El primer incidente ocurrió el miércoles último en El Manzanillo, Aguacatán, donde Homero Agustín Chávez, de 50 años, se hizo pasar por empleado del Ministerio de Trabajo y visitó varias comunidades, donde ofreció inscribir a varias personas en un programa para adultos mayores, pero los interesados tenían que pagarle Q700 para ser incluidos.

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Explicó que se coordinó con alcaldes auxiliares y presidentes de consejos comunitarios de desarrollo para negociar la entrega del sospechoso, pues la intención de la turba era lincharlo. 

Se informó que vecinos obligaron a Homero Agustín Chávez a que caminara descalzo varios kilómetros y lo golpearon, finalmente el diálogo entre autoridades e inconformes evitó que fuera linchado.

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Luego de haber sido entregado a la Policía Nacional Civil (PNC), el presunto delincuente fue trasladado al Centro de Atención Permanente de Aguacatán, bajo cargos por estafa.

Segundo caso

El miércoles pasado en el cantón Vista Hermosa, Santa Eulalia, unas 300 personas capturaron a Marcelino Mateo Diego Lorenzo, 21, que en estado de ebriedad perseguía a dos niñas de 8 años, a quienes supuestamente pretendía abusar sexualmente.

Según vecinos, los gritos de las dos menores los alertaron, por lo que se organizaron para ver qué sucedía.

El alcalde de Santa Eulalia, Diego Pedro Domingo, intervino junto a agentes de la PNC para dialogar durante varias horas con la multitud que vapuleó al señalado, a quien pretendía linchar; sin embargo, se lograron acuerdos y fue entregado a las autoridades.

El delegado Herrera indicó que en las últimas dos semanas ha habido intentos de linchamiento en distintos municipios de Huehuetenango, y según él, esto es generado por la falta de certeza jurídica en algunos casos en los que pobladores entregan a un supuesto delincuente a la PNC, pero algunos jueces los dejan libres.

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Añadió que algunos pobladores no comprenden el ordenamiento jurídico, que tiene cauciones económicas para determinados delitos. “Los vecinos esperan que la persona sea encarcelada”, expresó. 

Falta de autoridad 

El auxiliar departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Erick Villatoro, dijo que las acciones de la población son un reflejo de la ausencia de la institucionalidad pública, pues en el caso de Santa Eulalia desde hace años no hay juzgados.

Manifestó que, si hay acusaciones por haber cometido un delito, son los jueces los llamados a determinar si hay o no ilícito y no corresponde a la población asumir que puede hacer justica al linchar a una persona, pues esto constituye un delito y violación a los derechos humanos.

Lamentó lo sucedido en Aguacatán y Santa Eulalia, pues según Villatoro, esto es un reflejo que la población está cansada de la inseguridad y falta de justicia.

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