El desalojo fue pacífico y participaron unos 600 agentes de la Policía Nacional Civil acompañados por el juez Vicente Jiménez y entidades de derechos humanos.

Jiménez informó que los propietarios de la referida finca acreditaron la propiedad con documentos y solicitaron una orden de desalojo, con el fin  de retirar a los invasores quienes, quienes ocupaban el inmueble desde mayo recién pasado.

Añadió que los invasores habían construido champas de  nylon y lámina; además en la finca colocaron la bandera de Guatemala y de una organización campesina. 

Luego del diálogo, las familias decidieron a desalojar y  autoridades se comprometieron a instalar una mesa de diálogo el 28 de este mes en Gobernación Departamental para plantear una solución. 

Según los desalojados, sus abuelos y padres trabajaron esas tierras  y a cambio se les ofreció que se les daría donde vivir; sin embargo, con el paso de los años la promesa  no se cumplió,  por lo que optaron por ocupar. 

Erick Villatoro Letona, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos,  afirmó que acompañaron el proceso para que se desarrollara sin violencia.