El estudio, efectuado a solicitud de la fiscal del Ministerio Público Carol Aroche Pineda, indica que la invasión perjudicó la masa boscosa de la finca y dejó sin hogar a muchas especies animales.

El Conap indicó que el área invadida es de 2.93 hectáreas, en la que se cortaron unos 503 árboles, en su mayoría de 18 metros de altura, que equivalen a cuatro mil 573.34 metros cúbicos de madera.

La mayor parte de árboles era de la especie quercus, la cual está en peligro de desparecer; también había comushte, jícaro, canshán, durazno de montaña, guarumo, aguacatillo, chilich, zapotillo y palo uel. “Es imposible evaluar el daño provocado al suelo, agua, fauna y flora, debido a lo complejo en sus interrelaciones”, indica el informe.

Según Óliver Hernández, delegado del Conap, los daños al ecosistema son invaluables y los costos materiales superan Q1 millón.

El área dañada era el entorno de tigrillo, puma, venado cola blanca, cabrillo (huitzitzil), mono saraguate y mono araña, coche de monte, mazacuata, coyote, loros, tucanes, oso hormiguero y salamandra, entre otras especies.

De acuerdo con el Conap, en las 2.93 hectáreas, los invasores causaron un incendio que dañó otras 35 hectáreas.

Mynor Palacios, del Instituto Nacional de Bosques (Inab), indicó que presentaron al juzgado los resultados del estudio, como lo dictamina la Ley Forestal.

Cultivos perdidos

Elton Villatoro, propietario del inmueble, comentó que la finca está planificada en tres fases: cultivo de café, crianza de ganado y área boscosa. Dijo que perdió cosechas de café del 2012 y del año en curso, porque sus empleados no ingresan en esa área porque fueron amenazados por la anterior corporación edil y el grupo invasor.

Agregó que unos 40 empleos directos se perdieron y que unas 200 familias se quedaron sin trabajo indirecto.

Mack González, abogado de Villatoro, informó que las tierras afectadas están valoradas en Q14 millones, a lo que se le suman Q2 millones por cosechas de café perdidas, más el costo de los recursos naturales dañados.

Por la invasión fueron apresados el exalcalde Andrés Alonzo Pascual Alonzo y el exconcejal Diego Velásquez Gaspar, sindicados de atentado contra el patrimonio natural de la nación, delito contra recursos forestales, así como la recolección, utilización y comercialización de recursos naturales sin licencia. Al concejal también se le sindica de usurpación agravada y abuso de autoridad por incendio agravado.

El Juzgado de Primera Instancia de Santa Eulalia ligó a proceso a los dos acusados, dejó en prisión preventiva al exconcejal y en libertad provisional al exalcalde, quien no pudo ser localizado, para conocer su postura.

Hernández, del Conap, y Palacios, del Inab, no están de acuerdo con la libertad condicional del exalcalde, pues afirman que hay elementos suficientes para dictarle prisión.

Villatoro, propietario de la finca, expuso que el juzgado ha sido lento en resolver el problema y no le ha dado la importancia necesaria, aun cuando se trata de un tema de impacto ambiental y contra recursos naturales del Estado.

Demanda celeridad en el proceso y que el caso no quede en la impunidad. “Debe hacerse valer el derecho y el respeto a la propiedad privada, ya que existen todos los elementos y pruebas necesarias”, dijo.