El abandono es evidente, pese a que el Acuerdo para el Resarcimiento obliga al Gobierno focalizar el gasto público en función del combate de la pobreza y el asentamiento de los retornados.

En la comunidad Nueva Generación Maya, Barillas, Huehuetenango, vive un grupo de retornados en condiciones precarias, y para llegar se hacen 10 horas de camino desde la cabecera y solo con vehículo de doble tracción, según el sacerdote Jorge Martínez.

El religioso contó que los pobladores dejaron la comunidad en 1980, se instalaron en el campamento Las Margaritas, Chiapas, México, y retornaron en 1992.

Alonzo Diego Francisco, director de la escuela primaria del lugar, aseguró que los vecinos no tienen oportunidades de trabajo y no hay acceso a servicios básicos. Resaltó que hacen falta maestros, y para el ciclo básico los docentes son pagados por los padres.

Agregó que para encontrar un médico deben viajar tres horas, hasta Ixcán, Quiché. 

En las mismas condiciones viven los retornados de la comunidad Unión Victoria, en San Miguel Pochuta, Chimaltenango.

Esa población, donde residen 135 familias, se formó hace 16 años. La mayoría es originaria de San Juan Cotzal, Chajul y Sacapulas, Quiché.

“Pareciera que la situación no mejoró en nada, por la irresponsabilidad y falta de compromiso de los gobiernos”, expresó Jacinto Brito Cobo, líder de esa comunidad.

“Los acuerdos de paz quedaron en simples documentos, ya que la realidad es otra. Vivimos sumidos en la pobreza y sin proyectos concretos”, criticó Brito.

Ramón Aguilar, presidente del Programa Nacional de Resarcimiento, reconoció que son escasos los proyectos de desarrollo para las comunidades de retornados, debido a que solo cuentan con Q9 millones para resarcimiento.

El conflicto armado, de 1960 a 1996, causó que miles de guatemaltecos huyeran del país, y según el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, se calcula que el saldo de muertos y desaparecidos fue de 200 mil.

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