QUETZALTENANGO – Los desaparecidos son Benjamín Jiménez Martínez, Breyner Orozco Fuentes, Juan Pablo Suhul Lapoyeu y Byron González López.

La sentencia fue 40 años por desaparición forzada y 10 por abuso de autoridad.

El Ministerio Público solicitó 160 años de cárcel contra Miranda Ramírez, a razón de 40 años por cada uno de los agentes, por el delito de desaparición forzada.

“Aunque el acusado manifestó que acompañó a los ahora desaparecidos a una supuesta diligencia a Totonicapán y éstos se desviaron a Huehuetenango para cometer un ilícito, del que él no tenía conocimiento. Por ser él en ese entonces un mando superior, los agentes no podían mandar ni ejercer presión sobre él acusado, tal como lo establece la Ley de la Policía Nacional Civil”, dijo el juez José Felipe Baquiax.

El exjefe de la DEIC dijo en su momento al tribunal que los agentes desaparecidos iban a topar a una persona —quitarle dinero— que se dedica a actos ilegales, pero el plan les salió mal. “Si el MP averigua las llamadas anteriores al día de la desaparición, podría establecer la verdad”.

Una de las esposas acusó a Miranda de mentir y negó que las víctimas estuvieran implicadas en ilícitos.

De acuerdo con testimonios, Miranda ordenó a los agentes viajar con él a Huehuetenango, pero que fueran sin insignias policiales ni teléfonos y guardaran silencio sobre el operativo.

Miranda habría abandonado a los agentes en una montaña, de acuerdo con la última llamada que hizo Jiménez Martínez.

La familia demandó justicia desde esa fecha y se topó con hermetismo en la comisaría de Quetzaltenango, donde laboraban los agentes.

El presidente Otto Pérez se entrevistó con los familiares de las víctimas y ofreció garantizarles el sueldo de los policías y el esclarecimiento del caso, pero en el primer caso el Ministerio de Gobernación requiere pruebas sobre el ofrecimiento, y el segundo no se ha resuelto.

Con información de Ana Christina Chaclán