Jerónimo Flores, uno de los afectados en la aldea Sebilá, expuso: “Estamos en desacuerdo con el ingreso de la Petrolera del Atlántico, porque atenta contra nuestra salud al venir a querer instalarse y hacer mediciones en el área protegida que atraviesa nuestras propiedades”.

“Ellos —la empresa— han venido con mentiras a nuestras aldeas queriendo manipularnos con construcciones no autorizadas por la comunidad, y están presionándonos para que les demos permiso de operar, pero eso no lo van a conseguir. Abrieron una brecha entre la montaña y quieren construir una iglesia, que tampoco pedimos”, agregó.

Según Flores, la petrolera les ha ofrecido láminas y construcción de casas, pero que la comunidad considera que esos beneficios no devolverán la flora y fauna que se destruirán.

Rechazan contaminación

“No queremos que entre la compañía, porque van a contaminar todo. Los ríos, la montaña, y destruirán nuestras vidas como lo están haciendo en Río Dulce, donde emanan olores fétidos y contaminantes de los tanques de captación y distribución de petróleo”, dijo Flores.

El presidente del Comité de Agua de la aldea Sebilá, Nicolás Pop, afirmó que cada semana los empleados de la empresa llegan a convencerlos de que les permitan trabajar, pero los pobladores quieren que estas personas se retiren, ya que solo buscan dividir a los vecinos.

“Nosotros no queremos perforar la tierra ni explotar nada, porque por años hemos venido cuidando que no se destruya el bosque”, sostuvo Pop.

Decisión comunitaria

Javier Hernández, de la iglesia San Antonio de Padua, informó que la Pastoral de la Tierra capacita a los pobladores de estas comunidades sobre sus derechos, la problemática ecológica y agraria y los conflictos en áreas protegidas. Añadió que es necesario que los vecinos decidan si quieren la explotación de sus recursos.

“Están obligando a los comunitarios a firmar un papel para que cedan el derecho de paso y les ofrecen de todo, pero la pregunta es ¿hasta dónde es legal ese papel?”, señaló Hernández.

Waldemar Barrera, de la Procuraduría de Derechos Humanos, refirió que para efectuar exploración y explotación de recursos hay que respetar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

De acuerdo con el director regional del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), Iván Cabrera, analizan la documentación de la empresa, pues el área les fue adjudicada en el 2003 y el análisis permitirá establecer qué tipo de medidas de mitigación y riesgo se deben cumplir.

Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social, aseguró que es necesario el diálogo y la concertación social, ya que es tema de conflictividad.