Presidentes de comités comunitarios de desarrollo indicaron que el cambio perjudica el presupuesto del Estado porque cuando los detenidos tienen audiencia en tribunales de justicia de Chiquimula, la Policía Nacional Civil (PNC) tiene que delegar personal por más tiempo para el traslado, así como invertir más en unidades y combustible.

Recordaron que el cierre del preventivo se efectuó luego de que en el 2009, dentro del programa Gobernando con la Gente, solicitaron su traslado fuera del área urbana de la cabecera, pero dentro del departamento.

José Valenzuela, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la colonia Choropín, en la cabecera, indicó que es necesario contar con un centro preventivo local, porque no es justo que por una falta una persona sea recluida en una cárcel de alta seguridad.

Oswaldo Recinos, del Cocode de la colonia Los Pinos, Esquipulas, afirmó que el responsable de no apresurar la construcción del nuevo centro preventivo es el gobernador, Franklin Moscoso.

Evelyn Maribel Rodríguez, del Cocode del barrio Santa Bárbara, Quezaltepeque, dijo que ya se ha solicitado la rehabilitación del centro preventivo que funcionaba en la cabecera, para tener allí a los detenidos por unos cinco días mientras un juzgado determina si los vincula a proceso.

Moscoso dijo que el cierre del preventivo se dio debido a la mala lectura de la solicitud, pero ya pidió a la Vicepresidencia de la República y al Ministerio de Gobernación la rehabilitación de la anterior cárcel, mientras se construye otro en el caserío Los Martínez, en San Jacinto.

“Además, el Consejo Departamental de Desarrolló aprobó pedir al Organismo Judicial un juzgado de turno las 24 horas”, refirió.