado.

Tras oír la sentencia condenatoria, uno de los familiares del coronel Juan Valencia declaró que el asesinato de la antropóloga era un asunto del pasado, que había que olvidar. Se equivoca. Para un crimen de lesa humanidad no puede haber ni perdón ni olvido, tampoco venganza, solamente justicia. Nada más que justicia, pero nada menos.

Hellen Mack ha declarado que demanda la reivindicación de la memoria de su hermana y de su trabajo; Lucrecia Hernández, la hija de la víctima, asegura que no quiere vivir odiando. Para poder superar el trauma de crímenes como el de Myrna, el victimario tiene que aceptar su culpa, debe ser juzgado y el Estado está obligado a emitir políticas públicas que garanticen que no se repitan. El crimen, sin embargo, jamás deberá borrarse de la memoria colectiva; es la única garantía de que no vuelva a perpetrarse.

La condena del ex Jefe del Departamento de Seguridad del Estado Mayor Presidencial -EMP- es un hito en la lucha contra la impunidad que Hellen Mack inició hace más de 12 años. La firmeza, valentía y constancia con que ha llevado el proceso lo ha convertido en un caso paradigmático.

Como la misma Hellen reconoce, ?la historia de mi hermana es la de miles de guatemaltecos y muchos ven su caso reflejado en éste. Llevo la lucha de esas personas que no han tenido las mismas oportunidades que yo?. (elPeriódico, Pág. 10b. 29 de septiembre del 2002).

Inmediatamente después del brutal asesinato de Myrna Mack -ultimada de 27 puñaladas, casi todas mortales- Hellen inició un tortuoso litigio, mediante el cual se pudo probar que el crimen fue perpetrado por Noel de Jesús Beteta, especialista del Ejército, por órdenes del coronel Juan Valencia Osorio. Además, la querellante adhesiva demostró la existencia de una doctrina, una estructura orgánica y operativa, y una cadena de mando mediante la cual el Ejército -y el EMP- vigilaban, perseguían y asesinaban a aquellos ciudadanos que consideraban una amenaza, por el mero hecho de no plegarse a sus designios.

Durante el proceso, fue asesinado un investigador de la Policía Nacional, proliferaron las amenazas de muerte y los intentos de soborno, varios testigos tuvieron que exiliarse, no pocos jueces se excusaron de conocer el caso, y han corrido ríos de tinta y resmas de papel para interponer recursos dilatorios. Los testigos de cargo continuaron impartiendo cátedra de ética y valor cívico, y se articuló un valioso movimiento de solidaridad dentro y fuera del país.

Otro logro relevante fue que documentos fundamentales, como los Informes del REHMI y de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, fueron admitidos como medios de prueba en un proceso judicial. Esto implica que, le pese a quien le pese, esa fundamentada versión de nuestra oprobiosa historia comienza a adquirir fuerza legal, lo que reafirma la legitimidad que ya han alcanzado.

A pesar de que la querellante adhesiva y el Fiscal probaron, con documentos oficiales, la existencia de una cadena de mando en el asesinato de Myrna Mack, el Tribunal de Sentencia liberó al general Edgar Godoy, jefe del EMP cuando se cometió el ilícito, y al coronel Juan Oliva, Sub Jefe del Departamento de Seguridad de dicha entidad. Aún en el hipotético caso de que no hubieran sabido de la planificación del crimen, seguramente se habrían enterado al día siguiente y serían culpables por complicidad y encubrimiento.

A pesar de la polémica sentencia, no puedo dejar de reconocer la valentía, el profesionalismo y la integridad de las juezas Morelia Ríos y Jazmín Barrios. El juez vocal Rudy Chin ejerció el derecho de razonar su voto, pero lo hizo sin consistencia jurídica, contradiciéndose en sus argumentos y con un discurso incoherente y balbuceante, que evidenció más temor que capacidad analítica.

A los sujetos procesales aún les quedan dos instancias para apelar la sentencia, que podría ser modificada o revertida, pero como acertadamente afirmó Hellen Mack, días antes de conocer la sentencia: ?Moral y públicamente este juicio lo he ganado ya. La gente me ha dado la razón, la gente sabe lo que he hecho?.

Para dimensionar esta amarga cadena de iniquidades bastaría con recordar que, en los países industrializados, una taza de café cada día es más cara, con un costo promedio de dos dólares. Se pueden producir 50 tazas con una libra de café tostado y molido, arrojando un rendimiento de U$ 100.00.

En contrapartida, esta semana el productor guatemalteco recibió un promedio de U$ 3.00 por libra de café pergamino, después de los descuentos. Aún descontando el importe de intermediación, transporte, torrefacción, molido y servido, las utilidades del vendedor final pueden ser del 3,000%. Sí, leyó bien: ¡del tres mil por ciento!

Para enfrentar este fenómeno, la ONG internacional Oxfam lanzó durante el mes de septiembre una campaña mundial por una comercialización más justa del café, bajo la sugestiva consigna de ¡Esto no hay quien se lo trague!

Según Oxfam, la explicación de la crisis reside en la sobreproducción de café y en el control, casi monopólico, que las grandes empresas -como Nestlé, Philip Morris, Tesco y Starbucks- ejercen en el mercado mundial, el cual alcanzó la cifra de 43 mil millones de dólares en 1997.

El estudio de Oxfam señala que ?Para febrero del 2001, Nestlé informó un incremento de 20 por ciento en sus ganancias, con un comportamiento consistente de su sector de bebidas. Por su parte, Starbucks, la gigante de las cadenas expendedoras de café al menudeo, tuvo un mejor desempeño, con 41 por ciento de incremento en sus ganancias en el primer trimestre del 2001?.

La sobreproducción ha jugado un papel relevante en la caída de los precios de café en los mercados mundiales, sobrepasando con creces la demanda. Según el estudio referido, la producción se ha incrementado 15% desde 1990, como resultado de la plantación de nuevos cafetos, la innovación tecnológica y la llegada de nuevos productores al mercado. Hace diez años, Vietnam exportaba café en pequeñas cantidades; actualmente, es el segundo exportador mundial del grano.

Otro factor que también ha contribuido al crecimiento de la oferta de café es la presión que el Banco Mundial y el FMI ejercen sobre los países deudores, forzándolos a incrementar sus exportaciones con el fin de obtener divisas.

En Colombia y Bolivia, programas patrocinados por la ONU alentaron el cambio de la producción de cocaína a la de café. Y en Angola, la Organización Internacional del Café recién proporcionó fondos para revivir la producción cafetalera del país.

En Guatemala, la Plataforma Agraria y ANACAFE han demandado que el Gobierno declare de urgencia nacional la reconversión cafetalera, aunque con enfoques distintos. La primera aboga por los más de 300 mil trabajadores que se quedaron sin trabajo, afectando a 1.5 millones de personas, mientras que la segunda solamente se preocupa de los finqueros.

ANACAFE propuso una serie de medidas de apoyo a los caficultores, así como el congelamiento de los salarios, sin comprender que la única justificación para invertir fondos públicos en empresas privadas es la preservación de fuentes de trabajo dignas.

En la época de la bonanza del café, los grandes beneficiados fueron los exportadores; ante la crisis, vendieron sus fincas y se convirtieron en banqueros, dedicándose a ahorcar a los pequeños productores con préstamos de usura. Si los polémicos eurobonos se van a utilizar para comprar fincas rematadas por los bancos, se les debe pagar el valor del adeudo, que cubre solamente ente el 60 y el 70 por ciento del valor de las propiedades.

Para poder abogar por un mercado cafetalero con justicia, hay que redefinir los criterios para revertir la crisis, privilegiando a los trabajadores, los que con su sudor hicieron del café el grano de oro, en beneficio de unos pocos. Alguna vez hay que invertir los papeles y lograr que las amarguras se las traguen los amargos, los que siempre aplicaron la ley de Caifás: al fregado, fregarlo más.

Históricamente, los seres y bienes que el comercio convirtió en las mercancías más preciadas fueron -en un orden aproximado- los esclavos, la tierra, las especias, el oro, el petróleo, las armas, las drogas, la biodiversidad y el dinero, en tanto medio para la especulación financiera. La rentabilidad de todos estos elementos ha sido superada por la información; no es casual que el hombre más rico del planeta, Bill Gates, haya amasado su fortuna sobre la base de programas informáticos.

La brecha entre ricos y pobres -se trate de países o personas- se ensanchará por la posesión de la información y del conocimiento convertidos en tecnología: informática, telecomunicaciones, energía, genética y robótica. Las sociedades más desarrolladas y ricas serán aquellas que posean más educación, mayores destrezas y mejor tecnología. No se necesita hacer grandes análisis para prever que ese lugar lo ocuparán los países del norte, cuya opulencia se edificó expoliando a los países del Tercer Mundo durante los últimos cinco siglos.

Para tratar el tema de la información -con participación de Gobiernos, empresas y sociedades- las Naciones Unidas convocaron a la ?Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información? (CMSI), que se realizará en diciembre de 2003 en Ginebra, Suiza. En las reuniones preparatorias se ha puesto de manifiesto las grandes divergencias que existen entre las organizaciones sociales y las ETN, cuyo interés primordial es lucrar con el derecho humano a la información.

Lo preocupante en este debate es que las ETN han ido copando el control de los órganos encargados de la temática, pues el Secretario General de la ONU encargó a la Unión Internacional de las Telecomunicaciones -UIT- el proceso preparatorio de la CMSI y le dio la categoría de organismo rector, a pesar de ser un ente técnico y semiprivatizado, que no acredita a ONGs para que puedan realizar labores de observación y seguimiento de sus políticas.

Desde 1992, poderosas empresas como Siemens, Motorola, Bell, Nec, Alcatel, Ericsson y ATT forman parte del principal y cuasi deliberante órgano consultivo de la UIT, y en julio pasado, el Comité Organizador de Alto Nivel -compuesto por la UIT y otros organismos de la ONU- tomó la decisión de acreditar provisionalmente a 39 empresas asociadas a la UIT, a pesar de que el sector privado ya está representado a través de organizaciones como la Cámara de Comercio Internacional y el Foro Económico Mundial.

Mientras las ETN confunden el derecho a la información con el lucro, las organizaciones sociales y las ONGs abogan por una sociedad de la comunicación. Advierten que, hoy día, la información fluye unilateralmente de los medios de comunicación a los ciudadanos, reduciéndolos a consumidores, mientras que -para la resolución de los problemas planetarios- el mundo necesita una comunicación interactiva, de doble vía y respetuosa de los derechos humanos y de la diversidad cultural.

Por ello, cientos de organizaciones han definido como objetivo estratégico la defensa del Derecho a la Comunicación en la sociedad de la información. Enfatizan la necesidad de rescatar los conceptos de ?comunicación? y ?participación? a la par del de ?información?, pues se trata de reivindicar a la comunicación como un proceso interactivo, participativo y democrático.

Hundidos en la pobreza, la corrupción y el hambre, la lucha de la mayoría de guatemaltecos es por los alimentos y por la tierra para producirlos,mientras el mundo desarrollado se disputa el conocimiento, el nuevo tesoro de la humanidad. Nuestra sociedad cavernícola está a años luz de la sociedad de la información, nos separa la misma brecha que distancia al pasado del futuro, ese insondable abismo que solamente podrá ser superado mediante una comunicación respetuosa, fluida, intercultural y multilingüe.

¿Hablamos?

El terrorismo es una aberración inexcusable; constituye una manifestación de violencia irracional, sin más perspectiva que la destrucción y la muerte. El peor de sus efectos -además del dolor y el odio- es que engendra una fuerza, aparentemente opuesta, que es igualmente demencial: el contra-terrorismo.

El riesgo reside en que la sociedad planetaria se suma en una guerra devastadora entre estos dos polos negativos.

Una de las principales diferencias entre el terrorismo y la civilización radica, precisamente, en dos concepciones diferenciadas del uso de la violencia. Para los terroristas, el fin justifica la destrucción y la muerte indiscriminadas; para las sociedades evolucionadas, el uso legítimo de la violencia está normado y se justifica, en casos extremos, para preservar a la humanidad, no para destruirla. El mayor daño que pueden hacernos los extremistas es arrastrarnos por el despeñadero de la aniquilación, el odio y la venganza.

Este es el debate que se acaba de librar en la última Asamblea General de la ONU, en la que privó el criterio de que toda acción internacional debe ceñirse al derecho internacional, para que goce de la legitimidad y la legalidad necesarias.

La postura de EU significó una rectificación importante, pues el presidente George W. Bush pospuso acciones unilaterales de su Gobierno, a la espera de que el Consejo de Seguridad logre una efectiva verificación sobre la existencia o no de armas atómicas en Irak.

El riesgo de un ataque unilateral de EU contra Irak -con sus devastadoras consecuencias mundiales- ha sido tan real, que el Secretario General de la ONU pronunció uno de los discursos más enérgicos que se le hayan conocido en su trayectoria diplomática, con claras alusiones a los países involucrados: ?Hablo hoy ante ustedes en mi calidad de multilateralista por precedente, por principio, por amor de la Carta y por obligación.

Creo también que todo gobierno que esté empeñado en el imperio de la ley en su propio país debe también estar empeñado en el imperio de la ley en los demás. Para todos los Estados es ciertamente conveniente y necesario hacer valer el derecho internacional y mantener el orden internacional?.

?Lo mismo cabe decir con mayor razón aún de la prevención del terrorismo. Cada Estado puede defenderse contraatacando a los grupos terroristas y a los países que los amparan o apoyan. Pero sólo la vigilancia y la cooperación concertadas de todos los Estados y el intercambio constante y sistemático de información ofrecen esperanzas reales de privar a los terroristas de la oportunidad de actuar.

En todos estos campos, ningún Estado, grande o pequeño, puede optar por seguir o rechazar la senda del multilateralismo simplemente por razones de conveniencia política. Las consecuencias van mucho más allá del contexto inmediato?.

El firme discurso de Anan marcó la tónica de la Asamblea General y dejó sentado que, en un mundo globalizado, el multilateralismo es la única opción viable para una convivencia internacional que aspire a ser legítima, legal y medianamente civilizada.

La respuesta de Bush fue muy hábil, pues puso la pelota en la cancha de la ONU, planteó un compás de espera para ver si cumplen con sus funciones, y se reservó el derecho de una acción unilateral si no actúan. En otras palabras, la ONU será puesta a prueba, y el fantasma de la guerra está lejos de haber sido conjurado.

Nadie que tenga dos dedos de frente puede ignorar que en el diferendo entre EU e Irak, además del enfrentamiento político e ideológico, está en disputa el segundo yacimiento petrolífero del mundo, y la hegemonía israelí en el Medio Oriente.

Por ello, Anan recordó que la paz mundial también está amenazada por el conflicto palestino-israelí, por el latente enfrentamiento nuclear entre India y Pakistán, por el abandono de Afganistán y por el hambre y la pobreza que sufren tres cuartas partes de la humanidad.

Durante los próximos meses se verá si el concierto de las naciones opta por la fuerza de la razón o por razones de fuerza; de nosotros, inclinarse por una u otra opción depende de nosotros, los seres humanos con libre albedrío.

El evento fue convocado para pasar revista al cumplimiento de los compromisos adquiridos hace diez años en la Cumbre de Río de Janeiro -en la que se consagró el concepto de ?desarrollo sustentable?- y definir nuevos derroteros para la superación de la pobreza crónica y la preservación del planeta.

En términos de la ONU, el desarrollo sustentable se define como ?el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas?. Sus ejes centrales son: crecimiento económico y equidad, conservación de recursos naturales y desarrollo social. Tales ejes gravitan sobre la aplicación de tres principios: la precaución preventiva, la solidaridad intergeneracional y entre pueblos del mundo, y la participación social en los mecanismos de decisión.

En síntesis, el concepto de desarrollo sustentable resume las condiciones necesarias para que la humanidad perviva solidaria y racionalmente, y tenga posibilidades en el largo plazo, sin destruir el planeta. En sentido contrario, al poder económico les interesa el lucro de hoy, aunque nos lleven a una bancarrota planetaria. Estas dos cosmovisiones -vida versus codicia- se vieron enfrentadas en Johannesburgo. La segunda ganó, por ahora, pero no convenció y más temprano que tarde será revertida.

?Esta es una Cumbre secuestrada por las corporaciones transnacionales?, advirtieron representantes de las ONGs de 180 países, quienes se hicieron presentes con más de 60 mil delegados, para abogar por los intereses de la humanidad, frente a las presiones de las Empresas Transnacionales -ETN-, las cuales financiaron parcialmente el evento y formaron parte de varias delegaciones gubernamentales, como la inglesa que, paradójicamente, excluyó a su Ministro del Ambiente.

Las ETN pudieron imponer su voluntad gracias a su enorme poder; según las Agencias Ecuménicas de Ayuda y Desarrollo, ?De las 100 mayores economías del mundo, 51 son corporaciones globales y 49 son países. Noventa por ciento de esas corporaciones se encuentran en los países industriales, son responsables del 70 por ciento del comercio mundial y poseen el 90 por ciento de toda la tecnología y productos patentados?.

El interés de las ETN es lograr abolir o limitar toda norma que les obligue a preservar el ambiente y respetar derechos laborales y culturales. En la última década han ganado un enorme terreno para influir en las decisiones de los diversos organismos de Naciones Unidas, cuyas puertas se les ha abierto de par en par con el llamado ?Global Compact? -que establece normas de cumplimiento voluntario, no vinculantes- inaugurado en julio del 2000, con la participación de 44 grandes sociedades transnacionales y algunos otros supuestos representantes de la sociedad civil, sostienen la Asociación Americana de Juristas y el Centro Europa Tercer Mundo.

Múltiples redes ecologistas, organizaciones sociales, representantes de iglesias y parlamentarios se pronunciaron en Johannesburgo en contra del ?ambientalismo de mercado? que proponen las ETN y pugnaron por la creación de instrumentos internacionales de carácter obligatorio que regulen la conducta ambiental y social de las grandes corporaciones.

De cara a la Cumbre, representantes de los indígenas mexicanos se reunieron en ciudad de Toluca, en julio pasado, y declararon que ?En cuanto a la distribución de beneficios, éstos no existen para las comunidades y pueblos indígenas. Contradictoriamente, sólo se administra miseria dentro de altas zonas con riqueza de biodiversidad. Es decir, en los territorios de mayor riqueza natural en donde habitan los pueblos indígenas existe la mayor pobreza extrema. Esta situación debe cambiar?.

Desde la perspectiva de las sociedades planetarias las conclusiones de la cumbre de Johannesburgo tienen muy poco que ofrecer en términos de compromisos efectivos. Después de una década de incumplimientos lo único que se alcanzó fue un documento retórico, que perpetúa la posibilidad de que las ETN sigan comerciando con nuestras vidas.

En menos de un año, Marielos Monzón, Ronaldo Robles y un equipo de jóvenes reporteros y productores lograron posicionar una novedosa radio revista en los primeros lugares de preferencia de los oyentes.

En sus programas abordaron los principales problemas nacionales desde una perspectiva democrática, equilibrada y tolerante, dándole voz a los excluidos, haciendo gala de ingenio y sentando cátedra de periodismo investigativo.

Tal derroche de talento disgustó a los poderosos que reclamaron sus cabezas, y el dueño de Emisoras Unidas, el Mayor Rolando Archila Marroquín, cedió a las presiones de los anunciantes, evidenciando que solamente le interesa el dinero, no el periodismo radial.

Antes, el periodismo fue censurado mediante la represión; hoy día se ve limitado por el poder económico, pues la mayoría de medios de comunicación está en manos de empresarios miopes, que se rigen solamente por las leyes del mercado y no respetan la libre emisión del pensamiento, conculcando la democracia y el Estado de derecho.

Uno de los principales componentes de la democracia es el sistema de pesos y contrapesos que impide la concentración excesiva de poder, para lo cual es imprescindible la labor de investigación, análisis y divulgación que realizan los periodistas independientes. Esa función vital es la que se ha coartado al cerrar el programa de Monzón y Robles.

Una de las primeras presiones recibidas provino de los integrantes del malogrado Movimiento Cívico, cuando los periodistas de En Perspectiva demostraron que recibieron fondos de la oligarquía, constituyeron empresas con domicilio falso para administrarlos y respondía a intereses partidarios específicos.

Seis empresas amenazaron con retirar sus anuncios e intentaron coartar la labor periodística de los colegas citados, quienes no se dejaron presionar.

Fuentes confiables me han informado que en similares términos actuaron representantes de una empresa cervecera, por la campaña contra el racismo que emprendimos un grupo de periodistas y ciudadanos, convocados por el equipo de En Perspectiva, desde donde se denunció la discriminación que sufrió la doctora Velásquez Nimatuj, al intentar ingresar a un local de la empresa citada.

El tratamiento de temas tabú como la ingerencia militar en el Estado, la corrupción en el poder público, los derechos de lesbianas y homosexuales, la equidad étnica y de género, y otros muchos más, convirtieron a En Perspectiva en un espacio radial inédito, lo que le valió ganar audiencia entre la ciudadanía, y adversarios entre los grupos oscurantistas.

Desde esta columna he insistido en que los inversionistas deben hacer un esfuerzo por no olvidar que su negocio, además de ser una empresa, es un medio de comunicación. Nadie mejor que ellos para ocuparse de los aspectos comerciales y administrativos, pero sin olvidar que la sobrevivencia de su firma depende del respeto que profesen a la libertad de prensa.

Si un empresario no garantiza la independencia de los periodistas que laboran en su medio de comunicación, no podrá esperar que la sociedad lo apoye cuando el poder político intente censurarlo, como ha pasado en años recientes.

Limitar la relación entre los hacedores de opinión y los dueños de medios a los términos de un contrato laboral, equivale a olvidar que la libertad de prensa la ejercemos, por antonomasia, los periodistas. Si tal libertad goza de garantías constitucionales es porque constituye una función política, inherente a la democracia, que no debe ser limitada por razones económicas, laborales o de cualesquiera otra especie.

Lamentablemente, los ataques contra el programa de Marielos y Ronaldo también provienen del gremio periodístico. Los dueños de Emisoras Unidas cerraron el programa citado para darle ese espacio a Juan Luis Font, actual director de elPeriódico.

Font sabe de la polémica y, como periodista, debería entender que se trata de un atropello a la libertad de prensa, por lo que debería abstenerse de usufructuar un espacio arrebatado a sus colegas; de no hacerlo, estaría evidenciado que su indiscutible calidad profesional no está asentada en la ética que el oficio conlleva.

Hay que recordar, además, que la paz no es un objetivo puntual ni coyuntural; es un estadio, un ambiente que permite el pleno goce de los derechos ciudadanos. Por ello, al evaluar los avances del proceso de paz -a cinco años de haberse iniciado- hay que hacerlo desde esta perspectiva de conjunto, tratando de establecer si el cumplimiento parcial de algunos acuerdos contribuye a generar ese clima de concordia, justicia y equidad al que aspiramos.

Hasta la fecha, casi la totalidad de los compromisos operativos ha sido cumplida; los de carácter sustantivo, en su gran mayoría, siguen sin ser honrados. Hay avances innegables, sobre todo en materia política, pero éstos no son irreversibles. La cuestión étnico-nacional; los temas económicos, laborales y agrarios; el fortalecimiento del poder civil y la reforma del Estado son compromisos soslayados por el anterior y el actual gobiernos, aunque haya logros puntuales.

Sin menospreciarlos, debemos tener claro que el cumplimiento aislado de algunos compromisos sustantivos no ha generado la dinámica integral que el proceso de paz requiere.

Hay muchos ejemplos: las recomendaciones de las Comisiones Paritarias nunca se tradujeron en políticas públicas y reformas institucionales que abolieran el régimen de exclusión y opresión en contra de los indígenas; los progresos en materia catastral y en resolución de conflictos de tierras no son parte de una política de desarrollo agrario que resuelva, entre otros muchos aspectos, la concentración de tierra en pocas manos y la inseguridad alimentaria, etc.

Las libertades cívicas, la libre emisión del pensamiento, la transparencia, la probidad, la vigencia de los derechos humanos y la independencia de poderes son garantías constitucionales que peligran con las reformas legislativas y las políticas públicas impulsadas por el régimen eferregista.

Para decirlo en dos platos: los compromisos de la paz no se han cumplido por falta de voluntad política de los gobiernos, de la URNG, del Ejército y de la iniciativa privada, ante una sociedad tan pasiva como expectante.

Existen, por lo menos, tres condiciones básicas para que una negociación de paz fructifique: la justeza y la viabilidad de lo pactado; el consenso social sobre los acuerdos; y la eficacia de los mecanismos de verificación para su cumplimiento.

Los Acuerdos de Paz surgen de una negociación entre las fuerzas militares contendientes, las que no se preocuparon, por desidia o soberbia, en promover una apoyo social para su cumplimiento.

Tanto el gobierno de Arzú como la Comandancia de la URNG decidieron, contra toda lógica política, que su representatividad era suficiente para hegemonizar el proceso pacificador, dejando al margen a la sociedad guatemalteca.

De esa suerte, los Acuerdos no se convirtieron en un programa de lucha que movilizara a las fuerzas vivas de la nación.

El resultado de la última Consulta Popular impidió darle sustento jurídico a los compromisos, y el fracaso del Pacto Fiscal los dejó sin suficiente base material. El balance es, por lo tanto, muy precario, pues a la paz le hace falta mayor soporte social, jurídico y económico.

En este contexto, la ineficacia de los mecanismos de verificación ha sido grave. La Comisión de Acompañamiento se convirtió, progresivamente, en un órgano ineficiente, sin credibilidad política, ni capacidad de convocatoria cívica.

Las funciones de MINUGUA fueron seriamente debilitadas desde que Jean Arnault casi la convirtiera en un ente de conciliación, en detrimento de sus funciones de verificación y fortalecimiento institucional.

Lo cierto es que, a pesar de sus carencias y retrasos, los Acuerdos de Paz constituyen el único programa de transición hacia la democracia con el que cuenta el país. Transitar hacia un nuevo modelo económico y hacia una proyecto concertado de Nación presupone, entre otras muchas cosas, dar cabal cumplimiento a los Acuerdos de Paz.

Durante el nuevo año que se avecina, tratemos de honrar lo que nuestros ancestros consignaron en el Popol Wuj: ?¡Que los pueblos tengan paz, mucha paz, mucha vida y útil existencia!?

La realidad argentina le ha dado, con creces, la razón al ganador del más prestigiado premio de las letras hispanas. El saldo de la crisis es grave: 26 muertos y cientos de heridos, la renuncia del presidente Fernando De la Rúa, la democracia lesionada y un país en bancarrota. Mayor sandez, mayor necedad, es inimaginable.

Los últimos gobiernos argentinos, los de Menem y el de De la Rúa han sido los más fieles seguidores de las recetas del Fondo Monetario Internacional, y Domingo Cavallo, ministro de economía de ambos mandatarios, ha sido el mayor sandío, el más necio testaferro de ese modelo neoliberal, cuyos resultados están a la vista.

En Argentina, la globalización de los mercados se convirtió en la internacionalización de los conflictos. La prensa dio cuenta de los saqueos que, por hambre y desesperación, efectuaban los habitantes de las llamadas villas miseria. En Villa Fiorita, el barrio pobre donde el Pelusa Maradona se hizo grande, un saqueador argentino, descendiente de europeos, fue acuchillado por un tendero de origen chino; en la Ciudadela, un matrimonio coreano se suicidó al ver perdido su negocio. Todos fueron actores de un drama escrito en Washington, el cual rige la actuación de los millones de excluidos que habitamos el llamado Tercer Mundo.

El fracaso del modelo económico adoptado por Argentina, el de la dolarización, es la debacle de un programa que comenzó a implantarse en 1975. Desde ese entonces, el diseño y la conducción de los asuntos económicos estuvieron en manos de la ortodoxia neoliberal y la economía sufrió una serie ininterrumpida de crisis monetarias, fiscales y productivas y creció mucho menos que durante el período precedente de estatismo y proteccionismo.

Durante la última década, los diferentes gobiernos argentinos pusieron en práctica, de manera implacable, todas las recetas neoliberales y el modelo concluye en una irreversible crisis fiscal, monetaria, productiva y social. Con la sandez que los caracteriza, los representantes de la ortodoxia neoliberal insisten en proponer, como remedio, las mismas políticas que condujeron a la crisis. Es una necedad supina proponer que los argentinos tomen otra dosis del mismo brebaje que los envenenó, pero no se puede esperar otra cosa de Ramón Puerta, el nuevo presidente.

Frente a esta debacle, los neoliberales guatemaltecos, cuya sandez supera a la de los ortodoxos del Cono Sur, guardaran cauto silencio o argumentaron que el fracaso se debió a que las recetas no se aplicaron con mayor rigor, a pesar de que los argentinos fueron exprimidos a extremos tales que, en los últimos meses, vivieron aplicando el trueque. La pregonada posmodernidad neoliberal provoca una regresión a prácticas propias de culturas primitivas, en pleno Siglo XXI.

Fernando De la Rúa llegó al poder encabezando una amplia alianza de fuerzas políticas, que generó grandes expectativas en un pueblo consciente de que ya había pagado un precio muy alto por una presunta estabilidad, cuyos beneficios fueron para políticos y empresarios corruptos.

El mandatario, falto de temple y entereza, se doblegó ante el capital financiero y siguió aplicando el modelo heredado de Menem. Casi todos los sectores de la sociedad argentina propusieron cambios de políticas económicas, pero fueron desoídos. Sumidos en un una catástrofe creciente, y ante la negativa presidencial de buscar soluciones conciliatorias, el descontento desembocó en un alzamiento popular, enfrentando a sangre y fuego.

Con apenas 740 días de ejercer el desgobierno, Fernando De la Rúa se va acobardado por la dimensión de una tarea que le quedó grande, pero antes implantó el estado de Sitio, ordenó una represión feroz, y le sirvió en bandeja de plata la sucesión presidencial al partido peronista que, encabezado por Carlos Menem, originó el conflicto del cual ahora se beneficia.

En un helicóptero, como lo hizo Evita Perón, el ex mandatario abandonó la Casa Rosada dejando un rastro de muerte; como diría el autor de Don Segundo Sombra: ?se fue como quien desangra?.

Se cierra un lazo más del dogal/ con el que la civilización occidental y cristiana/ asfixia a la humanidad.

Hoy no ha nacido ningún Redentor,/ porque nunca habrá un salvador./ De nosotros ha nacido/ el ánimo de destrucción,/ y solamente de nosotros puede surgir/el espíritu de redención.

Ojalá haya una generación que lo encarne/ y se empeñe en construir/ el Reino de la Libertad.

Esta reflexión, con pretensiones poéticas, nació por la creciente tendencia de la humanidad de buscar Mesías para que nos salve de las calamidades que nosotros hemos construido, o consentido.

Es muy cómodo culpar al demonio, o al prójimo, de lo malo que nos sucede, para después pedirle a Dios, o a algún iluminado, que nos salve.

Pienso que la redención o la perdición -sean éstas éticas o políticas- son el resultado de lo que hacemos como individuos o como pueblos.

Gozamos de libre albedrío para optar, para decidir, para comprometernos o desentendernos. Así, el Gobierno que tenemos, la impunidad que sufrimos y la pobreza que padecemos, es el resultado de lo que hemos construido como Nación, ya sea por acción o por omisión. Ya es hora de que nos irgamos y, sin tanto lloriqueo, hagamos de Guatemala un mejor país.

La actual es una época propicia para cuestionarnos, y para decidir si nos estamos comportando a la altura de lo que nuestra familia y nuestra sociedad demanda.

En el mundo occidental y cristiano la Navidad es, sin lugar a dudas, la celebración más importante del año.

El término viene del latín nativitas, que significa natividad, nacimiento, alumbramiento, renovación.

En la liturgia católica, la Navidad representa el nacimiento de Jesucristo, el de la Virgen María y el de San Juan Bautista, que son los tres que celebra la Iglesia.

Durante dos milenios ha implicado una especie de renovación anual de la fe cristiana, celebrando un aniversario más del nacimiento de Jesucristo, durante la cual, con autenticidad o hipocresía, se invoca el espíritu de fraternidad humana.

Todo esto se ha representado, dependiendo de la época y el lugar, por una serie de símbolos y tradiciones que, lamentablemente, tienden a ser sustituidos por valores comerciales.

Como ya lo he dicho antes, en Guatemala, la peregrinación de los Reyes Magos ha sido reemplazada por el desfile de Paiz; la estrella que los guió hasta Belén fue sustituida por las luces Campero; y la representación del nacimiento del Mesías, con su pesebre, el buey y la mula ha sido suplantada por el árbol Gallo.

¿Podría alguien imaginarse mayor vulgarización comercial de la Navidad?

Ausencia extrema de sensibilidad es lo que exudan estas tres representaciones comerciales de la Natividad, a las cuales, tristemente, asisten los capitalinos extasiados y agradecidos. Es comprensible que, empobrecido y desinformado, el público citadino aplauda y valore un espectáculo tan gratuito como grotesco.

Dicen que ?con hambre no hay mal pan?; este refrán popular resume la situación de una sociedad ávida de esparcimiento que se conforma con espectáculos chocarreros, montados por comerciantes que confunden el arte popular con el marketing.

Como telón de fondo, subyacen dos realidades tangibles: la incapacidad y el desinterés del Estado para promover la cultura, y la creciente tendencia de convertir el consumo en objeto de culto. Para decirlo en términos cristianos, en un mar de ignorancia se ha erigido un nuevo becerro de oro: el comercio.

Es a él al que verdaderamente se le rinde culto; se vive para comprar, no se compra para vivir; se privilegia el tener y no el ser.

Esta contracultura de los bienes materiales ha originado un nuevo y falso paraíso, en el cual solamente tienen cabida las elites financieras; todos los demás mortales representamos a ?los desterrados hijos de Eva?.

¿Podrá haber algo de auténtica fraternidad en ese submundo? ¿Cabe en esa falsía lo que en alguna época se conoció como ?el espíritu de Navidad??

Yo no lo creo, pero cada quien está obligado a buscar su verdad, so pena de convertirse -literalmente- en el chompipe de la fiesta.

Muchos ciudadanos aprovecharon la ocasión para chamuscar muñecos representando a los mil y un demonios que nos tienen condenados a sufrir la tortura de la corrupción, la impunidad, la incapacidad, el cinismo, la militarización y el hambre.

Aparejada a esta vieja y contaminante tradición, desde hace dos años he escrito mi primer artículo del mes de diciembre haciendo un contrapunto entre la realidad nacional, cada vez más endemoniada, y la costumbre de intentar exorcisar nuestras casas quemando basura. En esta ocasión, todo indica que la basura se acumuló en cantidades industriales, y que los fuegos serán de antología.

Como ya he relatado, desde mi niñez me pregunto si tiene sentido quemar al diablo, siendo ese su elemento; para mí equivale a querer ahogar un pez en el agua, o pretender matar a un pájaro lanzándolo al vacío. Los misterios de la religión siempre me han sido incomprensibles, aunque ya no me preocupo por descifrarlos; sobre todo después de que descubrí que fueron inventados para confundir, para alienar.

Hace unos siete siglos, Dante Alighieri -en su obra cumbre, La Divina Comedia- intentó explicarse, desde la perspectiva del Creador, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Voltaire, refiriéndose a Dante, lo define a la perfección cuando nos dice que ?los italianos lo llaman divino; pero es una divinidad oculta; pocos entienden sus oráculos; pero su fama se mantendrá siempre porque nadie lo lee?.

Continuando con la tradición de esta época del año, y siguiendo a Dante, quien dividió el infierno en círculos, intentaré descifrar algunos oráculos del averno en que se ha convertido la política nacional.

En el primer círculo de las tinieblas se encuentran sumidos los diputados del FRG, desde que tomaron posesión.

Si bien fueron exonerados judicialmente por el denominado Guarogate, la opinión pública los condenó políticamente; por si esto no fuera suficiente, cuanta ley tocan provocan un verdadero pandemonium, como la intención de aprobar las leyes financieras sin mayoría absoluta, o pretender aprobar una Ley de Investigación Criminal plagada de ilegalidades, o el diabólico intento de limitar la libertad de prensa mediante una ley de colegiación obligatoria.

Por su ceguera, están enfrentados con las instituciones y organizaciones del sector de Justicia, con los activistas de Derechos Humanos y con toda la prensa.

Tanta soberbia e incapacidad han desvirtuado el objetivo y las funciones del Legislativo, pues, de ser el ente fiscalizador por excelencia, pasó a ser un organismo estatal al que hay que estar auditando políticamente, para que no viole la Constitución.

En el segundo círculo del tártaro yacen los militares que torturaron y asesinaron a los habitantes de la Comunidad de Dos Erres, en el Petén. El actual Gobierno reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad del Estado guatemalteco en la masacre, y los familiares de las víctimas comenzaron a ser indemnizados el jueves pasado.

Lamentablemente, casi al mismo tiempo que se inició el resarcimiento económico del crimen, el presidente Portillo nombró al general Arévalo Lacs como ministro de Gobernación, a pesar de que está sindicado de tener responsabilidad en la masacre de Dos Erres.

En el tercer círculo del orco duermen los dirigentes de la URNG, quienes literalmente han mandado al diablo a sus bases sociales, sus principios y su futuro político. Luchas intestinas, falta de perspectiva política, carencia de recursos y de credibilidad, y una paupérrima gestión legislativa son algunas de las causas que los han sumido en una fosa que ellos mismos cavaron.

En el cuarto círculo de la perdición están sumidos aquellos empresarios desalmados que han mantenido un régimen económico profundamente injusto, que hoy día se traduce en la hambruna existente en 49 municipios, agravada por la incapacidad gubernamental.

Son muchos los círculos satánicos que haría falta enumerar y no tengo espacio, pero seguramente en uno de ellos podemos terminar todos los guatemaltecos si no nos ponemos las pilas defendiendo nuestros derechos, nuestros principios y nuestro honor, pues ya estuvo bueno que de enero a diciembre nos vaya como los mil y un demonios.

Con esta apretada y certera síntesis inicia el estudio presentado esta semana por la FMM sobre ?El problema de la corrupción en el Sistema de Administración de Justicia?, un flagelo que debilita gravemente nuestro incipiente Estado de derecho, genera impunidad y propicia que los ciudadanos resuelvan sus controversias de manera violenta, por mano propia, al margen de la ley.

A continuación presento un resumen parcial del documento citado, convencido de la importancia que tiene la lucha ciudadana por perfeccionar la justicia, para que sea multicultural, pronta, cumplida y proba.

La corrupción es un flagelo social doblemente condenable en el ámbito judicial pues, como sentenciaba Platón, ?la peor forma de injusticia es la justicia simulada?.

Dividido en ocho secciones, el estudio se basa en encuestas y diagnósticos realizados por la Fundación u otras instituciones, en el análisis de la legislación nacional e internacional vigente, en la experiencia concreta sufrida en casos paradigmáticos como el seguido por el asesinato de Myrna Mack, y en las recomendaciones emanadas de los Acuerdos de Paz y la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia.

En la introducción establece las características del fenómeno, cómo opera la corrupción en la Justicia, dimensiona sus consecuencias y establece cuál es la percepción ciudadana sobre este asunto.

Sobre este último aspecto, señala que, en 1997, encargó un estudio de opinión a la empresa Borge y Asociados, en el cual el 65.5% de los entrevistados opinaron que la corrupción en el Sistema de Administración de Justicia era mucha.

Ese mismo año, el Organismo Judicial contrató otro estudio con la firma Aragón y Asociados, en el cual el 88% de los encuestados consideró que la administración de justicia es inadecuada, e identificó el problema de la corrupción como uno de los principales obstáculos que se enfrenta en la tarea de aplicar justicia.

En la segunda sección, el estudio analiza ?las prácticas establecidas y hechos concretos? que propician la corrupción.

Muchas de ellas están relacionadas con normas poco precisas que permiten un alto grado de discrecionalidad de los funcionarios; otras se originan por la falta de independencia judicial, autoritarismo o inseguridad laboral; no pocas son propiciadas por estructuras caducas, y la mayoría se generan por la falta de ética de los operadores y la escasa fiscalización cívica.

Los factores internos y externos, al Sistema de Justicia, que propician la corrupción son tratados en los capítulos tercero y cuarto, destacando la existencia de poderes ocultos y articulaciones criminales.

La quinta sección aborda ?Algunas recomendaciones planteadas a partir de la firma de la paz?, y en el sexto apartado se analizan los ?intentos poco exitosos en materia de combate de la corrupción?.

En el penúltimo capítulo se consignan las recomendaciones del estudio, divididas en seis materias: formación ética y profesional; adecuaciones organizacionales; persecución penal, disciplina y sanciones; reformas normativas; y participación ciudadana.

Desde mi punto de vista, después de varios años de trabajar el tema, considero que avanzaremos muy poco en la reforma de nuestro Sistema Judicial, si los programas de cambio no son diseñados e impulsados con la participación de un movimiento social fuerte y capaz.

El ensayo de la Fundación Myrna Mack termina con un apartado dedicado a las consideraciones éticas, del cual cito a continuación una reflexión importante: ?Los cambios jurídicos, políticos e institucionales son insuficientes, si no van acompañados de un proceso de adopción de valores que transformen la conducta de las personas y generen voluntad política. Podemos avanzar en el perfeccionamiento de la legislación y de las instituciones, pero si no se trabaja en la recuperación de las virtudes personales, no será posible armar una nueva convivencia?.

Los recientes casos de Mazatenango, Suchitepéquez, y San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, se han venido a sumar a la larga lista de movimientos cívicos que, aunque espontáneos e inconexos, configuran una creciente tendencia ciudadana a fiscalizar y remover a Alcaldes corruptos, que hacen del erario municipal una piñata personal.

De los dos sucesos citados, el de Mazatenango es el más curioso, pues es encabezado por Eugenia Abularach, esposa del oficialista gobernador departamental, logrando la remoción de Carlos Orellana, alcalde electo por el partido de gobierno, gracias al apoyo del pueblo y del Concejo municipal.

En San Pedro Sacatepéquez, el asunto aún no se ha resuelto y los vecinos le fijaron un plazo perentorio a Lauro de León para que renuncie a la Alcaldía, por presuntos desfalcos. En este caso, la corporación municipal avala al alcalde, y se niega a respaldar su remoción.

En ambos municipios, los vecinos han recurrido a la convocatoria de cabildos abiertos para pedir cuentas a los alcaldes y, ante las evidencias encontradas, han exigido su remoción. Anteriormente, las resoluciones que los vecinos tomaban en un Cabildo Abierto eran vinculantes; en la actualidad, el Código Municipal establece que, en tales reuniones, los vecinos solamente son consultados y las decisiones las toma el Concejo Municipal.

Esta disminución de los alcances y facultades del Cabildo Abierto evidencia el escaso valor que los legisladores le han dado a la función de fiscalización cívica, así como su restrictiva concepción de la ciudadanía. Sin embargo, esa es la norma vigente y hay que respetarla pues, por definición, el civismo implica ?celo por las instituciones e intereses de la patria?.

Una de las pocas conquistas sociales de la Revolución de Octubre de 1944 que aún prevalecen es el régimen de autonomía municipal. Este se ha visto mermado por múltiples razones, en contraposición al proceso de descentralización que los Acuerdos de Paz, y la democracia moderna, recomiendan.

Existe una creciente tendencia entre los políticos de confundir descentralización con desconcentración. Esta última, que es la que privilegian, implica una ejecución local de decisiones centralmente establecidas. A contramano, la descentralización implica delegar el poder de decisión, el órgano administrativo y los recursos; si esta se impulsara, los vecinos incrementarían su participación ciudadana y todo el país saldría ganando, pues las políticas públicas gozarían de la legitimidad que hoy adolecen.

En Guatemala, por lo menos durante los últimos 30 años, muchas de las contradicciones sociales se incubaron, se desarrollaron y se dirimieron en el ámbito municipal. En él se concentra la producción de nuestra economía agraria, allí surge la confrontación social primaria y en él se ejerce el primer nivel del poder hegemónico. Por ello, la confrontación armada más álgida se libró entre la guerrilla local y las Patrullas de Autodefensa Civil.

Por estas razones históricas, la conflictividad social debe ser resuelta, en primera instancia, en el ámbito municipal, con plena participación de vecinos, alcaldes y corporaciones ediles. En el marco de nuestra débil institucionalidad, es fundamental la constitución de movimientos cívicos para lograr que las autoridades se sometan al imperio de la ley, pues la corrupción y el autoritarismo siguen campeando entre los funcionarios públicos, quienes se cobijan en el régimen de impunidad imperante.

Los vecinos, ejerciendo el poder soberano, buscan revocar el mandato otorgado a ediles incapaces y venales. Todavía falta mucho camino por recorrer para lograr que la democracia sea un gobierno del pueblo y para el pueblo pero, al menos en algunos municipios, los ciudadanos comienzan a definir su destino; ojalá y esa práctica se extienda al resto de la nación.

El fracaso comicial sandinista tiene nombre y apellido: Daniel Ortega Saavedra; el mismo patronímico que el del dueño del partido, en torno al cual se anquilosó una de las formaciones políticas más dinámicas de Latinoamérica.

Durante la lucha armada contra el régimen somocista, el FSLN supo superar la muerte de casi todos sus fundadores y dirigentes, constituyendo una dirección colegiada entre pares, que contrastaba con el caudillismo que imperaba en las otras organizaciones revolucionarias del continente.

Sin embargo, después de la conquista sandinista del poder, el Estado se equiparó al partido, y éste a Daniel Ortega -presidente de la República y Secretario General del FSLN-, quien se convirtió en un tótem, en el emblema de una tribu que terminó apropiándose de la cosa pública, a la usanza de Somoza, invalidando por la vía de la corrupción todos los logros sociales, económicos y políticos conquistados con el sacrificio y el concurso del pueblo nicaragüense.

Así, como la serpiente que se muerde la cola, la revolución se derrotó a sí misma, con ayuda de la Contra y el Pentágono.

El caudillismo cerró la posibilidad del debate al interior del FSLN, por lo que el tránsito de organización guerrillera a partido electoral no se dio sobre la base de una redefinición programática, sino que respondió a la necesidad de promocionar a Ortega en las elecciones de 1984 y las de 1990, lo que provocó el fraccionamiento del sandinismo histórico, cuya identidad se perdió progresivamente, en aras del discurso de un candidato perdedor.

Sin embargo, hay que reconocer que los caciques no se hacen solos, son erigidos por el atraso político y la obsecuencia de sus seguidores, de la misma manera que los pueblos primitivos talan el árbol, tallan en él un tótem y luego lo deifican, olvidando que ellos mismos lo fabricaron.

Ortega personificó el poder, el partido y la corrupción, y ya erigido en patriarca, decidió ejercer la función de macho cabrío, abusando sexualmente, por décadas, de su hijastra Zoilamérica Narváez, cuyos reclamos de justicia fueron desechados por los tribunales de Nicaragua, gracias a la influencia del Presidente Alemán y porque el victimario se amparó en el fuero legislativo del que goza por ser diputado.

Con tales antecedentes, el FSLN volvió a empecinarse, este año, en promover la candidatura de Daniel Ortega, y aún hay quienes se preguntan por qué perdieron las elecciones.

En este contexto, parecen premonitorias las reflexiones que Augusto César Sandino legó a sus seguidores: ?Si alguna vez yo cometiera, porque soy humano, un error para la causa que defendemos, lo haría involuntariamente, nunca con malicia, como hacen los corrompidos políticos de oficio?.

Durante su última y fracasada campaña, Ortega cambió los tradicionales colores rojo y negro de su partido por el rosado, y su discurso hizo juego con la imagen light que pretendía irradiar, abandonando el programa sandinista, dejando a su base electoral histórica sin bandera y sin ideario, condenada a votar por un candidato que encarna la antítesis de aquél FSLN que derrotó a Somoza.

Muy lejos está Daniel Ortega de ser el heredero del General de hombres libres, a quien Gregorio Selser, uno de sus mejores biógrafos, retrata magistralmente: ?Hombres como Sandino reconcilian a los esclavos con la esperanza, a los oprimidos con el destino. Hombres así señalan los derroteros, inclinan en su favor las batallas más arduas y acorazan físicamente hasta al más endeble. El héroe tiene su significado más cabal cuando está referido a hombres como Sandino?.

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En mi anterior artículo, involuntariamente, me equivoqué al consignar el nombre de uno de los autores del informe ?Pueblos Indígenas y Pobreza?, de FLACSO. Ofrezco mis disculpas al economista Pavel Centeno y a los lectores.

El régimen de exclusión histórico que hemos padecido no se asienta solamente en la fuerza de las armas, sino que también se sustenta en la opresión étnico-cultural. Las elites racistas han justificado el sojuzgamiento de los indígenas, aduciendo toda clase de prejuicios, desde que carecen de alma, hasta que son ?amentes, ignorantes, bolos y huevones?.

Así, el racismo no se convierte sólo en un asunto de sangre y linaje, sino que constituye la coartada para justificar privilegios económicos basados en la explotación de aquellos que tienen una cultura y un idioma diferentes.

Para poder discutir sobre el nuevo modelo de desarrollo económico que el país reclama, hay que abordar el tema de la pobreza, y otros de similar importancia, sin prejuicios culturales, políticos o religiosos; de otra manera no habrá consensos nacionales. Para tal efecto, será de mucha ayuda el estudio y debate del informe sobre Pobreza y pueblos indígenas, que preparó la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO- a solicitud de la Secretaría General de Planificación y Programación -SEGEPLAN-.

El informe, elaborado por Pavel Arellano y Virgilio Reyes, aborda tres aspectos nodales del tema: una interpretación antropológica y jurídica del concepto pueblos indígenas; criterios prácticos para definir su ubicación territorial; y los vínculos para relacionar, de manera cuantificable, los índices de pobreza con dichos pueblos. Sobre todo en el primer aspecto el informe puede ser polémico, pero es de indudable utilidad para tener una visión específica sobre la pobreza que asola a los indígenas y, sobre todo, de las políticas públicas para resolver tales carencias.

Los autores explican las razones conceptuales para utilizar el idioma como el principal indicador para diferenciar a los Pueblos indígenas del resto de la población, y establecer en cuales municipios se encuentran.

Así establecen que 193 municipios forman parte del territorio habitado por los Pueblos indígenas, equivalentes al 58.31% del total. En más de la mitad de estos municipios la incidencia de la pobreza afecta a más del 62% de la población.

En ellos, solamente se invirtió el 13% del gasto público en el 2000, y las veredas constituyen la mitad de la red vial, evidenciándose a quienes beneficiaron las carreteras que construyó el gobierno anterior. Esto explica la falta de atención del Estado a los indígenas, y las dificultades para promover una producción no tradicional, acceder a los mercados y promover la salud pública.

Sin embargo, el informe no sólo demuestra con cifras y datos cómo la discriminación se expresa en las políticas de gobierno, sino, también, el enorme aporte que los pueblos indígenas brindan al resto del país. En estos municipios, por ejemplo, se cultiva el 53.1% de la denominada agricultura limpia anual nacional, así como el 73.2% de las hortalizas y el 46% del café, a pesar de que se les ha arrebatado sus mejores tierras.

Gracias a los Pueblos indígenas no somos un desierto, pues producen de manera racional y cuidan el medio ambiente, como lo demuestra el que el 51% de los bosques de latifoliadas, el 66% de los bosques de coníferas, 81% de los bosques mixtos y 49% por ciento del bosque de regeneración se encuentre en los municipios que habitan. Por ello, esta es la región que más agua produce y en la que se encuentran casi la totalidad de los cuerpos acuíferos del país.

Los datos, porcentajes y mapas que el informe aporta, todos de origen oficial, evidencian que la pobreza que afecta a los Pueblos indígenas es el resultado de ancestral y vigente régimen de exclusión y discriminación, y no la consecuencia de su origen étnico y cultural, gracias al cual sobreviven.

Aún sigue vigente el reto que Manuel Colom planteara antes de ser asesinado: ?Guatemala tiene una misión incumplida que realizar en el presente, y es la de tomar conciencia de su identidad nacional, indispensable para su verdadero y auténtico progreso?.

?Hoy, o todos nos comprometemos para construir un país para todos, o no tendremos un país para ninguno?, declaró el presidente Portillo.

En el acto se destacó que el principal problema de Guatemala es la pobreza, en la que se encuentra sumida más de la mitad de la población, con el agravante de que uno de cada cuatro ciudadanos es extremadamente pobre, pues tiene ingresos mensuales menores a Q195. En el campo la incidencia de la pobreza es tres veces mayor que en el área urbana, y el porcentaje de pobres entre los indígenas (73.8%) casi duplica al de los no indígenas.

Como resultado de tan dramática situación hay hambruna en 49 municipios, inseguridad alimentaria en 102, y el 46% de los niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica, el más alto índice de América; entre los niños indígenas, la tasa de desnutrición alcanza el 67.8%.

En contrapartida a este drama de exclusión y discriminación, existe una riqueza ofensiva en el país, pues el 63% del total del ingreso nacional se concentra en el 20% más rico de la población, situando a Guatemala en el tercer lugar mundial en términos de distribución contrastante del ingreso, después de Brasil y Sudáfrica.

Para enfrentar esta acuciante situación, el Ejecutivo presentó su Estrategia para la Reducción de la Pobreza -ERP- para la cual destinará un fondo de cinco mil millones de quetzales y, seguramente, gestionará fondos adicionales en el Grupo Consultivo, aunque los analistas prevén que éstos podrían reducirse en un 30%. Además, convocó a un diálogo nacional, que permita generar consensos para aunar esfuerzos.

Durante esta reunión del Gabinete, el director de la Agencia Internacional para el Desarrollo -AID- presentó el estudio ?Estrategia para enfrentar la desnutrición aguda y la crisis económica rural?, advirtiendo que la situación nacional empeorará en los próximos meses, si no se toman medidas inmediatas. La presencia del Sr. George Carner, muy probablemente, obedeció al interés de EE.UU. por la estabilidad del área, para lo cual es necesario que el presidente Portillo logre terminar su período, lo cual exige que se ocupe de los problemas sociales más agudos.

En teoría, la ERP se impulsará sobre la base de cuatro principios generales: opción preferencial por el área rural, gestión pública eficiente y transparente,descentralización, y participación ciudadana.

Esta estrategia, positiva en términos generales, nace a contrapelo de sus propios principios, pues fue formulada sin la participación ciudadana. Además, será implementada en el contexto de una gestión gubernamental en la cual -según Transparencia Internacional- el 24% de los fondos públicos son malversados, porcentaje que, curiosamente, equivale a Q5 mil millones. En el proyecto de presupuesto para el año entrante, la mayoría de los fondos están destinados al área central, y la política impulsada por el FRG tiende a la concentración del poder, no a la descentralización.

Si no hay un cambio radical en el Gobierno, que se exprese en unidad de acción, probidad y concertación social, la ERP quedará en el papel, sin recursos ni viabilidad política. El diálogo entre el Gobierno y la sociedad todavía es factible, pero el Ejecutivo tiene que dar muestras claras de que está realmente dispuesto a encabezar una campaña de salvación nacional.

Ya en 1989, la Comisión Económica para América Latina advertía que, suponiendo que hubiese una distribución equitativa de la riqueza, se requeriría que el PIB creciera 4.5% durante 45 años consecutivos, para erradicar la pobreza extrema en Guatemala.

La dimensión del problema de la pobreza es enorme y requiere de una acción nacional concertada en todos los órdenes, pues, sin alarmismo, la viabilidad del país está en juego. En este sentido, convendría recordar las palabras del presidente John F. Kennedy: ?Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos?.

Curiosamente, se les aborda como un asunto lejano, propio de culturas remotas o de regímenes fanáticos, como los talibán, sin reparar que estos fenómenos campean por nuestro país.

La semana pasada estuve trabajando en la sierra de los Cuchumatanes, al norte de Huehuetenango, y pude comprobar, una vez más, cómo se afianzan en la población antivalores que exacerban el conflicto social, en un contexto en el cual el Estado y la sociedad no avanzan hacia estadios superiores que permitan el desarrollo, la democracia y la interculturalidad.

Huehuetenango es, sin lugar a dudas, el departamento más complejo del país y un reflejo concentrado de nuestra convulsa realidad nacional.

Su población fue severamente golpeada durante el conflicto armado, y por sus caminos y veredas transitó el río humano que buscó refugio en México para salvar la vida.

En él conviven, en tensión, más de diez culturas, con sus respectivos idiomas y creencias; los índices de exclusión social son de los más altos del país, con su cauda de analfabetismo, insalubridad, desempleo y hacinamiento; se afianzan, como tumores sociales, sectas fundamentalistas y organizaciones de corte paramilitar; prolifera la migración, el contrabando y el narcotráfico, por una larga y desprotegida línea fronteriza, generando dramáticos contrastes económicos y un sórdido clima de impunidad.

Todo ello, en el marco de una belleza natural sin par, que va de la tierra caliente y seca, al sur, hasta las selvas tropicales de Barillas, pasando por el frío páramo de Paquix y las cumbres nubosas de los Cuchumatanes, donde habita una secta religiosa -de indígenas y ladinos- que anuncia un nuevo diluvio, del que sólo ellos sobrevivirán porque serán salvados por extraterrestres.

La cooperación y los bancos internacionales han realizado millonarias inversiones para promover el desarrollo de Huehuetenango, pero las carencias sociales acumuladas por siglos hacen que tal esfuerzo sea apenas perceptible y, en muchos casos, genera nuevos problemas.

El funcionamiento del aparato estatal es aún muy deficitario, incluyendo la administración de justicia, a pesar de los valiosos esfuerzos realizados, tales como la creación de un Centro de Administración de Justicia en Santa Eulalia, en el corazón de la cultura q?anjo?bal.

Paradójicamente, todavía ardían la Subestación y cinco patrullas de la PNC en San Antonio Huista -quemadas por una turba enardecida por la muerte de un líder comunitario, presuntamente asesinado por dos agentes- mientras yo impartía un taller sobre el pluralismo jurídico a jueces y fiscales, tratando de convencerlos sobre la necesidad de una nueva justicia para la paz.

Los fundamentalistas evangélicos presentan frecuentemente denuncias en contra de quienes practican la espiritualidad maya, acusándolos de brujos y demandando su encarcelación.

Las denuncias no prosperan porque nuestra Constitución garantiza la libertad de cultos, pero refleja una creciente intolerancia religiosa, profesada también por los carismáticos, quienes rechazan la doctrina social de la Iglesia Católica, atrincherándose en un conservadurismo decimonónico.

Muchas autoridades tradicionales indígenas han sido sustituidas por los ex comandantes de las PAC y por una emergente casta de voraces comerciantes, enriquecidos gracias al contrabando masivo y a la evasión fiscal, quienes impulsan un capitalismo salvaje que no respeta más ley que la de la usura. Esta nueva dirigencia, que hace gala de atraso e intolerancia, se opone violentamente a todo cambio democrático o institucional que atente contra su poder.

El racismo sigue gozando de buena salud, y sus preclaros exponentes insisten en que el problema radica en ?el salvajismo de los indios?, a quienes hay que ladinizar para redimirlos. Olvidan que esa cultura ?civilizatoria? ha engendrado bestialidades tales como la conquista, la esclavitud, el repartimiento de indios, la sobreexplotación, las masacres, las Aldeas Modelo, el servicio militar obligatorio y, ahora, el narcotráfico y la migración.

Organizaciones de mujeres, cooperativas, comités de desarrollo, instituciones lingüísticas y organizaciones de la sociedad civil, son la expresión de un valioso esfuerzo ciudadano por una cultura de paz, que brega contra la intolerancia y el atraso generados por la guerra, la pobreza, el racismo, el fundamentalismo religioso, la impunidad, el capitalismo salvaje y el narcotráfico, tumores que se albergan en el corazón de nuestra nación.

Para salir del oscurantismo en que vivimos, debemos aprender las lecciones de aquella gesta, pues un pueblo que ignora su historia no puede construirse un futuro digno.

Las enseñanzas más ricas de un proceso de cambio no están en el momento del triunfo, sino en su fase de preparación.

Por ello, comparto con mis lectores una apretada síntesis de un escrito que me envió mi buen amigo Francisco Gularte Cojulún, maestro, abogado y demócrata inclaudicable, en el que plasma los antecedentes del derrocamiento de Ubico, titulado ?Mayo en el Salvador y Junio en Guatemala?.

?Los acontecimientos de Abril de 1994 en El Salvador, son los antecedentes de la revolución del mismo año en Guatemala: la heróica lucha del pueblo salvadoreño por sacudirse la tiranía del presidente Maximiliano Hernández Martínez, quien ahogó en sangre y liquidó implacablemente un intento de liberación acaudillada por algunos militares jóvenes y patriotas, como el doctor Jorge Sol, los hermanos Calvo, Francisco Pérez, Humberto Costa y Rodolfo Daglio.

?La Baca?, compuesta por las famosas catorce familias de acaudalados salvadoreños, se regocijaba con las drásticas medidas de aniquilamiento a toda inquietud del pueblo salvadoreño, puesto que recibía incalculables favores del Dictador.

El escritor guatemalteco Alfredo Schlesinger Carrera, aprovechó la ocasión para poner en alerta al General Jorge Ubico, escribiendo un libro con el título ?Revolución en el Salvador: Guatemala en peligro?, en cuya portada se aprecia la fotografía de una carreta de bueyes cargada con los cadáveres de valientes revolucionarios, que quedaron a la deriva en las solitarias calles de San Salvador.

Durante la gesta de abril, una juventud encabezada por los hermanos Cuenca, María Elena López y Miguel Mármol, dejó escuchar voces de protesta y, más tarde, derrocó al sustituto de Hernández Martínez, el aprendiz de Dictador, Osmín Aguirre, quien, tras una huelga silenciosa, abandonó El Salvador, mendigando un asilo diplomático en Guatemala, pues compartía con Jorge Ubico su simpatía por los regímenes de Alemania e Italia, imbuido de ideas nazi fascistas.

Aguirre y Salinas, que asumió el mando en El Salvador, también pensó en perpetuarse, pero encontró a un pueblo valiente, decidido a no tolerar otra dictadura, viéndose obligado a resignar el mando en manos del general Castañeda Castro.

En Guatemala, las aguas principiaban a agitarse y se estaba perdiendo el miedo.

Los maestros, los estudiantes universitarios y de secundaria, amén de las asociaciones mutualistas, manifestaban su descontento, con el apoyo eficaz de un grupo de profesionales, entre los que se contaban Federico Carbonell, Ernesto Viteri, Luis Arturo Gonzales, Eugenio Silva Peña, Carlos Zachrissom, José Falla y Francisco Montenegro, capitaneados por el coronel Guillermo Flores Avendaño.

En un ambiente de anhelos patrióticos llegamos al mes de junio de 1944, cuando el Gobierno se aprestaba a celebrar un aniversario más del triunfo de la revolución de 1871, con desfiles escolares y militares, que fueron aprovechados por los maestros para solicitar un aumento a nuestros sueldos miserables de Q32.72 mensuales, a iniciativa de los profesores Manuel Chavarría y Rafael Arévalo, quienes fueron encarcelados. Como reacción se hizo correr la voz de que no se presentaría un solo maestro al desfile, en tanto los citados profesores no recuperasen su libertad.

Luego vino la restricción de garantías, y con ellas las manifestaciones populares, especialmente la del 25 de junio, en la que perdió la vida la Maestra María Chinchilla. ?Todo el mundo a la calle?, fue la consigna hasta la renuncia del tirano, quien, pasando sobre la Constitución, delegó el poder en un triunvirato de generales, y se asiló en la Legación Inglesa.

Una asamblea Legislativa, que tenía en sus manos la vuelta a la legalidad, nombró presidente provisorio al general Federico Ponce Vaides, quien al tomar posesión dijo las célebres palabras: ?Jamás pensé, jamás soñé?. Efectivamente, jamás pensó que en Guatemala había un nuevo amanecer, y al grito de ¡VIVA AREVALO!, el 20 de octubre de 1944, un pueblo sojuzgado por muchos años recuperaba su libertad?.

Me refiero a las iniciativas de ley para modificar la investigación criminal y constituir el Ministerio de Seguridad Pública, aunadas al nombramiento de un militar como Comisionado Presidencial de Seguridad.

Cabe recordar que el término-concepto ?Estado de Policía? fue acuñado por los historiadores constitucionales alemanes, a mediados del Siglo XIX, para denominar al régimen de Federico II el Grande, el cual antagonizó y precedió la constitución del Estado de Derecho alemán.

La expresión Estado de Policía define a un régimen paternalista en el cual, de buena fe, el Príncipe decide qué es lo que le conviene a sus súbditos, estableciendo los órdenes económico, político y social que él considera necesarios para alcanzar el bienestar de sus gobernados, creando un complejo sistema policial que garantice tales propósitos.

Este sistema de control era dirigido por un Ministro de Policía y Buen Gobierno, quien -por lo general- terminaba defendiendo el orden y no el bienestar.

Guatemala ya vivió un Estado policial durante el gobierno tiránico de Jorge Ubico, quien, mediante un ejército de policías y esbirros, erradicó la corrupción y la delincuencia a sangre y fuego, matando a miles de inocentes y atropellando las libertades esenciales del ciudadano.

Aquél régimen, por el cual aún hay quien suspira, se resumió en la consigna ?Seguridad, orden y ornato?, para significar que nadie podía transgredir las órdenes del tirano, y que había que mantener las apariencias y las formalidades, aunque en las cárceles se cometieran atrocidades.

Los guatemaltecos logramos un cese al fuego en 1996, bajo la condición de que el régimen contrainsurgente debía desaparecer, para dar paso a un Estado democrático y multicultural de Derecho, en cuyo seno se pudieran concretar los compromisos de la paz. Este proyecto programático fundamental no podrá ser concretado, si cuajan iniciativas como las impulsadas por el partido oficial y el presidente.

Mediante la Ley de Investigación Criminal se busca garantizar la impunidad para los eferregistas y sus aliados, controlando al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil.

La propuesta de crear el Ministerio de Seguridad Pública, presentada por el diputado Baudilio Hichos, da por hecho la aprobación de la nueva ley, y busca crear un ente que se encargue de definir las políticas de seguridad pública e inteligencia civil, dirigir la PNC, regir la investigación criminal, controlar las armas y administrar el Sistema Penitenciario.

En suma, constituir un superministerio, que tendrá ingerencia en casi todos los órdenes de la vida nacional, mediante una fuerza policial de más de 20 mil hombres armados.

En entrevista concedida a Acción Ciudadana, Hichos planteó que se pretende ?crear un nuevo ministerio que constituya el instrumento estatal que pueda brindar seguridad a la ciudadanía, mediante el combate al desorden social y actividades delictivas?.

La declaraciones del diputado ponente, quien busca ser el nuevo ministro, evidencian que proyecta combatir por igual a los delincuentes y a los ciudadanos que se salgan del orden que él defina, al margen de la ley.

Baudilio Hichos, erigido en custodio del orden social, obvia que ha sido sindicado de graves ilícitos, como los crímenes de la Panel Blanca -caso que conoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos- y actos de nepotismo y corrupción.

Por su parte, Alfonso Portillo pretende enfrentar al terrorismo nombrando al general Miguel Angel Calderón como Comisionado Presidencial de Seguridad, en flagrante violación a los Acuerdos de Paz, en los que se pactó que la seguridad pública debería ser de carácter civil.

Además, ¿que podrá hacer un funcionario si las instituciones de seguridad son infuncionales? En la PNC se violan los Derechos Humanos y campea la corrupción; los servicios de inteligencia militar han cometido actos de terrorismo de Estado; cualquiera puede portar armas y comprar pasaportes, visas y cédulas; y los detenidos se fugan de las cárceles. Para contar con seguridad pública, es preciso que el conjunto de normas, políticas e instituciones funcionen adecuadamente.

Es necesario perseguir y enjuiciar a los terroristas, pero es más importante combatir al terrorismo de raíz, privándolo de posibles adeptos, propiciando un mundo de tolerancia y bienestar en el que no existan jóvenes que aspiren a inmolarse, convencidos de que vale la pena vivir.

Esta Iniciativa de Ley -que hace tres días fue aprobada en Segunda Lectura y cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales- tiene efectos políticos, jurídicos y operativos sobre la administración de Justicia, los cuales deben ser analizados cuidadosamente. Por razones de espacio, solamente abordaré los más relevantes.

En primer término, hay que recordar que la administración de Justicia es un sistema, es decir, un conjunto de instituciones, normas y procedimientos vinculados entre sí; por lo tanto, el buen funcionamiento del conjunto depende del armonioso y eficiente desempeño de las partes. Por ello, si se altera el funcionamiento de la investigación criminal, se afecta a todo el sistema.

Hasta ahora, al Ministerio Público -MP- le corresponde, mediante una investigación técnico-jurídica, presentarle al Juez las pruebas de cargo contra un imputado; la defensa, por su parte, aporta las pruebas de descargo. Sobre la base de tales elementos probatorios, a la luz de lo que establece la Ley, el Tribunal decide sobre la culpabilidad o inocencia de los sindicados.

A este proceso -explicado de manera simplificada- se le llama Sistema Acusatorio, y se basa en principios generales, como el que establece que el ciudadano es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, y en un sistema de garantías para víctimas, victimarios y demás sujetos procesales.

Si la investigación criminal no se efectúa o es deficiente, el Tribunal no puede condenar al acusado; por lo tanto, el control de las pesquisas permite la impunidad de los delincuentes. A esto se debe que el nombramiento del Fiscal General sea tan reñido, y que por años haya existido injerencia de la Inteligencia Militar en el MP, cuya independencia aún no es plenamente vigente.

Para muchas organizaciones civiles es evidente que -mediante la nueva Ley de Investigación Criminal- el FRG busca garantizarse la impunidad, controlando al MP. Como se tendría que modificar la Constitución para que el Congreso eligiera al Fiscal General -actualmente lo nombra el presidente, por cuatro años, sobre la base de propuestas presentadas por una Comisión de Postulación- pretenden convertirlo en una figura decorativa, nombrando dos subfiscales generales, por cinco años.

Los subfiscales, cuya elección será, obviamente, definida por el voto mayoritario de la bancada oficialista, controlarán las funciones principales del MP, y no se subordinarán a las decisiones del Fiscal General, pues éste no los podrá remover.

Además, en la propuesta del FRG se contempla la disolución del Consejo del MP, un órgano colegiado que permite cierto control del funcionamiento de la institución; modifica la estructura orgánica del MP; redefine la integración y funciones de la Fiscalía Anticorrupción; y afecta seriamente la carrera fiscal.

La independencia del MP también se verá afectada con la pretensión de trasladar casi todas las funciones de la investigación criminal a la Policía Nacional Civil -PNC-, bajo la supuesta dirección de los fiscales, pero suprime las normas que garantizan tal subordinación.

La PNC, cuya dirección ya no estaría bajo el mando del presidente de la República, no sólo carece de la capacidad técnica para cumplir con las nuevas funciones, custodiar las pruebas y dirigir peritajes, sino que ha sido señalada de cometer constantes violaciones a los Derechos Humanos y reiterados actos de corrupción.

El año pasado, se constató que casi la totalidad de los siete comisarios generales, de los 51 comisarios y de los 138 subcomisarios, son elementos reciclados de la vieja Policía Nacional. Esto, sumado a la ausencia de una nueva doctrina y a la intervención militar, evidencia que la PNC ni es tan nueva, ni tan civil.

Si en el marco de la actual normativa el desempeño del MP deja mucho que desear, con la aprobación de la legislación propuesta sus funciones serán politizadas y quedarán subordinadas a intereses partidarios.

Esto equivaldría a matar el proceso de reforma del Sistema de Justicia, por lo que no es exagerado plantear que es criminal la nueva Ley de Investigación que pretende afianzar el régimen de impunidad de los poderes fácticos.

Razón tiene Carlos Beristain cuando afirma que ?la impunidad anda suelta buscando su negocio por encima de la vida?.

Simultáneamente, informaban que, por segunda ocasión, una delegación diplomática paquistaní regresaba de Kabul sin resultados, pues el régimen talibán se negó a acceder a las demandas estadounidenses, mientras el presidente George W. Bush insistía en que no habría negociaciones con el gobierno de Afganistán.

La conflagración será de largo aliento, de carácter irregular y con altibajos, cobrará muchas vidas de civiles y su desenlace es impredecible, a pesar de las aseveraciones triunfalistas del Pentágono.

Los combates serán librados en cualquier país, incluso en territorio de EE.UU., y afectará el desenvolvimiento de la política, de la sociedad y de la economía.

Si los aspectos militares de la contienda serán inéditos, los políticos y económicos son aún más novedosos. EE.UU. ha logrado articular una alianza mundial sin precedentes, en la que destaca la relevante inclusión de Rusia, China y la casi totalidad de los países árabes, pero al margen de la ONU.

El Gobierno de EE.UU. ha dejado claro que ellos conducirán esta guerra, fijando objetivos, criterios, métodos y prioridades.

Los efectos económicos del conflicto ya se han hecho sentir con fuerza arrolladora, en el marco de una recesión mundial que venía en aumento desde el año pasado, en el que las economías periféricas sufrirán los mayores daños y pagarán buena parte de los costos de guerra.

La pérdida mayor son las víctimas inocentes; ese es un daño terrible e incuantificable, que no debe ser olvidado para evitar que se repita al perseguir a los terroristas.

Según los expertos, los atentados han implicado pérdidas por U$ 60 mil millones para EE.UU., con severos efectos para todo el orbe.

La caída de las distintas Bolsas de Valores a niveles sin precedente fue el primer golpe, y los especialistas dudan que se recuperen este año.

El segundo fue la agudización de la crisis de la industria del turismo y de los viajes -una de las más importantes del mundo- que ha obligado al Gobierno y al Congreso de EE.UU. a considerar otorgarle un fondo de salvataje de 15 mil millones de dólares.

La contracción del consumo ciudadano es, tal vez, el tropiezo menos visible pero el más delicado, pues, además de ser muy volátil e incontrolable, de ese factor dependen tres cuartos de la economía estadounidense y, obviamente, la de los países que, como Guatemala, gravitan en torno a ella.

La tasa de desocupación ya alcanzó el nivel más alto de los últimos nueve años, lo cual incidirá en menos empleos para los migrantes, y en una reducción de las remesas familiares, el primer rubro de ingreso de divisas para México, Centroamérica y el Caribe, que alcanzó U$ 20 mil millones el año pasado.

Por todas estas razones se prevé que la economía estadounidense solamente crecerá un 1.4% este año, y que América Latina dejará de percibir U$ 40 mil millones, lo que implicará más desempleo, pobreza y conflictos sociales.

Un aspecto medular es el energético; por razones económicas y militares, EE.UU. necesita asegurarse el control del petróleo de México y Venezuela, para no depender de los países árabes ni usar sus propias y cuantiosas reservas.

El Secretario de Energía, Spencer Abraham, fue enfático en marzo pasado al declarar: ?el acceso a la energía es el cimiento de nuestra seguridad nacional?. Obsecuente, el presidente Fox ha promovido la constitución de un mercado energético común a los tres países integrantes del Tratado de Libre Comercio del Norte; la subordinación está muy clara. El Gobierno venezolano es el obstáculo para concretar el citado plan energético.

Para enfrentarlo, la oposición ha divulgado, en EE.UU., un vídeo que muestra a Chávez en reuniones con personajes controversiales como Fidel Castro o guerrilleros colombianos, con el propósito de que sea catalogado como terrorista, y se pueda justificar una invasión estadounidense a la tierra de Bolívar, para controlar el petróleo; una ocupación como la de Panamá, con la excusa de capturar a Noriega.

Los peligros de guerra no sólo amenazan en Asia y el Medio Oriente, también acechan en América Latina.

La violencia irracional de minúsculos grupos terroristas no derrumbará al poderío económico y militar, aunque golpea brutalmente a los civiles y, sobre todo, debilita la acción y las justas demandas de oprimidos, discriminados y excluidos, exponiéndolos a las represalias indiscriminadas de los poderosos. Afganos y palestinos inocentes serán las primeras víctimas expiatorias de la guerra que se avecina; ellos encarnarán lo que los militares llaman daños colaterales.

A partir del 11 de septiembre, el color de la piel, el origen étnico, la religión, el idioma y la cultura, pasaron a ser posibles causas de sospecha para las fuerzas antiterroristas. La caracterización del terrorista, por ahora, es piel oscura, religión islámica y origen árabe.

Después, tal arquetipo se extenderá a todo ciudadano del Tercer Mundo, y a todo sector social que cuestione el poder hegemónico, para felicidad de los racistas de Guatemala y el mundo.

Pocos recordarán que, en 1995, EE.UU. sufrió un ataque terrorista de las milicias blancas, perpetrado por el ex soldado norteamericano Timothy McVeigh, contra un edificio federal en Oklahoma, en el que funcionaba una guardería, dejando un saldo de 168 muertos.

Más escasos aún, serán quienes quieran enterarse de que el fundamentalismo nació en EE.UU., impulsado por una corriente conservadora del protestantismo evangélico, plasmando su credo en doce libros publicados en 1910, que fueron conocidos como The Fundamentals. Contenían lo fundamental de una verdad revelada, incuestionable e innegociable, que debería ser defendida a toda costa y divulgada mediante una acción misionera neotestamental, por encima de la acción cívica.

Ese fundamentalismo religioso está presente en la ideología de los Bush; el padre, durante la guerra contra Saddam Hussein, emprendió la madre de todas las batallas contra el Engendro del Mal; ahora, el hijo desatará la primera guerra del siglo, nombrándola Operación Justicia Infinita.

El gran capital puso a funcionar su maquinaria mediática para reforzar la idea de que el islamismo, una cultura religiosa milenaria, era el gran enemigo de Occidente, a fin de reforzar los intereses sionistas en Medio Oriente. Así, la agencia noticiosa CNN mostró hasta la náusea a un grupo de jóvenes palestinos que celebraban, supuestamente, los actos terroristas contra EE.UU.

La televisión alemana, en el programa ?Reporter?, transmitió el jueves pasado las entrevistas de los mismos jóvenes, quienes declararon que el camarógrafo de CNN realizó un montaje, les entregó las banderas palestinas y los instó a mostrarse eufóricos, sin aclararles el propósito de las tomas. Como resultado, en EE.UU. se ha desatado una escalada xenofóbica contra los árabes y los afganos de proporciones tales que el mismo presidente Bush ha tenido que llamar a la cordura.

Desarticulada la URSS y la amenaza comunista, los fundamentalistas de occidente han encontrado en la obra de Samuel P. Huntington el basamento para su afán xenófobo de dominación. El autor, un ideólogo del establishment, quien se desempeñó como Coordinador de Planificación del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., postula que las nuevas guerras serán entre culturas, no entre Estados.

Independientemente de la validez de los postulados de Huntington, es una monumental estupidez plantear que Osama Bin Laden representa a la cultura islámica y que, en contrapartida, los custodios de la cultura occidental son el Pentágono y la OTAN. Intelectuales estadounidenses de la talla de Noam Chomsky, James Petras, y Norman Mailler han llamado a su gobierno a la mesura.

En Guatemala, donde pervive un racismo recalcitrante, que el jefe de MINUGUA recién denunció como un apartheid de hecho, los militares se le adelantaron a Huntington. Desde la década de los 80, vienen postulando que la nueva guerra que les tocará librar es contra los indígenas; curiosamente fue un oficial kaqchikel, el general Otzoy Colaj, el primero que lo pregonó.

Estos tenebrosos postulados, que se verán reforzados con las nuevas corrientes bélicas mundiales, presagian una nueva guerra de exterminio contra los indígenas cuando crezcan sus demandas y sus luchas. Son muchos los racistas que siguen postulando que ?indio, culebra y zanate, manda la ley que se mate?.

Estrellar dos aviones contra las torres del Centro Mundial de Comercio, con el argumento de golpear ?el corazón del imperio?, no sólo es criminal sino estúpido; quienes sufrieron los efectos de este atentado son oficinistas y trabajadores de mantenimiento; estos últimos, en su gran mayoría, son de origen latino o afroamericano. Igual de insensato y condenable sería que las consecuencias de este delito de lesa humanidad lo pagara la población de Afganistán, por un bombardeo indiscriminado, con el pretexto de castigar al terrorista Osama Ben Laden -considerado uno de los principales responsables- y al régimen talibán que lo cobija.

De todos los confines del mundo llegan las manifestaciones de solidaridad para el pueblo estadounidense, que sufre la insania de un puñado de dementes. A la sorpresa y el dolor, seguirá una demanda generalizada para que el crimen no quede impune; pero no hay que confundir justicia con venganza. Los responsables deben ser castigados, pero sin que haya víctimas inocentes, en el marco del Derecho internacional, la proporcionalidad y la cordura política.

Una de las principales diferencias entre el terrorismo y la civilización radica, precisamente, en dos concepciones diferenciadas del uso de la violencia. Para los terroristas, el fin justifica la destrucción y la muerte indiscriminadas; para las sociedades evolucionadas, el uso legítimo de la violencia está normado y se justifica, en casos extremos, para preservar a la humanidad, no para destruirla. El mayor daño que pueden hacernos los extremistas es arrastrarnos por el despeñadero de la aniquilación, el odio y la venganza.

Después del estupor y la indignación que me provocaron las imágenes televisivas de los atentados, me asaltó una preocupación: ¿cuál será la respuesta del Gobierno de EE.UU.? El fantasma de la guerra fue apareciendo en la medida en que los medios y los funcionarios de gobierno comparaban los ataques al Pentágono y a las torres gemelas con la artera agresión de Japón en Pearl Harbor, que forzó la entrada de EE.UU. a la Segunda Guerra Mundial.

Esta finalizó con el lanzamiento de las bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki, provocando más de medio millón de muertos inocentes, entre los que no se contaba el emperador Hiroito, el responsable del ataque.

El presidente George W. Bush ya disipó toda duda, aclarando que ?conducirá al mundo a la victoria contra el terrorismo?, y que se apresta a librar la primera guerra del Siglo XXI, para lo cual ya cuenta con el apoyo expreso de los 19 países de la OTAN, Israel, Rusia, Australia, Siria e India.

Además, el Congreso otorgó plenos poderes bélicos al presidente, autorizó la convocatoria de 50 mil reservistas, y aprobó una erogación de 40 mil millones de dólares para ayudar a las víctimas, comenzar la reconstrucción y reforzar las actividades militares y de inteligencia. La aprobación de tales medidas y de ese enorme fondo -equivalente, aproximadamente, al presupuesto general de Guatemala durante los últimos 25 años- evidencia la determinación de no escatimar recursos y esfuerzos para enfrentar la situación.

El Gobierno de EE.UU. ha aseverado que se prepara para una ofensiva mundial, y de largo aliento, contra el terrorismo. Todo apunta a que una de las primeras acciones será un ataque devastador contra Afganistán, donde se supone que se esconde el terrorista saudita Osama Ben Laden, gracias al apoyo que le brinda la dictadura de esa nación islámica; en el pasado, curiosamente, ambas fuerzas recibieron dinero y armas del Pentágono, para combatir la invasión soviética a este país islámico.

La complicación radica en que Pakistán, el país vecino, es uno de los tres Estados que han reconocido al régimen talibán, y que cuenta con armas atómicas; si no logran que Islamabad se distancie de los afganos, podríamos asistir a una conflagración nuclear, de imprevisibles consecuencias.

Ante la sevicia de los terroristas, los Estados Unidos de América ha recibido el respaldo y la solidaridad de casi todo el mundo; esperamos que su Gobierno sepa aquilatar ese apoyo y, en la lucha entre la civilización y la barbarie, prevalezcan la razón y la justicia.

No es exagerado ni alarmista prever estallidos sociales e ingobernabilidad, considerando la pobreza endémica que alcanza a la mitad de la población, la debacle de la caficultura -principal fuente de empleo rural-, la crisis alimentaria por efectos de la sequía y la recesión económica mundial, en un contexto de falta de políticas de gobierno efectivas, creciente endeudamiento público y galopante corrupción.

¿Caminamos, otra vez, al perverso círculo de miseria-protestas sociales-represión? Espero equivocarme pero -si no hay un giro dramático en el gobierno, una transformación inmediata en el sistema económico y un salto cualitativo en la acción cívica- todo apunta a que ese será nuestro derrotero. De ahí la necesidad de definir, de una buena vez, la nueva doctrina del Ejército.

Nunca he sido derrotista y considero que esta nación se merece un mejor destino, pero no podemos seguir esperanzados en que alguien, de una mágica manera, en un hipotético momento, solucione los problemas que solamente nosotros, los ciudadanos, podemos resolver.

Desde las negociaciones de paz, el tratamiento a fondo del tema socio-económico y agrario fue soslayado. Las partes, el PAN y la URNG, argumentaron que si no se hacían concesiones a la clase dominante, no habría paz. Lo pactado, justo es reconocerlo, significó algún avance, pero ni el anterior ni el actual gobierno lo han concretado, y sin base material no habrá transformación.

El proceso de paz, la transición democrática, desfallece por falta de recursos, como los habitantes de Chiquimula. No hay voluntad política en el Gobierno ni en la iniciativa privada para empujar las transformaciones; mientras, a las ONG’s la vida se les va en foros, diagnósticos, informes y presentación de iniciativas de ley a un Congreso vergonzante. Las organizaciones populares, las que en el pasado impulsaron un proceso de cambio, que por cerrazón desembocó en guerra, siguen desarticuladas y poco activas.

Desde este Cabildo Abierto he insistido en la necesidad de un diálogo nacional para articular un proyecto de nación y una salida negociada de la crisis que nos agobia. También me he preguntado si la gravedad de los problemas permitirá el desarrollo del complejo proceso que la gestación de un consenso democrático requiere.

Estas reflexiones vienen a cuento, no sólo por la gravedad de la hambruna que nos amenaza, sino porque esta semana fui invitado a comentar dos publicaciones, de muy diferente índole, que nos obligan a ver nuestro pasado, para prever el futuro.

Junto a Tania Palencia y Alvaro Pop, comenté el libro ?De Viva Voz. Memorias de Guatemala?, obra en la que se consignan los testimonios de 50 ciudadanos, quienes relatan sus desgarradoras vivencias durante el conflicto armado interno.

Con el general Alejandro Gramajo y el jurista uruguayo Juan Faroppa -milonguero irredento y buen amigo- comentamos ?La visión político filosófica de la doctrina militar en una sociedad democrática?, presentada por el Procurador de los Derechos Humanos. Esta propuesta, que contiene un desbroce preliminar sobre el tema, tiene el gran valor de recordarnos que la definición concertada de una nueva doctrina militar es uno de los muchos asuntos pendientes del proceso de paz. Previendo la posibilidad de las protestas cívicas, es un imperativo impostergable retomar el tema, comenzando por un aspecto nodal: la subordinación del Ejército al poder civil.

Dentro de un Estado de Derecho, legal y legítimamente constituido, las fuerzas castrenses están facultadas a ejercer la violencia para mantener el orden constitucional. Sin embargo, hay que tener claro que ejercen un poder delegado; es decir que su capacidad coercitiva tiene que estar legitimada y determinada por un ente superior. Esa fuente legitimadora es el poder soberano, entendido como aquél que no reconoce sobre sí a ningún otro poder. Según nuestra Constitución Política, tal poder radica en el pueblo, o sea que la fuente legitimadora de la coerción militar solamente puede ser el pueblo, quien en realidad ha sido la víctima histórica.

Las Fuerzas Armadas, por lo tanto, deben supeditarse al interés mayoritario de la población, concepto fundamental que debe quedar consignado en la doctrina militar, para evitar que los gobernantes de turno, y los hambreadores de siempre, no utilicen al Ejército para cerrar un nuevo círculo de perversión.

El régimen de exclusión y opresión que vivimos, defendido a ultranza por empresarios y terratenientes, genera las causas estructurales del hambre, matando a más personas que la guerra. La incapacidad, desinterés y corrupción de este Gobierno impide salvar las vidas de cientos de personas que necesitan atención médica y alimentos con urgencia. Nuestra indiferencia o nuestro conformismo como sociedad permite que los fenómenos anteriores persistan con absoluta impunidad.

Las primeras investigaciones periodísticas dan cuenta de 41 muertos por hambre en Camotán, en lo que va del año. Los salubristas de Chiquimula advierten que el dato se queda corto, pues muchos de los decesos en los municipios de Camotán y Jocotán se registran como padecimientos hepáticos o intestinales, manifestaciones terminales de la desnutrición crónica de una población abandonada a su suerte.

La municipalidad de Camotán decretó Estado de Calamidad Pública, mientras la corporación de Jocotán estableció Estado de Alerta en su jurisdicción. La burocracia estatal responde, haciendo gala de estupidez y villanía. En lugar de salvar vidas, Eduardo Paredes, de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED- alega que solamente esa institución puede decretar los Estados de Alerta o Calamidad Pública; por su lado, Baudilio Hichos, el todopoderoso diputado oficialista por Chiquimula, amenaza y efectúa averiguaciones para establecer quién decreto, inconsultamente, tales situaciones. Esto augura represión en vez de alimentos.

Las fotografías de las víctimas, famélicas, llagadas y sin pelo ocupan primeras planas de los diarios, mientras los mandatarios de Centroamérica llegan a Guatemala, a una reunión presidencial en la que Alfonso Portillo pretende ganar el liderazgo del Istmo, con actuaciones tan lamentables como ignorar que el hambre y el desgobierno campean en el país.

Chiquimula, departamento ubicado en el oriente del país, acusa un 30.4 por ciento de exclusión social; sin embargo, los municipios de Jocotán y Camotán, entre los 35 más pobres del país, están atenazados por la inanición. Según un estudio de la USAC, realizado por Lesli Rodríguez, el 80 por ciento de las unidades de producción agrícola son de subsistencia; logran generar alimentos para sobrevivir ocho meses del año, comiendo dos veces diarias.

Este año, con la sequía, perdieron casi toda la primera cosecha; sembraron los granos que pudieron rescatar, con la esperanza de cosechar en noviembre. Ya no tienen nada para comer y, mientras sepultan a sus muertos, se preguntan cómo sobrevivirán los próximos meses.

La situación no puede esperar; cada día de tardanza puede costar más vidas. El diario Siglo XXI entrevistó el miércoles pasado a Juanita García, una niña de 12 años, hospitalizada por desnutrición severa, cuyas fotos llaman a la solidaridad, a la rabia, a la indignación. Al día siguiente, volvió a ser noticia: murió por hambre crónica. A pesar de los esfuerzos de los médicos y el personal del Centro Asistencial Bethania, sus órganos colapsaron. La desnutrición habitual genera daños irreversibles en el organismo humano, y constituye una herida intolerable en el cuerpo social.

En similares condiciones de hambruna se encuentran otros 47 municipios del país, según datos del Programa Mundial de Alimentos, publicados en la prensa. Aunque este organismo denomina al fenómeno inseguridad alimentaria extrema, hay que tener claro que se trata de hambre, lisa y llana, y que habrá cientos de muertos si no hay una respuesta gubernamental urgente e integral. Demandarla es nuestra función cívica.

Esperamos que si hay respuesta del Gobierno, de la comunidad internacional y de la sociedad, la solución no sea llevar maíz y frijol transgénicos a las poblaciones afectadas, pues esto equivaldría a hacerlas dos veces víctimas del egoísmo humano.

Ante esta indignante afrenta a la humanidad, coincido con el dramaturgo francés Tristan Bernard: ?Dos cosas me admiran: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres?.