Algunos de los afectados, que prefirieron el anonimato por temor a represalias, denunciaron que para enviar algún documento tienen que acudir a un café internet, que los teléfonos celulares no funcionan, que el combustible que les proporcionan para patrullar es insuficiente y que no tienen como comunicarse con la operadora de la comisaría, ya que los servicios fueron sus pendidos porque la institución no ha pagado al proveedor.

Añadieron que también se afecta a las personas que necesitan tramitar antecedentes penales, ya que no hay servicio de impresión.

Adán Jiménez Paiz, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo de Sabana Grande, manifestó que es preocupante lo que sucede en la PNC, ya que en muchas ocasiones se han tratado de comunicar vía telefónica y no es posible.

Agregó que se les ha pedido —a los policías— que patrullen, pero les indican que no cuentan con el combustible suficiente para hacerlo.

“Hacemos un llamado al Gobierno para que le ponga atención a este problema”, afirmó Jiménez.

Mynor Sagastume, gobernador, explicó que ya se han efectuado las gestiones ante el Ministerio de Gobernación, para que se logre solucionar el inconveniente.

En cuanto a la falta de comunicación telefónica, manifestó que ponía a disposición el número 5016 – 4610 de la encargada de seguridad de Gobernación Departamental para coordinar acciones que la población requiera con la PNC.