Unas 130 familias de ambas comunidades se encuentran en el subdesarrollo por estar asentadas en terrenos que pertenecen a una empresa bananera.

Ema Navas, secretaria del Consejo Comunitario de Desarrollo, expresó que la condición de inestabilidad jurídica coloca a esa población en una situación marginal, ya que la bananera les impone una serie de restricciones, incluidas a la libertad de locomoción y al acceso de productos comerciales y cosechas.

Rigoberto Escobar, representante comunitario de la aldea Chiriquí, dijo que han tratado de que la bananera, la Secretaría de Asuntos Agrarios y el Fondo de Tierras traten esa situación, pero no se ha logrado nada.

Byron Barrientos, coordinador en Izabal de la Secretaría de Asuntos Agrarios, dijo que se han dado los primeros pasos para una negociación y posterior regularización de la tierra, ya que se comprobó que la bananera es la propietaria de ese inmueble.

El alcalde Marco Tulio Ramírez expresó que la falta de proyectos en ese sector se debe a que no tienen fondos.