Esa situación se agrava para los pacientes del Instituto de Cancerología (Incán), debido a un convenio firmado hace poco con el Ministerio de Salud que les restringe los tratamientos y obliga a los enfermos a primero practicarse los exámenes que no cubren los hospitales públicos.

Emily Jiménez tiene 35 años y vivió junto a su madre y su abuela la batalla contra el cáncer, enfermedad que al final causó una separación prematura, cuando ambas fallecieron. Por los antecedentes, Emily estuvo atenta a cualquier síntoma. El año pasado notó una alteración en uno de sus senos y aunque un médico particular descartó que se tratara de algo grave, la masa crecía.

En septiembre del año pasado fue al Hospital de Amatitlán, donde le diagnosticaron cáncer. Con base en los criterios médicos la refirieron  a la Liga Nacional contra el Cáncer, donde  debía iniciar con las quimioterapias antes de someterse a la cirugía para extraer el tejido canceroso; pero encontró una limitación: debía hacerse exámenes médicos que confirmaran el diagnóstico. Esa es la condición para los referidos al Incán.

Pagan por exámenes

El Hospital de Amatitlán no pudo practicarle las pruebas diagnósticas a Emily.  “Tuve que hacer un préstamo para completar los exámenes. Tengo una nena de 10 años. Pensaba en ella y en que tenía que ver dónde conseguía para pagarlos”, relató.

Emily fue referida al Hospital Roosevelt, donde la incluyeron en  la lista de espera para practicarle los exámenes. Cuenta que hasta abril de este año le notificaron que le harían el primero.

La efectividad del tratamiento contra el cáncer depende de la prontitud del diagnóstico. Por ello Emily optó por buscar los servicios privados. “Me hice ultrasonidos, fueron Q300. En el examen de los huesos gasté Q800; la inmunohistoquímica me costó Q1 mil 500, más los exámenes de laboratorio, gasté más de Q2 mil, porque en los hospitales los servicios no están tan bien”, explicó.

En noviembre pasado, luego de haber costeado los exámenes pudo iniciar el tratamiento de  quimioterapias, pero otras personas no tienen la misma facilidad y el tratamiento puede retardarse varios meses.

Golpe a pacientes

Aunque la ruta de referencia de los pacientes con cáncer en el sistema de salud pública se estableció hace varios años, no fue sino el 2017 que  se aplicó de manera estricta. Con estas medidas se estipuló que el Incán dejará de practicar los exámenes y que los fondos del aporte que hace el Ministerio de Salud se destinarán exclusivamente a los tratamientos de quimioterapias y radioterapias, para mejorar las cifras de atendidos en el año, pero la medida retarda los tratamientos y mengua las esperanzas de quienes no tienen dinero para pagar las pruebas diagnósticas en laboratorios privados y deben esperar para que se los hagan en un hospital público. 

El compromiso del Incán para este año es atender a mil 990 nuevos pacientes con cáncer, 490 más que el año pasado.

El convenio garantiza que 12 hospitales nacionales y regionales tendrán capacidad  para el diagnóstico y patología. “Todas las instituciones de Salud Pública, según su región, deberán  referir a hospitales regionales cercanos en donde deben realizarse los diferentes procesos de diagnóstico a su alcance, incluyendo biopsias”, cita textualmente el convenio.

El documento también acuerda que la Liga Nacional contra el Cáncer podrá completar los exámenes y procedimientos, especialmente en los casos de difícil detección, pero según el Incán, dan prioridad a quienes vienen de áreas lejanas.

Pese a ello, de enero de 2016 a mayo de 2017  el Incán rechazó a 760 pacientes con cáncer que fueron referidos, porque no llevaban completas las patologías del diagnóstico. 

“Hablamos de rayos X, exámenes de laboratorio, tomografías, patologías, laminillas, entre otros. Si el paciente no viene completo con estos requisitos tiene que ser rechazado, no lo podemos aceptar porque el Ministerio —de Salud y Asistencia Social— nos pide que tiene que estar con diagnóstico de cáncer”, explicó Vicky de Falla, presidenta de la Liga Nacional contra el Cáncer, entidad por medio de la cual funciona el Incán.

El año pasado, el Instituto solicitó al Ministerio de Salud un incremento presupuestario del aporte, para que de Q21.7 millones subiera a Q30 millones, y se expuso la dificultad de trabajar con “tan poca cantidad de dinero” porque reciben referidos de toda la red de hospitales públicos del país, comentó De Falla, quien agregó que desde hace tres años se planificaron los prerrequisitos, pues  la mayoría de pacientes llegaba  sin exámenes y el costo de tratamiento se incrementaba.

PDH critica convenio

Zulma Calderón, jefa de Supervisión Hospitalaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), señaló que durante este año la Magistratura de Conciencia registró 35 denuncias de pacientes con cáncer, a quienes no atendió el Incán.

“Por la crisis, los hospitales priorizan al paciente que llega por emergencia o al que está hospitalizado. Los que llegan por consulta externa, como normalmente acuden los pacientes oncológicos, casi no tienen derecho a nada, ni laboratorios; lo único que les brindan es la consulta. Eso es violación al derecho humano a la salud, es una situación que el sistema de Salud no ha logrado mejorar y, al contrario, viene en detrimento desde hace más de cuatro años”, aseveró Calderón, quien   recordó que no solo se lucha contra la enfermedad, sino contra el tiempo.