Para el próximo domingo se convocó a una marcha en Santa Cruz del Quiché, y mientras la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) afirma que actuó a solicitud de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Zapeta asegura que está dispuesto a ser juzgado, pero por las autoridades indígenas.

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Los comunitarios también asistieron a la fiscalía auxiliar de la Mujer del Ministerio Público (MP), donde entregaron un memorial al fiscal de turno, como prueba de descargo en contra de Zapeta.

Por su parte, el alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché, acusó a los representantes de la PDH y PGN de “defender a los delincuentes”, al referirse a los cuatro menores que fueron detenidos acusados de robo.

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“Aunque me encarcelen, los demás integrantes de la alcaldía se encargarán de seguir aplicando el castigo comunitario, porque es uno de los correctivos ya establecidos para aplicar a las personas que delinquen. Quienes tienen que investigarme son la autoridades indígenas y si determinan que cometí un error, que me azoten o que me pidan que renuncie al cargo”, dijo.

La madre de uno de los niños azotados, manifestó que gracias al castigo que recibió su hijo por parte de Zapeta ahora se porta bien y asiste a la iglesia.

Zapeta comentó que después del castigo, le entregó al niño una caja de lustre para que trabajara en el parque La Unión. “Somos amigos, todos los días lo visito. Le ofrecí apoyarlo para que en la Municipalidad le autoricen un lugar en el parque”, indicó.

Óscar Martínez, alcalde comunitario de Santa Cruz del Quiché, dijo: “No vamos a permitir que sancionen a Juan Zapeta porque eso sería como apoyar la delincuencia. No queremos que en este lugar se incrementen los índices de robos, asaltos y ataques armados. Es una pena que la PDH y la PGN los defiendan”.

Investigación

Casimiro Hernández, fiscal distrital de Quiché, informó que las investigaciones en contra Zapeta iniciaron luego de la denuncia presentada por la PDH.

“Visitaremos a los agraviados y si es necesarios se realizarán exámenes a los menores para asegurarnos de que no tienen daño físico o psicológico, de lo contrario podría emitirse una orden de captura en su contra”, dijo Hernandez.

Juana Tzoc, auxiliar interina de la PDH en Santa Cruz del Quiché, manifestó que ellos actuaron a petición de la PGN.

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“Creemos que el azotar a un niño no garantiza que no vuelva a cometer delitos. El problema es más profundo viene de desintegración familiar, falta de oportunidades a los jóvenes y niños además del desinterés del Estado”, señaló.

Convocatoria

Juan Zapeta, comentó que están preparados para manifestar el próximo domingo en el parque La Unión.

“Esperamos que nos apoye las personas que crean que si se deja de aplicar el castigo comunitario en este lugar se corre el riesgo de que la delincuencia aumente”, refirió.

Comentó que harán un memorial con las firmas de las personas que asistan para entregarlo a la fiscalía que lleva el caso en su contra.