Los menores de 13 y 18 años que cursan sexto primaria y nivel diversificado se han convertido en un objetivo atractivo para ser reclutados por las pandillas; un problema que se agudizó con las clases presenciales y del que muchos padres podrían no estar enterados.

Sandra, como identificamos a una menor de 13 años, estudiante, fue persuadida por pandilleros que llegaron al centro educativo donde cursaba la primaria y mediante regalos aceptó acudir a una cita conyugal al Preventivo para Hombres de la zona 18, en el sector 11, donde únicamente están recluidos los pandilleros del Barrio 18.

El pandillero al que hacen alusión los investigadores es el Curioso, contra quien se abrió un nuevo expediente de investigación porque, supuestamente, paga a menores de edad para que le hagan visitas conyugales y ahí las golpea y las deja gravemente heridas, al punto que en algún caso esas lesiones le habrían provocado la muerte a la víctima.

Sandra pudo contar su testimonio porque fue detenida cuando recogía el dinero de una extorsión y enviada al centro de detención Gorriones.

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No se puede determinar, por ahora, cuántas veces ha sucedido este tipo de encuentros ilegales, aunque “se cuentan varios”, afirma la jueza Verónica Galicia, titular del Juzgado de Ejecución de Medidas de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, que desde ahí y junto a otras instituciones estatales integra una comisión de prevención para hacer conciencia en los estudiantes de que denuncien si son víctimas del reclutamiento de pandilleros.

Galicia sostiene que el reclutamiento de menores en los establecimientos educativos para que integren las pandillas se hace con total impunidad, a tal punto que los antisociales ingresan a los centros educativos a convencer a sus potenciales víctimas, y ni siquiera portan el uniforme del establecimiento para pasar desapercibidos.

“En promedio se reciben cinco llamadas de denuncia a la semana. Se trata de centros educativos que no están en el programa de prevención -de la Policía Nacional Civil-. En el programa tenemos 24 centros”, advierte Galicia.

La jueza sostiene que previo a la pandemia los lugares de reclutamiento ya eran escuelas e institutos, pero ante el confinamiento, los pandilleros utilizaron redes sociales como Facebook para convencer a los adolescentes. Sin embargo, con el regreso a clases los grupos de la mara 18 y Salvatrucha comenzaron otra vez a llegar a los centros educativos.

“Las niñas y adolescentes son objeto sexual, están obligadas a pasar por todo”, acotó la jueza especializada en protección a la niñez y adolescencia.

En el caso del pandillero el Curioso, Galicia dice que no se le atribuye solo una víctima, y parte de la investigación que están en desarrollo, busca determinar quiénes han sido sus cómplices, debido a que se sospecha que las menores han utilizado documentos falsos para poder ingresar al Preventivo, porque está prohibido el ingreso de menores al recinto.

“Las mujeres que visitan a este pandillero salen medias muertas o muertas, y después son lanzadas a la calle; al parecer el adulto que sirve como enlace con las niñas es bien pagado”, señala Galicia.

Esta problemática también ha puesto en peligro la vida de la jueza. En una ocasión, mientras permanecía en un centro educativo como parte del programa que imparte, los pandilleros ingresaron para saber “qué hacía y de qué hablaba”, debido a que en ocasiones también cuenta con el apoyo de jóvenes que cumplieron un castigo en un centro correccional y por medio de su testimonio tratan de hacer conciencia en los estudiantes.

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“Hace un mes me siguieron al salir de un instituto ubicado en el Mezquital -Villa Nueva-, donde llevé el programa de prevención”, recordó Galicia.

La jueza subraya que ha tenido acceso a información que sugiere que a los estudiantes primero les ofrecen Q300 o Q700, y cuando no aceptan esa oferta, los pandilleros inician con las amenazas. No obstante, la mayoría de menores víctimas prefiere callar ante sus padres y no se enteran de lo que sucede.

“Cuando están en la clica -pandilla- les gusta la vida de adulto, pasan a otros niveles y los mandan a cometer asesinatos a cambio de mantenerles esa vida”, afirma la jueza.

Galicia sostiene que para evitar el acoso de los pandilleros los padres de los alumnos o adultos de confianza se han visto en la necesidad de acompañar a sus hijos a la hora de ingreso y salida del plantel. Aunque el contacto con los pandilleros muchas veces se da adentro de los establecimientos.

El problema se extiende cuando amenazan a los maestros por llamarles la atención o si saben que los docentes pasaron información a la PNC cuando se percatan que tienen nexos con pandillas, agrega un integrante de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda).

Los especialistas de esta unidad refieren que la intención de las pandillas es que los adolescentes puedan vender drogas dentro de los centros educativos, especialmente en los de nivel medio.

Jefes policiales de la Subdirección de Prevención del Delito reconocen que el problema existe, y por esa razón desarrollan distintos programas de prevención dirigidos a los estudiantes, los cuales van desde charlas motivacionales con niños de cuarto primaria, hasta presencia policial en centros educativos de nivel medio, aunque solo se destaca a los establecimientos públicos y privados donde se denuncia algún acoso en contra de los estudiantes o docentes.

En la capital, por lo general estas situaciones se han denunciado en las zonas 18, 7, 6 y 21, dice un comisario de esa unidad policial que prefiere reservar su nombre.

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“Los pandilleros se han inmiscuido en los salones de clase de centros educativos públicos, por lo que se les da seguimiento a lo que denuncian los maestros, a quiénes después se les presentan las pruebas sobre una investigación previa, para que informen al Ministerio de Educación y que ellos definan las acciones a tomar que pueden llegar hasta la expulsión”, sostiene el jefe policial.

Añade: “Los maestros son los que nos denuncian que algunos alumnos pertenecen a las pandillas, entonces coordinamos. Primero fortalecemos el esquema de seguridad para evitar represalias y coordinamos con Dipanda para que den seguimiento e informen al Ministerio Público y a la Secretaría de Bienestar Social, con quienes se trabaja un protocolo